SC-073-2005 [62812-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., tres (3) de mayo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 62812-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por las demandantes contra la sentencia de 15 de diciembre de 2000, proferida por la sala civil del tribunal superior de Antioquia, al que fuera remitido por descongesti\u00f3n, en este proceso ordinario de Julio Guillermo Valencia y C\u00eda. Ltda. y Evaluaciones Inmobiliarias C\u00e9sar Sinisterra y C\u00eda. S. en C. contra Construcciones San Luis Ltda. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
En la demanda pidi\u00f3se declarar que entre las partes existi\u00f3 un contrato de corretaje de propiedad ra\u00edz para la venta del inmueble de la Cra. 1\u00aa con calle 69 de la ciudad de Cali, en que se pact\u00f3 una comisi\u00f3n equivalente al 3% del precio del bien, contrato en virtud del cual las demandantes consiguieron como cliente a la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar del Valle del Cauca \u201cConfamiliar Andi\u201d o Comfandi\u201d. <\/p>\n
Los hechos de la demanda se pueden compendiar como sigue: <\/p>\n
El contrato lo celebr\u00f3 en forma verbal Mauricio Garc\u00e9s O\u00b4Byrne, representante legal de la demandada, con Evaluaciones Inmobiliarias C\u00e9sar Sinisterra & C\u00eda. S. en C.; consignando el bien para ese efecto mediante comunicaci\u00f3n de 5 de septiembre de 1995, dirigida a Luz Stella de Tasc\u00f3n, ejecutiva de ventas de la entidad. <\/p>\n
La aludida funcionaria, a su vez, dio traslado de la oferta a Amparo de Vinasco, ejecutiva de ventas de la otra demandante, quien procedi\u00f3 a ofrecerlo a Comfandi, su cliente, por misiva dirigida a Mar\u00eda Virginia Borrero, jefe de la secci\u00f3n \u201cProgramas de Vivienda\u201d; la demandada envi\u00f3 una carta manuscrita a Julio Guillermo Valencia A. y C\u00eda. Ltda., remiti\u00e9ndole alguna documentaci\u00f3n correspondiente al lote, as\u00ed como su plano, la que a su vez entreg\u00f3 a Comfandi. <\/p>\n
Finalmente, despu\u00e9s de una serie de gestiones adelantadas ante la administraci\u00f3n municipal de Cali a fin de obtener el \u201ccambio de actividad\u201d del lote, en las que intervino Mar\u00eda Viriginia Borrero, y de haberse reportado a la demandada los posibles clientes, el 11 de junio de 1996 se firm\u00f3 la escritura 3954 en la notar\u00eda d\u00e9cima de Cali, donde se formaliz\u00f3 la venta del predio por $2.835’489.440,oo, caus\u00e1ndose la comisi\u00f3n pactada, que asciende a $85\u2019064.683,oo; para su pago recurrieron las demandantes ante la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Cali en procura de un cobro extrajudicial amigable, lo que result\u00f3 infructuoso. <\/p>\n
Se opuso la demandada, negando los hechos relativos a la existencia del contrato; en todo caso, aleg\u00f3 que la negociaci\u00f3n en cuesti\u00f3n se llev\u00f3 a t\u00e9rmino fue por los contactos y gestiones eficaces de la demandada y no \u201cen virtud del v\u00ednculo en que aquellas -las demandantes- las pusieron\u201d; propuso, adem\u00e1s las excepciones que denomin\u00f3: \u201cfalta de causa para pedir por y\/o inexistencia del contrato de corretaje\u201d, \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u201d, \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n\u201d e \u201cinadmisibilidad del monto de la comisi\u00f3n pretendida\u201d. <\/p>\n
La sentencia estimativa de primera instancia fue revocada por el tribunal de Antioquia, al que correspondi\u00f3 el asunto por descongesti\u00f3n, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por la demandada, el cual en su lugar deneg\u00f3 los pedimentos de la demanda. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Luego del precisar algunos aspectos relativos al contrato de corretaje, analiz\u00f3 a espacio el tema de la intermediaci\u00f3n, anotando que conforme a las explicaciones del testigo Federico Guillermo O’Byrne Barberena, presidente y fundador de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Cali, entre los deberes que corresponden al corredor est\u00e1 el de \u201cunir al interesado en vender con el interesado en comprar, colabor\u00e1ndoles en todo lo necesario para que la negociaci\u00f3n se produzca efectivamente. Su intervenci\u00f3n debe ser la causa de la negociaci\u00f3n, en el sentido de poderse decir que sin \u00e9l no se hubiese realizado\u201d. <\/p>\n
En el caso, se\u00f1ala, correspond\u00eda a las demandantes probar que recibieron de la demandada y por su especial conocimiento del mercado, el encargo de obrar como agente intermediario, a fin de unir las voluntades de quien compr\u00f3 el bien, y que fue por esa actividad que lograron \u201cque vendedor y comprador se pusiesen de acuerdo en la negociaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Y fue con base en lo anterior que pas\u00f3 a escrutar la conducta de las partes en torno a la negociaci\u00f3n, asunto en que hizo notar cu\u00e1n contradictorias son las versiones dadas a ese respecto. <\/p>\n
a.- Cuanto a la demandada, dijo que \u201cno hay prueba directa que permita establecer el momento en el cual la empresa demandada decide buscar la intervenci\u00f3n de corredores para la venta del bien\u201d; salvo por la recomendaci\u00f3n que hizo la junta directiva de \u201cofrecer varios inmuebles a varias empresas constructoras o firmas inmobiliarias. Quiz\u00e1s por eso lleg\u00f3 a la oficina del se\u00f1or Mauricio Garc\u00e9s, el 5 de septiembre de 1995, la se\u00f1ora Luz Stella de Tasc\u00f3n, como una vendedora independiente, quien le manifest\u00f3 que hab\u00eda vendido unos inmuebles de CENCAR, oportunidad que utiliz\u00f3 el gerente para relacionarle ciento veinte inmuebles\u201d. <\/p>\n
Mas, el gerente de la demandada estaba ofreciendo a otras entidades y personas el predio. \u201cParece, por versi\u00f3n del se\u00f1or Nelson Garc\u00e9s Vernaza, a la saz\u00f3n director administrativo de COMFANDI, (…) que a \u00e9l tambi\u00e9n se le invit\u00f3 a negociar (…) los bienes, directamente por el Dr. Mauricio Garc\u00e9s O\u00b4Byrne\u201d, lo cual es l\u00f3gico si se tiene en cuenta que entre ellos \u201cexist\u00eda un v\u00ednculo consangu\u00edneo, reconocido en el expediente por los protagonistas de estos sucesos\u201d. <\/p>\n
b.- Analizando las relaciones entre la demandada y las inmobiliarias, apunta c\u00f3mo no hay prueba, al menos directa, que permita establecer el corretaje, excepto por dos indicios: uno afincado en un documento sin membrete de 18 de septiembre de 1995, en que Luz Stella de Tasc\u00f3n inform\u00f3 a Mauricio Garc\u00e9s O. de una serie de interesados en las propiedades y \u201ces obra de una persona natural\u201d, y otro apoyado en el escrito visto a folio 24, dirigido a Gloria Milena Valencia A., socia de Julio Guillermo Valencia A. y C\u00eda., donde el \u201cDr. Mauricio\u201d le adjunta el borrador del aval\u00fao de lote sobre la 1\u00aa. con la 69, sin m\u00e1s informaci\u00f3n, \u201cescrito muy personal y que \u00e9l se\u00f1al\u00f3 como solicitud de nuevo aval\u00fao, para cumplir con un requisito de la empresa compradora, no como intermediaria en la negociaci\u00f3n, sino como colaboraci\u00f3n de amigos\u201d. <\/p>\n
c.- Ya, cuanto a las demandantes, tras el estudio del testimonio de Adiela Arango M\u00e9ndez, funcionaria de Comfandi, y de los documentos obrantes a folios 18 y 25 y siguientes del cuaderno 2, aduce \u201cque s\u00ed hubo una oferta por escrito, pero no ante el funcionario competente, posterior a la intervenci\u00f3n del gerente de Construcciones San Luis ante el Director de COMFANDI, su pariente consangu\u00edneo. Que solo existi\u00f3 esa oferta, que las intermediadoras no participaron en el negocio, que nunca se reunieron con las directivas de COMFANDI y que la compraventa se hizo sin su participaci\u00f3n directa\u201d. <\/p>\n
d.- Aborda as\u00ed el tema relativo a la actividad desarrollada por la demandada para la venta de sus inmuebles a Comfandi, exponiendo que \u201c(..) la prueba m\u00e1s clara sobre esa actividad viene dada en las declaraciones de Adiela Arango M\u00e9ndez y Nelson Garc\u00e9s Vernaza, este \u00faltimo, quien a m\u00e1s de aceptar que fue enterado de las intenciones de la demandada antes de la intervenci\u00f3n de las demandantes y precisamente por su pariente Mauricio Garc\u00e9s O\u00b4Byrne, manifest\u00f3 tambi\u00e9n que desconoce cualquier actividad de las demandantes, dirigida a unir las dos partes, a plantear el negocio de la compraventa, a facilitar la negociaci\u00f3n que al final se hizo\u201d, m\u00e1s a\u00fan -contin\u00faa- cuando es absurdo pensar que Mar\u00eda Virginia Borrero, funcionaria de cuarta categor\u00eda en la empresa, pudiera tener facultades para adelantar cualquier tipo de negociaci\u00f3n de tierra para la entidad, en que jer\u00e1rquicamente estaban en un rango superior de decisi\u00f3n la Dra. Mar\u00eda Elena L\u00f3pez, jefe del departamento de vivienda, la Dra. Adiela Arango, subdirectora titular, en licencia del doctor Jaime Cifuentes Borrero, y ninguno de ellos tiene el poder, sin el visto bueno del director de presentar al Consejo Directivo para su aprobaci\u00f3n una compra de terreno. <\/p>\n
De todas maneras, remata, la intervenci\u00f3n de Luz Stella de Tasc\u00f3n y la actuaci\u00f3n de las intermediarias no fueron la causa del negocio realizado entre la demandada y Comfandi. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Tres son los cargos formulados contra la sentencia, todos bajo la \u00e9gida de la causal primera de casaci\u00f3n, el primero por la v\u00eda directa y los otros dos por la indirecta; estos dos se despachar\u00e1n a una en raz\u00f3n de la \u00edntima relaci\u00f3n de los argumentos comprendidos en cada uno de ellos. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Denuncia la violaci\u00f3n directa, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, del art\u00edculo 1340 del c\u00f3digo de comercio, lo que explica diciendo que aunque el tribunal acierta al precisar cuales son las caracter\u00edsticas del contrato de corretaje, \u201cse obstina (…) otorg\u00e1ndole un sentido que limita sus alcances en la pr\u00e1ctica\u201d, al sostener que el corredor tiene como deber no solo conocer las caracter\u00edsticas materiales y legales del bien que ofrece y de haber recibido el encargo de facilitar su negociaci\u00f3n por la persona legitimada para ello, sino tambi\u00e9n el de \u201c(…) unir al interesado en vender con el interesado en comprar, colabor\u00e1ndoles en todo lo necesario para que la negociaci\u00f3n se produzca efectivamente. Su intervenci\u00f3n debe ser la causa de la negociaci\u00f3n, en el sentido de poderse decir que sin \u00e9l no se hubiese realizado\u201d. <\/p>\n
Con mira en dicha interpretaci\u00f3n, \u201cs\u00f3lo quien est\u00e9 en capacidad de agotar todos los tr\u00e1mites jur\u00eddicos que conlleva la realizaci\u00f3n del negocio objeto del contrato de corretaje, podr\u00eda tenerse como corredor y, por ende, ser\u00eda el \u00fanico capaz de ejecutar un contrato semejante\u201d, as\u00ed que la \u201csimple intermediaci\u00f3n (…) no tendr\u00eda ninguna significaci\u00f3n para nuestro ordenamiento jur\u00eddico comercial y, peor a\u00fan, carecer\u00eda por completo de cualquier motivo oneroso; as\u00ed el negocio llegare a realizarse como resultado del acercamiento que el intermediario hubiese propiciado entre las partes\u201d. <\/p>\n
El esp\u00edritu de la norma, sin embargo, no es \u00e9ste, pues las caracter\u00edsticas inherentes a esa actividad profesional del corredor no permiten considerar, como lo pretende el tribunal, que aquella es \u201c\u2018la causa de la negociaci\u00f3n\u2019, como lo exige tambi\u00e9n, \u2018la intervenci\u00f3n en el contenido material del contrato; en las deliberaciones del negocio; en su concreci\u00f3n y posterior desarrollo\u2019\u201d. <\/p>\n
De tal yerro se desprende un grave perjuicio a las demandantes, por cuanto que, en esos t\u00e9rminos, \u201cresultar\u00eda absolutamente imposible demostrar la existencia de un contrato de corretaje en esta oportunidad, por simple sustracci\u00f3n de materia, teniendo en cuenta que, debido a las circunstancias especiales que rodearon la negociaci\u00f3n, el departamento jur\u00eddico de la entidad adquirente, COMFANDI, no permiti\u00f3 la intervenci\u00f3n de las intermediarias en la elaboraci\u00f3n de los documentos legales necesarios para llevar a cabo el negocio\u201d. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
En buenas cuentas, la acusaci\u00f3n fustiga al tribunal por haber impuesto en el corredor una obligaci\u00f3n no establecida en la ley para esta categor\u00eda de intermediadores; la de contar con capacidad para agotar todos los tr\u00e1mites jur\u00eddicos que conlleva finiquitar el negocio en el que ha mediado. <\/p>\n
El problema, empero, es que si bien las palabras del tribunal descubren un especial inter\u00e9s por el rol del corredor en el acercamiento entre los contratantes y la posterior concreci\u00f3n del negocio, lo cierto, despu\u00e9s de todo, es que para concluir que las s\u00faplicas de la demanda no pod\u00edan resultar avantes el juzgador fij\u00f3 su atenci\u00f3n en otra parte de la controversia; aquella que justamente represent\u00f3 la espina dorsal de la misma, a saber, la de si en verdad existi\u00f3 el proclamado acuerdo de voluntades en virtud del cual la demandada encomend\u00f3 la venta del terreno a Evaluaciones Inmobiliarias C\u00e9sar Sinisterra Ltda. <\/p>\n
Y, qued\u00f3 visto, as\u00ed lo deja ver el resumen del fallo, eso fue algo de lo que no encontr\u00f3 prueba directa, pues con prescindencia de unos indicios que ciertamente conduc\u00edan a pensar que posiblemente s\u00ed hubo un acuerdo, elementos hab\u00eda tambi\u00e9n para establecer que \u00e9ste se concret\u00f3 no con la inmobiliaria, sino entre el representante de la constructora y Luz Stella de Tasc\u00f3n, quien al recibir la instrucci\u00f3n obr\u00f3 m\u00e1s a t\u00edtulo personal que de otra forma, circunstancia esta que, analizada a la luz de la pluralidad de acciones llevadas a cabo por la constructora misma y por las demandantes para concretar la venta, antes que conducir al convenio, repulsaban su existencia. <\/p>\n
Ahora, si la sentencia tiene como soporte principal tales apreciaciones probatorias, es evidente entonces que de nada vale al impugnador arremeter, como viene haci\u00e9ndolo, contra las elucubraciones te\u00f3ricas del tribunal sobre las caracter\u00edsticas que debe reunir la gesti\u00f3n del corredor, porque en \u00faltimas, cualquiera que sea el criterio que se tenga acerca de la validez de esos asertos, de lo que no hay duda es de que aquello que constituye soporte fundamental de la sentencia se mantiene inconmovible, al punto que, precisamente por ello, impide la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Y es que, valga recalcarlo aqu\u00ed, lo dejado de combatir no es una cosa cualquiera. Tr\u00e1tase, en efecto, de aquella conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual el tribunal no hall\u00f3 demostraci\u00f3n del mism\u00edsimo acuerdo de voluntades de convenio semejante. A cuyo prop\u00f3sito es bien explicar que, cual lo dice el recurrente, en los negocios jur\u00eddicos de intermediaci\u00f3n, salvo las excepciones legales, destaca sin lugar a dudas la consensualidad, elemento que asegura, dicho sea al paso, la rapidez y la agilidad requerida en el asunto; caracter\u00edstica que sube de punto si se repara que la misma ley ha querido hacerlo notar algunas veces de modo expreso, verbigratia en el mandato, donde atribuye a la mera aquiescencia importancia sobresaliente para el efecto (arts. 2149 y 2150 del c\u00f3digo civil). <\/p>\n
Empero, bien claro ha de quedar que ese tratamiento d\u00factil de la ley no traduce, en modo alguno, que el contrato se d\u00e9 por establecido donde no est\u00e1 probado. El acuerdo de voluntades, as\u00ed sea el t\u00e1cito, debe tener comprobaci\u00f3n contundente. Vale decir, la mayor o menor consensualidad de un negocio jur\u00eddico no significa permisividad probatoria. No. Todo consenso debe estar plena y cabalmente acreditada. <\/p>\n
Los tropiezos del casacionista, sin embargo, no acaban all\u00ed, pues bien vista la acusaci\u00f3n, advi\u00e9rtese que ella est\u00e1 forjada en una apreciaci\u00f3n inexacta de lo que en el fondo constituy\u00f3 la posici\u00f3n del tribunal, el cual nunca habl\u00f3 de una capacidad especial como condici\u00f3n para ejercer el corretaje, como en la censura lo plantea el recurrente. En efecto, si alg\u00fan cuadro te\u00f3rico describi\u00f3 sobre el corretaje y el corredor, no cabe duda de que \u00e9ste tuvo como fin hacer ver las principales aristas de las obligaciones que de este tipo especial de contratos dimanan para quien ejerce profesionalmente la funci\u00f3n de corredor. Por ello afirm\u00f3 -y s\u00f3lo despu\u00e9s de reproducir un fragmento de un testimonio cualificado por tratarse de un especialista en la materia, dando a entender que su pensamiento lo apoy\u00f3 en las palabras del declarante- que en el contrato de corretaje inmobiliario le corresponde al corredor conocer las caracter\u00edsticas del bien que ofrece, haber recibido un encargo espec\u00edfico de intermediaci\u00f3n, y, con singular \u00e9nfasis, el haber mediado efectivamente en la concertaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
Y si bien al explicar ese punto de vista no tuvo la claridad deseada, en tanto que al hablar de esa participaci\u00f3n del corredor result\u00f3 refundiendo en un mismo concepto, cual si se tratara de una sola cosa, la fase preparatoria del negocio con la ultimaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del mismo, lo que s\u00ed es claro es que al referirse a la efectividad de la mediaci\u00f3n tuvo en mente hacer notar sobremanera, acaso persuadido de que las obligaciones que derivan de este tipo de contratos es claramente de resultado, que no cualquier intervenci\u00f3n del corredor basta para que en \u00e9l surja el derecho a percibir la remuneraci\u00f3n. De ah\u00ed que haya se\u00f1alado que aquella debe ser la \u201ccausa\u201d del contrato; apuntamiento que jam\u00e1s podr\u00eda confundirse con la condici\u00f3n que en cuanto a la capacidad de uno de los sujetos del contrato predica el cargo. <\/p>\n
Apreciaci\u00f3n que, dicho sea de paso, mirada a la luz de la doctrina mercantil de ninguna manera desdibuja la gesti\u00f3n del corredor para que nazca el derecho al reconocimiento y pago de sus servicios; precisamente sobre mediaci\u00f3n tal es que autorizados autores han sido enf\u00e1ticos en observar que aunque resulta cierto que el mediador tiene derecho a la remuneraci\u00f3n, \u201caunque hayan introducido alguna modificaci\u00f3n a las condiciones conseguidas por el agente\u201d, tambi\u00e9n lo es que, de cualquier modo, la medida del trabajo del corredor \u201ces cuesti\u00f3n de hecho que ha de decidirse seg\u00fan las circunstancias; si la ausencia del mediador en la \u00faltima fase de las negociaciones le quitase el derecho a la mediaci\u00f3n, las partes podr\u00edan rechazar su intervenci\u00f3n maliciosamente, a medio camino, poni\u00e9ndose de acuerdo entre s\u00ed y priv\u00e1ndole de su comisi\u00f3n\u201d, de donde, por ello es que a \u00e9sta se tiene derecho (Vivante, C\u00e9sar, Tratado de Derecho Mercantil, Volumen I, Ediciones Reus, Madrid, 1932, p\u00e1ginas 285 y s.). <\/p>\n
Y, ciertamente, en trasunto de dicha consideraci\u00f3n el tribunal tuvo en perspectiva un factor cuantitativo en punto de la labor del corredor, mas nunca a una capacidad jur\u00eddica, sobre la cual no hay ninguna alusi\u00f3n en el fallo, pues, sobra ya decirlo, en los otros apartes blanco de la censura las apreciaciones sentadas por el sentenciador de segundo grado ata\u00f1en a ese factor cuantitativo en cuanto toca con la labor que despleg\u00f3 en b\u00fasqueda de un acercamiento de las partes para que celebrasen el contrato, aspecto que, remem\u00f3rase, s\u00f3lo abord\u00f3 despu\u00e9s de establecer que en el plenario no hab\u00eda prueba del contrato. <\/p>\n
Frustr\u00e1neo, por ende, adviene el cargo. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Acusa el quebranto indirecto, por \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb, del art\u00edculo 1340 del c\u00f3digo de comercio, como consecuencia del error manifiesto de hecho cometido en la falta de apreciaci\u00f3n de las declaraciones de Luz Stella de Tasc\u00f3n, funcionaria de la firma evaluadora inmobiliaria, Gloria Milena Valencia Abella, representante de la otra entidad demandante, y Sergio Rivas, abogado de Comfandi. <\/p>\n
A vuelta de transcribir algunos apartes de las versiones dadas por estos declarantes, razona se\u00f1alando que de no haber preterido estos elementos de prueba, el tribunal habr\u00eda concluido en la forma que enseguida se compendia: <\/p>\n
En realidad, Mar\u00eda Virginia Borrero, funcionaria de Comfandi encargada de conocer y gestionar lo atinente a la compra de lotes para la entidad, para que el Consejo Directivo aprobase la adquisici\u00f3n o no, \u201ccomo sucedi\u00f3 con la compra de los lotes de Indelco y Papagayo, negocios adelantados en forma id\u00e9ntica al de Construcciones San Luis; eventualidad que le hubiera aportado las suficientes luces al Tribunal, para interpretar cabalmente la norma de derecho sustancial\u201d, ten\u00eda representaci\u00f3n de la entidad para dichos efectos y, por esa precisa circunstancia no debi\u00f3 consider\u00e1rsela como una funcionaria carente de poder decisorio -desconociendo el organigrama de la entidad- y menos, como interesada en favorecer \u201ca su dilecta amiga\u201d, particularmente si se tiene en cuenta que mientras la negociaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo el 30 de octubre de 1995, el fax 3358742 que sirve de fundamento a la demandada para demeritar su participaci\u00f3n en la venta se envi\u00f3 el 14 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, fecha muy posterior. <\/p>\n
Y, que la intermediaci\u00f3n que cumple el corredor no puede considerarse como la causa del contrato objeto de mediaci\u00f3n, como equivocadamente lo sostuvo el tribunal al interpretar err\u00f3neamente el citado art\u00edculo 1340 del c\u00f3digo de comercio. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
T\u00edldase en \u00e9ste el fallo impugnado de ser violatorio, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, del citado art\u00edculo 1340, a consecuencia de error de derecho por la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 187 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
En procura de demostrarlo, se\u00f1ala que el tribunal no apreci\u00f3 la mayor\u00eda de las pruebas, entre las que se destacan las versiones de Luz Stella de Tasc\u00f3n, Gloria Milena Valencia Abella y Sergio Rivas, limit\u00e1ndose tan s\u00f3lo a valorar ciertas pruebas, como los testimonios de Adiela Arango M\u00e9ndez y Nelson Garc\u00e9s Vernaza, lo que le impidi\u00f3 adquirir los suficientes elementos para valorarlas dentro de un contexto global. <\/p>\n
En efecto, tras memorar los alcances de la teor\u00eda de la \u201cunidad y comunidad de la prueba y apreciaci\u00f3n global o de conjunto\u201d pregonada por la doctrina, indica que los medios probatorios deben apreciarse como un todo y su resultado depende s\u00f3lo de la fuerza de convicci\u00f3n que de ellas se desprenda, y la prueba practicada o presentada pertenece al proceso y no a quien la pidi\u00f3 o la adujo por lo que su renuncia o desistimiento no es admisible ya que se violar\u00edan los principios de lealtad procesal y de la probidad de la prueba. <\/p>\n
De donde, el sentenciador dej\u00f3 de estimar la cronolog\u00eda de los hechos, como puede verse en el mes de septiembre de 1995 as\u00ed: el 5 se consignan los inmuebles incluido el vendido a Comfandi a Luz Stella de Tasc\u00f3n, ejecutiva de ventas de Evaluaciones Inmobiliarias; el 6 \u00e9sta trasmite la oferta a la Inmobiliaria Julio Guillermo Valencia; el 13 Julio Guillermo Valencia formaliza la oferta a Comfandi. <\/p>\n
Como sucedi\u00f3 con id\u00e9nticas negociaciones con Papagayo S. A. e Indelco adquiridos por Comfandi donde las vendedoras les reconocieron comisi\u00f3n a las intermediarias <\/p>\n
La lectura de los cargos que ahora se despachan permite establecer de entrada que ninguna de las acusaciones en ellos formuladas puede salir airosa, pues como adelante se ver\u00e1, tanto el uno como el otro apuntan a demoler unas conclusiones probatorias del tribunal que en \u00faltimas no tuvieron influjo en la resoluci\u00f3n que finalmente adopt\u00f3 al desatar el litigio. <\/p>\n
Efectivamente, empl\u00e1zase al tribunal de haber cometido errores de hecho y de derecho en la sentencia impugnada; por preterir dos testimonios sobre cuya base advierte el recurrente prueba de que Mar\u00eda Virginia Borrero no era una funcionaria carente de poder decisorio dentro de la estructura org\u00e1nica de Comfandi, y por no haber examinado conjuntamente esas mismas declaraciones, al lado de las que efectivamente tuvo en mira de sus apreciaciones y no haber reparado en la cronolog\u00eda de los hechos ocurridos en torno a las negociaciones. <\/p>\n
Como resultado de esos yerros probatorios, se\u00f1ala el impugnante, termin\u00f3 el tribunal distorsionando el sentido del art\u00edculo 1340 del c\u00f3digo de comercio, por sostener que el corretaje exige siempre del corredor una intervenci\u00f3n directa en el contrato en que ha mediado, y de ah\u00ed concluir equivocadamente que esa intervenci\u00f3n ‘debe ser la causa de la negociaci\u00f3n…’, lo cual ri\u00f1e con la ex\u00e9gesis de la norma. <\/p>\n
Pero resulta que, al igual que se puso de relieve en el estudio verificado al despachar el primer cargo, el eje central de la controversia gravit\u00f3 en establecer si el corretaje existi\u00f3, y en esa pesquisa el tribunal hall\u00f3 una respuesta negativa, tras observar, se repite, que al proceso no se trajo prueba directa de su celebraci\u00f3n, corolario sobre el que hizo ver de todos modos que si bien obran elementos de demostraci\u00f3n que indirectamente acusan algo contrario, vale decir, que posiblemente la relaci\u00f3n contractual s\u00ed alcanz\u00f3 a configurarse, ellos resultan a tal extremo equ\u00edvocos, que ni con mucho dar\u00edan campo a tenerlo por acreditado. <\/p>\n
Y si bien planteamiento tal es bastante para soportar la sentencia, trajo en apoyo de la conclusi\u00f3n un segundo argumento dirigido a abastecerle mayor solidez; el de que, de acuerdo con otros medios persuasivos, se demostr\u00f3 un hecho que descarta cualquier posibilidad de que las inmobiliarias tengan derecho a la remuneraci\u00f3n reclamada, esto es, que el ofrecimiento del bien a Comfandi, la que finalmente lo adquiri\u00f3, fue realizado en forma personal por el representante de la demandada al director de aquella, Nelson Garc\u00e9s Vernaza, entre quienes existe un grado determinado de parentesco, y no por medio de las demandantes. <\/p>\n
A lo que finalmente a\u00f1adi\u00f3 otra apreciaci\u00f3n adicional, advirtiendo que de cualquier forma, los contactos realizados entre Luz Stella de Tasc\u00f3n y Mar\u00eda Virginia Borrero, a la saz\u00f3n por personas carentes de poder decisorio respecto de las sociedades part\u00edcipes de la negociaci\u00f3n, no tuvieron en el fondo eficacia o utilidad en la concreci\u00f3n del negocio en el que supuestamente hubo intermediaci\u00f3n. <\/p>\n
Mas, en lo que toca con el cargo, ocurre que de estos tres planteamientos s\u00f3lo uno fue objeto de ataque por parte del censor; aqu\u00e9l que descart\u00f3 la eficacia de la gesti\u00f3n, dej\u00e1ndose all\u00ed de lado los dos restantes; empero, escoltados por la presunci\u00f3n de acierto que les confiere la ley, y bastantes para mantener enhiesta la sentencia impugnada, impiden a la Corte entrar a analizarlos, dado que la naturaleza extraordinaria del recurso le impone moverse dentro de los estrictos l\u00edmites que de antemano le fija el recurrente. <\/p>\n
Para comprobarlo no es sino reparar en la cr\u00edtica que en el mismo emprende el recurrente, con el prop\u00f3sito definido de demostrar c\u00f3mo los motivos que tuvo el tribunal para descalificar la eficacia de la gesti\u00f3n de Mar\u00eda Virginia Borrero en la celebraci\u00f3n de la compraventa, no atienden el contenido de los testimonios de la misma Luz Stella de Tasc\u00f3n y de Sergio Rivas Renter\u00eda, que dice preteridos, donde encuentra cimiento para sostener que la tal funcionaria no solamente ten\u00eda asignadas entre sus funciones las de adelantar las gestiones previas al an\u00e1lisis del negocio en el consejo directivo de Comfandi, sino tambi\u00e9n la de representarla para esos efectos, lo cual descarta de un lado la malintencionada imputaci\u00f3n que adujo la demandada sobre ella, y de otro, que haya tratado de \u201cfavorecer a su dilecta amiga\u201d, lo que intenta corroborar recordando que mientras la negociaci\u00f3n culmin\u00f3 el 30 de octubre del 1995, el fax fue enviado al 14 de diciembre de ese mismo a\u00f1o, fecha muy posterior. <\/p>\n
Tal modo de discurrir da la espalda a las otras dos apreciaciones sentadas por el tribunal, con arreglo a las cuales descart\u00f3 que el contrato de corretaje se hubiese celebrado, aun por encima de las pruebas que indirectamente acusaban su existencia, y que hubiese encontrado que antes que un reflejo de los acercamientos propiciados por las demandantes entre Comfandi y la vendedora, la compraventa fue el resultado de los tratos que con antelaci\u00f3n hab\u00edanse ya iniciado entre Mauricio Garc\u00e9s O’Byrne y su pariente, Nelson Garc\u00e9s Vernaza, director de la entidad adquirente del predio, apreciaciones probatorias que, seg\u00fan se anot\u00f3, por no haber sido atacadas dan soporte id\u00f3neo a la sentencia para mantenerla indemne ante el ataque que contra ella se perfila en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, una menci\u00f3n aparte requiere lo relativo a la declaraci\u00f3n de Gloria Milena Valencia Abella, que se dice preterida; porque analizado el punto desde la perspectiva que propone el recurrente, al pronto se ve que lo que en el fondo se reprocha por esa omisi\u00f3n denunciada no es precisamente la preterici\u00f3n del medio probativo, sino el argumento jur\u00eddico esgrimido por el fallador, en que, seg\u00fan la censura, result\u00f3 exigiendo del corredor una capacidad no establecida por la ley, lo que desde luego repulsa sin miramientos la v\u00eda indirecta, am\u00e9n de lo inexacto que se muestra el planteamiento, seg\u00fan qued\u00f3 elucidado al despachar el cargo primero. <\/p>\n
Conviene recordar que para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dial\u00e9ctico o con mayor rigor l\u00f3gico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casaci\u00f3n, y particularmente dentro del \u00e1mbito del error de hecho, debe presentarse a \u00e9sta con argumentos incontestables, al punto de que la sola exhibici\u00f3n haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, al simple golpe de vista, pues ha de partirse de la idea de que es en las instancias donde termina el debate probatorio, idea que trae aparejada la de la autonom\u00eda discreta de que goza el fallador para apreciar la prueba, principios estos que a su vez conducen al postulado de que la sentencia se encuentra amparada por una presunci\u00f3n de certeza. <\/p>\n
De ah\u00ed que, conforme a la doctrina de esta Corporaci\u00f3n, \u00abla sobredicha presunci\u00f3n de certeza entonces, constituye, por una parte, el primer escollo que ha de enfrentar el recurrente en casaci\u00f3n y por la otra, la base sobre la que habr\u00e1 de edificar la Corte el estudio de la impugnaci\u00f3n; porque as\u00ed las cosas, resulta que al tribunal de casaci\u00f3n no le corresponde salir al encuentro de todo el material probatorio recaudado, sino que ha de encaminarse por una senda m\u00e1s estrecha, aquella de averiguar, y s\u00f3lo en la medida que el impugnador lo se\u00f1ale, si el sentenciador incurri\u00f3 en errores de hecho o de derecho que hayan incidido en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
\u00abY en cuanto al error de hecho, m\u00e1s angosto a\u00fan es el camino, porque no es cualquier yerro el que puede conducir eventualmente al quiebre de la sentencia, sino aquel evidente, manifiesto, que se imponga directamente al conocimiento sin que para detectarlo sea menester de complicadas elaboraciones intelectuales, vale decir, que sea ‘tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud, que resulte absolutamente contrario a la evidencia del proceso’ (LXXVIII, p\u00e1g.972).\u00bb (sentencia de 26 de octubre de 2000, expediente No. 5767). <\/p>\n
Las falencias detectadas en el cargo tercero se hacen manifiestas cuando el recurrente, en pos de demostrar los yerros atribuidos al tribunal, omite indicar con la claridad y precisi\u00f3n propias de un medio impugnaticio extraordinario, la existencia del error denunciado y la incidencia del mismo en la parte resolutiva de la sentencia. Dej\u00f3, pues, la acusaci\u00f3n a mitad de camino, ya que no determin\u00f3 en manera alguna los alcances del recurso, lo que impide a la Corte abordar su estudio de fondo. Se limit\u00f3 a se\u00f1alar como infringido, por \u201cinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u201d, el art\u00edculo 1340 rese\u00f1ado, pero en esa tarea de contraste, de la que no salta presto un error, desemboc\u00f3 en un argumento jur\u00eddico totalmente alejado de lo que en s\u00ed conlleva una impugnaci\u00f3n de esa naturaleza. <\/p>\n
Esa falencia no es el \u00fanico reparo t\u00e9cnico que ofrece el cargo; recu\u00e9rdase c\u00f3mo denuncia un error de jure por no haber apreciado en forma conjunta el material probatorio; as\u00ed, censura que el tribunal haya dejado por fuera de an\u00e1lisis los testimonios de Luz Stella de Tasc\u00f3n, Gloria Milena Valencia A. y Sergio Rivas, y se haya limitado a ponderar los testimonios de Adiela Arango M\u00e9ndez y Nelson Garc\u00e9s Vernaza, lo que le impidi\u00f3 \u201cadquirir suficientes elementos para valorarlas dentro de un contexto legal\u201d, sobre lo cual precisa m\u00e1s adelante, apuntalando ya esta acusaci\u00f3n, que el sentenciador no apreci\u00f3 debidamente \u201cla cronolog\u00eda de los hechos que se sucedieron en desarrollo y ejecuci\u00f3n del contrato de corretaje\u201d, lo que lo \u201cllev\u00f3 a ignorar la coincidencia de fechas, vistos los diferentes elementos de convicci\u00f3n recaudados durante la actuaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
A intento de poner a descubierto ese error, trae a colaci\u00f3n, entonces, el peregrinaje de los hechos referidos a la controversia acaecidos entre septiembre de 1995 y junio de 1996, itinerario en que a la saz\u00f3n retoma el relato que sobre aquellos expuso en el libelo incoativo, y comienza por memorar que la demandada consign\u00f3 unos de sus inmuebles a la se\u00f1ora de Tasc\u00f3n, quien trasmiti\u00f3 la oferta a la otra demandante, la cual a su turno ten\u00eda como cliente a Comfandi, a la que finalmente puso al corriente del ofrecimiento, para concluir, luego de volver sobre las comunicaciones cruzadas entre las entidades comprometidas en la negociaci\u00f3n, que al correrse la escritura donde se instrumentaliz\u00f3 la compraventa del predio, termin\u00f3 el corretaje. <\/p>\n
Pero, analizada la forma en que se encauza el ataque, de inmediato viene al pensamiento lo que en punto del error de derecho por la apreciaci\u00f3n conjunta de pruebas ha expresado la Corte, con arreglo a lo cual si al tribunal se le emplaza por no haber juzgado en esos t\u00e9rminos, menester es al recurrente mostrar los puntos de contacto de las probanzas a fin de hacer ver el desarreglo denunciado, labor que, salta evidente, jam\u00e1s trat\u00f3 siquiera de acometer el impugnante en la acusaci\u00f3n; a la verdad, se qued\u00f3 corto, pues a despecho de indicar cu\u00e1les de las pruebas recaudadas fueron apreciadas indebidamente al no haberse examinado de manera conjunta, esto es, los testimonios de la se\u00f1ora de Tasc\u00f3n, Sergio Rivas, Adiela Arango M\u00e9ndez y Nelson Garc\u00e9s Vernaza, y el interrogatorio de la representante de una de las demandantes, a quien tambi\u00e9n se le recibi\u00f3 testimonio en el decurso de la primera instancia, no dijo, cual era de su resorte, d\u00f3nde es que finalmente se encuentran los puntos de contacto que apuntan a corroborar que el tribunal viol\u00f3 el art\u00edculo 1340 del c\u00f3digo de comercio, otorg\u00e1ndole un sentido que ri\u00f1e con la ex\u00e9gesis de dicha norma. <\/p>\n
Esto, claro, sin caer en la cuenta, ya en otro plano, que el tribunal no fue quedo al hacer obrar el precepto 187 en comento; muy por el contrario, si por algo se caracteriza esa tarea probatoria que verific\u00f3, es precisamente por haber analizado las pruebas engranando los puntos de enlace que vio entre ellas, lo que de por s\u00ed, para decirlo ya sin rodeos, descarta el yerro denunciado. <\/p>\n
La secuela ineludible de lo discurrido es que estos cargos tampoco prosperan. <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de procedencia y fecha preanotadas. <\/p>\n
Costas del recurso de casaci\u00f3n a cargo de la demandante y recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Oportunamente devu\u00e9lvase el expediente al de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
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SC-073-2005 [62812-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1 D. C., tres (3) de mayo de dos mil cinco (2005). Ref: Expediente No. 62812-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por las demandantes contra la sentencia de 15 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82923","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82923","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82923"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82923\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82923"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82923"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82923"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}