SC-089-2005 [7495]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad \u201cSERVICIO AEREO DE SANTANDER LTDA. S.A.S.\u201d, ahora empresa unipersonal, contra la sentencia que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, profiri\u00f3 el 13 de noviembre de 1998, al desatar la apelaci\u00f3n de la dictada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, en el proceso ordinario adelantado por la recurrente contra \u201cLA NACIONAL COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A\u201d. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante demanda presentada el 22 de febrero de 1993, pidi\u00f3 la actora que se declarara que tiene derecho a percibir de la mencionada aseguradora el pago de TRES MILLONES DE DOLARES por la p\u00e9rdida del avi\u00f3n HK 3364 de su propiedad, que se hallaba amparado por la p\u00f3liza de seguro de aviaci\u00f3n 19 000 912; que acredit\u00f3 el acaecimiento y cuant\u00eda del siniestro, conforme al art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio; que son absurdas e infundadas las objeciones hechas por la demandada, quien incurri\u00f3 en la conducta prohibida por el art\u00edculo 79 de la ley 45 de 1990, pues dilat\u00f3 el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. <\/p>\n
Subsecuentemente, impetr\u00f3 condena al pago de la cantidad de d\u00f3lares ya expresada, junto con los intereses comerciales moratorios vigentes en la fecha de la soluci\u00f3n de la deuda, liquidados a partir del 6 de noviembre de 1992, y que se revocara la autorizaci\u00f3n conferida por la Superintendencia Bancaria a la demandada para operar en el ramo de seguros de aviaci\u00f3n, a causa de la se\u00f1alada infracci\u00f3n. <\/p>\n
2. Como fundamento de esas pretensiones, afirm\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente: <\/p>\n
El 24 de octubre de 1990, ajust\u00f3 con la demandada el contrato de seguro, del que da cuenta la p\u00f3liza 19-000.912, para amparar tres aviones suyos, entre ellos el distinguido con la matr\u00edcula HK 3364, contra los riesgos de casco, casco de guerra \u201cy otros descritos en los anexos de la p\u00f3liza\u201d, por valores \u201cacordados, convenidos o tasados expresamente\u201d, que en el caso de la rese\u00f1ada aeronave fue de TRES MILLONES DE DOLARES, contra el pago de una prima de U$ 122.187.50 que cancel\u00f3 en el lapso que corri\u00f3 del 25 de octubre de 1990 al 24 de octubre de 1991. <\/p>\n
Estando en conversaciones previas a una intentada negociaci\u00f3n de la aeronave con DIEGO RENGIFO y OLIMPO GARCIA, y cuando \u00e9stos efectuaban pruebas de vuelo, el avi\u00f3n sufri\u00f3 un desperfecto mec\u00e1nico en una maniobra de aterrizaje realizada en el aeropuerto de Cali el 24 de abril de 1991, lo que, de acuerdo con el Manual de Reglamentos Aeron\u00e1uticos, fue determinante para que la aeronave quedara inmovilizada y bajo custodia de la autoridad aeron\u00e1utica, \u201cdurante todo el tiempo indispensable para realizar la encuesta sobre las causas del incidente\u201d. <\/p>\n
Al saber de dicho percance, los se\u00f1ores Rengifo y Garc\u00eda se responsabilizaron de los costos de reparaci\u00f3n del avi\u00f3n y se obligaron a pagar a su propietaria el lucro cesante por el tiempo en que la nave permaneciera inmovilizada por orden de la Aeron\u00e1utica Civil o por aqu\u00e9l que demandara su reparaci\u00f3n. Por tal concepto, los mencionados pagaron a SAS $70\u2019000.000.oo, a raz\u00f3n de diez millones mensuales, seg\u00fan se acredit\u00f3 ante la aseguradora, en su momento. <\/p>\n
El 11 de mayo de 1992, el gerente de la sociedad accionante personalmente constat\u00f3 que el artefacto no se encontraba en el se\u00f1alado lugar y obtuvo informaci\u00f3n seg\u00fan la cual hab\u00eda sido hurtado o robado desde el mes de agosto de 1991. <\/p>\n
La prenotada circunstancia lo llev\u00f3 a instaurar denuncia penal, y a formular el reclamo de la indemnizaci\u00f3n a la aseguradora, con el lleno de los requisitos legales y convencionales, gesti\u00f3n infructuosa, puesto que la demandada replic\u00f3 con el planteamiento de objeciones, que hizo consistir en la omisi\u00f3n de entrega de los libros del avi\u00f3n y los certificados de mantenimiento; falta de demostraci\u00f3n del car\u00e1cter accidental de la p\u00e9rdida de la nave a\u00e9rea; atribuci\u00f3n al asegurado de desconocimiento relativo a la radicaci\u00f3n de la responsabilidad de la p\u00e9rdida en cabeza suya o de Rengifo y Garc\u00eda; imputaci\u00f3n de incumplimiento por parte del asegurado de las obligaciones a su cargo estipuladas en el literal D-3, secci\u00f3n I, y numerales 2 y 4, aparte B, secci\u00f3n IV, de la p\u00f3liza de seguro y, por \u00faltimo, no demostraci\u00f3n de la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, las que el actor tild\u00f3 de infundadas, e interpret\u00f3 como un recurso empleado por la aseguradora para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones. <\/p>\n
3. La accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de m\u00e9rito, que denomin\u00f3 \u201cFalta de legitimaci\u00f3n en causa \u2013 Inexistencia del siniestro\u201d, \u201cFalta de prueba del siniestro y de su cuant\u00eda\u201d, \u201cFalta de prueba de la accidentalidad de la p\u00e9rdida\u201d, \u201cFalta de debido cumplimiento – Culpa grave\u201d, \u201dFalta de documentaci\u00f3n\u201d, \u201cModificaci\u00f3n del riesgo\u201d, \u201cIncumplimiento de procedimientos para reclamos\u201d y \u201cPor riesgo no amparado\u201d, medio de defensa este que apoy\u00f3 argumentando que \u201cla p\u00f3liza de seguros que se comenta describe con toda claridad cu\u00e1les son los riesgos amparados, todos los cuales, de conformidad con la naturaleza misma del contrato, son de car\u00e1cter aeron\u00e1utico.- La p\u00f3liza de seguros de aviaci\u00f3n no ampara riesgos derivados del robo o hurto, situaciones \u00e9stas que, para ser invocadas, deber\u00edan de haber sido materia de protecci\u00f3n especial en la p\u00f3liza respectiva.- Contra robo o hurto existen amparos y muy claros en la legislaci\u00f3n y en los contratos\u201d. <\/p>\n
4. La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia estimatoria de las pretensiones, decisi\u00f3n que el Tribunal revoc\u00f3 \u00edntegramente al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por la demandada. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Resuelto lo concerniente con la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, se detuvo la Sala en el aspecto atinente a la determinaci\u00f3n de los riesgos contractualmente amparados, con la advertencia de que, por ser un punto en el que hab\u00eda \u201cradical discrepancia interpretativa sobre los alcances de las condiciones generales y particulares del contrato de seguro fuente de las obligaciones contraidas por las partes\u201d, se impon\u00eda escudri\u00f1ar el sentido real de las distintas estipulaciones. <\/p>\n
1.1 Guiado por breves consideraciones de tipo general en relaci\u00f3n con las reglas legales de interpretaci\u00f3n particularmente aplicadas al contrato de seguro, seguidamente hizo menci\u00f3n al contenido de la p\u00f3liza 912 y sus anexos, que refieren los t\u00e9rminos del ajustado entre las partes contendientes en esta litis, y espec\u00edficamente a los textos del ordinal a), del ac\u00e1pite de cobertura, correspondiente a la secci\u00f3n I de aqu\u00e9lla, que reprodujo, y al del anexo denominado \u201cCl\u00e1usula de reinclusi\u00f3n de riesgos de guerra, secuestro y otros peligros\u201d, a la que le dio el alcance de modificaci\u00f3n parcial de algunas exclusiones generales, por haberse acordado el cubrimiento de los \u201creclamos\u201d en ella enlistados. <\/p>\n
1.2 En ese orden de ideas, parti\u00f3 de la premisa seg\u00fan la cual la aseguradora asumi\u00f3 el compromiso de \u201cpagar todos los reclamos\u201d que fuesen provenientes de \u201c…secuestro o cualquier toma de posesi\u00f3n ilegal, o indebida, toma de control de la aeronave o la tripulaci\u00f3n durante el vuelo, incluyendo cualquier tentativa de tales formas de control por parte de cualquier o cualesquiera personas que se encuentren a bordo de la aeronave y act\u00faen sin el consentimiento del asegurado (punto V)\u201d (subrayas tomadas del texto), estipulaci\u00f3n que escogi\u00f3 como punto de referencia para establecer si con toda precisi\u00f3n pod\u00eda encuadrarse dentro de sus previsiones el hecho s\u00e9ptimo de la demanda, en el que se afirm\u00f3 la p\u00e9rdida de la aeronave causada por hurto o robo, teniendo en consideraci\u00f3n que en aqu\u00e9lla se contempl\u00f3 la toma de posesi\u00f3n ilegal o indebida, y en vista de la repulsa de la demandada a esa hip\u00f3tesis, exteriorizada inicialmente en las objeciones a la reclamaci\u00f3n y, posteriormente a trav\u00e9s del planteamiento de la excepci\u00f3n de riesgo no amparado. <\/p>\n
1.2.1 Con tal prop\u00f3sito, dijo que el contexto general de la p\u00f3liza de seguro, sin separar las diversas estipulaciones y haciendo de ellas interpretaci\u00f3n conjunta, llevaba a la firme conclusi\u00f3n de que \u201csi bien se incluy\u00f3 como riesgo asegurado la p\u00e9rdida o desaparici\u00f3n de la aeronave, lo fue para el evento que ocurriera en \u2018vuelo\u2019 \u201d. <\/p>\n
La anterior afirmaci\u00f3n la apoy\u00f3, de una parte, en la estimaci\u00f3n del texto de la cl\u00e1usula de cobertura por p\u00e9rdida o da\u00f1o incluida en las \u201ccondiciones generales\u201d, en la que se consigna que \u201c…la p\u00e9rdida accidental o el da\u00f1o a la aeronave…provenientes de los riesgos amparados, incluyendo la desaparici\u00f3n de la aeronave si no se encuentra despu\u00e9s de 60 d\u00edas de comienzo del vuelo\u201d, y de la otra, en lo que en igual sentido contiene la denominada \u201ccl\u00e1usula de reinclusi\u00f3n de riesgos de guerra, secuestro y otros peligros\u201d al hacer previsi\u00f3n acerca de los riesgos de \u201csecuestro o cualquier toma de posesi\u00f3n ilegal, o indebida, toma de control de la aeronave o la tripulaci\u00f3n durante el vuelo\u201d. <\/p>\n
1.2.2 Con el anotado soporte, a\u00f1adi\u00f3 que \u201csi de manera expresa e inequ\u00edvoca, el riesgo amparado se refiere a la p\u00e9rdida o desaparici\u00f3n de la aeronave siempre y cuando la misma ocurra en vuelo, no puede darse un entendimiento diferente a lo as\u00ed estipulado, por la sencilla raz\u00f3n que se quebrantar\u00eda el principio de individualizaci\u00f3n del riesgo, el cual es inexcusable que ac\u00e1 se concret\u00f3 bajo una literalidad que no ofrece motivo de duda, aspecto corroborado cuando dentro del mismo punto V de la mencionada condici\u00f3n particular se precis\u00f3 que \u2018cualquier tentativa de tales formas control por parte de cualquier o cualesquiera personas que se encuentran a bordo de la aeronave y act\u00faen sin el consentimiento del asegurado\u2019\u201d. <\/p>\n
Apunt\u00f3, a manera de resumen, y en forma textual, que \u201csi el seguro de aviaci\u00f3n tomado tiene unas muy particulares caracter\u00edsticas provenientes de la propia naturaleza de dicha actividad, y el riesgo amparado ha de entenderse como los acontecimientos da\u00f1osos que se generan como consecuencia de la aeronavegaci\u00f3n, las pretensiones ac\u00e1 demandadas est\u00e1n condenadas al fracaso, por cuanto la p\u00e9rdida o desaparici\u00f3n de la aeronave no fue producto de la actividad aeron\u00e1utica, sino de la aseverada \u2018desaparici\u00f3n misteriosa\u2019 de las instalaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Arag\u00f3n de la ciudad de Cali\u201d (fl. 141). <\/p>\n
2. Como complemento de sus consideraciones, el sentenciador acometi\u00f3 otras referentes a la ausencia de prueba de la ocurrencia del siniestro, que lo llevaron a concluir que en virtud de ellas, la decisi\u00f3n ser\u00eda igualmente desestimatoria de las pretensiones. <\/p>\n
2.1. Fue as\u00ed como luego de recordar la distribuci\u00f3n de las cargas probatorias prevista en el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, entre asegurador y asegurado, se detuvo en la consideraci\u00f3n de la resoluci\u00f3n interlocutoria 4-028 de la Unidad de Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, con fundamento en la cual predic\u00f3 el car\u00e1cter de hecho indiscutible la formulaci\u00f3n de denuncia penal por el hurto del avi\u00f3n, con el aditamento de que en este proceso no se pudo tener cabal conocimiento de los hechos denunciados, por no haberse allegado la copia del acta correspondiente . <\/p>\n
2.2 Resalt\u00f3 de ese prove\u00eddo la calificaci\u00f3n de \u201cestant\u00eda\u201d que el Fiscal hizo de la conducta observada por la sociedad accionante en relaci\u00f3n con la formulaci\u00f3n de la denuncia del punible y puso de relieve el aparte en el que el Fiscal complement\u00f3 sus reflexiones con la que se refiere al largo transcurso de nueve meses que medi\u00f3 entre el conocimiento del hecho y su denuncia, dentro del que se produjo la muerte de los se\u00f1ores Rengifo y Garc\u00eda, para destacar el desinter\u00e9s que durante todo ese lapso acompa\u00f1\u00f3 a la empresa a\u00e9rea afectada frente a la desaparici\u00f3n de un activo patrimonial valorado, en ese entonces, en tres millardos de pesos. <\/p>\n
2.3 Se ocup\u00f3 seguidamente del examen de la declaraci\u00f3n de parte rendida por el representante de la sociedad accionante, para destacar c\u00f3mo en ella el deponente fij\u00f3, a base de deducciones, el momento de ocurrencia de la p\u00e9rdida de la aeronave, lo que reput\u00f3 como motivo determinante de la confirmaci\u00f3n de la perplejidad que campea sobre esa materia. Tras reproducir los apartes pertinentes de esa declaraci\u00f3n, afirm\u00f3 la existencia de contradicci\u00f3n entre ellos y la aseveraci\u00f3n del hecho s\u00e9ptimo de la demanda, en el sentido de que en aqu\u00e9lla se da a entender que en agosto de 1991 se enter\u00f3 de la desaparici\u00f3n, al paso que en el segundo sit\u00faa ese hecho en el mes de mayo del a\u00f1o siguiente. <\/p>\n
2.4 Por \u00faltimo, estim\u00f3 como indicios que robustecieron el escepticismo del sentenciador acerca del momento y forma en que se produjo el siniestro, entre otros, los siguientes: la falta de prueba de los pagos que, seg\u00fan la demandante, le hicieron quienes intentaban negociar el avi\u00f3n al momento de su desperfecto mec\u00e1nico, mientras estaba inmovilizado; la conducta pasiva asumida por la sociedad recurrente frente a un bien de valor tan considerable, superior al del capital social, y el hecho de que la aeronave se hubiera vuelto a asegurar. <\/p>\n
Con base en todo ese an\u00e1lisis probatorio, apuntal\u00f3 el Tribunal su convicci\u00f3n acerca del incumplimiento de la carga de la prueba del siniestro por parte del demandante, para concluir que -en la hip\u00f3tesis anunciada al iniciarlo-, conduc\u00eda tambi\u00e9n a la desestimaci\u00f3n de sus pretensiones. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
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Dos cargos formul\u00f3 el recurrente contra la sentencia, con apoyo en las causales quinta y primera de casaci\u00f3n, los que despachar\u00e1 la Sala siguiendo el orden en que fueron propuestos, por concernir el primero a un yerro de procedimiento y el otro a uno de juzgamiento. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Afirm\u00f3 el censor que se incurri\u00f3 en la causal de nulidad establecida en el art\u00edculo 140 (num. 6) del C. de P. C., por haberse omitido la oportunidad para practicar pruebas, lo que produjo grave lesi\u00f3n al derecho de defensa de la parte recurrente. <\/p>\n
2. En desarrollo del cargo, el casacionista sostuvo que oportunamente ejerci\u00f3 el derecho de modificar las pruebas despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n de la audiencia de conciliaci\u00f3n, acorde con el decreto 2651 de 1991, y que para demostrar la ocurrencia del siniestro durante la vigencia de la p\u00f3liza, solicit\u00f3 el decreto de las siguientes: <\/p>\n
Que se ordenara a las oficinas de la Aeron\u00e1utica Civil en el aeropuerto de Cali, copia \u00edntegra y aut\u00e9ntica de la \u201cfranja de progreso de vuelo\u201d que \u201cacredita que la aeronave distinguida con la matr\u00edcula HK 3364P … despeg\u00f3 de ese aeropuerto el d\u00eda 10 de agosto de 1991, con destino al aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla\u201d, y a la misma entidad, en sus oficinas de este aer\u00f3dromo, igual documento con el que se acreditar\u00eda que el avi\u00f3n \u201carrib\u00f3 a ese aeropuerto el d\u00eda 10 de agosto de 1991, proveniente de la ciudad de Cali y despeg\u00f3 del mismo, pocas horas despu\u00e9s, con rumbo desconocido\u201d. <\/p>\n
Recepci\u00f3n de los testimonios del jefe de la torre de control del aeropuerto de Cali, Alvaro Ernesto L\u00f3pez Dom\u00ednguez, y el de Wilson Quevedo Acosta. <\/p>\n
Que adicionalmente a lo pedido en un principio, se le solicitara a la Fiscal\u00eda 140 de Palmira certificaci\u00f3n acerca del estado que registraba la investigaci\u00f3n que se adelantaba por el hurto del avi\u00f3n y si dentro de ella la recurrente se hab\u00eda constituido en parte civil. <\/p>\n
3. Debido a que la prueba documental solicitada a Barranquilla nunca lleg\u00f3, el apoderado de la accionante en dos oportunidades elev\u00f3 solicitudes al juzgador ad quem, invocando el art\u00edculo 183 del C. de P.C., norma de la que dice que \u00e9ste ha debido interpretar teniendo de presente la prevalencia de la ley sustancial, \u201cpara que esa corporaci\u00f3n completara determinadas pruebas\u201d, habiendo obtenido respuesta negativa a la primera, y sin lograr ning\u00fan pronunciamiento respecto de la segunda, que \u201cera la que ten\u00eda que ver con los documentos que estaban en el aeropuerto de Barranquilla\u201d. <\/p>\n
3.1 Acerca de la decisi\u00f3n omitida, dijo que era forzoso que se hubiera producido por constituir en su criterio obligaci\u00f3n del Tribunal, el que apoy\u00f3 en la afirmaci\u00f3n de que cuando no llegan las pruebas documentales- lo que equipar\u00f3 a la situaci\u00f3n que se da cuando llegan incompletas- es deber del juez a quo completarlas si el expediente no ha pasado al despacho para fallo, y que cuando esta \u00faltima situaci\u00f3n se materializa, el conociente no puede tenerlas en cuenta, \u201cpero ser\u00e1 deber del superior completarlas\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en aplicaci\u00f3n del principio de que \u201cquien puede lo m\u00e1s puede lo menos\u201d, el Tribunal, facultado para ordenar el tr\u00e1mite faltante \u201ca pruebas que llegaron incompletas despu\u00e9s de que pas\u00f3 (el expediente) al despacho del a quo para proferir sentencia, tambi\u00e9n puede y debe: ordenar el tr\u00e1mite que le falte a pruebas que nunca llegaron en primera instancia o, lo que es igual, llegaron pero incompletas, sea antes o despu\u00e9s que el expediente haya pasado al despacho del a quo para proferir sentencia\u201d (lo resaltado es del texto). <\/p>\n
3.2 Se refiri\u00f3 luego al resultado de la prueba pedida a la Aeron\u00e1utica Civil de Cali, de la que aleg\u00f3 \u201cque por razones francamente inexplicables\u201d, el Jefe de Servicios de Tr\u00e1nsito a\u00e9reo le inform\u00f3 al juez de instancia \u201cque el 10 de agosto de 1991, el HK 33-64 hab\u00eda despegado y aterrizado 26 minutos despu\u00e9s en la ciudad de Cali, cuando lo cierto fue que el avi\u00f3n se dirigi\u00f3 a Barranquilla\u201d, antecedente que sirvi\u00f3 de base al censor para indagar qu\u00e9 soluci\u00f3n tiene a su alcance un particular para enfrentar, de un lado, la manipulaci\u00f3n que de una prueba haga una entidad estatal, y del otro, la aceptaci\u00f3n que de ese procedimiento efectu\u00e9 la administraci\u00f3n de justicia, y se pregunt\u00f3 si habr\u00eda sido por obra de una extraordinaria casualidad que la respuesta de la Aerocivil lleg\u00f3 \u201cjusto despu\u00e9s de que el expediente pasara al despacho del a quo para sentencia\u201d. <\/p>\n
3.3 Tras atribuir a la inactividad del Tribunal la causa determinante de su propia afirmaci\u00f3n de inexistencia de la prueba demostrativa del siniestro, y de interrogarse por el motivo que tuvo para no haber empleado el sentenciador la facultad consagrada en el art\u00edculo 37 (num 3) del C. de P. C., y por esa v\u00eda, \u201cno haber hecho nada para remediar esta situaci\u00f3n, de suyo contraria a la buena fe, la probidad y a la dignidad de la justicia\u201d, el recurrente edific\u00f3 sobre ese comportamiento la imputaci\u00f3n de quebranto del deber \u201cde hacer efectiva la igualdad de las partes\u201d y de haber colocado a la demandante en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n, \u201cporque mientras S.A.S. cumpli\u00f3 la carga probatoria que le correspond\u00eda, para demostrar la ocurrencia del siniestro durante la vigencia de la p\u00f3liza, el ad-quem, a su turno, no despleg\u00f3 la labor que era de su resorte como autoridad p\u00fablica para procurar que los medios probatorios fueran incorporados al expediente para su ulterior apreciaci\u00f3n en la respectiva sentencia\u201d. <\/p>\n
3.4 Como respuesta a los interrogantes que el casacionista se formul\u00f3 acerca de la correcta interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 174, ibidem, y de los efectos consecuenciales a la imposibilidad de allegar pruebas que modificar\u00edan el sentido de la sentencia cuando ha mediado la infructuosa insistencia de la parte interesada para lograrlo, apunt\u00f3 que en la regulaci\u00f3n atinente a las pruebas incompletas concurren los preceptos de los art\u00edculos 183 y 361 del mismo estatuto, respecto de los que afirm\u00f3 que el \u00faltimo est\u00e1 puesto al servicio de las partes, ante circunstancias taxativamente se\u00f1aladas, en tanto que el primero act\u00faa en pro de los intereses de la justicia \u201cpara que, con toda la amplitud que sea necesaria, el juez de oficio (o tambi\u00e9n a petici\u00f3n de parte), ordene el tr\u00e1mite que le haga falta a las pruebas incompletas, independientemente del momento en que llegaron al proceso, pero preferiblemente en la oportunidad all\u00ed se\u00f1alada\u201d. <\/p>\n
3.5 Citando como vulnerados los art\u00edculos 3\u00b0 y 7\u00b0 de la ley estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, se doli\u00f3 el censor de que la demandante hubiese sido privada de la garant\u00eda del debido proceso, calificando de inaceptable que el Tribunal \u201cincumpla -as\u00ed porque s\u00ed- su deber de completar la prueba que le suministraba los suficientes elementos de que el avi\u00f3n despeg\u00f3 de Barranquilla el 10 de agosto de 1991 y simult\u00e1neamente se declare \u201cperplejo\u201d en cuanto al momento en que desapareci\u00f3 el avi\u00f3n\u201d. Concluy\u00f3 que de no haber sido por la apat\u00eda del juez ad quem, se habr\u00eda podido demostrar plenamente la ocurrencia del siniestro durante la vigencia de la p\u00f3liza. <\/p>\n
3.6 Desminti\u00f3 al juzgador cuando expres\u00f3 que el avi\u00f3n desapareci\u00f3 misteriosamente del aeropuerto de Cali, y tild\u00f3 de falsa la informaci\u00f3n suministrada por la Aeron\u00e1utica Civil, seg\u00fan la cual el artefacto decol\u00f3 de esa terminal a\u00e9rea el 10 de agosto de 1991 para retornar 26 minutos despu\u00e9s, siendo la verdad la que figura en la franja o faja de progreso de vuelo que se encuentra en Barranquilla (prueba que fue la que nunca lleg\u00f3 al proceso), de conformidad con la cual, la aeronave despeg\u00f3 de la primera ciudad con destino a la segunda, y de all\u00ed tom\u00f3 luego rumbo desconocido. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, anot\u00f3 que \u201cla nulidad por omitir la pr\u00e1ctica de esta prueba no fue saneada, raz\u00f3n por la cual, el efecto obligado es la prosperidad del cargo\u201d. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1. Conforme a su planteamiento, para la Sala es claro que en opini\u00f3n del censor, el Tribunal incurri\u00f3 en la causal de nulidad establecida en el art\u00edculo 140 (num. 6) del C. de P. C., por no haber insistido el juzgador en la aducci\u00f3n de prueba documental decretada en la primera instancia, y no incorporada en su totalidad al plenario. Para pensar de este modo, el casacionista se apoy\u00f3 principalmente en los art\u00edculos 183 y 361 ibidem, entendiendo que esa Corporaci\u00f3n ha debido completar las pruebas documentales faltantes, acci\u00f3n que equipar\u00f3 con la de ordenar \u201cel tr\u00e1mite que le falte a dichas pruebas\u201d, contemplado en la primera de ellas. <\/p>\n
2. Situada la controversia en este punto, importa recordar que uno de los principios rectores de las nulidades en materia procesal civil es el de la taxatividad, y que de acuerdo con \u00e9ste, en principio s\u00f3lo pueden originarla las precisas situaciones que la ley define, de manera que su interpretaci\u00f3n es estricta, sin dar margen a la asimilaci\u00f3n de los concretos motivos definidos por el legislador, a situaciones no comprendidas en ella. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, es indispensable elucidar cu\u00e1l es el presupuesto de hecho en el que se asienta la causal 6\u00aa de nulidad de las que enlista el art\u00edculo 140 ibidem, para efectuar seguidamente una confrontaci\u00f3n entre esa situaci\u00f3n abstracta y la que en concreto se da en esta especie. <\/p>\n
La indicada norma prev\u00e9 que \u201cel proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: … 6\u00ba) Cuando se omiten los t\u00e9rminos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, como la omisi\u00f3n de la oportunidad para practicar pruebas la predic\u00f3 el censor, de la tramitaci\u00f3n de la segunda instancia, es menester acudir a lo que sobre el particular dispone el art\u00edculo 361 del C. de P. C., norma que con car\u00e1cter igualmente restrictivo, condiciona la procedencia del decreto de pruebas a solicitud de parte, que debe formularse en el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite el recurso, a las precisas hip\u00f3tesis que relaciona, dentro de las que se cuenta la que se da \u201ccuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidi\u00f3, pero s\u00f3lo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento\u201d. <\/p>\n
4. La simple revisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n surtida dentro del rito propio de la alzada, pone de manifiesto que en la indicada oportunidad el apoderado de la sociedad demandante \u00fanicamente le solicit\u00f3 al Tribunal que admitiera como prueba la copia de la resoluci\u00f3n interlocutoria Nro. 4-028, proferida por la Unidad de Fiscal\u00eda Delegada ante el Tribunal Superior de Cali, el 8 de febrero de 1988, que anex\u00f3 a su escrito, la que fue resuelta favorablemente por el juzgador ad quem mediante providencia del 22 de noviembre de 1996, como puede verse del folio 4 al 14 del cuaderno de la segunda instancia. N\u00f3tese c\u00f3mo, tal solicitud, la elevada por la parte actora durante el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, no se extendi\u00f3 a la informaci\u00f3n que ab initio se exigi\u00f3 a las oficinas de la Aeron\u00e1utica Civil en Cali y Barranquilla, en la forma y para las finalidades queridas por la parte actora. <\/p>\n
5. En las anteriores condiciones, no es factible deducir que al casacionista le fue desconocida la facultad de prevalerse de la oportunidad para hacer incorporar al proceso las pruebas documentales que el juez a quo decret\u00f3, y que deb\u00edan ser producidas por la Aeron\u00e1utica Civil, sencillamente porque no lo reclam\u00f3 as\u00ed en el momento procesal pertinente, por lo que, faltando ese supuesto esencial, no cabe atribuir al sentenciador de segundo grado el vicio de actividad denunciado por el recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Para finalizar, agrega la Sala, que tampoco se puede pasar por alto que, en los t\u00e9rminos en que viene propuesta, en \u00faltimas, la acusaci\u00f3n que se desestima constituye apenas un intento del impugnante, encaminado a sustraerse de los efectos derivados del acometimiento opaco de sus propias cargas probatorias, acudiendo al expediente de fustigar al Tribunal por no haber actuado en ese campo de manera oficiosa, circunstancia que en casos como el de esta especie, en los que el interesado ha procedido a enrostrar al juzgador errores de actividad en materia probatoria por no complementar el elenco probatorio que negligentemente se abstuvo de aportar al proceso, no se configura la causal de nulidad, apta en casaci\u00f3n para resquebrajar el fallo por esta v\u00eda impugnado, acorde con el art\u00edculo 368 (causal 5\u00aa) del C. de P. C. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Se acus\u00f3 la sentencia de ser violatoria por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1603, 1613 y 1618 del C\u00f3digo Civil; 822, 823, 871, 1036, 1045, 1047, 1053, 1054, 1072, 1080, 1089, 1090, 1103 y 1110 del C\u00f3digo de Comercio, y 79, 80 y 83 de la ley 45 de 1990, a causa de distintos errores de hecho y de derecho. <\/p>\n
En escrito por dem\u00e1s extenso, el impugnante se dedic\u00f3 profusamente a atacar, por el se\u00f1alado sendero, las conclusiones del Tribunal, seg\u00fan las cu\u00e1les: a) dentro del contrato aseguraticio celebrado por las partes no estaba cubierto el siniestro aducido por la actora (hurto o \u2018robo\u2019 del avi\u00f3n, acaecido en tierra), y b) no se acredit\u00f3 la ocurrencia del siniestro y de su cuant\u00eda. Por razones de econom\u00eda procesal y puesto que -como se explicar\u00e1 al despachar esta acusaci\u00f3n- el primero de los aludidos asertos se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, muy a pesar de los reproches denunciados por el casacionista y, per se, tiene la virtud de soportar, in integrum, la sentencia de segunda instancia, la Corte apenas se ocupar\u00e1 muy someramente de referir en este resumen los reproches efectuados por el censor con relaci\u00f3n a la aseveraci\u00f3n f\u00e1ctica de que da cuenta el precitado literal b) y centrar\u00e1 sus esfuerzos en la exposici\u00f3n detallada de las razones que llevaron al recurrente a combatir la aseveraci\u00f3n consignada en el otro literal, y en su despacho. <\/p>\n
Cumple entonces anotar que el casacionista destac\u00f3 que el fallo del Tribunal se apoy\u00f3 en tres grupos de conclusiones, referidos, el primero, \u201ca la cobertura del seguro\u201d; el segundo \u201ca la ocurrencia misma del siniestro\u201d y el tercero, \u201ca la conducta de la demandante\u201d, con relaci\u00f3n a la acreditaci\u00f3n del alegado siniestro. <\/p>\n
Frente al primer grupo de conclusiones el recurrente asever\u00f3 que a ellas lleg\u00f3 el juzgador por haber incurrido en los errores de hecho que seguidamente se relacionar\u00e1n y fustig\u00f3 las conclusiones de los grupos dos y tres a trav\u00e9s de la denuncia de errores de hecho y de derecho, que mencionar\u00e1 la Corte, y se pronunciar\u00e1 sobre ellos, s\u00f3lo en la medida en que as\u00ed se justifique. <\/p>\n
2. En punto de la primera especie de los errores denunciados, el censor expuso que estos conciernen a la apreciaci\u00f3n de la p\u00f3liza de seguro 19-000912, y sus anexos, el Nro. 1, y los distinguidos como \u201cCl\u00e1usula de deducibles\u201d y \u201cCl\u00e1usula de reinclusi\u00f3n de riesgos de guerra y otros peligros\u201d, demanda, contestaci\u00f3n y memorial de respuesta al traslado del escrito de excepciones de m\u00e9rito; escrito de objeciones a la reclamaci\u00f3n del asegurado; resoluci\u00f3n 4-028, expedida por la Unidad de Fiscal\u00eda delegada ante el Tribunal de Cali; carta de la Hudson al apoderado de S.A.S, de 26 de octubre de 1992; certificaci\u00f3n de 3 de abril de 1992, expedida por el Jefe de la Divisi\u00f3n de Seguridad A\u00e9rea de la D.A.A.C.; copia del mensaje del 8 de mayo de 1991, suscrito por el Director General de Operaciones A\u00e9reas, ordenando la suspensi\u00f3n de la aeronave HK-3364; la contestaci\u00f3n de S.A.S. a los requerimientos de Hudson; el interrogatorio de parte absuelto por Alfonso Fonseca y el memorial de reclamaci\u00f3n de la demandante a la aseguradora. <\/p>\n
<\/p>\n
2.1 En cuanto al anexo n\u00famero uno, el error se materializ\u00f3 por preterici\u00f3n, deducida del hecho de que el sentenciador hubiera concluido que el riesgo de p\u00e9rdida amparado era \u00fanicamente el que sucediera en vuelo, sin darse cuenta que en \u00e9l consta que se acord\u00f3 eximir a la asegurada del pago del valor del deducible, fijado en U.S. $25.000, por reclamo, en los eventos de p\u00e9rdida total, p\u00e9rdida total constructiva, o p\u00e9rdida total negociada, que ocurriera en vuelo, tierra y carreteo, y que seg\u00fan esto, la aseguradora hab\u00eda asumido el compromiso de cubrir la totalidad de la indemnizaci\u00f3n cuando ocurriera la p\u00e9rdida en alguna de las expresadas modalidades y circunstancias, siendo de entender que la total pod\u00eda derivarse, de acuerdo con el anexo de reinclusi\u00f3n de riesgos de guerra, secuestro y otros peligros, por \u201ccualquier toma de posesi\u00f3n ilegal\u201d. <\/p>\n
2.2 En relaci\u00f3n con el anexo de \u201creinclusi\u00f3n de riesgos de guerra, secuestro y otros peligros\u201d, el error se habr\u00eda producido por suposici\u00f3n de estipulaci\u00f3n inexistente, por cuanto el Tribunal dedujo, \u201cdel conjunto integral de las estipulaciones\u201d, que el motivo determinante de la contrataci\u00f3n del seguro por parte de la asegurada fue la preservaci\u00f3n contra los riesgos del aire, parecer que refut\u00f3 el casacionista tomando en cuenta su literalidad, de la que extrajo la referencia que en ella se hace a \u201ccualquier acto malicioso o de sabotaje\u201d, \u201csecuestro o cualquier toma de posesi\u00f3n ilegal o indebida, toma de control de la aeronave o de la tripulaci\u00f3n durante el vuelo, incluyendo cualquier tentativa de tales formas de control por parte de cualquier o cualesquiera personas que se encuentren a bordo de la aeronave y act\u00faen sin el consentimiento del asegurado\u201d. <\/p>\n
Habiendo establecido con la ayuda del diccionario que esa expresi\u00f3n \u201ccualquier\u201d es equivalente a decir: \u201csea el que fuere\u201d, o \u201csea la que fuere\u201d, cuyo remplazo hizo en los apartes pertinentes del texto, como ejercicio ilustrativo \u00fatil para captar el sentido de la estipulaci\u00f3n, lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que la toma de posesi\u00f3n ilegal y la indebida, as\u00ed como el acto malicioso o de sabotaje acompa\u00f1ados en cada caso de dicha expresi\u00f3n, debe entenderse de aquella manera, y as\u00ed, al tener ella ilimitado alcance, para que se entendiera excluido el robo o el hurto, se hac\u00eda necesario estipulaci\u00f3n especial en ese sentido, que en el contrato no existe. Por tal raz\u00f3n concluy\u00f3 que el Tribunal \u201csupuso la presencia de una cl\u00e1usula inexistente en el contrato\u201d, y al decir que aquellos eventos deb\u00edan ocurrir en vuelo, adem\u00e1s que no motiv\u00f3 ese punto de vista, ignor\u00f3 que la \u00fanica materia respecto de la cual s\u00ed hubo una cl\u00e1usula de limitaci\u00f3n es completamente ajena a ese tema, siendo esta la que dice relaci\u00f3n con la toma de control del avi\u00f3n o la tripulaci\u00f3n, que las partes s\u00ed acordaron definir como riesgo a condici\u00f3n de que acaecieran en vuelo. <\/p>\n
Para abundar, recurri\u00f3 el casacionista a la definici\u00f3n que el C\u00f3digo Penal dispensa al punible de \u201churto\u201d, de la que destac\u00f3 el verbo rector (apoderar), y a las que el diccionario trae de hurtar, robar y tomar posesi\u00f3n, para sostener con esa base, que no es mera casualidad que para ese efecto, y en cuanto al hurto y robo se refiere, se emplee la palabra \u201ctomar\u201d, postura en la que se afianz\u00f3 para expresar que \u201ces inocultable entonces que en virtud del anexo, esta clase de riesgos s\u00ed quedaron amparados, porque constituyen tipos de los g\u00e9neros: \u2018cualquier toma de posesi\u00f3n ilegal\u2019, \u2018cualquier toma de posesi\u00f3n …indebida\u2019 e incluso de \u2018cualquier acto malicioso\u2019, porque el robo o el hurto son, qui\u00e9rase o no, actos que tienen una intenci\u00f3n perversa, un efecto da\u00f1oso para otro, y beneficioso para s\u00ed mismo\u201d (fl. 46). <\/p>\n
2.3 Al aludir al texto de la denominada \u201ccl\u00e1usula de riesgos de guerra y otros peligros\u201d, el casacionista aleg\u00f3 que el disputado amparo….. \u201cse extiende igualmente al robo y hurto\u201d. Anot\u00f3 que, adem\u00e1s del secuestro, aquellas conductas il\u00edcitas tambi\u00e9n representan un riesgo com\u00fan de guerra y otros peligros; que esas modalidades delictivas ontol\u00f3gicamente constituyen una toma de posesi\u00f3n ilegal o indebida, y que \u201cla toma de posesi\u00f3n ilegal que no termine en robo, en hurto o en destrucci\u00f3n no accidental de la aeronave, no representa p\u00e9rdida del avi\u00f3n, ni obligaci\u00f3n de indemnizar para el asegurador\u201d, de \u201cmanera que nunca se dar\u00eda un supuesto de hecho que pudiera subsumirse en la cl\u00e1usula de inclusi\u00f3n de riesgos de guerra y otros peligros\u201d. <\/p>\n
Expres\u00f3 a continuaci\u00f3n que, en la hip\u00f3tesis de que el empleo del t\u00e9rmino \u201ccualquier\u201d, se interpretara como atentatorio de lo que el Tribunal design\u00f3 como principio de individualizaci\u00f3n del riesgo, que utiliz\u00f3 para restringir su alcance en el contrato a los ocurridos en vuelo, ha debido cuestionarse su validez como pretensi\u00f3n aut\u00f3noma, que pod\u00eda plantearse en forma separada, o adicional a las de la demanda inicial. <\/p>\n
Repudi\u00f3 el censor la afirmaci\u00f3n del sentenciador acorde con la cual cada tipo de riesgo requer\u00eda de protecciones especiales, alegando que la p\u00f3liza expedida por la demandada claramente se extend\u00eda a cualquier forma de toma de posesi\u00f3n ilegal, a cualquier forma de toma de posesi\u00f3n indebida, y a cualquier forma de acto malicioso, \u201cpues as\u00ed fue contratada\u201d, de modo que si el sentenciador no pod\u00eda alterar esas estipulaciones, mucho menos pod\u00eda anularlas. Acot\u00f3 el inconforme que contrato es ley para las partes y no puede ser invalidado sino por causas legales. <\/p>\n
Con referencia a la convicci\u00f3n del juzgador en el sentido de que el hurto o robo estaban amparados como riesgo a condici\u00f3n de que ocurrieran en vuelo, a\u00f1adi\u00f3 el casacionista que tales eventos pueden iniciarse en tierra y no en el aire \u201c..salvo que se trate de actos ejecutados por superhombres que sean capaces de abordar aviones en pleno vuelo, lo que s\u00f3lo se ve en las … pel\u00edculas de ciencia ficci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.4 Tambi\u00e9n el quejoso le imput\u00f3 a la Corporaci\u00f3n sentenciadora el no haber visto la confesi\u00f3n de la demandada, resultante, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 285 del C. de P. C., de la actitud injustificadamente omisiva de \u00e9sta a exhibir los documentos que la recurrente relacion\u00f3 en las solicitudes de pruebas que hizo en la demanda y en el escrito mediante el cual descorri\u00f3 el traslado de las excepciones de m\u00e9rito, con los que persegu\u00eda la demostraci\u00f3n de los siguientes aspectos susceptibles de prueba de confesi\u00f3n: pagos recibidos por la demandada, de parte de su reaseguradora; el car\u00e1cter infundado de las objeciones; que \u00e9stas fueron recomendadas o sugeridas por los ajustadores y reaseguradores; la falta de fundamento de todas las excepciones propuestas y la alegaci\u00f3n, a sabiendas, por parte de la aseguradora, de hechos contrarios a la realidad, respecto de los que detuvo su atenci\u00f3n en el primero para afirmar que la reaseguradora que fuere pag\u00f3 por la p\u00e9rdida del HK-3364 a la demandada, quien por su parte se neg\u00f3 a hacer otro tanto con S.A.S. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el censor que precisamente todo lo anterior se demostraba por medio de los siguientes documentos que la aseguradora se rehus\u00f3 a exhibir: correspondencia cruzada con reaseguradores; relaci\u00f3n completa de los nacionales y extranjeros que participaron en este siniestro, con indicaci\u00f3n de su afectaci\u00f3n porcentual en la p\u00e9rdida, y copia de los comprobantes de contabilidad y de recibo de dineros por concepto de reaseguros para pagar el siniestro del multicitado avi\u00f3n, de manera que con esa confesi\u00f3n resultaba probada la ocurrencia del siniestro, la cobertura de la p\u00e9rdida en tierra o en vuelo, as\u00ed como la del robo, hurto o accidentalidad, y el derecho de S.A.S. a recibir la indemnizaci\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que estos elementos le daban v\u00eda libre a las pretensiones, pero que el Tribunal, desconociendo lo previsto en el inciso segundo del art\u00edculo 187 del C. de P. C., se abstuvo de mencionar el motivo determinante de la omisi\u00f3n de valoraci\u00f3n de esa confesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El error de derecho que el censor le enrostr\u00f3 al sentenciador ad quem lo hizo residir en la actitud omisiva que asumi\u00f3 frente al cumplimiento de sus obligaciones, facultades y poderes jurisdiccionales en materia probatoria, lo que dio lugar al quebranto de los art\u00edculos 4\u00b0, 6\u00b0, 37 (nums. 2, 3 y 4), 101, 175, 177, 179, 180, 183, 185 y 187 del C. de P. C.; el art\u00edculo 9\u00b0 del Decreto 2651 de 1991, primer inciso del art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, y los art\u00edculos 3\u00b0 y 7\u00b0 de la ley 270 de 1996, y por esa v\u00eda la infracci\u00f3n de los preceptos sustanciales citados al presentar el cargo que se resume. <\/p>\n
A ese respecto insisti\u00f3 en los planteamientos que expuso al sustentar el cargo primero, lo que, por lo mismo, releva a la Sala de reiterarlos ahora, debi\u00e9ndose precisar, en todo caso, que el censor esgrimi\u00f3 esos yerros, no para estructurar sobre su ocurrencia una causal de nulidad procesal, como aconteci\u00f3 con su cargo inicial, sino para afirmar que, de no haber incurrido en ellos, y \u201csin perjuicio de que los mismos hechos puedan tenerse como demostrados con el restante material probatorio\u201d, el Tribunal hubiera tenido que admitir que la cuesti\u00f3n puntual del acaecimiento del siniestro en vigencia de la p\u00f3liza \u201chabr\u00eda quedado totalmente acreditada\u201d, y que \u201cigualmente habr\u00eda quedado demostrado del todo que la p\u00e9rdida del avi\u00f3n HK-3364 ten\u00eda origen en una toma de posesi\u00f3n ilegal o indebida\u201d. <\/p>\n
Tras sostener que \u201cla sentencia ha debido confirmar la de primer grado, porque las pruebas echadas de menos -que acreditaban que el siniestro se produjo dentro de la vigencia de la p\u00f3liza y que la reclamaci\u00f3n se hab\u00eda efectuado dentro de los t\u00e9rminos legalmente previstos- no llegaron al expediente (y por lo tanto nunca pudieron ser valoradas), por la negligencia del juzgador, a pesar de que la actora s\u00ed las hab\u00eda pedido oportunamente en 1994, e insistido en su pr\u00e1ctica en 1997\u201d, finalmente el impugnante ofreci\u00f3 una breve alusi\u00f3n a los preceptos que consider\u00f3 vulnerados por el Tribunal con ocasi\u00f3n de los referidos errores de apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1. Frente a la conclusi\u00f3n a la que el sentenciador arrib\u00f3 como consecuencia de la interpretaci\u00f3n del contrato, en el sentido de que las partes no acordaron incluir como riesgos amparados los acaecidos en tierra, sino los sucedidos en \u201cvuelo\u201d, el error en sentir del casacionista ser\u00eda el producto de haber preterido el anexo n\u00famero uno de la p\u00f3liza de seguro (fl. 20), que prev\u00e9 la exclusi\u00f3n de deducibles en el evento de p\u00e9rdida total, p\u00e9rdida total constructiva o p\u00e9rdida total negociada, que ocurrieren en vuelo tierra o carreteo, estipulaci\u00f3n contractual que debi\u00e9ndose interpretar en forma conjunta con las dem\u00e1s dar\u00eda lugar a entender que, al contemplar la hip\u00f3tesis de la p\u00e9rdida en tierra, como circunstancia de inaplicabilidad del deducible, las partes no quisieron limitarla solamente a la que ocurriera en vuelo como lo estim\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
Al respecto observa la Corte que aunque el juzgador afirm\u00f3 la existencia de un clausulado general complementado con uno particular, constitutivo de la \u201cnota subjetiva y personal del contrato\u201d, fund\u00f3 su apreciaci\u00f3n exclusivamente en lo estipulado en la secci\u00f3n I de la p\u00f3liza, letra a), en relaci\u00f3n con la p\u00e9rdida accidental o el da\u00f1o de la aeronave, y en el anexo de reinclusi\u00f3n de riesgos de guerra, sin haber reparado, al parecer, en la existencia y contenido del anexo de \u201cdeducibles\u201d. <\/p>\n
Es menester acotar que sobre el aspecto en comentario, en su momento las partes contratantes no fueron lo suficientemente expl\u00edcitas, surgiendo as\u00ed la necesidad de acudir a las reglas legales de interpretaci\u00f3n de los contratos contenidas en los art\u00edculos 1618 a 1624 del C\u00f3digo Civil, aplicables en materia comercial, por disposici\u00f3n del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En este orden de ideas, si el juzgador hubiera atendido particularmente lo dispuesto en el art\u00edculo 1622 del C\u00f3digo Civil, correlacionando las estipulaciones por \u00e9l mencionadas, con la que el casacionista trajo a colaci\u00f3n, hubiera colegido que ciertamente, la intenci\u00f3n de las partes, que de esa manera se descubre, en punto de la p\u00e9rdida de la aeronave, no se limit\u00f3 exclusivamente al evento de que sucediera en vuelo. El anotado entendimiento, dentro de este contexto era forzoso, puesto que de lo contrario nada justificar\u00eda el hecho de que los contratantes hubieran acordado no aplicar deducibles, esto es, no hacerle cargar al asegurado una parte del da\u00f1o causado con la ocurrencia del siniestro, frente al riesgo de p\u00e9rdida referido no s\u00f3lo al que ocurriese en vuelo, sino tambi\u00e9n en tierra y en carreteo. Mem\u00f3rese, en armon\u00eda con otra regla de interpretaci\u00f3n contractual, tambi\u00e9n positivamente establecida, que \u201cel sentido en que una cl\u00e1usula pueda producir alg\u00fan efecto, deber\u00e1 preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno\u201d (art. 1620 del C. Civil). <\/p>\n
Con todo, si bien, prima facie, lucir\u00eda claro que el Tribunal incurri\u00f3 en el desacierto que el casacionista le enrostra, aserto que de alguna manera la misma aseguradora demandada corrobor\u00f3 cuando advirti\u00f3, en el escrito de r\u00e9plica a la demanda de casaci\u00f3n, que \u201cjam\u00e1s… La Nacional ha sostenido que los riesgos que quedan cubiertos bajo las p\u00f3lizas que expide sean los que tengan ocurrencia en vuelo\u201d y que \u201ces apenas obvio que la p\u00f3liza ampara riesgos en tierra y en carreteo\u201d (c. 4., fl. 108), tal yerro no abarca todos las aristas, ni tiene el alcance que le reconoce el inconforme, seg\u00fan se puntualizar\u00e1 en las consideraciones siguientes. <\/p>\n
2. Ha de advertirse que -para el Tribunal, no obstante la imprecisi\u00f3n en la que incurre- los riesgos cubiertos por quien expidi\u00f3 la p\u00f3liza, m\u00e1s que corresponder a los acaecidos durante el tiempo en que la aeronave permaneciera en el aire, lo ser\u00edan aquellos relacionados con la actividad aeron\u00e1utica, acorde con la connatural funcionalidad de las aeronaves. <\/p>\n
En efecto, a voces del juzgador ad quem, \u201csi el seguro de aviaci\u00f3n tomado tiene unas muy particulares caracter\u00edsticas provenientes de la propia naturaleza de dicha actividad, y el riesgo amparado ha de entenderse como los acontecimientos da\u00f1osos que se generan como consecuencia de la aeronavegaci\u00f3n, las pretensiones ac\u00e1 demandadas est\u00e1n condenadas al fracaso, por cuanto la p\u00e9rdida o desaparici\u00f3n de la aeronave no fue producto de la actividad aeron\u00e1utica, sino de la aseverada \u201cdesaparici\u00f3n misteriosa\u201d de las instalaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Arag\u00f3n de la ciudad de Cali\u201d (subrayado fuera de texto, c. 3, fl. 141). <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a lo destacado, se infiere, de la lectura de la sustentaci\u00f3n del cargo en estudio, que aunque el impugnante hizo menci\u00f3n de ello (fl. 39), en todo caso centr\u00f3 sus esfuerzos, como ya se dijo, tratando de convencer a esta Sala sobre los errores de apreciaci\u00f3n de la prueba que seg\u00fan lo expuso, condujeron al fallador a concluir que los riesgos amparados con la p\u00f3liza expedida por la demandada estaban circunscritos a los verificados mientras que la aeronave en menci\u00f3n estuviera \u201cen vuelo\u201d, desconociendo que tambi\u00e9n estaban incluidos los que tuvieran lugar \u201cen tierra\u201d, yerro que no obstante haber tenido figuraci\u00f3n, no tiene entre sus efectos el de hacer rodar la rese\u00f1ada apreciaci\u00f3n del juzgador de segunda instancia. <\/p>\n
En otras palabras, as\u00ed hubiera de colegirse que la p\u00f3liza cubr\u00eda algunos riesgos acaecidos en tierra, para deducir la responsabilidad contractual achacada a la aseguradora era menester -acorde con la comentada apreciaci\u00f3n del Tribunal, intangible para la Corte por cuanto en puridad no fue combatida en sede de casaci\u00f3n-, establecer que ese siniestro guardaba relaci\u00f3n cierta con la actividad aeron\u00e1utica, prop\u00f3sito que, con ese espec\u00edfico enfoque no fue exteriorizado \u2013y menos abordado- por el censor. <\/p>\n
Sobre este particular mantuvo en la mira el Tribunal que, en las espec\u00edficas condiciones que reviste el asunto sub examine, para que un riesgo verificado mientras la aeronave HK 3364 reposara en tierra, era indispensable que las labores en tal momento en ella desplegadas, detentaran entidad aeron\u00e1utica, exigencia por entero ausente en el litigio, a juicio del fallador de segundo grado, quien, del mismo modo, no perdi\u00f3 de vista que -en su libelo incoativo- SAS hizo consistir el siniestro en la ocurrencia de un hurto o \u201crobo\u201d del avi\u00f3n, mientras \u00e9ste se encontraba en los hangares del aeropuerto de la ciudad de Cali, pero no sugiri\u00f3, siquiera, que ese extrav\u00edo tuvo relaci\u00f3n inmediata con actos de navegaci\u00f3n. Tampoco en la demanda de casaci\u00f3n se le hizo reo de error de apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica al Tribunal por no haber concluido que la prueba recaudada daba cabal cuenta de que -para el momento espec\u00edfico en que aconteci\u00f3 el denunciado hurto-, el avi\u00f3n estaba siendo destinado a actividades aeron\u00e1uticas. <\/p>\n
Por el contrario, conviene destacarlo, advirti\u00f3 en su demanda primigenia la sociedad actora que la aeronave de su propiedad \u201cse encontraba suspendida de toda actividad de vuelo en la Rep\u00fablica de Colombia, e inmovilizada en el aeropuerto Alfonso Bonilla Arag\u00f3n de la ciudad de Cali\u201d (se subraya) (c. 1, fl. 37), y que su representante legal concluy\u00f3, el 11 de mayo de 1992, que desde el mes de agosto de 1991 la nave hab\u00eda sido hurtada o \u201crobada\u201d, sin que el interpelado hubiera conocido los pormenores de ese suceso y sin que de ellos conste relato en la demanda con que se dio inicio a esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Apareja lo explicado en consideraciones anteriores, la intrascendencia que habr\u00eda de deducirse, tambi\u00e9n, de los yerros de linaje f\u00e1ctico atribuidos al juzgador por no haber dado por acreditado que para la \u00e9poca de la vigencia de la p\u00f3liza aducida por la demandante tuvo lugar el hurto de la aeronave, desde luego que, inc\u00f3lume como debe asumirse el criterio del Tribunal, no combatido puntual y eficientemente por el casacionista, orientado en el sentido de que el siniestro -para que pudiera entenderse cobijado por el contrato aseguraticio celebrado entre los extremos del litigio- deb\u00eda guardar estrecha relaci\u00f3n con la actividad propia de la aeronavegaci\u00f3n, lo que no pod\u00eda predicarse en el evento sometido a su estudio. <\/p>\n
Por la misma raz\u00f3n, fluye sin dificultad la intrascendencia del supuesto error de derecho achacado al Tribunal por no haber ordenado oficiar a las oficinas de la Aeron\u00e1utica Civil ubicadas en las ciudades de Cali y Barranquilla, desde luego que, acorde con el casacionista, tales diligencias oficiosas estaban dirigidas a acreditar que efectivamente el hurto por \u00e9l alegado s\u00ed tuvo ocurrencia. <\/p>\n
5. Relativamente al error de hecho que la censura le enrostra al sentenciador por haber ignorado la supuesta confesi\u00f3n ficta de la demandada resultante de la renuencia a exhibir documentos en la que habr\u00eda incurrido la testigo MYRIAM MORA, entonces empleada al servicio de la aseguradora, a quien su representante le deleg\u00f3 el encargo de hacerlo en el acto de su exposici\u00f3n jurada, es preciso advertir que las partes acordaron que dicha exhibici\u00f3n de documentos, a cargo del representante legal se efectuara por la mencionada testigo, quien para tal efecto compareci\u00f3 al juzgado, audiencia que no obstante se malogr\u00f3 por ausencia de la se\u00f1ora juez. Habi\u00e9ndose se\u00f1alado nueva fecha para tal efecto, el demandante, en escrito que obra a folio 514, asever\u00f3 que la inasistencia de la testigo obedeci\u00f3 a que no se le hab\u00eda enviado boleta de citaci\u00f3n o telegrama para enterarla de la audiencia, circunstancia que lo llev\u00f3 a pedir la fijaci\u00f3n de una nueva fecha, solicitud que le fue denegada y frente a la cual se abstuvo de elevar cualquier reclamo. <\/p>\n
En ese orden de ideas no es posible atribuirle al Tribunal el yerro de apreciaci\u00f3n probatoria que el recurrente aqu\u00ed reclama. <\/p>\n
6. En adici\u00f3n a lo anteriormente expuesto, es importante recordar que en forma no muy ordenada y en relaci\u00f3n con el anexo de \u201creinclusi\u00f3n de riesgos de guerra, secuestro y otros peligros\u201d, el casacionista sostuvo que el Tribunal supuso una estipulaci\u00f3n inexistente, por cuanto dedujo, \u201cdel conjunto integral de las estipulaciones\u201d, que el motivo determinante de la contrataci\u00f3n del seguro por parte de la asegurada fue la preservaci\u00f3n contra los riesgos del aire, pero que el juzgador no tuvo en cuenta la literalidad del documento, de la que extrajo la referencia que en ella se hizo de \u201ccualquier acto malicioso o de sabotaje\u201d, \u201csecuestro o cualquier toma de posesi\u00f3n ilegal o indebida, toma de control de la aeronave o de la tripulaci\u00f3n durante el vuelo, incluyendo cualquier tentativa de tales formas de control por parte de cualquier o cualesquiera personas que se encuentren a bordo de la aeronave y act\u00faen sin el consentimiento del asegurado\u201d y que, acorde con el inconforme, la toma de posesi\u00f3n ilegal y la indebida, as\u00ed como el acto malicioso o de sabotaje acompa\u00f1ados en cada caso de dicha expresi\u00f3n, debe entenderse de aquella manera, y as\u00ed, al tener ella ilimitado alcance, para que se pudiera entender excluido el robo o el hurto, era indispensable que los contratantes hubieran acordado una estipulaci\u00f3n especial en ese sentido, la que en el contrato no existe. <\/p>\n
Sin embargo, es tangible que no puede enrostr\u00e1rsele al sentenciador el yerro may\u00fasculo de apreciaci\u00f3n probatoria que el recurrente pretende atribuirle. Sop\u00f3rtase lo dicho antes en las siguientes premisas: <\/p>\n
1\u00ba) Ha de partirse de que ni en las cl\u00e1usulas de la p\u00f3liza expedida por la demandada, ni en las que hacen partes de sus anexos, se hizo menci\u00f3n expresa del riesgo de hurto de la aeronave, ya para incluirlo dentro de los riesgos amparados, ora para excluirlo, lo que impondr\u00eda escudri\u00f1ar la aludida documentaci\u00f3n en procura de dilucidar el verdadero querer de las partes. <\/p>\n
Ante la situaci\u00f3n as\u00ed descrita, conviene recordar que, como se histori\u00f3 en providencia del 29 de enero de 1998 (exp. 4894), de anta\u00f1o, la doctrina de esta Corte (CLXVI, p\u00e1g. 123) tiene definido que el contrato de seguros debe ser interpretado en forma similar a las normas legales y sin perder de vista la finalidad que est\u00e1 llamado a servir, esto es comprobando la voluntad objetiva que traducen la respectiva p\u00f3liza y los documentos que de ella hacen parte con arreglo a la ley (arts. 1048 a 1050 del C. de Co.), los intereses de la comunidad de asegurados y las exigencias t\u00e9cnicas de la industria; que, \u201cen otras palabras, el contrato de seguro es de interpretaci\u00f3n restrictiva y por eso en su \u00e1mbito operativo, para determinar con exactitud los derechos y las obligaciones de los contratantes, predomina el texto de la que suele denominarse \u2018escritura contentiva del contrato\u2019 en la medida en que, por definici\u00f3n, debe conceptu\u00e1rsela como expresi\u00f3n de un conjunto sistem\u00e1tico de condiciones generales y particulares que los jueces deben examinar con cuidado, especialmente en lo que tiene que ver con las cl\u00e1usulas atinentes a la extensi\u00f3n de los riesgos cubiertos en cada caso y su delimitaci\u00f3n, evitando favorecer soluciones en m\u00e9rito de las cuales la compa\u00f1\u00eda aseguradora termine eludiendo su responsabilidad al amparo de cl\u00e1usulas confusas que de estar al criterio de buena fe podr\u00edan recibir una inteligencia que en equidad consulte mejor los intereses del asegurado, o lo que es todav\u00eda m\u00e1s grave, dejando sin funci\u00f3n el contrato a pesar de las caracter\u00edsticas propias del tipo de seguro que constituye su objeto, fines \u00e9stos para cuyo logro desde luego habr\u00e1n de prestar su concurso las normas legales, pero siempre partiendo del supuesto, valga insistir, de que aqu\u00ed no son de recibo interpretaciones que impliquen el r\u00edgido apego literal a estipulaciones consideradas aisladamente y, por ende, sin detenerse en armonizarlas con el esp\u00edritu general que le infunde su raz\u00f3n de ser a todo el contexto contractual del que tales estipulaciones son parte integrante\u201d. <\/p>\n
2\u00ba) En armon\u00eda tambi\u00e9n con las orientaciones generales ofrecidas en el numeral anterior, la Corte ha deducido como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier p\u00f3liza de seguros, la individualizaci\u00f3n de los riesgos que el asegurador toma sobre s\u00ed (CLVIII, p\u00e1g. 176), y ha extra\u00eddo, con soporte en el art\u00edculo 1056 del C\u00f3digo de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento \u201cde un principio com\u00fan aplicable a toda clase de seguros de da\u00f1os y de personas, en virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que est\u00e1n expuestos el inter\u00e9s o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado\u201d. <\/p>\n
Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, seg\u00fan se anunci\u00f3 en l\u00edneas pret\u00e9ritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la p\u00f3liza y sus anexos donde el int\u00e9rprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato aseguraticio. Lo anterior por cuanto, de suyo, la p\u00f3liza ha de contener una descripci\u00f3n de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinaci\u00f3n de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en raz\u00f3n de la menci\u00f3n espec\u00edfica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados), ora porque se establezca que el asegurador cubre todos los riesgos de p\u00e9rdidas, pero con las exclusiones que tambi\u00e9n expresamente convengan los interesados (principio de la universalidad o de la \u201ccobertura completa\u201d, distinguidas, tambi\u00e9n, en el mercado, como all risks policies\u2019, denominaci\u00f3n que, como lo enfatiza SANTIAGO AREAL LUDE\u00d1A (EL SEGURO AERONAUTICO, Ed. Colex, 1998, p\u00e1g. 32) \u201cse debe a que cubren la propiedad del asegurado frente a todas las p\u00e9rdidas que hayan sido accidentalmente causadas\u201d). <\/p>\n
3\u00ba) Como se anticip\u00f3, en la documentaci\u00f3n atinente a la p\u00f3liza de seguro de aviaci\u00f3n expedida por la demandada no se hizo constar, expresamente, que la aseguradora se obligara a cubrir el riesgo de hurto, debi\u00e9ndose acotar que, en cuanto a la descripci\u00f3n de los riesgos amparados, la misma se rige seg\u00fan las reglas generales, al sistema de \u201criesgos nombrados\u201d, lo cual se deduce sin mayor esfuerzo de su clausulado. <\/p>\n
En efecto, el anexo uno de la p\u00f3liza en menci\u00f3n (c. 1., fl. 21) hace referencia a los amparos de \u201ccasco\u201d y de \u201ccasco y guerra\u201d, respecto de varias aeronaves, incluyendo la HK 3364, con relaci\u00f3n a la cual surgi\u00f3 el litigio planteado ante el juez a quo, y aparece prevista en las \u201ccondiciones generales\u201d de esa p\u00f3liza, como \u201cCOBERTURA\u201d, la \u201cp\u00e9rdida accidental o el da\u00f1o a la aeronave\u201d contenida \u201cen el cuadro de amparos de esta p\u00f3liza proveniente de los riesgos amparados, incluyendo la desaparici\u00f3n de la aeronave si no se encuentra despu\u00e9s de sesenta d\u00edas a partir del comienzo del vuelo\u201d. <\/p>\n
Fluye de lo anterior que en la p\u00f3liza se hizo una descripci\u00f3n de amparos b\u00e1sicos, sin que el impugnante se hubiere aplicado a demostrar que ella conten\u00eda alguna menci\u00f3n o estipulaci\u00f3n que con absoluta claridad pudiera llevar a concluir que fue expedida en la modalidad \u201call risks policies\u201d. Por el contrario, llama la atenci\u00f3n el que, sin estipular cl\u00e1usula alguna por cuya virtud pudiera asumirse, expl\u00edcita e inequ\u00edvocamente la anunciada connotaci\u00f3n de \u201ctodo riesgo\u201d, en la p\u00f3liza se hizo una relaci\u00f3n de los riesgos cubiertos, bastante detallada, esto es: \u201cp\u00e9rdida o da\u00f1o de la aeronave\u201d en las condiciones all\u00ed previstas (secci\u00f3n II, num. 1\u00ba de las condiciones generales de la p\u00f3liza), el detrimento patrimonial sufrido por el asegurado por lo que tuviera que pagar por \u201cda\u00f1os corporales, accidentales (fatales o no fatales) o da\u00f1os accidentales a la propiedad de terceros causados directamente por la aeronave o cualquier persona u objeto que cayese de la misma\u201d (secci\u00f3n II, num. 1\u00ba, ib); por las \u201clesiones corporales accidentales\u201d que ocurran a pasajeros o por la p\u00e9rdida o da\u00f1o del equipaje de \u00e9stos, en la forma como all\u00ed tambi\u00e9n se consign\u00f3 (secci\u00f3n III, num. 1\u00ba, ib). <\/p>\n
4\u00ba) Tampoco el Tribunal incurri\u00f3 en error protuberante de apreciaci\u00f3n probatoria, cuando dej\u00f3 de concluir, con soporte en la misma documentaci\u00f3n, que el riesgo de hurto estaba cubierto por el amparo expedido por la aseguradora. Para que en la situaci\u00f3n sub examine pudiera predicarse la consolidaci\u00f3n de ese yerro, tendr\u00eda que establecerse, sin la menor dubitaci\u00f3n, que examinada la materialidad de la p\u00f3liza y su anexos, incluyendo el llamado de \u201creinclusi\u00f3n de riesgos de guerra, secuestro y otros peligros\u201d, el int\u00e9rprete no contaba con opci\u00f3n distinta de concluir que los reclamos por p\u00e9rdida del casco de la aeronave derivados de la ocurrencia del punible de hurto quedaron dentro de la cobertura, por una de estas dos situaciones: a) porque con total claridad as\u00ed fue expresado seg\u00fan los t\u00e9rminos originales de la p\u00f3liza y el escrito de \u201ccondiciones generales\u201d, y b) porque en forma igualmente di\u00e1fana, los interesados lo convinieron de esa manera, al expedir el referenciado anexo de \u201creinclusi\u00f3n de riesgos\u201d. <\/p>\n
Desde luego, en materia de interpretaci\u00f3n de los contratos, como en general acontece frente a la apreciaci\u00f3n de las pruebas efectuadas en el fallo recurrido en casaci\u00f3n, el Tribunal goza de una relativa autonom\u00eda, por manera que su fallo, revestido adem\u00e1s por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, solo podr\u00e1 ser resquebrajado -en aquellos casos en que el inconforme denuncie la infracci\u00f3n de la ley sustancial, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas-, cuando la censura demuestre que tales yerros, adem\u00e1s de trascendentales, son por entero protuberantes, lo que no se presenta cuando los planteamientos del casacionista corresponden apenas a la exposici\u00f3n de su personal percepci\u00f3n de la forma como debieron ser apreciadas las probanzas sobre las que hizo recaer los yerros por \u00e9l denunciados, esto es, un examen cr\u00edtico m\u00e1s o menos acertado que el desplegado por el Tribunal, pero carente del m\u00e9rito demostrativo requerido para establecer que, sin lugar a dudas, la valoraci\u00f3n objetiva de esos medios de convicci\u00f3n imped\u00eda la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica a que lleg\u00f3 el juzgador, y que a esos yerros se lleg\u00f3 ya porque este \u00faltimo no vio lo que la prueba ciertamente conten\u00eda, o porque lo distorsion\u00f3, o porque vio lo que en ella no exist\u00eda. <\/p>\n
Es claro que las cl\u00e1usulas de la p\u00f3liza, as\u00ed como las que hacen parte del anexo de reinclusi\u00f3n de riegos de guerra, deben ser apreciadas en forma arm\u00f3nica, interpretando \u201cunas por otras, d\u00e1ndosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad\u201d (art. 1622 del C. C.), labor que impide su descontextualizaci\u00f3n. En ese orden de ideas, es bueno reparar en que con esta modificaci\u00f3n, fueron \u201creincluidos\u201d los amparos frente a algunas de las situaciones que de antemano hab\u00edan sido dejado fuera de la p\u00f3liza en menci\u00f3n, por haberse previsto as\u00ed en secci\u00f3n IV, num. 11 de la condiciones generales del contrato, es decir, las \u201ccausadas\u201d por guerra, invasi\u00f3n, actos de enemigos extranjeros y dem\u00e1s que aparecen relacionadas en la prenombrada estipulaci\u00f3n, pero sin que se hiciera alusi\u00f3n espec\u00edfica e inequ\u00edvoca a una posible \u201creinclusi\u00f3n\u201d del amparo por motivo de la ocurrencia del punible de hurto, respecto del cual no hay ninguna menci\u00f3n expl\u00edcita y contundente en la p\u00f3liza, ni en sus anexos. <\/p>\n
Dicho de otro modo, ni en clausulado que recogi\u00f3 los t\u00e9rminos del contrato aseguraticio en sus t\u00e9rminos originales, ni en la cl\u00e1usula de reinclusi\u00f3n de algunos riesgos, figura alusi\u00f3n alguna que por su nombre o contenido llevara ineluctablemente a concluir que en una u otra oportunidad, las partes convinieron que dentro de la protecci\u00f3n aseguraticia quedara comprendido el relacionado con la p\u00e9rdida del casco de la aeronave como consecuencia de la verificaci\u00f3n de un delito de hurto. <\/p>\n
5\u00ba) Estas \u00faltimas apreciaciones permiten deducir que la cr\u00edtica que al respecto despleg\u00f3 el casacionista, no va m\u00e1s all\u00e1 de su particular valoraci\u00f3n del contenido de la p\u00f3liza y de sus anexos, distinta de la efectuada por el Tribunal e incompatible con ella, pero ayuna de la fuerza necesaria para derribar estruendosamente, como lo demanda el \u00e9xito del recurso extraordinario que se despacha, las apreciaciones f\u00e1cticas del sentenciador de instancia. Conclusi\u00f3n distinta no ameritan las aseveraciones ostentadas por el inconforme, acorde con las cu\u00e1les, las expresiones \u201ccualquier acto malicioso o de sabotaje\u201d; \u201csecuestro o cualquier toma de posesi\u00f3n ilegal o indebida; o \u201ccualquier tentativa de tales formas de control por parte de cualquier o cualesquiera personas que se encuentren a bordo de la aeronave y act\u00faen sin el consentimiento del asegurado\u201d, de las que da cuenta el anexo de \u201creinclusi\u00f3n de riesgos\u201d, conducen indefectiblemente a concluir que la p\u00e9rdida del casco de la aeronave, acaecida por \u201churto\u201d estaba amparada en virtud de la p\u00f3liza expedida por la aseguradora demandada. <\/p>\n
Es que visto en su contexto el anexo de reinclusi\u00f3n de riesgos, no puede advertirse, como \u00fanica conclusi\u00f3n posible que, siguiendo la literalidad del mismo, en consuno con lo previsto en la p\u00f3liza y sus \u201ccondiciones generales\u201d, que al extender el amparo a los da\u00f1os sufridos por la aeronave derivados de \u201ccualquier acto malicioso o de sabotaje\u201d; \u201csecuestro o cualquier toma de posesi\u00f3n ilegal o indebida, o \u201ccualquier tentativa de tales formas de control, necesariamente quisieron las partes incluir la desaparici\u00f3n de la aeronave por hurto, lo cual, en el mejor de los casos, se asomar\u00eda como una mera probabilidad, per se insuficiente para derribar la apreciaci\u00f3n que en sentido contrario ofreci\u00f3 el sentenciador. <\/p>\n
Sin desconocer el car\u00e1cter \u201cmalicioso\u201d que por antonomasia ha de predicarse del hurto, ni que tal conducta involucra una aprehensi\u00f3n ilegal o indebida de la cosa mueble sobre la cual pudiera recaer, no puede concluirse, al rompe y como \u00fanica verdad susceptible de obtener a partir del contenido material de las aludidas probanzas, que en las espec\u00edficas condiciones que rodearon la expedici\u00f3n del anexo de reinclusi\u00f3n de riesgos, la aseguradora se oblig\u00f3 a asumir la obligaci\u00f3n de indemnizar un riesgo de tan frecuente ocurrencia que, por lo mismo, en las condiciones normales del mercado da lugar a que la voluntad de asumirlo se plasme expresa y espec\u00edficamente en los escritos que recogen los t\u00e9rminos de la negociaci\u00f3n convenida por los interesados, conforme a los cuales es usual, inclusive, cobrar la prima pertinente. <\/p>\n
Recapitulando, aunque visto en forma aislada, gramaticalmente el hurto, como el apoderamiento \u201cde una cosa mueble ajena, con el prop\u00f3sito de obtener provecho para s\u00ed o para otro\u201d (art. 239 del C\u00f3digo Penal), pudiera encuadrarse dentro de las alocuciones tra\u00eddas a colaci\u00f3n por la censura, tal posibilidad no se erige como la \u00fanica en el asunto sub lite, en el que bien pudiera interpretarse que al acudir a esas expresiones, las partes quisieron que el amparo se extendiera por los da\u00f1os f\u00edsicos causados a la aeronave, a los pasajeros o a terceros (en sus bienes o pertenencias), con ocasi\u00f3n de las circunstancias aducidas en el anexo de \u201creinclusi\u00f3n de riesgos\u201d, pero sin incluir su desaparici\u00f3n por hurto. <\/p>\n
6\u00ba) Es m\u00e1s, como de alguna manera ya se explic\u00f3, as\u00ed se tuviera por cierto que el Tribunal err\u00f3 en grado manifiesto por no deducir que el riesgo de hurto de la aeronave s\u00ed estaba amparado por la p\u00f3liza expedida por la demandada, no por ello el cargo que se desata podr\u00eda ser acogido, porque vuelve y se insiste, para el juzgador los siniestros que la demandada se oblig\u00f3 a cubrir, deb\u00edan guardar relaci\u00f3n con la actividad aeron\u00e1utica, apreciaci\u00f3n de trascendental importancia que no fue combatida eficazmente por el casacionista; que por lo mismo, se mantiene intacta en sede de casaci\u00f3n y que tiene, entre sus bondades, la de sostener la decisi\u00f3n combatida, en cuanto concluy\u00f3, por falta de cobertura de la p\u00f3liza frente al riesgo aducido por el demandante, que era del caso desestimar la demanda indemnizatoria por \u00e9ste incoada. <\/p>\n
Lo dicho es suficiente para concluir que el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la rep\u00fablica de Colombia, y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 13 de noviembre de 1998, dentro del proceso ordinario promovido por la SOCIEDAD A\u00c9REA DE SANTANDER S.A.S., frente a la aseguradora \u201cLA NACIONAL COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.\u201d <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente en casaci\u00f3n. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-089-2005 [7495] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil cinco (2005). Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82939","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82939"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82939\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82939"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}