SC-099-2005 [5032]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00a1Error! Marcador no definido. <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005).- <\/p>\n
Referencia: Exp. 5032 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la se\u00f1ora MAR\u00cdA VICTORIA DE JES\u00daS MEJ\u00cdA DUQUE respecto de la sentencia de 25 de enero de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en el proceso ordinario promovido en contra suya por FRANCISCO, SANTIAGO, ALEJANDRO y ANA MAR\u00cdA, MONTA\u00d1A IB\u00c1\u00d1EZ, como herederos del se\u00f1or Rafael Monta\u00f1a Cu\u00e9llar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Duitama, Boyac\u00e1, los actores solicitaron que se declarara \u201cla existencia y su correspondiente disoluci\u00f3n, de la sociedad patrimonial formada entre el se\u00f1or RAFAEL MONTA\u00d1A CU\u00c9LLAR y la demandada desde el 1 de Enero del a\u00f1o 1991 hasta el d\u00eda 18 de Marzo de 1993, fecha en que falleci\u00f3 […] el causante Rafael Monta\u00f1a Cu\u00e9llar, conformada por el patrimonio social de que da cuenta esta demanda\u201d (fl. 20, Cdno. 1), y que, en caso de oposici\u00f3n, se condenara en costas a la demandada. <\/p>\n
2. La causa petendi, puede resumirse as\u00ed: <\/p>\n
A. El 11 de diciembre de 1965, Rafael Monta\u00f1a Cu\u00e9llar y Mar\u00eda Amparo del Carmen Ib\u00e1\u00f1ez Fonseca, contrajeron matrimonio por los ritos de la Iglesia Cat\u00f3lica, uni\u00f3n en la cual se procrearon Francisco, Santiago, Alejandro y Ana Mar\u00eda Monta\u00f1a Ib\u00e1\u00f1ez. <\/p>\n
B. Por escritura p\u00fablica n\u00famero 5080 del 6 de octubre de 1983, otorgada en la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1, se protocoliz\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal del citado matrimonio. <\/p>\n
C. Desde el 1\u00b0 de noviembre de 1984, se inici\u00f3 una uni\u00f3n de hecho entre el se\u00f1or Monta\u00f1a Cu\u00e9llar y la se\u00f1ora Mar\u00eda Victoria de Jes\u00fas Mej\u00eda Duque, que perdur\u00f3, \u201cen forma continua\u201d hasta el fallecimiento del primero, ocurrido el 18 de marzo de 1993. <\/p>\n
D. Los compa\u00f1eros permanentes no celebraron capitulaciones. <\/p>\n
E. Como consecuencia de la referida \u201cuni\u00f3n marital de hecho\u201d, se form\u00f3 una \u201csociedad patrimonial\u201d, que \u201cconstruy\u00f3 un patrimonio social\u201d formado por un lote de terreno ubicado en el Municipio de Paipa, el cual fue descrito e identificado en el correspondiente libelo. <\/p>\n
F. La citada sociedad patrimonial se disolvi\u00f3 el 18 de marzo de 1993, a ra\u00edz del fallecimiento del se\u00f1or Monta\u00f1a Cu\u00e9llar, uno de los \u201ccompa\u00f1eros permanentes\u201d. <\/p>\n
3. La demandada dio contestaci\u00f3n al libelo, oponi\u00e9ndose a su prosperidad. Acept\u00f3 los hechos concernientes al matrimonio y al fallecimiento del se\u00f1or Monta\u00f1a Cu\u00e9llar, a la liquidaci\u00f3n de su sociedad conyugal y a la relaci\u00f3n familiar con los demandantes, pero neg\u00f3 que ella y el fallecido hubieran conformado \u201cuna sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes a que hace referencia la Ley 54 de 1990\u201d. Propuso, adem\u00e1s, varias excepciones previas que le fueron resueltas en forma desfavorable. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia estimatoria de las s\u00faplicas de la demanda, fue confirmada en su integridad por el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
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Despu\u00e9s de aludir a la historia del presente juicio, el Tribunal abord\u00f3 el examen de los presupuestos procesales, que encontr\u00f3 reunidos a cabalidad. <\/p>\n
Se ocup\u00f3, a rengl\u00f3n seguido, de las pretensiones de la demanda, expresando que prohijaba la interpretaci\u00f3n que de tal pieza procesal hab\u00eda efectuado el a-quo en el sentido de entender que lo pretendido por la parte demandante era la declaratoria de la existencia y disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes regulada por la Ley 54 de 1990. <\/p>\n
Luego de relacionar los elementos que, en su sentir, eran indispensables para el \u00e9xito de la demanda, estim\u00f3 que ellos hac\u00edan presencia en el plenario. As\u00ed, encontr\u00f3 acreditada la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que surgiera con ocasi\u00f3n del matrimonio celebrado entre el se\u00f1or Monta\u00f1a Cu\u00e9llar y Do\u00f1a Mar\u00eda Amparo del Carmen Ib\u00e1\u00f1ez Monta\u00f1a, conforme a la escritura p\u00fablica 5080 de octubre 6 de 1983, al igual que, respecto del primero y la demandada, \u201cla convivencia como marido y mujer\u201d, que \u201cse cumpli\u00f3 a la vista de vecinos y conocidos, con pleno conocimiento de la familia y se prolong\u00f3 desde el a\u00f1o de 1984 hasta el d\u00eda 18 de marzo de 1993\u201d (fl 64 ib), la cual dedujo el ad quem de los testimonios rendidos por An\u00edbal de Jes\u00fas Mej\u00eda Duque, Rosario Monta\u00f1a de Forero, Luz Marina Consuelo Toro, Luis Daniel Florencio Bernardo Roca Lynn, Cecilia Fonseca de Ib\u00e1\u00f1ez, Pedro Tulio Mar\u00edn Silva, Mar\u00eda In\u00e9s Pinto de Monta\u00f1a y Juan Monta\u00f1a Pinto. <\/p>\n
Asegur\u00f3 el fallador de segundo grado, que la citada convivencia marital \u201cse prolong\u00f3 por m\u00e1s de dos a\u00f1os a partir de la vigencia de la Ley 54 de 1990, esto es desde el 1\u00ba de enero de 1991 y hasta el 18 de marzo de 1993\u201d (fl. 64 ib), y que no hab\u00eda lugar a pronunciarse sobre la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, dado que se formul\u00f3 como previa y que, por tal raz\u00f3n, se desestim\u00f3 en su momento, mediante auto que ya hab\u00eda cobrado ejecutoria. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Tres cargos se formularon en contra de la sentencia impugnada, el primero y el tercero con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y el segundo, con fundamento en la segunda de las referidas causales. La Sala, despachara en forma conjunta los dos primeros cargos por las razones que explicitar\u00e1 ulteriormente, y luego se ocupar\u00e1 de la \u00faltima censura. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se acuso la sentencia de violar los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba y 6\u00ba de la Ley 54 de 1990 y 745, 785, 1502 y 2079 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de un error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda, al \u201cdar por demostrado, sin estarlo, que entre las pretensiones de la demanda estaba la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho entre Mar\u00eda Victoria de Jes\u00fas Mej\u00eda Duque y Rafael Monta\u00f1a Cu\u00e9llar\u201d (fl. 10). <\/p>\n
Afirm\u00f3 la recurrente, luego de confrontar los t\u00e9rminos en que se redactara el petitum de la demanda con la interpretaci\u00f3n que del libelo ofreciera el ad quem, que \u201ccomo se puede apreciar el yerro es ostensible\u201d, ya que los demandantes no expresaron con \u201cprecisi\u00f3n y claridad\u201d, seg\u00fan lo exige el art\u00edculo 75 (4) del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cque su acci\u00f3n estuviera dirigida a obtener la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho, como presupuesto de lo que fue su \u00fanica pretensi\u00f3n, la disoluci\u00f3n patrimonial\u201d (fl. 11 ib). <\/p>\n
Adujo despu\u00e9s que \u201cno basta la simple afirmaci\u00f3n en los hechos de la demanda de una presunta uni\u00f3n marital, sino que en este caso es propiamente y de manera principal, el presupuesto del petitum inicial de la sentencia declarativa, para acceder luego s\u00ed a presumir la existencia del patrimonio de la sociedad que fue a lo que en realidad se contrajo la \u00fanica pretensi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ese error manifiesto llev\u00f3 al Tribunal \u201ca infringir los textos sustanciales, al dar por demostrado sin estarlo que los actores solicitaron en el libelo inicial la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho como presupuesto para presumir la sociedad patrimonial\u201d, a\u00f1adiendo que ello requiere previamente la declaratoria de la aducida uni\u00f3n marital. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 afirmando el censor que en la sentencia impugnada, se cometi\u00f3 otro yerro manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda porque el fallador estim\u00f3 que la se\u00f1ora Ib\u00e1\u00f1ez de Monta\u00f1a actu\u00f3 como parte en el proceso, cuando de la lectura del libelo se evidenciaba que intervino, \u00fanicamente, en representaci\u00f3n de sus hijos menores. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Invocando la causal segunda se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal por no encontrarse en consonancia con los hechos de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Record\u00f3 el censor los t\u00e9rminos del encabezamiento de la demanda, de las pretensiones y resalt\u00f3 lo afirmado en sus hechos 4\u00ba, 6\u00ba y 7\u00ba, concernientes a la convivencia de la pareja por m\u00e1s de ocho a\u00f1os; a que la sociedad patrimonial por ellos formada estuvo constituida por el bien que all\u00ed describen, y a la disoluci\u00f3n de esa sociedad, con motivo del fallecimiento del se\u00f1or Monta\u00f1a Cu\u00e9llar, para concluir, despu\u00e9s de transcribir \u00edntegramente la parte resolutiva del prove\u00eddo impugnado, que este \u201cera un fallo ULTRAPETITA\u201d, porque los accionantes no reclamaron la declaraci\u00f3n de existencia de \u201cla uni\u00f3n marital de hecho\u201d, para que una vez declarada esa situaci\u00f3n f\u00e1ctica, se pudiera presumir la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Seg\u00fan el casacionista, el Tribunal declar\u00f3 la uni\u00f3n marital cuando lo pretendido fue la declaraci\u00f3n de existencia de una sociedad patrimonial y su disoluci\u00f3n, y que \u201cla primera petici\u00f3n no puede ser principal sino subsidiaria y, la segunda, no es procedente por esta v\u00eda, toda vez que los mismos demandantes afirmaron que Rafael Monta\u00f1a Cu\u00e9llar hab\u00eda fallecido. Por tanto, la liquidaci\u00f3n era asunto a debatir en el proceso de sucesi\u00f3n del causante (art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 54 de 1990)\u201d (fl 12 ib). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Aunque de antiguo se ha puesto de presente por esta Corporaci\u00f3n la diversa naturaleza que tienen los dos motivos de casaci\u00f3n previstos en los ordinales 1\u00b0 y 2\u00b0 del art. 368 del C. de P.C., el primero destinado a corregir errores in iudicando y el segundo yerros in procedendo, la Sala, como se anticip\u00f3, despachar\u00e1 las dos primeras censuras en forma conjunta, no obstante venir apoyadas en los preceptos antes se\u00f1alados, pues ambas, por igual, reprochan al sentenciador por haber declarado la existencia y disoluci\u00f3n de la sociedad de hecho formada entre el se\u00f1or Rafael Monta\u00f1a Cu\u00e9llar y la se\u00f1ora Mar\u00eda Victoria de Jes\u00fas Mej\u00eda Duque. <\/p>\n
En efecto, mientras en el cargo primero se alega que no se expres\u00f3 \u201ccon precisi\u00f3n y claridad\u201d que la acci\u00f3n deducida en juicio \u201cestuviera dirigida a obtener la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho, como presupuesto de lo que fue su \u00fanica pretensi\u00f3n, la disoluci\u00f3n patrimonial\u201d, y por ello se endilga error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda, en el segundo de ellos, se alega que la parte demandante no pidi\u00f3 \u201cque se declarara la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho\u201d, lo que demuestra que ambas censuras giran alrededor del mismo tema. <\/p>\n
2. Empezando con la censura que alega que la sentencia impugnada es incongruente, se memora que el Tribunal expres\u00f3 al sustentar su decisi\u00f3n que prohijaba \u201cla interpretaci\u00f3n que de tal pieza procesal hizo la Juez de primera instancia, para significar que los demandantes pretenden la declaratoria de la existencia de la sociedad patrimonial de hecho, de la uni\u00f3n marital de hecho, formada entre RAFAEL MONTA\u00d1A CU\u00c9LLAR y MAR\u00cdA VICT0RIA DE JES\u00daS MEJIA DUQUE durante el 1 de enero de 1991 hasta el 18 de marzo de 1993, fecha en que aquel falleciera\u201d (fls. 56 y 57), y como el reparo del recurrente se hace consistir en que se concedi\u00f3 una s\u00faplica no solicitada en forma expresa en el petitum de la demanda, es palmario que el error que se endilga al Tribunal provendr\u00eda de una equivocaci\u00f3n en el entendimiento de tal pieza procesal, que tiene que combatirse con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, por cuanto el yerro no ser\u00eda de actividad, propio de la causal segunda, sino de raciocinio del juez al momento de decidir de fondo el litigio sometido a su composici\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, esta Sala ha sostenido sobre el particular que \u201csi la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, por haberla omitido o adicionado, o por error de hecho o de derecho en su apreciaci\u00f3n, la falencia se torna in judicando, que tiene que fundarse necesariamente en la causal primera de casaci\u00f3n, puesto que, de existir el yerro, \u00e9ste ser\u00eda de juicio y no de procedimiento\u201d (cas. civ. 7 de noviembre de 2000, Exp. 6296). <\/p>\n
Adicionalmente, a\u00fan suponiendo que el cargo estuviere t\u00e9cnicamente formulado, no podr\u00eda prosperar por cuanto en los procesos en los que se pretende respecto de una uni\u00f3n marital de hecho, la aplicaci\u00f3n de los efectos previstos en la ley 54 de 1990, no es necesario, indefectiblemente, que la parte interesada incluya de manera expresa en el petitum de la demanda que se declare de la existencia de la referida uni\u00f3n marital que tiene o tuvo con la parte demandada, sino que se hagan efectivos los derechos que para tal clase de v\u00ednculo consagra el ordenamiento positivo, sin que tampoco constituya yerro jur\u00eddico que el Juzgador haga la correspondiente declaraci\u00f3n en la providencia que ponga fin al proceso. <\/p>\n
Recientemente la Sala, precis\u00f3 que \u201c\u2026suele suceder en algunas ocasiones, que los interesados en las resultas de la contienda procesal encaminan sus s\u00faplicas a que se declare la existencia de los requisitos sustanciales de ciertas pretensiones, sin parar mientes que en definitiva, lo que debe figurar en la parte resolutiva de la sentencia, incluso para efectos de precisar su congruencia, no es el reconocimiento de esos requisitos, sino el pronunciamiento en torno a los efectos vinculantes que deben desplegarse cuando la prueba de ellos est\u00e1 en el proceso\u201d (cas. civ. 23 de agosto de 2004, Exp. 7515), doctrina que vertida al presente asunto lleva a la Sala a concluir que lo decisivo en procesos como el presente es que se declare la existencia de la sociedad patrimonial, por cuanto el efecto principal que produce tal declaraci\u00f3n es que el patrimonio producto del trabajo, ayuda y socorro pertenece por partes iguales a ambos compa\u00f1eros (art. 2\u00b0, Ley 54 de 1990), pero no que se declare que demandante y demandado est\u00e1n o estuvieron unidos de manera permanente y singular por el lapso previsto en la ley, pues ello constituye uno de los eventos en los que la referida ley presume la existencia de la sociedad patrimonial, que debe ser acreditado en el curso del proceso si se quiere obtener una sentencia estimatoria de las pretensiones de la demanda (Vid: cas. civ. 8 de abril de 2003, Exp. 7844). <\/p>\n
Ahora bien, concerniente a los dem\u00e1s fundamentos que el censor esgrimi\u00f3 al plantear este cargo, esto es, que fallecido el se\u00f1or Monta\u00f1a Cu\u00e9llar, la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la aducida sociedad patrimonial debi\u00f3 intentarse, de conformidad con el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 54 de 1990, dentro del respectivo proceso de sucesi\u00f3n, ha de observarse que esa situaci\u00f3n es extra\u00f1a a la causal de incongruencia de la sentencia y, por ende, debi\u00f3 ser planteada por el interesado, por una v\u00eda distinta, atendiendo que eventualmente constituir\u00eda nulidad de car\u00e1cter procesal, a fortiori, cuando de vieja data se tiene establecido que las causales en el marco del recurso de casaci\u00f3n son aut\u00f3nomas y, por contera, cada una posee su propia y singular arquitectura. <\/p>\n
3. Respecto de la primera censura, la Corte observa que desde el momento en que se trab\u00f3 la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal, la parte demandada aleg\u00f3 que la demanda no expres\u00f3 \u201ccon claridad y precisi\u00f3n los fundamentos y objetivos de la pretensi\u00f3n\u201d, y ello fue objeto de una excepci\u00f3n previa formulada al momento de contestar el libelo. En efecto, en el correspondiente escrito se afirm\u00f3 que \u201cen la Declaraci\u00f3n primera se solicita que por el tr\u00e1mite propuesto (proceso ordinario), se logra obtener una declaraci\u00f3n de EXISTENCIA de la sociedad patrimonial all\u00ed indicada, la verdad sea dicha, el legislador de la ley 54 de 1990, remiti\u00f3 tal par\u00e1metro de constituci\u00f3n de Uni\u00f3n Marital de Hecho a los simples y ordinarios medios de prueba consagrados en el C. de P.C.\u201d (fl. 2 cdno 2). El Juzgado desestim\u00f3 el medio exceptivo propuesto en auto adiado el 24 de abril de 1995 (fls. 1 a 6 ib.), manifestando que \u201clos fundamentos de las pretensiones son los hechos, los que fueron indicados en la demanda debidamente determinados, clasificados y numerados como lo exige el art. 75 numeral 6\u00b0 del C. de P.C. Si el juzgado hubiere observado que la demanda adolec\u00eda de \u00e9ste defecto, lo hubiere ordenado subsanar en el auto que dio traslado de las excepciones\u201d, decisi\u00f3n que \u2013dicho sea de paso-, no fue objeto de recursos por ninguna de las partes. <\/p>\n
Lo anterior evidencia que el aspecto medular de la presente censura fue materia de debate desde los albores del proceso y qued\u00f3, tambi\u00e9n, claramente definido cuando se decidi\u00f3 el incidente de excepciones previas. La parte demandada \u2013hoy recurrente- vuelve a plantear nuevamente -ahora ante la Corte-, la misma cuesti\u00f3n afirm\u00e1ndose que el Tribunal cometi\u00f3 yerro may\u00fasculo al interpretar la demanda \u201cal dar por demostrado sin estarlo que los accionantes solicitaron\u2026la declaratoria de la uni\u00f3n marital de hecho como presupuesto para presumir la sociedad patrimonial\u201d (fl. 11). <\/p>\n
La Sala observa que en la primera de las s\u00faplicas contenidas en la demanda, se pidi\u00f3 \u201cDeclarar la existencia y su correspondiente disoluci\u00f3n de la sociedad patrimonial\u201d formada entre el se\u00f1or Monta\u00f1a Cu\u00e9llar y la demandada, petici\u00f3n que en concordancia con los hechos que integraban la causa petendi y con los fundamentos de derecho invocados, llevaron tanto al Juez como al Tribunal, a entender que lo pretendido por los demandantes era la declaratoria de la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho, inferencia que en manera alguna implica una desfiguraci\u00f3n de la demanda, lo que descarta por ende la comisi\u00f3n del yerro f\u00e1ctico endilgado, toda vez que este s\u00f3lo se presenta cuando se demuestre que hay una evidente o manifiesta contraevidencia entre el contenido mismo del libelo y la interpretaci\u00f3n que de \u00e9l hace el sentenciador, y como en el presente asunto no se da el evento mencionado, la Sala no puede, por ende, abrirle paso al recurso. <\/p>\n
Para confirmar tal aserto, reit\u00e9rase que en el libelo se afirm\u00f3 que, entre Rafael Monta\u00f1a Cu\u00e9llar y la demandada surgi\u00f3 una \u2018uni\u00f3n de hecho\u2019 que perdur\u00f3, en forma continua, por m\u00e1s de ocho a\u00f1os, que culmin\u00f3 con la muerte del primero, el 18 de marzo de 1993 (hecho cuarto), y que como consecuencia de \u201cla Uni\u00f3n Marital de Hecho\u201d as\u00ed descrita, \u201cse form\u00f3 una sociedad patrimonial\u201d (hecho sexto). Igualmente se asever\u00f3 que el se\u00f1or Rafael Monta\u00f1a Cu\u00e9llar contrajo matrimonio cat\u00f3lico con Do\u00f1a Mar\u00eda Amparo del Carmen Ib\u00e1\u00f1ez Fonseca, en diciembre de 1965 (hecho primero), y que mediante escritura p\u00fablica 5080 de 1983, se protocoliz\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal surgida con ocasi\u00f3n de ese matrimonio (hecho segundo), circunstancias \u00e9stas que guardan estrecha relaci\u00f3n con el precepto contenido en el literal b) del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 54 en menci\u00f3n, alusivo a uno de los requisitos indispensables para que, con fundamento en una uni\u00f3n marital de hecho, se presuma la existencia de una sociedad de tipo patrimonial. <\/p>\n
Si a lo anterior se a\u00f1ade, como el ad quem lo destacara en su momento, que en la demanda no se hizo cita de fundamento de derecho sustancial distinto de la invocaci\u00f3n gen\u00e9rica de la Ley 54 de 1990, se ve con claridad que la parte actora no persigui\u00f3 el reconocimiento de una sociedad de hecho diversa a la prevista en la pluricitada Ley 54, y que, por tanto, no puede atribuirse al Tribunal yerro por arribar a tal conclusi\u00f3n, y menos manifiesto y protuberante como ser\u00eda menester para reconocer el efecto perseguido por la casacionista. <\/p>\n
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Resta destacar, que tambi\u00e9n adujo la recurrente que el ad quem incurri\u00f3 en error manifiesto de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, porque estim\u00f3 que la \u2018c\u00f3nyuge sobreviviente\u2019 Mar\u00eda Amparo del Carmen Ib\u00e1\u00f1ez de Monta\u00f1a actuaba como parte en el proceso, cuando \u201cde la lectura de la demanda surge de manera evidente que actu\u00f3 en representaci\u00f3n, en ese entonces, de sus menores hijos\u201d (fl 11, Cdno. Corte). <\/p>\n
Sobre este aspecto, la Sala observa que el Tribunal no expres\u00f3 en su fallo que la madre de los menores tuviera la calidad de parte en el proceso, como afirma el censor, sino que \u201c\u2026.la acci\u00f3n ordinaria se instaur\u00f3 por la c\u00f3nyuge sobreviviente\u2026.y sus hijos leg\u00edtimos\u201d, habida cuenta que en el libelo se afirm\u00f3, expresamente, que la se\u00f1ora Ib\u00e1\u00f1ez de Monta\u00f1a acud\u00eda al proceso representando a dos de sus hijos quienes eran, en ese entonces, menores de edad, lo que descarta, por ende, la comisi\u00f3n del yerro f\u00e1ctico que se endilga al Tribunal. <\/p>\n
En efecto, en la referida pieza procesal, se afirma por su suscriptor que obra \u201c\u2026como apoderado de los se\u00f1ores FRANCISCO MONTA\u00d1A IB\u00c1\u00d1EZ, SANTIAGO MONTA\u00d1A IB\u00c1\u00d1EZ, ANA MARIA MONTA\u00d1A IB\u00c1\u00d1EZ Y ALEJANDRO MONTA\u00d1A IB\u00c1\u00d1EZ, los dos \u00faltimos menores de edad, representados legalmente por su se\u00f1ora madre MAR\u00cdA AMPARO DEL CARMEN IB\u00c1\u00d1EZ DE MONTA\u00d1A\u201d (fl. 20 cdno 1), otorgando \u00e9sta \u00faltima el correspondiente poder, luego si el Tribunal expres\u00f3 que la demanda hab\u00eda sido promovida por la c\u00f3nyuge y sus hijos, no incurri\u00f3 en el yerro herm\u00e9neutico que denuncia el censor, desde luego que ello era cierto, pues aquella ejerc\u00eda la referida acci\u00f3n como representante legal de sus hijos. <\/p>\n
Asunto distinto es que en la providencia por medio de la cual se admiti\u00f3 la demanda el a quo hubiere estimado que la se\u00f1ora Ib\u00e1\u00f1ez actuaba \u201cen nombre propio y en su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y representaci\u00f3n de sus menores hijos…\u201d(fl. 24, cdno. 1), pero tal aspecto no fue controvertido o discutido por la parte demandada en el desarrollo del proceso, ni sirve para deducir del Tribunal un error en la interpretaci\u00f3n del libelo inicial. <\/p>\n
En consecuencia, no prosperan los cargos primero y segundo. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Tambi\u00e9n, con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, acus\u00f3 la recurrente la sentencia del Tribunal, de infringir, \u2018debido a error de hecho manifiesto\u2019, los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba, 3\u00ba, 5\u00ba y 6\u00ba de la Ley 54 de 1990 y 745, 785, 1502 y 2079 del C\u00f3digo Civil, por dar como demostrado, sin estarlo, que respecto de la pareja \u2018existi\u00f3 uni\u00f3n marital de hecho entre el 1\u00ba de enero de 1991 y el 18 de marzo de 1993; que durante ese lapso tuvieron \u2018convivencia marital\u2019, y que, por tanto, \u2018existi\u00f3 una sociedad patrimonial\u2019. <\/p>\n
<\/p>\n
En sustento de lo anterior, endilg\u00f3 al ad quem error de apreciaci\u00f3n en las siguientes pruebas: <\/p>\n
a) La carta suscrita por Mar\u00eda Victoria Mej\u00eda Duque, fechada el 13 de marzo de 1986, dirigida al doctor Diego Monta\u00f1a Cu\u00e9llar, y su respuesta, de fecha 13 de marzo de 1986, \u2018por cuanto all\u00ed se evidencia que debido a los problemas familiares, particularmente de negocios, no existi\u00f3 una convivencia arm\u00f3nica y permanente entre Rafael Monta\u00f1a y Mar\u00eda Victoria Mej\u00eda\u2019, pudi\u00e9ndose colegir una convivencia anterior a marzo 13 de 1986, pero de ninguna manera durante el lapso que dio por demostrado el Tribunal, posterior al cruce de escritos. <\/p>\n
En esta carta, afirm\u00f3 la demandada que \u201cno quiero seguir viviendo con Rafael si no puedo hacerlo en un ambiente de armon\u00eda\u201d, para despu\u00e9s referir negocios efectuados entre ellos, \u2018como personas que se conocen, se aprecian, pero no tienen \u00e1nimo de convivencia\u2019. Se trata simplemente, seg\u00fan concluy\u00f3 la inconforme, \u201cde una compa\u00f1\u00eda, a tal punto de que Mar\u00eda Victoria le advierte al padre de Rafael (Diego Monta\u00f1a) que en la propuesta de ayuda que le hace a su hijo (Rafael Monta\u00f1a) \u2018no incluyera mi propiedad\u2019, refiri\u00e9ndose a la de ella\u201d (fl. 13 ib). <\/p>\n
b) El testimonio de An\u00edbal de Jes\u00fas Mej\u00eda Duque, quien acorde con la demanda de casaci\u00f3n, afirm\u00f3 simplemente que \u2018existieron relaciones afectivas, pero entre 1982 y 1983, pero no en el per\u00edodo que equivocadamente dio por establecido el tribunal\u2019. Id\u00e9ntica censura pregon\u00f3 de la declaraci\u00f3n de Pedro Julio Mar\u00edn Silva. <\/p>\n
c) La declaraci\u00f3n de Rosario Monta\u00f1a de Forero, de la cual adujo la casacionista que \u2018no es conducente a demostrar el \u00e1nimo de convivencia y de constituir una sociedad de bienes. Ella solamente dice que viv\u00edan como pareja\u2019. <\/p>\n
d) El testimonio de Luz Marina Consuelo Toro, del que pod\u00eda inferirse que \u2018ellos tan solo ten\u00edan una relaci\u00f3n muy afectuosa de pareja que se quiere, pero de esa versi\u00f3n no se coligen los presupuestos f\u00e1cticos para la uni\u00f3n marital de hecho\u2019. <\/p>\n
e) El testimonio de Luis Daniel Florencio Bernardo Roca Lynn que \u2018es relevante en el sentido de que s\u00ed existi\u00f3 alguna convivencia entre los concubinos fue antes del tiempo estimado por el tribunal, entre 1985 y 1986 y m\u00e1s adelante estima que se extendi\u00f3 hasta 1993, quiz\u00e1 por haber visto a Mar\u00eda Victoria en el funeral de Rafael\u2019. <\/p>\n
f) La versi\u00f3n de Cecilia Fonseca de Ib\u00e1\u00f1ez que \u2018s\u00f3lo hace una afirmaci\u00f3n general que delata inter\u00e9s, al fin y al cabo es la mam\u00e1 de quien demanda en representaci\u00f3n de sus menores hijos, y su dicho es apenas una afirmaci\u00f3n general de la que no se deduce la valoraci\u00f3n del ad quem\u2019. <\/p>\n
g) La declaraci\u00f3n de Mar\u00eda In\u00e9s Pinto de Monta\u00f1a, esposa del doctor Diego Monta\u00f1a Cu\u00e9llar, quien afirm\u00f3 que conoci\u00f3 a Mar\u00eda Victoria entre 1982 y 1983, pero que \u2018de all\u00ed no se deduce el per\u00edodo que dio por establecido el tribunal y deja un vac\u00edo porque afirma que la vio en el funeral de Rafael\u2019. <\/p>\n
h) Finalmente, el testimonio de Juan Monta\u00f1a Pinto, hermano de Rafael Monta\u00f1a, quien \u2018da cuenta de un per\u00edodo de 1984 y 1988, pero lo relevante es que tambi\u00e9n hace \u00e9nfasis en un per\u00edodo concreto distinto al que dio por demostrado el tribunal\u2019. <\/p>\n
As\u00ed, asever\u00f3 la casacionista, \u201cde la prueba testimonial se colige que no hay coincidencia entre los declarantes que lleve a la convicci\u00f3n de una relaci\u00f3n continua o permanente entre el per\u00edodo que equivocadamente tom\u00f3 el Tribunal (1\u00ba de enero de 1991, hasta el 18 de marzo de 1993), seguramente para adecuar los hechos a la Ley 54 del 28 de diciembre de 1990 y, mucho menos, que existi\u00f3 una sociedad patrimonial\u201d (fl 14 ib). <\/p>\n
i) Igualmente, dedujo la demandada, el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho, como \u201cconsecuencia de la falta de apreciaci\u00f3n de la escritura de compraventa de la Notar\u00eda Principal de Paipa, Boyac\u00e1 de Rafael Monta\u00f1a a Mar\u00eda Victoria Mej\u00eda Duque sobre el predio 00-1-005-370 conocido como la \u2018laguna\u2019, en el Municipio de Paipa […], y del folio de Matr\u00edcula inmobiliaria\u201d. De esas pruebas, coligi\u00f3 la casacionista, se establece \u201cque no se estaba frente a una relaci\u00f3n movida por el (sic) affectio societatis, lo que all\u00ed se demuestra era que hac\u00edan negocios particulares y cada cual delimitaba su propiedad ya que la relaci\u00f3n tuvo interrupciones\u201d (fl. ya citado). <\/p>\n
As\u00ed las cosas -remat\u00f3 el censor- estos yerros manifiestos incidieron en la decisi\u00f3n impugnada, pues condujeron al Tribunal a la \u201caplicaci\u00f3n indebida de las disposiciones jur\u00eddicas relacionadas en la proposici\u00f3n jur\u00eddica, toda vez que no se dieron los presupuestos f\u00e1cticos de la uni\u00f3n marital de hecho como tampoco de la sociedad patrimonial producto de la anterior\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como de antiguo est\u00e1 suficientemente definido, no puede entenderse que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n autoriza a la Corte, per se, adentrarse en la controversia sobre los hechos que originan el litigio, \u201ca menos que el juzgador incurra en equivocaci\u00f3n de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, y, ese error sea de tal magnitud que, como consecuencia de \u00e9l, se produzca el quebranto de normas de derecho sustancial, caso en el cual podr\u00e1 invocarse ese yerro como causal indirecta de la violaci\u00f3n de normas de ese linaje, conforme lo dispuesto por los art\u00edculos 368, numeral 1 y 374, numeral 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d (cas. civ. 17 de octubre de 2000, Exp. 5727). <\/p>\n
Ello, obliga al recurrente cuando impugna la sentencia con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n endilgando error de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, a demostrar que el yerro del sentenciador adem\u00e1s de trascendente, es evidente, manifiesto u ostensible, es decir, que existe una palmaria contradicci\u00f3n entre lo afirmado por el sentenciador y la realidad que aflora de las pruebas que militan en el expediente. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido reiteradamente esta Sala, en repetidas ocasiones, al expresar que \u201cno se puede aniquilar o quebrar el fallo impugnado cuando el recurrente ha acudido a la v\u00eda indirecta de acusaci\u00f3n y simplemente organiza un examen de los medios de convicci\u00f3n diferente al que hizo el Tribunal, m\u00e1s profundo o m\u00e1s sutil, pero sin ir m\u00e1s all\u00e1, porque como la sentencia de instancia llega a la Corte amparada con la presunci\u00f3n de acierto, aquello s\u00f3lo puede tener lugar en presencia de un yerro f\u00e1ctico evidente que trascienda a la parte resolutiva de ese pronunciamiento, demostrado cabalmente por la censura, como quiera que la casaci\u00f3n no puede fundarse en la duda sino en la certeza\u201d (CCLXI Exp. 5243). <\/p>\n
2. Descendiendo al an\u00e1lisis del cargo, observa la Sala que el censor se limit\u00f3 a hacer una relaci\u00f3n de los diferentes elementos de juicio que tuvo en cuenta el ad quem al momento de dictar su sentencia, pero sin exponer las razones en virtud de las cuales, las apreciaciones hechas por el Tribunal re\u00f1\u00edan ostensiblemente con la realidad que arrojaba el caudal probatorio, olvidando que frente a esta modalidad de ataque, por error de hecho en la estimaci\u00f3n de tipo probatorio, como antes se acot\u00f3, la legislaci\u00f3n procesal civil exige su cabal demostraci\u00f3n, pues \u201cno se trata entonces de contraponer la interpretaci\u00f3n que de las pruebas hace el censor con la que hiciera el Tribunal…El impugnador, con miras a dejar sentada la presencia del yerro, tiene que cotejar lo expuesto en el fallo con lo representado por la prueba, a fin de que de esa confrontaci\u00f3n brote el desacierto del sentenciador, de manera clara y evidente\u201d (cas. civ. 29 de febrero de 2000, Exp. 6184). <\/p>\n
Para corroborar lo dicho, la Sala observa que la casacionista, redujo su ataque a relacionar apartes de los elementos de convicci\u00f3n tenidos en cuenta por el Tribunal, para concluir despu\u00e9s, de manera gen\u00e9rica, esto es, sin ofrecer la correspondiente e ineludible argumentaci\u00f3n, que de ellos no se pod\u00edan inferir los elementos estructurales de la sociedad patrimonial deducida de la uni\u00f3n marital de hecho, de conformidad con la Ley 54 de 1990, de modo que la prueba del yerro, su evidencia y trascendencia, es asunto que, stricto sensu, se qued\u00f3 en la simple enunciaci\u00f3n de los elementos constitutivos del ataque. <\/p>\n
3. Ahora bien, con prescindencia de la problem\u00e1tica acotada en el literal anterior, no se evidencia que el ad quem hubiera supuesto la existencia de una prueba que no obra en el expediente, o ignorado la que si lo est\u00e1, o distorsionado su contenido, cuando concluy\u00f3 que la se\u00f1ora Mej\u00eda Duque y el desaparecido se\u00f1or Monta\u00f1a Cu\u00e9llar para la \u00e9poca comprendida entre el 1\u00ba de enero de 1991 y el 18 de marzo de 1993, existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho, toda vez que tal conclusi\u00f3n tiene apoyo en las probanzas obrantes en el plenario. <\/p>\n
As\u00ed, por v\u00eda de ejemplo, resalta la Corte, los pasajes de algunas de las declaraciones recaudadas en la instancia: <\/p>\n
Rosario Monta\u00f1a de Forero, 54 a\u00f1os, \u201cYo conozco a Mar\u00eda Victoria Mej\u00eda, aproximadamente desde el a\u00f1o de 1982, en el momento en que ella empieza a tener relaciones emocionales con mi hermano Rafael Monta\u00f1a, reci\u00e9n separado de Mar\u00eda Amparo Ib\u00e1\u00f1ez, esa uni\u00f3n marital de hecho dur\u00f3 hasta la muerte de Rafael, que fue en el a\u00f1o de 1993\u2026ellos viv\u00edan en uni\u00f3n libre\u2026como pareja, como marido y mujer\u2026Ellos empiezan a vivir definitivamente en Paipa, Boyac\u00e1, por ah\u00ed como en el a\u00f1o 1987\u2026y son vecinos de mi padre, ya que mi padre en esa \u00e9poca viv\u00eda en Paipa\u2026En el a\u00f1o de 1991, muere mi padre Diego Monta\u00f1a, la se\u00f1ora Mar\u00eda Victoria y Rafael, siguen viviendo en Paipa, en la casa de Rafael y la se\u00f1ora Mar\u00eda Victoria, figura en las honras f\u00fanebres de mi padre como la esposa de Rafael Monta\u00f1a. Era un trato de c\u00f3nyuges porque era un trato de personas que se aman, de personas que se besan, que se dan la mano y que tiene un trato m\u00e1s all\u00e1 de la amistad\u201d. (fl. 170 cdno 1) <\/p>\n
Luis Daniel Florencio Roca Lynn, 44 a\u00f1os, \u2026en el a\u00f1o de 1982 Rafael Monta\u00f1a y Amparo decidieron separarse y de tal manera que Rafael dej\u00f3 a su familia viviendo entre Paipa y Duitama y se vino para Bogot\u00e1 donde mont\u00f3 o compr\u00f3 para explotar un restaurante en el centro de Bogot\u00e1 que se llamaba el restaurante de la 18, y ah\u00ed conoci\u00f3 entre los clientes y personas que llegaban a Mar\u00eda Victoria Mej\u00eda Duque, quien estaba atravesando por una situaci\u00f3n por cuanto su esposo hab\u00eda muerto hacia muy poco tiempo creo que fue por un atentado, a partir de esa fecha de la cual puedo dar fe y me consta que Rafael y Mar\u00eda Victoria iniciaron una relaci\u00f3n afectiva y de convivencia que se prolong\u00f3 y termin\u00f3 con la muerte de Rafael Monta\u00f1a\u2026esa uni\u00f3n de pareja dur\u00f3 m\u00e1s o menos desde el a\u00f1o de 1982 hasta 1993\u201d (fls. 174, 175 ib.). <\/p>\n
Cecilia Fonseca de Ib\u00e1\u00f1ez, \u201cMi hija Amparo se cas\u00f3 con Rafael Monta\u00f1a en 1965, tuvieron cuatro hijos y vivieron juntos m\u00e1s o menos 18 a\u00f1os con intervalos de separaci\u00f3n de seis a\u00f1os entre cada uno de los hijos, \u2026.cuando el se uni\u00f3 a Mar\u00eda Victoria Mej\u00eda, se fueron a vivir a una finca en Paipa Boyaca\u2026el vivi\u00f3 con ella\u2026m\u00e1s o menos 10 a\u00f1os y de esa convivencia hay muchos testigos\u2026.cuando la velaci\u00f3n y cremaci\u00f3n del doctor Diego Monta\u00f1a Cu\u00e9llar padre de Rafael la vi en su calidad de compa\u00f1era de Rafael, m\u00e1s tarde cuando Rafael muri\u00f3, ella tambi\u00e9n figur\u00f3 como su esposa y en los avisos de defunci\u00f3n aparece\u201d (fl. 178 ib.) <\/p>\n
Juan Monta\u00f1a Pinto, 26 a\u00f1os, \u201cdesde 1984 en que RAFAEL present\u00f3 a MARIA VICTORIA como su mujer la conoc\u00ed, ellos vivieron al principio de su relaci\u00f3n en Bogot\u00e1, y luego se fueron a vivir a una finca de RAFAEL que era colindante con la finca de mi pap\u00e1 donde yo viv\u00ed mi infancia y mi adolescencia\u2026.a la muerte de Rafael, en los avisos mortuorios y actos sociales MARIA VICTORIA MEJIA apareci\u00f3 como la esposa de RAFAEL y se le daba su p\u00e9same y todo normal como la esposa\u201d <\/p>\n
Como puede apreciarse los testigos ante se\u00f1alados en t\u00e9rminos generales refieren, en suma, variadas circunstancias que, por igual, llevaron al ad quem, en el ejercicio leg\u00edtimo de su labor de apreciar la prueba regular y oportunamente recaudada, a concluir seg\u00fan se advirtiera, que s\u00ed existi\u00f3 una uni\u00f3n marital entre el se\u00f1or Monta\u00f1a y la se\u00f1ora Mej\u00eda que subsist\u00eda para la \u00e9poca del fallecimiento del se\u00f1or Diego Monta\u00f1a Cu\u00e9llar, en cuyas exequias intervino la demandada fungiendo como \u201cc\u00f3nyuge\u201d de Rafael; que la pareja hizo vida marital en un sector rural del municipio boyacense de Paipa; que hac\u00edan y recib\u00edan visitas de familiares y amigos, y que a la muerte de Rafael, la demandada asumi\u00f3 tambi\u00e9n la actitud propia de la esposa que pierde a su compa\u00f1ero, mostr\u00e1ndose as\u00ed ante dolientes y testigos, al punto que su nombre figuraba en los \u2018anuncios de peri\u00f3dico\u2019 publicados con motivo del deceso referido (fls 203 y 204 ib). <\/p>\n
En las condiciones descritas, por consiguiente, mal puede atribuirse al sentenciador de segundo grado yerro colosal u ostensible en la valoraci\u00f3n objetiva que de los referidos medios probatorios, \u00fanica forma de abrirse paso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, el contenido de la carta enviada por Do\u00f1a Mar\u00eda Victoria a Diego Monta\u00f1a Cu\u00e9llar, el 13 de marzo de 1986, y su respuesta del d\u00eda 30 del mismo mes y a\u00f1o, donde se mencionan problemas de convivencia de la pareja, ciertamente no enervan la prueba de la cohabitaci\u00f3n y de la uni\u00f3n hasta el a\u00f1o de 1993, que el Tribunal encontr\u00f3 acreditada con la prueba testimonial antes transcrita y que le sirvi\u00f3 para deducir, luego de encontrar acreditados los dem\u00e1s requisitos de ley, la uni\u00f3n marital de hecho entre Rafael Monta\u00f1a y la impugnante. <\/p>\n
Por la misma raz\u00f3n ha de colegirse la intrascendencia del reproche que la casacionista efectuara alegando que el Tribunal err\u00f3 de hecho por no apreciar la escritura p\u00fablica a trav\u00e9s de la cual Rafael Monta\u00f1a le vendiera un predio localizado en Paipa, Boyac\u00e1 y su certificado de tradici\u00f3n, porque la verificaci\u00f3n de esa negociaci\u00f3n carec\u00eda de aptitud impeditiva de la configuraci\u00f3n de la sociedad patrimonial, sin que pudiera interesar tampoco que cada uno de los compa\u00f1eros permanentes \u2019manejara sus bienes por separado\u2019, e inclusive, que entre sus prop\u00f3sitos no estuviera el constituir una sociedad del linaje anotado, porque, se insiste otra vez, \u00e9sta surge en virtud de un mandato legal, o sea ministerio legis, y no directa o privativamente de la voluntad de las partes. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en el proceso ordinario promovido por FRANCISCO, SANTIAGO, ALEJANDRO y ANA MAR\u00cdA MONTA\u00d1A IB\u00c1\u00d1EZ contra MAR\u00cdA VICTORIA DE JES\u00daS MEJ\u00cdA DUQUE. <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-099-2005 [5032] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00a1Error! Marcador no definido. SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005).- Referencia: Exp. 5032 Dec\u00eddese el recurso extraordinario de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82948","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82948"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82948\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}