SC-102-2005 [7795]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 7795. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 28 de octubre de 1998, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido por Guillermo Ruiz Castro frente a la Compa\u00f1\u00eda Colombiana de Apuestas Permanentes Limitada \u201cEl Chance\u201d. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El demandante convoc\u00f3 a juicio ordinario a la demandada para que se declarara la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica n\u00famero 2603 de 30 de agosto de 1988, de la notar\u00eda quinta de Barranquilla, por incumplimiento de la demandada en el pago del precio pactado; se dispusiera la cancelaci\u00f3n de tal t\u00edtulo y el registro de la sentencia en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del inmueble objeto de ese negocio; se ordenara a la contraparte a restituirle la referida propiedad; y se la condenara a pagarle el valor de los frutos civiles y naturales producidos por el bien o que hubiere podido producir con mediana inteligencia y actividad, as\u00ed como los perjuicios causados con el incumplimiento. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) Mediante el se\u00f1alado instrumento p\u00fablico el actor vendi\u00f3 a la demandada el inmueble que por sus linderos y dem\u00e1s caracter\u00edsticas identific\u00f3 en el hecho primero de la demanda; aqu\u00e9l atendi\u00f3 las obligaciones que all\u00ed contrajo, como quiera que hizo entrega del bien a la adquirente. <\/p>\n
b) El precio realmente convenido en dicha compraventa fue de $18\u00b4000.000 que la compradora se oblig\u00f3 a pagar as\u00ed: $5\u00b4000.000, el d\u00eda de la firma del t\u00edtulo; $5.412.904 mediante pagos de $100.000 diarios de lunes a viernes durante 54 d\u00edas contados a partir del 1\u00b0 de septiembre de 1988 y la cuota 54 para pagar el 18 de noviembre de 1988 por $112.904; $4\u00b4348.167,45 en una obligaci\u00f3n hipotecaria que exist\u00eda a cargo a \u00c1lvaro Ruiz Castro, hermano del accionante, con la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Granahorrar; y $3\u00b4289.929 subrog\u00e1ndose en un cr\u00e9dito hipotecario que el demandante ten\u00eda con esa misma entidad. <\/p>\n
c) La demandada no cumpli\u00f3 el contrato en lo referente al precio estipulado, puesto que no se ha subrogado ni en la obligaci\u00f3n hipotecaria a cargo de \u00c1lvaro Ruiz Castro ni en aquella en que era deudor el demandante, y menos las ha cancelado, ocasionando que Granahorrar haya promovido en contra de \u00e9stos los procesos ejecutivos que cursan en los Juzgados Primero y Segundo Civiles del Circuito de Barranquilla; tampoco ha sustituido las garant\u00edas hipotecarias que respaldan los mencionados cr\u00e9ditos. <\/p>\n
d) En un documento complementario a la escritura arriba se\u00f1alada, la demandada se oblig\u00f3 a subrogarse en la obligaci\u00f3n que con Granahorrar ten\u00eda \u00c1lvaro Ruiz. <\/p>\n
3. Notificada la demandada del libelo, dentro del t\u00e9rmino de traslado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. Por sentencia de 9 de julio de 1996 el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla culmin\u00f3 la primera instancia, en la que absolvi\u00f3 a la demandada de las pretensiones elevadas por el actor. <\/p>\n
5. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla le puso fin a la alzada mediante fallo de 28 de octubre de 1998, en el que confirm\u00f3 el del a-quo. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Con apoyo en los art\u00edculos 1849 y 1864 del C\u00f3digo Civil arguy\u00f3 el tribunal que en trat\u00e1ndose del contrato de compraventa, el precio era \u201cuno de sus elementos esenciales\u201d, por lo que deb\u00eda ser determinado por los contratantes, pudiendo hacerse por cualquier medio o indicaci\u00f3n, aserto que sustenta con uno de los fallos de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Con ese punto de referencia, no sin antes aseverar que del proceso se desprend\u00eda que eran los contratantes quienes integraban los extremos litigiosos y que en la escritura que conten\u00eda el referido contrato estipularon el precio en $10\u00b4000.000 y no de $18\u00b4000.000, como lo afirm\u00f3 el demandante en el libelo, pas\u00f3 a decir que en dicho instrumento se dej\u00f3 establecida la forma como se pagar\u00eda aquella cantidad, al indicarse que se cancelar\u00edan \u201c$5\u00b4000.000 a la firma del mismo documento y el saldo ($5.412.904) en 54 cuotas diarias de $100.000, ascendiendo la \u00faltima a $112.904\u201d, punto en torno del cual recalc\u00f3 que en ninguna de las cl\u00e1usulas figuraba que ese precio incluyera el pago de obligaciones hipotecarias a cargo de \u00c1lvaro Ruiz Castro, pues la \u00fanica subrogaci\u00f3n a que se aludi\u00f3 en la escritura era la relacionada con la obligaci\u00f3n existente a favor de Granahorrar, ya que sobre el inmueble aparec\u00eda constituida una hipoteca de primer grado en su favor. <\/p>\n
2. Agreg\u00f3 que en el proceso obraba \u201cun confuso documento conforme al cual\u201d \u00c1lvaro Ruiz Castro, representado por Ana Castro de Ruiz, manifest\u00f3 que ced\u00eda a la demandada el cr\u00e9dito hipotecario que a su cargo ten\u00eda con la nombrada instituci\u00f3n bancaria por $4\u00b4348.167,45, pero que como aqu\u00e9l no fue parte en el negocio cuya resoluci\u00f3n se demandaba, no pod\u00eda aceptar que el acuerdo contenido en ese escrito privado, as\u00ed estuviera firmado con la representante de la compradora, tuviera el alcance de modificar la identificada escritura en torno al precio y la forma de pago convenida; a\u00f1adi\u00f3 que dicho documento era de tal confusi\u00f3n que all\u00ed se indicaba que \u00c1lvaro Ruiz ced\u00eda un cr\u00e9dito siendo que la calidad que ten\u00eda era la de deudor, con lo cual se desconoci\u00f3 que la cesi\u00f3n es un acto jur\u00eddico por el cual un acreedor, que toma el nombre de cedente, transfiere voluntariamente el cr\u00e9dito que tiene contra su deudor a un tercero, que acepta y toma el nombre de cesionario, para comentar seguidamente que al parecer lo que se quiso fue sustituir un deudor por otro, pero para que ello pudiera producirse se requer\u00eda, seg\u00fan el art\u00edculo 1694 del C\u00f3digo Civil, que Granahorrar, como acreedor, lo hubiera aceptado liberando al primitivo deudor; y que si de subrogaci\u00f3n se trataba, segu\u00eda siendo ambiguo porque seg\u00fan el art\u00edculo 1666 ib\u00eddem esa figura jur\u00eddica consist\u00eda en la transmisi\u00f3n de los derechos del acreedor a un tercero que le hab\u00eda pagado. <\/p>\n
4. Remat\u00f3 indicando que los indicios en contra de la demandada, por no haber contestado la demanda y dejar de comparecer a la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no eran suficientes para quitarle validez a aquel instrumento p\u00fablico, aseveraci\u00f3n a partir de la cual insisti\u00f3, de un lado, que \u00c1lvaro Ruiz no fue parte en el contrato de compraventa y, de otro, que no fue probado que la opositora hubiese aceptado, como parte del precio, pagar una obligaci\u00f3n a cargo del demandante y en favor de Granahorrar, en tanto que s\u00ed se demostr\u00f3 que la \u00fanica obligaci\u00f3n hipotecaria que se comprometi\u00f3 a cubrir la contraparte fue aquella que para entonces gravaba el bien objeto del contrato. A\u00f1adi\u00f3 que el promotor de este proceso no aleg\u00f3 que la compradora hubiera incumplido con el pago de las 54 cuotas diarias acordadas en la escritura de venta, por lo que deb\u00eda entender que esa obligaci\u00f3n se atendi\u00f3 a satisfacci\u00f3n. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con respaldo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, un cargo plantea el recurrente, conforme al cual la sentencia combatida es indirectamente violatoria, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 1546, 1602, 1613, 1614, 1618, 1621, 1622, 1930 y 1932 del C\u00f3digo Civil, a consecuencia de los \u201cerrores de hecho en la apreciaci\u00f3n de algunas pruebas y errores de derecho en la valoraci\u00f3n de otras\u201d. <\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con los yerros de hecho refiere el acusador que el contrato de compraventa contenido en la escritura 2603 de 30 de agosto de 1988 fue incorrectamente apreciado por el tribunal, porque consider\u00f3 que el precio all\u00ed pactado era \u00fanicamente de $10\u00b4000.000, en lo cual no tuvo \u201cen cuenta que interpretando rectamente\u201d ese negocio, tambi\u00e9n se hab\u00eda incluido como parte el pago que la compradora se oblig\u00f3 a efectuar a Granahorrar, \u201cen virtud de haberse subrogado\u201d en la hipoteca constituida mediante el acto p\u00fablico 186 de 29 de enero de 1986, instrumento en el que la compradora expres\u00f3 subrogarse en dicha hipoteca y se oblig\u00f3 \u201ca seguir cancelando\u201d ese cr\u00e9dito \u201cen la forma y condiciones establecidas\u201d por aquella instituci\u00f3n bancaria; esta falencia es evidente y protuberante, pues el fallador habr\u00eda accedido a la resoluci\u00f3n deprecada de no haber incurrido en ella. <\/p>\n
Tambi\u00e9n fue indebidamente apreciado el interrogatorio de parte absuelto por la demandada dentro de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, cuya acta reposa a folios 70 y siguientes del cuaderno 1, donde manifest\u00f3 que hab\u00eda hecho lo posible por subrogarse en la hipoteca con Granahorrar y cancelar la obligaci\u00f3n, al punto que convers\u00f3 con los abogados de \u00e9sta, y que ten\u00eda los saldos de las deudas hipotecarias para cancelarlos inmediatamente tuviera los dineros disponibles, por cuanto el juez de segundo grado, al no apreciar que all\u00ed la accionada admiti\u00f3 \u201cque para la fecha de la diligencia no hab\u00eda cumplido con la obligaci\u00f3n, sino que pensaba cumplir cuando tuviera los dineros necesarios para ello\u201d, dej\u00f3 de ver la confesi\u00f3n que de ello surg\u00eda. Destaca el censor que de no haber incurrido en dicho desacierto, hubiera accedido a la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Del mismo modo se equivoc\u00f3 en la valoraci\u00f3n del certificado de tradici\u00f3n que obra a folio 45 del cuaderno 1, en el que aparece registrado el embargo dispuesto dentro del proceso ejecutivo hipotecario de Granahorrar contra Guillermo Ruiz Castro, pues de haberlo observado habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que esa acci\u00f3n se inici\u00f3 por la falta de pago del cr\u00e9dito respectivo y tenido que decretar el incumplimiento de esa obligaci\u00f3n, con la consiguiente resoluci\u00f3n suplicada. <\/p>\n
Anota que fue errada la ponderaci\u00f3n que efectu\u00f3 el juzgador del escrito del folio 63 del cuaderno 1, donde se confirma que fue el actor quien cancel\u00f3 las cuotas vencidas del cr\u00e9dito cuyo pago esa corporaci\u00f3n persigui\u00f3 dentro del hipotecario que adelant\u00f3 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla \u201ccon la consiguiente terminaci\u00f3n del proceso\u201d, yerro que califica de protuberante y evidente, ya que de all\u00ed se deriva el incumplimiento del contrato. <\/p>\n
Asevera que el dictamen que obra a folio 86 del cuaderno 1, en el que los peritos afirmaron que hab\u00edan obtenido evidencia del pago hecho por Guillermo y \u00c1lvaro Ruiz Castro a Granahorrar, fue tambi\u00e9n preterido; de haberlo valorado, el juzgador hubiera llegado a la conclusi\u00f3n \u201cde que al no ser la demandada la que efect\u00faa el pago, incumpli\u00f3 el contrato de compraventa\u201d. <\/p>\n
2. En lo tocante con los yerros de derecho, el casacionista afirma que el sentenciador no le dio el valor probatorio de plena prueba a los hechos de la demanda ni al acta de conciliaci\u00f3n, visible a folio 29, en la que se dej\u00f3 constancia de la incomparencia de la accionada, pues de esta omisi\u00f3n dedujo la gestaci\u00f3n apenas de un \u201csimple indicio\u201d, no obstante que el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 10\u00b0 del decreto 2651 de 1991 prev\u00e9 que la inasistencia injustificada a la citada audiencia hace que se tengan por ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la pieza iniciadora del pleito; agrega que si el tribunal hubiera dado a la falta de concurrencia a la conciliaci\u00f3n el valor probatorio que le correspond\u00eda, habr\u00eda tenido por ciertos los hechos tercero, cuarto y quinto del libelo, que en su orden aluden a que la compradora se oblig\u00f3 a pagar $3\u00b4289.929 correspondientes a la hipoteca que el vendedor ten\u00eda con Granahorrar, que la opositora no pag\u00f3 tal acreencia y que tampoco se subrog\u00f3 como deudora ante la citada corporaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el cr\u00e9dito contenido en la escritura 186 de 29 de enero de 1986. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el ad-quem tambi\u00e9n dej\u00f3 de atribuirle a la falta de contestaci\u00f3n al libelo el car\u00e1cter de indicio grave en contra de la contraparte, yerro que tilda de \u201cevidente y decisivo\u201d, como quiera que, de haber efectuado dicha valoraci\u00f3n y ponderado tal indicio en conjunto con los restantes elementos de juicio existentes en el proceso, hubiera decretado la resoluci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
3. Manifiesta el censor que esos dislates de hecho y de derecho llevaron al fallador a quebrantar los preceptos legales ya se\u00f1alados, as\u00ed como los art\u00edculos 95, 187, 194 y 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 10, numeral 4\u00ba, del decreto 2651de 1991, como normas probatorias. <\/p>\n
4. Finaliza exponiendo que el juez de segundo grado se dedic\u00f3 \u201cexclusivamente a examinar la fuerza probatoria y sustancial del acuerdo visible a folio 3\u201d del cuaderno 1 y a pregonar que ese escrito \u201ccarec\u00eda de eficacia jur\u00eddica y valor probatorio por no haberse hecho la aclaraci\u00f3n del precio con las solemnidades\u201d del instrumento notarial, pero que esos argumentos ca\u00edan \u201cpor su base, puesto que bastaba el incumplimiento de la obligaci\u00f3n pactada\u201d en la misma escritura de venta, esto es, la de pagar el cr\u00e9dito hipotecario a que se refer\u00eda el acto p\u00fablico n\u00famero 186 de 29 de enero de 1986; en fin, que el sentenciador se limit\u00f3 a fijar sus ojos en el contenido del indicado documento para concluir que la obligaci\u00f3n que del mismo surg\u00eda \u201cera inocua por falta de solemnidades\u201d, desconociendo que tras una recta interpretaci\u00f3n del negocio de enajenaci\u00f3n hubiera establecido que la carga de pagar aquella acreencia, que no fue cumplida por la compradora, formaba parte del precio y, por tanto, esa sola circunstancia era suficiente para decretar la resoluci\u00f3n del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Por averiguado se tiene que como la casaci\u00f3n es un recurso extraordinario, la demanda con la que se sustente debe reunir unos requisitos muy puntuales, concretamente los previstos en el art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con las modificaciones introducidas por el decreto 2651 de 1991, lo que traduce que \u00fanicamente mediante su cabal cumplimiento la Corte podr\u00e1 desarrollar la actividad que le es propia, pues es claro que, por tratarse de una cuesti\u00f3n esencialmente dispositiva, no puede, como mucho lo ha sostenido, establecer a su juicio el querer del acusador, por supuesto que es a \u00e9ste a quien le corresponde establecer el contexto y \u00e1mbito conceptual acerca de c\u00f3mo el sentenciador de instancia incurri\u00f3 en el desacierto. De este modo, sea cual fuere la causal que se invoque, la demanda respectiva ha de contener, entre otros presupuestos, la \u201cformulaci\u00f3n por separado de los cargos\u201d, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de la acusaci\u00f3n, \u201cen forma clara y precisa\u201d y, en el evento de que se aduzca la segunda parte de la causal primera del art\u00edculo 368 ib\u00eddem, la demostraci\u00f3n cabal de \u201cla violaci\u00f3n de norma sustancial como consecuencia de error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda o de su contestaci\u00f3n, o de determinada prueba\u201d. <\/p>\n
En punto a la debida sustentaci\u00f3n de los cargos, cuando el ataque se centra en la violaci\u00f3n indirecta de la norma de derecho sustancial, ya por errores de hecho ora de derecho, la doctrina jurisprudencial de la Corporaci\u00f3n ha sostenido, de manera insistente, que ello le impone al impugnador la carga de singularizar uno a uno los medios persuasivos en que recayeron los desaciertos del fallador y que adelante la labor dial\u00e9ctica de confrontar lo que ciertamente aflora de la probanza respectiva con la sustancia que de ella extrajo el sentenciador que lo llev\u00f3 a edificar la conclusi\u00f3n, pues que s\u00f3lo as\u00ed podr\u00e1 la Corporaci\u00f3n, dentro de los lineamientos trazados por la acusaci\u00f3n, establecer si se present\u00f3 el desatino que con las caracter\u00edsticas de protuberante le endilga el censor. <\/p>\n
Desde luego que la demanda de casaci\u00f3n no cumplir\u00e1 los requisitos formales si no contiene censuras precisas y claras, de las cuales emerja su exacta identificaci\u00f3n, lo que acontecer\u00eda si el recurrente dedica su labor a hacer comentarios o apreciaciones sobre el fallo acusado o alegaciones que son propias de las instancias, pues, como es sabido, en virtud del car\u00e1cter dispositivo que campea en esta senda extraordinaria, no es a la Sala a quien debe dejarse la tarea de encontrar las pruebas mal apreciadas o de investigar cu\u00e1les de sus apartes fueron err\u00f3neamente interpretados, supuestos o agregados, o de establecer en qu\u00e9 consistieron los desaciertos del juzgador sino que justamente ello es lo que el cargo debe mostrar y probar; con otras palabras, no basta que la acusaci\u00f3n se refiera a las pruebas globalmente o se limite a presentar meras consideraciones generales sobre ellas, sin que se haga el contraste entre la realidad objetiva que ostenta cada uno de los medios de persuasi\u00f3n cuya apreciaci\u00f3n se critica y lo que el fallo dice o deduce de ellos, explicando la falencias del juicio del sentenciador. <\/p>\n
2. En el caso presente, ha de verse que el cargo planteado se distancia ostensiblemente de las directrices que se acaban de dejar sentadas, pues en lo que hace a los errores de hecho que le endilga al tribunal no satisface la exigencia t\u00e9cnica de la debida sustentaci\u00f3n, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En lo tocante con el yerro que se dice cometi\u00f3 el ad-quem en la valoraci\u00f3n de la escritura 2603 de 30 de agosto de 1988, obs\u00e9rvese c\u00f3mo el acusador se limit\u00f3 a se\u00f1alar que tal dislate consisti\u00f3 \u201cen que consider\u00f3 que el precio pactado para la compraventa fue \u00fanicamente\u201d de $10\u2019000.000 sin tener en cuenta que, \u201cinterpretado rectamente el contrato, tambi\u00e9n se incluy\u00f3 como parte del precio el pago que la compradora se oblig\u00f3 a efectuar\u201d a la entidad financiera, \u201cen virtud de haberse subrogado en el pago de la hipoteca\u201d constituida por instrumento p\u00fablico 186 de 29 de enero de 1986, es decir, que al circunscribir su labor a indicar la interpretaci\u00f3n que de la compraventa realiz\u00f3 el fallador en lo referente al precio, a dar su personal posici\u00f3n al respecto y a colegir que fue equivocada la inteligencia otorgada a esa prueba en lo atinente a dicho requisito del negocio, dej\u00f3 de identificar en concreto los errores en que \u00e9ste pudo incurrir al concluir, con base en lo que textualmente reza la convenci\u00f3n de que se trata, que el precio estipulado fue de $10\u00b4000.000 y no de $18\u00b4000.000. Es claro que al casacionista no le bastaba afirmar la comisi\u00f3n del error sino que deb\u00eda sustentarlo y demostrarlo, para lo cual ten\u00eda que explicar porqu\u00e9 la objetiva lectura del contrato arrojaba como resultado que en el precio fue incluida la obligaci\u00f3n que le impusiera a la compradora la carga de subrogarse en la hipoteca constituida mediante la escritura 186 de 29 de enero de 1986 y, paralelamente, porqu\u00e9 fue errada la ya referida conclusi\u00f3n f\u00e1ctica del juez de segundo grado, cuando sostuvo que el precio no comprendi\u00f3 esa espec\u00edfica obligaci\u00f3n adicional sino que se redujo a la suma expresamente se\u00f1alada como tal. <\/p>\n
De este particular apartado de la censura apenas se extrae en claro que en sentir del censor el juez de segundo grado err\u00f3 al establecer el precio del contrato, mas no en qu\u00e9 consisti\u00f3 su equivocaci\u00f3n, como quiera que, como viene de explicarse, olvid\u00f3 indicar las concretas falencias en cuanto no desarroll\u00f3 la fundamental tarea de confrontar eso que aqu\u00e9l concluy\u00f3 de tal espec\u00edfica pieza procesal con lo que materialmente el mismo medio refiere; al proceder as\u00ed, dej\u00f3 el cargo hu\u00e9rfano de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con los errores f\u00e1cticos que la censura le enrostra al juzgador al pretermitir la ponderaci\u00f3n de la confesi\u00f3n de la demandada que brota del interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 dentro de la inspecci\u00f3n judicial, del \u201ccertificado de tradici\u00f3n que obra a folio 45, en que aparece que Granahorrar embarg\u00f3 con acci\u00f3n hipotecaria a Guillermo Ruiz Castro el inmueble\u201d materia de la compraventa, del \u201cmemorial de folio 63 del cuaderno 1, donde se confirma que el actor cancel\u00f3 las cuotas vencidas del cr\u00e9dito hipotecario seguido por aquella entidad en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla\u201d y del dictamen pericial en el que los peritos afirmaron haber obtenido evidencia del pago hecho por Guillermo y \u00c1lvaro Ruiz Castro a Granahorrar, la deficiencia que se viene comentando tambi\u00e9n tiene inocultable presencia, pues el recurrente al advertir sobre tales yerros limita sus manifestaciones a lo que se dej\u00f3 transcrito, a precisar que esos defectos eran protuberantes, evidentes y decisivos y a colegir que de no haberse incurrido en ellos, se hubiera impuesto la resoluci\u00f3n contractual solicitada. <\/p>\n
Es manifiesto, entonces, que el acusador omiti\u00f3 realizar la labor comparativa entre lo que objetivamente fluye de los medios de convicci\u00f3n que asegura fueron indebidamente apreciados o dejados de valorar y lo que de ellos dedujo o debi\u00f3 deducir el sentenciador, limit\u00e1ndose en cada caso a sostener simplemente que las equivocaciones en cuesti\u00f3n eran evidentes, protuberantes y decisivas. <\/p>\n
3. Adicionalmente, el cargo alberga otra deficiencia de orden estrictamente t\u00e9cnico, consistente en que no ataca todos los pilares en que se apoya la sentencia combatida. <\/p>\n
Ciertamente, al analizar las consecuencias surgidas por la falta de contestaci\u00f3n del acto introductorio del proceso y la inasistencia de la sociedad demandada a la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, v\u00e9ase c\u00f3mo el tribunal consider\u00f3 que el efecto generado por tales omisiones procesales no pod\u00eda oponerse a lo que reza la escritura de compraventa, por ser \u00e9ste un negocio solemne cuyos elementos esenciales, entre ellos el precio, eran demostrables \u00fanicamente a trav\u00e9s de instrumento p\u00fablico y no por ning\u00fan otro medio de prueba, raz\u00f3n por la cual, adicionalmente, y para los prop\u00f3sitos de la accionante de que se admitiera que tan particular exigencia del negocio se tuviera por modificada mediante el escrito privado en el que intervino un tercero ajeno a la compraventa, no pod\u00eda admitirse; argumentos estos que, como se constata al volver la mirada al cargo en su doble dimensi\u00f3n, es decir, tanto en los aspectos que por errores de hecho ataca como en los que integran los reparos por yerros de derecho, el casacionista dej\u00f3 de lado en cuanto se sustrajo de hacer, siquiera tangencialmente, el menor comentario alrededor de cualesquiera de ellos. <\/p>\n
La circunstancia de que el razonamiento sentado por el ad-quem en torno a la prueba solemne que necesariamente debi\u00f3 traerse al plenario para demostrar que el pacto originalmente establecido entre las partes en punto al precio del negocio y a la forma de pago se mut\u00f3 al agregarse la obligaci\u00f3n de la compradora -aqu\u00ed demandada- de asumir el pago de la acreencia hipotecaria existente a favor de Granahorrar, no hubiere sido debidamente criticada por el impugnador, por s\u00ed sola mantiene firme la decisi\u00f3n adoptada en el fallo censurado, lo que significa que as\u00ed se admitiera que el fallador incurri\u00f3 en los errores que en la acusaci\u00f3n se le enrostran, ello en todo caso no conducir\u00eda al quiebre de la providencia, pues a\u00fan en tal supuesto \u00e9sta permanecer\u00eda en pie apoyada en ese cardinal argumento del juez de segundo grado que no fue objeto de embate y menos derribado. <\/p>\n
A este respecto ha expresado reiteradamente la Corte que cuando una sentencia se acuse por errores de hecho o de derecho y la misma se encuentre fundada en diversas apoyaturas probatorias, para destruir la presunci\u00f3n de acierto de las conclusiones f\u00e1cticas con las que llega a esta senda extraordinaria, el casacionista debe plantear un ataque en el que involucre \u00edntegros esos cimientos, esto es, \u201cuna impugnaci\u00f3n que comprenda todos los soportes probatorios que fincan la decisi\u00f3n, porque si \u00e9sta es parcial, as\u00ed se demuestren los errores denunciados, los fundamentos no controvertidos y determinantes de ella, la siguen manteniendo y por ende el cargo fracasa, porque la presunci\u00f3n de acierto continuar\u00eda vigente\u201d(G. J., t. CCLXI, pag.882). <\/p>\n
<\/p>\n
En lo inherente al yerro de derecho atribuido al fallo, independientemente de que la inasistencia del demandado en proceso ordinario a la audiencia de que trata el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, conforme a las voces del art\u00edculo 10 del decreto 2591 de 1991, provoque que los hechos de la demanda susceptibles de confesi\u00f3n deban tenerse por ciertos, la verdad es que el sentenciador s\u00ed apreci\u00f3 el hecho mismo de la no comparecencia de la citada parte al mencionado acto procesal, as\u00ed como que ella no le dio contestaci\u00f3n al libelo, s\u00f3lo que consider\u00f3 que esa conducta no pod\u00eda oponerse a lo que literalmente expresaba el instrumento de compraventa, pues se trataba de un negocio solemne cuyos elementos, entre ellos el precio, eran demostrables \u00fanicamente con la escritura misma y no con ning\u00fan otro medio de prueba. Siendo ello as\u00ed, fluye intrascendente el calificativo que de meros indicios le dio el tribunal a las particularizadas conductas de la opositora, situaci\u00f3n que al mismo tiempo conducir\u00eda a sostener que as\u00ed \u00e9ste hubiera concluido que la inasistencia a la referida audiencia ten\u00eda por efecto que los hechos de la demanda susceptibles de confesi\u00f3n se tuvieran por ciertos, ello no habr\u00eda cambiado sus inferencias acerca de que no form\u00f3 parte del precio la obligaci\u00f3n que el actor le atribuye a la demandada de subrogarse en la hipoteca contenida en la escritura 186 de 29 de enero de 1986 y que, por ello, al haberse pagado la cuota inicial de $5\u00b4000.000 a la firma de la promesa y dejado de denunciar el incumplimiento de alguna de las 54 cuotas diarias fijadas para la cancelaci\u00f3n del saldo ($5\u00b4412.904), no hubo incumplimiento del precio, que fue la causa invocada en la demanda para deprecar la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Es claro que el ad-quem, con respaldo en el instrumento 2603 de 30 de agosto de 1988, coligi\u00f3 que el precio de la compraventa fue de $10\u00b4412.904 y no $18\u00b4000.000, habiendo apreciado igualmente, que \u201cla \u00fanica subrogaci\u00f3n a la cual se alude en la escritura de compraventa es la relacionada con la obligaci\u00f3n existente con \u2018Granahorrar\u2019, pues sobre el bien aparece constituida una hipoteca de primer grado en favor de esa corporaci\u00f3n\u201d, pero que tal subrogaci\u00f3n, por s\u00ed misma, no hizo \u201cparte del precio\u201d; expresado con otras palabras, que para el juez de segundo grado el precio de la venta fue aquella suma y no ninguna otra, como quiera que la obligaci\u00f3n relativa a que la compradora deb\u00eda subrogarse en la hipoteca que mediante escritura p\u00fablica 186 de 29 de enero de 1986 exist\u00eda constituida a favor de la entonces Corporaci\u00f3n Grancolombiana de Ahorro y Vivienda \u201cGranahorrar\u201d, en todo caso no integr\u00f3 el precio aludido, ya que en la cl\u00e1usula respectiva de la mentada compraventa, las partes, en efecto, dijeron que \u201cel precio o valor del inmueble objeto de esta venta\u201d era de \u201cla suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO\u201d, enfatizando all\u00ed mismo, a rengl\u00f3n seguido, que de esa forma quedaba \u201ctotalmente cancelado el inmueble objeto de esta compraventa\u201d(fl.5vto,cd.1). <\/p>\n
Apoyadas como se hallan tales inferencias en lo que sobre el precio y la subrogaci\u00f3n reza la escritura contentiva de la enajenaci\u00f3n, no puede afirmarse, por ende, que tales conclusiones no fluyan de la convenci\u00f3n misma o que ellas se opongan al acuerdo de voluntades, o que sean manifiestamente contraevidentes, lo que descarta la presencia de los errores de hecho denunciados, as\u00ed hubiese otro modo aceptable de interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
Es que, como lo tiene dicho la Corporaci\u00f3n, la interpretaci\u00f3n de los contratos es \u201ccuesti\u00f3n que corresponde a la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia\u201d, por lo que \u201cla que el tribunal haga no es susceptible de modificarse en casaci\u00f3n, sino al trav\u00e9s de la demostraci\u00f3n de un evidente error de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente, que ella es de tal alcance que contradice la evidencia. Por lo mismo, cuando el sentenciador al interpretar un contrato le asigna un sentido que no pugna con la objetividad que muestra el contexto de sus cl\u00e1usulas, no puede decirse que incurre en manifiesto error f\u00e1ctico\u201d(G. J., t. CXLII, pag.219). <\/p>\n
5. Por tanto, no prospera el cargo. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N: <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 28 de octubre de 1998 pronunciada en este proceso ordinario por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-102-2005 [7795] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 7795. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82951","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82951"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82951\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82951"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}