SC-108-2005 [7921]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de junio de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
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Referencia: Expediente No. 7921 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 4 de noviembre de 1998, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en el proceso ordinario promovido por ANA BEATRIZ CASTELLANOS CARDENAS frente a GABRIEL HERNANDO ROJAS IDARRAGA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La referida demandante llam\u00f3 a proceso ordinario de mayor cuant\u00eda al aludido demandado, para que en sentencia se declarase que entre ellos existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho y, por ende, una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. <\/p>\n
2. Para sustentar sus pretensiones, adujo la demandante que ella y su demandado tuvieron comunidad de vida permanente y singular desde enero de 1991 hasta el primero de noviembre de 1993, dentro de la cual fueron procreados los menores Ana Mar\u00eda y Juan Pablo Rojas Id\u00e1rraga, nacidos el 14 de enero de 1991 y el 27 de septiembre de 1993, respectivamente. <\/p>\n
Se adujo tambi\u00e9n que la relaci\u00f3n de pareja se inici\u00f3 en la ciudad de Cali, continuando desde febrero de 1992 en Bogot\u00e1, donde finaliz\u00f3 sin que se haya producido ninguna reconciliaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Trabada la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, con oposici\u00f3n del demandado, quien propuso las excepciones de \u201cPrescripci\u00f3n de la acci\u00f3n declaratoria de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros\u201d y \u201cCobro de lo no debido\u201d, se tramit\u00f3 la primera instancia, a la que se puso fin por el Juzgado Diecinueve de Familia de esta ciudad, mediante sentencia del 20 de mayo de 1997, en la que declar\u00f3 que entre las partes existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho \u201cdesde el 31 de diciembre de 1990 hasta el 1\u00ba de noviembre de 1993\u201d; acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n aludida, negando entonces las dem\u00e1s pretensiones de la demanda, y conden\u00f3 en costas a la parte demandante, pero en un 60% de las mismas. <\/p>\n
4. Inconforme la demandante con lo as\u00ed resuelto, interpuso contra dicho fallo el recurso de apelaci\u00f3n, restringido a lo que le fue desfavorable, impugnaci\u00f3n que fue decidida por el Tribunal Superior mediante sentencia del 4 de noviembre de 1998, confirmatoria de la proferida por el a quo, la que fue adicionada mediante fallo del 18 de diciembre siguiente, en el sentido de revocar lo concerniente a la condena en costas. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tras precisar que su competencia se restring\u00eda a las decisiones del a quo relacionadas con la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes y la condena en costas, se\u00f1al\u00f3 el sentenciador de segundo grado los casos en que, seg\u00fan la ley, se presum\u00eda la existencia de aquella, la cual, precis\u00f3, deb\u00eda ser declarada judicialmente, pues \u201cno basta con que haya una uni\u00f3n marital de hecho respecto de la pareja, ni ausencia de impedimento\u201d (fl. 25, cdno. 3). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 luego el Tribunal que las acciones tendientes a obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial en comento, tienen un t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de un a\u00f1o, que se cuenta a partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros, destacando los hechos que, seg\u00fan la ley, dan lugar a suponerla, como el matrimonio con terceros, la muerte de uno de ellos o la simple separaci\u00f3n de la pareja. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, seg\u00fan el art\u00edculo 2\u00ba de la ley 54 de 1990, la sociedad patrimonial existe \u201cdesde el momento en que hay uni\u00f3n marital de hecho entre la pareja, hasta cuando de conformidad con la ley se disuelve\u201d, siendo menester provocar su declaraci\u00f3n judicial dentro del plazo prescriptivo mencionado, el cual transcurre \u201cininterrumpidamente\u201d. Evoc\u00f3 entonces el ad quem la jurisprudencia y la doctrina sobre la materia, para se\u00f1alar que \u201cpara efectos de considerar interrumpida la prescripci\u00f3n (con la presentaci\u00f3n de la demanda)\u2026 corresponde al actor realizar las actividades tendientes a notificar al demandado el auto admisorio dentro de los 120 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n al demandante\u201d, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (fls. 26 7 27, cdno. 3). <\/p>\n
Bajo este entendimiento, resalt\u00f3 el Tribunal que no pod\u00eda aceptar el criterio de la parte demandante en el sentido de que la sola presentaci\u00f3n de la demanda generaba el efecto de interrumpir la prescripci\u00f3n, pues ello significar\u00eda que aquel \u201cdejara transcurrir por un t\u00e9rmino indefinido la oportunidad que tiene para desarrollar la carga procesal, en detrimento de los derechos del demandado, quien estar\u00eda ante la incertidumbre de una notificaci\u00f3n que depender\u00eda de la actividad del demandante\u201d. M\u00e1s adelante agreg\u00f3 que si no se exigiera ninguna carga procesal al demandante con tal prop\u00f3sito, resultar\u00eda \u201cinjusto para con el demandado quien por no saber que se ha producido ese acto (presentaci\u00f3n de la demanda), s\u00f3lo se entera que hay una demanda en su contra cuando es notificado, sin poder hacer uso de su derecho de defensa alegando la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n\u201d (fls. 27 y 29, cdno. 3). <\/p>\n
Acorde con el anterior planteamiento, acot\u00f3 el juzgador que si bien la demanda se present\u00f3 en forma oportuna, pues este acto sucedi\u00f3 el 31 de agosto de 1994, antes de vencerse el plazo anual de prescripci\u00f3n que comenz\u00f3 a correr el primero de noviembre de 1993, la parte demandante no cumpli\u00f3 con la carga procesal referida, pues la notificaci\u00f3n del demandado se alcanz\u00f3 el 15 de julio de 1996, destacando el Tribunal que aquella fue descuidada en su actividad procesal, tanto as\u00ed que las expensas para obtener la notificaci\u00f3n s\u00f3lo se suministraron el 26 de abril de esta \u00faltima anualidad. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 el ad quem que la prescripci\u00f3n \u00fanicamente se estableci\u00f3 para iniciar la acci\u00f3n tendiente a obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, pero no afectaba la declaraci\u00f3n de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho. Remat\u00f3 sus consideraciones aduciendo que no se hab\u00eda acreditado la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, como quiera que en el acta de la audiencia adelantada dentro del proceso de alimentos que contra el demandado cursa en el Juzgado Quinto de Familia de esta ciudad, no aparec\u00eda que \u00e9ste hubiera aceptado la existencia de la sociedad patrimonial formada con la demandante. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
En ella se formularon cuatro cargos, el primero por la causal segunda de casaci\u00f3n y los restantes por la primera, los cuales se analizar\u00e1n en el orden propuesto, articulando los tres \u00faltimos, en atenci\u00f3n a que, en lo basilar, se refieren a una misma tem\u00e1tica. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., acus\u00f3 el recurrente la sentencia de no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
En la explicaci\u00f3n que hizo del cargo, se\u00f1al\u00f3 el censor que por solicitud del Juzgado de primera instancia, efectuada en el auto inadmisorio del libelo inicial, se excluy\u00f3 de las pretensiones de la demanda la que se dirig\u00eda a obtener una declaraci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, de suerte que \u00fanicamente se suplic\u00f3 la declaratoria de existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y consecuentemente de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Sin embargo, el Tribunal, al confirmar la sentencia de primera instancia, ponder\u00f3 y neg\u00f3 la pretensi\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial, al considerar que se encontraba prescrita, olvidando que dicho pedimento no fue esgrimido ni objeto de debate judicial, por lo que la sentencia incurri\u00f3 en vicio de incongruencia por extra petita. <\/p>\n
Adujo el recurrente que le causaba perplejidad que la justicia le hubiere ordenado al litigante que excluyera una pretensi\u00f3n, para luego neg\u00e1rsela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En orden a resolver esta censura, se memora que para el Tribunal, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n establecido en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, tambi\u00e9n aplica para la declaraci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. Fueron sus palabras, que esa acci\u00f3n \u201cdebe ser intentada dentro del plazo estipulado legalmente; lo que indica que es prescriptible en un a\u00f1o, pues es necesario que en forma r\u00e1pida se establezca la certeza jur\u00eddica de la existencia de una sociedad patrimonial que la ley presume que existe, por el hecho de que haya uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes…\u201d (se subraya; fl. 26, cdno. 3). <\/p>\n
Lo anterior evidencia que el sentenciador de segundo grado, al confirmar el fallo del juzgado que acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por la parte demandada, tom\u00f3 como piedra de toque la pretensi\u00f3n segunda de la demanda, en la que se solicit\u00f3 declarar la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes (fl. 6, cdno. 1), s\u00f3lo que entendi\u00f3 que la respectiva acci\u00f3n estaba prescrita, de donde se colige que el Tribunal, en estrictez, se pronunci\u00f3 sobre una s\u00faplica planteada en la demanda, y no sobre una petici\u00f3n retirada de la misma. <\/p>\n
Por consiguiente, si el vicio de incongruencia se presenta \u201ccuando el juez condena a m\u00e1s de lo pedido (ultra petita), o a lo no pedido (extra petita), o cuando no resuelve todo o parte de lo pedido (citra petita)\u201d (Sentencia de 14 de julio de 1987, reiterada en fallo de 29 de agosto de 2000; exp.: 5380), es claro que, en este caso en particular, no puede reprocharse al Tribunal por haber incurrido en dicho defecto de procedimiento, m\u00e1s concretamente en haber decidido sobre un asunto no planteado en el litigio, como quiera que su fallo se inscribi\u00f3 \u2013formalmente- dentro de la propuesta contenciosa que hizo la se\u00f1ora Castellanos en su escrito de demanda, una de ellas tocante con la declaraci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial con el se\u00f1or Rojas, cuya acci\u00f3n, se itera, estim\u00f3 prescrita al amparo de la excepci\u00f3n esgrimida por \u00e9ste. <\/p>\n
2. Ahora bien, cosa distinta es si el ad quem aplic\u00f3 rectamente el ordenamiento jur\u00eddico, al considerar que el plazo de prescripci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, se extiende a la declaraci\u00f3n judicial de existencia de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Pero esa discusi\u00f3n es propia de la causal primera de casaci\u00f3n, atinente a los vicios in iudicando, en la medida en que involucra las razones de orden sustantivo que esgrimi\u00f3 el Tribunal para abrirle paso a la prescripci\u00f3n propuesta, tem\u00e1tica que, como es sabido, resulta ajena al segundo motivo de casaci\u00f3n, pues \u201cdistinto de no decidir un extremo de la litis, es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer caso el fallo ser\u00eda incongruente y, en consecuencia, podr\u00eda ser atacado en casaci\u00f3n con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensi\u00f3n de la parte que s\u00f3lo podr\u00eda ser impugnado a trav\u00e9s de la causal primera…\u201d (G.J. t. CLXVI, p\u00e1g. 9). <\/p>\n
El cargo, entonces, no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 la sentencia de violar directamente los art\u00edculos 1, 2, 5 y 8 de la Ley 54 de 1990; 90 del C. de P.C.; 2512 y 2535 del C.C.; 3 y 8 de la Ley 153 de 1887, \u201cunas por falta de aplicaci\u00f3n y otras por aplicaci\u00f3n indebida\u201d (fl. 9, cdno. 5). <\/p>\n
En s\u00edntesis, adujo el censor que seg\u00fan el par\u00e1grafo del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n encaminada a disolver y liquidar la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, se interrumpe con la s\u00f3la presentaci\u00f3n de la demanda, norma esta que, por su car\u00e1cter especial, torna inaplicable el art\u00edculo 90 del C. de P.C., en cuanto supedita ese efecto a la intimaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda dentro de determinado plazo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no proced\u00eda el reenv\u00edo, puesto que el legislador no lo previ\u00f3; tampoco la analog\u00eda, porque el tema se encuentra regulado; menos a\u00fan la interpretaci\u00f3n extensiva, porque la disposici\u00f3n no es meramente enunciativa. Adem\u00e1s, acot\u00f3, \u201c\u00bfqu\u00e9 sentido tendr\u00eda la inclusi\u00f3n del mentado par\u00e1grafo, si con \u00e9l o sin \u00e9l se aplicar\u00eda el art. 90?\u201d (fl. 11, cdno. 5). <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Esta censura tambi\u00e9n le reprocha al Tribunal el quebrantamiento directo de las normas referidas en el cargo anterior, para se\u00f1alar que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, s\u00f3lo puede computarse una vez declarada la existencia de la sociedad, pretensi\u00f3n \u00e9sta que no se encuentra sometida a dicho plazo, sino al general de 20 a\u00f1os establecido en el art\u00edculo 2356 del C.C. <\/p>\n
Argument\u00f3 el casacionista que tal conclusi\u00f3n se impone, porque no se puede disolver lo que no existe, de suerte que si la sociedad patrimonial tiene que ser declarada judicialmente, mientras esta condici\u00f3n suspensiva no se cumpla, no puede correr el plazo prescriptivo de la acci\u00f3n encaminada a disolverla. <\/p>\n
Estim\u00f3 luego que el Tribunal aplic\u00f3 la prescripci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, a la s\u00faplica vinculada a la declaraci\u00f3n de existencia de la sociedad patrimonial que hubo entre las partes, sin advertir que dicho t\u00e9rmino no guarda relaci\u00f3n con esa pretensi\u00f3n. M\u00e1s a\u00fan, aunque el juzgado hab\u00eda ordenado excluir la solicitud dirigida a que se ordenara la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de dicha sociedad, requerimiento que fue atendido por el demandante, en la sentencia se declar\u00f3 que esta \u00faltima acci\u00f3n estaba prescrita, lo que resulta \u201cdesencaminado\u201d, pues la demanda no comprendi\u00f3 esa petici\u00f3n, ni el fallo declar\u00f3 la existencia de la mentada sociedad. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Planteado por la v\u00eda indirecta, este cargo acusa la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1, 2, 5 y 8 de la Ley 54 de 1990; 2512, 2514, 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil; 174, 175, 187 y 249 del C\u00f3digo de procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho manifiestos en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Para demostrar su acusaci\u00f3n, el recurrente se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal dej\u00f3 de valorar el interrogatorio de parte absuelto por el se\u00f1or Rojas; el memorial de 15 de julio de 1996, suscrito por la parte demandante, en el que se solicit\u00f3 el levantamiento de una medida cautelar, sobre la base de un acuerdo verbal realizado entre las partes para conciliar los aspectos patrimoniales de la uni\u00f3n marital; otro escrito de fecha 13 de agosto siguiente, en el que la apoderada judicial del demandado alude al referido acuerdo verbal; as\u00ed como los memoriales que obran a folios 94 y 97 del cuaderno principal, en los que la parte demandante solicit\u00f3 no levantar la cautela por incumplimiento del acuerdo, y la apoderada del demandado admite que s\u00ed se habl\u00f3 de una reuni\u00f3n. <\/p>\n
Para el impugnante, el Tribunal err\u00f3 de hecho porque no dio por demostrado, est\u00e1ndolo, que el se\u00f1or Rojas reconoci\u00f3 t\u00e1citamente los derechos de la se\u00f1ora Castellanos; que ese reconocimiento se hizo despu\u00e9s de consumada la prescripci\u00f3n, a la cual, por tanto, renunci\u00f3 el demandado. <\/p>\n
Cit\u00f3 luego el censor los apartes de las pruebas que, seg\u00fan \u00e9l, no fueron apreciadas, con \u00e9nfasis en las manifestaciones que hizo el demandado en el interrogatorio de parte, relativas a que \u201cyo s\u00ed le hice un ofrecimiento a Ana Beatriz, pero fue de escriturar el apartamento de la ciudad de Cali \u00fanica y exclusivamente a mis menores hijos Ana Mar\u00eda y Juan Pablo. Finalizado el pleito, se escriturar\u00eda a mis menores hijos…, siempre y cuanto haya una conciliaci\u00f3n\u201d, lo mismo en cuanto a una \u201cposible reuni\u00f3n\u201d que sostendr\u00edan las partes (fl. 143, cdno. 1). Para el impugnante, en esa confesi\u00f3n se reconoci\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial, pues no de otra forma se entiende el ofrecimiento que hizo. Por consiguiente, el Tribunal debi\u00f3 aceptar que el se\u00f1or Rojas renunci\u00f3 a la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, precis\u00f3 el recurrente que el Tribunal \u201cno vio la prueba indiciaria que refulge en los autos\u201d, dada la conducta que asumi\u00f3 el demandado, puesto que unas veces neg\u00f3 la existencia de la reuni\u00f3n en que hizo la propuesta, luego convino en que s\u00ed se habl\u00f3 y, por \u00faltimo, que no hab\u00eda ido porque la demanda conten\u00eda hechos irreales y no ten\u00eda tiempo para esa \u201ccharla\u201d (fl. 18, cdno. 5). <\/p>\n
1. En estas censuras, in complexu, se cuestionan tres aspectos vinculados al t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n para obtener la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, a saber: el primero, tocante con el momento a partir del cual comienza a correr el plazo de un a\u00f1o a que se refiere el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990; el segundo, relativo a su interrupci\u00f3n, m\u00e1s concretamente a la aplicaci\u00f3n del articulo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y el tercero, referente a la renuncia que de la prescripci\u00f3n habr\u00eda hecho el demandado. <\/p>\n
a. En lo que concierne a la fecha que debe servir como detonante para contabilizar el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n para disolver y liquidar la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, el recurrente considera que ese momento est\u00e1 dado por la \u00e9poca en que se declara judicialmente la existencia de la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Empero, fue el propio legislador el que zanj\u00f3 \u2013ab initio- toda controversia, al precisar que el a\u00f1o respectivo se contaba \u201ca partir de la separaci\u00f3n f\u00edsica y definitiva de los compa\u00f1eros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compa\u00f1eros\u201d (art. 8, Ley 54\/90), clausurando as\u00ed la posibilidad de adoptar otro punto de partida que, como la declaraci\u00f3n de existencia de la respectiva sociedad patrimonial, se aleja del com\u00fan denominador presente en los expresados motivos de orden legal, referidos todos a la terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
Por consiguiente, que la ley reclame una declaraci\u00f3n \u2013no necesariamente judicial- de certeza de la existencia de la citada sociedad patrimonial, no puede traducir que la irrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n encaminada a disolverla y liquidarla, est\u00e9 condicionada a que medie sentencia ejecutoriada o acta de conciliaci\u00f3n que de fe de esa sociedad, pues si se miran bien las cosas, es apenas l\u00f3gico que la disoluci\u00f3n tenga lugar cuando la vigencia de la sociedad patrimonial llega a su fin, con independencia de si media o no la referida declaraci\u00f3n. Tal la raz\u00f3n para que la ley ponga pie en tres hechos que, en s\u00ed mismos considerados, son bastante para ultimar la uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes y, desde luego, a sus efectos patrimoniales, como son el distanciamiento definitivo de la pareja, la celebraci\u00f3n de matrimonio con un tercero, o el fallecimiento de uno de ellos. <\/p>\n
De esta forma, a no dudarlo, se otorg\u00f3 seguridad a los asuntos familiares en materias tan delicadas como la prescripci\u00f3n de las acciones vinculadas al finiquito del patrimonio com\u00fan de los compa\u00f1eros, cuyo plazo no puede manejarse en t\u00e9rminos contingentes como ser\u00eda la duraci\u00f3n de un pleito judicial encaminado a que se reconozca la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho y de la respectiva sociedad patrimonial, pues si as\u00ed fuera, quedar\u00eda incierto el momento en el que despuntar\u00eda el plazo prescriptivo, cuyo c\u00f3mputo, por expresa voluntad del legislador, qued\u00f3 condicionado a la configuraci\u00f3n de situaciones objetivas vinculadas a la disoluci\u00f3n de la familia estructurada por v\u00ednculos naturales, concretamente a la verificaci\u00f3n de uno de los acontecimientos que integran el aludido trinomio, ex lege. <\/p>\n
Es m\u00e1s, la previsi\u00f3n legislativa que se comenta armoniza con la regla contenida en el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, de cuya inaplicaci\u00f3n se duele el recurrente, pues si es claro que el c\u00f3mputo de la prescripci\u00f3n extintiva est\u00e1 ligado a la posibilidad de ejercicio de la respectiva acci\u00f3n \u2013de all\u00ed la referencia a la exigibilidad-, resulta consecuente con ese postulado, que el despunte del plazo para ejercer la acci\u00f3n para disolver y liquidar la sociedad patrimonial, se verifique en el instante mismo en que puede demandarse la repartici\u00f3n del patrimonio social, esto es, cuando ocurre uno de los hechos que da lugar a la disoluci\u00f3n (terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital por matrimonio con un tercero, o por voluntad de los compa\u00f1eros, o por la muerte de uno de ellos), seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 54 de 1990, disposici\u00f3n que se encuentra a tono con lo previsto en el art\u00edculo 8\u00ba de la misma ley. <\/p>\n
Por ende, no se equivoc\u00f3 el Tribunal al tomar como piedra de toque para contabilizar el plazo de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n encaminada a disolver y liquidar la sociedad patrimonial, la fecha en que los compa\u00f1eros permanentes cesaron su vida en com\u00fan, esto es, el primero de noviembre de 1993, pues, como qued\u00f3 explicado, el derecho a pedir la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n, ministerio legis, nace cuando fenece la sociedad patrimonial, no as\u00ed cuando se declara que ella existi\u00f3. <\/p>\n
Es importante acotar que la censura propuesta apunt\u00f3, en lo fundamental, a enrostrarle por la v\u00eda directa un error jur\u00eddico al Tribunal, por haber computado el plazo prescriptivo de la acci\u00f3n de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, desde la fecha en que las partes dejaron de ser compa\u00f1eros permanentes. Y si tal prop\u00f3sito se frustr\u00f3, por haberse evidenciado el acierto de aquel, resulta innecesario analizar \u2013en el asunto litigado- si el t\u00e9rmino en cuesti\u00f3n tambi\u00e9n aplica a la acci\u00f3n dirigida a que se declare la existencia de la sociedad patrimonial, o si, por el contrario, ella queda sometida a las reglas generales previstas en el C\u00f3digo Civil, habida cuenta que, cualquiera que sea la postura que se adopte, la se\u00f1ora Castellanos, por causa de la prescripci\u00f3n, no tiene derecho a pedir la repartici\u00f3n de los bienes que conformaron dicha sociedad, seg\u00fan lo declar\u00f3 el ad quem en la sentencia acusada, la cual, en este punto, permanece intangible. <\/p>\n
b. En relaci\u00f3n con la forma civil de interrumpir el plazo prescriptivo de la acci\u00f3n a que se viene haciendo referencia, advi\u00e9rtase que el par\u00e1grafo del articulo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, en lo basilar, no hace m\u00e1s que reproducir la regla consagrada en el inciso final del articulo 2539 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
1) N\u00f3tese que la primera de dichas disposiciones se remite a la \u201cpresentaci\u00f3n de la demanda\u201d, como hito suficiente para truncar el decurso del plazo, tal cual lo establece la segunda de las normas aludidas, que, de manera general, hace referencia a \u201cla demanda judicial\u201d. Y advi\u00e9rtase tambi\u00e9n que el articulo 90 del C.P.C., no desconoce esa exigencia del orden sustancial, sino que mas bien la complementa, pues presupone que la presentaci\u00f3n de la demanda s\u00ed tiene la virtualidad de interrumpir el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n, solo que supedita ese efecto a que el auto admisorio de la respectiva demanda se notifique en un determinado periodo, que actualmente es de un a\u00f1o (Ley 794\/03), pero que al tiempo en que se tramit\u00f3 el proceso era de 120 d\u00edas contados desde la notificaci\u00f3n de esa providencia al demandante. <\/p>\n
Desde luego que no se puede argumentar la especialidad o la posterioridad de la norma de la Ley 54 de 1990 para evitar la aplicaci\u00f3n del articulo 90 del C.P.C., pues si se miran bien las cosas, este \u00faltimo precepto, a diferencia del primero (art. 8\u00ba ), se limita a consagrar una carga procesal que, por supuesto, tiene determinados efectos sustanciales, por lo que siendo imperativas las normas de procedimiento (art. 6 C.P.C.), es incontestable que quienes concurren a un proceso judicial de naturaleza civil, no pueden sustraerse de su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
2) Tampoco se puede traer como argumento la simple y llana expresi\u00f3n literal de la norma, toda vez que, por ese camino interpretativo, se deja de escrutar el ordenamiento jur\u00eddico como un sistema en el que las distintas disposiciones armonizan unas con otras, en cuanto obedecen a una serie de principios y de reglas que les sirven de justificaci\u00f3n. Ya de antiguo se afirmaba que \u201cprocede concordar unas leyes con otras\u201d (leges legibus concordare promptum est), y que \u201clas leyes posteriores se interpretan por las anteriores, excepto que fueren contrarias\u201d (posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint), siendo claro que, en este caso en particular, la norma que se comenta no es contraria a las que le preceden, establecidas en los C\u00f3digos Civil y de Procedimiento Civil. <\/p>\n
El derecho positivo, \u00fatil es recordarlo, no patrocina interpretaciones insulares, menos a\u00fan si ellas fracturan o resquebrajan la concepci\u00f3n legislativa que inspir\u00f3 el conjunto de preceptos llamados a gobernar una determinada instituci\u00f3n, en este caso la prescripci\u00f3n extintiva y su forma civil de interrupci\u00f3n, la cual reclama, necesariamente, un acto de comunicaci\u00f3n a quien puede llegar a beneficiarse de aquella, de modo que, en virtud de ese enteramiento, el deudor quede advertido que su acreedor est\u00e1 presto a ejercer el derecho, y que, por tanto, no existe espacio para aprovecharse del tiempo, ni mucho menos de una eventual desidia. <\/p>\n
Con otras palabras, los actos que no trascienden la \u00f3rbita del acreedor, aquellos que permanecen en la periferia del deudor y que, por ende, son ignorados por \u00e9l, no pueden tener la virtualidad de interrumpir la prescripci\u00f3n. Por eso, entonces, para que ciertamente la demanda sea \u00fatil al prop\u00f3sito de truncar el plazo prescriptivo, debe ser trasladada al deudor demandado, vale decir noticiada, en guarda de que se verifique su enteramiento. Por lo mismo, no se puede afirmar categ\u00f3ricamente, que del texto del par\u00e1grafo del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, se desprende que fue voluntad del legislador que la sola demanda interrumpiera el t\u00e9rmino en ella consagrado, en la medida en que, de una parte, esa concepci\u00f3n de la ley descontextualiza la norma, en cuanto la sustrae de las reglas generales que informan el tema, so capa de una malentendida especialidad \u2013que no puede ser asimilada a insularidad- y, de la otra, pasa por alto que si, en realidad de verdad, el confesado prop\u00f3sito de la ley hubiera sido establecer una excepci\u00f3n, habr\u00eda se\u00f1alado de manera expresa que, en el evento espec\u00edfico por ella regulado, no ser\u00eda necesaria la notificaci\u00f3n oportuna del auto admisorio de la demanda, o que no tendr\u00eda aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que ser\u00eda lo consecuente en t\u00e9rminos de t\u00e9cnica legislativa. De all\u00ed que si no lo hizo, debe entenderse que el legislador no exceptu\u00f3 el r\u00e9gimen general aludido. <\/p>\n
3) Memora la Corte que la interesante censura planteada por el recurrente, pretende revivir una a\u00f1eja controversia entre las distintas normas que le han otorgado a la demanda la aptitud de paralizar el c\u00f3mputo de los plazos de prescripci\u00f3n, y aquellas otras, las m\u00e1s de las veces consagradas en estatutos procesales, que condicionan la eficacia de ese \u201crecurso judicial\u201d al conocimiento oportuno que tenga el demandado de la presentaci\u00f3n del libelo o de su admisi\u00f3n, pol\u00e9mica que, expuesta desde las postrimer\u00edas del siglo XIX, fue zanjada por esta Corporaci\u00f3n a favor de aquella tesis que hall\u00f3 compatibles las disposiciones, como se aprecia en diversas providencias que es \u00fatil recordar. <\/p>\n
As\u00ed, precis\u00f3 la Sala en sentencia de 3 de junio de 1913, que guardaban \u201cperfecta armon\u00eda\u201d las normas \u2013entonces vigentes- contenidas en los C\u00f3digos Civil y de Procedimiento Civil, relativas a la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo, toda vez que \u201ces la notificaci\u00f3n y no la introducci\u00f3n de la demanda lo que produce el efecto de cortar la prescripci\u00f3n, sin que pueda decirse lo contrario, porque si simplemente se anulara el juicio por la falta de notificaci\u00f3n o por ser \u00e9sta ilegal, quedar\u00eda vigente la interrupci\u00f3n por virtud de la sola presentaci\u00f3n de la demanda y no habr\u00eda motivo para declararla ineficaz a causa de no haberse notificado\u201d, lo que, en la hora actual, implicar\u00eda violaci\u00f3n del art\u00edculo 91, numeral 4\u00ba, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Luego, en fallo de 18 de octubre de 1921, advirti\u00f3 que \u201cla sola presentaci\u00f3n de la demanda no interrumpe la prescripci\u00f3n, y que para ello es indispensable que aquella se haya notificado legalmente al demandado\u201d, toda vez que, seg\u00fan doctrina sobre la materia, \u2018ser\u00eda absurdo que recayera sobre \u00e9l \u2013el demandado- los efectos de procedimientos de que no tiene noticia\u2019…, lo que demuestra que el recurso judicial de que trata la disposici\u00f3n \u2013se refiere al derogado art. 2524 del C.C.- que se estudia es un hecho complejo formado por la demanda y su notificaci\u00f3n\u201d (se resalta). <\/p>\n
Tiempo despu\u00e9s, en sentencia de 30 de noviembre de 1994, la Corte record\u00f3 que \u201cpara poner fin a esa controversia, el art\u00edculo 698 del C. de P.C., derog\u00f3 en forma expresa los art\u00edculos 2524 del C\u00f3digo Civil y 29 de la Ley 95 de 1890 y el legislador regul\u00f3 de nuevo la materia conforme a lo prescrito por el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d. M\u00e1s a\u00fan, la Corte Constitucional, al analizar la supuesta contradicci\u00f3n entre los art\u00edculos 2539 del C\u00f3digo Civil y 90 del C. de P.C., acot\u00f3 que \u201cEn realidad las dos normas se complementan arm\u00f3nicamente, pues la segunda se concreta a regular lo concerniente a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n una vez presentada la demanda, es decir, dentro del proceso\u201d (se subraya; sent. C-543\/93). <\/p>\n
Por consiguiente, la circunstancia de que la Ley 54 de 1990 hubiere establecido que la presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino prescriptivo de la acci\u00f3n para disolver y liquidar la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, no autoriza excluir la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 90 del C. de P.C., pues tal suerte de interpretaci\u00f3n traducir\u00eda que la interrupci\u00f3n civil, de suyo vinculada a un acto procesal, se producir\u00eda a espaldas del demandado, sin que \u00e9ste, adem\u00e1s, pudiera discutir su ineficacia en los precisos casos previstos en el art\u00edculo 91 de dicha codificaci\u00f3n, lo que conspirar\u00eda contra caros axiomas que, ab antique, estereotipan el debido proceso, rectamente entendido. De all\u00ed, entonces, que no se pueda traer a colaci\u00f3n el argumento de la especialidad de la norma, o el de ser ella posterior a la disposici\u00f3n del c\u00f3digo de procedimiento, no s\u00f3lo porque, se itera, tal presentaci\u00f3n conduce a una postura que no resulta de recibo a la luz de la Constituci\u00f3n y la ley, sino tambi\u00e9n porque, en rigor, las dos disposiciones se ocupan de temas complementarios atinentes a la prescripci\u00f3n: la demanda, como hito interruptor, y la notificaci\u00f3n oportuna, como requisito para su eficacia, lo que descarta la aplicaci\u00f3n de las reglas sobre conflictos de leyes. <\/p>\n
En consecuencia, fue correcta y debida la aplicaci\u00f3n que hizo el Tribunal de la citada norma del c\u00f3digo de ritos civiles. <\/p>\n
c. Tocante con la renuncia t\u00e1cita de la prescripci\u00f3n en el caso de la acci\u00f3n para disolver y liquidar una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, es \u00fatil memorar que de conformidad con el art\u00edculo 2514 del C\u00f3digo Civil, para que ella ocurra es necesaria la presencia de un hecho inequ\u00edvoco de parte de quien puede beneficiarse de ese modo extintivo, en virtud del cual reconoce el derecho de su acreedor. No se trata de cualquier manifestaci\u00f3n, sino de una que, per se, refleje la voluntad cierta del deudor de seguir comprometido en el v\u00ednculo jur\u00eddico que lo ata a su acreedor, que bien pudo diluir enarbolando la prescripci\u00f3n. Al fin y al cabo, esa renuncia o abdicaci\u00f3n constituye un acto unilateral de car\u00e1cter dispositivo que devela el prop\u00f3sito incontestable de no querer aprovecharse de la desidia o inacci\u00f3n del acreedor en el ejercicio de su derecho. El deudor, pese a contar con la posibilidad jur\u00eddica de frustrar la reclamaci\u00f3n de aquel por el camino de enrostrarle su omisi\u00f3n o dejadez, decide libre y conscientemente honrar su deber de prestaci\u00f3n, de forma tal que mediante acto suyo, reconoce expresa o t\u00e1citamente los lazos jur\u00eddicos que lo constri\u00f1en a satisfacer el derecho de su acreedor. <\/p>\n
Debe tratarse, entonces, de una situaci\u00f3n que no ofrezca duda alguna sobre el reconocimiento que hace el demandado del derecho de su demandante, o, lo que es mejor, de su voluntad de \u201cabdicar de la facultad adquirida\u201d de invocar la prescripci\u00f3n (G.J. t. XLVII, p\u00e1g. 431), sin que entonces pueda deducirse la renuncia de los simples tratos previos o precisiones que hayan tenido o hecho las partes sobre asuntos vinculados \u2013en este particular caso- a la relaci\u00f3n familiar, o de manifestaciones que el demandado hubiere efectuado en relaci\u00f3n con la uni\u00f3n marital, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que no se presume que alguien renuncia f\u00e1cilmente a su derecho (iure suo facile renuntiare non praesumitur). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, en parte alguna, el demandado reconoci\u00f3 el derecho de la demandante a que se liquidara la sociedad patrimonial, al punto que en esa respuesta no se devela un inequ\u00edvoco m\u00f3vil que permita ligar o establecer, en su favor, el ofrecimiento a esa liquidaci\u00f3n; m\u00e1s a\u00fan, ni siquiera le concedi\u00f3 derecho sobre el inmueble, pues \u00fanicamente acept\u00f3 que lo transferir\u00eda a sus hijos, pero neg\u00f3, recta via, la propuesta de traspaso a la se\u00f1ora Castellanos. Por tanto, de esa manifestaci\u00f3n no se pod\u00eda deducir la renuncia a la prescripci\u00f3n, toda vez que, como se acot\u00f3, dicha renuncia debe aflorar en forma di\u00e1fana, vale decir, no dejando dudas, vacilaciones o incertidumbres en torno al alcance de la aseveraci\u00f3n respectiva, lo que descarta la configuraci\u00f3n del error de hecho denunciado en la cuarta acusaci\u00f3n, que como se sabe debe ser colosal, de tal entidad que aflore de bulto, es decir, sin necesidad de esforzados o exigentes racionamientos. No en vano se ha dicho que all\u00ed donde se ense\u00f1oree la duda o hesitaci\u00f3n, no puede hablarse de un arquet\u00edpico error de hecho, susceptible de abrirle paso a la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Ahora bien, la circunstancia de haberse solicitado el levantamiento de una medida cautelar (fl. 35, cdno 1), por raz\u00f3n del acuerdo conciliatorio celebrado dentro de un proceso de alimentos que se adelant\u00f3 contra el demandado ante el Juzgado Quinto de Familia de Bogot\u00e1, tampoco permite inferir que indefectiblemente se renunci\u00f3 a la prescripci\u00f3n, pues los t\u00e9rminos del arreglo se concretaron a \u201cLa custodia de los menores\u201d, \u201clas visitas \u2013que- el padre podr\u00e1 efectuar\u201d, la cuota de alimentos a cargo de \u00e9ste y el levantamiento de un embargo y una inscripci\u00f3n de demanda sobre un bien (fl. 99, ib.), sin que el acta consigne reconocimiento alguno de la acci\u00f3n para disolver y liquidar la sociedad patrimonial. Lo propio sucede con los escritos en los que la apoderada del demandado hizo referencia \u201ca un posible acuerdo\u201d en relaci\u00f3n con la declaraci\u00f3n de \u201cuni\u00f3n marital\u201d (fl. 93, ib.), o a \u201cuna posible reuni\u00f3n\u201d entre las partes (fl. 98, ib.), no s\u00f3lo porque en ellos no se hizo expreso reconocimiento de la sociedad patrimonial, sino tambi\u00e9n porque se trata de memoriales vinculados a la mencionada cancelaci\u00f3n de medidas cautelares. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, en atenci\u00f3n a las consideraciones que anteceden, estos cargos no est\u00e1n llamados a prosperar. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 4 de Noviembre de 1998 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario promovido por Ana Beatr\u00edz Castellanos C\u00e1rdenas contra Gabriel Hernando Rojas Id\u00e1rraga. <\/p>\n
Condenar en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte recurrente. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-108-2005 [7921] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C., primero (01) de junio de dos mil cinco (2005) Referencia: Expediente No. 7921 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82957","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82957","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82957"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82957\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82957"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82957"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82957"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}