SC-109-2005 [13835]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (01) de junio de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Ref: Expediente No. 13835 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los se\u00f1ores GERARDO GARCIA LOZANO y MAURICIO GARCIA ARENAS respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 10 de diciembre de 1999, dentro del proceso ordinario por ellos promovido contra las sociedades NACIONAL COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. y SERVICIO INTERNACIONAL HORACIO DIAZ LTDA. <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, solicitaron los demandantes que se condenara a la Nacional Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales de Colombia S.A. a pagarles la suma de doscientos millones de pesos ($200.000.000), como capital conforme a la p\u00f3liza de seguro de cumplimiento No. 11-615061, m\u00e1s los correspondientes intereses moratorios permitidos por la Superintendencia Bancaria, desde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible y hasta la fecha del pago, sin exceder el l\u00edmite de usura; adicionalmente, a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente, al pago de los honorarios profesionales del 20% (cuota litis) de todas las sumas que correspondan al demandante y que hubiera de pagar a su apoderado; <\/p>\n
Por raz\u00f3n de la existencia del referido contrato de seguro, pidieron que la demandada se subrogara por ministerio de la ley contra la sociedad Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Ltda, como responsable del siniestro y que se condenara a la aseguradora al pago de las costas del proceso. <\/p>\n
2. La causa petendi, puede resumirse de la siguiente manera: <\/p>\n
A. El 30 de agosto de 1996, el se\u00f1or Diego D\u00edaz, actuando como representante legal de Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Ltda gir\u00f3 en favor de los demandantes el pagar\u00e9 contenido en el papel documentario PO-3219714, por valor de doscientos millones de pesos ($ 200.000.000.oo). <\/p>\n
B. Para garantizar el cumplimiento de su obligaci\u00f3n, la referida sociedad se oblig\u00f3 en beneficio de los se\u00f1ores Garc\u00eda Lozano y Garc\u00eda Arenas, a constituir hipoteca de primer grado el d\u00eda 27 de octubre de 1995 por valor de doscientos millones de pesos, sobre un inmueble ubicado en el municipio de Yumbo. <\/p>\n
C. Con el fin de afianzar su obligaci\u00f3n de constituci\u00f3n de la garant\u00eda, la sociedad deudora le present\u00f3 a los demandantes la p\u00f3liza de seguro de cumplimiento No. 615061 expedida por la aseguradora demandada, \u201ccon un valor asegurado por los perjuicios patrimoniales que sufrieran mis mandantes por no constituirse la hipoteca ofrecida, perjuicios que fueron tasados mediante pacto escrito en la p\u00f3liza, en DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M\/CTE\u201d. <\/p>\n
D. Llegado el d\u00eda y hora acordados para firmar la escritura p\u00fablica de hipoteca, los se\u00f1ores Garc\u00eda se presentaron a la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Cali, sin que el representante legal de la sociedad Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Ltda hubiere comparecido, seg\u00fan se observa en la correspondiente constancia notarial. <\/p>\n
E. Frente a este evidente incumplimiento del deudor, los demandantes se dirigieron a la compa\u00f1\u00eda aseguradora (mediante cartas enviadas el 17 y 26 de enero de 1996) \u201cnotific\u00e1ndoles del citado incumplimiento y present\u00e1ndoles la reclamaci\u00f3n formal, puesto que el predio materia de la hipoteca no solo soportaba una hipoteca de primer grado a favor del Banco Comercial Antioque\u00f1o sino tambi\u00e9n un embargo por un proceso ejecutivo por parte de la misma entidad, hecho que imposibilitaba el cumplimiento de la oferta hecha por la parte deudora, aport\u00e1ndose como prueba del SINIESTRO el respectivo certificado de matr\u00edcula inmobiliaria de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali\u201d. <\/p>\n
F. Luego de haber designado a una firma ajustadora para que efectuara la investigaci\u00f3n correspondiente, la aseguradora objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n con base en la \u201cinfundada disculpa\u201d de que los se\u00f1ores Garc\u00eda no acreditaron, seg\u00fan lo dispuesto por el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, ni la existencia del siniestro, ni su cuant\u00eda. <\/p>\n
G. Al momento de ser presentado para su pago el pagar\u00e9 \u201cfue impagado, y solo fueron pagados los primeros tres (3) meses de intereses corrientes, raz\u00f3n por la cual mis mandantes sufrieron la p\u00e9rdida del capital principal de $200.000.000, m\u00e1s los intereses de mora que se causen desde el 30 de noviembre de 1995 hasta que la demandada pague, m\u00e1s los honorarios que mis mandantes deben pagar al suscrito, los cuales fueron tasados en un VEINTE POR CIENTO (20%) de todas las sumas que correspondan al cliente\u2026\u201d. <\/p>\n
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3. La sociedad Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Ltda, a trav\u00e9s de apoderado contest\u00f3 el libelo genitor, admitiendo algunos hechos y expresando que no le constaban otros; frente a las pretensiones, en cuanto que \u00e9stas no involucraban a su poderdante, se atuvo a lo que dispusiera el Juzgado y propuso como excepci\u00f3n de m\u00e9rito la que denomin\u00f3 \u201cInexistencia del litis consorcio necesario\u201d entre la compa\u00f1\u00eda aseguradora y su cliente, en cuanto que no se reun\u00edan las condiciones fijadas por el art\u00edculo 83 del C.P.C. <\/p>\n
La aseguradora tambi\u00e9n contest\u00f3 la demanda, oponi\u00e9ndose a la prosperidad de las pretensiones, aceptando algunos hechos como ciertos y respecto de otros exigiendo que se acreditaran; propuso adem\u00e1s las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: \u201cinexistencia de la obligaci\u00f3n asegurada\u201d, \u201cineficacia del contrato de seguro\u201d e \u201cinexactitud o reticencia por parte del tomador\u201d. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia estimatoria de las s\u00faplicas de la demanda, fue revocada por el Tribunal Superior de Cali y, en su lugar, se denegaron todas las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
5. Inconforme con la anterior providencia, la parte demandante formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n que en la fecha decide la Corte. <\/p>\n
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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal, en primer t\u00e9rmino, hizo referencia a la acreditaci\u00f3n de los presupuestos procesales, como tambi\u00e9n a la ausencia de vicios que pudieren invalidar lo actuado en el proceso. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, sintetiz\u00f3 la fundamental raz\u00f3n de la aseguradora demandada contenida en su apelaci\u00f3n, relativa a la ausencia de prueba del siniestro porque los perjuicios que dijeron haber sufrido los demandantes no se acreditaron en el expediente <\/p>\n
Con base en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan la cual no bastaba con el simple incumplimiento del obligado para la configuraci\u00f3n del siniestro sino que se requer\u00eda la comprobaci\u00f3n de los perjuicios causados con esa conducta, el ad-quem, entendi\u00f3 que no se demostr\u00f3 en el proceso que los demandantes hubieran desembolsado a favor de la Sociedad Internacional Horacio D\u00edaz Ltda la cantidad de $200.000.000. <\/p>\n
Y en cuanto tiene que ver con la copia del pagar\u00e9 que obraba en el expediente, estim\u00f3 que \u201cese documento por s\u00ed solo no demuestra que los demandantes hubieran desembolsado la cantidad de $200.000.000.oo\u201d, y que \u201csi bien los demandantes insisten en que los perjuicios padecidos por ellos est\u00e1n representados en la suma que les adeuda la tomadora del seguro resulta inexplicable para establecer la veracidad de los hechos, la conducta que asumieron, pues en lugar de buscar la soluci\u00f3n de su acreencia directamente con la entidad deudora, se limitaron a demandar a la aseguradora conservando en su poder el pagar\u00e9, al punto que lo presentaron a este proceso en la etapa probatoria\u201d (folio 48 ib.). <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Cuatro cargos todos con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, se formularon en contra de la sentencia del Tribunal, los que ser\u00e1n despachados as\u00ed: los dos primeros en forma conjunta por ameritar consideraciones comunes, y luego el tercero y el cuarto, cada uno de \u00e9stos, en forma individual. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de ser violatoria de los art\u00edculos 2221 y 2222 del C\u00f3digo Civil y el art\u00edculo 1163 del C\u00f3digo de Comercio \u2013inaplicados por el sentenciador- \u201cconduci\u00e9ndolo a un error de derecho\u201d que lo llev\u00f3 a inaplicar los art\u00edculos 1496, 1497 y 1500 C.C. \u201cnormas sustanciales que definen el contrato unilateral, el contrato oneroso y el contrato real, caracter\u00edsticas especiales \u00e9stas radicadas en el contrato de mutuo celebrado entre Gerardo y Mauricio Garc\u00eda y Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Limitada\u201d. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el censor que \u201cComo consecuencia de este yerro el Tribunal interpret\u00f3 err\u00f3neamente el art\u00edculo 1501 C.C.C. y aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1077 C. de Co. al determinar que el asegurado no demostr\u00f3 la ocurrencia del siniestro ni la cuant\u00eda de los perjuicios sufridos, error tambi\u00e9n de derecho que lo hizo dejar de aplicar el art\u00edculo 1608, numeral 1\u00ba, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 1610 y el art\u00edculo 1611 C.C.C., as\u00ed como el art\u00edculo 861 C. de Co\u2026.; as\u00ed como tambi\u00e9n dejar de aplicar los art\u00edculos 63, 1604, 1613 y 1614\u2026.para, finalmente, dejar de aplicar los art\u00edculos 1039, 1040 y 1054 C. de Co\u2026.\u201d (folio 13 C. Corte), errores que fueron motivados por la inaplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2 y 822 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
En el desarrollo del cargo, manifest\u00f3 que con respecto al contrato de mutuo celebrado entre los demandantes y la Sociedad Internacional Horacio D\u00edaz Ltda, el Tribunal entendi\u00f3 equivocadamente que \u00e9ste no surgi\u00f3, no existi\u00f3 o no tuvo efectos, inaplicando as\u00ed los art\u00edculos 2221 y 2222 del estatuto civil, por lo cual incurri\u00f3 en error de derecho al considerar el contrato de mutuo como solemne, yerro trascendente porque condujo a restarle cualquier efecto jur\u00eddico al negocio celebrado e inaplic\u00f3 el art\u00edculo 1501 C.C. <\/p>\n
En segundo lugar, con relaci\u00f3n a los perjuicios, se equivoc\u00f3 el juzgador de segunda instancia, e incurri\u00f3 en error de derecho en cuanto a la definici\u00f3n, determinaci\u00f3n de elementos esenciales y perfecci\u00f3n del contrato de mutuo -por lo que dej\u00f3 de aplicar las disposiciones definitorias y clasificatorias de los perjuicios materiales-, cuando entendi\u00f3 que no existi\u00f3 perjuicio, pues los demandantes s\u00ed sufrieron un da\u00f1o real y concreto, que no ha sido resarcido \u201cque mengu\u00f3 su patrimonio en la suma objeto del contrato de mutuo o sea en doscientos millones de pesos ($200.000.000), cantidad de dinero que estaba en la naturaleza \u2013en especial en el activo de los demandantes- y que fue a parar al activo de la sociedad limitada demandada\u201d (folio 15 ib\u00eddem). <\/p>\n
Finalmente, en el an\u00e1lisis del contrato de hipoteca amparado, el ad-quem incurri\u00f3 en \u201csendos errores de derecho\u201d que lo llevaron a inaplicar el numeral tercero del art\u00edculo 1610 y el art\u00edculo 1611 del C.C. pues \u201csi la promesa de celebrar un contrato genera una obligaci\u00f3n de hacer y el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de hacer genera la indemnizaci\u00f3n de perjuicios \u00bfPor qu\u00e9 el Tribunal se apart\u00f3 de estos preceptos?. Simplemente porque incurri\u00f3 en omisi\u00f3n de las referidas disposiciones, inaplicaci\u00f3n que es absolutamente relevante en el caso que nos ocupa ya que desvirtu\u00f3 la existencia del siniestro, con lo cual aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1077 del Estatuto Mercantil, incurriendo asimismo en un verdadero error de derecho.\u201d (folios 17 y 18 C. Corte) <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de violar por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea los art\u00edculos 1163, 2221 y 2222 del C\u00f3digo de Comercio y los art\u00edculos 1496, 1497, 1500 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el censor que el Tribunal advirti\u00f3 el contrato de mutuo, pero al analizar las disposiciones en cita, \u201cincurri\u00f3 en error de derecho pues consider\u00f3 que el mutuo es solemne, cuando en realidad es real; se equivoc\u00f3 en cuanto a la presunci\u00f3n de onerosidad prevista para el mutuo mercantil\u2026; err\u00f3 en cuanto a la forma de perfeccionarse el contrato de mutuo y, de manera concomitante, al considerar que \u201cservicio Internacional Horacio D\u00edaz Limitada, quien no pudo explicar cl\u00e1ramente (sic) lo atinente al contrato de mutuo que pres\u00fantamente (sic) dicha empresa celebr\u00f3 con los demandantes, pues ni siquiera coincide la suma de dinero que se dice en la demanda, recibi\u00f3 a t\u00edtulo de mutuo $200.000.000\u201d, interpret\u00f3 err\u00f3neamente el art\u00edculo 1501 C.C.C. pues consider\u00f3 de manera equivocada que en el citado negocio jur\u00eddico no se dieron sus elementos esenciales, torn\u00e1ndolos sin efectos\u201d (folio 18 ib\u00eddem) <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, como resultado de dicha equivocaci\u00f3n, el juzgador aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, en cuando concluy\u00f3 que el asegurado no demostr\u00f3 la ocurrencia del siniestro ni la cuant\u00eda de los perjuicios, lo que lo condujo a un nuevo error de derecho cual fue interpretar err\u00f3neamente los art\u00edculos 1608 numeral 1\u00ba, 1610 numeral 3\u00ba, 1611 CCC y el art. 861 del C. de Co. <\/p>\n
En el desarrollo de su acusaci\u00f3n, el recurrente se\u00f1al\u00f3 que \u201ccomo consecuencia de la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2221 y 2222 C.C.C. y del art. 1163 C. de Co. consider\u00f3 el Tribunal que no surgi\u00f3 a la vida jur\u00eddica el contrato de mutuo sub-judice, adem\u00e1s que seg\u00fan el ad-quem no existi\u00f3 perjuicio en los demandantes\u201d. <\/p>\n
Finalmente, el casacionista adujo que \u201c\u2026los se\u00f1ores Gerardo Garc\u00eda Lozano y Mauricio Garc\u00eda Arenas, sufrieron un verdadero perjuicio, que el Tribunal desconoci\u00f3 en forma flagrante al incurrir en error de derecho en cuanto a la definici\u00f3n, elementos esenciales, la clasificaci\u00f3n y el perfeccionamiento del contrato de mutuo\u201d (fl. 23), por lo que dej\u00f3 de aplicar los arts.1613, 1614 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El impugnante detuvo su atenci\u00f3n para la elaboraci\u00f3n de los dos cargos que se estudian en el contrato de mutuo y de promesa de constituci\u00f3n de hipoteca, para deducir como lo hace que existi\u00f3 un error del Tribunal por no aplicar las normas relativas a tales negocios jur\u00eddicos y de paso de las civiles por \u00e9l denunciadas, desvi\u00e1ndola del verdadero negocio jur\u00eddico que dio origen al presente proceso, y de las razones expuestas por el Tribunal para revocar la sentencia del a quo y denegar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
En efecto, la raz\u00f3n cardinal que soporta el fallo acusado es que no se demostr\u00f3 la ocurrencia del siniestro conforme a lo dispuesto en el art. 1077 del C\u00f3digo de Comercio, sin que el Tribunal se hubiere detenido a analizar los elementos que configuraban el contrato de mutuo o el de hipoteca, lo que evidencia que las dos censuras son desenfocadas, habida cuenta que se est\u00e1 emplazando al ad quem para responder por aspectos que ciertamente, stricto sensu, no est\u00e1n contenidos en el fallo impugnado. <\/p>\n
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Rep\u00e1rese que el sentenciador en su fallo manifest\u00f3 que \u201cAl respecto dispone el inc. 1\u00b0 de la cl\u00e1usula octava del contrato de seguro en concordancia con el art. 1.077 del C. de Co.: Corresponder\u00e1 al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, as\u00ed como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida\u201d, y despu\u00e9s de transcribir una sentencia emanada de esta Corporaci\u00f3n, agreg\u00f3 que \u201cEn este caso el siniestro se hace consistir en la inejecuci\u00f3n del contrato prometido y el perjuicio sufrido por los asegurados se hace derivar del incumplimiento de la promesa de celebrar un contrato de hipoteca de primer grado\u201d (se subraya; fl. 47), para descender al terreno probatorio, campo en el cual -como se acot\u00f3-, no encontr\u00f3 demostrado el siniestro, detonante de la prestaci\u00f3n a cargo de la aseguradora demandada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las censuras no resultan pertinentes de cara a los razonamientos expuestas por el Tribunal, y en vista de la naturaleza esencialmente dispositiva y formalista del recurso extraordinario de casaci\u00f3n no puede la Corte modificar o recrear la acusaci\u00f3n, pues debe reiterarse que quien pretenda el rompimiento de un fallo de instancia debe someterse, no s\u00f3lo a las condiciones legales y jurisprudenciales exigidas para su viabilidad, sino tambi\u00e9n a las razones fundamentales o de fondo que le dar\u00edan prosperidad a su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo anterior, \u201cno le es permitido a la Corte, sin resquebrajar caros axiomas que estereotipan el recurso en comento, suplir o incluso complementar la tarea impugnativa asignada al recurrente, en atenci\u00f3n a que -en l\u00ednea de principio- debe circunscribirse a la demanda respectiva, la cual se erige en carta de navegaci\u00f3n para todo Tribunal de casaci\u00f3n, con prescindencia de si fue formulada debidamente, ya que \u00e9sta no es, no podr\u00eda ser de ninguna manera, responsabilidad del juez, menos del de casaci\u00f3n, muy ajeno al juzgamiento de instancia. Este tipo de falencias resulta, pues, enfatiza la Corte, un \u00f3bice insalvable que le impide entrar a definir sobre el fondo de la acusaci\u00f3n pues le est\u00e1 vedado recrear el cargo o enmendar por su cuenta los defectos que \u00e9ste contiene\u201d (cas. civ. 1 de febrero de 2000, Exp. 5259). <\/p>\n
2. En adici\u00f3n a lo dicho, es dable observar que aunque ambos cargos vienen perfilados por la v\u00eda directa \u2013as\u00ed se dice en su correspondientes encabezamientos- en su desarrollo alude el recurrente, en forma repetida, a la comisi\u00f3n de un error de derecho, clase de yerro que es propio de la v\u00eda indirecta, pero sin denunciar ninguna norma de estirpe probatoria, lo que lleva a la Sala a entender, realizando una interpretaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n que trascienda el simple significado de las palabras, que el impugnante est\u00e1 haciendo referencia simplemente a equivocaciones jur\u00eddicas y no al error de derecho propio de la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
Pero, esta clase de acusaci\u00f3n, como sistem\u00e1ticamente se ha sostenido por esta Sala, entra\u00f1a indispensablemente que la impugnaci\u00f3n se halle en un todo de acuerdo con los razonamientos que hubiere efectuado el juzgador o, en otras palabras \u201cque su reproche solamente puede circunscribirse al aspecto estrictamente jur\u00eddico, haciendo tabla rasa de cualquier consideraci\u00f3n de orden probatorio. Al fin y al cabo, si se opta por prohijar la precitada v\u00eda, el error enrostrado debe ser del referido linaje \u2018juris\u2019, como tal ajeno a toda censura enderezada a reprochar la valoraci\u00f3n de las probanzas, seg\u00fan se anot\u00f3. A este respecto, la doctrina de la Corte es categ\u00f3rica: \u201c\u2026en la demostraci\u00f3n de un cargo por la v\u00eda directa, el recurrente no puede separarse de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el Tribunal\u201d, debiendo circunscribir su alegato \u201ca los textos legales sustanciales que considere no aplicados o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u201d (cas. civ. 25 de octubre de 2000, Exp. 5489). <\/p>\n
La Sala observa que contrariando tal principio, en las dos censuras el recurrente no se limit\u00f3 a hacer reproches jur\u00eddicos sino que descendi\u00f3 a controvertir las conclusiones que sobre los hechos del litigio tuvo en cuenta el sentenciador. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, en la primera acusaci\u00f3n, se destacan los siguientes apartes, que denotan con claridad el defecto endilgado: a) \u201cConsider\u00f3 el Tribunal que no surgi\u00f3 a la vida jur\u00eddica o que no tuvo efectos o que no existi\u00f3 el contrato de mutuo celebrado entre Gerardo Garc\u00eda Lozano y Mauricio Garc\u00eda Arenas y Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Ltda.\u201d, por lo cual el Tribunal \u201cincurri\u00f3 en un evidente error de derecho al considerar el mutuo como un contrato solemne\u2026.\u201d (folio 14 C. Corte); b) En el caso que nos ocupa Gerardo Garc\u00eda Lozano y Mauricio Garc\u00eda Arenas, sufrieron un da\u00f1o real, un da\u00f1o cierto, no un da\u00f1o hipot\u00e9tico. Dicho da\u00f1o mengu\u00f3 su patrimonio en la suma objeto del contrato de mutuo o sea en doscientos millones de pesos\u2026\u201d por lo que estos se\u00f1ores sufrieron un verdadero perjuicio, que el Tribunal desconoci\u00f3 en forma flagrante al incurrir en error de derecho en cuanto a la definici\u00f3n, los elementos esenciales, la clasificaci\u00f3n y la perfecci\u00f3n del contrato de mutuo\u201d (folio 16 ib\u00eddem); c) \u201cContin\u00faa argumentando el Tribunal, que no se prob\u00f3 el siniestro por parte del asegurado\u2026pero al analizar la promesa de contrato de hipoteca incurre en sendos errores de derecho que lo hicieron dejar de aplicar el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 1610 y el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil Colombiano, normas que disponen que si la obligaci\u00f3n es de hacer y el deudor est\u00e1 en mora, podr\u00e1 pedir el acreedor que se le indemnize (sic) de todos los perjuicios resultantes de la infracci\u00f3n del contrato\u201d (folio 17) <\/p>\n
Frente a la segunda censura que, en l\u00edneas generales guarda mucha similitud con la anterior, se destacan estos aspectos en que el recurrente hizo caso omiso de la regla en cuesti\u00f3n: a) \u201cErr\u00f3 el Tribunal en cuanto a la forma de perfeccionarse el contrato de mutuo y, de manera concomitante, al considerar que \u2018Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Limitada, quien no pudo explicar cl\u00e1ramente (sic) lo atinente al contrato de mutuo que pres\u00fantamente (sic) dicha empresa celebr\u00f3 con los demandantes, pues ni siquiera coincide la suma de dinero que se dice en la demanda, recibi\u00f3 a t\u00edtulo de mutuo $200.000.000\u2019, interpret\u00f3 err\u00f3neamente el art\u00edculo 1501 C.C.C. pues consider\u00f3 de manera equivocada que en el citado negocio jur\u00eddico no se dieron sus elementos esenciales, torn\u00e1ndolos sin efectos\u201d (folio 18 ib\u00eddem); b) Como consecuencia de esa primera equivocaci\u00f3n, aplic\u00f3 el fallador indebidamente el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, \u201cen cuanto concluy\u00f3 que el asegurado no demostr\u00f3 la ocurrencia del siniestro ni la cuant\u00eda de los perjuicios\u201d; c) \u201cConsider\u00f3 el Tribunal que no surgi\u00f3 a la vida jur\u00eddica el contrato de mutuo sub-judice, adem\u00e1s que seg\u00fan el ad quem no existi\u00f3 perjuicio en los demandantes\u201d; d) \u201cen el caso que nos ocupa mis representados Gerardo Garc\u00eda Lozano y Mauricio Garc\u00eda Arenas, sufrieron un da\u00f1o real, un da\u00f1o cierto, no un da\u00f1o hipot\u00e9tico. Dicho da\u00f1o mengu\u00f3 su patrimonio en la suma objeto del contrato de mutuo o sea en doscientos millones de pesos ($200.000.000) cantidad de dinero que estaba en la naturaleza, en especial en el activo de Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Ltda\u201d; e) Finalmente afirm\u00f3 que sus poderdantes sufrieron un verdadero perjuicio, que el Tribunal desconoci\u00f3 en flagrante medida, por lo que incurri\u00f3 en error de derecho con relaci\u00f3n a la definici\u00f3n, elementos esenciales, la clasificaci\u00f3n y el perfeccionamiento del contrato de mutuo. <\/p>\n
Como puede verse, tal forma de combatir no tiene la idoneidad necesaria para echar a pique la p\u00e9trea presunci\u00f3n de acierto que cobija la sentencia impugnada, toda vez que el censor no obstante plantear los cargos sub examine por la v\u00eda directa, denunciando la comisi\u00f3n de errores jur\u00eddicos, termin\u00f3 discrepando del sentenciador en cuanto al aspecto f\u00e1ctico, aspecto \u00e9ste propio de la v\u00eda indirecta que como es sabido, resulta de la apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n del material probatorio. <\/p>\n
En consecuencia, no prosperan los cargos primero y segundo. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n se acuso la sentencia de violar los art\u00edculos 2221, 2222, 1496, 1497, 1500, 1501, 1608 (num. 1\u00ba), 1610 (num. 3\u00ba), 1611; art\u00edculos 63, 861, 1604, 1613, 1614, 1039, 1040, 1054 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de error de hecho, en la apreciaci\u00f3n racional de diferentes pruebas, especialmente del contrato de promesa de compraventa, de su pr\u00f3rroga, del acta notarial No. 001 del 29 de enero de 1996, y de la prueba de confesi\u00f3n judicial provocada del representante legal de Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Ltda. <\/p>\n
Explic\u00f3 el censor que con relaci\u00f3n a las pruebas documentales, el juzgador de segunda instancia dej\u00f3 de apreciar el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de hacer y su necesaria consecuencia como fue \u201cel nacimiento del derecho de cr\u00e9dito (da\u00f1os y perjuicios) para los precontratantes y el surgimiento que apareja la perfecci\u00f3n de la obligaci\u00f3n para la aseguradora. Con respecto a la confesional, acot\u00f3 que se dejaron de apreciar aspectos fundamentales de este medio -desconociendo el principio de la indivisibilidad de la confesi\u00f3n-, como que la sociedad Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Ltda recibi\u00f3 de los demandantes el dinero objeto del contrato de mutuo; que hubo pagos de intereses de la mutuaria al mutuante; que incumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n de los dineros entregados; y que igualmente se incumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de constituir hipoteca. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En sede de casaci\u00f3n, tal y como reiteradamente lo ha recordado la Sala, \u201cel ataque del impugnante debe ser preciso, a fuer que certero y claro, al punto que su tarea argumental, en forma di\u00e1fana, permita develar el \u2013superlativo y trascendente- yerro del juzgador, pasible, en tal virtud, de ser enmendado por la Corte, en guarda de las plausibles y conocidas finalidades que, de anta\u00f1o, signan a este recurso de \u00edndole extraordinaria (art. 365 C.P.C.). De all\u00ed que \u2018las acusaciones imprecisas o las ayunas de claridad \u2013v.gr: las totalmente desenfocadas, las alambicadas, farragosas o las et\u00e9reas-; los reproches que, por situarse en la periferia o, en el mejor de los casos, en el umbral del raciocinio judicial pertinente, no permean la almendra de la providencia que emana del fallador; o las glosas que, por generales, vagas o panor\u00e1micas, no descienden cabal y puntualmente a la m\u00e9dula de la decisi\u00f3n del Tribunal o al an\u00e1lisis de la prueba respectiva, no est\u00e1n en consonancia con las reglas que, de marras, estereotipan la casaci\u00f3n, dado que es deber invariable del casacionista, con todo lo que ello supone, in casu, combatir los fundamentos capitales del fallo materia de cuestionamiento\u2019 (cas. civ. 5 de febrero de 2001; Exp. 5811)\u201d (cas. civ. 13 de febrero de 2001, Exp. 5809). <\/p>\n
2. Examinando el cargo propuesto mem\u00f3rase que el ad quem fund\u00f3 su fallo desestimatorio en un soporte medular a saber: que no se demostr\u00f3 la ocurrencia del siniestro en los t\u00e9rminos previstos en la cl\u00e1usula octava del contrato de seguro en concordancia con el art. 1077 del C. de Co., por cuanto no estaba probado que se hubiere efectuado el desembolso de la suma de dinero a la sociedad Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Ltda. <\/p>\n
El casacionista, por su parte, dedic\u00f3 sus esfuerzos a mostrar las equivocaciones del sentenciador relacionadas con la existencia del contrato de mutuo, con el supuesto incumplimiento de la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n del dinero a cargo del mutuario, como tambi\u00e9n con la existencia e incumplimiento del contrato de promesa de hipoteca, aspectos que frontalmente no combaten el pilar que sostiene la sentencia. Luego, a\u00fan en la hip\u00f3tesis que el casacionista tuviere raz\u00f3n en sus argumentos, la sentencia no podr\u00eda quebrarse por cuanto seguir\u00eda apoyada en el soporte no combatido, lo que torna improspero el ataque formulado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En adici\u00f3n a lo anterior, cumple observar que si fuera posible superar la problem\u00e1tica t\u00e9cnica antes se\u00f1alada, ninguna de las pruebas denunciadas por el censor, permiten concluir que la parte demandante sufri\u00f3 un perjuicio \u2013que fue lo sostenido por el Tribunal-, pues si se recuerda bien, este consider\u00f3 que en el proceso no se demostr\u00f3 la ocurrencia del siniestro, apoy\u00e1ndose en sentencia dictada por esta Corporaci\u00f3n, en la que se precis\u00f3, que en los seguros de cumplimiento \u201c\u2026el s\u00f3lo incumplimiento por parte del obligado no constituye por s\u00ed mismo siniestro, a menos que se genere un perjuicio para el asegurado, por ser de la esencia de \u00e9ste la causaci\u00f3n y padecimiento efectivos de un da\u00f1o,\u201d y que \u201c\u2026mal podr\u00eda afirmarse que se configur\u00f3 el siniestro en el seguro de cumplimiento\u2026por la simple y escueta ausencia de la constituci\u00f3n de hipoteca, como quiera que dicha inacci\u00f3n\u2026es inane para atribuirle responsabilidad al asegurador\u201d (se subraya), toda vez que ni la promesa de hipoteca y su otros\u00ed (fl. 5 cdno 1), ni el acta notarial 001 sentada el 29 de enero de 1996 (fl. 6 ib), documentos respecto de las cuales se imputa la comisi\u00f3n de error de hecho por parte del censor, son demostrativos, per se, del perjuicio que se afirma sufri\u00f3 la parte demandante. Los documentos apenas evidencian, la obligaci\u00f3n de constituir el gravamen hipotecario en una fecha determinada, a favor de los actores, la prorroga del plazo para el otorgamiento de la respectiva escritura p\u00fablica y la no suscripci\u00f3n de la misma en la fecha acordada, pero ninguno de ellos, en forma separada o conjunta, acreditan la presencia de un da\u00f1o o perjuicio de naturaleza patrimonial que constituye el detonante de la obligaci\u00f3n condicional que asume el asegurador. <\/p>\n
Ahora bien, respecto de la confesi\u00f3n del representante legal de la sociedad Servicio Internacional Horacio Diaz Ltda, la censura afirma que ella fue \u201ctotalmente cercenada con lo cual el Tribunal dej\u00f3 de apreciar el hecho de haber recibido la sociedad limitada demandada\u2026el dinero objeto del contrato de mutuo\u2026\u201d, afirmaci\u00f3n que no se encuentra ajustada a la realidad, por cuanto en el fallo impugnado, el Tribunal puso en tela de juicio la existencia del referido negocio jur\u00eddico cuando aludiendo a la referida prueba expres\u00f3 que el representante legal en su declaraci\u00f3n \u201c\u2026no pudo explicar claramente lo atinente al contrato de mutuo que presuntamente dicha empresa celebr\u00f3 con los demandantes, pues ni siquiera coincide la suma de dinero que se dice en la demanda, recibi\u00f3 a t\u00edtulo de mutuo ($ 200.000.000.oo) dado que \u00e9l se refiere s\u00f3lo a la cantidad de $ 193.000.000.oo sin manifestar la raz\u00f3n de la diferencia que existe entre ambas aseveraciones\u201d (fl. 47 cdno Tribunal). <\/p>\n
Luego, lo anterior deja ver claramente que el Tribunal no cercen\u00f3 la referida declaraci\u00f3n de parte, haci\u00e9ndole decir lo que no expresa o quit\u00e1ndole lo que s\u00ed dice, sino que en ejercicio del poder discrecional de que se haya investido, arrib\u00f3 a la conclusi\u00f3n que el contrato de mutuo por valor de 200 millones de pesos que se mencionaba en la demanda inicial, no estaba acreditado por no haberse podido explicar, en forma precisa, las circunstancias en que se celebr\u00f3, toda vez que el declarante aludi\u00f3 a la cifra de 193 millones, interpretaci\u00f3n que de cara a lo declarado no es il\u00f3gica, ni manifiestamente arbitraria, y que debe ser respetada por cuanto llega a la Corte cobijada por la presunci\u00f3n de acierto y amparada, adem\u00e1s, en la discreta autonom\u00eda que desde tiempos pret\u00e9ritos se le ha reconocido al juzgador de instancia en la valoraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
En suma, no se evidencia un error colosal o may\u00fasculo del Tribunal en la apreciaci\u00f3n de las pruebas denunciadas por el censor. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con estribo en la primera de las causales de casaci\u00f3n, el recurrente acus\u00f3 a la sentencia del ad-quem de violar indirectamente los art\u00edculos 2221, 2222, 1496, 1497, 1500, 1501, 1608 (num. 1\u00ba), 1610 (num. 3\u00ba), 1611 del C\u00f3digo Civil; art\u00edculos 63, 1613, 1614, 1039, 1040, 1054 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio con ocasi\u00f3n de \u201chaber incurrido el Tribunal en un error de derecho al no haber dado convicci\u00f3n a la prueba de confesi\u00f3n ficta o presunta en que incurri\u00f3 la demandada\u2026con motivo de no comparecer su representante legal, a la audiencia prevista por el juzgado del conocimiento para recibir su declaraci\u00f3n de parte\u2026.Al no advertir o desestimar lo previsto por el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 210 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d, en cuanto que no presumi\u00f3 como cierto el hecho tercero de la demanda, que era susceptible de ser acreditado por este medio, relativo a la formalizaci\u00f3n del contrato de seguro de cumplimiento, y el hecho sexto, en el que se afirm\u00f3 que se nombr\u00f3 a una compa\u00f1\u00eda especializada para el ajuste del siniestro. <\/p>\n
Para demostrar su acusaci\u00f3n, se refiri\u00f3 exclusivamente al contenido de pronunciamientos jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, sin explayarse m\u00e1s en el contenido del error cometido por el Juzgador. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
De entrada se observa que el cargo adolece de falta de claridad y de precisi\u00f3n, toda vez que el censor no expuso su acusaci\u00f3n con la ilustraci\u00f3n que requer\u00eda la impugnaci\u00f3n, pues apenas se limit\u00f3 a destacar el mandato del art\u00edculo 210 del C.P.C., dejando de lado su imprescindible labor de indicarle a la Corte, en su sentir, cual fue el desconocimiento probatorio en el asunto sub judice, es decir, la ilustraci\u00f3n y demostraci\u00f3n del yerro verdaderamente cometido. <\/p>\n
Para corroborar lo dicho, observa la Sala que el casacionista se limit\u00f3 a expresar que \u201cAl respecto de la prueba de confesi\u00f3n en particular sobre la confesi\u00f3n ficta o presunta en varias oportunidades se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, sobre la valoraci\u00f3n de la misma, tal como se se\u00f1ala en las siguientes notas jurisprudenciales\u201d, y despu\u00e9s de transcribir extractos de algunos fallos de esta Corporaci\u00f3n, solicit\u00f3 se case la sentencia del Tribunal. <\/p>\n
Ello evidencia que el intento del censor por demostrar el yerro endilgado no resulta cabal, pues se limit\u00f3 a hacer una mera enunciaci\u00f3n ayuna por completo de demostraci\u00f3n, olvidando que cuando se impugna una sentencia por violaci\u00f3n de la ley sustancial como consecuencia de un error en la apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de cualquier medio probatorio, es necesario decir en la demanda c\u00f3mo ha debido ser apreciado este y c\u00f3mo lo fue por el Tribunal, para poner de presente, a manera de colof\u00f3n, el may\u00fasculo y trascendente error que permita el quiebre de la sentencia impugnada. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha precisado que \u201cComo el recurso de casaci\u00f3n no constituye una tercera instancia habilitada para dirimir el conflicto sometido a la jurisdicci\u00f3n, sino la m\u00e1s elevada expresi\u00f3n del control normativo a que se somete la actividad jurisdiccional del Estado, resulta necesario recordar que este medio de impugnaci\u00f3n no es \u00fatil para insistir o enfatizar en los argumentos probatorios expuestos ante los Jueces de conocimiento, raz\u00f3n por la cual, es indispensable que el recurrente \u2013cuando endilgue al sentenciador violaci\u00f3n de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas-, m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo \u2013o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u201d (cas. civ. 23 de marzo de 2004, Exp. 7533 ) y que la demostraci\u00f3n de la censura es una \u201cactividad que debe cumplirse mediante una labor de contraste entre lo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que tales pruebas dicen o dejan de decir, para ver de establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba\u201d (cas. civ. 14 de mayo de 2001. Exp. 6752) <\/p>\n
En suma, la forma en que est\u00e1 presentado el cargo no tiene la idoneidad y suficiencia requeridas para demostrar, como corresponde, el error endilgado, toda vez que apenas exhibe, una simple enunciaci\u00f3n sin demostraci\u00f3n, o si se prefiere, una censura que se queda en el p\u00f3rtico casacional, y sabido es, que en sede de casaci\u00f3n, \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige como m\u00ednimo, explicar que es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n, es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, como quiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas especificas pruebas y mostrar de que manera esa equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (cas. civ de 27 de febrero de 2001, Exp. 5839), labor\u00edo \u00e9ste, sin duda m\u00e1s exigente. Al fin y al cabo, como tantas veces se ha explicitado, la casaci\u00f3n dista de una mera instancia, al punto que no lo es. De all\u00ed que la tarea impugnaticia en torno al juicio del Tribunal, sea cualificada, a la par que sujeta a precisas y puntuales exigencias\u201d (cas. civ. 11 de marzo de 2003, Exp. 7322). <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 10 de diciembre de 1999 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso ordinario adelantado por Gerardo Garc\u00eda Lozano y Mauricio Garc\u00eda Arenas contra La Nacional Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales de Colombia S.A. y sociedad Servicio Internacional Horacio D\u00edaz Ltda. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas al recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-109-2005 [13835] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1 D.C., primero (01) de junio de dos mil cinco (2005) Ref: Expediente No. 13835 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82958","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82958","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82958"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82958\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82958"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82958"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82958"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}