SC-112-2005 [1100131030161995-14426-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref.: expediente 110013103016-1995-14426-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado contra la sentencia de 30 de abril de 2003, proferida por el tribunal superior de Bogot\u00e1, sala civil, en este proceso ordinario de Luis Beltr\u00e1n Castiblanco, Sara Beltr\u00e1n de Carvajal, Ana Silvia Beltr\u00e1n de Malag\u00f3n, Olga Beltr\u00e1n de Mej\u00eda, Gilma Beltr\u00e1n de Alean, Blanca Mar\u00eda Beltr\u00e1n de Bedoya y Manuel Aparicio Beltr\u00e1n contra Jairo J. Rinc\u00f3n Laverde. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
La demanda pidi\u00f3 declarar la resoluci\u00f3n de dos contratos de promesa de compraventa celebrados el 3 de mayo de 1994 sobre los derechos y acciones que correspondieran a los actores en la sucesi\u00f3n de Aparicio Beltr\u00e1n y Juana Castiblanco, relativamente a tres inmuebles ubicados en Guasca (Cund.), y, en consecuencia, condenar al demandado a perder las arras, pagar los perjuicios y las cl\u00e1usulas penales pactadas, lo mismo que a la restituci\u00f3n de los bienes materia de la promisi\u00f3n, junto con sus frutos. <\/p>\n
Narraron al efecto que el precio en las promesas fue de $116’000.000,oo y $315’000.000,oo, respectivamente, y que los bienes fueron entregados en el acto. El promitente comprador no pag\u00f3 el precio en los t\u00e9rminos estipulados; cuanto a la primera promesa, entreg\u00f3 un cheque de $60’000.000,oo, que luego cambi\u00f3 por otro para definitivamente dejar impagados $58’000.000,oo; de la segunda promesa pag\u00f3 $100’000.000,oo, empero, a pesar de los requerimientos que le hicieron, no cancel\u00f3 el saldo. <\/p>\n
La curadora designada al demandado se opuso reclamando prueba de los hechos de la demanda; el demandado, que compareci\u00f3 a la audiencia prevista en el art\u00edculo 101 del c\u00f3digo de procedimiento civil, asumi\u00f3 su defensa en ese estado de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
El fallo de primera instancia declar\u00f3 la nulidad de las promesas, orden\u00f3 la restituci\u00f3n de los bienes, el pago de frutos, la devoluci\u00f3n del precio pagado por el demandado, autoriz\u00f3 las compensaciones pertinentes y concedi\u00f3 derecho de retenci\u00f3n al demandado. El tribunal, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por las partes, confirm\u00f3 lo tocante con la nulidad, las restituciones, las cuales actualiz\u00f3, y las compensaciones autorizadas, pero revoc\u00f3 el derecho de retenci\u00f3n concedido al demandado. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Empez\u00f3 por indicar que, cual dedujo el a-quo, hab\u00eda nulidad en los contratos de promesa porque las condiciones a que se sujet\u00f3 el perfeccionamiento de los contratos prometidos fueron indeterminadas. La del primero es una \u00abcondici\u00f3n casual\u00bb, en cuanto pend\u00eda de la presentaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n en la sucesi\u00f3n; la del segundo \u00abqued\u00f3 pendiendo de una condici\u00f3n mixta\u00bb, porque a m\u00e1s de la presentaci\u00f3n de la partici\u00f3n, requer\u00edase \u00abun acto de abstenci\u00f3n\u00bb de los sucesores: no objetar la partici\u00f3n (art. 1534 C.C.). Incluso, en ambos el plazo se someti\u00f3 \u00aba una modalidad compleja\u00bb, pues \u00abcombinaron una condici\u00f3n y un plazo, dado que las escrituras se otorgar\u00edan \u2018el segundo d\u00eda despu\u00e9s de aquel en que se presente el trabajo de partici\u00f3n\u2019, y \u2018el siguiente a aquel en que haya vencido el t\u00e9rmino de traslado\u2019 del mismo\u00bb. <\/p>\n
Las promesas no permit\u00edan conocer \u00aben forma anticipada\u00bb, en qu\u00e9 \u00e9poca deb\u00eda presentarse la partici\u00f3n, de forma tal que la condici\u00f3n \u00abqued\u00f3 sometida a la incertidumbre\u00bb, as\u00ed hubiera partidor designado con 60 d\u00edas para presentar el trabajo, pues ese plazo no consta en los contratos, que son solemnes. Adem\u00e1s, dicho plazo no otorgaba certeza a la \u00e9poca, ya que al poderse prorrogar generaba imprecisi\u00f3n al depender del partidor y no de las partes. El escollo no qued\u00f3 superado por referirse los contratos al acuerdo de partici\u00f3n que hicieron los herederos el 24 de abril de 1993, de aceptarse que hace parte de aquellos, pues no fija plazo para la presentaci\u00f3n del trabajo. Y aunque \u00e9ste fue presentado el 11 de noviembre de 1994, ello no determina la validez de las promesas porque esto se califica por la celebraci\u00f3n de las mismas y no por hechos posteriores, cual ha dicho la jurisprudencia (CLXXXIV, p\u00e1g. 285); a lo que cabe a\u00f1adir que el partidor solicit\u00f3 ante el juzgado la ampliaci\u00f3n de t\u00e9rminos y se le orden\u00f3 rehacerlo sin que \u00aba enero de 2003 hubiere atendido ese mandamiento\u00bb. <\/p>\n
Respecto de las restituciones mutuas, estim\u00f3 bien dispuesta la restituci\u00f3n de los bienes entregados y del precio efectivamente recibido por los actores . Lo primero, porque al margen de ser el efecto propio de la nulidad, hubo entrega al demandado y no hay modo de \u00abfrenar esa devoluci\u00f3n\u00bb con el argumento de que los predios se encuentran cautelados o en manos de Blanca Mireya Amaya de Rinc\u00f3n, cesionaria de algunos de los demandantes en \u00abla universalidad sucesoral\u00bb, no de un bien en particular, negocio que aqu\u00ed no se juzga. <\/p>\n
En materia de frutos abraz\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo de escoger la tasaci\u00f3n por los arrendamientos de los predios, en lugar del cultivo de papa y zanahoria, frutos que debe pagar el demandado a partir de la contestaci\u00f3n de la demanda, por la presunci\u00f3n de buena fe no desvirtuada que lo acompa\u00f1a, seg\u00fan lo ha precisado la doctrina jurisprudencial (cas. civ., sent. de 18 de agosto de 2002, exp. 5519). Y la misma suerte han de correr los intereses sobre el dinero a reintegrar al demandado, pues escoltados los actores tambi\u00e9n de la dicha presunci\u00f3n, se trata de los frutos de esos recursos; algo que, sin embargo, no aplica a la correcci\u00f3n monetaria, por supuesto que su naturaleza jur\u00eddica difiere de la de los frutos. <\/p>\n
Precisa que como no se demostr\u00f3 el car\u00e1cter comercial de los contratos ni de las partes, no pod\u00edan liquidarse intereses mercantiles, tanto menos si es cosa que reh\u00fasa la jurisprudencia en la medida en que \u00e9stos \u2018ya comprenden, per se, la aludida correcci\u00f3n\u2019. Si el derecho de retenci\u00f3n no fue alegado en la contestaci\u00f3n de la demanda, la concesi\u00f3n por el a-quo deb\u00eda revocarse; y al examinar lo atinente a las compensaciones, resalt\u00f3 que como \u00e9stas fueron autorizadas, no realizadas oficiosamente, nada hab\u00eda de puntualizar. <\/p>\n
Al amparo del art\u00edculo 307 del c\u00f3digo de procedimiento civil, reajust\u00f3 las condenas de primera instancia; los $100\u2019000.000,oo a reintegrar al demandado a la suma de $304\u2019456.404,oo; los intereses de \u00e9stos en $31\u2019166.666,66; los frutos de los inmuebles en $223\u2019561.194,oo, cifra que extrajo luego de calcular el valor del arriendo por fanegada entre 1998 (en que se contest\u00f3 la demanda) y la fecha de la sentencia, labor que cumpli\u00f3 aplicando al canon previsto para el a\u00f1o 1998 ($58.333,oo) el incremento anual determinado por el Dane. Los causados tras la ejecuci\u00f3n de la sentencia habr\u00edan de tasarse por v\u00eda incidental. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Cuatro cargos formula el recurrente, el primero al amparo de la causal quinta de casaci\u00f3n y los dem\u00e1s apuntalados en la causal primera, que se despachan en el orden propuesto, por ser \u00e9ste el que se aviene a la l\u00f3gica. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Denuncia la nulidad insaneable del proceso por tr\u00e1mite inadecuado, a t\u00e9rminos del numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 140 del estatuto procesal civil, porque siendo irrecusable la naturaleza agraria de los bienes materia de las promesas, algo que desgaja de la prueba pericial, debi\u00f3 tramitarse como ordinario agrario (art\u00edculos 51 y 54 del decreto 2303 de 1989), y no el ordinario com\u00fan prevista en los art\u00edculos 396 y siguientes del c\u00f3digo de procedimiento civil, como ac\u00e1 aconteci\u00f3. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no est\u00e1 previsto un tr\u00e1mite especial para ventilar asuntos de este linaje y no hallarse tampoco sometido al tr\u00e1mite del proceso verbal, el ordinario agrario era el que correspond\u00eda, que, bien se sabe, difiere del ordinario com\u00fan, no solo por su r\u00e9gimen sino por los presupuestos procesales, la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho, los poderes del juez y la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
La tesis del impugnador cabalga, ciertamente, sobre la idea de que no importa cu\u00e1l sea la naturaleza de la controversia, porque si en medio de ella hay bienes con cariz agrario o con esa vocaci\u00f3n, siempre ha de aplicarse el r\u00e9gimen procesal establecido en el decreto 2303 de 1989, para este caso el del proceso ordinario agrario. <\/p>\n
Esto, aunque, en principio, podr\u00eda asegurarse sin mayor examen que se muestra razonable, pues muy propio es decir que con ello se atiende el claro matiz protector que ese r\u00e9gimen especial prodiga a los asuntos de dicho talante, es infundado, por cuanto tiene como sustento una premisa que dista mucho de responder al contenido del citado estatuto; y ello porque no es verdad que todo asunto en que exista un compromiso de bienes de esa naturaleza imponga inexorablemente su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Los art\u00edculos 1 y 2 del decreto en cuesti\u00f3n son harto reveladores en el punto, en tanto que anuncian cu\u00e1l es el objeto de dicho conjunto normativo y enumeran de modo restrictivo cu\u00e1les son los asuntos que han de ventilarse con arreglo a ese r\u00e9gimen especial. Entre ellos no cabe incluir los litigios respecto de la validez o eficacia de contratos de compraventa o permuta, o de promesa de estos negocios, as\u00ed recaigan sobre bienes dedicados a la explotaci\u00f3n agraria, porque, como ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, los procesos para esos efectos \u00abno quedan subsumidos\u00bb dentro de los que indican los art\u00edculos 1 y 2 del decreto 2303, de tener en cuenta que esos negocios jur\u00eddicos se rigen por las normas sustanciales civiles y las controversias que puedan suscitar no est\u00e1n incluidas como agrarias de las que corresponde dirimir a esa jurisdicci\u00f3n (auto de 3 de mayo de 1993, G.J. t. CCXXII, p\u00e1g. 477). <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n, ajena a esa distinci\u00f3n, acaba por enfilar la nulidad con apoyo en un supuesto equivocado, situaci\u00f3n que de entrada impide prosperidad al cargo. Am\u00e9n de que si el recurrente en la mira ten\u00eda el prop\u00f3sito de demostrar que, a pesar de la diferencia entre negocios jur\u00eddicos propios de la actividad agraria y negocios de naturaleza civil o comercial sobre bienes que puedan involucrar esa actividad, el asunto es de aquellos que cae bajo la \u00f3rbita del preindicado decreto, ten\u00eda la carga de dirigir su ataque a mostrar porqu\u00e9 este proceso, donde indirectamente vienen comprometidos bienes agrarios, hab\u00eda de tenerse como uno de aquellos asuntos asignados a la jurisdicci\u00f3n agraria, labor que no aparece desplegada en el caso. As\u00ed que la Sala no descubre porqu\u00e9 habr\u00eda de variar la jurisprudencia anotada, y m\u00e1s bien reafirma su criterio. <\/p>\n
Por supuesto, no ha menester argumentos adicionales para concluir que el cargo no progresa. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Se desarrolla sobre la base de que, al verificar a qu\u00e9 punto la omisi\u00f3n del requisito en las promesas fue de car\u00e1cter manifiesto, vale decir, de bulto, apreciable a primera vista, sin esforzados razonamientos o con razonamientos basados en otros tipos de pruebas o equ\u00edvocos, el ad-quem incurri\u00f3 en el yerro denunciado. Limit\u00f3se el juzgador a examinar la cl\u00e1usula sexta de los contratos, sin percatar otros apartes de las promesas que \u00abrevelan otro sentido de oportunidad contractual\u00bb; si bien de la referida cl\u00e1usula \u00abpod\u00eda entenderse la consagraci\u00f3n de un plazo incierto sujeto a condiciones casuales y mixtas, que no determinan la \u00e9poca exacta para la celebraci\u00f3n del contrato prometido\u00bb, tambi\u00e9n hubiera podido reparar, de no haberlas preterido, \u00ablas dem\u00e1s apreciaciones que la primera promesa hace menci\u00f3n que los bienes hacen parte de la sucesi\u00f3n de Aparicio Beltr\u00e1n Cifuentes, que se da a conocer al partidor (…) que \u2018la parte promitente vendedora … se compromete a procurar por todos los medios que el compromiso de partici\u00f3n celebrado por los herederos el 24 de abril de 1993 sea respetado\u00bb, cosa que igual se repite en la segunda promesa. <\/p>\n
En esas expresiones hay pactado o consentido un plazo determinable, \u00abtan cierto para los contratantes que el mismo demandante confiesa haber ocurrido \u2018el d\u00eda 11 de noviembre de 1994\u2019 (…) lo cual hubiera permitido al tribunal encontrar probado que en estos apartes contractuales exist\u00eda una segunda expresi\u00f3n de determinaci\u00f3n de la \u00e9poca de la promesa, que hac\u00eda que esta no fuera indeterminada\u00bb. <\/p>\n
Los razonamientos del juzgador son esforzados en el prop\u00f3sito de \u00abdarle un sentido \u00fanico a dicha promesa\u00bb, pues expresadas \u00e9pocas determinadas e indeterminadas, no cab\u00eda concluir que la omisi\u00f3n era manifiesta. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Qued\u00f3 visto, como bien se lee en el resumen del cargo, que para el recurrente lo del car\u00e1cter manifiesto de la nulidad no es tal, cual anduvo dici\u00e9ndolo el juzgador; pues, a su juicio, m\u00e1s cosas hab\u00eda en las promesas que bien le habr\u00edan podido ser \u00fatiles para tener como determinada la \u00e9poca fijada para su cumplimiento. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n, cuya pugnacidad se reduce a cuestionar, con vacilaci\u00f3n, la inteligencia que de las promesas hizo el tribunal, y de ah\u00ed las conclusiones que extract\u00f3, no puede abrirse paso. Recu\u00e9rdese que denunci\u00e1ndose error de hecho en la apreciaci\u00f3n de los contratos, yerro que para dar cabida a la casaci\u00f3n debe ser manifiesto, la tarea del impugnador no era precisamente la de ensayar otro entendimiento de los contenidos contractuales de las promesas, sino la de mostrar en forma subrayada c\u00f3mo el juzgador jam\u00e1s pudo arribar a esas conclusiones probatorias, en cuanto contrar\u00edan desde sus cimientos lo que aquellas revelan, es decir, que objetivamente el clausulado apunta a cosas distintas, a tal extremo que por ello su decisi\u00f3n no puede seguir amparada por la presunci\u00f3n de acierto que la escolta. <\/p>\n
Y, es palmar, finalidad semejante no se alcanza en condiciones que denota el caso, pues siendo la interpretaci\u00f3n del tribunal, como en efecto acontece y lo proclama la censura, una de las que cabe respecto de las cl\u00e1usulas pertinentes de las promesas, as\u00ed no sea la que m\u00e1s se ajuste al criterio del impugnador, nunca podr\u00eda anidar ah\u00ed un yerro con las connotaciones de manifiesto, pues esa sola posibilidad hermen\u00e9utica descarta la presencia de un dislate descomunal, de aquellos que dan ingreso a la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto, claro, sin contar que, como repetidamente lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de la interpretaci\u00f3n de cl\u00e1usulas contractuales, el criterio del tribunal, habida cuenta de la discreta autonom\u00eda que le incumbe en esa labor, acaso la m\u00e1s saliente de los juzgadores de instancia, repele la casaci\u00f3n, la que por excepci\u00f3n tiene cabida cuando comporta razonamientos salidos por completo de la l\u00f3gica; cosa que, por dem\u00e1s, no despunta en la labor que aqu\u00ed realiz\u00f3 el ad-quem, pues con independencia del criterio que pueda tenerse sobre el tema, no luce descabellada su consideraci\u00f3n en cuanto a que la condici\u00f3n en los t\u00e9rminos pactados no sirve para fijar la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato prometido. <\/p>\n
El sentenciador de segundo grado, recu\u00e9rdase, anot\u00f3 que la condici\u00f3n propiamente dicha, \u00abla verdadera condici\u00f3n\u00bb, no puede emplearse para se\u00f1alar la \u00e9poca del contrato prometido porque genera \u00abincertidumbre objetiva\u00bb que pugna con el car\u00e1cter ef\u00edmero de la promesa, de manera que debe ser \u00abdeterminada, es decir, que desde el mismo momento en que la promesa se pacte, las partes deben quedar ciertas en cuanto a la fecha en que -eventualmente- deber\u00e1n cumplir con la obligaci\u00f3n de hacer, as\u00ed est\u00e9n inciertas en lo tocante con la realizaci\u00f3n del hecho futuro\u00bb. Y por eso apoy\u00f3 la nulidad de los contratos de promesa en estudio, pues consider\u00f3 que las condiciones a que se sujet\u00f3 la celebraci\u00f3n de los contratos prometidos no eran id\u00f3neas, en la medida en que pend\u00edan de la presentaci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n, en una promesa, y adicionalmente su no objeci\u00f3n para la otra, de manera que dichas condiciones no permit\u00edan conocer \u00aben forma anticipada\u00bb, en qu\u00e9 \u00e9poca deb\u00eda presentarse la partici\u00f3n, lo que sujet\u00f3 el asunto \u00aba la incertidumbre\u00bb. Criterio que acentu\u00f3 por cuanto, a pesar de haberse designado partidor a la saz\u00f3n y referirse las promesas al acuerdo de partici\u00f3n que hicieron los herederos en abril de 1993, de todas maneras no hab\u00eda plazo fijo, dado que pod\u00eda prorrogarse a solicitud del partidor, y aunque el trabajo fue presentado, se orden\u00f3 rehacerlo y \u00aba enero de 2003\u00bb no se hab\u00eda atendido esa orden. <\/p>\n
M\u00edrase, por consiguiente, que el razonamiento del tribunal de cara a lo que dicen las cl\u00e1usulas de las promesas en que se apoy\u00f3, no puede tildarse de arbitrariedad o contraevidencia, pues ciertamente en ellas dice lo que aqu\u00e9l tuvo presente en su discurrir y con apoyo en la jurisprudencia que cit\u00f3. <\/p>\n
Y algo m\u00e1s, ya para terminar. Anotado qued\u00f3 que al comprobar si realmente las promesas eran ineficaces, el tribunal consider\u00f3 que la \u00fanica forma de medirlo era con vista en sus textos mismos, que no en elementos de juicio ajenos; y dest\u00e1case lo anterior, porque la censura, sin combatir ese preciso razonamiento, en el intento de arruinar sus conclusiones probatorias comprime los otros apartes de las promesas junto con otra probanza buscando hacer ver el yerro denunciado, a saber, la supuesta confesi\u00f3n de los actores al enunciar los hechos de la demanda. <\/p>\n
Es obvio, esta es carencia de la acusaci\u00f3n que de no existir los reparos que ya se han encontrado, truncar\u00eda tambi\u00e9n su \u00e9xito, pues para remontar ese espec\u00edfico aspecto de la decisi\u00f3n hab\u00eda de formular el impugnador la refriega pertinente, acudiendo a la v\u00eda demarcada para ello, cosa que se guard\u00f3. <\/p>\n
El cargo, conforme a lo elucidado, no tiene buen suceso. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Denuncia violaci\u00f3n indirecta, por aplicaci\u00f3n indebida, del inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 964 del c\u00f3digo civil, a causa de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de pruebas. <\/p>\n
Aduce que si bien el tribunal consider\u00f3 al demandado de buena fe, err\u00f3 al ordenar el pago de los arrendamientos en la categor\u00eda de frutos civiles, en tanto que \u00absupuso que el dictamen del aval\u00fao pericial conten\u00eda o se fundaba en medios probatorios de los frutos percibidos\u00bb; la pericia, al referir a Jaime Ar\u00e9valo como arrendatario, lo hizo tomando en cuenta la informaci\u00f3n suministrada por Emigio Bol\u00edvar y Fernando Quiroga, y al aludir el precio del arriendo apenas acudi\u00f3 a las \u00abencuestas realizadas\u00bb con los moradores y cultivadores de la regi\u00f3n sobre el valor del arrendamiento por fanegada. Mas, ni lo uno ni lo otro son medios probatorios incorporados al proceso, yerro cuyo alcance, por lo dem\u00e1s, va m\u00e1s all\u00e1, en la medida en que no hay prueba de la recepci\u00f3n de los frutos por parte del demandado. <\/p>\n
Al margen, los contratos de arrendamiento que obran en el expediente no s\u00f3lo se refieren a arrendadores distintos al demandado, esto es, Manuel Aparicio Beltr\u00e1n Castiblanco, Mar\u00eda Magdalena Ogilve, Jaime Gonz\u00e1lez Gonz\u00e1lez y Ascensi\u00f3n G\u00f3mez de Gonz\u00e1lez, sino que ata\u00f1en a predios distintos, de ah\u00ed que no demuestren que el demandado estuviere percibiendo frutos ni mucho menos que los hubiere seguido percibiendo tras la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Todo eso llev\u00f3 al tribunal a concluir de manera equivocada que, al momento de la contestaci\u00f3n de la demanda por el curador ad-litem -20 de enero de 1998-, el demandado ten\u00eda arrendado los inmuebles y que estaba percibiendo los frutos civiles, yerro que a su vez lo condujo a concluir tambi\u00e9n equivocadamente que los continu\u00f3 percibiendo desde esa \u00e9poca hasta el 31 de marzo de 2003. <\/p>\n
Evidentemente, el art\u00edculo 964 del c\u00f3digo civil s\u00f3lo establece la obligaci\u00f3n de restituci\u00f3n de los frutos percibidos despu\u00e9s de la contestaci\u00f3n de la demanda, luego, el tribunal no pod\u00eda dar por existente la percepci\u00f3n de los frutos \u00abcuando no estaba probado dicho supuesto de hecho\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Alega, pues, la censura, que para reconocer frutos, era de primer orden contar con prueba de su percepci\u00f3n por parte del demandado, exigencia probativa que no suple la experticia, pues sus carencias en ese sentido imped\u00edan tomarla como fuente de convicci\u00f3n en ese preciso aspecto decisorio. <\/p>\n
El cargo, trazado en esos t\u00e9rminos, es decir, sobre la base de que hab\u00eda que demostrarse que efectivamente el demandado percibi\u00f3 frutos para poder reconocerlos, es vano, pues en \u00faltimas las emprende contra una apreciaci\u00f3n que el tribunal no expuso en el fallo, lo que a la postre deja ese ataque en el vac\u00edo. <\/p>\n
En realidad, bien mirada la forma en que el tribunal desat\u00f3 lo tocante con los frutos, es notorio c\u00f3mo a pesar de que habl\u00f3 prolijamente de la situaci\u00f3n del poseedor de buena fe de cara a esta clase de restituciones, cosa que busc\u00f3 aquilatar transcribiendo doctrina de esta Corporaci\u00f3n, a la hora de tasarlos adopt\u00f3 como \u00fanico criterio las conclusiones de la experticia, cual lo hab\u00eda hecho el a-quo, cuyo punto de vista acogi\u00f3 por contar con debido soporte. <\/p>\n
La prueba pericial, empero, antes que referirse a frutos percibidos efectivamente por el demandado, ven\u00eda enderezada a cuantificar los que hubiese podido \u00e9ste percibir con mediana inteligencia. En efecto, no es sino escrutar la manera en que los peritos explanaron su concepto, que a no dudarlo constituy\u00f3 el \u00fanico pilar probativo de la condena, para ver c\u00f3mo los frutos civiles tasados no fueron los percibidos, sino que, por el contrario, los que los terrenos objeto de las promisiones pudieron percibir durante los per\u00edodos indagados. A ello obedece la forma escueta con que trae a colaci\u00f3n las encuestas y el contrato cuya suposici\u00f3n recrimina el cargo; mas la raz\u00f3n de tan elaborado argumento de los expertos tuvo en mira, como viene anot\u00e1ndose, la determinaci\u00f3n de los frutos que pudo haber generado el bien. <\/p>\n
En este sentido, es claro que el tribunal, reit\u00e9rase, acab\u00f3 reconociendo as\u00ed y de manera impl\u00edcita, que los frutos a cuantificar, obviamente, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 el art\u00edculo 964 citado, no ser\u00edan otros distintos a los que pudo haber percibido la parte demandante a cuenta de cada fanegada de tierra con mediana inteligencia durante el per\u00edodo en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n, en esos t\u00e9rminos, resulta frustr\u00e1nea. <\/p>\n
Cuarto cargo <\/p>\n
Se\u00f1ala como vulnerada directamente, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, la misma norma aludida en el cargo anterior, en cuanto que trat\u00e1ndose de poseedor de buena fe, la restituci\u00f3n de frutos procede s\u00f3lo respecto \u00abde los que se perciban a partir de la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Al\u00e9gase que el sentenciador interpret\u00f3 en forma equivocada la norma, toda vez que al incluir como \u00abfrutos percibidos\u00bb el canon inicial de arrendamiento y tambi\u00e9n el reajuste basado en el \u00edndice de precios al consumidor, acab\u00f3 involucrando a ese valor inicial al momento de la percepci\u00f3n, el reajuste por inflaci\u00f3n, cosa que no era posible. <\/p>\n
En \u00faltimas, tribunal y a-quo, al fijar los frutos a cargo del demandado, partieron del concepto err\u00f3neo de que deben ser indexados; porque si los frutos \u00abson \u2018los percibidos\u2019, de existir ellos deben restituirse en la forma como fueron \u2018recibidos\u2019, y de no existir \u2018se deber\u00e1 el valor que ten\u00edan o debieran tenido (sic) de la percepci\u00f3n\u00bb, lo cual excluye el reajuste posterior, inclusive, seg\u00fan lo ha puesto de presente la jurisprudencia, a cuenta de la correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
La queja que en el cargo analizado expone la censura, despega de un supuesto que, como sucede con la acusaci\u00f3n anterior, no aparece en la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n extraordinaria, raz\u00f3n que basta para su naufragio. <\/p>\n
S\u00e1bese que, efectivamente, el tribunal adopt\u00f3 el criterio del juzgado en lo que hace a la tasaci\u00f3n de los frutos a restituir por el demandado; as\u00ed lo relativo a su monto como lo concerniente a la metodolog\u00eda para determinar sus incrementos anuales. Y fue por ello que tom\u00f3 el canon que hab\u00edase calculado para 1998 a raz\u00f3n de $58.333,oo por fanegada, lo multiplic\u00f3 por el n\u00famero total de fanegadas de los predios, y a dicho resultado le aplic\u00f3 el porcentaje del incremento en el \u00edndice de precios al consumidor para determinar cu\u00e1nto hab\u00eda de aumentar el canon de arrendamiento para el per\u00edodo subsiguiente, es decir, el a\u00f1o 1999. <\/p>\n
A su turno, para determinar el incremento de los a\u00f1os subsiguientes, hasta el 2003, tom\u00f3 ese primer resultado, que arroj\u00f3 la cifra de $68.355,oo por fanegada, y aplic\u00f3 el \u00edndice certificado para 1999, operaci\u00f3n que repiti\u00f3 para cada uno de los per\u00edodos siguientes, extrayendo un \u00faltimo valor de $94.548,oo como precio del arrendamiento por fanegada. <\/p>\n
Mas, sostener, como hace la acusaci\u00f3n, que la aplicaci\u00f3n de esta metodolog\u00eda implica alg\u00fan tipo de reajuste de las sumas obtenidas por concepto de frutos, carece de todo fundamento; es patente que dichas operaciones jam\u00e1s pudieron tener un prop\u00f3sito semejante, pues su objetivo no fue otro que el de fijar la renta por cada per\u00edodo anual transcurrido desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda hasta la fecha del fallo, cosa que dista sustancialmente de lo que en esencia constituye el reajuste de una cifra. <\/p>\n
De no ser as\u00ed, cabe entonces preguntarse \u00bfporqu\u00e9 no aplic\u00f3 los \u00edndices en comento a todos los valores que extrajo en forma parcial al calcular los dichos aumentos? Indudablemente, h\u00e1llase la raz\u00f3n, como con claridad meridiana emerge de este an\u00e1lisis, en que nunca estuvo en el pensamiento del juzgador actualizar las cifras con los raseros de que habla la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En fin, el cargo no florece. <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de procedencia y fecha preanotadas. <\/p>\n
Costas del recurso de casaci\u00f3n, a cargo del recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-112-2005 [1100131030161995-14426-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1 D. C., dos (2) de junio de dos mil cinco (2005). Ref.: expediente 110013103016-1995-14426-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado contra la sentencia de 30 de abril […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82961","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82961","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82961"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82961\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82961"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82961"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82961"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}