SC-087-2005 [1100131030331997-01091-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de mayo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente C-1100131030331997-01091-01 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los demandantes solicitan que se declare que los demandados son solidariamente responsables de los perjuicios que por abuso del derecho, maniobras fraudulentas y enga\u00f1os, les causaron con ocasi\u00f3n de un contrato de arrendamiento de un inmueble, en las etapas precontractual, contractual y postcontractual, y de una promesa de negociaci\u00f3n del mismo bien, y que como consecuencia se condenen a pagar, principalmente, las sumas que determinan como da\u00f1o emergente, lucro cesante y mejoras (necesarias, \u00fatiles y locativas), o en subsidio, tales mejoras, as\u00ed como los supuestos c\u00e1nones de arrendamiento que hubieren recibido, todo con correcci\u00f3n monetaria e intereses moratorios. <\/p>\n
2.- Las pretensiones se fundamentan en los hechos que en lo pertinente se compendian: <\/p>\n
2.1.- Mediante aviso publicitario, la sociedad Inmobiliaria Fl\u00f3rez D\u00e1vila y Compa\u00f1\u00eda Limitada, mandataria y administradora de Vilma Zoraida Rico Castiblanco, a la saz\u00f3n propietaria del 50% del inmueble involucrado, lo ofreci\u00f3 en arrendamiento con dos l\u00edneas telef\u00f3nicas y una cocina integral. <\/p>\n
2.2.- Interesados en la \u201coferta o policitaci\u00f3n\u201d, el demandante Roa Sarmiento fue autorizado verbalmente por los demandados, para realizar las \u201cmejoras necesarias, \u00fatiles y locativas\u201d, con cargo de restituir su valor, fij\u00e1ndose para el efecto el t\u00e9rmino de dos meses de gracia, toda vez que en el mismo la sociedad Comercializadora y Consignataria La Pulga y Compa\u00f1\u00eda Limitada, iba a desarrollar su objeto social. <\/p>\n
2.3.- Rechazada la sociedad demandante como arrendataria, el contrato lo suscribieron, en esa calidad, Roa Sarmiento y otros, el 12 de julio de 1993, para que fuera llenado por la firma demandada, como arrendadora, conforme a lo acordado, espec\u00edficamente que el inmueble se entregaba con las dos l\u00edneas telef\u00f3nicas y la cocina integral, y que los demandados hab\u00edan autorizado realizar las mejoras con cargo de restituir su valor, pero nada de eso se consign\u00f3 ni se cumpli\u00f3. <\/p>\n
2.4.- La se\u00f1ora Vilma Zoraida Rico Castiblanco, a finales de julio de 1993, ofreci\u00f3 en venta a Roa Sarmiento el 50% del derecho de dominio que ten\u00eda sobre el inmueble, lleg\u00e1ndose a \u201cun acuerdo verbal para celebrar un contrato de promesa de compraventa\u201d, pero llegado el d\u00eda para firmar dicha promesa, la copropietaria se retract\u00f3. <\/p>\n
2.5.- Frente al incumplimiento de la entrega del inmueble arrendado con las dos l\u00edneas telef\u00f3nicas y la cocina integral, las partes de mutuo acuerdo terminaron el contrato de arrendamiento. Como los demandados negaron el pago de las mejoras, Roa Sarmiento se vio compelido a ejercitar el derecho de retenci\u00f3n. <\/p>\n
2.6.- La sociedad demandada, entonces, promovi\u00f3, en 1994, un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, el cual termin\u00f3 con sentencia favorable. Pese a que en el mismo se acreditaron las circunstancias precedentemente narradas, incluyendo al valor de las mejoras, el juez del conocimiento neg\u00f3 toda pretensi\u00f3n de los arrendatarios, propiciando un enriquecimiento il\u00edcito. <\/p>\n
3.- El Juzgado 33 Civil del Circuito de esta ciudad, mediante sentencia de 25 de enero de 2001, desestim\u00f3 las pretensiones, por falta de legitimaci\u00f3n en causa por activa, toda vez que la sociedad demandante no hab\u00eda suscrito el contrato de arrendamiento en calidad de arrendataria. Decisi\u00f3n que el superior confirm\u00f3 en el fallo recurrido en casaci\u00f3n, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la parte actora. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- Con relaci\u00f3n al contrato de arrendamiento entre la Inmobiliaria Fl\u00f3rez D\u00e1vila y Compa\u00f1\u00eda Limitada, como arrendadora, y Jos\u00e9 Guillermo Roa Sarmiento, como arrendatario, el Tribunal identific\u00f3 que los demandantes hab\u00edan implorado la responsabilidad civil al \u201camparo del abuso del derecho\u201d. <\/p>\n
2.- En ese marco, el sentenciador consider\u00f3 que la \u00fanica hip\u00f3tesis respecto de la cual podr\u00eda predicarse esa clase de responsabilidad, \u201cser\u00eda aquella fundamentada en un presunto abuso del derecho de litigar\u201d, concretado en la actuado en el proceso de restituci\u00f3n, porque respecto de la conducta de las partes en la etapa precontractual, \u201cel principio del abuso del derecho nada tiene que decir, pues all\u00ed lo que est\u00e1 en juego es la buena fe\u201d, y porque ese mismo principio no tiene aplicaci\u00f3n trat\u00e1ndose de la responsabilidad contractual. <\/p>\n
Clarificado lo anterior, el Tribunal descart\u00f3 el abuso del derecho de litigar, porque en ninguna parte se advert\u00eda que la \u201ciniciaci\u00f3n y adelantamiento del proceso abreviado\u201d, hubiere \u201ctenido como designio el de perjudicar los intereses de los aqu\u00ed demandantes\u201d. Simplemente la sociedad arrendadora \u201cejerci\u00f3 su derecho de acci\u00f3n por una de las v\u00edas que le confiere la ley adjetiva -proceso abreviado-,con el fin de obtener la restituci\u00f3n del inmueble dado a t\u00edtulo de arrendamiento por mora en el pago de los c\u00e1nones comprendidos entre octubre de 1993 y julio de 1994\u201d. <\/p>\n
Por lo anterior, el Tribunal concluy\u00f3 que las pretensiones principales estaban condenadas inexorablemente al fracaso, porque no exist\u00eda proceder ileg\u00edtimo ni exceso o anormalidad en la conducta de la Inmobiliaria Fl\u00f3rez D\u00e1vila y Compa\u00f1\u00eda Limitada. Adem\u00e1s, la Comercializadora y Consignataria La Pulga y Compa\u00f1\u00eda Limitada, as\u00ed como Vilma Zoraida Rico Castiblanco, \u201cno contaban con legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, pues ni fueron parte en la relaci\u00f3n contractual, ni intervinieron en el proceso abreviado ventilado en el Juzgado Trece Civil del Circuito de esta ciudad\u201d. <\/p>\n
3.- Al vislumbrar, no obstante, que en las pretensiones principales se plante\u00f3 la responsabilidad civil precontractual por vulneraci\u00f3n del principio de la buena fe, el Tribunal concluy\u00f3 que \u201chabi\u00e9ndose celebrado el contrato de arrendamiento\u201d, aquella etapa hab\u00eda quedado \u201cclausurada, y con ello se cerr\u00f3 el camino para reclamar perjuicios\u201d. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, olvida el demandante, que las ofertas de bienes o servicios dirigidas a personas indeterminadas no son obligatorias para el que las hace. Por ello, el hecho de haberse ofrecido un inmueble en arrendamiento con cocina integral y dos l\u00edneas telef\u00f3nicas, no implicaba que indefectiblemente el contrato tuviera que suscribirse bajo dichos presupuestos, m\u00e1xime cuando la etapa precontractual lleva \u00ednsita la negociaci\u00f3n de cada una de las cl\u00e1usulas que puede contener el acto jur\u00eddico\u201d. <\/p>\n
4.- Centrado en las pretensiones subsidiarias, fincadas en el enriquecimiento il\u00edcito \u201cpor virtud de las mejoras realizadas en el inmueble\u201d, el Tribunal dej\u00f3 sentado que ninguna duda exist\u00eda acerca de su ejecuci\u00f3n y que el interrogante surg\u00eda \u201cen torno a su autorizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Con referencia a la cl\u00e1usula que prohib\u00eda las mejoras \u201csin permiso escrito del arrendador\u201d, salvo las reparaciones locativas, so pena de que acceder\u00edan al inmueble \u201csin indemnizaci\u00f3n para quien las efectu\u00f3\u201d, el Tribunal concluy\u00f3 que como no se aport\u00f3 el \u201cescrito\u201d en cuesti\u00f3n, \u00fanico medio id\u00f3neo para acreditar la referida autorizaci\u00f3n, \u201calusiones a pactos verbales anteriores, o lleno abusivo del documento\u201d, quedaban descartadas, m\u00e1xime cuando seg\u00fan la tipograf\u00eda del contrato \u201cno daba para que alguno de los contratantes la completara\u201d. <\/p>\n
En ese sentido, intrascendente resultaba el indicio contra los demandados por no haber contestado la demanda e inanes las declaraciones recibidas. La sanci\u00f3n procesal por la inasistencia a la audiencia de conciliaci\u00f3n, \u201cfue descartada por el juzgado en auto de 2 de diciembre de 1998, el cual no fue censurado por las partes\u201d. <\/p>\n
Sobre el pacto de mejoras dentro de una promesa de contrato celebrada entre Vilma Zoraida Rico Castiblanco y Jos\u00e9 Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, el Tribunal igualmente la descart\u00f3, \u201cpues del acto jur\u00eddico que se invoca no se aport\u00f3 prueba id\u00f3nea, seg\u00fan las reglas del art\u00edculo 1611del C\u00f3digo Civil, es decir, escrito\u201d. <\/p>\n
5.- Por las razones dichas, el Tribunal confirm\u00f3 la sentencia apelada. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
Los dos cargos formulados la Corte los resolver\u00e1 inversamente a como fueron propuestos, porque el \u00faltimo acusa un error de procedimiento. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en el art\u00edculo 368, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se denuncia la sentencia por inconsonancia objetiva, toda vez que el Tribunal resolvi\u00f3 las pretensiones de la sociedad demandante y omiti\u00f3 pronunciarse sobre las que impetr\u00f3 Jos\u00e9 Guillermo Tadeo Roa Sarmiento. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El principio de congruencia de los fallos judiciales, consagrado positivamente en el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, delimita el \u00e1mbito dentro del cual el juzgador ejercita su poder decisorio. <\/p>\n
Conforme al anotado principio, en lo que interesa al caso, las decisiones que se tomen en la sentencia deben guardar absoluta correspondencia con las pretensiones aducidas en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que el citado c\u00f3digo contempla, sin perjuicio, claro est\u00e1, de las facultades oficiosas que normas especiales atribuyen al sentenciador, a las cuales igualmente debe ce\u00f1irse al momento de ejercer las atribuciones propias de esa funci\u00f3n. <\/p>\n
Desde luego que si el juzgador se desentiende de las anteriores directrices, incurre en un error de actividad, porque vulnera una norma que lo compele a asumir determinado comportamiento al momento de definir el pleito. Acontece lo propio, con relaci\u00f3n a la incongruencia objetiva, cuando peca por exceso o por defecto, en este \u00faltimo caso, al omitir resolver en todo o en parte lo pedido. <\/p>\n
2.- Seg\u00fan el recurrente, el Tribunal, al confirmar la sentencia desestimatoria del juzgado, neg\u00f3 las pretensiones de la sociedad Comercializadora y Consignataria La Pulga y Compa\u00f1\u00eda Limitada, pero omiti\u00f3 pronunciarse sobre los pedimentos del codemandante Jos\u00e9 Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, incurriendo, por defecto, en el error anotado. <\/p>\n
Con independencia de que se haya invocado como causa para demandar el \u201cabuso del derecho de litigar\u201d, cuesti\u00f3n que precisamente se controvierte en el cargo segundo, si bien el juzgado neg\u00f3 las pretensiones \u00fanicamente por ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa de la persona jur\u00eddica demandante, sin hacer alusi\u00f3n alguna al otro demandante, esto no significa que al confirmar la sentencia de primera instancia, el Tribunal haya fundado la absoluci\u00f3n, exclusivamente, en el mismo argumento. <\/p>\n
Centrado en el an\u00e1lisis de las pretensiones principales, el Tribunal descart\u00f3 la responsabilidad demandada derivada del abuso del derecho de litigar, porque aparte de que el proceder del arrendador era leg\u00edtimo, el proceso abreviado no hab\u00eda \u201ctenido como designio el de perjudicar los intereses de los aqu\u00ed demandantes\u201d. En consecuencia, al se\u00f1alar esa parte en plural no s\u00f3lo estaba involucrando a la sociedad Comercializadora y Consignataria La Pulga y Compa\u00f1\u00eda Limitada, sino tambi\u00e9n al demandante Jos\u00e9 Guillermo Tadeo Roa Sarmiento. <\/p>\n
La misma conclusi\u00f3n cabe predicarse del an\u00e1lisis que, respecto de las tambi\u00e9n pretensiones principales, el Tribunal hizo de la \u201cresponsabilidad civil precontractual, por vulneraci\u00f3n al principio de la buena fe\u201d. Al indicar que el contrato de arrendamiento se materializ\u00f3 y que por esto quedaba clausurado el \u201ccamino para reclamar perjuicios\u201d, el sentenciador indudablemente se estaba refiriendo a la persona natural demandante, porque como lo indic\u00f3, la sociedad anteriormente citada no hab\u00eda suscrito el contrato en calidad de arrendataria. <\/p>\n
Las pretensiones subsidiarias igualmente fueron despachadas adversamente a Jos\u00e9 Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, porque si \u00e9ste, entre otros, era quien hab\u00eda fungido como arrendatario, el Tribunal, para negar las mejoras, necesariamente tuvo que fundamentar la decisi\u00f3n en el contrato de arrendamiento, concretamente en la cl\u00e1usula que las prohib\u00eda, salvo autorizaci\u00f3n escrita del arrendador, requisito que precisamente ech\u00f3 de menos para reconocerlas. <\/p>\n
As\u00ed mismo, al descartar el nuevo pacto de mejoras dentro de la promesa de contrato de compraventa celebrada entre la copropietaria del inmueble y \u201cJOSE GUILLERMO T. ROA SARMIENTO\u201d, porque \u201cdel acto jur\u00eddico que se invoca no se aport\u00f3 prueba id\u00f3nea , seg\u00fan las reglas del art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil, es decir, el escrito\u201d. <\/p>\n
4.- Por lo tanto, como el Tribunal s\u00ed se pronunci\u00f3 negativamente, sobre las pretensiones de la persona natural demandante, el vicio de incongruencia objetiva se descarta por completo. Como lo tiene explicado la Corte, distinto de no decidir un extremo de la litis es resolverlo desfavorablemente al peticionario, en el \u201cprimer supuesto el fallo ser\u00eda incongruente y, en consecuencia, atacable en casaci\u00f3n con base en la causal segunda; en el segundo no, puesto que la sentencia desfavorable implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensi\u00f3n de la parte, que s\u00f3lo podr\u00eda ser impugnada a trav\u00e9s de la causal primera, si ella viola directa o indirectamente la ley sustancial\u201d (sentencia No. 107 de 8 de junio de 2001, reiterando doctrina anterior). <\/p>\n
5.- El cargo, en consecuencia, no se abre paso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Denuncia la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 153 de 1887, 1603, 1611, 1887, 1985, 1986, 1990 y 1993 del C\u00f3digo Civil, 822, 830, 831, 845, 846, 853, 863 y 871 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda y de las pruebas que se singularizan. <\/p>\n
2.- En lo esencial, manifiesta el recurrente que, con relaci\u00f3n a la demanda, el Tribunal dej\u00f3 sentado, sin estarlo, que la responsabilidad de los demandados se hab\u00eda derivado del \u201cpresunto abuso del derecho de litigar\u201d, concretamente de lo actuado en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado adelantado en el Juzgado 13 Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Situaci\u00f3n que no es exacta porque las pretensiones se fundamentaron en el \u201cabuso del derecho\u201d, derivado del \u201cenga\u00f1o\u201d, la \u201cmala fe\u201d y el \u201cdolo\u201d de los demandados, al anunciar en el aviso publicitario que el inmueble a arrendar contaba con dos l\u00edneas telef\u00f3nicas, lo cual \u201cresult\u00f3 no ser cierto\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en el \u201cenriquecimiento il\u00edcito\u201d, proveniente del \u201cactuar da\u00f1oso y de mala fe\u201d de la parte demandada, pues al romper \u00e9sta injustificadamente los pactos en virtud de los cuales se autorizaron las mejoras, autorizaci\u00f3n que entre otras cosas no requer\u00eda de prueba solemne, finalmente termin\u00f3 apropi\u00e1ndose de las mismas. Como consecuencia, el Tribunal no apreci\u00f3 los testimonios de V\u00edctor Manuel Colorado, Eduardo Fortuna G\u00f3mez, Josefa Fernanda Heredia Su\u00e1rez, Oscar Bechara Cabrera, Luis Gabriel Lovera Gonz\u00e1lez y Roberto Tovar, a quienes un empleado de la sociedad demandada les manifest\u00f3 que las \u201cmejoras s\u00ed hab\u00edan sido autorizadas\u201d. Igualmente, el dictamen pericial y la inspecci\u00f3n judicial, medios con los cuales se acreditaba que las mejoras eran necesarias o indispensables por la vetustez del inmueble y por los materiales con los que estaba construido, raz\u00f3n por la cual era obligado su reconocimiento. <\/p>\n
De otra parte, el Tribunal supuso que el aviso publicitario sobre el arrendamiento conten\u00eda una oferta comercial, cuando en el mismo no se indicaban los requisitos esenciales del respectivo contrato, am\u00e9n de que estaba dirigido al p\u00fablico en general, por lo que \u00fanicamente pod\u00eda ten\u00e9rsele como policitaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Concluye el recurrente, con cita de precedentes sobre la responsabilidad precontractual, que anunciar en arrendamiento un inmueble con servicios que no tiene, seg\u00fan qued\u00f3 demostrado, indudablemente constituye un acto de \u201cmala fe, dolo y abuso del derecho\u201d que debe ser resarcido, precisamente a ra\u00edz de la defraudaci\u00f3n de la confianza de la contraparte, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 863 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como se encuentra demostrado que los demandados obtuvieron la restituci\u00f3n material del inmueble sin que el demandante hubiere recibido el valor de las mejoras autorizadas por aqu\u00e9llos ni el costo de las reparaciones no locativas, imperativos de justicia impiden que los patrimonios se incrementen a costa del empobrecimiento injustificado de otros. Por esto, el due\u00f1o de un inmueble cuyo valor se ha acrecentado en virtud de las mejoras realizadas por un tercero, como acaece en el caso, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de abonarlas. <\/p>\n
4.- Solicita el recurrente que se case la sentencia del Tribunal y se acceda a las pretensiones invocadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Con relaci\u00f3n a lo que rode\u00f3 el contrato de arrendamiento, el Tribunal identific\u00f3 que los demandantes hab\u00edan fundamentado las pretensiones principales en el principio del abuso del derecho, no solamente antes de suscribirse, sino tambi\u00e9n en su desarrollo y despu\u00e9s de haberse terminado. <\/p>\n
Concretamente, en el \u201cprimer estadio se invoca la mala fe de las demandadas, al ofrecer un inmueble con los servicios de cocina integral y doble l\u00ednea telef\u00f3nica, empero sin contarse verdaderamente con ellos; en el segundo, la suscripci\u00f3n del contrato con espacios en blanco que fueron llenados contrariando lo acordado en relaci\u00f3n a los precitados servicios y a la autorizaci\u00f3n sobre mejoras; y en el tercero, la tramitaci\u00f3n de un proceso ejecutivo (sic.) sin contar con que el contrato hab\u00eda sido terminado por las partes mediante la figura del desistimiento\u201d. <\/p>\n
2.- Al resolver sobre el particular, el Tribunal encontr\u00f3 que la \u00fanica hip\u00f3tesis respecto de la cual se podr\u00eda predicar responsabilidad por abuso del derecho, \u201cser\u00eda aquella fundamentada en el abuso del derecho de litigar\u201d, concretado en lo actuado en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado adelantado en el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1, porque por las razones que adujo el abuso del derecho no era predicable en las etapas precontractual y contracual. <\/p>\n
En ese contexto, con independencia de que el Tribunal se haya equivocado al apreciar la demanda, bien por imaginar hechos que no se adujeron (incongruencia f\u00e1ctica), ya por tergiversar los que evidentemente fueron expuestos (error de hecho), salta de bulto que el ataque en el punto resulta inapropiado o desenfocado, porque la desestimaci\u00f3n de las pretensiones no tuvo como causa exclusiva la inexistencia del abuso del derecho de litigar, y porque esto no fue \u00f3bice para que el sentenciador se pronunciara sobre las otras cuestiones propuestas y concluyera que suscrito el contrato ofrecido se cerraba toda posibilidad para reclamar los perjuicios causados con anterioridad, y que como las mejoras no fueron autorizadas mediante escrito, exist\u00eda una causa para el incremento patrimonial de una de las demandadas. <\/p>\n
3.- Siendo suficiente lo anterior para que los errores que se predican de la apreciaci\u00f3n de la demanda no se abran paso, el recurrente, entonces, debi\u00f3 aplicarse a poner de presente, por el cauce que correspondiera, que las dem\u00e1s conclusiones que se derivaron de los hechos que efectivamente fueron propuestos como causa de las pretensiones, son equivocadas. <\/p>\n
3.1.- Respecto del anuncio publicitario sobre que el inmueble ofrecido en arrendamiento contaba con dos l\u00edneas telef\u00f3nicas, entre otros servicios, el recurrente, en s\u00edntesis, se limit\u00f3 a afirmar que como esto \u201cresult\u00f3 no ser cierto\u201d, el hecho se constituy\u00f3 por s\u00ed en \u201cenga\u00f1o, mala fe y dolo\u201d, todo lo cual deb\u00eda ser indemnizado. <\/p>\n
Desde luego que lo anterior result\u00f3 incidental en la decisi\u00f3n, pues as\u00ed hubiere sido cierto que los demandados defraudaron la confianza de los demandantes, de todas formas el Tribunal descart\u00f3 la responsabilidad en la etapa precontractual, ll\u00e1mese oferta comercial o policitaci\u00f3n, porque en esa etapa el abuso del derecho nada ten\u00eda que decir, inclusive en el caso de analizarse esa responsabilidad desde la \u00f3ptica de la vulneraci\u00f3n del principio de la buena fe, porque en este \u00faltimo evento \u201csi por las aqu\u00ed demandadas se efectu\u00f3 una oferta de arrendamiento en un peri\u00f3dico de amplia circulaci\u00f3n y con soporte en ella se celebr\u00f3 contrato de arrendamiento el 12 de julio de 1996, la etapa precontractual qued\u00f3 clausurada, y con ello se cerr\u00f3 el camino para reclamar perjuicios\u201d. <\/p>\n
Por lo tanto, como en el cargo no se encar\u00f3 lo relativo a que al suscribirse el contrato de arrendamiento quedaba clausurado el camino para reclamar los perjuicios que se causaron en la etapa precontractual, por violaci\u00f3n del principio de la buena fe, como tampoco que en esa etapa el abuso del derecho nada ten\u00eda que decir, la acusaci\u00f3n en ese sentido cae al vac\u00edo, raz\u00f3n por la cual no puede prosperar. Obs\u00e9rvese, en efecto, como el recurrente se limit\u00f3 a sostener que la responsabilidad era procedente en los casos en que el contrato proyectado se frustra, que es a lo que se refiere la jurisprudencia que cita, y no cuando el contrato se materializa, como en el caso, que es algo totalmente diferente. <\/p>\n
Por supuesto que con independencia del acierto del Tribunal, que se presume porque as\u00ed ingresa la sentencia a la casaci\u00f3n, no hay lugar a investigar de oficio el hecho, porque el car\u00e1cter estricto y dispositivo del recurso veda a la Corte hacerlo. Sobre el particular suficientemente se ha reiterado que como en el recurso de casaci\u00f3n la \u201cCorte se encuentra desprovista de la amplia competencia atribuida a los juzgadores de segundo grado\u201d, su competencia tiene que \u201cce\u00f1irse ajustadamente al derrotero que le indique el recurrente, est\u00e1ndole vedado rebasarlo por su propia iniciativa\u00bb (sentencia No. 244 de 13 de diciembre de 2001). <\/p>\n
3.2.- En cuanto al enriquecimiento sin causa por haberse negado el pago de las mejoras prohibidas, cabe se\u00f1alar que el Tribunal arrib\u00f3 a esa decisi\u00f3n por no encontrar en el proceso la prueba \u201cid\u00f3nea\u201d sobre que hab\u00edan sido autorizadas por los demandados, es decir, el \u201cescrito\u201d mencionado en el contrato de arrendamiento o el \u201cescrito\u201d que contuviera la promesa de compraventa celebrada entre las personas naturales demandante y demandada, entendiendo en este \u00faltimo caso que el sentenciador tuvo por materializada la promesa, sin que en ninguna parte del cargo se haya reclamado sobre el particular. <\/p>\n
Ahora, si en la sentencia se concluy\u00f3 que las \u00fanicas pruebas id\u00f3neas para acreditar que las mejoras prohibidas fueron autorizadas por los demandados, eran los escritos a que se hizo menci\u00f3n, es claro que en manera alguna el Tribunal pudo omitir apreciar los medios que al respecto se singularizan en el cargo. Lo que pasa es que al exigir como conducente a ese prop\u00f3sito la prueba documental, no otra cosa estaba significando que los dem\u00e1s elementos de convicci\u00f3n recaudados se consideraban ineficaces para demostrar el hecho. <\/p>\n
De ah\u00ed que ante la inexistencia de la prueba documental, el Tribunal tambi\u00e9n concluy\u00f3 que \u201calusiones a pactos verbales anteriores, o lleno abusivo del documento, quedar\u00edan descartadas\u201d. Por lo mismo, intrascendentes los indicios contra los demandados e inanes las declaraciones recibidas. <\/p>\n
El error, entonces, ser\u00eda de derecho y no de hecho como se denuncia, porque concierne con la idoneidad o conducencia de las pruebas. Aunque en un pasaje del cargo se afirma que la autorizaci\u00f3n de la mejoras \u201cno requiere de solemnidad alguna\u201d, esto no es suficiente para estudiar el error de derecho, porque en el recurrente omiti\u00f3 indicar las normas probatorias transgredidas y explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n, como lo exige el art\u00edculo 374, in fine, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, para la idoneidad formal de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
3.3.- Con relaci\u00f3n a que el Tribunal no tuvo en cuenta las pruebas que acreditaban que las mejoras efectuadas eran indispensables por la vetustez del inmueble y por los materiales con los que estaba construido (dictamen pericial e inspecci\u00f3n judicial), lo que impone que deben ser pagadas, pues no requieren autorizaci\u00f3n, tal como lo establece el art\u00edculo 1993 del C\u00f3digo Civil, pertinente resulta observar que el tema resulta totalmente novedoso en casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, como el debate en el punto gir\u00f3 en torno a que las mejoras hab\u00edan sido permitidas, esto significa que se trataba de las prohibidas, vale decir, de las que no pod\u00edan realizarse sin la previa autorizaci\u00f3n de los demandados. En cambio lo que propone este segmento del cargo, es el pago de algo totalmente diferente, como es el \u201ccosto de las reparaciones no locativas\u201d, cuya procedencia, seg\u00fan la disposici\u00f3n citada, quedaba sujeta a que el \u201carrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa, y que haya dado noticia al arrendador lo m\u00e1s pronto posible, para que las hiciese por su cuenta\u201d. <\/p>\n
Por lo tanto, como las mejoras del proceso son las que permitir\u00edan el uso del inmueble, pues all\u00ed la sociedad demandante iba a desarrollar su objeto social, las cuales inclusive pod\u00edan ser retiradas por quien las instal\u00f3, como se afirma en el hecho 17 de la demanda, la Corte se encuentra igualmente relevada de hacer un pronunciamiento sobre el \u201ccosto de las reparaciones no locativas\u201d, so pena de desconocer caros principios como el de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Si el recurso de casaci\u00f3n, tiene explicado la Corte, \u201cva dirigido contra el fallo, en cuanto ha desatado una controversia teniendo en cuenta los elementos aducidos y los hechos invocados en ella y no elementos ni hechos ajenos al litigio, y por lo tanto desconocidos del juez\u00bb, de ocurrir esto \u00faltimo implicar\u00eda \u201cuna lucha desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del Tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder (…) hechos y planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u201d (LXXXIII-76). <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 28 de mayo de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de Jos\u00e9 Guillermo Tadeo Roa Sarmiento y Comercializadora y Consignataria La Pulga y Compa\u00f1\u00eda Limitada contra Inmobiliaria Fl\u00f3rez D\u00e1vila y Compa\u00f1\u00eda Limitada, y Vilma Zoraida Rico Castiblanco. <\/p>\n
Las costas del recurso corren a cargo de los demandantes recurrentes. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-087-2005 [1100131030331997-01091-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de mayo de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente C-1100131030331997-01091-01 ANTECEDENTES 1.- Los demandantes solicitan que se declare que los demandados son solidariamente responsables de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82937","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82937","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82937"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82937\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82937"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82937"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82937"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}