SC-098-2005 [7014]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Ref: Expediente No. 7014 <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por GERMAN LERNER CYBULKIEWICS y ABRAHAM JOSE SCHRAER ALEX, contra la sentencia proferida el 4 de noviembre de 1999 por el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala-Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por BENSEVA ALTMAN KALICER contra aquellos y JORGE CASTA\u00d1EDA FLOREZ. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda que provoc\u00f3 este proceso, atendida tambi\u00e9n su reforma, pretendi\u00f3 la demandante la satisfacci\u00f3n de las siguientes pretensiones: <\/p>\n
<\/p>\n
a. De manera principal, declarar la nulidad absoluta de los contratos de compraventa celebrados entre los demandados Germ\u00e1n Lerner y Jorge Casta\u00f1eda, y entre \u00e9ste y Abraham Jos\u00e9 Schraer, contenidos, en su orden, en las escrituras p\u00fablicas Nos. 538 del 24 de febrero de 1989 y 4024 del 7 de diciembre de dicha anualidad, otorgadas ambas en la Notar\u00eda Quinta de Barranquilla, en relaci\u00f3n con el inmueble ubicado en la calle 14 No. 7-58 del municipio de Maicao (Guaj.), en el primer caso, porque \u201cno existi\u00f3 una causa l\u00edcita\u201d (fl. 11, cdno. 1), y en el segundo, \u201cpor ser celebrado con un tercero de mala fe\u201d (fl. 52, ib.). <\/p>\n
Comunicar al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos del C\u00edrculo de Riohacha, para que cancele la inscripci\u00f3n de tales contratos y as\u00ed \u201crestablecer la del t\u00edtulo del demandante\u201d. <\/p>\n
Condenar a los demandados Jorge Casta\u00f1eda y Abraham Jos\u00e9 Schraer a restituir el inmueble \u201ca la sociedad conyugal vigente entre el se\u00f1or Germ\u00e1n Lerner C. y la se\u00f1ora Benseva Altman Kalicer que actualmente se liquida en el Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla\u201d (fl. 15, ej.), junto con los frutos que se hayan percibido o hubieren podido percibir desde el 24 de febrero de 1989 hasta el d\u00eda de la entrega, sin derecho a reconocer mejoras en consideraci\u00f3n a que los demandados son poseedores de mala fe, reconociendo la indexaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
b) En forma subsidiaria suplic\u00f3 la demandante que se declarara que los aludidos contratos fueron absolutamente simulados \u201cy que en realidad no existi\u00f3 esa compraventa\u201d (fls. 16 y 53, ej.), preservando las se\u00f1aladas pretensiones consecuenciales. <\/p>\n
2. En resumen, los anteriores pedimentos se soportaron en los siguientes hechos: <\/p>\n
a) Germ\u00e1n Lerner y Benseva Altman contrajeron matrimonio civil el d\u00eda 25 de febrero de 1972, para cuya sociedad conyugal se adquiri\u00f3, por parte del se\u00f1or Lerner, un predio ubicado en la calle 14 No. 7-58 de esa ciudad, en el cual se encuentra construido el Edificio Natalhie compuesto de 27 apartamentos y dos bodegas adicionales, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica No. 53 de 27 de febrero de 1974, otorgada ante el Notario Unico de Maicao. <\/p>\n
b) \u201cTeniendo como fundamento la posterior demanda de divorcio a instaurar contra su c\u00f3nyuge\u201d y con la finalidad de \u201cevitar el pago de los gananciales\u201d, el se\u00f1or Lerner procedi\u00f3, \u201cde muy mala fe\u201d, a insolventar la sociedad conyugal \u201cmediante el supuesto o simulado traspaso que hizo a favor del se\u00f1or Jorge Casta\u00f1eda Fl\u00f3rez del \u00fanico bien patrimonial que la constitu\u00eda\u201d, lo que se realiz\u00f3 a trav\u00e9s de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa que consta en la escritura p\u00fablica No. 538 del 24 de febrero de 1989, otorgada en la Notar\u00eda Quinta de Barranquilla, debidamente registrada al folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 210-0001241, negocio jur\u00eddico que, por las razones se\u00f1aladas, se encuentra viciado de nulidad absoluta, \u201cpues para su celebraci\u00f3n no concurrieron\u2026todos los requisitos que se exigen para su validez, pues no existi\u00f3 causa l\u00edcita, adem\u00e1s de haber obrado los contratantes de mala fe\u201d (fl. 11, cdno. 1). <\/p>\n
c) Una vez registrada la mencionada compraventa, el se\u00f1or Lerner, el 31 de marzo de 1989, instaur\u00f3 demanda de divorcio contra su c\u00f3nyuge ante el Juzgado 12 Civil del Circuito de Barranquilla, es decir, 24 d\u00edas despu\u00e9s de la supuesta venta, manifestando en el libelo que dio origen a ese proceso, que la sociedad conyugal carec\u00eda de bienes. <\/p>\n
d) El contrato aludido, adem\u00e1s de nulo, es igualmente simulado, \u201cpues no existi\u00f3 por parte del vendedor la intenci\u00f3n de transferir el dominio al comprador sino el de insolventar el patrimonio social y eludir, de esa forma, el pago de los gananciales\u2026 por la liquidaci\u00f3n de la sociedad de bienes existente\u201d entre los esposos Lerner-Altman (fl. 12, cdno. 1). <\/p>\n
e) Aunque en la escritura se consign\u00f3 como precio de compra la suma de $10\u2019000.000,oo que -se afirm\u00f3- fueron cancelados, en realidad no existi\u00f3 pago alguno. <\/p>\n
f) En el contrato de compraventa tambi\u00e9n hay lesi\u00f3n enorme, por cuanto el valor comercial del inmueble \u201cexced\u00eda suficientemente el doble del precio que se hizo figurar en \u00e9sta\u201d (fl. 13, cdno. 1). <\/p>\n
g) El se\u00f1or Jorge Casta\u00f1eda, siguiendo instrucciones de Germ\u00e1n Lerner y para vulnerar los intereses patrimoniales de su c\u00f3nyuge, transfiri\u00f3 el inmueble a t\u00edtulo de venta al se\u00f1or Abraham Jos\u00e9 Schraer Alex, tercero de mala fe, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica No. 4024 del 7 de diciembre de 1989, otorgada en la Notar\u00eda Quinta de Barranquilla. <\/p>\n
3. Admitida la demanda y surtido su traslado, el demandado Germ\u00e1n Lerner la contest\u00f3 con oposici\u00f3n a las pretensiones. <\/p>\n
El demandado Jorge Casta\u00f1eda fue emplazado, por lo que su curador ad litem se pronunci\u00f3 manifestando que se aten\u00eda a lo que resultare probado en el proceso. <\/p>\n
4. En oportunidad, la demandante reform\u00f3 su demanda para incluir como demandado al se\u00f1or Abraham Jos\u00e9 Schraer Alex, am\u00e9n de adicionar las pruebas, los hechos y las pretensiones, que hizo extensivas al contrato de compraventa que sobre el inmueble en cuesti\u00f3n celebr\u00f3 aquel con Jorge Casta\u00f1eda, tal como qued\u00f3 rese\u00f1ado al resumir las s\u00faplicas de la demanda, integralmente considerada. <\/p>\n
Admitida como fue la reforma, el se\u00f1or Schraer le dio contestaci\u00f3n a la demanda oponi\u00e9ndose a las pretensiones. <\/p>\n
5. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla le puso fin a la primera instancia mediante sentencia proferida el 25 de febrero de 1997, en la cual declar\u00f3 la nulidad absoluta de los dos contratos de compraventa; orden\u00f3 cancelar la inscripci\u00f3n de los mismos en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, al igual que en el protocolo de las respectivas notar\u00edas, por haberse dejado sin efecto las escrituras p\u00fablicas respectivas; conden\u00f3 a los demandados Schraer y Casta\u00f1eda a restituir a la sociedad conyugal el inmueble litigado, as\u00ed como al pago de los frutos civiles \u201cen la forma pedida por la parte demandante\u201d, ordenando que fueran tasados y, finalmente, le impuso a los demandados el pago de las costas del proceso. <\/p>\n
6. Inconforme el se\u00f1or Lerner interpuso contra el fallo de primer de grado el recurso de apelaci\u00f3n, que el Tribunal Superior resolvi\u00f3 mediante sentencia de fecha noviembre 4 de 1999, confirmatoria de aquella decisi\u00f3n, salvo lo relacionado con la condena al pago de frutos que fue revocada. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de recordar las causales que motivan la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta, precis\u00f3 el sentenciador de segundo grado que exist\u00eda causa l\u00edcita cuando el motivo que originaba el contrato no atentaba contra la ley, ni las buenas costumbres. <\/p>\n
Refiri\u00f3 en seguida que esa clase de nulidad deb\u00eda ser declarada oficiosamente por el Juez, para lo cual era necesario que ella apareciere de manifiesto, que el acto o contrato se invocara en el litigio como fuente de derechos y de obligaciones para las partes, y que estas estuvieren presentes como tales. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 a continuaci\u00f3n el ad quem que, analizada la escritura p\u00fablica No. 538 del 24 de febrero de 1989, otorgada en la Notar\u00eda Quinta de Barranquilla, se advert\u00eda que la venta se realiz\u00f3 \u201cun mes y unos cuantos d\u00edas antes\u201d de que el se\u00f1or Lerner iniciara proceso de divorcio contra su c\u00f3nyuge, la se\u00f1ora Altman; que el precio de venta fue \u201cmuy inferior al precio real del bien inmueble, al cual los peritos le dieron un valor de $269\u2019000.000 para el a\u00f1o de 1989\u201d (fls. 39 y 40, cdno. 3); que el supuesto comprador Jorge Casta\u00f1eda no justific\u00f3 su inasistencia a rendir declaraci\u00f3n de parte; que en el expediente no obraba prueba alguna de que efectivamente se hab\u00eda producido el pago; que dicho comprador, al a\u00f1o de haber adquirido el inmueble, lo vendi\u00f3 al se\u00f1or Schraer, quien en realidad es el cu\u00f1ado del se\u00f1or Germ\u00e1n Lerner. <\/p>\n
De todo ello, dedujo el juzgador, no queda duda que la causa que dio origen a la compraventa, fue la intenci\u00f3n del se\u00f1or Lerner de insolventarse para no reconocerle a su c\u00f3nyuge los gananciales a los que tiene derecho, como quiera que se trata del \u00fanico bien social, motivo por el cual existe una verdadera causa il\u00edcita. <\/p>\n
Precis\u00f3 que aunque Germ\u00e1n Lerner, Orlando Cuello Cuello, Algemiro Redondo Sierra, Robinson Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez y Billy Castro Polanco, hab\u00edan declarado que el bien inmueble objeto del proceso no pod\u00eda formar parte de la sociedad conyugal, por cuanto de lo \u00fanico que era due\u00f1o el primero era del terreno, mas no de la edificaci\u00f3n que hab\u00eda levantado Salom\u00f3n Lerner, ello no pod\u00eda ser cierto puesto que en la escritura que contiene el supuesto contrato de compraventa celebrado entre los demandados, se consign\u00f3 que lo vendido era el lote junto con las mejoras en \u00e9l levantadas. <\/p>\n
Tras concluir que deb\u00eda declararse la nulidad absoluta del contrato, se ocup\u00f3 el Tribunal de las restituciones mutuas, para se\u00f1alar que el juez acert\u00f3 en sus decisiones, salvo lo relativo al pago de frutos, pues no se hab\u00eda acompa\u00f1ado prueba de su existencia y cuant\u00eda, raz\u00f3n por la cual revoc\u00f3 la condena que por este concepto se impuso. Los restantes pronunciamientos, los confirm\u00f3. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Tres cargos formularon los recurrentes contra la sentencia proferida por el Tribunal, uno por la causal quinta y los dos restantes por la causal primera de casaci\u00f3n. La Corte circunscribir\u00e1 su an\u00e1lisis al primero, toda vez que est\u00e1 llamado prosperar. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal contemplada en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acus\u00f3 la sentencia por haberse incurrido en la causal de nulidad prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 140 del estatuto procesal civil, al haberse pretermitido el grado jurisdiccional de consulta del fallo de primer grado. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n la censura que la sentencia era violatoria de los art\u00edculos 174, 187, 303 y 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, del art\u00edculo 55 de la ley 270 de 1996 y de los art\u00edculos 29, 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, porque se omiti\u00f3 motivar la decisi\u00f3n referente a la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primera instancia que declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 4024 del 7 de diciembre de 1989, otorgada en la Notar\u00eda 5\u00aa de Barranquilla. <\/p>\n
En el desarrollo de su acusaci\u00f3n, sostuvieron los recurrentes que no obstante que la sentencia de primera instancia fue adversa al demandado Jorge Casta\u00f1eda, quien estuvo representado por curador ad litem, el Juzgado no orden\u00f3 consultar el fallo como lo ordena el art\u00edculo 386 C de P.C., ni el Tribunal as\u00ed lo dispuso, pues s\u00f3lo admiti\u00f3 y tramit\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada. <\/p>\n
As\u00ed pues, se adujo, la pretermisi\u00f3n de la segunda instancia impide la firmeza de la sentencia, tal como lo precept\u00faa el inciso segundo del art\u00edculo 331 del C de P.C., por lo que deber\u00e1 declararse la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, pues no es posible fraccionar la instancia. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 la censura que si la demandante pretendi\u00f3 la nulidad de dos negocios jur\u00eddicos: la venta que Germ\u00e1n Lerner le hizo a Jorge Casta\u00f1eda y la que \u00e9ste realiz\u00f3 a Abraham Schraer, era necesario que la sentencia se ocupara del an\u00e1lisis y juzgamiento de la supuesta ilegalidad de los dos contratos. <\/p>\n
Sin embargo, en forma inexplicable, el fallo \u00fanicamente se ocup\u00f3 del primero de los aludidos negocios, omitiendo todo an\u00e1lisis respecto del segundo, pues en lo relativo a la predicada invalidez del contrato de compraventa que celebraron Jorge Casta\u00f1eda y Abraham Schraer, no hay motivaci\u00f3n, lo que ha privado a los sujetos vencidos de conocer los argumentos que condujeron a confirmar la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No ofrece discusi\u00f3n que el legislador estim\u00f3 como grave irregularidad procesal, que los jueces pretermitan \u00edntegramente la respectiva instancia, al punto que, de una parte, la erigi\u00f3 en vicio configurativo de nulidad y, de la otra, consider\u00f3 que ella era insaneable, de suerte que puesta en evidencia no queda m\u00e1s remedio que su declaraci\u00f3n, bien sea de oficio, o a petici\u00f3n de parte. <\/p>\n
As\u00ed se deduce de los art\u00edculos 140, numeral 4\u00ba, 144 inciso final y 145 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, normas \u00e9stas que, si bien anteriores a la Constituci\u00f3n de 1991, procuran hacer efectiva la garant\u00eda de la doble instancia prevista \u2013en la hora actual- en los art\u00edculos 29 y 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, verdadero derecho que, en el caso de la consulta que impone la ley para las sentencias adversas a quien estuvo representado por curador ad litem (art. 386 C de P.C.), tiene por objeto \u201cgarantizarle en mejor forma los derechos a quienes se encuentran representados en esas condiciones y, por dem\u00e1s, para precaverlos de una posible conducta desidiosa de su representante en el debate litigioso o, de no ser as\u00ed, no tener el curador la suficiente informaci\u00f3n que le permita asumir una defensa eficaz de los derechos de su representado\u201d (CLXXX, p\u00e1g. 209 y CCXLIX, p\u00e1g. 617). <\/p>\n
Es tal la importancia otorgada a la segunda instancia y, espec\u00edficamente, a la consulta de las sentencias que la ameritan, que mientras ella no sea decidida, el correspondiente fallo no quedar\u00e1 en firme, como categ\u00f3ricamente, con raz\u00f3n, lo establece el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 331 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ni podr\u00e1, por ende, reclamarse su ejecuci\u00f3n, la cual, en esa hip\u00f3tesis, s\u00f3lo tiene lugar \u201ca partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior (art. 334). <\/p>\n
Por manera que resulta plenamente justificado el celo del legislador con el vicio de nulidad que se comenta, pues en juego se encuentran derechos fundamentales sensibles y, por contera, de acentuada relevancia, como el debido proceso, la defensa, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, la doble instancia y, por esa misma v\u00eda, la cosa juzgada, pues no podr\u00e1 predicarse la inmutabilidad y definitividad de un fallo que \u2013ministerio legis- sea consultable, si este grado jurisdiccional no ha sido tramitado y decidido. <\/p>\n
2. Por supuesto que en aqu\u00e9llos eventos en que se interpone un recurso de apelaci\u00f3n que involucra los intereses de la persona para cuya protecci\u00f3n se estableci\u00f3 la consulta, no es necesario que \u00e9sta igualmente se tramite, toda vez que, en esa hip\u00f3tesis, dicho medio de impugnaci\u00f3n comprender\u00e1 el prop\u00f3sito tuitivo de aqu\u00e9lla. Es el caso, por v\u00eda de ejemplo, de la apelaci\u00f3n que interponga el curador ad litem de quien fue emplazado, o de la que promueva \u00e9ste luego de concurrir al proceso, o de la alzada que provoque un litisconsorte necesario de una de las personas a que se refiere el art\u00edculo 386 del C. de P.C., eventos en los que resulta claro que la segunda instancia se materializa para verificar, entre otros aspectos, la legalidad de la decisi\u00f3n adoptada frente a la respectiva entidad territorial, el interdicto o la persona que estuvo representada por curador. <\/p>\n
Sobre este particular, ha precisado la Sala, de manera uniforme, que \u201cla consulta…, es un grado de marcada calidad inquisitiva que, en los eventos en que es obligatorio evacuarlo, \u00fanicamente puede ser reemplazado por el recurso de apelaci\u00f3n en tanto \u00e9ste, en concreto, haya de entenderse interpuesto por el litigante en cuyo favor ha sido consagrada la consulta, \u2018porque si el objetivo de \u00e9sta…, es dar origen a una segunda instancia y obtener una revisi\u00f3n oficiosa del fallo, tal objetivo se cumple con la interposici\u00f3n del recurso de alzada\u2019 en esas condiciones, interposici\u00f3n que valga reiterarlo, puede producirse de modo directo y tambi\u00e9n por extensi\u00f3n de los efectos de un recurso de la misma \u00edndole hecho valer por un litisconsorte necesario (art.51 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil)\u201d (G.J. CCXLIX, segundo semestre de 1997. Vol. I. p\u00e1g. 617). Al fin y al cabo, por mandato de \u00e9ste \u00faltimo precepto, \u201clos recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecer\u00e1n a los dem\u00e1s\u201d. <\/p>\n
3 En el presente caso, es innegable que se omiti\u00f3 tramitar y decidir la consulta de la sentencia proferida el 25 de febrero de 1997 por el Juez S\u00e9ptimo de Familia de Barranquilla, grado jurisdiccional que era forzoso y, por ende, obligatorio, toda vez que el se\u00f1or Jorge Casta\u00f1eda Florez, a quien le fue adversa la decisi\u00f3n, estuvo representado por curador ad litem (fls. 26, 30, 33, 35 a 39, 42, 56 a 58, cdno. 1); ni el Juez orden\u00f3 que el expediente se enviara al Tribunal con ese prop\u00f3sito, ni \u00e9ste par\u00f3 mientes en ello, pues se limit\u00f3 a admitir, tramitar y resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso el se\u00f1or Germ\u00e1n Lerner (fls. 3, 5 y 33, cdno. 3). <\/p>\n
En estas condiciones, es claro que se configur\u00f3 el vicio de nulidad denunciado por el se\u00f1or Abraham Schraer, quien es litisconsorte del se\u00f1or Casta\u00f1eda. <\/p>\n
4. Cumple se\u00f1alar que, en este litigio en particular, no se puede afirmar que el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso el se\u00f1or Lerner torn\u00f3 innecesario el grado de consulta, pues aunque es cierto que \u00e9l y el se\u00f1or Casta\u00f1eda son litisconsortes necesarios, no lo es menos que esa condici\u00f3n \u00fanicamente se predica con respecto a las pretensiones vinculadas al contrato de compraventa que consta en la escritura p\u00fablica No. 538 de 24 de febrero de 1989, otorgada en la Notar\u00eda 5\u00aa de Barranquilla, mediante la cual el primero le transfiri\u00f3 al segundo el inmueble matriculado bajo el n\u00famero 210- 0001241. Sin embargo, no puede afirmarse lo mismo en relaci\u00f3n con las s\u00faplicas formuladas frente al contrato de compraventa incorporado en la escritura No. 4024 de 7 de diciembre de la misma anualidad, autorizada por el aludido fedatario, pues en dicho negocio fungieron como parte el se\u00f1or Casta\u00f1eda Fl\u00f3rez y Abraham Jos\u00e9 Schraer Alex, como vendedor y comprador, respectivamente. <\/p>\n
Por consiguiente, se impone casar la sentencia del Tribunal, para declarar la nulidad de la actuaci\u00f3n surtida en la segunda instancia, lo que hace innecesario el an\u00e1lisis de la otra irregularidad denunciada. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 4 de noviembre de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -Sala Civil Familia-, en el proceso ordinario promovido por BENSEVA ALTMAN KALICER contra GERMAN LERNER CYBULKIEWICS, JORGE CASTA\u00d1EDA FLOREZ y ABRAHAM JOSE SCHRAER ALEX, para DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en el tr\u00e1mite de la segunda instancia, a partir del auto de 22 de mayo de 1997 (fl. 3, cdno. 3). <\/p>\n
Ord\u00e9nase al Tribunal rehacer la actuaci\u00f3n invalidada, para lo cual deber\u00e1 darle tr\u00e1mite conjunto a la consulta del fallo de primera instancia y al recurso de apelaci\u00f3n que en su contra interpuso el se\u00f1or Germ\u00e1n Lerner, en orden a decidirlos en una misma sentencia. <\/p>\n
Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n, por haber prosperado. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-098-2005 [7014] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005) Ref: Expediente No. 7014 Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por GERMAN LERNER CYBULKIEWICS y ABRAHAM […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82947","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82947","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82947"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82947\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82947"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82947"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82947"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}