SC-105-2005 [2262] <\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., primero de junio de dos mil cinco <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., <\/p>\n
Ref. Exp. No. 2262 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2000, proferida por la sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por decisi\u00f3n la que clausur\u00f3 la segunda instancia en el proceso ordinario promovido por Carlos Alberto Bernal Monta\u00f1ez y la sociedad \u2018Carteber y Compa\u00f1\u00eda Ltda.\u2019 contra la firma \u2018Colseguros S.A.\u2019 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Carlos Alberto Bernal Monta\u00f1ez y la sociedad Carteber y Compa\u00f1\u00eda Ltda., promovieron proceso ordinario contra la firma \u2018Colseguros S.A.\u2019 a fin de que se declarara que esta es responsable de los graves perjuicios materiales y morales recibidoscausados al primero, por haber sido temerariamente acusado el primero de ellos de hechos tildados de delictuales, por los cuales luego fue absuelto;, tambi\u00e9n por haber provocado la cancelaci\u00f3n del Registro P\u00fablico y la clave 68887 que lo habilitaba entonces a la sociedad demandante, para el ejercicio de la actividad como intermediario de seguros. <\/p>\n
2. Las pretensiones se sustentan en los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. Carlos Alberto Bernal Monta\u00f1ez y la sociedad Carteber y Compa\u00f1\u00eda Ltda.\u2019, constituida por el primero aquel y su hermana, para la explotaci\u00f3n de la actividad de intermediaci\u00f3n en seguros, ejerc\u00edan dicho rubro de la econom\u00eda bajo las condiciones, reglamentos y supervisi\u00f3n de la firma \u2018Colseguros S.A.\u2019, hasta el a\u00f1o 1990 cuando Carlos Alberto Bernal Monta\u00f1ez, gerente de la sociedad \u2018Carteber y Compa\u00f1\u00eda Ltda.\u2019, fue denunciado penalmente por \u2018Colseguros S.A.\u2019 a ra\u00edz de lo cual le fue cancelado el Registro P\u00fablico que posibilitaba su ejercicio actividad dentro del gremio asegurador. <\/p>\n
2.2. Los demandantes recibieron han recibido toda serie de perjuicios por obra de la conducta de la demandada, \u201ccomo quiera que se le extingui\u00f3 el medio la posibilidad de operar con la compa\u00f1\u00eda aseguradora, dando como resultado la salida del mercado de la sociedad demandante y por ende la p\u00e9rdida de la infraestructura de la agencia, la carga laboral, el buen nombre y lo que ha dejado de percibir desde octubre de 1990.\u00bb. <\/p>\n
2.3. Los demandantes percib\u00edan por el ejercicio de su actividad la suma de $372.599 mensuales por concepto de comisiones por la venta de seguros. <\/p>\n
<\/p>\n
2.4. Posteriormente A pesar de las acusaciones, el demandante Carlos Alberto Bernal Monta\u00f1ez fue absuelto por la justicia penal que le exoner\u00f3 de toda responsabilidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Notificada la demandada, se opuso a las pretensiones, en cuanto a los hechos, neg\u00f3 algunos, acept\u00f3 otros, y dijo desconocer los dem\u00e1s. Como r\u00e9plica neg\u00f3 iega haber causado al demandante los perjuicios que denuncia, dijo que no hubo expone la inexistencia del hecho da\u00f1oso y atribuy\u00f3e todo a la culpa al propio demandante. <\/p>\n
<\/p>\n
3.1. Bajo el rubro de excepciones, la parte demandada esgrimi\u00f3 que no hay causa para demandar, pues no es verdad que el demandante Carlos Alberto Bernal Monta\u00f1ez haya sido absuelto de los cargos que se le imputaron. En verdad, argum\u00e9entase en la r\u00e9plica, el demandante fue sindicado, emplazado como persona ausente, se le profiri\u00f3 medida de aseguramiento, hubo llamamiento a juicio y finalmente se aplic\u00f3 en su favor la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. Fueron tales las irregularidades en el juicio penal que condujo a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dispuso que se compulsaran copias para que se investigara la conducta del juez que en primera instancia absolvi\u00f3 al hoy demandante, pues para esa corporaci\u00f3n se hab\u00edan cometido, no uno sino varios delitos de falsedad que cayeron en la impunidad gracias a los protuberantes errores del proceso penal. porque El Tribunal, por razones de competencia, se vio impedido de revisar los graves yerros. Fueron tales las irregularidades y la forma como se lleg\u00f3 a lograr que se consumara la prescripci\u00f3n, que dice la demandada, que ya provoc\u00f3 una acci\u00f3n contencioso administrativa en la que pide ser resarcida por el mal funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia, pues de las deficiencias se vali\u00f3 el hoy demandante para lograr el favor de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. La parte demandada pPropuso como defensa el hecho de la parte demandada haber obrado en cumplimiento de un deber legal, pues el c\u00f3digo de procedimiento penal dispone como imperativo a todo ciudadano, denunciar la comisi\u00f3n de posibles il\u00edcitos. <\/p>\n
<\/p>\n
3.3. Plante\u00f3 la demandada que el causante de los perjuicios alegados reclamados por la firma Carterber Ltda. no es la demandada, sino precisamente su el propio gerente de la hoy demandante quien por los actos dolosos cometidos dio lugar a la cancelaci\u00f3n del registro p\u00fablico y la clave para operar como intermediario de seguros. A\u00f1ade que nadie podr\u00eda obligar a la Aseguradora Colseguros S.A. a mantener negocios con una sociedad cuyo gerente incurri\u00f3 en conductas impropias por las cuales fue sindicado, recibi\u00f3 medida de aseguramiento, fue formalmente acusado, aunque por obra de sus malas artes logr\u00f3 en su beneficio el favor de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal. <\/p>\n
4. Finaliz\u00f3 la primera instancia mediante fallo de fecha 16 de diciembre 30, que declar\u00f3 demostradas las excepciones propuestas, decisi\u00f3n plenamente confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que mediante su sentencia proferida el 10 de noviembre de 2000 desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el frustrado demandante. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
El Tribunal acometi\u00f3 primero el esbozo te\u00f3rico sobre la responsabilidad derivada del abuso del derecho originado en una denuncia temeraria. Luego de transcribir copiosa jurisprudencia sobre esta materia, concluy\u00f3 que \u201c no basta la declaratoria de improcedibilidad de la acci\u00f3n penal o la terminaci\u00f3n del proceso, resoluci\u00f3n inhibitoria, cesaci\u00f3n de procedimiento, preclusi\u00f3n de investigaci\u00f3n, sentencia absolutoria, sino que es necesario acreditar plenamente el \u00e1nimo de perjudicar o que por parte del denunciante existi\u00f3 un error de conducta… y como el actor no se preocup\u00f3 en lo m\u00e1s m\u00ednimo en demostrar la temeridad, la culpa, el dolo, el descuido la negligencia etc. dDel demandado en la formulaci\u00f3n de la denuncia, por lo que faltando la demostraci\u00f3n del elemento subjetivo, surge como consecuencia inevitable la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n impugnada.\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASAC\u00d3N <\/p>\n
El recurrente formul\u00f3 un cargo contra la sentencia del Tribunal, con fundamento en la causal 1\u00aa del art\u00edculo 368 del C. de P.C., por violaci\u00f3n de la ley sustancial, por la v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 1494, 1502, 1613, 2341 del c\u00f3digo civil; 1340, 1341. 1347, 1350 y 1351 del c\u00f3digo de comercio y articulo 12 de la ley 256 de 1996. <\/p>\n
1. El Tribunal err\u00f3 cuando identific\u00f3 que la demanda ten\u00eda por objeto el asunto de la acci\u00f3n penal \u201ccuando en verdad la pretensi\u00f3n del demandante se funda en el hecho de que al haber solicitado la sociedad Aseguradora Colseguros S.A. la cancelaci\u00f3n del certificado p\u00fablico, expedido por la Superintendencia bancaria, en el cual se acreditaba su idoneidad para desarrollar la actividad de corredor de seguros, para cualquiera de las compa\u00f1\u00edas debidamente acreditadas en el pa\u00eds, en los ramos de seguros generales y de vida, t\u00edtulos de capitalizaci\u00f3n, unidades de inversi\u00f3n etc.\u201d. <\/p>\n
Y en la misma l\u00ednea argumentativa reiter\u00f3 las objeciones al fallo que dej\u00f3 sin cimiento las pretensiones \u201ccomo consecuencia de los argumentos de la investigaci\u00f3n penal que dejaron en desventaja al actor, lo que indica que se abroga la condici\u00f3n de juzgador en materia penal, cuando la decisi\u00f3n proferida por dicha jurisdicci\u00f3n ya hab\u00eda aclarado la situaci\u00f3n del demandante y tan solo cabr\u00eda deducir si el hecho de haber solicitado la cancelaci\u00f3n del certificado p\u00fablico que acreditaba al actor para realizar actos de corretaje de seguros, se encontraba justificada o si por el contrario constitu\u00eda un exceso, en virtud del cual se caus\u00f3 perjuicio al actor.\u201d. <\/p>\n
El anterior argumento: que la fuente del da\u00f1o es fue la cancelaci\u00f3n del registro p\u00fablico, resurge en otro de los ac\u00e1pites del recurso cuando el casacionista cuando plantea que el Tribunal \u201cincurre en el mismo error de hecho, pues considera que la causa petendi est\u00e1 cifrada en el hecho de que la sociedad demandada haya instaurado la acci\u00f3n penal, cuando en verdad la causa para pedir tomada en cuenta fue el exceso en que incurri\u00f3 dicha sociedad, al solicitar la cancelaci\u00f3n del certificado p\u00fablico que acreditaba al actor como persona id\u00f3nea para realizar las actividades propias de corredor de seguros.\u201d. <\/p>\n
En el ep\u00edlogo del cargo plantea argument\u00f3 el impugnador que \u201cdemostrada como se encuentra la responsabilidad de la demandada al proceder en forma injustificada, a solicitar la cancelaci\u00f3n del certificado p\u00fablico de corredor de seguros del demandante, le irrog\u00f3 graves perjuicios, pues le priv\u00f3 de la posibilidad de ejercer su profesi\u00f3n y por ende de obtener los ingresos que ordinariamente percib\u00eda en tal actividad, por lo cual deber\u00e1 conden\u00e1rsele al pago de tales perjuicios.\u201d. <\/p>\n
2. Marginalmente plantea el recurrente afirm\u00f3 que el demandante fue absuelto en el proceso penal y para tal efecto evoc\u00f3 que el Juez Penal de primera instancia absolvi\u00f3 exoner\u00f3 al procesado por el delito de falsedad, luego de lo cual reprodujo lo decidido por el ad quem, con el fin de mostrar cu\u00e1l fue el verdadero contenido de la decisi\u00f3n y la ausencia de consideraci\u00f3n en ella, sobre los efectos adversos que produjo a los demandantes la cancelaci\u00f3n del registro p\u00fablico, como medio este que viene a ser fuente fuente de la indemnizaci\u00f3n pedida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
En materia de error de hecho, el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 374 del C. de P. C. establece que \u00e9ste debe ser no s\u00f3lo manifiesto, es decir,esto es, tan protuberante que de su sola descripci\u00f3n deje insatisfecha la raz\u00f3nse descubra el desprop\u00f3sito que lo acompa\u00f1a. La determinaci\u00f3n de la prueba y la demostraci\u00f3n del error, requisito \u00e9ste tambi\u00e9n expresado en el texto legal mencionado, exigen del impugnante que defina qu\u00e9 prueba no vio, o vio mal, o supuso el ad quem, con indicaci\u00f3n no s\u00f3lo de la err\u00f3nea inferencia que el sentenciador dedujo de ella, sino que concurra tambi\u00e9n del sentido que la demostraci\u00f3n di\u00e1fana sobre cu\u00e1l es la que verdaderamente se desprende de la pruebade su contenido, el la que por lo dem\u00e1s, debe ser trascendente, es decir, de tanta importancia en el sentido \u00e1mbito de la decisi\u00f3n, que de haberse apreciado esa prueba en la forma que el censor propone, que deber\u00eda ser en sentido l\u00f3gico la \u00fanica posible, el Tribunal fatalmente hubiese tenido que llegar a una conclusi\u00f3n diferente de la que plasm\u00f3 en la sentencia, trascendencia exigencias que van de la mano de de la presunci\u00f3n de acierto y legalidad con que dicha providencia llega amparada a la Corte, en la medida en que no es funci\u00f3n de \u00e9sta intentar una nueva revisi\u00f3n del proceso, sino en hacen la confrontaci\u00f3n de la sentencia con la ley, dado que el objeto del recurso de casaci\u00f3n es la sentencia y no el procesoel ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Lo anterior, aplicado a la interpretaci\u00f3n de la demanda, lleva a afirmar que el error de apreciaci\u00f3n de ella s\u00f3lo puede resultarpodr\u00eda ocurrir si la lectura que el Tribunal hizo traspasara los dinteles de lo absurdo. Como inveteradamente ha repetido la Corte \u201cpara que se configure el error en la interpretaci\u00f3n de la demanda, es necesario como lo exige la ley, que \u2018sea manifiesto\u2019, ostensible o protuberante, es decir que salte a la vista de la simple lectura de la demanda, pues la actividad de interpretaci\u00f3n solamente es atacable en casaci\u00f3n \u2018cuando fuere notoria y evidentemente err\u00f3nea, lo que no se dar\u00eda cuando entre varias interpretaciones razonables y l\u00f3gicamente posibles, el Tribunal ha elegido alguna de ellas, pues es el resultado del ejercicio adecuado de su funci\u00f3n jurisdiccional\u2019 (sentencias del 7 de abril de 1989 y del 28 de febrero de 1992, )\u201d (G.J. t. CCXXV, 2\u00aa parte, pag. 185). <\/p>\n
En el norte de la acusaci\u00f3n est\u00e1 que el Tribunal err\u00f3 cuando identific\u00f3 que la demanda ten\u00eda por objeto el asunto de la acci\u00f3n penal instaurada \u201ccuando en verdad la pretensi\u00f3n del demandante se funda en el hecho de que al haber solicitado la sociedad Aseguradora Colseguros S.A. la cancelaci\u00f3n del certificado p\u00fablico, expedido por la Superintendencia bancaria… pues tan solo cabr\u00eda deducir si el hecho de haber solicitado la cancelaci\u00f3n del certificado p\u00fablico que acreditaba al actor para realizar actos de corretaje de seguros, se encontraba justificada o si por el contrario constitu\u00eda un exceso, en virtud del cual se caus\u00f3 perjuicio al actor… pues en verdad la causa para pedir tomada en cuenta fue el exceso en que incurri\u00f3 dicha sociedad, al solicitar la cancelaci\u00f3n del certificado p\u00fablico que acreditaba al actor como persona id\u00f3nea para realizar las actividades propias de corredor de seguros.\u201d. <\/p>\n
Juzga la Corte que el descarr\u00edo de que se acusa al Tribunal no es de la entidad que denuncia el impugnador, pues vista la demanda en su conjunto, se desvela que la fuente nutricia de las pretensiones fue el abuso del derecho resultante de la denuncia penal que contra el demandante se hizo, y que lo dem\u00e1s viene como a\u00f1adidura. Definido lo fundamental, es decir, excluido el abuso del derecho porque la denuncia no fue temeraria, el Tribunal dej\u00f3 de lado el tema de la cancelaci\u00f3n del Registro P\u00fablico como fuente del da\u00f1o, y al as\u00ed proceder no desbarr\u00f3 del modo que acusa la censura, pues este final t\u00f3picoaspecto fue presentado en la demanda como secuela del primero , ya decidido y por lo mismo no y como reclamo es desmesurado entender que carec\u00eda carente de autonom\u00eda, conforme entendi\u00f3 razonablemente el Tribunal, de manera que negado aquel nada quedaba por resolver. <\/p>\n
. Si bien en la demanda se aleg\u00f3a que hubo la cancelaci\u00f3n del registro p\u00fablico que habilitaba a la sociedad demandada para el ejercicio de la actividad de intermediaci\u00f3n en el ramo de los seguros, tal cosa surgi\u00f3, seg\u00fan el texto de la demanda \u201c… a ra\u00edz de la denuncia penal en contra del demandante…\u201d. Desde esta perspectiva, en el entendimiento que el Tribunal dio a la demanda no hubo error, menos en la intensidad necesaria para arrasar la sentencia, pues lo que hizo el ad quem fue anudar la justificaci\u00f3n de la cancelaci\u00f3n del Registro P\u00fablico, al resultado del reclamo fracaso depor la acusaci\u00f3n de temeridad de la denuncia penal temeraria, de tal modoesta manera, si la denuncia penal estuvo justificada, porque en el proceso penal hubo declaraci\u00f3n de persona ausente, medida de aseguramiento contra el demandante y formal acusaci\u00f3n, tambi\u00e9n estar\u00eda justificado tal justificaci\u00f3n cubr\u00eda el hecho de que que la Aseguradora dispusiera lo necesario para la cancelaci\u00f3n del Registro P\u00fablico de la demandante como intermediario de seguros. <\/p>\n
Esta lectura de las pretensiones demanda, aunque pueda ser superada por otra de mayor elaboraci\u00f3n y acierto, no resulta descabellada, pues si bien se repara bien, la cancelaci\u00f3n del Registro P\u00fablico y el abuso del derecho por denuncia temeraria tienen fuente distinta, pues el primero se origin\u00f3 en una relaci\u00f3n contractual definida en los vecindarios de lo contractual. E en la propia demanda en la que se dijo que los demandantes ejerc\u00edan dicho rubro de la econom\u00eda bajo las condiciones, reglamentos y supervisi\u00f3n de la firma \u2018Colseguros S.A., mientras que el segundo se inscribe en el dominio de lo extrac contractual. Esta separaci\u00f3n autonom\u00eda de la fuente tem\u00e1tica implica implica que si el demandante quer\u00eda derivar responsabilidad de manera separada independiente as\u00ed debi\u00f3 plantearla, con plena identificaci\u00f3n y separaci\u00f3n de cada una de sus fuentes, pero si as\u00ed no procedi\u00f3 y por el contrario esboz\u00f3 la cancelaci\u00f3n del Registro P\u00fablico como un desprendimiento desgajado \u201c… a ra\u00edz de la denuncia penal en contra del demandante…\u201d, no era impropio deducir que el Tribunal, luego de desechar por improcedente suprimida la temeridad de laesta denuncia penal, no se ocupara con mayor detenimiento el Tribunal de la cancelaci\u00f3n del Registro P\u00fablico que a la frustrada acusaci\u00f3n de temeridad qued\u00f3 atada. As\u00ed las cosas, si el Tribunal cubri\u00f3 todo con la exclusi\u00f3n de temeridad en la denuncia, as\u00ed procedi\u00f3 porque en la demanda no se hizo la debida separaci\u00f3n entre las dos fuentes de responsabilidad que hipot\u00e9ticamente era posible construir. <\/p>\n
Todo lo anterior, antes permite de resaltar que la demanda carece de demostraci\u00f3n, pues el recurrente apenas denuncia que el Tribunal no se ocup\u00f3 de aquella parte de su reclamo que ata\u00f1e a la cancelaci\u00f3n del Registro P\u00fablico, pero no da se\u00f1al alguna que muestre que si lo hubierade haberlo hecho el dicutm la decisi\u00f3n hubiera tomado sido otro curso, diametralmente distinto. <\/p>\n
De lo expuesto se concluye que el Tribunal no incurri\u00f3 en los yerros que le imputa el recurrente y por lo tanto el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 10 de noviembre de 2000, proferida por la sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, por la que clausur\u00f3 la segunda instancia en el proceso ordinario promovido por Carlos Alberto Bernal Monta\u00f1ez y la sociedad \u2018Carteber y Compa\u00f1\u00eda Ltda.\u2019 contra la firma \u2018Colseguros S.A.\u2019 <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
FIRMAS <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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