SC-111-2005 [0500131030141999-00666-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref.: expediente 050013103014199900666-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 9 de octubre de 2003, proferida por el tribunal superior del distrito judicial de Medell\u00edn, sala civil, en el proceso ordinario de Almacenes Generales de Dep\u00f3sito de Caf\u00e9 S. A. – Almacaf\u00e9 – contra Cooperativa Norte\u00f1a de Transportadores Ltda. – Coonorte. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
Solicit\u00f3se declarar que la demandada incumpli\u00f3 el contrato de transporte de 27.930 kilos de caf\u00e9 excelso, celebrado con la demandante el 28 de julio de 1997, y en consecuencia, condenarla a pagar el valor de la mercanc\u00eda por $125’240.304,oo, o la que se pruebe por peritos, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria y el 25% del valor de la mercanc\u00eda perdida a t\u00edtulo de lucro cesante. <\/p>\n
En sustento de lo pedido se apunt\u00f3 que ajustado el aludido contrato de transporte, la demandada dispuso la conducci\u00f3n de la mercanc\u00eda de Bogot\u00e1 a Cartagena en el tractocami\u00f3n de placas UFP- 426, conducido por Raimundo Rinc\u00f3n Serrano. El contrato fue incumplido por la demandada, ya que la carga no fue entregada a su destinatario en la fecha convenida, que era a m\u00e1s tardar el 30 de julio de 1997, sin acreditarse causa extra\u00f1a ni adopci\u00f3n de todas las medidas razonables que habr\u00eda tomado un transportador, por lo cual se generaron los perjuicios consistentes en las sumas pedidas. <\/p>\n
La demandada se opuso y formul\u00f3 las excepciones de causa extra\u00f1a y prescripci\u00f3n. Intent\u00f3 llamar en garant\u00eda a Compa\u00f1\u00eda de Seguros Ganadera, pero la demanda fue rechazada por no cumplirse con las formalidades que puso de presente el respectivo auto inadmisorio. <\/p>\n
El juzgado 14 civil del circuito de Medell\u00edn declar\u00f3 el incumplimiento recabado e impuso el pago indexado del da\u00f1o emergente, por valor de $125’240.304,oo. Pero el tribunal, ante apelaci\u00f3n de las partes, revoc\u00f3 la sentencia, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de causa extra\u00f1a y deneg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Luego de referirse al contrato de transporte y las obligaciones que del mismo emanan, estim\u00f3 que no estaban en discusi\u00f3n los hechos relativos a la celebraci\u00f3n del negocio y la no entrega de la mercanc\u00eda, debido a que la misma fue destruida en el trayecto \u00abpor guerrilleros del denominado Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional\u00bb. <\/p>\n
Indagando por la causa extra\u00f1a que, seg\u00fan el art\u00edculo 992 del c\u00f3digo de comercio, libera de responsabilidad al transportador, enfatiz\u00f3 que el terrorismo insurgente es un comportamiento de terceros \u00abque se enmarca dentro de la fuerza mayor o el caso fortuito, o bien como el hecho exclusivo de un tercero, dadas sus caracter\u00edsticas de imprevisible e irresistible\u00bb, y fue lo ocurrido en este caso, pues la mercanc\u00eda se destruy\u00f3 por miembros de un grupo guerrillero en el marco del conflicto armado que vive el pa\u00eds, como qued\u00f3 demostrado con las siguientes pruebas: 1) fotograf\u00edas que obran en el cuaderno 1, seg\u00fan las cuales fueron incinerados el veh\u00edculo y la mercanc\u00eda; 2) testimonio del conductor sobre los hechos ocurridos; 3) informe del comandante de la base militar de Lizama sobre el hecho de haberse quemado el 29 de julio de 1997, por guerrilleros, el cami\u00f3n en que se realizaba el transporte y la carga de caf\u00e9, veh\u00edculo escoltado por Eduardo Pulido Pisco, quien fue despojado de su arma de dotaci\u00f3n. <\/p>\n
El acto terrorista constituye causa extra\u00f1a por fuerza mayor o hecho de terceros, que exonera de responsabilidad al transportador, ya que es hecho notorio el bloqueo de v\u00edas y atentados contra el parque automotor y las mercanc\u00edas transportadas. Y aunque el accionar guerrillero pudo ser previsto como posible, fue irresistible, no obstante haber cumplido la \u00abtransportadora todas las medidas razonables seg\u00fan las exigencias de la misma remitente (transitar en caravana y con escolta de personal seleccionado por la misma remitente, en horario diurno y por la ruta se\u00f1alada)\u00bb. De manera que la prueba de la causa extra\u00f1a fue suministrada por la demandada, que acogi\u00f3 las medidas de Almacaf\u00e9, quien impuso horarios y escolta, e inclusive fue \u00e9ste quien delat\u00f3 a los asaltantes el contenido de la carga, por manera que se desvirtu\u00f3 la presunci\u00f3n de culpa. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Tres cargos lanza el demandante contra la sentencia, todos por la causal primera de casaci\u00f3n, a cuyo despacho conjunto se procede, conforme se dir\u00e1 adelante. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Ac\u00fasase la sentencia de quebrantar directamente los art\u00edculos 1, 2, 981, 982, 984, 991, 992, 1029, 1030, 1031 del c\u00f3digo de comercio, la ley 105 de 1993, art\u00edculos 64, 1564, 1604, 1605, 1608, 1609, 1729, 1730 y 1625 numeral 7 del c\u00f3digo civil y 1 de la ley 95 de 1890, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
El recurrente, a vuelta de transcribir algunos preceptos invocados y comentar el contrato de transporte, anota que la obligaci\u00f3n del transportador, seg\u00fan la jurisprudencia y la doctrina, es de resultado, ya que comporta la conducci\u00f3n segura al sitio de destino, que es el resultado perseguido por la otra parte. A partir del decreto 01 de 1990 existe presunci\u00f3n de responsabilidad del transportador, quien s\u00f3lo puede exonerarse con presentar una doble prueba: a) de la causa extra\u00f1a; y b) de haber dispuesto todas las medidas razonables que hubiese tomado un transportador seg\u00fan las exigencias de la profesi\u00f3n para evitar el perjuicio o su agravaci\u00f3n, como ha entendido la jurisprudencia anterior y posterior de dicho estatuto, seg\u00fan varias sentencias de esta Corporaci\u00f3n que cita. <\/p>\n
Ha sido r\u00edgida la prueba del transportador para exonerarse, seg\u00fan la jurisprudencia y la doctrina, por lo que es err\u00f3nea la interpretaci\u00f3n del tribunal al \u00abeximir de la exigencia probatoria que le cabe al transportador\u00bb, quien debe acreditar que tom\u00f3 \u00abtodas\u00bb – no una u otra- las medidas razonables para evitar el da\u00f1o o su agravaci\u00f3n. As\u00ed, declar\u00f3 que era suficiente una referencia a un ataque guerrillero, hecho previsible en el pa\u00eds, para configurar la exoneraci\u00f3n, apart\u00e1ndose del art. 992 del C.Co. y de la jurisprudencia inveterada de la Corte, lo que dijo quien salv\u00f3 el voto. En el caso ni siquiera aparece aducida o invocada por el transportador la prueba m\u00ednima exigida por la ley comercial, y pese a que seg\u00fan el precepto citado, las cl\u00e1usulas sobre \u00abexoneraci\u00f3n total o parcial por parte del transportador de sus obligaciones o responsabilidad, no producir\u00e1n efecto\u00bb (subraya el recurrente), el tribunal entendi\u00f3 err\u00f3neamente que las obligaciones no le compet\u00edan al \u00faltimo sino al remitente, pues si este decide colaborar con la protecci\u00f3n de la carga, eso en ning\u00fan momento puede sustituir las obligaciones de aqu\u00e9l. <\/p>\n
El sentenciador de segundo grado cre\u00f3 artificialmente \u00abun ambiente exonerativo inexistente en la ley\u00bb. De ah\u00ed que fue err\u00f3neo considerar que al deudor \u00able basta probar, para liberarse de responsabilidad por causa extra\u00f1a, que no obstante la observancia de diligencia y cuidados debidos, el hecho aconteci\u00f3\u00bb, pues contradice los efectos de que un acontecimiento sea previsible, seg\u00fan la ley, y lleva a preguntarse, entre otras cosas, \u00bfbasta que un hecho que es previsible ocurra, para que el deudor se exonere de responsabilidad?, \u00bfno es necesario imprevisibilidad e irresistibilidad?, \u00bfla observaci\u00f3n de la diligencia y cuidados debidos, son los \u00fanicos elementos que configuran la causa extra\u00f1a y la exoneraci\u00f3n del transportador?. <\/p>\n
El legislador fund\u00f3 la responsabilidad del transportador en presunci\u00f3n de la misma, no en la culpa, como err\u00f3neamente entendi\u00f3 el tribunal, y por eso el art. 992 exige la doble prueba de causa extra\u00f1a y el haber tomado \u00abtodas\u00bb las medidas que all\u00ed se dicen. Si se hubiese apreciado correctamente el sentido de la norma y su verdadero contenido, la decisi\u00f3n habr\u00eda sido mantener en lo pertinente el fallo apelado. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Se endilga a la sentencia violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1, 2, 981, 982, 984, 991, 992, 1029, 1030, 1031 del c\u00f3digo de comercio, la ley 105 de 1993, por falta de aplicaci\u00f3n, y por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 992, citado, 144 del c\u00f3digo penal, 1\u00ba de la ley 95 de 1890, 64, 1602, 1604, 1729, 1730 y 1625 numeral 7 del c\u00f3digo civil, por errores evidentes de hecho. <\/p>\n
El tribunal supuso que el demandado adopt\u00f3 \u00abtodas\u00bb las medidas razonables de un transportador seg\u00fan su profesi\u00f3n para evitar el perjuicio o su agravaci\u00f3n, y los efectos imprevisibles e irresistibles, ajenos a su \u00f3rbita. Desde el decreto 01 de 1990 sobre el transportador recae presunci\u00f3n de responsabilidad, que se refuerza con el art. 3 de la ley 105 de 1993, y para exonerarse debe acreditar prueba de causa extra\u00f1a y de la adopci\u00f3n de las indicadas medidas, adem\u00e1s de no violar los reglamentos oficiales o de la empresa, responsabilidad que no admite pacto en contrario, seg\u00fan el art. 992 del C.Co. Por eso si un remitente, aun contractualmente, colabora con la protecci\u00f3n de la carga, en ning\u00fan momento exonera al transportador de sus responsabilidades. <\/p>\n
El sentenciador estim\u00f3 que se suministr\u00f3 esa prueba con s\u00f3lo considerar que aunque el accionar guerrillero era previsible, la demandada tom\u00f3 las medidas razonables -transitar en caravana, con escolta suministrado por la demandante, en horario diurno y por la ruta se\u00f1alada-, pero no cita ninguna prueba para afirmar que adopt\u00f3 \u00abtodas\u00bb las medidas, como \u00abacompa\u00f1amiento de grupo armado con la autorizaci\u00f3n del gobierno nacional y como custodios de la carga\u00bb, seg\u00fan dijo la salvedad de voto, o asegurar el transporte. Vulner\u00f3 la ley sustantiva porque trasmut\u00f3 las obligaciones del transportador, que no admiten pacto en contrario, hacia el remitente, y as\u00ed apreci\u00f3 como tomadas por aquel las medidas, pese a que ni en el cuaderno de pruebas del demandado ni en otra parte, aparece medio que permita deducir providencia alguna tomada por el transportador para evitar el perjuicio o su agravaci\u00f3n. <\/p>\n
Por suponer, sin existir en el expediente, prueba en ese sentido y trasmutar las obligaciones en la forma indicada, errores que son manifiestos y trascendentes, no se permiti\u00f3 la prosperidad de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Se acusa la sentencia de violar los art\u00edculos 1, 2, 981, 982, 984, 991, 992, 1029, 1030, 1031 del c\u00f3digo de comercio, la ley 105 de 1993, 187 del c\u00f3digo de procedimiento civil, por falta de aplicaci\u00f3n, 981, 982, 992 del C.Co., 144 del c\u00f3digo penal, 1\u00ba de la ley 95 de 1890, 64, 1602, 1604, 1729, 1730 y 1625 numeral 7 del c\u00f3digo civil, por aplicaci\u00f3n indebida, a consecuencia de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas que, seg\u00fan el recurrente, son las siguientes: <\/p>\n
1) Aunque es hecho notorio el bloqueo de v\u00edas y atentados contra el parque automotor por parte de los grupos armados, y por eso previsible, lo cierto es que este accionar fue irresistible para el conductor del veh\u00edculo, ya que participaron unos 30 hombres armados, no obstante haber tomado la transportadora las medidas razonables, seg\u00fan exigencias de Almacaf\u00e9, como transitar en caravana, con escolta escogido por la \u00faltima, en horario diurno y por la ruta se\u00f1alada. <\/p>\n
2) En el caso aconteci\u00f3 el hecho, pero la deudora Coonorte suministr\u00f3 como prueba de exoneraci\u00f3n que acogi\u00f3 las medidas indicadas por la acreedora Almacaf\u00e9, que impuso las exigencias antes referidas, incluyendo el escolta, quien delat\u00f3 a los asaltantes del contenido de la carga. <\/p>\n
De ese modo, el tribunal consider\u00f3 que estaba probada la causa extra\u00f1a, al trasmutar el cumplimiento de las obligaciones del transportador, que no admiten pacto en contrario, trat\u00e1ndolas como si fuesen del remitente, y as\u00ed apreci\u00f3 como tomadas por aquel las medidas respectivas, medidas que aquel no tom\u00f3 ni aparecen probadas en el expediente. <\/p>\n
La empresa transportadora no cumpli\u00f3 con probar la causa extra\u00f1a ni que tom\u00f3 \u00abtodas\u00bb las medidas razonable para evitar el perjuicio o su agravaci\u00f3n. La prueba de la causa extra\u00f1a, como fuerza mayor o caso fortuito, corresponde a quien la alega, seg\u00fan jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que cita. Adem\u00e1s, el transportador tambi\u00e9n tiene que probar que tom\u00f3 \u00abtodas\u00bb – no una u otra – las medidas razonables que se vienen comentando. No obstante, el tribunal \u00abapreci\u00f3 las tentativas pruebas citadas de una manera que la ley no admite para demostrar el hecho o el acto\u00bb de exoneraci\u00f3n, \u00ablo cual conllev\u00f3 a que se dieran por demostrados con un medio insuficiente, hechos que la ley, de la manera resaltada exige que demuestre con prueba distinta\u00bb. <\/p>\n
Insiste el censor en que el tribunal trasmut\u00f3 las obligaciones a cargo del transportador, y que en el expediente no hay prueba alguna que permita apreciar siquiera una providencia que formara parte de \u00abtodas\u00bb las medidas que deb\u00eda tomar para evitar el perjuicio o su agravaci\u00f3n, pese a que pod\u00eda hacerse. En el fallo no se cita una sola prueba para esto. <\/p>\n
Se violaron as\u00ed los art\u00edculos 982, 992, 1030 del C.Co., 187 del C.P.C. y 1 de la ley 95 de 1890, por lo que cabe preguntarse, entre varios puntos, \u00bfun hecho previsible permite exonerar de responsabilidad?, \u00bfpuede darse por acreditada la causa extra\u00f1a con ausencia de uno de sus elementos, la imprevisibilidad?, y \u00bfporqu\u00e9 no se hizo un verdadero an\u00e1lisis de la conducta de la demandada?. <\/p>\n
Los yerros aludidos inciden en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n, por haberse declarado una \u00abcausal exonerativa\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, debe casarse la sentencia y dictarse la de reemplazo para dar prosperidad a las pretensiones, incluyendo la indemnizaci\u00f3n por lucro cesante a raz\u00f3n del 25% de la carga, seg\u00fan el art\u00edculo 1031 del C.Co. en concordancia con el 7 del decreto 1538 de 1986. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Si bien por diversos caminos, en los tres cargos aflora id\u00e9ntico inconformismo, a saber: se resiste a creer el casacionista que en el presente caso se estructur\u00f3 la causa extra\u00f1a que dio en establecer el sentenciador. S\u00f3lo que alguna vez estima que ello obedeci\u00f3 a err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de las normas sustanciales (primer cargo), otra porque lo indebido fue la incorrecta ponderaci\u00f3n material de las pruebas (segundo cargo), y otra m\u00e1s por el desacertado tratamiento jur\u00eddico de \u00e9stas (tercer cargo). Pero como respecto de un mismo punto, seg\u00fan es conocido, las tres cosas, ni aun dos de ellas, no pueden ser a la vez, el planteo acertado habr\u00e1 de estar en una sola de las tres hip\u00f3tesis; identificada y respondida \u00e9sta, todo lo dem\u00e1s sobrar\u00eda. Y en camino de establecerlo, juzga la Sala que lo es la segunda. No la primera porque, con arreglo al discurrir del tribunal, el eventual desatino no cabr\u00eda echarlo a andar por la v\u00eda directa, pues que fallador y recurrente aprecian del mismo modo el art\u00edculo 992 del c\u00f3digo de comercio, en cuanto a su alcance y entendimiento, de tal suerte que ah\u00ed no hay pendencia real y verdadera; ambos, en efecto, coinciden en lo que la norma dice y su interpretaci\u00f3n; vale decir, que se trata de la fuerza mayor o caso fortuito como eximente de responsabilidad, para lo cual se exige que hayan sido adoptadas todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportista seg\u00fan las exigencias de su profesi\u00f3n para evitar el perjuicio o su agravaci\u00f3n; y tan cierto es ello que a lo largo del cargo, el recurrente entra es a disputar si las medidas tomadas en el caso permiten hallar estructurada la causa extra\u00f1a en las condiciones dichas por el precepto legal. Tal como lo hace tambi\u00e9n en los otros dos cargos. <\/p>\n
Ya en cuanto a \u00e9stos, tampoco puede ser el \u00faltimo, porque denunci\u00e1ndose en \u00e9l errores de derecho, el cuestionamiento que brilla nada tiene que ver con posibles desarreglos en la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas, sino m\u00e1s bien sobre la ponderaci\u00f3n material de las mismas, habida cuenta que la contienda se reduce a si las probanzas tienen la fuerza suficiente para que los hechos a que se refieren pasen por causa extra\u00f1a. <\/p>\n
As\u00ed que el despacho de fondo se contrae al segundo cargo, as\u00ed: <\/p>\n
De acuerdo con la regulaci\u00f3n legal, el transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y a entregar \u00e9stas al destinatario (art. 981, inciso 1, C.Co.), y quien asume esta \u00faltima prestaci\u00f3n, el transportador, est\u00e1 obligado, dentro de las respectivas condiciones legales y contractuales, \u00aben el transporte de cosas a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que las reciba, las cuales se presumen en buen estado, salvo constancia en contrario\u00bb (art. 982, num. 1, \u00eddem). <\/p>\n
De presentarse inejecuci\u00f3n, ejecuci\u00f3n defectuosa o tard\u00eda en la obligaciones por parte del transportador, s\u00f3lo puede exonerarse de responsabilidad, total o parcialmente, \u00absi prueba que la causa del da\u00f1o le fue extra\u00f1a o que en su caso, se debi\u00f3 a vicio propio o inherente de la cosa transportada, y adem\u00e1s que adopt\u00f3 todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador seg\u00fan las exigencias de la profesi\u00f3n para evitar el perjuicio o su agravaci\u00f3n\u00bb, de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 992 del mismo estatuto. <\/p>\n
Tiene definido la jurisprudencia que, en verdad, la del transportador es una obligaci\u00f3n de resultado, en la medida en que para cumplirla no le basta simplemente con poner toda su diligencia y cuidado en la conducci\u00f3n de las personas o las cosas, pues con arreglo a dicha preceptiva menester es que la realice en perfectas condiciones, de forma tal que solamente podr\u00eda eximirse de ello demostrando la concurrencia de alguno de los acontecimientos que dependen de lo que se ha denominado una \u00abcausa extra\u00f1a\u00bb, vale decir, aquellos en que, como sucede con el caso fortuito o la fuerza mayor, entre el hecho y el da\u00f1o se ha roto el nexo causal, indispensable para la configuraci\u00f3n de la responsabilidad, lo cual implica naturalmente que se adoptaron \u00abtodas las medidas razonables\u00bb de un acarreador profesional para evitar el da\u00f1o o su agravaci\u00f3n. <\/p>\n
En el cargo estudiado el impugnador cuestiona al sentenciador de segundo grado, en s\u00edntesis, por haber supuesto que en el expediente obra prueba, sin estar, de esos requisitos que permiten al transportador demandado exonerarse de responsabilidad por el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de entregar la cosa transportada en el t\u00e9rmino y dem\u00e1s condiciones contractuales y legales. <\/p>\n
Empero, bien vistas las cosas, la acusaci\u00f3n no alcanza a horadar la sentencia, pues los argumentos de \u00e9sta para arribar a la absoluci\u00f3n de la demandada no se resienten de contraevidencia, ni se estrellan contra las reglas del sentido com\u00fan o de la l\u00f3gica, que es como se tipifica el error de hecho en casaci\u00f3n, pues no se olvide que muy estrictas son las exigencias asentadas por la ley procesal y la jurisprudencia para ver de establecer tama\u00f1o dislate. El c\u00f3digo de procedimiento civil exige que el error de hecho sea \u00abmanifiesto\u00bb, y que sea demostrado por el recurrente (arts. 368-1 y 374-3), por lo cual hase dicho que quien lleva el pleito hasta los senderos de la casaci\u00f3n, y particularmente dentro del \u00e1mbito del error de hecho, debe presentar argumentos incontestables, cuya sola presentaci\u00f3n, as\u00ed no m\u00e1s, muestre totalmente descaminados los del tribunal, puesto que en las instancias es donde termina el debate probatorio, debido a la autonom\u00eda discreta de que goza el fallador para apreciar la prueba, de donde deriva el postulado consistente en que la sentencia enjuiciada por esta v\u00eda se encuentra amparada por una presunci\u00f3n de acierto. <\/p>\n
Desmenuzando la argumentaci\u00f3n del tribunal, puede verse que, en su sentir, la acci\u00f3n de los alzados en armas en el caso de marras fue constitutiva de causa extra\u00f1a, porque \u00abes un comportamiento de terceras personas que se enmarca dentro de la fuerza mayor o caso fortuito, o bien como el hecho exclusivo de un tercero, dadas sus caracter\u00edsticas de imprevisible e irresistible\u00bb, seg\u00fan las pruebas que cit\u00f3 y coment\u00f3, que fueron las fotograf\u00edas allegadas, el testimonio del conductor del veh\u00edculo, el informe del comandante de la base militar de \u00abLizama\u00bb; a esto agrega que el transportador acredit\u00f3 que hab\u00eda tomado las medidas adecuadas, indicadas por Almacaf\u00e9, como transitar en caravana, en horario diurno, con escolta y por la ruta se\u00f1alada. <\/p>\n
De ese modo, para dar por establecido el hecho consistente en la interceptaci\u00f3n del tractocami\u00f3n y su incendio junto con la carga de caf\u00e9 que hab\u00eda encomendado la demandante, previo sometimiento y desarme del escolta por parte del grupo guerrillero, que era de un n\u00famero cercano a treinta personas armadas, as\u00ed como la adopci\u00f3n de las medidas pertinentes, el sentenciador no entr\u00f3 en pugna con el acervo probativo, esto es, que no supuso prueba inexistente en autos, ni tergivers\u00f3 la existente, sino que la analiz\u00f3 y le dio un significado acorde con la realidad, que consider\u00f3 imprevisible e irresistible. <\/p>\n
Rep\u00e1rese que el testimonio del conductor Raimundo Rinc\u00f3n Serrano (folios 36 y s. cuaderno 4) en torno al suceso de apresamiento del veh\u00edculo por el grupo insurgente y su incendio con inclusi\u00f3n de la carga, en las circunstancias ya adelantadas, coincide fundamentalmente con otros elementos de juicio. As\u00ed, est\u00e1n los documentos obtenidos durante la inspecci\u00f3n judicial en las oficinas de Almacaf\u00e9, cuando se adjunt\u00f3 informe de lo ocurrido por la compa\u00f1\u00eda de vigilancia que suministr\u00f3 los escoltas para la caravana de veh\u00edculos que a la saz\u00f3n emprendi\u00f3 el viaje, y de los cuales s\u00f3lo result\u00f3 arruinado el de autos, que iba de \u00faltimo, relato fundado en uno de dichos escoltas, que fue sometido y desarmado (folios 52 y ss. cuaderno 4). Tambi\u00e9n se alleg\u00f3 al proceso copia de denuncia ante la que en ese entonces era inspecci\u00f3n departamental de polic\u00eda de La Fortuna (folios 3 y 4 ib.), y se obtuvo en la inspecci\u00f3n judicial ante La Previsora S.A., compa\u00f1\u00eda de seguros, copia de la constancia del comandante de la base militar de Lizama (folio 160 cuad. 4), documentos estos que en copia simple se hab\u00edan allegado con anterioridad (folios 66 y ss. cuaderno 1), que el juzgado orden\u00f3 tener como pruebas en el auto que decret\u00f3 las del proceso (folios 77 y s. cuaderno 1). <\/p>\n
Ahora, el an\u00e1lisis para considerar la imprevisibilidad y la irresistibilidad no luce veleidoso, porque el sentenciador expuso con base en las pruebas que vienen de comentarse, que el transportador qued\u00f3 imposibilitado en el caso concreto para cumplir por hechos de terceros que son constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, ya que qued\u00f3 dominado por el acontecimiento. <\/p>\n
De otra parte, sobre las medidas que debe adoptar el acarreador, apropiado es tener en cuenta que tampoco estuvo carente de sustento el fallador de segunda instancia, visto que sobre ese aspecto anot\u00f3 que s\u00ed las hubo, como fueron transitar en caravana, en horario diurno, con escoltas o guardias de seguridad y por la ruta se\u00f1alada. Conclusi\u00f3n que no es irrazonable, y no puede desconocerse en casaci\u00f3n, verificado que ciertamente el env\u00edo del automotor no se hizo al desgaire, sino con unas medidas prudentes, a juicio del tribunal, e inclusive acordadas por las partes. Tampoco puede hallarse merma en la decisi\u00f3n por el hecho de que hubiesen sido medidas pactadas, puesto que en ello hubo convenio contractual que no puede desconocerse, toda vez que as\u00ed son las pol\u00edticas de la demandante para la conducci\u00f3n de caf\u00e9 en el territorio nacional, como fue expuesto por su representante en interrogatorio de parte, al decir que en esos casos Almacaf\u00e9 se reserva la designaci\u00f3n de rutas y el cuidado de la carga, entre otras, y que ello es fruto del acuerdo de voluntades (folios 1 y 2 cuaderno 4). En similar forma fue declarado por Jos\u00e9 Tom\u00e1s Lozano, quien para la \u00e9poca de los hechos se desempe\u00f1aba como jefe de operaciones de Almacaf\u00e9 (folios 15 y ss. ib\u00eddem), y fue informado por quien atendi\u00f3 la inspecci\u00f3n judicial en las oficinas de la misma, ya citada. <\/p>\n
Am\u00e9n de que el sentenciador en ning\u00fan caso insinu\u00f3 que ese acuerdo sobre las medidas equival\u00eda a una exoneraci\u00f3n de la responsabilidad del porteador, con desconocimiento de la prohibici\u00f3n de pacto en contrario prevista por el art\u00edculo 992, inciso final, del estatuto mercantil. No, lo que puede entenderse de la sentencia es que en desarrollo de esa convenci\u00f3n se cumpli\u00f3 la adopci\u00f3n de las medidas razonables que el mismo precepto exige en otro segmento al transportador, quien, al haberlas aceptado qued\u00f3 cubierto en lo que a ellas concierne, no en cuanto a sus obligaciones y responsabilidades. <\/p>\n
Por modo que no basta con que el recurrente alegue, con estribo en la citada norma, que en todo caso no puede haber exoneraci\u00f3n para el transportista, o que \u00e9ste no acredit\u00f3 la adopci\u00f3n de las medidas pertinentes para evitar la generaci\u00f3n del da\u00f1o o su agravaci\u00f3n, ya que si de lo que se trata es de plantear un pugilato contra la interpretaci\u00f3n de una estipulaci\u00f3n contractual por el sentenciador, tiene que ponerse de presente un rutilante desvar\u00edo, cuesti\u00f3n que se echa de menos en el cargo, pues ti\u00e9nese dicho que \u00absi el juzgador, en la labor de hermen\u00e9utica de las cl\u00e1usulas de un contrato les asigna una inteligencia o interpretaci\u00f3n razonable o posible, no se configura en tal evento un yerro con las caracter\u00edsticas de evidente, porque como bien lo tiene sentado la jurisprudencia de la Corte ‘cuando una cl\u00e1usula se presta a dos interpretaciones razonables o siquiera posibles, la adopci\u00f3n de una cualquiera de ellas por el sentenciador no genera error evidente, puesto que donde hay duda no puede haber error manifiesto en la interpretaci\u00f3n’ (Cas. Civ. de 3 de julio de 1969, CXXXI, 14). Y es apenas obvio que el yerro de facto, cuya caracter\u00edstica fundamental es el de que sea evidente, o como lo observa la doctrina de la Corporaci\u00f3n, que ‘salte de bulto’ o ‘brille al ojo’, s\u00f3lo se presenta ‘cuando la \u00fanica estimaci\u00f3n aceptada sea la sustitutiva que se propone. Por manera que la demostraci\u00f3n del cargo ha de conducir al convencimiento de la contraevidencia, inconcebible cuando el resultado que censura es producto de sopesar distintas posibilidades que termina con la escogencia de la m\u00e1s probable, ‘sin que ninguna de ellas est\u00e9 plenamente contradicha por otras pruebas del proceso'\u00bb (Cas. Civ. de 30 de enero de 1962 , XCVIII, 4 de mayo de 1970, CXXXIV, 146 y 147; 6 de septiembre de 1983, a\u00fan no publicada, y sentencia 229 de 25 de julio de 1992). <\/p>\n
As\u00ed que, en resumen, sobre estos aspectos relacionados con la causa extra\u00f1a y adopci\u00f3n de medidas, en realidad el censor no hace m\u00e1s que disputarle al tribunal el criterio aut\u00f3nomo que le es inherente, lo cual, como es conocido, no resulta suficiente para la prosperidad de la demanda de casaci\u00f3n, puesto que como tiene dicho la jurisprudencia, la reyerta sobre la apreciaci\u00f3n de las pruebas termina en las instancias, de tal manera que no basta con hacer un an\u00e1lisis distinto al de los jueces de all\u00e1, as\u00ed parezca mejor, sino que debe demostrarse su claro desacierto, porque, ins\u00edstese, es necesario partir de la presunci\u00f3n de sind\u00e9resis de las decisiones emitidas por \u00e9stos, que implica tener como bien apreciadas las pruebas y bien aplicado el derecho llamado a gobernar el asunto. <\/p>\n
Tanto m\u00e1s exigente es la v\u00eda del error de hecho para derribar esa presunci\u00f3n, porque no es cualquier yerro f\u00e1ctico el que permite abatir la sentencia recurrida, de atender que el desfase tiene ser ostensible o protuberante, de manera que su realidad, como en infinidad de ocasiones ha repetido la jurisprudencia, aflore \u00abdel choque violento entre el criterio del juzgador y la l\u00f3gica que surge de la realidad objetiva de las pruebas, saliendo de all\u00ed muy mal librada la dial\u00e9ctica; yerro que, en consecuencia, es detectable f\u00e1cilmente, precisamente porque teniendo luz propia no requiere de nada m\u00e1s para brillar con intensidad, de tal suerte que se pone al descubierto al primer golpe de vista\u00bb (Cas. Civ. de 15 de marzo de 2001, exp. 6142 y de 11 de febrero de 2003, exp. 7344). <\/p>\n
Ya para terminar, si acaso se dijese que en el primer cargo, en el que la violaci\u00f3n de la ley sustancial se denuncia por la v\u00eda directa, se afirma, o m\u00e1s exactamente se pregunta el recurrente, si puede haber caso fortuito siendo previsible el suceso, habr\u00eda que responder que la incertidumbre que genera tal interrogaci\u00f3n no encontr\u00f3 desarrollo alguno a lo largo de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Total, la acusaci\u00f3n no puede salir avante. <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de procedencia y fecha preanotadas. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a los recurrentes al pago de las costas causadas en el tr\u00e1mite de este recurso. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-111-2005 [0500131030141999-00666-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de junio de dos mil cinco (2005). Ref.: expediente 050013103014199900666-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82960","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82960","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82960"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82960\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82960"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}