SC-101-2005 [0472-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: expediente n\u00famero 0472-05. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la Universidad de Antioquia contra la sentencia de 11 de mayo de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario promovido por Gilberto Hurtado Ram\u00edrez y Evangelina Hurtado Hurtado, en nombre propio y en el de sus menores hijos Jhon Jairo, Bibiana y Adriana Hurtado Hurtado, frente a la Fundaci\u00f3n Hospitalaria San Vicente de Pa\u00fal, la cual llam\u00f3 en garant\u00eda a la recurrente. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes convocaron a juicio ordinario a la demandada para que se declarara que \u00e9sta era civilmente responsable de los da\u00f1os causados a ellos con ocasi\u00f3n de las lesiones que recibi\u00f3 Jhon Jairo Hurtado Hurtado en el procedimiento m\u00e9dico-quir\u00fargico realizado el 28 de agosto de 1981 en el Hospital Infantil, anexo a la accionada, y se la condenara a pagarles la correspondiente indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Fundamentaron sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) Un m\u00e9dico especialista y el personal del servicio de ortopedia del Hospital Infantil, anexo de la Fundaci\u00f3n Hospitalaria San Vicente de Pa\u00fal, examin\u00f3 a Jhon Jairo, hijo de Gilberto Hurtado Ram\u00edrez y Evangelina Hurtado Hurtado, nacido en Fredonia el 28 de enero de 1978, y le diagnostic\u00f3 una luxaci\u00f3n cong\u00e9nita en su cadera izquierda; y por cuanto observaron que pod\u00eda corregirse mediante sucesivos procedimientos quir\u00fargicos que permitieran colocar la cadera en su sitio y suprimir el defecto que aqu\u00e9l padec\u00eda, se empez\u00f3 el programa respectivo con el primer procedimiento, llamado tracci\u00f3n esquel\u00e9tica \u201csupracond\u00edlea y Letonia\u201d cerrada de aductores, que se llev\u00f3 a cabo exitosamente el 5 de agosto de 1991. <\/p>\n
b) El segundo, denominado correcci\u00f3n quir\u00fargica de la cadera izquierda con material de osteos\u00edntesis, cumplido el 28 de agosto de 1991 por el cirujano ortopedista Juan Guillermo San\u00edn Echeverri, el cirujano auxiliar Carlos Enrique Mej\u00eda, Fernando de Jes\u00fas \u00c1lvarez como anestesi\u00f3logo inicial y su reemplazante el anestesista Joaqu\u00edn Saulo R\u00edos Mesa, m\u00e1s la enfermera Elcira Aguilar Rivera, todos vinculados a la demandada, dej\u00f3 al paciente una \u201cencefalopat\u00eda hip\u00f3xica intraoperatoria\u201d, con secuela permanente de perturbaci\u00f3n funcional del \u00f3rgano del sistema nervioso central, seg\u00fan el examen practicado por los legistas, la que postr\u00f3 al menor en estado de invalidez absoluta de conformidad con la certificaci\u00f3n expedida por el m\u00e9dico Francisco Javier Zapata Berm\u00fadez. <\/p>\n
c) El procedimiento quir\u00fargico era apropiado para corregir la luxaci\u00f3n cong\u00e9nita de la cadera del menor, pero el anestesi\u00f3logo \u00c1lvarez Osorio, quien coincidi\u00f3 con el cirujano en que el paciente perdi\u00f3 600 c.c. de sangre durante \u201cel intraoperatorio\u201d, dispuso que se le aplicaran s\u00f3lo 250 c.c. de gl\u00f3bulos rojos que eran insuficientes para reponer dicha p\u00e9rdida. Adem\u00e1s, en esa misma fase de la intervenci\u00f3n, que dur\u00f3 cuatro horas, el anestesista realiz\u00f3 s\u00f3lo dos hematocritos cuando lo recomendado era efectuar uno cada hora, siempre que se trate de intervenciones de larga duraci\u00f3n y que el intervenido pierda apreciable cantidad de l\u00edquido sangu\u00edneo. En el registro de la operaci\u00f3n consta que el paciente present\u00f3 una severa ca\u00edda de su presi\u00f3n arterial, configurando un s\u00edntoma objetivo del d\u00e9ficit de flujo sangu\u00edneo que lo afectaba, el cual no fue tomado en cuenta y llev\u00f3 despu\u00e9s a Jhon Jairo al paro cardiaco y, por la respuesta tard\u00eda a las maniobras de resucitaci\u00f3n que le practicaron, a falta de ox\u00edgeno en las neuronas de su sistema nervioso central, calificada como \u201cencefalopat\u00eda hip\u00f3xica intraoperatoria\u201d. <\/p>\n
d) El anestesista \u00c1lvarez Osorio dio por terminada su participaci\u00f3n en el procedimiento faltando 5 minutos para las 12 del d\u00eda, una hora antes que finalizara su turno laboral, y dej\u00f3 al paciente en malas condiciones, seg\u00fan la versi\u00f3n de Joaqu\u00edn Saulo R\u00edos Mesa, profesional que lo remplaz\u00f3, quien, al ingresar a la sala de cirug\u00eda, encontr\u00f3 al intervenido \u201cmuy p\u00e1lido aunque con signos estables y el frasco de succi\u00f3n completamente vac\u00edo\u201d, como tambi\u00e9n que las p\u00e9rdidas de sangre \u201cno se hab\u00edan repuesto correctamente\u201d, pues los l\u00edquidos intravenosos para esta finalidad se hallaban en los l\u00edmites inferiores. Al anestesi\u00f3logo Joaqu\u00edn Saulo R\u00edos tampoco se le hizo entrega adecuada del paciente, se\u00f1alando su estado, qu\u00e9 se le hab\u00eda hecho y qu\u00e9 faltaba por hacerle, pues Fernando \u00c1lvarez se olvid\u00f3 de ello, en el af\u00e1n por salir a almorzar, y s\u00f3lo alcanz\u00f3 a manifestar, a quien lo sustituy\u00f3, que \u201clo hab\u00eda cogido el d\u00eda\u201d. El paro cardiaco derivado del \u201cshock hipovol\u00e9mico\u201d mencionado se present\u00f3 cerca de la una de la tarde del 28 de agosto de 1991 y coloc\u00f3 al menor, quien antes de la operaci\u00f3n de esa fecha presentaba buen estado de salud, salvo en cuanto a un \u00f3rgano de su locomoci\u00f3n, en estado vegetativo, desconectado del medio circundante, con \u201ccuadriparesia esp\u00e1stica\u201d y alimentado por sonda de gastronom\u00eda, debido a que recibe poca alimentaci\u00f3n por v\u00eda oral. <\/p>\n
e) La lesi\u00f3n irreversible que sufri\u00f3 Jhon Jairo Hurtado obedeci\u00f3 a grave falla cometida en el procedimiento quir\u00fargico, es imputable a los profesionales que en \u00e9l participaron y, por tanto, a la Fundaci\u00f3n, pues a \u00e9sta se hallaban laboralmente vinculados. Los dict\u00e1menes m\u00e9dicos practicados establecieron que la causa de la hipovolemia fue generada por no reponer al paciente el volumen sangu\u00edneo que requer\u00eda y adem\u00e1s advirtieron que, de presentarse un paro card\u00edaco, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, la inadecuada atenci\u00f3n y el transcurso de m\u00e1s de tres minutos sin que el cerebro reciba sangre producen un da\u00f1o neural irreversible. Los padres del menor, \u00e9ste y sus hermanos han sufrido serios perjuicios materiales y morales que deben ser indemnizados. <\/p>\n
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3. Notificada la demandada del libelo, lo contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones y expresando, en cuanto a los hechos, que deb\u00edan demostrarse, aunque acept\u00f3 como cierto que el m\u00e9dico Juan Guillermo San\u00edn, especialista en ortopedia y traumatolog\u00eda, fue quien examin\u00f3 al menor y le practic\u00f3 la cirug\u00eda relatada, junto con el grupo que la demanda precisa, todos vinculados al servicio de la accionada. <\/p>\n
Adicionalmente, tras afirmar que exist\u00eda \u201cderecho contractual para solicitar\u201d(fl.42, cd.1) que respondiera por las sumas a que eventualmente fuera condenada, llam\u00f3 en garant\u00eda, en escritos separados, al anestesista Fernando \u00c1lvarez Osorio y a la Universidad de Antioquia. <\/p>\n
La convocatoria de la Fundaci\u00f3n al m\u00e9dico \u00c1lvarez Osorio afirma que \u00e9ste se oblig\u00f3 a prestarle servicios de anestesi\u00f3logo, seg\u00fan contrato de trabajo vigente en agosto de 1991, cuando se produjo la lesi\u00f3n que narra la demanda, cuyos hechos ilustran que aqu\u00e9lla \u201cse debi\u00f3 al mal manejo con la anestesia de la cual era responsable\u201d dicho profesional (fls. 4 y 5, cd.2). El llamado en garant\u00eda se opuso a las pretensiones de la demanda, solicit\u00f3 probar los hechos que las sustentan y propuso como excepciones las que denomin\u00f3 como \u201cfalta de causa para pedir\u201d e \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n\u201d(fls. 17 y 18, cd.2). <\/p>\n
El llamamiento de la Fundaci\u00f3n Hospitalaria San Vicente de Pa\u00fal a la Universidad de Antioquia predica que entre \u00e9sta, aqu\u00e9lla y el Servicio Seccional de Salud de dicho Departamento se ajust\u00f3 un contrato, cuya cl\u00e1usula quinta se\u00f1ala que la instituci\u00f3n universitaria se oblig\u00f3 a responder de todas las reclamaciones, demandas e indemnizaciones que se formularan en relaci\u00f3n con los programas docente-asistenciales a que se refiere dicho negocio; que ella, por resoluci\u00f3n 0207 de 17 de marzo de 1986, nombr\u00f3 a Fernando \u00c1lvarez Osorio como docente especial ad-honorem de tiempo parcial; que en desarrollo de la obligaci\u00f3n docente asistencial, el anestesi\u00f3logo \u00c1lvarez Osorio atendi\u00f3 al citado menor en dicho hospital y, seg\u00fan afirman los demandantes, ese paciente result\u00f3 lesionado a consecuencia de la deficiente actividad de este m\u00e9dico (fls.19 y 20, cd.3). La Universidad llamada tambi\u00e9n se opuso a las pretensiones de la demanda y formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 como \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n\u201d, \u201ccaso fortuito\u201d y \u201causencia de culpa en el docente Fernando \u00c1lvarez\u201d. Adem\u00e1s, solicit\u00f3 probar las afirmaciones de hecho del escrito a trav\u00e9s del cual se la convoc\u00f3, al tiempo que acept\u00f3 que estaba obligada en los t\u00e9rminos de la cl\u00e1usula citada por la opositora (fls. 34 y 35, cd.3). <\/p>\n
Esta llamada, por su lado, hizo lo propio frente al aludido anestesi\u00f3logo, para lo cual afirm\u00f3 la vigencia del contrato recordado atr\u00e1s y el nombramiento de aqu\u00e9l en dicho cargo ad-honorem, as\u00ed como que ese profesional prestar\u00eda sus servicios en lo docente-asistencial a la demandada y que \u00e9sta le pagar\u00eda por esa labor (fls. 19 y 20, cd.4). El interviniente, luego de oponerse a las pretensiones y de pedir que se probaran los hechos que las sustentan, propuso las excepciones de \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n\u201d, \u201ccaso fortuito\u201d e \u201cinexistencia de culpa en el llamado en garant\u00eda\u201d(fls. 29 y 30, cd.4). <\/p>\n
4. Por sentencia de 31 de diciembre de 1999 el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Medell\u00edn culmin\u00f3 la primera instancia, en la que neg\u00f3 las pretensiones de las demandantes Bibiana y Adriana Hurtado Hurtado; declar\u00f3 responsable de los da\u00f1os sufridos por el menor Jhon Jairo Hurtado Hurtado a la demandada, conden\u00e1ndola a pagar a favor de Gilberto Hurtado Ram\u00edrez y Evangelina Hurtado Hurtado $23\u2019744.066, por da\u00f1o emergente y perjuicios morales, y del menor afectado $56\u2019506.593, por concepto de perjuicios morales y fisiol\u00f3gicos e indemnizaci\u00f3n futura y consolidada; dispuso asimismo que en caso de mora deb\u00edan pagarse intereses legales sobre las sumas anteriores; desestim\u00f3 los llamamientos en garant\u00eda; y conden\u00f3 la demandada a pagar las costas del proceso en favor de los demandantes. <\/p>\n
5. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn le puso fin a la alzada mediante fallo de 11 de mayo de 2000, en el que revoc\u00f3 el reconocimiento de intereses moratorios y dispuso, en su lugar, la actualizaci\u00f3n de las condenas para el momento del pago; revoc\u00f3 la desestimaci\u00f3n del llamado en garant\u00eda que hizo la Fundaci\u00f3n a la Universidad de Antioquia y, en su reemplazo, la conden\u00f3 a cancelarle a la llamante \u201clas sumas de dinero que \u00e9sta tenga que pagarle a la parte demandante por virtud de la prosperidad del llamamiento en garant\u00eda de que fue objeto en esta litis, tambi\u00e9n indexadas\u201d; adicion\u00f3 el fallo recurrido disponiendo el reconocimiento de perjuicios morales a favor de Bibiana y Adriana Hurtado Hurtado, en $5\u2019000.000 para cada una; y conden\u00f3 a la Universidad de Antioquia en costas de primera instancia, \u201cen favor de su llamante en garant\u00eda y por virtud de dicho llamamiento\u201d. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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1. Una vez determin\u00f3 las partes del proceso, los hechos afirmados en la demanda y cit\u00f3 jurisprudencia y doctrina relativa a la responsabilidad m\u00e9dica, basado en los dict\u00e1menes m\u00e9dico legales, la historia cl\u00ednica y el testimonio cient\u00edfico de Joaqu\u00edn Saulo R\u00edos Mesa, el tribunal estableci\u00f3, de un lado, la culpabilidad del anestesi\u00f3logo Fernando \u00c1lvarez Osorio, de quien dijo procedi\u00f3 en forma negligente ya que la encefalopat\u00eda que padeci\u00f3 el menor Jhon Jairo Hurtado Hurtado se produjo por la falta de ox\u00edgeno en las neuronas de su sistema nervioso central, deficiencia que se hubiera podido evitar de haberse implementado un adecuado manejo anest\u00e9sico, el que aqu\u00e9l no puso en pr\u00e1ctica al punto que ni siquiera enter\u00f3 al m\u00e9dico que lo sustituy\u00f3 en el tratamiento respectivo acerca de las verdaderas condiciones en que ese paciente se encontraba ni de los procedimientos aplicados; y, de otro, la culpa de la demandada, quien, al dejar de ejercer el control sobre la tarea ejecutada por ese anestesi\u00f3logo, concurri\u00f3 a la producci\u00f3n del da\u00f1o padecido por Hurtado Hurtado, en tanto que al no exigir de aqu\u00e9l la memoria escrita de los procedimientos que frente a \u00e9ste hab\u00eda desarrollado, dej\u00f3 al tratante que lo relev\u00f3 sin la informaci\u00f3n necesaria para precaver el compromiso de la salud del intervenido, como as\u00ed lo expuso el m\u00e9dico que reemplaz\u00f3 a \u00c1lvarez Osorio, al declarar que \u00e9ste simplemente le \u201cdijo fue que el paciente estaba estable y que estaba cogido del d\u00eda y que ah\u00ed me lo dejaba\u201d. <\/p>\n
2. Concluy\u00f3 entonces el ad-quem afirmando que la demandada, \u201cen la ejecuci\u00f3n del contrato de asistencia m\u00e9dica que celebr\u00f3 con la parte demandante, falt\u00f3 a la prudencia debida, pues que no s\u00f3lo fue ligero el Dr. \u00c1lvarez Osorio, adscrito al Hospital San Vicente de Pa\u00fal como docente-asistencial de la Universidad de Antioquia, al no transfundir sangre al menor Hurtado Hurtado durante el per\u00edodo intraoperatorio, sino que tampoco advirti\u00f3 de tal hecho al galeno que lo reemplaz\u00f3 para as\u00ed poder \u00e9ste prever o enervar las severas lesiones a que conllev\u00f3 el paro cardiaco que se produjo como consecuencia del \u2018shock hipovol\u00e9mico\u2019 presentado por el paciente tantas veces citado y ante el cual, el m\u00e9dico reemplazante reaccion\u00f3 en forma inmediata mas sin los resultados deseados\u201d, los cuales pudieron lograrse \u201cde haberse actuado en forma adecuada, tal como lo inform\u00f3 la pericia oficial, al dictaminar, como ya se dijo antes, que con \u2018un adecuado manejo anest\u00e9sico de presentarse esta complicaci\u00f3n y diagnosticarse y tratarse oportunamente antes de que se produzca el da\u00f1o neurol\u00f3gico, la probabilidad del da\u00f1o irreversible es poco frecuente\u201d(fls.38 y 39). <\/p>\n
3. No sin antes aludir a la idea del da\u00f1o moral, extender los efectos de la condena en ese campo a favor de las hermanas de Jhon Jairo, disponer la actualizaci\u00f3n de las cargas econ\u00f3micas impuestas y resolver negativamente lo atinente al nombrado Fernando \u00c1lvarez, en torno al llamamiento en garant\u00eda de la Universidad de Antioquia, que es el aspecto de la controversia al que con exclusividad se circunscribe el cargo propuesto, el fallador determin\u00f3, una vez cit\u00f3 los art\u00edculos 55 a 57 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y apartes jurisprudenciales y doctrinales sobre la aludida figura jur\u00eddica, que la convocatoria de la Universidad de Antioquia efectuada por la Fundaci\u00f3n bajo esta modalidad de intervenci\u00f3n procesal era \u201cviable dado que si por activa en esta clase de acciones y para el supuesto de que a la producci\u00f3n del da\u00f1o hayan contribuido varias personas, \u00e9stas frente a la v\u00edctima responden in solidum\u201d, tambi\u00e9n era \u201cevidente que cuando \u00e9sta solo demanda a uno de los copart\u00edcipes en la producci\u00f3n del perjuicio, dicho demandado\u201d pod\u00eda \u201ca su vez llamar \u2026 al proceso a quien fue el \u00fanico culpable del hecho da\u00f1oso o su coautor\u201d, para seguidamente argumentar que a folios 9 y siguientes del cuaderno 3 obraba copia del contrato de docencia-asistencial ajustado entre la llamada y el Hospital San Vicente de Pa\u00fal, adscrito a la accionada, en cuya cl\u00e1usula quinta, literal N, se pact\u00f3 que \u00e9sta se obligaba a responder \u201cde todas las reclamaciones, demandas e indemnizaciones que se lleguen a formular en relaci\u00f3n con los programas docente-asistenciales\u201d a los que se contra\u00eda ese acuerdo, para los que \u201cfue precisamente nombrado el Dr. \u00c1lvarez Osorio\u201d, seg\u00fan resoluci\u00f3n rectoral n\u00famero 0207 de 17 de marzo de 1986, \u201clo que por ende y como bien lo dijera la parte demandada, hace perfectamente viable el llamamiento que en este sentido le hizo a la Universidad de Antioquia\u201d(fls.50 y 51). <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al amparo de la causal primera prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, un cargo se plantea, en el que se acusa la sentencia de violar, indirectamente, los art\u00edculos 1494, 1495, 1542, 1602, 1603, 1618, 1619, 1622, 1624, 1626 y 1627 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de los medios probatorios. <\/p>\n
1. Expone la recurrente, en efecto, que el juez de segundo grado entendi\u00f3 equivocadamente la cl\u00e1usula quinta, literal N, del acuerdo docente-asistencial ajustado entre la Fundaci\u00f3n Hospitalaria San Vicente de Pa\u00fal, el Servicio Seccional de Salud y la Universidad de Antioquia, desbordando \u201cla naturaleza y el objeto del contrato y la voluntad expresa de las partes\u201d, pues traslad\u00f3 en forma exclusiva y absoluta al centro acad\u00e9mico \u201cla obligaci\u00f3n de responder por cualquier da\u00f1o o perjuicio causado a terceros, en desarrollo del convenio docente-asistencial, sin importar, si dicho da\u00f1o o perjuicio tuviese o no, relaci\u00f3n con las obligaciones\u201d que cada parte all\u00ed asumi\u00f3; agrega que en la respuesta al llamamiento la instituci\u00f3n acad\u00e9mica acept\u00f3 la existencia de la obligaci\u00f3n de responder de todas las reclamaciones, pero ello no pod\u00eda entenderse, como lo hizo el juzgador, como un aseguramiento de toda la actividad hospitalaria desarrollada por la demandada sino circunscrita a las demandas e indemnizaciones que tuvieran relaci\u00f3n con el desarrollo de las actividades docente-asistenciales, \u201cy dentro de las que no pod\u00eda estar la de amparar siniestros que no le fuesen imputables directamente\u201d, desde luego que el deber negocial no era el de amparar a la opositora \u201cde toda reclamaci\u00f3n que tuviese por fundamento la ejecuci\u00f3n del convenio\u201d. <\/p>\n
Insiste la acusadora que la discrepancia concretamente consiste en que el sentenciador haya entendido, a la luz de aquella norma del contrato, que la obligaci\u00f3n de responder por los perjuicios que con su ejecuci\u00f3n se llegaren a causar a terceros fuera trasladada a la entidad educadora bajo la figura del afianzamiento, siendo que ello no lo dice el convenio, con lo cual el tribunal lo desnaturaliz\u00f3 al convertirlo en un pacto de seguro, \u201cque nada tiene que ver con el objeto o funci\u00f3n social que la ley y los estatutos internos asignan a las Universidades P\u00fablicas\u201d. <\/p>\n
2. El ad-quem dedujo que la cl\u00e1usula citada recog\u00eda la obligaci\u00f3n aut\u00f3noma de asegurar a una de las contratantes y que, por ello, estaba relevado de analizar la actuaci\u00f3n de la llamada en garant\u00eda en los hechos objeto de las pretensiones, pese a que aludi\u00f3 a la solidaridad y la coparticipaci\u00f3n como institutos que fundamentan ese llamamiento, tras lo cual sostiene que aquella cl\u00e1usula obligaba al centro docente a responder \u00fanicamente cuando el reclamo surgiera en torno a los programas docente-asistenciales, en los que ella participara \u201cy cuya causa la constituyera la actuaci\u00f3n directa\u201d de la misma, pues all\u00ed no \u201cse dijo que se asegurar\u00edan los siniestros que con motivo de la actividad hospitalaria se atribuyeran\u201d a la accionada, entre otras cosas porque aqu\u00e9lla no pod\u00eda legalmente constituirse en aseguradora de riesgos ajenos. <\/p>\n
Anota la censora que el fundamento de la condena no lo constituy\u00f3 el incumplimiento de las obligaciones docente-asistenciales, tampoco haber causado el da\u00f1o o participado en su producci\u00f3n, sino el hecho de que se pact\u00f3 que la Universidad de Antioquia se obligaba a responder de todas las reclamaciones que se llegaran a formular en relaci\u00f3n con los programas a que se refiere el acuerdo, y que el fallador, al haber tomado ese postulado contractual, como una obligaci\u00f3n aut\u00f3noma, cambi\u00f3 la naturaleza del negocio y le hizo decir lo no pactado, siendo que esa estipulaci\u00f3n no pod\u00eda entenderse sino como el compromiso de asumir responsabilidad por las demandas que con su participaci\u00f3n se causaran, pero no como obligaci\u00f3n aislada del contexto convencional. <\/p>\n
3. Luego de transcribir apartes de lo que sobre la responsabilidad de la demandada dijo el juez de segundo grado, se\u00f1ala la impugnadora que en el fallo no se expuso la raz\u00f3n por la cual se conclu\u00eda que exist\u00eda obligaci\u00f3n de reembolsar la totalidad de la condena, liberando a aqu\u00e9lla de los efectos patrimoniales por su actuaci\u00f3n culposa, a m\u00e1s que desestim\u00f3 \u201cla vinculaci\u00f3n simplemente formal o protocolaria del m\u00e9dico a la Universidad como docente-especial ad-honorem\u201d, de manera que el juzgador no solo incurri\u00f3 en error de hecho en la apreciaci\u00f3n del medio probatorio en que se bas\u00f3 sino que fue incoherente ya que si el fundamento de la condena a la llamada lo constituy\u00f3 el aparente aseguramiento de lo reclamado en la demanda, entonces debi\u00f3 establecer si el caso quir\u00fargico que motiv\u00f3 esta acci\u00f3n hac\u00eda parte de los programas materia del mentado acto bilateral, acontecimiento que, al decir de la recurrente, no se estableci\u00f3 sino que se supuso, pues ni siquiera se prob\u00f3 la existencia del siniestro asegurado, lo que debi\u00f3 hacerse si el convenio ten\u00eda por objeto una obligaci\u00f3n de afianzamiento; argumenta que si el sentenciador hubiera asumido el citado negocio en su integridad, habr\u00eda llegado a una conclusi\u00f3n diferente, puesto que para imponer una condena era necesario demostrarse que el supuesto que la sustentara constitu\u00eda desarrollo del convenio, lo que no se evidenci\u00f3. <\/p>\n
4. Tomando como punto de referencia la cl\u00e1usula segunda del acto bilateral, en la que excluye de su influencia el \u00e1rea relativa al \u201cservicio de pensionado\u201d, al indicar que s\u00f3lo podr\u00eda utilizarse \u201cpara el desarrollo de actividades docente-asistenciales, previa autorizaci\u00f3n general del hospital\u201d, afirma la acusadora que la exoneraci\u00f3n de la instituci\u00f3n educativa se impon\u00eda aun en el supuesto de que se entendiera que s\u00ed se asegur\u00f3 el riesgo ajeno, ya que la prueba obrante en el proceso, concretamente las declaraciones de los padres del menor, la demanda, en sus hechos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la accionada, \u201cconfusa y t\u00edmidamente\u201d, permit\u00edan inferir que el paciente estuvo hospitalizado en esa secci\u00f3n, situaci\u00f3n que debi\u00f3 entenderse a favor de la llamada en garant\u00eda, puesto que el art\u00edculo 1624 del C\u00f3digo Civil consagra el beneficio de la duda a favor del deudor, aseveraci\u00f3n en torno de la cual puntualiza que en su versi\u00f3n el representante de la opositora declar\u00f3 que el menor \u201cfue atendido en el Hospital Infantil donde no se atienden pacientes pensionados, es decir pag\u00f3 de acuerdo a su capacidad econ\u00f3mica\u201d(fls.29 y 30), mientras que los padres de \u00e9ste coincidieron al sostener que quien lo intern\u00f3 fue su patrono y que, al recibirlo, les exigieron pagar $4\u2019500.000(fl.30), de lo que infiere la incertidumbre de si el paciente estaba pensionado o no. <\/p>\n
5. Comenta la censora que para fulminar la condena \u201cno era suficiente estructurar la responsabilidad contractual frente a la Fundaci\u00f3n demandada, sino que era imprescindible hacerlo tambi\u00e9n frente a la Universidad de Antioquia, pues la causa de su obligaci\u00f3n, no era la culpa y la condena ajena, como s\u00ed es suficiente en la obligaci\u00f3n de aseguramiento, sino su propia culpa contractual en el cumplimiento de las obligaciones docentes-asistenciales\u201d; refiere, asimismo, que la responsabilidad que el tribunal encontr\u00f3 probada fue la de la parte demandada, porque la persona a quien atribuy\u00f3 la negligencia \u201cestaba vinculada mediante contrato de trabajo\u201d a ella y sin \u201cdependencia ni subordinaci\u00f3n con la Universidad\u201d. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Por averiguado se tiene que por cuanto los jueces gozan de discreta autonom\u00eda en la valoraci\u00f3n probatoria para tomar sus decisiones y las providencias con las que resuelven los litigios sometidos a su conocimiento llegan a la Corte precedidas de la presunci\u00f3n de verdad y acierto, la tarea de quien recurre en casaci\u00f3n obligadamente tendr\u00e1 que estar dirigida a demostrar que el dislate que le achaca al ad-quem es notorio y trascendente, esto es, de tal tama\u00f1o que a la primera mirada se advierta la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada con la realidad que surge del proceso, ya que como \u00e9l \u201ces aut\u00f3nomo en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, sus conclusiones al respecto son intocables en este recurso extraordinario, mientras por el impugnante no se demuestre que aqu\u00e9l, y al efectuar tal apreciaci\u00f3n, no incurri\u00f3 en error de hecho evidenciado de los autos o en infracci\u00f3n de las normas que disciplinan la ritualidad y eficacia de los medios de convicci\u00f3n aducidos\u201d(G. J., t. CCXXXI, pag.644). <\/p>\n
Es palmario, entonces, que tan solo cuando el yerro del fallador brota con absoluta claridad es posible abrirle paso a la casaci\u00f3n, vale decir, \u00fanicamente en aquellos casos en que incurra en una equivocaci\u00f3n protuberante y trascendente, de donde se desprende que la acusaci\u00f3n que no se dirija a enrostrarle vicios de esa envergadura no pasar\u00e1 de ser inane, como lo ser\u00e1 igualmente la que se apoya en fundamentos dubitativos, toda vez que al no corresponder ninguno de tales supuestos a las rese\u00f1adas exigencias, habr\u00e1 de otorgarse prevalencia a los razonamientos que el juez de segundo grado haya dejado sentados en el fallo, como quiera que \u201cel error de hecho se estructura cuando el juicio probatorio del sentenciador es arbitrario o cuando la \u00fanica ponderaci\u00f3n y conclusi\u00f3n que tolera y acepta la apreciaci\u00f3n de las pruebas sea la sustitutiva que proclama el recurrente\u201d, ya que si la inferencia a la que hubiera llegado, \u201cluego de examinar cr\u00edticamente el acervo probatorio se halla dentro del terreno de la l\u00f3gica y lo razonable, en oposici\u00f3n a la que del mismo estudio extrae y propone el censor en el cargo, no se genera el yerro de facto con las caracter\u00edsticas de evidente y manifiesto, por cuanto en dicha situaci\u00f3n no hay absoluta certeza del desatino cometido\u201d(G. J., t. CCLVIII, pags.212 y 213). En tales eventos se impondr\u00eda el fracaso de la acusaci\u00f3n, puesto que, como lo ha dicho la Sala, \u201cla ruptura del fallo acusado s\u00f3lo podr\u00eda fundarse en la certeza y no en la duda\u201d(G. J., t. CVII, pag.289), en tanto que \u00e9sta \u201cjam\u00e1s ser\u00eda apoyo razonable para desconocer los poderes discrecionales\u201d del juzgador (G. J., t. CCXXXI, pag.645). <\/p>\n
2. Habida consideraci\u00f3n que en lo fundamental el cargo est\u00e1 dirigido a evidenciar error de hecho en la apreciaci\u00f3n del negocio jur\u00eddico efectuado entre la opositora y la instituci\u00f3n educativa, es de verse c\u00f3mo el tribunal, una vez cit\u00f3 los art\u00edculos 55 a 57 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como apartes jurisprudenciales y doctrinales sobre el llamamiento en garant\u00eda, determin\u00f3 que la convocatoria que de la Universidad de Antioquia hizo la Fundaci\u00f3n bajo esa modalidad de intervenci\u00f3n procesal era \u201cviable dado que si por activa en esta clase de acciones y para el supuesto de que a la producci\u00f3n del da\u00f1o hayan contribuido varias personas, estas frente a la v\u00edctima responden in solidum\u201d, tambi\u00e9n era \u201cevidente que cuando \u00e9sta solo demanda a uno de los copart\u00edcipes en la producci\u00f3n del perjuicio, dicho demandado\u201d pod\u00eda \u201ca su vez llamar \u2026 al proceso a quien fue el \u00fanico culpable del hecho da\u00f1oso o su coautor\u201d, para seguidamente argumentar que a folios 4 y siguientes del cuaderno 3 obraba copia del contrato de docencia asistencial ajustado entre la llamada y el Hospital San Vicente de Pa\u00fal, adscrito a la accionada, en cuya cl\u00e1usula quinta, literal N, se pact\u00f3 que aqu\u00e9lla se obligaba a responder \u201cde todas las reclamaciones, demandas e indemnizaciones que se lleguen a formular en relaci\u00f3n con los programas docente-asistenciales\u201d a los que se contra\u00eda ese acuerdo, para los que \u201cfue precisamente nombrado el Dr. \u00c1lvarez Osorio\u201d, seg\u00fan resoluci\u00f3n rectoral n\u00famero 0207 de 17 de marzo de 1986, \u201clo que por ende y como bien lo dijera la parte demandada, hace perfectamente viable el llamamiento que en este sentido le hizo a la Universidad de Antioquia\u201d(fls.50 y 51). <\/p>\n
Y es que visto el citado acto bilateral en su amplio contexto, ajustado entre el Servicio Seccional de Salud Departamental, la Fundaci\u00f3n Hospitalaria San Vicente de Pa\u00fal y la Universidad de Antioquia(fls.4 a 16, cd.3), se comprende c\u00f3mo, con arreglo a su cl\u00e1usula primera, el objetivo trazado por las partes con esa conjunci\u00f3n de voluntades radic\u00f3 en establecer las bases de cooperaci\u00f3n entre ellas para el desarrollo integral de programas docente-asistenciales en el campo de la salud, en orden a lo cual definieron, como lo prescriben las cl\u00e1usulas tercera a quinta, las obligaciones que cada una de ellas asum\u00eda, siendo de verse que en lo que particularmente concierne a la universidad, de conformidad con la regla contenida en el literal N de esta \u00faltima, contrajo la de responder de todas las demandas y reclamaciones que, en relaci\u00f3n con los programas docente-asistenciales a que se refer\u00eda ese acuerdo de voluntades, se llegaran a presentar (fl.9,cd.3), precis\u00e1ndose que, seg\u00fan la parte final de la cl\u00e1usula primera, esos contratantes definieron que se entend\u00eda por actividad docente-asistencial la utilizaci\u00f3n que deb\u00eda hacer la universidad del \u00e1rea del hospital como campo docente e investigativo y la cooperaci\u00f3n que la misma deb\u00eda ofrecer para el perfeccionamiento constante de las actividades que se desarrollaban en el hospital (fl.5). <\/p>\n
3. De suerte que si con fundamento en esas probanzas el ad-quem estableci\u00f3 la procedencia del llamamiento en garant\u00eda, al advertir que dicho fen\u00f3meno jur\u00eddico tambi\u00e9n ten\u00eda lugar cuando el actor demandaba, en acciones como esta, a un solo sujeto de derecho no obstante que en la producci\u00f3n del da\u00f1o hubieran participado varias personas, pues en tal supuesto la demandada pod\u00eda llamar al litigio a cualquiera de los culpables o coautores del hecho da\u00f1oso, como ocurri\u00f3 en el presente asunto, siendo que adicionalmente estableci\u00f3 que el anestesi\u00f3logo que caus\u00f3 el perjuicio lo hizo en ejecuci\u00f3n de aquel acto bilateral al hallarse nombrado por la universidad para fungir como docente-asistencial, y si lo que el fallador as\u00ed coligi\u00f3 objetiva y razonablemente se desprend\u00eda de tales probanzas, ha de seguirse que esa determinaci\u00f3n lejos se encuentra de ser arbitraria o de estar en notoria desconexi\u00f3n con lo que esos elementos de certeza en sana l\u00f3gica permit\u00edan inferir. <\/p>\n
Ha de verse que, contrariamente, el cargo propende porque al se\u00f1alado medio probatorio se le d\u00e9 la lectura all\u00ed propuesta, todo con el prop\u00f3sito de que a partir de esa interpretaci\u00f3n se considere que del citado acuerdo no se desprend\u00eda frente a la llamada en garant\u00eda carga de amparar obligaci\u00f3n alguna, desconociendo con ello que, por virtud de aquel principio que pregona la libre la valoraci\u00f3n probatoria, el juez de segundo grado pod\u00eda comprender, como en efecto lo hizo, que del aludido c\u00famulo de probanzas s\u00ed afloraba la obligaci\u00f3n de la interviniente de asumir responsabilidades como las aqu\u00ed controvertidas, pues este entendimiento, como ya se dijo, se lo permit\u00eda particularmente ese clausulado, aquella resoluci\u00f3n rectoral y el hecho no controvertido de que el profesor \u00c1lvarez Osorio, precisamente en virtud de ese convenio, fue quien con su actuar negligente gener\u00f3 el da\u00f1o. <\/p>\n
De modo que si las probanzas aducidas autorizaban al juzgador llegar a la conclusi\u00f3n que sent\u00f3, en contraste con los yerros de que se duele la acusadora, lo cierto es que \u00e9stos, de existir, no alcanzar\u00edan a derrumbar el fallo; por ende, como la deducci\u00f3n a la que lleg\u00f3 tras examinar el acervo probatorio no es arbitraria ni cae en lo absurdo pues, antes bien, se halla dentro del terreno de la l\u00f3gica y lo razonable, en oposici\u00f3n a la que del mismo se propone en el cargo, es evidente que no se estructura el error de hecho atribuido. <\/p>\n
En este preciso punto de la exposici\u00f3n no ha de perderse de vista que como la interpretaci\u00f3n que el juez hace de un negocio jur\u00eddico es asunto de hecho que compete a su discreta soberan\u00eda, con insistencia se ha sostenido que la conclusi\u00f3n a que en esa tarea llegue \u201cno es susceptible de modificarse en casaci\u00f3n, sino al trav\u00e9s de la demostraci\u00f3n de un evidente error de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente, que ella es de tal alcance que contradice la evidencia\u201d, ya sea porque el sentenciador \u201csupone estipulaciones que no contiene, ora porque ignore las que ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero sentido de sus cl\u00e1usulas con deducciones que contradice la evidencia que ellas demuestran\u201d(G. J., t. CXLII, pag.219), hip\u00f3tesis en las cuales el error del tribunal lo puede conducir a quebrantar disposiciones de derecho sustancial por aplicaci\u00f3n indebida, pues en tal supuesto podr\u00eda estar dirimiendo el conflicto con base en preceptos que no regulan la especie litigiosa, o por falta de aplicaci\u00f3n de las normas pertinentes. <\/p>\n
Es palmario, entonces, que en los casos en que surja una controversia a prop\u00f3sito del entendimiento que ha de d\u00e1rsele a un acuerdo de voluntades, a su cumplimiento o incumplimiento, la ponderaci\u00f3n que haga el ad-quem es una cuesti\u00f3n f\u00e1ctica que el legislador dej\u00f3 a su autonom\u00eda, de donde surge que la valoraci\u00f3n que al respecto extraiga es susceptible de derrumbarse s\u00f3lo en la medida en que salte a la vista que el alcance que le otorg\u00f3 al respectivo pacto es del todo distinto del que realmente nace de su propio contenido, y no en los eventos en que se requiera efectuar complicados esfuerzos anal\u00edticos o cuando entre varias interpretaciones l\u00f3gicas y razonablemente posibles, el fallador escogi\u00f3 una de ellas; y acontece que, valga repetirlo, en este asunto no se ve c\u00f3mo el juez de segundo grado pudo incurrir en el yerro que se le achaca, pues si bien es cierto interpret\u00f3 el convenio en cuesti\u00f3n para sostener que de la comentada cl\u00e1usula se desprend\u00eda la garant\u00eda que la llamada le otorg\u00f3 a la Fundaci\u00f3n en el sentido de que asumir\u00eda la responsabilidad frente a todas las reclamaciones, demandas e indemnizaciones que se llegaran a formular en relaci\u00f3n con los programas docente-asistenciales, no lo es menos que en esa cardinal gesti\u00f3n no quebrant\u00f3 las reglas propias sobre esa especie de entendimiento, por cuanto que en ning\u00fan momento se apart\u00f3 del contenido literal que flu\u00eda de la descrita relaci\u00f3n negocial. <\/p>\n
Ha de tenerse en cuenta que, para condenar a la llamada en garant\u00eda, el sentenciador se bas\u00f3 en la comprensi\u00f3n que extrajo de ese particular texto convencional y, con ello, en el comportamiento negligente del anestesi\u00f3logo \u00c1lvarez Osorio, al advertir que tal proceder \u00e9ste lo desarroll\u00f3 en cumplimiento de esas actividades docente-asistenciales, para cuya ejecuci\u00f3n precisamente fue designado directamente por aquella instituci\u00f3n acad\u00e9mica a trav\u00e9s de la mentada resoluci\u00f3n rectoral, en la que determin\u00f3 que quedaba adscrito al Departamento de Cirug\u00eda de la Facultad de Medicina de dicha universidad \u201cbajo las \u00f3rdenes del respectivo jefe\u201d y, adicionalmente, que esa \u201clabor docente asistencial\u201d la deb\u00eda pagar el Hospital Universitario San Vicente de Pa\u00fal(fl. 1,cd. 3), siendo ello, justamente, el origen para que luego la demandada lo vinculara laboralmente. <\/p>\n
4. Con todo, como el fundamento toral de la acusaci\u00f3n estriba en que el juzgador se fund\u00f3 \u201ccon exclusividad\u201d (fl.27), en el preanotado pacto, trat\u00e1ndolo como un t\u00edpico negocio de seguros, siendo que no lo es, y otorg\u00e1ndole efectos de los que carece, al punto que a su amparo conden\u00f3 a la universidad a pagar la totalidad de la indemnizaci\u00f3n sin haber analizado si ella particip\u00f3 en la producci\u00f3n del resultado da\u00f1ino, y en que el sentenciador dej\u00f3 de ponderar los hechos afirmados en la demanda, el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 el representante de la demandada y las declaraciones de los padres del menor, pruebas estas que en su sentir generan incertidumbre acerca de si el paciente se hallaba pensionado o no en el hospital, propiciando as\u00ed una duda que beneficiaba a la llamada, porque el convenio excluy\u00f3 el servicio de pensionado como \u00e1rea de su ejecuci\u00f3n, es de verse que aun al analizar la Corte este cuestionamiento desde la perspectiva propuesta, los errores denunciados no fluyen, como pasa a explicarse. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, es de observarse que el reproche estriba, en primer lugar, no en la cl\u00e1usula cuya objetividad es indiscutible sino en el marco general del contrato, pero resulta que repasado con detenimiento ese amplio contenido negocial (fls. 4 a 16, cd.3) se logra establecer que el prop\u00f3sito fundamental de las partes fue fijar reglas de cooperaci\u00f3n \u201cpara el desarrollo de programas docente-asistenciales en el campo de la salud\u201d y que su cumplimiento deber\u00eda generar como consecuencia, \u201cpor un lado, el mejoramiento de la atenci\u00f3n que se brinda a la comunidad\u201d en el centro hospitalario y, por otro, \u201cel que las Facultades y Escuelas del \u00e1rea de la salud\u201d de la Universidad de Antioquia pudieran \u201cdisponer de campos de pr\u00e1ctica para el adecuado desarrollo de la labor\u201d docente-asistencial, en orden a lo cual en forma separada determina las cargas correspondientes al Servicio Seccional de Salud del departamento, a la instituci\u00f3n acad\u00e9mica y al Hospital San Vicente de Pa\u00fal, fij\u00e1ndole a \u00e9ste el deber de denunciarle a la segunda \u201clas reclamaciones, pleitos o demandas\u201d que surgieran \u201cen virtud de los programas docente asistenciales\u201d, seg\u00fan as\u00ed lo prescribe el literal J de la cl\u00e1usula cuarta, e imponi\u00e9ndole al centro educativo, la obligaci\u00f3n de responder \u201cde todas las reclamaciones demandas e indemnizaciones\u201d que llegaran a formularse en relaci\u00f3n con esos mismos programas, que es a la que alude el mentado literal N de la cl\u00e1usula quinta, as\u00ed como la de proponerle tales programas al hospital y \u201cresponsabilizarse de programar, dirigir y coordinar, supervisar, controlar y evaluar la realizaci\u00f3n de estos programas y … los alumnos y profesores que lo realizan\u201d, de acuerdo con los literales A y C de la cl\u00e1usula citada(fls.7 y 8, cd.3). <\/p>\n
Por consiguiente, resulta palmario que al desarrollar el an\u00e1lisis a partir de ese marco general, la conclusi\u00f3n del tribunal, independientemente de la cortedad de su an\u00e1lisis y de que no hiciera alusi\u00f3n al contenido restante, apoyada en la memorada cl\u00e1usula, antes que chocar armoniza con ese amplio contexto del negocio, as\u00ed sea que, con estrictez, no se trate de un acuerdo puro de aseguramiento, por supuesto que de ese contenido no otra cosa se evidencia m\u00e1s que la manera deliberada como las partes optaron por atribuirle a una de ellas -a la universidad que a ra\u00edz de dicho pacto pod\u00eda disponer de los campos para desarrollar la labor docente-asistencial-, la obligaci\u00f3n de responder de las indemnizaciones originadas con la pr\u00e1ctica de los mentados programas, en relaci\u00f3n con los cuales contrajo el deber no s\u00f3lo de proponerlos sino de controlar y evaluar su ejecuci\u00f3n, as\u00ed como a los alumnos y profesores con los cuales los realizaba, y a la otra, la carga de denunciar a aqu\u00e9lla los pleitos que surgieran por el desarrollo de esos mismos programas. <\/p>\n
En segundo, que tambi\u00e9n involucra como dejadas de apreciar las declaraciones de los padres del menor, el interrogatorio de parte absuelto por el representante de la fundaci\u00f3n y algunos fundamentos f\u00e1cticos de la demanda, mas sucede que ninguno de tales medios desvirt\u00faa que el hecho da\u00f1oso se hubiera producido en desarrollo de aquella actividad docente-asistencial, que \u00c1lvarez Osorio obr\u00f3 como vinculado que estaba a esa ejecuci\u00f3n o que \u00e9l fue nombrado por la llamada en garant\u00eda para cumplir dicha funci\u00f3n, pues, valga repetirlo, no ha de perderse de vista que fue a ra\u00edz de esa designaci\u00f3n que la Universidad de Antioquia envi\u00f3 a aquel galeno al hospital para que lo vinculara y que debido justamente a ello \u00e9ste lo recibi\u00f3 para que, a partir de tales actos, empezara a ejecutar, en el \u00e1mbito de su profesi\u00f3n, la misi\u00f3n que le compet\u00eda de acuerdo con el objeto del mencionado acto bilateral. <\/p>\n
Es que en este punto de la exposici\u00f3n ha de tenerse presente que la condena impuesta tambi\u00e9n encontr\u00f3 como soporte la circunstancia consistente en que el ad-quem hall\u00f3 que el anestesi\u00f3logo Fernando \u00c1lvarez estaba vinculado como docente para la ejecuci\u00f3n del se\u00f1alado negocio por nombramiento que le hizo el rector del centro acad\u00e9mico, y que su negligencia fue la causa que realmente desencaden\u00f3 el proceso lesivo en la salud del paciente; de ah\u00ed que el censor se aleje de la verdad al argumentar que el fallador no estableci\u00f3 la culpa de la llamada y que aquel m\u00e9dico no ten\u00eda \u201cdependencia ni subordinaci\u00f3n con la Universidad de Antioquia\u201d, pues el fallo permite inferir que fue con base en la resoluci\u00f3n 0207 de 17 de marzo de 1986, expedida por el rector de la mencionada instituci\u00f3n educativa(fls.1 a 3, cd.3), que el juez de segundo grado dio por evidenciado que \u00c1lvarez Osorio fue nombrado docente especial II ad-honorem, adscrito al Departamento de Cirug\u00eda de la Facultad de Medicina \u201dbajo las \u00f3rdenes del respectivo jefe\u201d, y que entre sus funciones estaba la de docencia-asistencial en el Hospital Universitario San Vicente de Pa\u00fal, aspecto que a la postre adujo como pilar para hacer valer aquella cl\u00e1usula de responsabilidad pactada. <\/p>\n
Como es claro que con base en la prueba citada el juzgador concluy\u00f3 en que el autor de la conducta generadora del da\u00f1o fue el anestesi\u00f3logo \u00c1lvarez Osorio, que ello acaeci\u00f3 en el Hospital Universitario San Vicente de Pa\u00fal en desarrollo del programa docente-asistencial convenido entre \u00e9ste y la Universidad de Antioquia, que para ejecutar tal acuerdo la instituci\u00f3n universitaria precisamente design\u00f3 a aqu\u00e9l como m\u00e9dico anestesi\u00f3logo por medio de la dicha resoluci\u00f3n, en la que adem\u00e1s se dispuso que \u201csu labor docente-asistencial ser\u00e1 pagada\u201d por el establecimiento hospitalario, que fue con ocasi\u00f3n de esa puntual determinaci\u00f3n que la universidad lo envi\u00f3 al hospital, siendo \u00e9sta justamente la causa para que lo vinculara laboralmente, y que ese tratante obr\u00f3 en desarrollo de la funci\u00f3n de docencia-asistencial por el nombramiento que para ella le hizo la instituci\u00f3n educativa, la contraevidencia afirmada por el impugnador no surge, menos cuando la duda que plantea acerca de la falta de certeza sobre si el menor fue atendido a trav\u00e9s del servicio de pensionado o no, antes que obrar en beneficio del casacionista lo que hace es dar al traste con las posibilidades de \u00e9xito de la acusaci\u00f3n, pues, como lo ha sostenido la Corporaci\u00f3n, la simple dubitaci\u00f3n en torno del aspecto o circunstancia sobre la que se edifica el yerro, es apenas sintom\u00e1tica de que la irregularidad que as\u00ed se le enrostre al sentenciador no es evidente, como tendr\u00eda que ser. <\/p>\n
5. Por tanto, no prospera el cargo. <\/p>\n
6. Por otra parte, la Sala considera necesario que de esta determinaci\u00f3n se d\u00e9 noticia al Tribunal de \u00c9tica M\u00e9dica de Antioquia, para lo de su cargo, en orden a lo cual se dispondr\u00e1 la expedici\u00f3n y remisi\u00f3n de las copias de esta sentencia. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N: <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 11 de mayo de 2000 pronunciada en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
<\/p>\n
Ordenar a la secretar\u00eda de esta Sala que expida y remita, al Tribunal de \u00c9tica M\u00e9dica de Antioquia, las copias referidas en el numeral 6\u00ba de las consideraciones de esta providencia, para el fin all\u00ed determinado. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-101-2005 [0472-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil cinco (2005). Referencia: expediente n\u00famero 0472-05. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82950","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82950\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}