SC-080-2005 [7600131030101996-6503-01]<\/p>\n
<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., seis de mayo de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Exp. No 760013103010-1996-6503-01 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 21 de marzo de 2001 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, decisi\u00f3n ep\u00edlogo del proceso ordinario promovido por Orfa Mar\u00eda P\u00e9rez de L\u00f3pez contra la Cooperativa M\u00e9dica del Valle y de Profesionales de Colombia \u201cCoomeva\u201d. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Orfa Mar\u00eda P\u00e9rez de L\u00f3pez present\u00f3 demanda de responsabilidad civil extracontractual contra la Cooperativa M\u00e9dica del Valle y de Profesionales de Colombia \u201cCoomeva\u201d en la cual reclam\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n diera amparo a las siguientes pretensiones: <\/p>\n
1.1. Sea declarado que la demandada caus\u00f3 los da\u00f1os recibidos por la demandante con ocasi\u00f3n de un proceso ejecutivo que se le sigui\u00f3 sin ser deudora y en el cual se practicaron medidas cautelares en contra de su patrimonio. <\/p>\n
1.2. Que la demandante sea resarcida de todos los perjuicios recibidos, concretamente la suma de $30.000.000 que pag\u00f3 como cl\u00e1usula penal por el incumplimiento de una promesa de compraventa, m\u00e1s otras cantidades por concepto de honorarios y gastos que hubo que hacer para la atenci\u00f3n del proceso ejecutivo en que se vio involucrada por culpa de la demandada. Se pidi\u00f3 igualmente que la demandada fuera condenada a pagar la correcci\u00f3n monetaria que corresponde al dinero que tard\u00edamente recibi\u00f3 la demandante en la compraventa que estuvo a punto de frustrarse, el deterioro del dinero correspondiente a la suma que hubo de consignar para obtener el levantamiento de una cautela injusta y los perjuicios morales que padeci\u00f3 por obra de la actuaci\u00f3n judicial antes descrita. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Las pretensiones tienen como premisas f\u00e1cticas las siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. La hoy demandante Orfa Mar\u00eda P\u00e9rez de L\u00f3pez fue demandada en el proceso ejecutivo que en su contra propuso la Cooperativa M\u00e9dica del Valle y de Profesionales de Colombia \u201cCoomeva\u201d, tramitado ante el Juzgado Doce Civil del Circuito de la ciudad de Cali. All\u00ed se decretaron y practicaron medidas cautelares. <\/p>\n
El Juzgado que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n ejecutiva, mediante sentencia de 5 de diciembre de 1995 declar\u00f3 falso el t\u00edtulo aportado para esa ejecuci\u00f3n, como consecuencia termin\u00f3 el proceso y conden\u00f3 a la Cooperativa M\u00e9dica del Valle y de Profesionales de Colombia \u201cCoomeva\u201d, all\u00ed demandante y hoy demandada, al pago de los perjuicios y las costas causadas en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
2.2. La demandante se dedica a la actividad inmobiliaria, por ello hab\u00eda prometido en venta un inmueble de su propiedad al se\u00f1or Armando Holgu\u00edn Borrero, contrato que se malogr\u00f3 en la forma inicialmente acordada, pues el predio fue embargado en el proceso ejecutivo adelantado con un t\u00edtulo falso. <\/p>\n
2.3. Por raz\u00f3n del embargo la demandante incumpli\u00f3 la promesa, raz\u00f3n por la cual fue demandada ejecutivamente ante el Juzgado 9\u00ba Civil del Circuito de Cali, all\u00ed fue condenada al pago de la suma de $30.000.000, valor de la cl\u00e1usula penal pactada en caso de incumplimiento. <\/p>\n
2.4. Para atender las obligaciones del contrato, la demandante tuvo que consignar la suma de $15.700.000 y de esta forma lograr el levantamiento de la medida cautelar, debi\u00f3 entonces esperar m\u00e1s de un a\u00f1o para que ese dinero le fuera revertido y tard\u00edamente recibi\u00f3 las sumas de dinero que su promitente comprador le deb\u00eda, todo, con ocasi\u00f3n de la cautela dispuesta en el malhadado proceso ejecutivo seguido con el t\u00edtulo falso. <\/p>\n
3. Una vez que la demandada conoci\u00f3 de la existencia del proceso, se opuso a las pretensiones, para lo cual propuso como excepciones las que llam\u00f3 \u2018carencia de causa para demandar\u2019, y la \u201cimputabilidad de la responsabilidad de los hechos de la demanda en cabeza de la misma demandante\u201d. <\/p>\n
4. El proceso concluy\u00f3 en primera instancia con la sentencia dictada el 3 de diciembre de 1999, en la que el Juzgado accedi\u00f3 parcialmente a las s\u00faplicas de la demanda. En particular conden\u00f3 a la demandada al pago de la suma de $30.000.000, m\u00e1s los intereses a la tasa del 6% anual desde el 26 de mayo de 1996; $12.675.300 por concepto de lucro cesante y las costas del proceso. <\/p>\n
5. Ambas partes interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n contra lo resuelto por el Juzgado. En lo de su competencia, el Tribunal revoc\u00f3 la sentencia y en su lugar neg\u00f3 totalmente las pretensiones de la demanda. \u00ad <\/p>\n
<\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
<\/p>\n
El Tribunal, luego de rese\u00f1ar los antecedentes del proceso y examinar la legalidad del fallo, desatendi\u00f3 los ruegos del demandante, pues revoc\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada, neg\u00f3 las pretensiones e impuso a la parte vencida el pago de las costas del juicio en ambas instancias. <\/p>\n
La sentencia del Tribunal descansa sobre los siguientes argumentos: <\/p>\n
1. El tema de este proceso no ata\u00f1e al \u201cpago de los perjuicios sufridos con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares y del proceso seguido en su contra en el Juzgado 12 Civil del Circuito de esta ciudad, puesto que como lo dice el hecho 7\u00b0 de la demanda, el referido juzgado ya efectu\u00f3 la condena en costas y perjuicios en contra de \u2018Coomeva\u2019, en cuyo caso la liquidaci\u00f3n debi\u00f3 efectuarse por ese mismo juzgado mediante el tr\u00e1mite establecido en el art. 307 del C.P.C.\u201d . <\/p>\n
2. Quien demanda el reconocimiento de perjuicios debe acreditar \u201clos tres elementos cl\u00e1sicos de \u00e9sta responsabilidad, a saber: culpa del demandado, da\u00f1o sufrido por el demandante y relaci\u00f3n de causalidad necesaria entre aquella y \u00e9ste\u201d. <\/p>\n
3. Luego de copiar un pasaje jurisprudencial sobre la responsabilidad aquiliana, precis\u00f3 el Tribunal que las imputaciones a la demandada se condensan en haber dado cr\u00e9dito a una persona reci\u00e9n afiliada a la Cooperativa, sin verificar de antemano los datos por ella suministrados y no exigir la autenticaci\u00f3n de los pagar\u00e9s, acusaci\u00f3n que juzg\u00f3 como inocua, pues el da\u00f1o se produjo como resultado del il\u00edcito de un tercero que falsific\u00f3 los documentos y no por \u201cCoomeva\u201d, pues esta cumpli\u00f3 sus propios reglamentos al momento de otorgar el cr\u00e9dito. <\/p>\n
La demandante sabe que los da\u00f1os provienen de la conducta de un tercero, exactamente de Elena M\u00e1rquez Sandoval o Eleonora Escrucer\u00eda Manzi, pues la demandante misma fue quien denunci\u00f3 penalmente a la hoy convicta de falsedad, denuncia que formul\u00f3 porque hurgando en sus recuerdos hall\u00f3 que la defraudadora era su paisana y amiga, e inconscientemente le hab\u00eda brindado informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n bastante para consumar el il\u00edcito. <\/p>\n
4. La falta de relaci\u00f3n de causalidad result\u00f3 evidente para el Tribunal, pues si se suprimiera el \u201checho delictuoso (falsedad de los t\u00edtulos)\u201d, aunque \u201cCoomeva\u201d hubiera incumplido sus propios reglamentos al prestar el dinero, la defraudaci\u00f3n jam\u00e1s hubiera ocurrido. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos cargos de hacen a la sentencia, el primero por haber incurrido el Tribunal en error de derecho en la apreciaci\u00f3n de unas pruebas y de hecho en la valoraci\u00f3n de las otras. En el segundo, al amparo de la causal segunda de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia por no guardar armon\u00eda con las excepciones propuestas por el demandado; \u00e9ste ser\u00e1 resuelto en primer lugar por tratarse de vicios de procedimiento. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con fundamento en el numeral segundo del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se reprocha al Tribunal por haber ca\u00eddo en el vicio de incongruencia en tanto la sentencia no observa la debida correspondencia con las excepciones propuestas por la parte demandada. <\/p>\n
En opini\u00f3n del demandante, como el Tribunal neg\u00f3 totalmente las pretensiones \u201ctal pronunciamiento implica que se declaran probadas las excepciones propuestas por el demandado\u201d. Como el demandado propuso varias excepciones y ninguna de ellas fue reconocida de modo expreso por el Tribunal, el fallo cae, a juicio del impugnador, en el vicio de incongruencia que se denuncia en la censura, pues para el recurrente resulta \u201cindudable que la sentencia no est\u00e1 en consonancia con las excepciones propuestas por el demandado, pues a pesar de la revocatoria, a esta no se llega por las s\u00faplicas del apoderado de la demandada Coomeva, sino, por hechos completamente distintos de los alegados y probados por quien propuso las excepciones\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Lo primero que surge de la lectura del cargo es la contradicci\u00f3n en que incurre el censor, pues de un lado argument\u00f3 que las excepciones propuestas por la demandada fueron impl\u00edcitamente acogidas, para luego afirmar en las ant\u00edpodas que en la falta de decisi\u00f3n sobre ellas reposa el pecado de incongruencia. <\/p>\n
De otro lado, es de recordar que las reglas de procedimiento tienen como funci\u00f3n pol\u00edtica controlar el poder del juez, pues las prerrogativas extraordinarias de que est\u00e1 investido no pueden ser ejercidas de cualquier modo, sino dentro de los precisos marcos se\u00f1alados por el legislador. As\u00ed, en atenci\u00f3n al principio dispositivo que inspira el proceso civil, la competencia del juez est\u00e1 restringida de modo general a los temas delineados en la demanda y en la contestaci\u00f3n, como tambi\u00e9n a las excepciones y todo otro asunto que la ley permita reconocer de oficio o mande decidir. Entonces, el juez no puede abandonar el camino trazado en la demanda y su contestaci\u00f3n, tampoco dejar de decidir un asunto que le fue expresamente sometido a su examen, pues al as\u00ed proceder estar\u00eda usurpando la iniciativa que s\u00f3lo corresponde al ciudadano, \u00fanico que puede dar dimensi\u00f3n al da\u00f1o que recibe e identificar su fuente, o en el caso del fallo incompleto, lesionando el acceso a la justicia en contra de quien llev\u00f3 un tema al estrado judicial y apenas recibi\u00f3 el silencio como respuesta. <\/p>\n
En el presente episodio, el Tribunal no desbord\u00f3 su esfera de competencias, pues agot\u00f3 cabalmente la jurisdicci\u00f3n del Estado mediante una sentencia adversa a la totalidad de las pretensiones. Procedi\u00f3 as\u00ed el ad quem en atenci\u00f3n a la ausencia de uno de los supuestos de la responsabilidad aquiliana, en concreto la falta de relaci\u00f3n causal entre la conducta observada por la parte demandada y el da\u00f1o que se dice recibi\u00f3 la demandante. Pero, como el Tribunal no hizo referencia expresa a las excepciones propuestas, de ello dedujo el casacionista la alegada incongruencia, sin reparar en que la ausencia de uno de los elementos fundamentales de la responsabilidad civil extra contractual es bastante para frustrar las pretensiones, lo que hac\u00eda innecesario examinar la fundabilidad de las excepciones propuestas. <\/p>\n
S\u00edguese de todo ello la improsperidad del cargo. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
En este cargo se denuncia que la sentencia trasgredi\u00f3 los art\u00edculos 29 de la Carta Pol\u00edtica y 174 del c\u00f3digo de procedimiento civil, y los art\u00edculos 2341 y 2344 del c\u00f3digo civil. La violaci\u00f3n viene, seg\u00fan la demanda, como consecuencia \u201cde error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de todas las pruebas recaudadas en la segunda instancia a solicitud del representante judicial de la demandada; provenientes todas ellas del Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira del proceso No. 4306 por el delito de falsedad y estafa; y, en la preterici\u00f3n o desconocimiento de las pruebas que s\u00ed fueron regular y oportunamente allegadas ante el a quo\u201d (folio 13 cuaderno de la Corte). <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el desarrollo del cargo el recurrente afirm\u00f3 que la sentencia absolutoria para el demandado, se fund\u00f3 en pruebas producidas con violaci\u00f3n del debido proceso, pues en su aducci\u00f3n se desconocieron los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 174, 118, 183 y 331 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Como consecuencia de la transgresi\u00f3n de las normas antes enunciadas se produjo la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 2341 y 2344 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Para demostrar la acusaci\u00f3n el censor destac\u00f3 aquellos pasajes de la sentencia que hacen alusi\u00f3n a que el da\u00f1o \u201cse produjo por el il\u00edcito que cometi\u00f3 la persona que falsific\u00f3 los documentos\u201d, que tal hecho lo cometi\u00f3 \u201c\u2026 una tercera persona\u2026\u201d, que basta con suprimir el hecho delictuoso \u201cfalsedad de t\u00edtulos para comprobar que sin esa conducta efectuada por la denunciada, el perjuicio no se habr\u00eda dado\u2026\u201d y que la demandada \u201cno tuvo nada que ver con el il\u00edcito cometido\u201d. De lo anterior dedujo el recurrente que \u201c\u2026 la sentencia se ampar\u00f3 en las pruebas allegadas del Juzgado Primero Penal del Circuito de Palmira\u201d las que calific\u00f3 de ilegales, pues hay referencia constante en la sentencia del Tribunal a la comisi\u00f3n de un delito. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el demandante que la \u201cinexistencia\u201d de las pruebas viene de que en primera instancia se neg\u00f3 la prueba que buscaba determinar cu\u00e1l era el estado del proceso penal, a pesar de lo cual, contin\u00faa el casacionista, el apoderado de la parte demandada enga\u00f1\u00f3 al magistrado ponente \u201c ya que call\u00f3 la verdad respecto de que esa prueba hab\u00eda sido negada por el a quo…\u201d, y con el ardid logr\u00f3 que en segunda instancia se allegaran las copias del proceso penal, prueba que en primera instancia hab\u00eda sido rechazada. <\/p>\n
En lo que toca con la influencia de las pruebas en la decisi\u00f3n impugnada, ella reside en que \u201csiendo ellas nulas de pleno derecho o inexistentes, al ser valoradas y fundamentar el fallo exclusivamente en ellas, se ataca el derecho fundamental al debido proceso…\u201d. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, si el ad quem hubiera dado aplicaci\u00f3n a las normas de regulaci\u00f3n probatoria enunciadas, tendr\u00eda que haber concluido que \u201cs\u00ed hubo culpa por negligencia, impericia y falta de cuidado por parte del funcionario de \u00b4Coomeva\u00b4\u2026 lo que por ende allan\u00f3 el camino para que se cometiera la falsedad que fuera declarada en su oportunidad por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Cali\u201d (folio 18 cuaderno de la Corte). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el recurrente que hubo error de hecho al dejar de ver las pruebas legalmente producidas por el Juzgado, las que har\u00edan expl\u00edcita la responsabilidad de la demandada por otorgar el cr\u00e9dito con omisi\u00f3n de sus controles internos y a una persona que reci\u00e9n aparec\u00eda en los registros como usuaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
En el umbral del despacho del cargo ha de reprocharse su falta de verdad, pues no es cierto que en el acopio de la prueba de lo acontecido ante el juez penal se hayan violado las normas constitucionales y legales que denuncia la censura, es decir no aconteci\u00f3 el error que inspira la acusaci\u00f3n, que en verdad, y en caso de existir, ser\u00eda de derecho y no de hecho como arguye el casacionista. <\/p>\n
Como se recuerda, el cargo ata\u00f1e a que el demandado enga\u00f1\u00f3 al Tribunal, cuando logr\u00f3 que este decretara pruebas en segunda instancia, consistentes en obtener las copias del proceso penal, pues tal solicitud hab\u00eda sido negada en primera instancia y no se daban los supuestos del art\u00edculo 361 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali equivocadamente neg\u00f3 una solicitud de la demandada para que se trajeran las copias del proceso penal, con el criterio de que la prueba originalmente decretada en primera instancia ten\u00eda como destinatario a la Fiscal\u00eda y no al Juzgado Penal del Circuito que luego conoci\u00f3 del asunto, cuando en verdad la diferencia era irrelevante, pues se trata del mismo proceso penal en sus dos etapas. <\/p>\n
Seg\u00fan se aprecia, el Tribunal lejos de cometer el yerro que denuncia el casacionista, lo que hizo fue corregir el criterio equivocado del juzgado de primera instancia, este, erradamente entendi\u00f3 que el mismo requerimiento -copias- que se decret\u00f3 con destino a la Fiscal\u00eda, no pod\u00eda hacerse al Juzgado ante quien se formul\u00f3 la acusaci\u00f3n, pues tal cosa era tanto como decretar una nueva prueba no pedida oportunamente, lo que en verdad es un desatino. Entonces, no puede endilgarse error al Tribunal por disponer que se allegara la misma prueba que ya hab\u00eda sido decretada en primera instancia y que seg\u00fan su criterio, deb\u00eda formar parte del expediente, decisi\u00f3n que en su momento ning\u00fan reparo mereci\u00f3 al demandante que apenas ahora en casaci\u00f3n viene a inaugurar ese debate. <\/p>\n
Por otro lado, no obstante que el recurrente denunci\u00f3 error de hecho al dejar de apreciar otras pruebas allegadas legalmente en primera instancia, esa acusaci\u00f3n no recibi\u00f3 desarrollo ni demostraci\u00f3n, pues apenas se limit\u00f3 a reiterar que la copia de la c\u00e9dula del solicitante del pr\u00e9stamo era uno de los requisitos internos exigidos por \u201cCoomeva\u201d para la concesi\u00f3n del cr\u00e9dito y que como en los documentos no aparece esa copia, ello comprueba que la demandada no la pidi\u00f3. Sin otro aditamento, no se ve c\u00f3mo esa sola alegaci\u00f3n pudiera cambiar el sentido del fallo, especialmente si queda en pie el argumento medular del Tribunal: que el hecho determinante del da\u00f1o fue la obra de un tercero que cometi\u00f3 un il\u00edcito, con alguna colaboraci\u00f3n, inconsciente pero eficaz, de la propia parte demandante. <\/p>\n
S\u00edguese de lo argumentado que el cargo fracasa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 21 de marzo de 2001 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, decisi\u00f3n ep\u00edlogo del proceso ordinario promovido por Orfa Mar\u00eda P\u00e9rez de L\u00f3pez contra Cooperativa M\u00e9dica del Valle y de Profesionales de Colombia \u201cCoomeva\u201d. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte impugnante, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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