SC-077-2005 [7600131030031996-10996-01] <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente C-7600131030031996-10996-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Luis Arnulfo Betancourt y la sociedad Construcciones la Castellana Limitada, respecto de la sentencia de 13 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario de los recurrentes contra La Nacional Compa\u00f1\u00eda de Seguros de Colombia S. A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En el libelo que origin\u00f3 el proceso, los demandantes solicitaron que se condenara a la sociedad demandada a pagar las cantidades de $200.000.000.oo y $150.000.000.oo, que corresponden a las sumas aseguradas en las p\u00f3lizas de seguro 590759 y 590838 de 6 de abril y 17 de julio de 1995, respectivamente, junto con los intereses moratorios de que trata el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2.- Las pretensiones se sustentaron en que mediante las referidas p\u00f3lizas de seguro, la demandada asegur\u00f3 el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de la sociedad Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Limitada, de constituir una hipoteca a favor de los demandantes, respecto del inmueble que se identifica; que llegadas las fechas para el efecto, el asegurado incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n; y que efectuada la reclamaci\u00f3n, la aseguradora no pag\u00f3 las sumas aseguradas, pues se limit\u00f3 a condicionar la definici\u00f3n de la solicitud a la presentaci\u00f3n de unos documentos que no tienen relaci\u00f3n con la ocurrencia del siniestro ni con la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Tramitado el proceso, con oposici\u00f3n de la sociedad demandada, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, mediante sentencia de 30 de julio de 2001, desestim\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que el superior confirm\u00f3 al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpusieron los demandantes. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- El Tribunal consider\u00f3 que el incumplimiento del asegurado de constituir la hipoteca, no convert\u00eda \u201cautom\u00e1ticamente a la aseguradora deudora de las cantidades aseguradas\u201d, porque se trataba de un seguro de mera indemnizaci\u00f3n. En ese caso, a los demandantes les incumb\u00eda la carga de la prueba de los perjuicios causados y su cuant\u00eda, requisito que, en consonancia con el juzgado, ech\u00f3 de menos para la prosperidad de las pretensiones. <\/p>\n
2.- Refiri\u00e9ndose a la solicitud sobre la pr\u00e1ctica del dictamen pericial decretado de oficio por el juzgado, pero que no fue practicado porque la decisi\u00f3n fue revocada, el sentenciador se\u00f1al\u00f3 que no era \u201c\u00fatil para demostrar los perjuicios que pudo haber causado la compa\u00f1\u00eda aseguradora a los beneficiarios de las p\u00f3lizas\u201d, porque la prueba estaba orientada a probar el v\u00ednculo entre los demandantes y la sociedad asegurada, \u201cesto es, m\u00e1s en respaldo de la excepci\u00f3n (inexactitud o reticencia por parte del tomador) que de la acci\u00f3n (demostraci\u00f3n de perjuicios)\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la demanda no da luces para saber en qu\u00e9 consistieron los perjuicios que sufrieron los beneficiarios del contrato de seguro, porque am\u00e9n de afirmarse simplemente el \u201cincumplimiento del afianzado de constituir la hipoteca\u201d, ninguno de los hechos se \u201cocupa de la cantidad de dinero que se prest\u00f3 a la asegurada con respaldo de la posible hipoteca, c\u00f3mo se entreg\u00f3, cu\u00e1nto se pag\u00f3, cu\u00e1nto est\u00e1 en riesgo, cu\u00e1nto se perdi\u00f3, lo que se dej\u00f3 de pagar, si se cumplieron o no las obligaciones de la asegurada, si la Sociedad Internacional Horacio D\u00edaz Limitada se insolvent\u00f3, cu\u00e1nto qued\u00f3 debiendo a los demandantes, cu\u00e1l era el valor de la garant\u00eda prometida, etc.\u201d. <\/p>\n
3.- Frente a lo anterior, el Tribunal concluy\u00f3 que \u201cresulta il\u00f3gico decretar pruebas para hechos que no se conocen y que solamente en alegatos de segunda instancia se insin\u00faan, enlistando cantidades confusas a favor de diferentes personas\u201d. En otras palabras, \u201cen este caso no existe una prueba pedida dejada de practicar, sino una pretensi\u00f3n sin hechos y sin prueba que es diferente\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
1.- En el \u00fanico cargo formulado, con fundamento en el art\u00edculo 368, numeral 5\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, los recurrentes solicitan que se decrete la nulidad de la sentencia del Tribunal, por haberse incurrido en la causal prevista en el art\u00edculo 140, numeral 6\u00ba, ib\u00eddem, relativa a la omisi\u00f3n del t\u00e9rmino para practicar pruebas. <\/p>\n
2.- Con apoyo en los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 37-4, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y luego de aludir al derecho que tienen las partes a que se les decrete pruebas de oficio y a la obligaci\u00f3n del juez de ordenarlas con el fin de buscar la verdad judicial, y de resaltar la funci\u00f3n social de las pruebas, seg\u00fan a espacio lo explican, los recurrentes sientan como premisa que cuando el funcionario judicial \u201cdecreta una prueba de oficio, muestra con ese acto que necesita esa prueba\u201d, raz\u00f3n por la cual su decisi\u00f3n es inatacable. <\/p>\n
3.- Como el juzgado neg\u00f3 la \u201cinspecci\u00f3n judicial con exhibici\u00f3n de documentos\u201d solicitada por la sociedad demandada para determinar el \u201cingreso real de los dineros obtenidos de los cr\u00e9ditos que aqu\u00ed se demandan, el estado financiero de la sociedad al momento del otorgamiento de las p\u00f3lizas de seguro, y todos los documentos y tr\u00e1mites relacionados con la asignaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos y los contratos de seguro\u201d, los recurrentes expresan que al decretarse con ese mismo prop\u00f3sito un dictamen pericial que no fue pedido, esto significa, am\u00e9n de su car\u00e1cter oficioso, que el juzgado lo consider\u00f3 \u201cpertinente, conducente y \u00fatil\u201d, \u201cporque se necesita\u201d. <\/p>\n
Empero, en virtud del recurso de reposici\u00f3n, el juzgado revoc\u00f3 el decreto oficioso de la prueba, pese a que el auto era irrecurrible, y neg\u00f3 la solicitud de los demandantes para que se materializara, argumentando que si bien el dictamen pericial se decret\u00f3 en lugar de la inspecci\u00f3n judicial, esto no implicaba que se estuvieran decretando pruebas de oficio. <\/p>\n
El Tribunal, en cambio, reconoce que el dictamen pericial se decret\u00f3 de oficio, pero desconoce su utilidad para demostrar los perjuicios que se pudieron causar a los beneficiarios de las p\u00f3lizas de seguro, por estar orientado el medio a respaldar la excepci\u00f3n, afirmaci\u00f3n que no es cierta, porque como se anot\u00f3, su objeto era totalmente distinto. <\/p>\n
4.- Concluyen los recurrentes que la nulidad procesal se presenta cuando el juzgado revoca la pr\u00e1ctica de la prueba de oficio pensando que se hab\u00eda decretado a petici\u00f3n de parte, y cuando el Tribunal a pesar de haber afirmado que se trataba de una prueba de oficio, sin embargo, no la practica. <\/p>\n
Agregan que los reclamos del Tribunal sobre que ninguno de los hechos de la demanda alude a los perjuicios, hubieran podido quedar acreditados con la prueba pericial. No se trata de buscar perjuicios en abstracto, porque como es serio y estable pensar que el incumplimiento de la obligaci\u00f3n asegurada caus\u00f3 perjuicios, el art\u00edculo 1088 del C\u00f3digo de Comercio indica cu\u00e1l podr\u00eda ser la indemnizaci\u00f3n, y los medios de prueba del ac\u00e1pite de la demanda refieren a la cuant\u00eda de la misma. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Suficientemente se encuentra decantado que las nulidades procesales no responden a un criterio netamente formalista, sino que al estar revestidas de un car\u00e1cter preventivo para evitar tr\u00e1mites inocuos, se gobiernan por principios b\u00e1sicos como los de la especificidad, trascendencia, protecci\u00f3n y convalidaci\u00f3n. <\/p>\n
Por esto, siguiendo la orientaci\u00f3n de restringir en lo posible las causales de nulidad del proceso, el legislador, con el fin de hacer efectivo el derecho de contradicci\u00f3n y la igualdad de las partes, instituy\u00f3 todo un sistema a ese prop\u00f3sito, se\u00f1alando con precisi\u00f3n las irregularidades espec\u00edficas que las constituyen, qui\u00e9nes pueden alegarlas, c\u00f3mo y cu\u00e1ndo, en qu\u00e9 eventos hay saneamiento, y los efectos de la nulidad declarada. <\/p>\n
En todo caso, como lo precis\u00f3 la Corte en sentencia 177 de 11 de septiembre de 2001, las causales de nulidad procesal que de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 368, numeral 5\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pueden invocarse en casaci\u00f3n, deben \u201cproponerse por la persona legitimada para el efecto, que es quien ve menoscabados sus derechos por raz\u00f3n del vicio\u201d, siempre y cuando no lo hubiere saneado. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al motivo de nulidad procesal previsto en el art\u00edculo 140, numeral 6\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la Corte ha reiterado que para fundamentar un cargo en casaci\u00f3n derivado de la pretermisi\u00f3n de los t\u00e9rminos para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusi\u00f3n, \u201ces necesario que tal omisi\u00f3n produzca quebrantamiento del derecho de defensa\u201d (sentencia de 12 de octubre de 1999, CCLXI-612). <\/p>\n
De ah\u00ed que como en otra ocasi\u00f3n se explic\u00f3, dicha causal no se estructura \u201ccuando la lesi\u00f3n al derecho de pedir o practicar pruebas o a formular alegatos de conclusi\u00f3n, no tiene su causa directa, irresoluble e inmediata en deficiencias temporales, sino que tal hecho descansa en otro tipo de motivos procesales\u201d (sentencia de 10 de diciembre de 1999, CCLXI-1416). <\/p>\n
La causal de nulidad procesal en comento, por lo tanto, no pude utilizarse, como tambi\u00e9n lo se\u00f1al\u00f3 la Corte, para \u201ccontrovertir las razones que en un momento dado fueron aducidas por el sentenciador al resolver sobre la pr\u00e1ctica de las pruebas solicitadas, decret\u00e1ndolas o neg\u00e1ndolas, inclusive en el evento de haber omitido resolver sobre alguna en particular, como tampoco para reclamar contra lo que pudo rodear la materializaci\u00f3n o no de un medio\u201d (sentencia No. 103 de 2004), porque en estricto sentido, todo ello parte de que ha existido un t\u00e9rmino y una oportunidad para la petici\u00f3n y pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
2.- Frente a lo anterior conviene precisar que los demandantes, recurrentes en casaci\u00f3n, no solicitaron pruebas distintas a la documental, en tanto que la demandada impetr\u00f3, entre otras, \u201cinspecci\u00f3n judicial con exhibici\u00f3n de documentos y la intervenci\u00f3n de peritos contables\u201d, para determinar el \u201cingreso real de los dineros obtenidos de los cr\u00e9ditos que aqu\u00ed se demandan, el estado financiero de la sociedad al momento del otorgamiento de las p\u00f3lizas de seguro, y todos los documentos y tr\u00e1mites relacionados con la asignaci\u00f3n de los cr\u00e9ditos y los contratos de seguro\u201d. <\/p>\n
Al resolver sobre las \u201cPRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA\u201d, el juzgado, por razones formales, neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de la \u201cinspecci\u00f3n judicial con exhibici\u00f3n\u201d solicitada, pero decret\u00f3 con esa misma finalidad, un \u201cdictamen pericial\u201d, decisi\u00f3n que luego revoc\u00f3 en virtud del recuso de reposici\u00f3n que interpuso la misma parte, argumentando que como no se hab\u00edan reunido los requisitos para ordenar lo primero, mal hizo el despacho \u201cdecretar \u00fanicamente la pericial adecu\u00e1ndola\u201d. <\/p>\n
Los demandantes, entonces, demandaron del juzgado que de oficio decretara el dictamen pericial, petici\u00f3n que igualmente elevaron al Tribunal, en ambos casos con resultados negativos, porque las pruebas de oficio se surt\u00edan por iniciativa del funcionario judicial y no a petici\u00f3n de parte, so pena de desvirtuar su origen. <\/p>\n
3.- En ese orden, claramente se advierte que la nulidad procesal \u201cpor omitir el t\u00e9rmino para practicar pruebas\u201d, no se estructura, porque si bien los recurrentes con el fin de legitimarse en su alegaci\u00f3n enarbolan la tesis de que como el dictamen pericial fue decretado de oficio por el juzgado, no s\u00f3lo no pod\u00eda ser revocado, sino que su pr\u00e1ctica se impon\u00eda, lo cierto es que como se observa en las actuaciones procesales, los sentenciadores de instancia en manera alguna decretaron de oficio dicha prueba, por el contrario, expresamente la negaron cuando as\u00ed se solicit\u00f3 o se insinu\u00f3 por los demandantes. <\/p>\n
De otra parte, tampoco puede considerarse decretada de oficio cuando se resolvi\u00f3 sobre las pruebas del proceso, en consideraci\u00f3n a que como qued\u00f3 consignado, la inspecci\u00f3n judicial con exhibici\u00f3n de documentos fue negada, porque al momento de impetrarse se incumplieron ciertos requisitos formales, y porque, con independencia del acierto del juzgado cuando revoc\u00f3 la pr\u00e1ctica del dictamen pericial, decretado como suced\u00e1neo de lo anterior, las mismas razones que llevaron a negar aquella prueba eran suficientes para hacer lo propio con el dictamen. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, en efecto, c\u00f3mo sobre el particular, el juzgado, en auto de 12 de marzo de 1999, expresamente se\u00f1al\u00f3 que \u201cmal hizo\u201d al \u201cdecretar \u00fanicamente la pericia adecu\u00e1ndola\u201d, cuando hab\u00eda negado la \u201cprueba de inspecci\u00f3n judicial con anuencia de peritos solicitada por la parte demandada, al no reunir la solicitud los requisitos se\u00f1alados en el art. 284 del C. De P. Civil\u201d. <\/p>\n
El mismo juzgado, en providencia de 8 de febrero de 2000, confirma lo anterior, al indicar que como la parte demandada solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de peritos, al decretar s\u00f3lo lo \u00faltimo, esto no implicaba que \u201cse estuviera decretando pruebas de oficio como manifiesta el peticionario\u201d. Cuesti\u00f3n que es consecuente con la realidad del proceso, porque la negativa a la inspecci\u00f3n judicial con exhibici\u00f3n de documentos y el decreto en su lugar del dictamen pericial, aparece bajo el ac\u00e1pite \u201cPRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA\u201d. <\/p>\n
As\u00ed que como el dictamen pericial no fue decretado oficiosamente, ni con fundamento en el art\u00edculo 244, inciso 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el argumento sobre que una vez ordenado no pod\u00eda ser revocado cae al vac\u00edo. Lo que aparece claro es que en definitiva ese paquete de pruebas fue negado a la sociedad demandada, pues \u00e9sta fue quien las solicit\u00f3, y no a los recurrentes demandantes, raz\u00f3n de suyo suficiente para concluir que a \u00e9stos en manera alguna pudo hab\u00e9rseles menoscabado el derecho de defensa, entre otras cosas porque con independencia del principio de la comunidad de la prueba, se entiende que tales medios estaban orientados a demostrar los hechos de la oposici\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, los hechos en que se fundamenta la causal de nulidad procesal, lejos de acusar el cercenamiento de una oportunidad atribuida a la parte recurrente para practicar pruebas, en realidad se refieren a motivos procesales diversos, relacionados con el decreto y revocaci\u00f3n de una prueba solicitada por la parte demandada, y con la negativa de los juzgadores de instancia a decretar la pr\u00e1ctica de la misma prueba de manera oficiosa en el momento en que as\u00ed se solicit\u00f3, situaci\u00f3n que como lo explic\u00f3 la Corte en el \u00faltimo precedente citado, no se subsume en las hip\u00f3tesis del art\u00edculo 140, numeral 6\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no sobra advertir que si el Tribunal se\u00f1al\u00f3 que el dictamen pericial fue decretado de oficio por el juzgado, la afirmaci\u00f3n es intrascendente, porque sin importar el origen del medio, lo cierto es que, tambi\u00e9n con independencia del acierto, el sentenciador no lo consider\u00f3 \u00fatil, porque con relaci\u00f3n a la demanda, se trataba de pretensiones sin hechos y sin pruebas. <\/p>\n
4.- El cargo, en consecuencia, no se abre paso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 13 de noviembre de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario de Luis Arnulfo Betancourt y la sociedad Construcciones la Castellana Limitada contra La Nacional Compa\u00f1\u00eda de Seguros de Colombia S. A. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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