SC-094-2005 [1469]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref. Exp. 1469 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante FELICIANO AGUSTIN VILLERO GAMEZ, contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2000 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Valledupar, dentro del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual seguido contra la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Valledupar le correspondi\u00f3 conocer de la demanda mediante la cual el ahora recurrente reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n que se condenase a la demandada a pagar las sumas de $15\u2019000.000.oo y $10\u2019000.000.oo, por concepto de da\u00f1o emergente y lucro cesante, respectivamente, as\u00ed como el equivalente en pesos colombianos a mil gramos oro, como reparaci\u00f3n del da\u00f1o moral. <\/p>\n
Adujo el demandante que la Caja Agraria formul\u00f3 en su contra denuncia penal por el delito de aplicaci\u00f3n fraudulenta de cr\u00e9dito oficialmente regulado, en relaci\u00f3n con los dineros provenientes del Fondo Financiero Agropecuario, recibidos en mutuo de aquella entidad en cuant\u00edas de $6\u2019000.000.oo y $1\u2019350.000, para atender, en su orden, un \u201cplan de ganader\u00eda de doble prop\u00f3sito\u201d en la finca \u201cBuena Fe\u201d, situada en el municipio de El Paso, Departamento del Cesar, y otro de \u201cadecuaci\u00f3n de tierras y obras complementarias\u201d. <\/p>\n
La rese\u00f1ada sindicaci\u00f3n dio lugar a la tramitaci\u00f3n de un proceso penal en contra del se\u00f1or Villero G\u00e1mez, cuya primera instancia se surti\u00f3 ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar, que dict\u00f3 sentencia absolutoria el 23 de septiembre de 1993, confirmada por su superior mediante fallo del 7 de diciembre siguiente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que con el comentado proceder, la Caja Agraria le caus\u00f3 graves perjuicios, puesto que las entidades financieras se abstuvieron de otorgarle cr\u00e9ditos al actor, a quien se le \u201ccoloc\u00f3 en pantalla como deudor moroso\u201d, y fue se\u00f1alado \u201ccomo un delincuente\u201d, con la investigaci\u00f3n penal. <\/p>\n
2. De la admisi\u00f3n del libelo se notific\u00f3 a la demandada por intermedio de curador ad litem. Acerca de los hechos, manifest\u00f3 el auxiliar de la justicia que no le constaban y que se aten\u00eda a lo que se probara. <\/p>\n
3. Agotada la tramitaci\u00f3n de rigor, el juez de primera instancia dict\u00f3 sentencia desestimatoria, la que, apelada por el actor, fue confirmada a trav\u00e9s de la providencia impugnada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Expres\u00f3 el fallador que del \u201cpetitum y de la causa petendi se deduce la acci\u00f3n de responsabilidad extracontractual (art. 2341 C. C.), y concretamente la derivada del principio general prohibitivo del abuso del derecho\u201d. <\/p>\n
Record\u00f3 que para acreditar \u201cel da\u00f1o padecido, culpa del autor del da\u00f1o y relaci\u00f3n de causalidad entre esta y aquel\u201d, el actor aport\u00f3 con la demanda sendas copias de las sentencias proferidas por las autoridades penales atr\u00e1s relacionadas y destac\u00f3 que \u201csobre los hechos axiol\u00f3gicos de la demanda no hubo otros medios de convicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Despu\u00e9s de citar las reglas de derecho probatorio contenidas en los art\u00edculo 174 y 177 del C. de P. C., anot\u00f3 que no eran atendibles las copias de las providencias atr\u00e1s referidas, pues aunque las \u201cautentic\u00f3\u201d el secretario del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Valledupar, lo cierto es que no fueron autorizadas por el respectivo juez, cual lo ordena el art\u00edculo 115 del C. de P. C., en concordancia con el art\u00edculo 254 ibidem. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la Ley 446 de 1998, en los art\u00edculos 10, 11, 12, y 13 \u201ctoca el tema\u201d de la autenticidad de algunos documentos privados\u201d, pero que en el evento sub lite \u201cno se trata de autenticidad de documentos, sino de irregularidad de documentos, por la expedici\u00f3n de un funcionario no competente\u201d. <\/p>\n
El Tribunal tambi\u00e9n sostuvo que, abstracci\u00f3n hecha de la prenotada glosa de car\u00e1cter formal, el contenido de las rese\u00f1adas piezas procesales era inocuo, pues \u201cno prueban el aspecto medular del debate\u201d, en la medida en que trat\u00e1ndose de copias de sentencias, como especie que son del g\u00e9nero documento p\u00fablico, en armon\u00eda con el art\u00edculo 264 del C.P.C., \u00fanicamente son demostrativas \u201cdel funcionario\u201d que las otorga, de su fecha y la parte resolutiva, no as\u00ed de \u201clos hechos y las circunstancias que sirvieron de motivaci\u00f3n\u201d, por lo que estos \u201cdebieron ser acreditados plenamente en el proceso, para que la acci\u00f3n impetrada pudiera tener \u00e9xito\u201d. Como \u201cnada de esto se estableci\u00f3\u201d, lo forzoso era desestimar la demanda. <\/p>\n
Remat\u00f3 su discurso diciendo que \u201cpuede este Superior ordenar tener como pruebas los documentos tra\u00eddos en segunda instancia, no obstante, la raz\u00f3n pr\u00e1ctica dice que tal decreto no tiene ning\u00fan fin jur\u00eddico\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
1. En su \u00fanico cargo, el recurrente denunci\u00f3 la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1494, 2341, 2347 y 2349 del C\u00f3digo Civil, \u201cen concordancia\u201d con los art\u00edculos 103, 104, 105 y 106 del C. de P. C., como consecuencia de una \u201cerr\u00f3nea interpretaci\u00f3n\u201d del art\u00edculo 254 (num. 1\u00ba) del C. de P. C., \u201cal considerar que el secretario no es funcionario fedante, olvidando que el mismo c\u00f3digo en el art\u00edculo 106 le atribuye fuerza probatoria a las copias autenticadas por secretar\u00eda\u201d. <\/p>\n
2. Se\u00f1al\u00f3 que el sentenciador tambi\u00e9n incurri\u00f3 en error \u201cen la regla\u201d del art\u00edculo 264 del C. de P. C., cuando \u201cinterpreta que los documentos aportados son inocuos\u201d. Acot\u00f3 que \u201clo que motiv\u00f3\u201d el ejercicio de la acci\u00f3n por \u00e9l incoada, \u201cno son los hechos que recogieron el tr\u00e1mite penal y las sentencias de primera y segunda instancia en materia penal\u201d, sino la denuncia instaurada en su contra y el subsiguiente sometimiento a una investigaci\u00f3n y juicio concluido con una sentencia de tipo absolutorio. <\/p>\n
3. Complement\u00f3 su argumentaci\u00f3n asegurando que al emitir dicho juicio de inocuidad, el Tribunal dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 180 del C. de P. C., con lo que desatendi\u00f3 un deber de car\u00e1cter ineludible cual lo puntualiz\u00f3 la jurisprudencia de la Corte que transcribi\u00f3 en lo pertinente, en la que se aborda el tema de la prueba oficiosa. Igualmente afirm\u00f3 que \u201cse desconoci\u00f3 el art\u00edculo 248 al no considerar como un hecho probado, los documentos aportados con atestaci\u00f3n del secretario, hecho indicador de la existencia de la denuncia, del proceso penal y la absoluci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
4. Expuso el casacionista que de las normas probatorias citadas, en armon\u00eda con el art\u00edculo 83 de la Carta Pol\u00edtica y el art\u00edculo 3\u00b0 del decreto 266 de 2000, se infiere que si la actuaci\u00f3n de los particulares se presume efectuada de buena fe, teni\u00e9ndose como ciertas sus afirmaciones ante las autoridades, esto lleva a un cambio de las reglas probatorias con el fin de hacer prevalecer el derecho sustancial \u201csobre los ritos formales que no sean sustanciam actus (sic), como pasa con los documentos aportados, que demuestran la finalizaci\u00f3n de un proceso penal, que implica su inicio con denuncia, su tr\u00e1mite para llegar a la decisi\u00f3n definitiva, que se realiz\u00f3 contra persona determinada\u201d. <\/p>\n
5. Concluy\u00f3 el impugnante que \u201clas normas sustanciales violadas, residenciadas a este asunto (sic) forman una estructura normativa que permite afirmar que naci\u00f3 a cargo de la demandada, por un hecho producido por un subordinado de ella, al denunciar al demandante, habiendo terminado el proceso penal con absoluci\u00f3n\u201d y que como el juzgador no aplic\u00f3 \u201cla estructura normativa probatoria\u201d, se produjo el error de derecho que lo llev\u00f3 a la violaci\u00f3n indirecta por falta de aplicaci\u00f3n de normas sustanciales citadas\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De la simple confrontaci\u00f3n entre las argumentaciones contenidas en la sentencia dictada por el Tribunal y las consignadas en la reci\u00e9n resumida demanda de casaci\u00f3n, se observa sin mayor dificultad que el cargo \u00fanico con ella impetrado no est\u00e1 llamado a tener \u00e9xito, por ser lo cierto que el inconforme circunscribi\u00f3 su ataque a algunas apreciaciones apenas tangenciales ofrecidas por el juzgador ad quem, pero ignor\u00f3 lo que en el fondo soport\u00f3 la combatida decisi\u00f3n judicial, de donde resultar\u00eda irrelevante el que, eventualmente, hubieran tenido lugar los errores de derecho por \u00e9l denunciados. <\/p>\n
Mem\u00f3rase sobre estos particulares que para denegar las pretensiones de la demanda, el Tribunal desestim\u00f3 como prueba de los elementos integrantes de la responsabilidad extracontractual, esto es, el hecho da\u00f1oso, la culpa y el nexo de causalidad, la aducida por el demandante recurrente, consistente en las copias de las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por la justicia penal, como conclusi\u00f3n del proceso iniciado en virtud de denuncia instaurada por un subordinado de la entidad demandada. <\/p>\n
Ciertamente, como se puntualiz\u00f3 en el compendio de la sentencia, la decisi\u00f3n del juzgador ad quem obedeci\u00f3 b\u00e1sicamente a dos razones: la una, por no haber sido expedidas las copias por orden de juez, y la otra, afirmada en la circunstancia de que de su contenido tampoco se pod\u00eda seguir la demostraci\u00f3n de los elementos por los que se averigua, en la medida en que trat\u00e1ndose de un documento p\u00fablico y, en conformidad con el art\u00edculo 264 del C. de P. C., \u00fanicamente hace fe del funcionario interviniente, su fecha y parte resolutiva, lo que, en el criterio del sentenciador, hac\u00eda innecesario decretar como prueba oficiosa la incorporaci\u00f3n legal de la que en segunda instancia alleg\u00f3 el impugnante, en forma espont\u00e1nea. <\/p>\n
Por su parte, el casacionista le atribuy\u00f3 al juzgador la vulneraci\u00f3n de las supraindicadas disposiciones, para lo cual argument\u00f3 que el sentenciador infringi\u00f3 el art\u00edculo 254 (num 1\u00ba) del C. de P. C., en tanto afirm\u00f3 err\u00f3neamente que el secretario no es funcionario \u201cfedante\u201d, con lo que desconoci\u00f3, adem\u00e1s, lo imperado en contrario en el art\u00edculo 106 ibidem; que quebrant\u00f3 la norma del art\u00edculo 264 del mismo estatuto, pues lo que se intentaba probar por medio de los fallos aducidos en copia no eran los hechos materia de la investigaci\u00f3n penal, sino la circunstancia misma de haber concluido con absoluci\u00f3n un proceso iniciado mediante denuncia contra el accionante, am\u00e9n de reprocharle al Tribunal el que no hubiera decretado de oficio, acorde con los art\u00edculos 179 y 180 del C. de P. C., el recaudo regular de la documentaci\u00f3n cuya aportaci\u00f3n consider\u00f3 deficiente. <\/p>\n
Se deduce, de la circunstancia configurada seg\u00fan reci\u00e9n se destac\u00f3, que no ofrecer\u00eda utilidad entrar a escudri\u00f1ar si finalmente tuvieron ocurrencia los yerros de derecho denunciados por el censor, por ser lo cierto que los aspectos materia de demostraci\u00f3n en punto de responsabilidad civil extracontractual, como lo apunt\u00f3 el sentenciador de segunda instancia al comienzo de sus consideraciones, est\u00e1n configurados por el da\u00f1o, la culpa y la relaci\u00f3n de causalidad, siendo claro que -incurriendo en marcado desenfoque-, el recurrente impl\u00edcita, pero inequ\u00edvocamente, dej\u00f3 entrever que toda la cuesti\u00f3n litigiosa en este asunto quedaba reducida a establecer que con base en una denuncia impetrada por un funcionario al servicio de la entidad demandada se proces\u00f3 penalmente a VILLERO GAMEZ, quien finalmente fue absuelto. De este modo, el inconforme olvid\u00f3 por completo, que la sentencia condenatoria por \u00e9l perseguida exig\u00eda la prueba fehaciente de aquellos tres presupuestos, esto es, el da\u00f1o, la culpa, y de un nexo causal entre la conducta atribuida a la parte demandada y los perjuicios eventualmente irrogados al demandante. <\/p>\n
Viene de lo dicho que as\u00ed el fallador hubiera incurrido en el desatino denunciado por el casacionista, ello a nada conducir\u00eda por cuanto que, no confluyendo la totalidad de los elementos que estructuran la responsabilidad civil extracontractual, la sentencia desestimatoria seguir\u00eda en pie. <\/p>\n
Sobre estos \u00faltimos particulares es menester recordar que en armon\u00eda con diversos pronunciamientos de esta misma Sala, \u201cen principio, la formulaci\u00f3n de una denuncia por hechos presuntamente delictuosos, traduce el cumplimiento de un deber ‘p\u00fablico y social, universal y legislativamente aceptado, de notificar al Estado de tales hechos para que promueva, desarrolle y concluya la investigaci\u00f3n y proceso penal correspondiente, para establecerlos e imponer a los responsables las sanciones pertinentes (con la reparaci\u00f3n de los perjuicios del caso), raz\u00f3n por la cual su ejercicio se considera responsable y l\u00edcito, y no deja de serlo por la abstenci\u00f3n de la apertura o conclusi\u00f3n del proceso por el sobreseimiento o absoluci\u00f3n de la persona denunciada, quien, por consiguiente, carece de derecho a reclamar resarcimiento de los perjuicios sufridos\u2019 a menos, claro est\u00e1, que la persona vinculada en forma arbitraria e injusta a un proceso penal como consecuencia de una noticia criminal o de una denuncia temeraria, demuestre \u2018plenamente los elementos de la responsabilidad civil del acto o actos abusivos imputables al denunciante, los da\u00f1os ocasionados al denunciado y la relaci\u00f3n de causalidad directa entre ellos, so pena, en caso contrario, de quedar el denunciante como arriba se dijo, amparado por la ley y exonerado de toda responsabilidad civil\u00bb (sents. de 13 de octubre de 1988 y 23 de junio de 2000). <\/p>\n
Tal doctrina, posteriormente la reiter\u00f3 esta Corporaci\u00f3n cuando sostuvo que \u201cel resultado favorable al denunciado no basta para deducirle responsabilidad al denunciante, sino que es necesario demostrar, adem\u00e1s del da\u00f1o y la relaci\u00f3n causal, la intenci\u00f3n da\u00f1ina con que se obr\u00f3, o la negligencia o imprudencia que se observ\u00f3, porque los elementos definitorios de esta responsabilidad se enmarcan dentro del esquema de la teor\u00eda de la responsabilidad subjetiva\u201d (sent. 7 de noviembre de 2000, exp. 5476). <\/p>\n
<\/p>\n
Por las prenotadas razones, esto es, por cuanto es ostensible que ni en la demanda incoativa, ni en el escrito en que sustent\u00f3 su recurso de casaci\u00f3n, el se\u00f1or Villero G\u00e1mez afirm\u00f3 siquiera que la denuncia contra \u00e9l impetrada obedeci\u00f3 a la temeridad de su contraparte, o que los jueces penales, al absolverlo de las imputaciones efectuadas por un dependiente de la Caja, hubieran concluido que -al interponer la noticia criminis- \u00e9ste obr\u00f3 con indiscutida imprudencia o negligencia, o de mala fe, es que tampoco cabe deducir que el Tribunal incurri\u00f3 en trascendental error de derecho por no haber dispuesto, oficiosamente, el recaudo adecuado de la copia de las pluricitadas sentencias absolutorias, es decir, su reproducci\u00f3n en la forma ajustada a los comentados art\u00edculos 254 y 115 del C. de P. C., puesto que tal proceder oficioso, en la situaci\u00f3n descrita, no hubiera reportado utilidad alguna. Ded\u00facese as\u00ed, que la actividad probatoria echada de menos por el censor, resultaba inocua. <\/p>\n
A tono con las anteriores consideraciones, la conclusi\u00f3n que se impone es la de que el cargo no se abre paso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 16 de mayo de 2000 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Valledupar, en el proceso ordinario seguido por FELICIANO AGUSTIN VILLERO GAMEZ contra la CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO. Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo del recurrente. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-094-2005 [1469] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005). Ref. Exp. 1469 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante FELICIANO AGUSTIN VILLERO […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82944","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82944","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82944"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82944\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82944"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82944"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82944"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}