SC-100-2005 [7198], S.V. 7.<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. C-7198 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Agr\u00edcola de Seguros de Vida S. A. y Seguros del Comercio S. A., contra la sentencia de 7 de abril de 1997, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de Mar\u00eda Saray Garc\u00eda de Pach\u00f3n, Homero, Doris y Carlos Enrique Pach\u00f3n Garc\u00eda contra las recurrentes. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la demanda que origin\u00f3 el proceso, los demandantes diciendo actuar en su condici\u00f3n de \u201cbeneficiaria y c\u00f3nyuge sobreviviente\u201d e \u201chijos leg\u00edtimos\u201d de Jorge Enrique Pach\u00f3n, y \u201cpor consiguiente herederos de \u00e9ste\u201d, solicitan que se condene a las sociedades demandadas a pagar a su favor las cantidades de dinero que al 30 de enero de 1991, su causante adeudaba al Banco Cafetero, junto con los perjuicios irrogados, consistentes en los intereses \u201ccausados y\/o pagados\u201d y los derivados de las \u201cacciones de cobro\u201d que contra el \u201cpatrimonio de la herencia, de los codeudores o de sus herederos\u201d se instauren, todo con \u201ccorrecci\u00f3n monetaria\u201d. <\/p>\n
2.- Las pretensiones se fundamentan en los siguientes hechos: <\/p>\n
2.2.- El seguro era tramitado por el Banco Cafetero, en representaci\u00f3n del entonces deudor, mediante el pago de las primas que se cargaban a su cuenta corriente, figurando el citado banco en calidad de \u201cprimer beneficiario\u201d y la esposa del asegurado como \u201cbeneficiario subsidiario\u201d. <\/p>\n
2.3.- Jorge Enrique Pach\u00f3n, a la fecha de su deceso, adeudaba al Banco Cafetero, los cr\u00e9ditos amparados por el seguro de deudores, los cuales se encontraban representados en los pagar\u00e9s n\u00fameros 90-5, 224-9 y 17-7, por $13.525.000.oo, $4.000.000.oo y $18.000.000.oo, respectivamente. <\/p>\n
2.4.- Efectuado el aviso del siniestro, el Banco Cafetero, am\u00e9n de remitir, el 3 de julio de 1991, a la c\u00f3nyuge sobreviviente, deudora solidaria de las obligaciones, la respuesta de la Compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola de Seguros de Vida S. A., neg\u00e1ndose a pagar el \u201cseguro con fundamento en la condici\u00f3n n\u00famero 5 del anexo de la p\u00f3liza de deudores\u201d, se limit\u00f3 a requerir a los demandantes para que cancelaran las obligaciones, vi\u00e9ndose estos precisados a hacer abonos, ante el grave peligro de una acci\u00f3n judicial que los marginara del acceso al cr\u00e9dito y de sus actividades como agricultores. <\/p>\n
3.- Notificadas de la existencia del proceso, las aseguradoras se opusieron a las pretensiones, mediante la formulaci\u00f3n de excepciones, argumentando que los demandantes no eran parte del contrato de seguro, ni ten\u00edan la calidad de beneficiarios. Adem\u00e1s, porque fuera de que el \u201csuicidio\u201d se excluye del concepto jur\u00eddico de riesgo asegurable, no se incluy\u00f3 en el seguro de vida de deudores el \u201csuicidio\u201d de Jorge Enrique Pach\u00f3n, y porque cuando \u00e9ste ingres\u00f3 a la p\u00f3liza, omiti\u00f3 informar, en forma culpable, los hechos y circunstancias referentes a su estado de salud, que de haber sido conocidas por el asegurador, habr\u00edan inhibido la expedici\u00f3n de las p\u00f3lizas. <\/p>\n
4.- En la etapa probatoria, la se\u00f1ora Nelsy Viviana Pach\u00f3n Garc\u00eda, en su condici\u00f3n de \u201chija leg\u00edtima\u201d del causante y \u201cheredera del mismo\u201d, compareci\u00f3 al proceso como litisconsorte \u201cnecesaria\u201d de los demandantes, calidad que fue aceptada en auto de 25 de febrero de 1993. <\/p>\n
Con fundamento, en lo esencial, en los mismos hechos de la demanda, la interveniente solicita que se condene a las aseguradoras a pagar a la sucesi\u00f3n de Jorge Enrique Pach\u00f3n, representada por la c\u00f3nyuge sobreviviente y sus herederos, las cantidades de dinero que se determinen, principalmente, como \u201cbeneficiarios a t\u00edtulo gratuito de los seguros que se mencionan\u201d, o en subsidio, como \u201csubrogatarios\u201d del Banco Cafetero. <\/p>\n
5.- Tramitado en esos t\u00e9rminos el proceso, el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en sentencia de 30 de mayo de 1995, declar\u00f3 infundadas las excepciones y conden\u00f3 a las sociedades demandadas, en la proporci\u00f3n que a cada una correspond\u00eda, a pagar a los demandantes y a la litisconsorte, \u201ccon destino a la masa herencial\u201d, los saldos insolutos que el causante Jorge Enrique Pach\u00f3n ten\u00eda con el Banco Cafetero, al momento de su muerte, los cuales determina, m\u00e1s los intereses moratorios que cada pagar\u00e9 indicaba, desde la fecha de la defunci\u00f3n hasta cuando se verifique su pago. As\u00ed mismo, deneg\u00f3 las \u201cpretensiones relacionadas con perjuicios y correcci\u00f3n monetaria\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la pretendida citaci\u00f3n del Banco Cafetero, como \u201clitisconsorte facultativo\u201d, solicitada en la demanda, inclusive por quien fuera admitida como litisconsorte necesario, para que en el caso de prosperar las excepciones, se le condenara a pagar las sumas reclamadas, consider\u00f3, en el cap\u00edtulo de antecedentes, que \u201ctal pretensi\u00f3n no fue estimada viable y por ello, ni el juzgado provey\u00f3 nada al respecto, ni los actores volvieron sobre el tema\u201d. <\/p>\n
6.- Decisi\u00f3n que, en t\u00e9rminos generales, el Tribunal confirm\u00f3 al resolver el recurso de apelaci\u00f3n que interpuso la parte demandada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- Como cada uno de los integrantes de la Sala Civil de Decisi\u00f3n, enarbol\u00f3 una tesis distinta, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 7\u00ba y 11 del decreto 1265 de 1970, se convoc\u00f3 a un cuarto magistrado, el que segu\u00eda en turno, \u201ca efecto de lograr una resoluci\u00f3n mayoritaria sobre una de las tres soluciones planteadas\u201d. <\/p>\n
El Tribunal finalmente confirm\u00f3 la sentencia apelada, salvo lo relacionado con la fecha desde cuando deb\u00eda atenderse la condena al pago de intereses, la cual reform\u00f3, para indicar que la misma no se contaba desde la data del fallecimiento del deudor, sino a partir del momento en que los demandantes hab\u00edan efectuado los pagos al Banco Cafetero, \u201cen la forma especificada en la parte motiva\u201d. <\/p>\n
2.- En cuanto a la legitimaci\u00f3n en causa de la parte actora, el Tribunal explic\u00f3 que si bien el contrato de seguro de vida se invoc\u00f3 como fuente de derechos, se pod\u00eda afirmar, aceptando que la demanda reun\u00eda los requisitos formales, que las pretensiones no se fincaron \u00fanica y exclusivamente en dicho contrato, pues lo que se reclamaba era el pago de las obligaciones que estaban a cargo de las aseguradoras, en virtud del seguro de vida grupo deudores, obligaciones que los demandantes se vieron compelidos a satisfacer, inicialmente, en forma parcial, y luego totalmente, una vez ocurrida la muerte del causante deudor. <\/p>\n
3.- Al identificar que la acci\u00f3n propuesta era la \u201csubrogatoria\u201d, el Tribunal expres\u00f3 que por haberse cumplido la condici\u00f3n suspensiva, la muerte de Jorge Enrique Pach\u00f3n, todo se reduc\u00eda a establecer si las sociedades demandadas estaban obligadas a pagar el valor del seguro. De ser positiva la respuesta, los demandantes deb\u00edan acreditar que, en calidad de terceros, pagaron \u201ca nombre\u201d de las aseguradoras. Si no lo estaban, por prosperar alguna excepci\u00f3n, como la nulidad del contrato de seguro o la exclusi\u00f3n del riesgo, \u201clos pagos se habr\u00edan efectuado mal\u201d, porque en ese caso los demandantes simplemente estar\u00edan solucionando una deuda del difunto. <\/p>\n
3.1.- Con relaci\u00f3n a la exclusi\u00f3n del riesgo, el Tribunal refiri\u00e9ndose al anexo No. 1 de 30 de octubre de 1987, dijo ser cierto que se hab\u00eda estipulado que en caso de \u201csuicidio\u201d de cualquier asegurado, acaecido en el a\u00f1o siguiente a la fecha de iniciaci\u00f3n del seguro, o de sus renovaciones o pr\u00f3rrogas, pues se trataba de un seguro autom\u00e1tico, no hab\u00eda lugar a indemnizaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Empero, como esa cl\u00e1usula se dej\u00f3 sin efecto a partir del 1\u00ba de marzo de 1990, seg\u00fan el anexo No. 6 de la misma fecha, no era posible afirmar, como lo expresa el recurrente, que lo pretendido era excluir permanentemente el riesgo. Entre otras cosas, porque se desdibujar\u00eda la cl\u00e1usula que recoge el pensamiento y la voluntad de las partes, y porque reasumir ese riesgo no era novedoso, pues en el contrato de seguro GD-70100, se defini\u00f3, con respecto al suicidio, que no obstante lo expuesto en la condici\u00f3n 19, \u00e9ste quedaba amparado desde la iniciaci\u00f3n del seguro. <\/p>\n
3.2.- Sobre que el suicidio no respond\u00eda al concepto jur\u00eddico de riesgo asegurable, el Tribunal indic\u00f3, con apoyo en la doctrina, que la tesis tendr\u00eda sentido trat\u00e1ndose del suicidio \u201cvoluntario\u201d, pero no del \u201cinvoluntario\u201d, que es el que se produce en un estado donde el suicida no tiene cabal juicio del alcance y la gravedad de su acto, que precisamente fue el que acaeci\u00f3, dadas las condiciones s\u00edquicas y f\u00edsicas del asegurado, seg\u00fan el dictamen pericial y las pruebas t\u00e9cnicas que lo sustentan, entre ellas el testimonio del m\u00e9dico que lo trat\u00f3 en su enfermedad, medios estos que no muestran los reparos endilgados. <\/p>\n
3.3.- Respecto de la inexactitud o reticencia, el Tribunal consider\u00f3 que no estaba al alcance de las sociedades demandadas alegar esos hechos como causa de nulidad absoluta del contrato de seguro, porque atendiendo las fechas de los pagar\u00e9s, 7 de marzo, 9 de mayo y 17 de octubre de 1990, las aseguradoras conoc\u00edan el estado de salud del asegurado, dado que el m\u00e9dico de las mismas emiti\u00f3 un concepto que, acogido por aqu\u00e9llas, autoriz\u00f3 amparar el riesgo como \u201csubestandar\u201d, mediante el pago de una \u201cextraprima del 75%\u201d. <\/p>\n
4.- Concluye el Tribunal que como la objeci\u00f3n no fue seria ni razonada, las excepciones no prosperaban, raz\u00f3n por la cual quedaba en pie la obligaci\u00f3n de las aseguradoras de cumplir el contrato de seguro, una vez acaecido el siniestro. Por lo tanto, los demandantes al pagar esa obligaci\u00f3n solucionaron una deuda que no les correspond\u00eda, debiendo entenderse que actuaron como terceros y no en calidad de herederos de Jorge Enrique Pach\u00f3n, porque para su seguridad, el acreedor, Banco Cafetero, hab\u00eda tomado con las aseguradoras el seguro por cuenta de dicho deudor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los terceros que pagaron se subrogaron voluntariamente en las acciones del acreedor, circunstancia que se explica por haber sido aqu\u00e9llos requeridos por \u00e9ste para el pago de las obligaciones. Pago que en todo caso no pudo extinguir las obligaciones de las aseguradoras, en consideraci\u00f3n a que los demandantes no realizaron el pago como herederos de Jorge Enrique Pach\u00f3n, sencillamente porque al acaecer su muerte, \u00e9ste nada deber\u00eda, en virtud del contrato de seguro, caso en el que las obligaciones se trasladaron a las compa\u00f1\u00edas aseguradoras, por haber \u00e9stas asumido el riesgo del siniestro. <\/p>\n
5.- En lo dem\u00e1s, el Tribunal se ocup\u00f3 de precisar el monto de las obligaciones y las fechas a partir de las cuales deb\u00edan ser cumplidas. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
Ocho cargos se formulan contra la sentencia. La Corte los resolver\u00e1 en el orden l\u00f3gico que corresponda, agrupando el cuarto, sexto y octavo, por impugnar en lo esencial id\u00e9ntico fundamento decisorio, as\u00ed como el segundo y quinto, por servirse de consideraciones comunes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
2- En apoyo de las mismas, el recurrente manifiesta que la providencia cuestionada no se adopt\u00f3 con la mayor\u00eda exigida en la ley, pues habiendo sido suscrita por cuatro magistrados, dos de los cuales salvaron el voto, debi\u00f3 aprobarse con el voto afirmativo de tres, tal como lo ordenan los art\u00edculos 11-3 del decreto 1265 de 1970 y 54 de la ley 270 de 1996. Adem\u00e1s, el llamamiento del cuarto magistrado s\u00f3lo proced\u00eda en caso de impedimento, recusaci\u00f3n, empate o falta absoluta de uno cualquiera de los miembros de la Sala. <\/p>\n
3.- Por lo mismo, \u201cse acudi\u00f3 a un procedimiento distinto al que correspond\u00eda para proceder a la expedici\u00f3n de una sentencia con la mayor\u00eda reglamentaria\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La falta de competencia funcional de una Sala de Decisi\u00f3n para conocer de un asunto determinado, tiene lugar no s\u00f3lo cuando el proceso se encuentra atribuido por ley a otra Sala de Decisi\u00f3n, del mismo o de otro Tribunal, sino cuando, como lo tiene dicho la Corte, la \u201cSala de Decisi\u00f3n que teniendo el conocimiento de dicho proceso no se ha integrado o no ha adoptado o suscrito legalmente dicha sentencia\u201d (sentencia de 19 de abril de 1989, CXCVI-89). <\/p>\n
2.- En el caso, ninguna discusi\u00f3n existe en torno a que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, era el competente para resolver el recurso de apelaci\u00f3n que se interpuso contra la sentencia del juzgado. <\/p>\n
Lo que debe elucidarse es si la Sala de Decisi\u00f3n que profiri\u00f3 el fallo recurrido estuvo debidamente integrada, porque s\u00f3lo as\u00ed puede afirmarse que las salas de decisi\u00f3n asumen la competencia para \u201cdictar las sentencias\u201d, tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, o en palabras del art\u00edculo 7\u00ba del decreto 1265 de 1970, para \u201cejercer las funciones jurisdiccionales\u201d. <\/p>\n
El art\u00edculo 19 de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, establece que los Tribunales Superiores \u201cejercer\u00e1n sus funciones\u201d, \u201cde acuerdo con la ley\u201d, por conducto de las \u201cSalas de Decisi\u00f3n plurales e impares\u201d. En el decreto citado, en concordancia con el Acuerdo No. 108 de 22 de julio de 1997, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, se regula todo lo relacionado con la organizaci\u00f3n y funcionamiento de las Salas de Decisi\u00f3n, as\u00ed como lo atinente a la forma como deben prepararse, discutirse y aprobarse las providencias. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a lo primero, el art\u00edculo 7\u00ba del mencionado decreto, que ser\u00eda el aplicable al caso, pues el 7 de abril de 1997, fecha de la sentencia, a\u00fan no se hab\u00eda promulgado el citado Acuerdo No. 108, se\u00f1ala que las salas de decisi\u00f3n \u201cse integrar\u00e1n en cada asunto por el magistrado a quien le corresponda en repartimiento y por los dos que le sigan en el orden alfab\u00e9tico de apellidos\u201d. En caso de impedimento o recusaci\u00f3n de un magistrado, o por otra causa legal de separaci\u00f3n del conocimiento del proceso, el art\u00edculo 16, numeral 2\u00ba, ejusdem, prev\u00e9 que su reintegraci\u00f3n se cumple llamando \u201cpor turno a otro de los magistrados de la sala respectiva, para que integren la decisi\u00f3n, y solo en defecto de ellos se sortear\u00e1n los conjueces necesarios. En caso de empate en la Corte, se har\u00e1 sorteo de conjuez para dirimirlo\u201d. Procedimiento que, como la misma norma lo indica, igualmente debe observarse \u201cen los Tribunales cuando no pueda obtenerse la mayor\u00eda con intervenci\u00f3n de otro magistrado de la sala\u201d especializada (subrayas extexto). <\/p>\n
En cuanto a la forma como se aprueban los proyectos, aspecto que tambi\u00e9n interesa al caso, el art\u00edculo 54 de la ley 270 de 1996, exige el \u201cvoto de la mayor\u00eda\u201d de los miembros de la sala de decisi\u00f3n, igual a como lo establec\u00eda el art\u00edculo 11, in fine, del decreto 1265 de 1970, al decir que las \u201cprovidencias que profieran las salas requieren mayor\u00eda absoluta de votos\u201d. Disposici\u00f3n que tambi\u00e9n impone la obligaci\u00f3n de suscribir las decisiones por la totalidad de los magistrados y conjueces que concurrieron a dictarlas, inclusive por quienes hayan disentido, sin perjuicio del correspondiente salvamento de voto. <\/p>\n
3.- El cargo denuncia la sentencia del Tribunal por estar afectada de nulidad, porque la sala que la dict\u00f3 no estuvo debidamente integrada, pues el llamamiento del magistrado que segu\u00eda en turno, s\u00f3lo proced\u00eda en los \u201ccasos de impedimento, recusaci\u00f3n, empate o falta absoluta\u201d de uno de sus miembros, y porque al suscribirse la decisi\u00f3n por cuatro magistrados, de los cuales dos salvaron el voto, la misma \u201cdebi\u00f3 adoptarse con el voto de tres de ellos que conforman la mayor\u00eda\u201d. <\/p>\n
3.1.- Con relaci\u00f3n a lo primero, si la ley exige que las decisiones del juez colegiado deben aprobarse por \u201cmayor\u00eda\u201d en salas \u201cplurales e impares\u201d, f\u00e1cilmente se advierte que si a ojos del Tribunal ello no fue posible, porque, seg\u00fan dijo, las posiciones de los magistrados no coinciden mayoritariamente, como lo hizo constar expresamente, consider\u00f3 menester conforme qued\u00f3 consignado, que interviniera otro magistrado de la misma sala especializada con el fin de obtener la mayor\u00eda requerida para adoptar la decisi\u00f3n respectiva. <\/p>\n
El caso es que, por efecto de ello, as\u00ed qued\u00f3 conformada la Sala, cuyo n\u00famero de magistrados que, antes de estar por debajo del m\u00ednimo requerido en la ley, result\u00f3 ser superior, asunto que, por lo mismo, descarta una irregularidad que d\u00e9 al traste con el tr\u00e1mite cumplido, y menos que hiera la competencia del Tribunal, que de todos modos resid\u00eda en su cabeza. <\/p>\n
3.2.- En cuanto que como la sentencia se encuentra suscrita por cuatro magistrados, dos de los cuales salvaron el voto, la misma \u201cdebi\u00f3 adoptarse con el voto de tres de ellos que conforman la mayor\u00eda\u201d, observa la Corte que por dicho aspecto tampoco se configura la causal de nulidad alegada, porque las decisiones fueron adoptadas por el voto de la mayor\u00eda de los magistrados que integraron la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con el voto de dos magistrados, el fallo acogi\u00f3 la tesis, seg\u00fan la cual la soluci\u00f3n al problema planteado deb\u00eda brindarse desde la perspectiva del pago con subrogaci\u00f3n. Los salvamentos de voto, en cambio, adujeron posiciones excluyentes entre s\u00ed, pues mientras uno argumentaba la responsabilidad contractual con la advertencia de que los demandantes no eran parte del contrato de seguro, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda absolverse a las sociedades demandadas, el otro propon\u00eda la condena desde la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual, de manera solidaria y limitada a lo que por capital e intereses recibi\u00f3 el Banco Cafetero. <\/p>\n
En todo caso, examinadas las posiciones vertidas en cada uno de los cuatro votos, claramente se pone de presente que en realidad uno s\u00f3lo abog\u00f3 por un fallo absolutorio, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa de los demandantes, porque dejando a un lado los dos votos coincidentes, el otro salvamento de voto, titulado as\u00ed, en verdad proclamaba la condena, aunque por caminos diferentes, con algunos matices en cuanto a la extensi\u00f3n de la misma. <\/p>\n
4.- El cargo, en consecuencia, no se abre paso. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1.- Den\u00fanciase la sentencia por no estar en consonancia con los hechos de la demanda. <\/p>\n
2.- Argumenta el recurrente que en la demanda no se afirma que los demandantes, en calidad de terceros, pagaron una deuda ajena y que por eso se subrogaron en las acciones del acreedor contra las compa\u00f1\u00edas de seguros, como lo crey\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
Al contrario, la se\u00f1ora Mar\u00eda Saray Garc\u00eda de Pach\u00f3n aduce la \u201ccalidad de beneficiaria y c\u00f3nyuge sobreviviente\u201d de Jorge Enrique Pach\u00f3n, en tanto que los otros demandantes, \u201cel car\u00e1cter de hijos leg\u00edtimos del mismo\u201d. Expresiones que no dejan duda que en esas condiciones demandaron, fundados en el contrato de seguro y en que las compa\u00f1\u00edas aseguradoras incumplieron la prestaci\u00f3n se\u00f1alada en dicho contrato. <\/p>\n
3.- Adem\u00e1s, el escrito de Nelsy Viviana Pach\u00f3n Garc\u00eda, donde solicita, subsidiariamente, que se acceda a las pretensiones de los demandantes en su condici\u00f3n de subrogatorios del Banco Cafetero frente a las aseguradoras, no puede tenerse como una demanda o como adici\u00f3n o reforma a la inicialmente presentada, porque fuera de ser un simple escrito de intervenci\u00f3n, no se corri\u00f3 el respectivo traslado. <\/p>\n
El Tribunal, empero, acoge la pretensi\u00f3n subsidiaria de la litisconsorte, pese a que no le \u201catribuye ninguna diferencia de fondo a los dos escritos y ciertamente no reconoce basarse para su decisi\u00f3n en el documento de intervenci\u00f3n (\u2026), sino en la demanda directamente, lo cual hace evidente la inconsonancia que se acusa\u201d. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
1.- Ac\u00fasase la sentencia por violar los art\u00edculos 1494, 1530, 1536, 1542, 1602, 1666 a 1670 del C\u00f3digo Civil, 822, 1080, 1037, 1137 y 1141 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de los poderes otorgados y del escrito presentado por la litisconsorte, \u201cal dar por probado, sin estarlo, que los demandantes obraron\u2026en calidad de subrogatorios del Banco Cafetero\u201d. <\/p>\n
1.1.- Con relaci\u00f3n a la demanda, porque la c\u00f3nyuge de Jorge Enrique Pach\u00f3n, quien igualmente afirm\u00f3 que hab\u00eda sido \u201cdeudora solidaria\u201d, de las obligaciones, am\u00e9n de beneficiaria del seguro de vida grupo deudores, y sus hijos, \u201cherederos de \u00e9ste\u201d, dijeron actuar en esas calidades, sin que afirmen que \u201chan pagado las deudas del fallecido al Banco Cafetero y que en consecuencia se han subrogado en su posici\u00f3n de acreedor\u201d. <\/p>\n
Al contrario, cuando manifestaron que el Banco Cafetero los requiri\u00f3 para que pagaran las obligaciones de su causante, esto denota que no pod\u00edan actuar en esa posici\u00f3n, porque la \u201csubrogaci\u00f3n s\u00f3lo se configura en el momento del pago\u201d. <\/p>\n
Igualmente, si las pretensiones se encaminaron a que se indemnizaran los da\u00f1os causados por la negativa de las aseguradoras al pago del siniestro, la subrogaci\u00f3n se excluye, porque por definici\u00f3n \u00fanicamente opera para \u201cperseguir el pago de la prestaci\u00f3n que es objeto de la relaci\u00f3n obligacional y sus accesorios\u201d. <\/p>\n
S\u00famase a lo dicho que en los fundamentos de derecho de la demanda no se cita norma alguna que aluda a la subrogaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el llamamiento en el libelo del Banco Cafetero, como litisconsorte facultativo, resultaba contradictorio, porque la \u201csubrogaci\u00f3n supone la salida del acreedor original de la relaci\u00f3n obligacional\u201d. <\/p>\n
1.2.- En cuanto a los poderes, la c\u00f3nyuge sobreviviente lo otorga para que \u201cgestione el pago del siniestro\u201d por ser \u201cbeneficiaria a t\u00edtulo gratuito del seguro de vida\u201d y porque \u201cel Banco Cafetero le est\u00e1 cobrando las deudas\u2026en calidad de codeudora de las mismas\u201d. Los hijos en tanto lo conceden \u201cpara llevar a cabo hasta su terminaci\u00f3n las gestiones tendientes a obtener de las demandadas el pago del seguro de vida de grupo deudores\u201d. <\/p>\n
1.3.- Respecto del escrito de intervenci\u00f3n, del que se afirma no es id\u00f3neo para alterar o modificar la relaci\u00f3n procesal, porque si bien el Tribunal se cuid\u00f3 de apreciarlo, de todas formas, al mencionarlo, pes\u00f3 en su decisi\u00f3n, pues en la pretensi\u00f3n subsidiaria se manifiesta la subrogaci\u00f3n. Fuera de esto, contradictoriamente, en \u00e9l los demandantes piden para la \u201csucesi\u00f3n de Jorge Enrique Pach\u00f3n\u201d, en calidad de c\u00f3nyuge e hijos y como beneficiarios gratuitos del seguro de vida, siendo que el \u00fanico beneficiario a t\u00edtulo oneroso es el Banco Cafetero. <\/p>\n
2.- Frente a todas esas expresiones, el censor concluye que los demandantes, en las condiciones dichas, ejercitaron una acci\u00f3n de naturaleza contractual, derivada del seguro de vida, en calidad de beneficiarios gratuitos, cuando no la tienen, porque el Banco Cafetero los excluye al ser el titular del inter\u00e9s asegurado a t\u00edtulo oneroso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como a partir de la reforma que el Decreto 2282 de 1989 introdujo al art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, una sentencia susceptible del recurso de casaci\u00f3n puede acusarse por \u201cerror de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda\u201d (causal primera), o por no estar \u201cen consonancia con los hechos de la demanda\u201d (causal segunda), que son los errores que, en lo esencial, en ambos cargos se denuncian, conviene precisar, como suficientemente lo tiene por averiguado la jurisprudencia, en qu\u00e9 casos se puede calificar el error como de juicio y en cu\u00e1les como de procedimiento. <\/p>\n
En la primera hip\u00f3tesis, se comprende que al definir el pleito, el sentenciador se sujeta al principio que le impone resolverlo con arreglo a los hechos invocados, s\u00f3lo que al fijarles su sentido y alcance, termina, sin embargo, alter\u00e1ndolos. En la segunda, se entiende que el juez se aparta de su contenido y lo sustituye por el que dicte su personal criterio. \u201cSe trata, entonces, en el primer caso de un error de entendimiento del contenido de la demanda, mientras en el segundo, un yerro por invenci\u00f3n o imaginaci\u00f3n judicial, producto de la desatenci\u00f3n o prescindencia de los hechos de la demanda\u201d (sentencia de 27 de noviembre de 2000, expediente 5529). <\/p>\n
2.- Si como se vio, la incongruencia f\u00e1ctica tiene lugar cuando el juez se aparta de los hechos de la demanda y no cuando los interpreta, el cargo segundo se torna infundado, porque en verdad, todo se reduce a un problema de interpretaci\u00f3n entre el recurrente y el sentenciador sobre los alcances de la causa petendi, lo cual precisamente se combate en el cargo quinto, a partir de aceptarse la existencia del seguro de vida grupo deudores y el pago de las obligaciones que ten\u00eda Jorge Enrique Pach\u00f3n, al momento de su deceso, con el Banco Cafetero, por parte de su c\u00f3nyuge e hijos: el Tribunal, al concluir que como el pago de las obligaciones correspond\u00eda a las aseguradoras, en virtud del seguro de vida, los demandantes al pagar, se hab\u00edan subrogado en los derechos del acreedor. El recurrente, al interpretar que como aqu\u00e9llos dijeron actuar en calidad de \u201cbeneficiara y c\u00f3nyuge sobreviviente\u201d e \u201chijos leg\u00edtimos\u201d del causante y, seg\u00fan el escrito de la litisconsorte, en la de \u201cbeneficiarios del seguro\u201d, nada diferente pod\u00eda comprenderse que el contrato de seguros se erigi\u00f3 en la fuente de sus derechos, respecto del cual no eran partes, careciendo, por lo tanto, de legitimaci\u00f3n para demandar. <\/p>\n
De otra parte, si en el cargo de incongruencia f\u00e1ctica se acepta que el Tribunal bas\u00f3 su decisi\u00f3n \u201cen la demanda directamente\u201d y no \u201cen el documento de intervenci\u00f3n de la litisconsorte\u201d, no se explica la Corte c\u00f3mo ese documento corrobora el vicio alegado. Si lo fue porque se acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n subsidiaria de dicho escrito, siendo que no era id\u00f3neo para alterar o modificar la relaci\u00f3n procesal, entre otras cosas, porque del mismo no se corri\u00f3 traslado a la parte demandada, el problema ser\u00eda otro, en todo caso ajeno a la causal de incongruencia. <\/p>\n
3.- Dilucidado, entonces, que todo se reduce a un problema de interpretaci\u00f3n de la demanda y de otros documentos relacionados con su contenido, como se denuncia en el cargo quinto, pertinente resulta se\u00f1alar que el juez al interpretar dicho libelo debe hacerlo dentro de un marco que no ri\u00f1a con su objetividad, pero s\u00f3lo cuando la imprecisi\u00f3n o la oscuridad no sean de una magnitud tal que obstaculicen averiguar lo que el demandante quiso expresar. Tarea en la que, se tiene dicho, debe tener en cuenta que la \u201ctorpe expresi\u00f3n de las ideas per se no puede ser motivo de rechazo del derecho suplicado cuando \u00e9ste alcanza a percibirse en su intenci\u00f3n y en la exposici\u00f3n que de los presupuestos f\u00e1cticos hace el demandante en su demanda\u201d (sentencia de 16 de febrero de 1995, CCXXXIV-234). <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n de la demanda, en consecuencia, debe hacerse con un criterio jur\u00eddico y no mec\u00e1nico, de modo racional, l\u00f3gico y cient\u00edfico, am\u00e9n de ce\u00f1ido a la ley. De ah\u00ed que dentro de un contexto de respeto por los derechos fundamentales, el examen del libelo se impone de manera integral, identificando la raz\u00f3n y la naturaleza del derecho sustancial que se hace valer, para as\u00ed superar cualquier imprecisi\u00f3n en que se haya podido incurrir. <\/p>\n
3.- En ese orden, debe dejarse sentado que el contrato de seguro que encontr\u00f3 configurado el Tribunal en el caso, es el de \u201cvida grupo deudores\u201d, mas no un seguro de cr\u00e9dito, porque el riesgo que asumi\u00f3 el asegurador era la p\u00e9rdida de la vida del deudor y no la imposibilidad de pago de la obligaci\u00f3n por parte del deudor dado su deceso, o por cualquier otra causa, con independencia de si el patrimonio dejado por el causante permit\u00eda pagar la obligaci\u00f3n a la entidad bancaria acreedora. <\/p>\n
De un lado, al referirse, indistintamente, al \u201ccontrato de seguro vida grupo de deudores\u201d, y de otro, al se\u00f1alar que los demandantes no hab\u00edan invocado la calidades directas de \u201ctomadores, beneficiarios o asegurados\u201d de dicho contrato, pues lo que hab\u00edan reclamado era el no pago del seguro al acaecer el siniestro, la \u201cmuerte\u201d del deudor del Banco Cafetero, pago que dichos demandantes se vieron compelidos a efectuar frente a las objeciones que formul\u00f3 la aseguradora l\u00edder. Obs\u00e9rvese c\u00f3mo el Tribunal dijo que en el caso las \u201ccompa\u00f1\u00edas de seguros se obligaron a cancelar al Banco Cafetero los cr\u00e9ditos que el tercero, Jorge Enrique Pach\u00f3n, hubiese adquirido, ocurrida la condici\u00f3n que ambos determinaron (su muerte), obligaci\u00f3n que una vez cumplida esa condici\u00f3n facultaba a la acreedora para trasladar el riesgo y obtener el pago de las deudas de tal forma amparadas\u201d. <\/p>\n
4.- Siendo claro, entonces, que el riesgo que se asegur\u00f3 era la p\u00e9rdida de la vida del deudor, como as\u00ed se acept\u00f3 a lo largo del proceso, inclusive en la demanda de casaci\u00f3n, a tal punto que se opuso como excepci\u00f3n que la muerte del asegurado causada por \u201csuicidio\u201d no era un riesgo cubierto, para el estudio del cargo quinto no interesa examinar si desde el punto de vista sustancial los requisitos de la \u201cacci\u00f3n subrogatoria\u201d, que es la que a juicio del Tribunal \u201cen el fondo se persigue\u201d, y no otra, se encuentran probados, porque como hecho antecedente es fundamental verificar en la demanda si los supuestos que constituyen la subrogaci\u00f3n convencional, que fue la que se encontr\u00f3 probada, fueron afirmados o al menos pod\u00edan deducirse inequ\u00edvocamente del libelo sin alterar su contenido objetivo. <\/p>\n
La subrogaci\u00f3n, legal o convencional, implica que los \u201cderechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas\u201d de un acreedor se transmiten \u201ca un tercero que paga\u201d, seg\u00fan se declara en los art\u00edculos 1666 y 1670 del C\u00f3digo Civil, lo cual significa que la obligaci\u00f3n del deudor no se extingue, sino que lo que se presenta es un simple cambio de acreedor. Por tanto, para calificar en un caso concreto como subrogatoria la acci\u00f3n propuesta, es intranscendente que se manifieste expresamente en la demanda, porque ese formulismo, superado desde anta\u00f1o, no lo exige la ley. <\/p>\n
Se requiere s\u00ed la afirmaci\u00f3n de los hechos que la constituyen, como que los demandantes pagaron una obligaci\u00f3n que era de cargo del tercero que se cita como demandado, para que sea el juez quien haga la imputaci\u00f3n jur\u00eddica, as\u00ed sea equivocada la del libelista. \u201cSon los hechos, tiene dicho la Corte, la voz del derecho\u201d, raz\u00f3n por la cual es al juez a quien corresponde calificarlos, \u201cno obstante los errores de las s\u00faplicas: da mihi factum, dabo tibi ius\u201d (sentencia de 17 de octubre de 1962, C-137). Como en otra ocasi\u00f3n se dijo, \u201cla desacertada calificaci\u00f3n que el libelista le d\u00e9 en su demanda a las s\u00faplicas, no tiene por qu\u00e9 repercutir en el tratamiento jur\u00eddico del caso, puesto que corresponde al juzgador y no a los litigantes definir el derecho que se controvierte\u201d (sentencia de 7 de mayo de 1979, CLIC-120). <\/p>\n
5.- Frente a lo expuesto, surge di\u00e1fano que el Tribunal no incurri\u00f3 en los errores que el cargo quinto denuncia, porque as\u00ed no se hubiere afirmado en la demanda expresamente que los demandantes se subrogaron en los derechos y acciones del acreedor Banco Cafetero, respecto de las aseguradoras, en calidad de deudoras, de todas formas los supuestos que exponen dichos demandantes como fundamento de las pretensiones, se encuadran en las hip\u00f3tesis normativas a que se hizo referencia. <\/p>\n
En efecto, am\u00e9n de afirmar que los cr\u00e9ditos que hab\u00eda otorgado el Banco Cafetero al se\u00f1or Jorge Enrique Pach\u00f3n, estaban amparados por un seguro de vida grupo de deudores, los demandantes manifestaron que al acaecer el siniestro, la muerte del deudor, las aseguradoras, ante el reclamo efectuado por el acreedor inicial, negaron el pago del seguro, motivo por el cual el BANCO CAFETERO, tomador y beneficiario del seguro de vida grupo deudores, procedi\u00f3 a requerirlos para que cancelaran las obligaciones, vi\u00e9ndose compelidos a hacer abonos ante el peligro de una acci\u00f3n judicial que los marginara del acceso al cr\u00e9dito. <\/p>\n
Cotejado lo anterior con lo que expres\u00f3 el Tribunal, se observa total fidelidad, porque como ya se observ\u00f3, luego de advertir que la demanda \u201cno adolec\u00eda de oscuridad\u201d, el sentenciador identific\u00f3 que la condena solicitada es \u201cpor el no pago del seguro\u201d, pues cuando los demandantes solucionaron las obligaciones \u201centendieron que efectuaban un pago al que no estaban obligados por ser a las aseguradoras a quienes correspond\u00eda\u201d. <\/p>\n
6.- En lo dem\u00e1s, no se ve c\u00f3mo la condici\u00f3n de \u201cc\u00f3nyuge sobreviviente\u201d e \u201chijos leg\u00edtimos\u201d del causante, afirmada bien en los poderes otorgados, ya en la demanda, pueda desvirtuar la subrogaci\u00f3n, porque am\u00e9n de ser ciertas esas calidades, precisamente el Banco Cafetero, apoyado en las mismas, requiri\u00f3 a los demandantes para el pago de las obligaciones. En todo caso, como al inicio se dej\u00f3 advertido, ni la omisi\u00f3n de las ideas ni la menci\u00f3n torpe de las mismas, como ahora, acaban por s\u00ed solas matando el derecho sustancial, menos cuando, como igualmente se vio, en los dem\u00e1s hechos est\u00e1 la m\u00e9dula que refleja la verdadera intenci\u00f3n de los demandantes. <\/p>\n
De otra parte, si por la subrogaci\u00f3n, legal o convencional, se traspasan los \u201cderechos, acciones y privilegios\u201d del antiguo al nuevo acreedor, no es equivocado sostener, con relaci\u00f3n al seguro de vida grupo deudores, que los demandantes adquirieron la calidad de beneficiarios, a t\u00edtulo oneroso, porque esa era precisamente la posici\u00f3n del Banco Cafetero en el contrato de seguros, que no es lo mismo a que fueran beneficiarios \u201cdirectos\u201d del citado seguro de vida grupo deudores. <\/p>\n
Por lo tanto, cualquier afirmaci\u00f3n distinta, como que eran beneficiarios directos a t\u00edtulo gratuito del seguro de vida grupo deudores, es intrascendente, por ser una interpretaci\u00f3n que no se acompasa con el derecho suplicado. La Corte, refiri\u00e9ndose a un contrato de seguros de esa naturaleza, tiene explicado que \u201cdelimitada la cobertura de la p\u00f3liza al pago del saldo de la deuda en el monto que tuviese a la fecha del fallecimiento del asegurado, no cabr\u00eda estipular otros beneficiarios, pues nada podr\u00edan reclamar para s\u00ed\u201d, porque el \u201cvalor del seguro va a la par con el saldo de la deuda, de manera que nunca quedar\u00e1 remanentes. Pero adem\u00e1s, ese valor del seguro tiene una destinaci\u00f3n espec\u00edfica: ser aplicado a la deuda del asegurado fallecido\u00bb (sentencia No. 145 de 29 de agosto de 2000, expediente 6379). <\/p>\n
Lo mismo cabe predicar de la solicitud de citaci\u00f3n del Banco Cafetero, como litisconsorte facultativo o como demandado, por haber sido el acreedor original, porque si bien, tal cual se expresa en el cargo quinto, la \u201csubrogaci\u00f3n supone la salida del acreedor original de la relaci\u00f3n obligacional\u201d, lo cierto es que esa intervenci\u00f3n no tuvo efecto, pues como lo se\u00f1al\u00f3 el juzgado, la pretensi\u00f3n contra dicho acreedor \u201cno fue estimada viable y por ello, ni\u2026provey\u00f3 nada al respecto, ni los actores volvieron sobre el tema\u201d. Si se hubiera admitido, la consecuencia era negar cualquier pretensi\u00f3n en contra del antiguo acreedor, porque evidentemente, en palabras del recurrente, \u201cninguna acci\u00f3n en subrogaci\u00f3n podr\u00eda permitir el llamamiento como litisconsorte\u201d, \u201ca quien era originalmente\u2026acreedor\u201d. <\/p>\n
Ahora, como el juez es quien debe aplicar las disposiciones que sean pertinentes al caso, as\u00ed se hayan omitido, o las citadas sean equivocadas, el punto ninguna incidencia podr\u00eda tener en la decisi\u00f3n, por ser un elemento de la demanda neutro. Ese aspecto, dice la Corte, \u201cdebe ser salvado por el funcionario judicial, puesto que el tipo de juez t\u00e9cnico que reconoce el sistema procesal vigente en Colombia, que lo presume conocedor de la ley, raz\u00f3n por la que \u00e9sta no debe ser probada, le impone el deber de aplicar la que corresponde al caso concreto, haciendo un ejercicio adecuado de subsunci\u00f3n\u201d (sentencia No. 208 de 31 de octubre de 2001, expediente 5906). <\/p>\n
En cuanto a la demanda de la litisconsorte necesaria, debe decirse que si el Tribunal la estim\u00f3 para concluir la subrogaci\u00f3n, cualquier duda se despejar\u00eda al respecto, en consideraci\u00f3n a que en ella la compareciente menciona expresamente el hecho. Otra cosa es que, seg\u00fan el recurrente, el escrito de intervenci\u00f3n no se pudiera valorar por no ser id\u00f3neo para modificar o alterar la relaci\u00f3n procesal, porque en ese evento el problema ser\u00eda de contemplaci\u00f3n jur\u00eddica. A\u00fan as\u00ed, la decisi\u00f3n no sufrir\u00eda modificaci\u00f3n, porque como qued\u00f3 analizado, los dem\u00e1s errores denunciados son inexistentes. <\/p>\n
7.- Distinto es que los demandantes o uno de ellos, hayan pagado la obligaci\u00f3n como codeudores solidarios del causante, caso en el que el pago realizado no les otorga la calidad de beneficiarios del seguro de vida grupo deudores que tom\u00f3 el acreedor inicial, porque con motivo de la solidaridad pasiva, el banco, ante la dificultad del cobro del seguro, por las circunstancias que fueren, bien hab\u00eda podido exigir el pago de la obligaci\u00f3n al codeudor o codeudores solidarios sobrevivientes, efectuado el cual, sin m\u00e1s, quedar\u00eda extinguida la obligaci\u00f3n para todos los deudores solidarios, sin perjuicio de la \u201csubrogaci\u00f3n legal\u201d, contra los herederos del obligado solidario fallecido, en el caso en que fuera el interesado en la deuda. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de un seguro de vida grupo deudores, como el del caso, y no un seguro de cr\u00e9dito, se reitera, recientemente se explic\u00f3 que en las circunstancias especiales que ofrec\u00eda el litigio, \u201cen el que se verifica que el acreedor beneficiario del seguro quiso hacer efectivo \u00e9ste para aplicarlo a la deuda, mas no obtuvo el resultado positivo por causas ajenas a su voluntad, cuanto fue la aseguradora quien propuso una objeci\u00f3n que determin\u00f3 en \u00faltimas que el otro deudor solidario procediera a efectuar el pago de la deuda; y en el que, adem\u00e1s, median las relaciones internas de la solidaridad entre quien hizo ese pago y los herederos del codeudor, los que por causa de la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n pasaban a ser beneficiarios del seguro; debe concluirse que no hay lugar a que el demandante pueda tomar para s\u00ed igual t\u00edtulo, beneficiario, por v\u00eda de la subrogaci\u00f3n\u201d (sentencia No. 025 de 23 de marzo de 2004, expediente 14576). <\/p>\n
Doctrina que desde luego no ser\u00eda aplicable al caso, de un lado, porque si bien en el hecho nueve de la demanda se afirm\u00f3 que, respecto de las obligaciones que ten\u00eda el causante JORGE ENRIQUE PACHON al momento de su muerte con el BANCO CAFETERO, la se\u00f1ora MARIA SARAY GARCIA DE PACHON, su esposa, era \u201cdeudora solidaria\u201d, lo cierto es que ninguno de los pagar\u00e9s que motivaron la controversia, los cuales reposan en el expediente tanto en original como en copia aut\u00e9ntica, aparecen firmados f\u00edsicamente por ella, y de otro, porque con independencia de la terminolog\u00eda utilizada, el pago que el acreedor original le exigi\u00f3 a dicha se\u00f1ora no lo fue en el grado de codeudora solidaria, sino como \u201cc\u00f3nyuge sobreviviente\u201d. <\/p>\n
8.- En esas circunstancias, los cargos segundo y quinto no prosperan. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1.- Ac\u00fasase la sentencia por no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
2.- El cargo se fundamenta en que en la demanda se pide para los demandantes, pero el Tribunal impuso la condena con \u201cdestino a la masa herencial\u201d. Si realmente se hubiere solicitado para la herencia, al menos debi\u00f3 arrimarse la prueba de la calidad de herederos. <\/p>\n
3.- De otra parte, lo pedido se contrae exclusivamente a las \u201cdeudas del fallecido en la fecha de la muerte, m\u00e1s intereses causados y\/o pagados por los demandados al Banco\u201d y a la \u201ccorrecci\u00f3n monetaria\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, la sentencia confirm\u00f3 la orden de pago de intereses sobre los saldos insolutos, a la tasa indicada en los respectivos pagar\u00e9s, desde la fecha de \u201ccada uno de los pagos verificados por los demandantes\u201d, cuando respecto de esas sumas \u00fanicamente se demand\u00f3 \u201ccorrecci\u00f3n monetaria\u201d. As\u00ed se ratifica en la pretensi\u00f3n quinta de la reiterada inoportuna demanda de la litisconsorte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil impone la obligaci\u00f3n al juez de adecuar su decisi\u00f3n al objeto y a la causa de la pretensi\u00f3n, as\u00ed como a la oposici\u00f3n que se haya planteado. Por esto, son incongruentes las sentencias que omiten pronunciarse, en cualquier sentido, sobre los temas eficazmente propuestos por las partes o cuando a pesar de haber sido resueltos, no respetan sus l\u00edmites cualitativos o cuantitativos. <\/p>\n
Como la incongruencia es un vicio de actividad, la prosperidad de la causal segunda de casaci\u00f3n no tiene otra finalidad que corregirlo, obviamente en sede de instancia, bien completando la sentencia deficiente, ya reduciendo la excesiva, ora conformando la decisi\u00f3n al proceso en el caso de desenfoque. <\/p>\n
2.- Frente a lo anterior, claramente se advierte que con relaci\u00f3n a la primera parte de la acusaci\u00f3n, el error no existe, porque si bien el Tribunal confirm\u00f3 la sentencia apelada, esto no significa que lo fue como el juzgado redact\u00f3 la parte dispositiva, es decir, que el pago deb\u00eda verificarse \u201ca favor de los demandantes y litisconsorte, con destino a la masa herencial\u201d. <\/p>\n
Si la sentencia forma una unidad inescindible, en cuanto sus disposiciones encuentran explicaci\u00f3n en sus motivaciones, es indiscutible que examinada en su contexto la sentencia, el Tribunal en ninguna parte confirm\u00f3 que se hab\u00eda pedido para la sucesi\u00f3n de JORGE ENRIQUE PACHON, porque al concluir que la acci\u00f3n propuesta era la subrogatoria, estaba significando que los demandantes hab\u00edan pagado deudas ajenas, las de las aseguradoras, y no las de su causante. <\/p>\n
3.- En lo que resta del cargo, como el juez no puede condenar al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, la comprobaci\u00f3n de la incongruencia objetiva, en cualquiera de sus modalidades de extra, ultra o m\u00ednima petita, supone una labor de parang\u00f3n entre las decisiones de la sentencia y lo que deb\u00eda ser motivo de condena, para, previa esa confrontaci\u00f3n, verificar si se pec\u00f3 por exceso o por defecto. <\/p>\n
Frente a lo anterior, lo primero que advierte la Corte es que si para comprobar o confirmar la incongruencia objetiva se acude al escrito de la litisconsorte, es claro que para ser coherentes, el recurrente no podr\u00eda echar mano de esa intervenci\u00f3n para realizar la labor de parang\u00f3n a que se hizo referencia. Esto porque si a dicho escrito no le atribuye ninguna eficacia legal, es l\u00f3gico que tampoco le servir\u00eda para demostrar el vicio de procedimiento denunciado. <\/p>\n
Empero, confrontadas las decisiones con las pretensiones de la demanda, se advierte que el error en cuesti\u00f3n es infundado. En efecto, tres condenas, en s\u00edntesis, contiene el libelo, la primera se refiere a las \u201ccantidades de dinero\u201d que el \u201ccausante\u201d adeudaba al Banco Cafetero al momento de su muerte, cuyo pago correspond\u00eda a las aseguradoras; la segunda, a los perjuicios morales y materiales causados por la \u201cnegativa al pago del siniestro\u201d, consistentes, entre otros, en los \u201cintereses corrientes y moratorios, causados y\/o pagados, con posterioridad al 30 de Enero de 1991\u201d; y la tercera, a \u201cla correcci\u00f3n monetaria a que haya lugar\u201d. <\/p>\n
La sentencia de segunda instancia confirm\u00f3 la condena al pago de intereses, pero modificada en cuanto a la fecha a partir de la cual deb\u00edan cancelarse, as\u00ed como la negativa al pago de la \u201ccorrecci\u00f3n monetaria\u201d y \u201cperjuicios\u201d distintos a intereses. Al no consignar consideraci\u00f3n adicional, se colige que el Tribunal en el punto aval\u00f3 la tesis del juzgado, seg\u00fan la cual la condena por perjuicios se circunscrib\u00eda a los causados por la mora en el \u201cpago reclamado\u201d, caso en el que \u201ctales da\u00f1os toman el denominativo de intereses moratorios\u201d, porque \u201cninguno otro perjuicio se ha producido, como que ni siquiera los actores tuvieron el cuidado de relacionarlos para su apreciaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
De manera que si en las pretensiones se solicit\u00f3 el pago de perjuicios por la \u201cnegativa al pago del siniestro\u201d, consistentes en los \u201cintereses corrientes y moratorios, causados y\/o pagados por causa de los cr\u00e9ditos mencionados, con posterioridad al 30 de enero de 1991\u201d, en ninguna incongruencia objetiva se incurri\u00f3, porque con respecto a los \u201ccr\u00e9ditos mencionados\u201d (pretensi\u00f3n primera), se pretendi\u00f3 no s\u00f3lo el pago de los intereses \u201ccausados con posterioridad\u201d a la muerte de Jorge Enrique Pach\u00f3n, sino tambi\u00e9n los \u201cy\/o pagados\u201d al Banco Cafetero por los demandantes despu\u00e9s de esa misma fecha, am\u00e9n de la desestimada correcci\u00f3n monetaria (subrayas extexto). <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, el cargo no se abre paso. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
2.- En su desarrollo, el recurrente afirma que la sentencia consider\u00f3 que los demandantes pagaron una deuda ajena, pues la obligaci\u00f3n era de las compa\u00f1\u00edas de seguros frente al Banco Cafetero, una vez ocurrido el evento previsto en la p\u00f3liza de seguro de vida. Por esto concluy\u00f3 que dichos demandantes se \u201csubrogaron ocupando la posici\u00f3n de acreedores que antes ten\u00eda el Banco, lo cual los legitimaba para demandar el pago a las aseguradoras\u201d. Tambi\u00e9n, dice, en el proceso se estableci\u00f3 que las sociedades demandadas \u201cobjetaron el siniestro y consideraron que no estaban obligadas a pagar\u201d. <\/p>\n
3.- En ese estado de cosas, el recurrente expresa que el Tribunal dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 1632 del C\u00f3digo Civil y aplic\u00f3 indebidamente las dem\u00e1s disposiciones citadas, porque si el asegurador \u201cno reconoc\u00eda dicha deuda y desaprobaba consecuencialmente su pago\u201d, el que paga contra la \u201cvoluntad del deudor no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado; y no se entender\u00e1 subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podr\u00e1 compeler al acreedor a que le subrogue\u201d. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
1.- Ac\u00fasase la sentencia por haber violado las mismas normas legales que se citan en el cargo inmediatamente anterior, salvo el art\u00edculo 1632 del C\u00f3digo Civil, y adicionalmente, los art\u00edculos 1037, 1137 y 1141 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de errores probatorios de hecho, al tener por acreditado, sin estarlo, que \u201centre los demandantes y el Banco Cafetero hab\u00eda mediado una subrogaci\u00f3n de car\u00e1cter convencional\u201d. <\/p>\n
2.- Expresa el censor que el Tribunal no mencion\u00f3 los medios que prueban la \u201cvoluntad del acreedor en la subrogaci\u00f3n y la constancia de la misma en la carta de pago\u201d, lo cual significa que crey\u00f3 verlos, en tanto ignor\u00f3 las pruebas que con claridad demuestran lo contrario. <\/p>\n
En ninguna parte de la demanda, de los pagar\u00e9s y de los documentos vistos en los folios 305, 328, 329 y 521 (C-1), 74, 75 y 77 a 79 (C-3), se afirma un hecho relativo a esos requisitos, \u00fanicamente el pagar\u00e9 No. 389, girado por los demandantes, contiene la menci\u00f3n: \u201cCr\u00e9dito otorgado para refinanciar OP 00024-9 vencida en Marzo 10 de 1991\u201d. <\/p>\n
Si bien el Banco Cafetero utiliz\u00f3 en los citados documentos, antit\u00e9cnicamente, la expresi\u00f3n subrogaci\u00f3n, frecuentemente usada en los \u00faltimos a\u00f1os por el sistema financiero, su significado no es otro que asunci\u00f3n de deuda, en cuanto al ser refinanciadas las obligaciones del causante, los demandantes las asumieron. <\/p>\n
3.- Concluye el recurrente que la subrogaci\u00f3n convencional no se encuentra probada, pues al ser un acto \u201cvoluntario y solemne\u201d, era necesaria la \u201cexpresa\u2026manifestaci\u00f3n de la voluntad de subrogar al que paga en los derechos y acciones del acreedor contra el deudor original, y que ello adem\u00e1s debe hacerse constar en la carta de pago\u201d. <\/p>\n
CARGO OCTAVO <\/p>\n
1.- Den\u00fanciase la sentencia por haber violado las mismas disposiciones que se citan en el cargo anterior, incluyendo el art\u00edculo 1632 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de errores de hecho que llevaron al Tribunal a suponer que \u201centre los demandantes y el Banco Cafetero hab\u00eda mediado una subrogaci\u00f3n\u201d, legal o convencional, que los legitimaba para demandar. <\/p>\n
Sobre la subrogaci\u00f3n convencional, el censor repite la acusaci\u00f3n contenida en el cargo sexto. La Corte, por econom\u00eda, se remite al compendio del mismo. <\/p>\n
En cuanto a la subrogaci\u00f3n legal, el recurrente afirma que los errores probatorios se concretan en el documento del folio 24, C-1, y en la confesi\u00f3n del hecho octavo de la demanda, pruebas con las cuales se demuestra que las aseguradoras objetaron el pago del siniestro y que declararon abiertamente, sin g\u00e9nero de dudas, que no se encontraban obligadas a pagar suma alguna al Banco Cafetero por la muerte de Jorge Enrique Pach\u00f3n. <\/p>\n
2.- Manifiesta el recurrente que si se hubieran examinado esos elementos probatorios, se habr\u00eda concluido que el pago efectuado por los demandantes al Banco Cafetero, se hizo \u201ccontra la voluntad\u201d de las \u201caseguradoras\u201d, circunstancia que imped\u00eda la subrogaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ante todo cabe observar que en la sentencia se dej\u00f3 sentado que los demandantes, en calidad de terceros, al solucionar una obligaci\u00f3n que era de cargo de las aseguradoras, como deudoras principales, hab\u00edan entrado a ocupar el lugar del acreedor, raz\u00f3n por la cual \u201cestaban facultados para demandar la repetici\u00f3n del pago\u201d. <\/p>\n
As\u00ed mismo, cuando en el an\u00e1lisis de los requisitos de esa especie de subrogaci\u00f3n, es decir, (a) la calidad de terceros de quienes pagaron, (b) la voluntad del acreedor en subrogar, (c) la menci\u00f3n expresa en la carta de pago y (d) la sujeci\u00f3n a las reglas de la cesi\u00f3n de derechos, el sentenciador los encontr\u00f3 cumplidos. En su sentir, porque sin estar obligados \u201cpersonalmente ni en nombre de la sucesi\u00f3n\u201d, los demandantes pagaron la obligaci\u00f3n en virtud de la \u201ccomunicaci\u00f3n del acreedor remitida el 2 de octubre de 1991 (f. 42) \u2018al requerirles formalmente la cancelaci\u00f3n inmediata\u2019 de las obligaciones adquiridas por el causante Pach\u00f3n\u201d, lo que evidentemente hicieron \u201cconforme a la prueba emanada del propio acreedor\u201d. <\/p>\n
2.- Bajo esa \u00f3ptica, claramente se advierte que las acusaciones contenidas en el cargo cuarto y en la segunda parte del cargo octavo, referidas a la subrogaci\u00f3n legal, resultan desenfocadas, porque el Tribunal fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la existencia de la subrogaci\u00f3n convencional. <\/p>\n
De ah\u00ed que para nada importaba que el pago se hubiere efectuado contra la voluntad del deudor, entendiendo por tal el hecho de haber objetado la reclamaci\u00f3n, pues si bien esa es la regla general, la recurrente no tiene en cuenta que a\u00fan as\u00ed, el tercero que paga pasa a ocupar el lugar del acreedor en el caso de que \u00e9ste le \u201cceda voluntariamente su acci\u00f3n\u201d, como lo prescribe el art\u00edculo 1632 del C\u00f3digo Civil, mismo que se cita como violado, excepci\u00f3n que precisamente encontr\u00f3 configurada el Tribunal. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, la controversia queda circunscrita a la subrogaci\u00f3n convencional, que es a lo que se refiere el cargo sexto y lo que resta del cargo octavo, respecto de la cual se manifiesta que el Tribunal tuvo por demostrado, sin estarlo, los elementos relativos a la \u201cvoluntad del acreedor en la subrogaci\u00f3n\u201d y a la \u201cconstancia de la misma en la carta de pago\u201d, en tanto que ignor\u00f3 los medios que acreditan que el acreedor \u201cno subrog\u00f3 a los demandantes en ninguna relaci\u00f3n obligacional\u201d, pues se limit\u00f3 a \u201crecibir el pago\u201d y a \u201cdeclarar extinguida la deuda\u201d, luego de haber \u201caceptado y consentido en la objeci\u00f3n que los aseguradores hab\u00edan formulado frente a su reclamo\u201d. <\/p>\n
3.1.- Existe acuerdo en el proceso que los demandantes pagaron al Banco Cafetero los cr\u00e9ditos que estaban pendientes de pago cuando ocurri\u00f3 la muerte del deudor, se\u00f1or Jorge Enrique Pach\u00f3n. As\u00ed lo acepta el recurrente al relacionar las \u201cdiferentes certificaciones y comunicaciones\u201d, am\u00e9n de los pagar\u00e9s con las constancias del caso, y el Tribunal al remitir a la prueba que sobre el particular emanaba del \u201cpropio acreedor\u201d. <\/p>\n
Referente a que se supuso la prueba relativa a la \u201cvoluntad del acreedor en la subrogaci\u00f3n\u201d y a la \u201cconstancia de la misma en la carta de pago\u201d, y que se ignor\u00f3 la que exist\u00eda en contrario, conviene precisar que el Tribunal la encontr\u00f3 en la \u201ccomunicaci\u00f3n del acreedor remitida el 2 de octubre de octubre de 1991 (f. 42) al \u2018requerirles formalmente la cancelaci\u00f3n inmediata\u2019 de las obligaciones adquiridas por el causante Pach\u00f3n. Es f\u00e1cil entender que as\u00ed no se diga en ese contexto, el requerimiento comprend\u00eda las acciones judiciales que, como tambi\u00e9n lo han afirmado, quebrar\u00eda en materia grave su cr\u00e9dito agr\u00edcola\u201d. As\u00ed mismo, en la \u201cprueba emanada del propio acreedor\u201d, que es la misma que el recurrente relaciona, pues en el expediente no existe otra. <\/p>\n
Igualmente cabe llamar la atenci\u00f3n que el censor acepta expresamente que en la referida prueba documental \u201cse alude al hecho de que alguna o algunas de esas obligaciones \u2013se refiere a los pagar\u00e9s que estaban pendientes de pago cuando sobrevino la muerte de Jorge Enrique Pach\u00f3n- fueron \u2018subrogadas\u2019\u201d a \u201cMARIA SARAY GARCIA DE PACHON\u201d, inclusive a sus \u201chijos\u201d, como en efecto as\u00ed se lee en algunos de esos documentos. <\/p>\n
Precisamente con relaci\u00f3n a los citados pagar\u00e9s, obs\u00e9rvese c\u00f3mo el BANCO CAFETERO manifiesta en algunos de las certificaciones que expidi\u00f3, indistintamente, luego de recibir los pagos que se le hac\u00edan, que \u201csubrogo el saldo de la obligaci\u00f3n…a MARIA SARAY GARCIA DE PACHON e hijos\u201d, que la obligaci\u00f3n \u201cfue subrogada a nombre\u201d de los mismos, que la obligaci\u00f3n es \u201csubrogada a MARIA SARAY GARCIA DE PACHON\u201d, y que existe \u201csubrogaci\u00f3n a cargo de MARIA DE PACHON\u201d (folios 305, 323, 328, cuaderno 1, 74-75, cuaderno 3). <\/p>\n
Desde luego que si en concordancia con la interpretaci\u00f3n de la demanda, seg\u00fan se analiz\u00f3 al resolver el cargo quinto, esa es la realidad objetiva que presenta la prueba documental, en ning\u00fan error probatorio de hecho por suposici\u00f3n u omisi\u00f3n de pruebas pudo incurrir el Tribunal al dejar sentada la existencia de la subrogaci\u00f3n convencional, a partir de encontrar reunidos los requisitos relativos a la \u201cvoluntad del acreedor en la subrogaci\u00f3n\u201d y a la \u201cconstancia de la misma en la carta de pago\u201d, que son los que se controvierten. <\/p>\n
De ah\u00ed que el sentenciador acert\u00f3 cuando concluy\u00f3 que la subrogaci\u00f3n voluntaria se \u201ccomprend\u00eda por s\u00ed mismo, desde el momento en que el \u00fanico que puede disponer de la obligaci\u00f3n es aqu\u00e9l a quien pertenece, esto es al acreedor, y por lo mismo el \u00fanico con capacidad para subrogar el pago. La subrogaci\u00f3n comporta una disposici\u00f3n de bienes que est\u00e1n en el peculio de aquel\u201d. As\u00ed mismo, cuando indic\u00f3 que ese pago lo realizaron los demandantes por los requerimientos del acreedor, \u201cbajo la presi\u00f3n de una acci\u00f3n ejecutiva, y por la cardinal raz\u00f3n de no atenderse el pago del siniestro\u201d por las aseguradoras\u201d. <\/p>\n
Ahora, si la recurrente quiere significar que la carta o documento de pago no pod\u00eda suplirse con ninguna otra prueba, es claro que en el punto estaba obligado a deducir otro tipo de error, el de derecho, adecu\u00e1ndolo de conformidad con \u00e9l, como es, entre otras cosas, denunciando la norma probatoria que consideraba infringida y explicando en que consist\u00eda la infracci\u00f3n, como ineludiblemente lo exige el inciso final del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, el Tribunal calific\u00f3 a quienes hicieron los pagos como \u201cterceros\u201d con respecto a las relaciones entre las aseguradoras y el Banco Cafetero. Este requisito de la subrogaci\u00f3n convencional, que entre otras cosas no se controvierte, desvirt\u00faa que los demandantes hayan solucionado las deudas del difunto. Como se dijo en la sentencia recurrida, no lo es porque dicho causante \u201cnada deb\u00eda al momento de ocurrir el deceso\u201d, en consideraci\u00f3n a que \u201cpor efectos del contrato de seguro\u201d, esas obligaciones se trasladaron, surgiendo un nuevo deudor, \u201cespec\u00edficamente las aseguradoras, que asum\u00edan el riesgo originado el siniestro\u201d. <\/p>\n
3.2.- Si lo anterior fuera poco, obs\u00e9rvese c\u00f3mo el propio recurrente acepta que en las aludidas \u201ccertificaciones y comunicaciones\u201d, el BANCO CAFETERO evidentemente refiere que las obligaciones fueron \u201csubrogadas\u201d, y aunque aclara que la expresi\u00f3n se utiliz\u00f3 \u00fanicamente para significar que los \u201cdemandantes se subrogaron en las deudas, esto es, las asumieron\u201d, la Corte se ve relevada de analizar el tema, como pasa a verse. <\/p>\n
El recurrente manifiesta que esa expresi\u00f3n no es t\u00e9cnica jur\u00eddicamente hablando, porque se ha \u201cvenido utilizando en nuestro sector financiero en los \u00faltimos a\u00f1os para aludir a algo que ciertamente no es subrogaci\u00f3n, sino asunci\u00f3n de deuda\u201d. No dici\u00e9ndose m\u00e1s sobre el punto, al rompe se advierte que no se trata de el ataque propiamente dicho en casaci\u00f3n, porque si en verdad ese es el sentido que a esa expresi\u00f3n le confieren los Bancos, el censor se qued\u00f3 a mitad de camino, porque no lo demuestra, pues ni siquiera remite a la Corte a donde as\u00ed se indica, am\u00e9n de que en el caso de haberse individualizado la acusaci\u00f3n, es un tema novedoso en casaci\u00f3n, porque en ninguna de las instancias se insin\u00fao que la expresi\u00f3n \u201csubrogaci\u00f3n\u201d el sistema financiero la ha entendido en los \u00faltimos a\u00f1os como asunci\u00f3n de deuda. <\/p>\n
4.- En ese orden de ideas, los cargos cuarto, sexto y octavo no prosperan. <\/p>\n
CARGO SEPTIMO <\/p>\n
1.- Ac\u00fasase la sentencia por haber violado los art\u00edculos 1494, 1530, 1536, 1542, 1602, 1632, 1666 a 1670 del C\u00f3digo Civil, 822, 1080, 1056, 1064 y 1072 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de errores de hecho que \u201cllevaron al Tribunal a considerar probado que el suicidio estaba cubierto por el contrato de seguro\u201d. <\/p>\n
2.- En cuanto a la conclusi\u00f3n sobre que el contrato de seguro, respecto de Jorge Enrique Pach\u00f3n, se encontraba vigente desde 1986, porque no se trataba de una p\u00f3liza autom\u00e1tica, como err\u00f3neamente lo apreci\u00f3 el Tribunal, sino de una p\u00f3liza colectiva o de grupo, respecto de la cual, uno es su marco general, y otra, distinta, cada una de las relaciones individualmente consideradas. <\/p>\n
El Tribunal tergivers\u00f3 los anexos del contrato de seguro y omiti\u00f3 las condiciones de la p\u00f3liza grupo deudores No. D-310, relativas a los intereses individuales, particularmente que cada amparo entrar\u00eda en \u201cvigor a partir de la fecha en que la Compa\u00f1\u00eda comunique por escrito su aprobaci\u00f3n al tomador\u201d (condici\u00f3n 3) hasta el pago de la deuda (condici\u00f3n 12). <\/p>\n
Igualmente, dej\u00f3 de apreciar que los pagar\u00e9s de 7 de marzo, 9 de mayo y 17 de octubre de 1990, se encontraban vigentes al momento de fallecer el deudor Jorge Enrique Pach\u00f3n. As\u00ed mismo, las solicitudes de seguro de vida de las mismas fechas (folios 74-76, C-1), y los documentos de 9 de abril, 8 de mayo y 17 de noviembre de 1990, mediante los cuales la aseguradora l\u00edder \u201caprueba el\u2026seguro en cada caso\u201d. <\/p>\n
3.- Respecto a que el \u201csuicidio\u201d \u201cera un riesgo que se encontraba cubierto\u2026por la p\u00f3liza de seguro\u201d, porque pese a verificarse en el anexo de 30 de octubre de 1987 que el suicidio estaba amparado, siempre y cuando ocurriera \u201cun a\u00f1o despu\u00e9s de la vigencia de la p\u00f3liza\u201d, el Tribunal, con fundamento en el anexo de 1\u00ba de marzo de 1990, concluy\u00f3 que esa condici\u00f3n original de la p\u00f3liza se hab\u00eda suprimido, por lo que \u201chab\u00eda quedado cubierto el suicidio en todo caso\u201d. <\/p>\n
Para demostrar el error, el censor insiste en que como el suicidio voluntario escapa al \u00e1mbito legal del seguro, es claro que al suprimirse la cl\u00e1usula que lo amparaba, siempre que ocurriera luego de transcurrido un per\u00edodo de carencia, un a\u00f1o, significa que \u201cel asegurador opt\u00f3 por NO CUBRIR EL SUICIDIO EN NINGUN CASO, para lo cual nada tendr\u00eda que decirse expresamente, porque se entiende que no se pueden cubrir por el seguro los actos meramente potestativos del asegurado\u201d. <\/p>\n
4.- Sobre que el suicidio no fue voluntario, porque fuera de no mencionar los medios que acreditan ese hecho, el Tribunal \u201cdej\u00f3 de apreciar o apreci\u00f3 err\u00f3neamente\u201d las siguientes pruebas. <\/p>\n
Los interrogatorios de Homero y Gladys Pach\u00f3n Garc\u00eda, as\u00ed como el de Mar\u00eda Saray Garc\u00eda de Pach\u00f3n, aceptando \u201cel hecho del suicidio en forma expresa\u201d, y las declaraciones rendidas por el primero y la \u00faltima, adem\u00e1s de Jaime y Roc\u00edo Pach\u00f3n Garc\u00eda, trasladadas de la investigaci\u00f3n penal, sobre el \u201cestado normal de depresi\u00f3n y angustia del enfermo ante su estado de salud\u201d y del \u201cuso de medicamentos paliativos usuales en esos casos\u201d, declaraciones que dejan bien claro que el fallecido llev\u00f3 hasta sus \u00faltimos d\u00edas \u201cuna vida normal\u201d, que \u201cse movilizaba con libertad en su propia casa\u201d y \u201ctenia relaciones normales de familia con todos sus hijos y esposa y que en ning\u00fan momento demostr\u00f3 haber perdido la conciencia o la coherencia de sus actos\u201d. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n surtida en la misma investigaci\u00f3n adelantada para averiguar la causa de la muerte, actuaci\u00f3n que demuestra que Jorge Enrique Pach\u00f3n falleci\u00f3 por \u201cheridas de arma de fuego que se infringi\u00f3 por su propia mano\u201d. Particularmente, la declaraci\u00f3n de la c\u00f3nyuge sobreviviente, quien expresa que su esposo \u201csiempre ten\u00eda tendencia a suicidarse, eso era una continua lucha escondi\u00e9ndole las armas, porque \u00e9l intentaba mucho acabarse la vida de esa manera\u201d. <\/p>\n
El dictamen de Medicina Legal, porque solicitado en el escrito de intervenci\u00f3n, es inoportuno y extempor\u00e1neo, am\u00e9n de no haber sido controvertido, pues de la solicitud de pruebas del litisconsorte no se corri\u00f3 traslado, ni se dio la oportunidad de pedir pruebas a ese respecto. Igualmente, porque es una \u201cprueba de o\u00eddas\u201d, en cuanto se fundamenta en lo dicho por el m\u00e9dico Guillermo S\u00e1nchez y en un concepto de un supuesto siquiatra que no se sabe si existe y si examin\u00f3 al paciente, limit\u00e1ndose simplemente a decir que el fallecido se encontraba en estado depresivo. <\/p>\n
Concluye el recurrente que algunos de esos medios de prueba \u00fanicamente permiten establecer el estado depresivo del se\u00f1or Pach\u00f3n, pero no que su voluntad estuviera afectada, en tanto que otras lo que demuestran es que aparte del estado depresivo, el se\u00f1or Pach\u00f3n se encontraba en perfecto estado mental. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Aunque ciertamente en la sentencia se calific\u00f3 de autom\u00e1tica la p\u00f3liza de seguros No. GD-310, cuando, como se constata en su contenido, se trata de una p\u00f3liza de seguro de vida de grupo, esa calificaci\u00f3n ninguna relevancia tiene para las resultas del proceso, porque el Tribunal no concluy\u00f3 que respecto del causante Jorge Enrique Pach\u00f3n, el seguro estaba vigente desde el mismo momento en que el tomador y el asegurador concertaron los lineamientos generales. <\/p>\n
Desde luego que si en esa especie de p\u00f3lizas cada una de las relaciones singulares constituye un seguro independiente, el cual se rige, aparte de su marco general, por las condiciones particulares del caso, los errores habr\u00edan tenido lugar si el Tribunal hubiere desconocido que conforme a la cl\u00e1usula tercera de las condiciones generales, los amparos individualmente considerados entrar\u00edan en vigor a partir de la fecha en que el asegurador comunique por escrito su aprobaci\u00f3n al tomador. Igualmente, si hubiere omitido observar que de acuerdo con el anexo de 30 de octubre de 1987, el amparo de cada deudor de cartera cubr\u00eda el \u201ctiempo de duraci\u00f3n de la deuda\u201d. <\/p>\n
Por supuesto que, como se resalta en el cargo, el Tribunal vio en la p\u00f3liza de seguro de grupo de vida y en los anexos, que el amparo cubr\u00eda a \u201ctodos los deudores\u201d de cartera por el \u201ctiempo de duraci\u00f3n de la deuda\u201d de cada asegurado. De manera que si as\u00ed lo se\u00f1al\u00f3 expresamente, los errores probatorios no existen, porque cuando el sentenciador se refiri\u00f3 a que no se \u201ctrataba de nuevos contratos de seguro, sujetos a nuevas estipulaciones y bajo la premisa de estar vencidos los concertados inicialmente\u201d, estaba indicando que se trataba del mismo contrato marco, s\u00f3lo que en virtud de las sucesivas renovaciones se hab\u00eda ampliado su vigencia. <\/p>\n
Por lo tanto, no es que la p\u00f3liza de seguro de grupo de vida haya estado vigente, con relaci\u00f3n al causante Jorge Enrique Pach\u00f3n, desde el primer per\u00edodo de vigencia, o que cada vez que a \u00e9ste se le otorgara un cr\u00e9dito, tuviera que perfeccionarse un nuevo contrato, porque en ese evento se estar\u00eda frente a un seguro de vida individual y no de grupo. Lo que se dijo en la sentencia es que de \u201cpresentarse las condiciones requeridas en los anexos\u201d, el seguro \u201camparaba esos cr\u00e9ditos o se sujetaba a ex\u00e1menes m\u00e9dicos de superar las cuant\u00edas previamente se\u00f1aladas o la edad de los asegurados\u201d. <\/p>\n
Siendo claro, entonces, que con relaci\u00f3n a los cr\u00e9ditos que ten\u00eda Jorge Enrique Pach\u00f3n al momento de su muerte con el Banco Cafetero, el seguro de vida se encontraba vigente desde el 8 de mayo, 9 de abril y 17 de octubre de 1990, fecha en que la aseguradora l\u00edder aprob\u00f3 el seguro en cada caso, todo de conformidad con lo estipulado en la condici\u00f3n tercera general de la p\u00f3liza, seg\u00fan la cual los \u201camparos individualmente considerados s\u00f3lo entrar\u00e1n en vigor a partir de la fecha en que la COMPA\u00d1\u00cdA comunique por escrito su aprobaci\u00f3n al tomador\u201d, pasa a examinarse si el Tribunal incurri\u00f3 en los dem\u00e1s errores que se le imputan, al dejar por establecido que el riesgo de muerte por suicidio se encontraba cubierto y que el mismo fue involuntario. <\/p>\n
2.- Es indiscutible que la muerte, que es un hecho futuro, pero cierto, constituye un riesgo asegurable, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1054 del C\u00f3digo de Comercio. Mas, como la ocurrencia de todo riesgo no debe depender \u201cexclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario\u201d, para que d\u00e9 origen a la obligaci\u00f3n del asegurador, surge el interrogante de si el suicidio responde al concepto jur\u00eddico de riesgo asegurable. <\/p>\n
Desde luego que si quitarse la vida depende de la \u201cvoluntad del tomador\u201d, la muerte causada por suicidio, entonces, no ser\u00eda un riesgo asegurable. Pero como una persona puede suprimir su existencia sin que la voluntad juegue ning\u00fan papel, la doctrina ha distinguido el suicidio consciente del inconsciente, seg\u00fan el agente tenga capacidad para comprender el acto que pretende realizar. <\/p>\n
Ant\u00edgono Donati sostiene que el \u201csuicidio presupone la voluntariedad del acto y \u00e9sta su conciencia; sin la conciencia no hay la voluntad. De la voluntad, en cambio, se diferencia la capacidad de entender y querer, que desaparece cuando hay una enfermedad mental, pero no cuando solamente existe un estado emotivo y pasional\u201d (Los Seguros Privados, p. 460). Joaqu\u00edn Garriges, por su parte, ense\u00f1a que el \u201csuicidio deja de serlo para el contrato de seguro sobre la vida cuando la voluntad est\u00e1 viciada. No hay suicidio si el suicida est\u00e1 loco o mentalmente desequilibrado; como no lo hay tampoco cuando no existe la voluntad de quitarse la vida, como ocurre con los actos imprudentes que ocasionan, sin querer, la muerte\u201d (El contrato de Seguro Terrestre, p. 514). <\/p>\n
En t\u00e9rminos generales, en igual sentido se pronuncia la doctrina nacional (J. Efr\u00e9n Ossa G., Teor\u00eda General del Seguro, pp. 100-102). El mismo autor, con cita de Antonio Mej\u00eda Jaramillo, que comparte, expresa que \u201cEn cambio, el suicidio no deliberado, que es el producido en un estado en el que el asegurado no adquiere cabal juicio del alcance y la gravedad de su acto, es compatible con el seguro. Su calidad de inconsciente, o sea, la no intervenci\u00f3n exclusiva de la voluntad del asegurado, al instante de darse la muerte, lo hace asegurable, no importa la \u00e9poca en que ocurra despu\u00e9s de iniciado el seguro\u201d. <\/p>\n
S\u00edguese de lo dicho que como el suicidio inconsciente, el cual se ubica en el terreno de la involuntariedad, es susceptible de seguro, es claro que cuando las p\u00f3lizas de seguro de vida cubren el riesgo de muerte por suicidio, luego de transcurrido un per\u00edodo de carencia, esa exclusi\u00f3n temporal no puede aplicarse al suicidio que es compatible con el seguro. En otras palabras, los per\u00edodos de carencia se aplican al suicidio voluntario y no al inconsciente, porque como qued\u00f3 explicado, el riesgo queda cubierto despu\u00e9s de iniciado el seguro sin importar la \u00e9poca en que ocurra. Distinto es que, con independencia de su validez, acaecido el suicidio voluntario fuera del t\u00e9rmino excluido, las compa\u00f1\u00edas de seguros \u201chonren sus compromisos en ese sentido\u201d, como se expresa en el cargo. <\/p>\n
3.- As\u00ed entonces, cualquier discusi\u00f3n sobre la vigencia de la condici\u00f3n particular quinta contenida en el anexo de 30 de octubre de 1987 (folio 12, C-1), referida al seguro de vida de grupo D-310, sobre que en \u201ccaso de suicidio de cualquier persona asegurada por esta p\u00f3liza acaecido dentro del primer a\u00f1o siguiente a partir de la fecha de iniciaci\u00f3n de su seguro, no hay lugar a indemnizaci\u00f3n por parte de la COMPA\u00d1\u00cdA\u201d, condici\u00f3n que se dej\u00f3 sin efecto seg\u00fan anexo No. 6 de 1\u00ba de marzo de 1990 (folios 17-20), resulta est\u00e9ril a todas luces. <\/p>\n
Si el Tribunal concluy\u00f3 que Jorge Enrique Pach\u00f3n se quit\u00f3 la vida de manera inconsciente, dadas sus condiciones f\u00edsicas y s\u00edquicas, debe entenderse que ese riesgo nada ten\u00eda que ver con el per\u00edodo de carencia, porque el amparo estaba cubierto desde la iniciaci\u00f3n particular del seguro. Por tanto, si equivocadamente interpret\u00f3 en la p\u00f3liza de seguro de vida de grupo y en sus anexos, cosa distinta, al menos en lo que hace relaci\u00f3n a la controvertida condici\u00f3n especial quinta, la cual, como se dijo, se dej\u00f3 sin efecto posteriormente, los yerros, por lo dicho, se tornan intrascendentes, pues la Corte en sede de instancia de todas formas tendr\u00eda que concluir que la muerte por suicidio inconsciente, por llamarlo de alguna manera, era un riesgo asegurable. <\/p>\n
4.- Otra cosa es que Jorge Enrique Pach\u00f3n se haya quitado la vida voluntariamente y no inconscientemente como lo concluy\u00f3 el Tribunal, fundado en el \u201cdictamen pericial en torno a las condiciones s\u00edquicas y f\u00edsicas del asegurado, respaldadas en un testimonio t\u00e9cnico que, por provenir de quien lo tratara desde tiempo antes a su fallecimiento no ofrece ni puede ofrecer los reparos que se le han endilgado, aqu\u00e9l es admisible para demostrar la involuntariedad del mismo\u201d. <\/p>\n
En el proceso existe la prueba de la muerte del asegurado, inclusive causada por suicidio, como lo revelan los restantes medios que el cargo singulariza. Pero como, seg\u00fan lo explica el autor nacional citado, al beneficiario le incumbe probar \u00fanicamente la muerte del asegurado, al \u201cpaso que al asegurador corresponde la de la causa exceptiva: el suicidio voluntario (C. de Co., art. 1077)\u201d (p. 102), el \u00e9xito de la casaci\u00f3n se supeditar\u00eda a que esas pruebas demuestren la voluntariedad del suicidio. <\/p>\n
De manera que as\u00ed se hubiere cometido alg\u00fan error probatorio en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial y en las pruebas que lo fundamentan, medios respecto de los cuales el Tribunal concluy\u00f3 que el suicidio hab\u00eda sido inconsciente, de nada servir\u00eda remover esos errores, si ninguna otra prueba demuestra la voluntariedad del suicidio. Por supuesto que los dem\u00e1s elementos persuasivos que singulariza el cargo lo que acreditan es la muerte por suicidio, pero no que el suicidio haya sido voluntario al \u201cinstante\u201d de causarse, porque as\u00ed los mismos medios narren episodios que revelen una vida normal del causante, o indicativos de una tendencia al suicidio, esto no lleva necesariamente a concluir que al momento de la muerte, el se\u00f1or Pach\u00f3n estaba en pleno uso de sus facultades mentales. <\/p>\n
5.- El cargo, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Costas del recurso a cargo de las demandadas recurrentes. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Salvamento parcial de voto <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
RAFAEL H. GAMBOA SERRANO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
SALVEDAD DE VOTO <\/p>\n
Con todo respeto expreso mi disentimiento exclusivamente en lo que toca con el despacho del cargo primero, que creo debi\u00f3 haber prosperado, pues el \u00f3rgano que expidi\u00f3 la sentencia no est\u00e1 previsto en la ley, adem\u00e1s, por su irregular conformaci\u00f3n al momento de votar, en las decisiones no se observaron las mayor\u00edas adecuadas. <\/p>\n
Prev\u00e9 el art\u00edculo 19 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia que \u201cLos Tribunales ejercer\u00e1n sus funciones por conducto de\u2026 las dem\u00e1s salas de decisi\u00f3n plurales e impares de acuerdo con la ley\u201d (subrayas intencionales), regla de la cual se sigue que un tribunal compuesto de un n\u00famero par de magistrados, no puede existir, justamente porque el equilibrio lleva a la no decisi\u00f3n. Se a\u00f1ade a lo anterior que en el mismo art\u00edculo que acaba de citarse, el legislador se ocup\u00f3 de reiterar la prohibici\u00f3n de salas pares, en tanto dijo que s\u00f3lo transitoriamente funcionar\u00edan salas duales mientras se integraban con n\u00famero impar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si la ley no autoriz\u00f3 el funcionamiento de jueces colegiados en n\u00famero par, el \u00f3rgano conformado para resolver este asunto sencillamente no es posible. Viene a corroborar lo anterior la previsi\u00f3n legislativa consagrada en el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto Ley 1265 de 1970 que dispone la integraci\u00f3n de la sala con el magistrado a quien sea repartido el asunto y los dos restantes. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, esta precisa acusaci\u00f3n debi\u00f3 prosperar, pues un \u00f3rgano compuesto de un n\u00famero par de magistrados, como no puede existir, no puede ejercer ninguna competencia. <\/p>\n
Ahora, en cuanto concierne con las mayor\u00edas necesarias para aprobar un proyecto, si finalmente la sala que profiri\u00f3 la sentencia aqu\u00ed acusada fue integrada con cuatro magistrados, dos no pueden ser la mayor\u00eda. Si dos de los cuatro jueces colegiados estaban de acuerdo con la hip\u00f3tesis del pago con subrogaci\u00f3n, otros dos no lo estaban, en particular porque si uno de los magistrados rubric\u00f3 la sentencia \u201ccon salvamento de voto\u201d, la Corte no pod\u00eda extraer de all\u00ed un voto positivo, como en verdad se insin\u00faa al final del despacho del cargo del que me aparto. <\/p>\n
Dicho de otra manera, la existencia de dos salvamentos de voto, implica que la mitad de la sala no prest\u00f3 su concurso a las resoluciones adoptadas. Que s\u00f3lo uno de los magistrados haya abogado por la absoluci\u00f3n en nada cambia la situaci\u00f3n, pues m\u00e1s all\u00e1 de los motivos que inspiran el voto disidente, lo cierto es que hay dos de ellos que impidieron formar la mayor\u00eda, a lo cual hay que agregar que no poca cosa es la diferencia entre abogar por una condena derivada de responsabilidad civil extracontractual, posici\u00f3n esta que no puede sumarse sin m\u00e1s a una condena basada en que hubo pago con subrogaci\u00f3n. <\/p>\n
En la posici\u00f3n original del Tribunal, el magistrado que abog\u00f3 por la absoluci\u00f3n, una vez descartada esa posici\u00f3n, estaba obligado a dirimir entre el pago con subrogaci\u00f3n y la responsabilidad extracontractual, pues lo decidido por la mayor\u00eda \u2013excluir la absoluci\u00f3n- le obligaba. <\/p>\n
La pr\u00e1ctica de llamar a un cuarto magistrado debe evitarse. En aras a la brevedad, y a manera de hip\u00f3tesis, si en el presente caso los dos magistrados que estuvieron de acuerdo con el pago con subrogaci\u00f3n, no lo estuvieron sobre la correcci\u00f3n monetaria aplicable, ser\u00eda necesario llamar a un quinto componente, y si \u00e9ste hiciera mayor\u00eda con el primero sobre el tema de la correcci\u00f3n, podr\u00edan luego disentir sobre los intereses aplicables, lo que har\u00eda necesario llamar a un sexta magistrado; y si este \u00faltimo se suma al quinto en punto de los intereses, pero se apartan en materia de la \u00e9poca desde la cual deben computarse ellos, habr\u00eda que convocarse a otro magistrado, y a otro si la disparidad es sobre la tasa aplicable y sobre las costas. Lo inextricable de este procedimiento indica que el consenso debe obtenerse entre los tres magistrados integrantes de la sala y que, a manera de ejemplo, si un magistrado cree que el proceso es nulo y es derrotado, debe votar las decisiones obre absoluci\u00f3n o condena, pues la decisi\u00f3n mayoritaria sobre ausencia de nulidad le obligan. <\/p>\n
Por esa circunstancia y aunque convencido estoy de que la sentencia dictada por el Tribunal es nula, como la mayor\u00eda de la Corte es de la opini\u00f3n contraria, de modo expreso voto positivamente la forma como se resolvieron los otros cargos. <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., 1\u00ba de junio de 2005. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-100-2005 [7198], S.V. 7. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. C-7198 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Agr\u00edcola de Seguros de Vida S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82949","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82949","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82949"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82949\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82949"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82949"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82949"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}