SC-115-2005 [00040-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No.00040-01 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 29 de julio de 2002, proferida por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n dentro del proceso ordinario promovido por \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas contra la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Pretende el demandante que, previa declaraci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual originada en el cobro no debido de unas obligaciones y las medidas cautelares sobre la piscicultura El Molino, la demandada sea condenada a resarcirle los siguientes perjuicios: $220.000.000 por el embargo y secuestro de la citada industria; la suma que tasen los peritos por pago de lo no debido por el cobro excesivo de intereses moratorios; los perjuicios materiales (da\u00f1o emergente y lucro cesante); 2.000 gramos oro por los perjuicios morales; y los intereses de las anteriores sumas desde que se hicieron exigibles hasta la fecha del pago. <\/p>\n
2. La causa para pedir afirmada por el demandante admite el siguiente compendio: <\/p>\n
a) Que la demandada promovi\u00f3 en su contra y de otros demanda ejecutiva con t\u00edtulo hipotecario para el cobro de obligaciones respaldadas en pagar\u00e9 que no suscribi\u00f3, vincul\u00e1ndolo solamente por el hecho de ser propietario del inmueble objeto de gravamen. <\/p>\n
b) Que contra el mandamiento de pago librado en su contra formul\u00f3 las excepciones previas de indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones y falta de competencia, las cuales inexplicablemente el juzgado nunca resolvi\u00f3. <\/p>\n
c) Que la ejecutante present\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo un pagar\u00e9 por la suma de $5.945.200 firmado por los respectivos deudores, y las escrituras p\u00fablicas contentivas de los grav\u00e1menes. <\/p>\n
d) Que adquiri\u00f3 el dominio del predio dado en garant\u00eda mediante escritura p\u00fablica No. 127 de 24 de enero de 1991 de la Notar\u00eda Veinte de Popay\u00e1n, motivo por el cual ten\u00eda que responder por las obligaciones cobradas pero s\u00f3lo hasta la suma de un mill\u00f3n de pesos que fue el l\u00edmite establecido expresamente en la hipoteca otorgada por su tradente, suma de dinero que solucion\u00f3 mediante consignaci\u00f3n a \u00f3rdenes del juzgado de conocimiento tan pronto como fue notificado del mandamiento de pago. <\/p>\n
e) Que en consecuencia mediante escrito de 5 de septiembre de 1991 solicit\u00f3 a la ejecutante que procediera a levantar la medida cautelar que pesaba sobre el inmueble de su propiedad y la empresa de piscicultura que all\u00ed ven\u00eda funcionando, puesto que estaba padeciendo perjuicios mensuales de $2.500.000 por la paralizaci\u00f3n de la producci\u00f3n de trucha; a lo que se le dio respuesta negativa dici\u00e9ndosele que \u201cla hipoteca es indivisible\u201d y \u201clas obligaciones que han dado origen al cobro judicial son de car\u00e1cter solidario, soportadas por un solo pagar\u00e9, que mal podr\u00edamos entrar a fraccionar\u201d. <\/p>\n
f) Que como se le complicaba la situaci\u00f3n financiera el 24 de enero de 1992 dirigi\u00f3 nueva carta a la demandada, la que obtuvo \u201crespuesta favorable\u201d puesto que la gerencia le dijo a la oficina jur\u00eddica que deb\u00eda atender la petici\u00f3n de levantamiento de las medidas cautelares porque \u201cexisten excepciones propuestas por el demandado, las que no se pueden desestimar, por cuanto se hallan bien fundamentadas\u201d; empero no obtuvo respuesta concreta, por lo que insisti\u00f3 en ello mediante comunicaci\u00f3n de 10 de febrero de 1992. <\/p>\n
g) Que la gerencia departamental, atendiendo a la oficina jur\u00eddica, le dirigi\u00f3 oficio el 18 de marzo de 1992 comunic\u00e1ndole decisi\u00f3n favorable al levantamiento de la medida cautelar pero bajo el cumplimiento de las siguientes condiciones \u201c1. Cancelaci\u00f3n de intereses desde la fecha de la compra del predio, 2. pago de los honorarios del abogado, 3. Renuncia expresa a las excepciones y perjuicios materiales interpuestos para con la Caja Agraria\u201d. <\/p>\n
h) Que por consiguiente el 29 de abril de esa misma anualidad hizo entrega a la ejecutante de cheque en blanco de su cuenta personal del Banco del Estado, pero sin renunciar al cobro de la indemnizaci\u00f3n por da\u00f1os y perjuicios\u201d, lo que no fue aceptado por la demandada quien se lo devolvi\u00f3. <\/p>\n
i) Que el auto por el cual el juzgado acept\u00f3 una supuesta transacci\u00f3n en la que renunciaba a las excepciones y a los perjuicios fue revocado por el superior luego de demostrarse que la demandante hab\u00eda hecho uso fraudulento de un documento, raz\u00f3n por la cual formul\u00f3 la correspondiente denuncia penal. <\/p>\n
j) Que para recapitalizar su empresa pisc\u00edcola tuvo que vender parte del predio El Molino y a constituir una sociedad limitada con los compradores, mas por la vigencia de la medida cautelar no pudo otorgar la correspondiente escritura p\u00fablica perdiendo sus aportes y la empresa de trucha arco iris; adem\u00e1s, tuvo que venderlo en $20.000.000 para amortizar distintas deudas. <\/p>\n
k) Que jam\u00e1s renunci\u00f3 a los perjuicios pese a las presiones de la ejecutante para acceder al arreglo que facilitara el desembargo definitivo del inmueble que finalmente se hizo, como se evidencia en la declaraci\u00f3n extraprocesal que rindi\u00f3 personalmente en la Notar\u00eda Segunda de Popay\u00e1n, seg\u00fan acta 1451 donde expresamente declar\u00f3 que \u201cel arreglo anotado no constituye una libre manifestaci\u00f3n de voluntad por estar viciado mi consentimiento por fuerza mayor insalvable, ya que necesito el desembargo de mi propiedad para evitar mayores perjuicios morales y materiales que los ya causados evitando la quiebra definitiva\u201d. <\/p>\n
l) Que aunque ya fue desvinculado de la ejecuci\u00f3n, su nombre sigue apareciendo en los tr\u00e1mites y remates del proceso ejecutivo que se sigue contra los deudores, lo cual le sigue generando consecuencias negativas y perjuicios graves que le han impedido acudir a distintas l\u00edneas de cr\u00e9dito, am\u00e9n de que tambi\u00e9n est\u00e1 reportado a la central de datos del sector financiero. <\/p>\n
3. La demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones indemnizatorias manifestando que el cobro en contra del demandado estaba respaldado en el hecho de ser el propietario del inmueble hipotecado y no haberse descargado el pagar\u00e9 por los deudores; que la discusi\u00f3n de ahora debi\u00f3 presentarla dentro del proceso ejecutivo hipotecario; y que en caso de haberse causado alg\u00fan perjuicio con la medida cautelar, es al secuestre a quien tiene que demandar para que le responda. <\/p>\n
4. Cumplido el tr\u00e1mite del proceso, el juzgado profiri\u00f3 sentencia en la que conden\u00f3 a la demandada a pagarle al demandante la suma $912.237.155.51 por concepto de da\u00f1o emergente y lucro cesante y 900 gramos oro por perjuicios morales; en lo suyo, el tribunal, ante la apelaci\u00f3n de la demandada, por decisi\u00f3n mayoritaria lo revoc\u00f3 \u00edntegramente. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Ellos admiten el siguiente resumen: <\/p>\n
1. La responsabilidad civil objeto de litigio exige la demostraci\u00f3n de la culpa grave materializada con la temeridad o mala fe de que tratan los art\u00edculos 72 y 73 del C. de P. Civil, generada por el abuso del derecho en la solicitud de medidas cautelares. <\/p>\n
2. La demanda ejecutiva se instaur\u00f3 contra el demandante de ahora por ser propietario del inmueble gravado con hipoteca constituida mediante la escritura 2896 de 24 de septiembre de 1986, en cuya cl\u00e1usula 4\u00aa se afirma que el due\u00f1o garantiza en favor de la Caja las obligaciones pasadas, presentes o futuras siempre que el monto total de las mismas no excediere la cantidad de $1.000.000 por concepto de capital, m\u00e1s el pago de intereses durante el plazo y la mora, si la hubiere, y las costas judiciales. <\/p>\n
3. Dicha cl\u00e1usula admite una interpretaci\u00f3n equ\u00edvoca, pues permite entender tambi\u00e9n que la garant\u00eda se extiende no a $1.000.000 de capital sino tambi\u00e9n a todas las obligaciones suscritas con posterioridad al otorgamiento de la hipoteca, una de las cuales consta en el pagar\u00e9 que sirvi\u00f3 de puntal al mandamiento de pago proferido en contra de Urbano Rojas. <\/p>\n
4. La falta de decisi\u00f3n sobre las excepciones previas propuestas en el ejecutivo es un asunto que qued\u00f3 definido al aceptarse el desistimiento, \u201ccomo expresi\u00f3n inequ\u00edvoca de la transacci\u00f3n realizada por los aqu\u00ed contendientes, con lo que se le puso punto final al gravamen hipotecario existente sobre el inmueble \u2018El Molino\u2019 \u201d. <\/p>\n
5. Sobre los perjuicios reclamados existi\u00f3 un pronunciamiento dentro del ejecutivo hipotecario, cuando mediante auto de 20 de agosto de 1992 se acept\u00f3 la transacci\u00f3n entre la Caja Agraria y \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas, el cual qued\u00f3 ejecutoriado; por consiguiente, no se pueden invocar ahora en otro estadio procesal, pues de acuerdo con lo expresado entonces por el juzgado y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art\u00edculo 340 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el litigio fue objeto de transacci\u00f3n aprobada. <\/p>\n
6. Tampoco puede extenderse al ejecutante y peticionario de medidas cautelares previas la responsabilidad que le corresponda al funcionario judicial y a los auxiliares de la justicia \u201cpor la imperfecta ejecuci\u00f3n y administraci\u00f3n de los embargos\u201d, salvo, claro est\u00e1, cuando ellos hayan sido inducidos a error por la conducta del demandante, lo que aqu\u00ed no aconteci\u00f3, tanto menos si el obrar del ejecutante fue de la mano con la lectura racional de una cl\u00e1usula ambigua que le permiti\u00f3 perseguir ese inmueble; as\u00ed, la \u201cmala administraci\u00f3n o el desarrollo de los embargos no son fruto de su actuar\u201d, por lo que se rompe la relaci\u00f3n de causalidad entre el hecho y el da\u00f1o. <\/p>\n
1. Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n y por la v\u00eda indirecta, eleva el impugnante un solo cargo contra la sentencia del tribunal para denunciar el quebranto, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 63, 1494, 1613, 1614, 2432, 2433, 2440, 2341, 2344, 2347, 2449, 2452, 2455, 2356, 2457 y 2492 del C\u00f3digo Civil; el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 153 de 1887; los art\u00edculos 822 y 830 del C\u00f3digo de Comercio y los art\u00edculos 72, 74, 314, 514 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores de hecho evidentes y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de varias pruebas. <\/p>\n
2. En la fundamentaci\u00f3n del cargo se aduce, en resumen, lo siguiente: <\/p>\n
a) Las pruebas err\u00f3neamente apreciadas por el tribunal son las siguientes: la demanda ejecutiva, la escritura p\u00fablica de hipoteca, el certificado de tradici\u00f3n del inmueble; las comunicaciones producidas entre los a\u00f1os de 1991 y 1992 de la vicepresidencia de la Caja que conceptu\u00f3 sobre el monto real de la obligaci\u00f3n; la del demandante donde solicit\u00f3 la soluci\u00f3n de su problema, la respuesta negativa inicial y aquella en que formaliz\u00f3 propuesta de pago; la del nuevo apoderado de la Caja a la asesor\u00eda jur\u00eddica de dicha entidad; la de solicitud de certificaci\u00f3n a la Caja sobre las gestiones realizadas para solucionar el problema del embargo, y su respuesta; la de la Caja en que condiciona el desembargo a la renuncia a los perjuicios materiales y morales; la de la asesor\u00eda jur\u00eddica en la que manifiesta que la garant\u00eda hipotecaria es por $1.000.000; la declaraci\u00f3n notarial de 26 de junio donde el recurrente fija su posici\u00f3n sobre la no renuncia a la reclamaci\u00f3n de los perjuicios derivados de la acci\u00f3n ejecutiva; la de Benjam\u00edn Irragorri Hormaza donde reconoce que la hipoteca es por $1.000.000 pero garantiza todo el pagar\u00e9 de $5.945.2000, seg\u00fan instrucciones recibidas de la Caja; el mandamiento de pago librado de manera solidaria contra todos los ejecutados; la diligencia de secuestro del predio; los memoriales presentados por los apoderados de las partes, y los autos correspondientes dictados por el juez del ejecutivo; las escrituras p\u00fablicas No. 90 de 25 de enero de 1978 y N\u00b0. 1403 de 14 de mayo de 1986 otorgadas en notar\u00edas de Popay\u00e1n; la comunicaci\u00f3n relativa a la devoluci\u00f3n por la Caja del cheque en blanco girado por el recurrente; los certificados de la C\u00e1mara de Comercio referentes a la Industrializadora Pisc\u00edcola El Molino y recortes de prensa; las constancias de pagos hechos por Urbano Rojas a la Caja; la escritura N\u00b0. 127 de 24 de enero de 1991 de la Notar\u00eda Primera de Popay\u00e1n y los testimonios de Fernando y Mary Lara, quienes declaran sobre la existencia de la Piscicultura El Molino. <\/p>\n
b) Se equivoc\u00f3 el tribunal en la interpretaci\u00f3n de la cl\u00e1usula cuarta de la hipoteca, pues no obstante haber reconocido que la garant\u00eda hipotecaria ten\u00eda un l\u00edmite de $1.000.000, afirm\u00f3 que tal restricci\u00f3n no comprend\u00eda las deudas futuras; porque si bien con en ella se garantizaba el pago de \u201ccualesquiera obligaciones\u201d, lo era siempre que no excedieren la suma indicada por raz\u00f3n de capital, o sea, se pact\u00f3 una \u201chipoteca abierta cerrada\u201d; y siendo esa la \u00fanica interpretaci\u00f3n admisible de la cl\u00e1usula, el acreedor debi\u00f3 someterse en la demanda ejecutiva a ese l\u00edmite, el cual obra igualmente en el certificado del registrador que no observ\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
c) A la indicada cl\u00e1usula se le puede achacar una redacci\u00f3n gramatical deficiente en cuanto al empleo de las comas y los puntos pero no puede d\u00e1rsele una interpretaci\u00f3n diferente. Por ende, fue abusivo y temerario el proceder de la ejecutante al sobrepasarla en sus pretensiones en contra del demandante respecto de una obligaci\u00f3n de la que no era deudor, cuanto m\u00e1s si no tuvo en cuenta el tribunal que como la demandada, dada su naturaleza jur\u00eddica, estaba especializada en el cr\u00e9dito bancario y fue la redactora del contrato de hipoteca, deb\u00eda tener muy claro el alcance de esa estipulaci\u00f3n al momento de demandar, como luego efectivamente lo reconoci\u00f3 por conducto de su vicepresidente y del gerente regional, seg\u00fan obra en documentos que fueron completamente ignorados. <\/p>\n
d) Es a\u00fan m\u00e1s relevante la contraevidencia de la interpretaci\u00f3n contractual cuando se aprecia que el tribunal calific\u00f3 a la Caja como exenta de culpa sin observar igualmente que \u00e9sta supedit\u00f3 cualquier arreglo de pago a la renuncia de los perjuicios (C. 1, folio 57), ni el documento en que falsamente se agreg\u00f3 la renuncia de perjuicios en el <\/p>\n
memorial de desistimiento de 24 de junio (C. 2, ejecutivo, folio 27). <\/p>\n
e) S\u00famase a lo anterior que no se observ\u00f3 que el proceder de Urbano Rojas desde el momento de la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago fue de cumplir; en ese sentido se dej\u00f3 de apreciar que en la demanda ejecutiva se indic\u00f3 que la hipoteca garantizaba la totalidad de la deuda y se embarg\u00f3 el inmueble El Molino junto con la industria de piscicultura, igualmente que el deudor hipotecario consign\u00f3 $1.000.000 y luego entreg\u00f3 un cheque en blanco para pagar lo realmente adeudado sin que se hubiera levantado la medida cautelar. <\/p>\n
f) Haciendo abstracci\u00f3n de que la transacci\u00f3n considerada por el sentenciador, fuera tal, para dar por finiquitado el derecho a perjuicios de Urbano Rojas, es lo cierto que en el documento respectivo, que m\u00e1s se refiri\u00f3 a un desistimiento por pago, aqu\u00e9l no renunci\u00f3 a ese derecho, ni el juez del ejecutivo se pronunci\u00f3 a ese respecto en el auto correspondiente; pas\u00f3 que las conversaciones entre las partes condujeron a la citada transacci\u00f3n que se alter\u00f3 con la agregaci\u00f3n de una presunta renuncia a la reclamaci\u00f3n de perjuicios por el deudor; ni tampoco se tuvo en cuenta el segundo escrito donde no hay referencia a la indicada renuncia y nada se dijo sobre tales perjuicios, por consiguiente, anteriormente nada hab\u00eda quedado definido judicialmente. Por eso, obra en el proceso la declaraci\u00f3n que ante Notario hizo \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas, en la cual manifest\u00f3 expresamente que en ning\u00fan momento renunci\u00f3 a reclamar los perjuicios. <\/p>\n
g) No se puede aceptar la aseveraci\u00f3n del tribunal en el sentido de que la cl\u00e1usula cuarta es ambigua, m\u00e1xime cuando expresamente el apoderado de la demandante manifiesta que procedi\u00f3 a ejecutar en la forma en que lo hizo atendiendo las instrucciones recibidas de su poderdante, porque, de ser ello as\u00ed, que no lo es, ten\u00eda que interpretarse ella en favor del deudor y no de la Caja como se realiz\u00f3; la facultad de interpretaci\u00f3n de los contratos \u201cno puede llegar al extremo de irse contra su propio tenor y alcance, sin dejar de incurrir en evidente error de hecho\u201d. <\/p>\n
h) Es inadmisible el argumento dado por el tribunal para eximir a la Caja de haber incurrido en comportamiento culposo al promover la ejecuci\u00f3n en la forma en que lo hizo, relativo a si alguna responsabilidad hay debe radicarse en los funcionarios y auxiliares de la justicia, aseveraci\u00f3n que no tiene en cuenta la grave imprudencia en la que incurri\u00f3 la ejecutante al cobrar una suma superior a la debida y en mantener fuera del comercio los bienes del deudor, a pesar de que la limitaci\u00f3n de la garant\u00eda por una suma que fue pagada junto con los intereses y las costas. <\/p>\n
i) En punto del rompimiento del nexo causal a que alude el sentenciador, se equivoc\u00f3 \u00e9ste puesto que las pruebas mencionadas apuntan a dar por establecido que el hecho da\u00f1ino fue el resultado del descrito ejercicio abusivo del derecho por parte del acreedor, que determin\u00f3 las prolongadas consecuencias econ\u00f3micas nocivas respecto de la actividad que desplegaba el deudor hipotecario. <\/p>\n
j) El tribunal tampoco sopes\u00f3 que el demandante, adem\u00e1s de la demora del desembargo de sus bienes y de haber dejado de ser uno de los demandados, continu\u00f3 apareciendo y figurando como si todav\u00eda fuera uno de ellos en todos los tr\u00e1mites y publicaciones posteriores, \u201cen detrimento o perjuicio de su imagen y de su condici\u00f3n de comerciante\u201d. <\/p>\n
3. En conclusi\u00f3n, de no haberse dado los yerros denunciados, la sentencia habr\u00eda tenido que declarar la responsabilidad civil extracontractual de la Caja Agraria \u201cpor abuso del derecho como acreedor hipotecario y ejecutante\u201d, en relaci\u00f3n con el proceso ejecutivo tantas veces mencionado. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La raz\u00f3n primigenia y esencial por la que el tribunal deneg\u00f3 las pretensiones del demandante consisti\u00f3 en haber considerado ambigua y equ\u00edvoca la cl\u00e1usula cuarta de la escritura p\u00fablica N\u00b0 2896 de 24 de septiembre de 1986, por medio de la cual Duvar Arneiro Valencia Mu\u00f1oz, a la saz\u00f3n propietario del inmueble El Molino, constituy\u00f3 hipoteca sobre \u00e9ste en favor de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, pues a pesar de limitarse en ella la garant\u00eda para el pago de obligaciones de $1.000.000, por concepto de capital, admite el entendimiento de que la garant\u00eda se extiende m\u00e1s all\u00e1 de esa cifra respecto de las obligaciones futuras que llegase a contraer el constituyente del gravamen, una de las cuales precisamente consta en el pagar\u00e9 con el que se demand\u00f3 ejecutivamente al demandante de ahora en su condici\u00f3n de nuevo due\u00f1o de la cosa hipotecada, en forma solidaria con los restantes suscriptores del pagar\u00e9 que fue presentado como t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el sentenciador que la falta de resoluci\u00f3n de las excepciones propuestas por el ahora recurrente en casaci\u00f3n dentro de la ejecuci\u00f3n propuesta se explica porque las partes llegaron a una transacci\u00f3n; que sobre \u00e9sta el demandante no formul\u00f3 ning\u00fan reparo, habiendo quedado definido desde all\u00e1 el litigio de ahora el cual no puede proponerse nuevamente; que tampoco se le puede deducir responsabilidad a la ejecutante originada en las deficiencias de las medidas cautelares en las que pudieron haber incurrido el funcionario judicial y los auxiliares de la justicia, salvo que se demostrara, lo que no sucedi\u00f3, que ellos fueron inducidos a yerro por aqu\u00e9lla. <\/p>\n
2. Por su parte, la censura manifiesta que s\u00ed se produjo abuso del derecho de litigar por parte de la entidad de cr\u00e9dito acreedora porque, sin ning\u00fan fundamento y excediendo lo dispuesto en la referida cl\u00e1usula, pretendi\u00f3 el cobro de un monto de dinero superior al que estaba obligado a responder con la garant\u00eda hipotecaria el se\u00f1or \u00c1lvaro de Jes\u00fas Rojas, que no pod\u00eda exceder, por concepto de capital, la suma de $1.000.000, m\u00e1s intereses y a costas, siendo esta la \u00fanica interpretaci\u00f3n posible que cabe darle a esa disposici\u00f3n contractual. <\/p>\n
Igualmente expone que, si bien es cierto entre las partes involucradas en la contienda se convino una transacci\u00f3n consistente en el pago de $1.000.000 de pesos de capital, m\u00e1s los intereses y gastos judiciales, el tema relativo a la renuncia al cobro de los perjuicios que se le causaron no fue objeto de tal acto y antes bien qued\u00f3 excluido por expresa voluntad del deudor hipotecario, quien por consiguiente qued\u00f3 habilitado para hacer en este proceso el reclamo correspondiente; y que no puede trasladarse la responsabilidad civil deprecada al juez del ejecutivo o al secuestre que all\u00e1 actu\u00f3 porque el antecedente que dio pie a los perjuicios por cuya indemnizaci\u00f3n se aboga deriva en primer lugar del ejercicio del derecho en forma abusiva por parte de la acreedora hipotecaria que de modo excesivo reclam\u00f3 del demandante el pago que supera el l\u00edmite pactado en el contrato de hipoteca y dilat\u00f3 sin ninguna raz\u00f3n el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
3. Para el despacho del cargo importa resaltar los siguientes hechos que se encuentran probados: <\/p>\n
a) El contrato de hipoteca, contentivo de la pol\u00e9mica cl\u00e1usula cuarta. <\/p>\n
b) Que en 1991 el demandante compr\u00f3 el inmueble El Molino, objeto de la hipoteca, en la suma de $2.000.000, cuya mitad la pag\u00f3 en efectivo y el saldo subrog\u00e1ndose por $1.000.000 en el cr\u00e9dito hipotecario a favor de la Caja Agraria que consta en la citada escritura p\u00fablica 2896 de 24 de septiembre de 1986. <\/p>\n
c) Que la acreedora hipotecaria present\u00f3 demanda ejecutiva por $5.945.200 contra los suscriptores del pagar\u00e9 y Urbano Rojas, como obligados solidarios, encaminada a hacer efectiva varias garant\u00edas hipotecarias, entre ellas la de que aqu\u00ed se trata, la que dio lugar a que el 2 de agosto de 1991 se librara el correspondiente mandamiento de pago y a que se decretaran los embargos de los bienes hipotecados que fueron debidamente inscritos el d\u00eda 4 de septiembre siguiente; el 8 de abril de 1992 y sin ninguna oposici\u00f3n, se llev\u00f3 a cabo el secuestro del predio El Molino, en el que se encontraban las instalaciones destinadas a la empresa de explotaci\u00f3n de la cr\u00eda de trucha. <\/p>\n
d) Que \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas, una vez notificado del mandamiento de pago, formul\u00f3 las excepciones de \u201cindebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u201d, sustentada en que \u00fanicamente pod\u00eda ser demandado por la suma de $1.000.000 que garantizaba con la hipoteca y no por todo el capital e intereses; de \u201cfalta de competencia\u201d respaldada en que por ser esa su \u00fanica obligaci\u00f3n la competencia por cuant\u00eda reca\u00eda en el juez civil municipal; y de \u201cpago de la obligaci\u00f3n principal\u201d consistente en haber tratado desde 1990 que se le autorizara la subrogaci\u00f3n parcial de la deuda, y por haber consignado, junto con el libelo exceptivo, en la cuenta de dep\u00f3sitos judiciales del juzgado y \u00f3rdenes del proceso ejecutivo, la suma de $1.000.000, \u00fanica cantidad a la que se oblig\u00f3 su tradente al constituir la hipoteca. <\/p>\n
e) Que en tal virtud Urbano Rojas le dirigi\u00f3 comunicaci\u00f3n a la Gerencia de la Caja Agraria para solicitarle el levantamiento de la hipoteca y de las medidas cautelares, la que fue recibida por la destinataria el 5 de septiembre de 1991 (C. 2, folios 41 a 46), quien la respondi\u00f3 negativamente aduciendo la indivisibilidad de la hipoteca y la solidaridad que afecta las obligaciones cobradas que impiden su fraccionamiento. <\/p>\n
f) Que el 24 de enero de 1992, \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas le present\u00f3 f\u00f3rmula de arreglo al apoderado judicial de la Caja Agraria consistente en que pagar\u00eda, previo levantamiento de las medidas cautelares, $1.000.000, intereses y honorarios, la que dicho apoderado aconsej\u00f3 que se aceptara; y ante la falta de respuesta el demandante ejerci\u00f3 el derecho de petici\u00f3n que le fue resuelto diciendo que su solicitud estaba sometida a estudio (C. 2, folio 47). <\/p>\n
g) Que ante esa circunstancia, la asesora jur\u00eddica departamental de la Caja Agraria, el 16 de marzo de 1992, mediante comunicaci\u00f3n interna advirti\u00f3 sobre \u201cun posible fallo condenatorio para la entidad en pago de costas\u201d y estim\u00f3 \u201cprudente que previa cancelaci\u00f3n de intereses a la fecha, gastos judiciales sobre el valor estipulado en la mencionada escritura y renuncia expresa del Dr. \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano a las excepciones y perjuicios materiales y morales\u201d, se autorice el levantamiento del embargo sobre el predio El Molino. <\/p>\n
h) Que la Caja atendiendo las solicitudes del demandante, el 18 de marzo de 1982 le comunic\u00f3 a \u00e9ste que la oficina jur\u00eddica hab\u00eda conceptuado favorablemente sobre el levantamiento de tal medida cautelar, bajo las siguientes condiciones: (…) \u201c1. Cancelaci\u00f3n de los intereses causados desde la fecha de compra del citado predio hasta el d\u00eda en que se abonen a las obligaciones a cargo de Jos\u00e9 Rafael Valencia y otros, la suma de $1.000.000 depositados por usted a orden del Juzgado donde cursa el proceso ejecutivo (\u2026) 2. Pago de los honorarios de abogado sobre el valor del abono a capital y los intereses de dicha suma. (\u2026) 3. Renuncia expresa a las excepciones y perjuicios materiales y morales interpuesta para con la Caja Agraria\u201d. <\/p>\n
i) Que en consecuencia los apoderados de las partes presentaron conjuntamente memorial de transacci\u00f3n el 24 de junio de 1992, consistente en que la entidad acepta el pago de la hipoteca con la suma de $1.000.000 que \u00e9ste consign\u00f3 a \u00f3rdenes del juzgado; que Urbano Rojas desiste de las excepciones propuestas; que el deudor arregla directamente con la ejecutante \u201clo relativo a intereses\u201d; que se levante la medida cautelar sobre el predio El Molino; que el dinero depositado sea entregado a aquella ; que no haya condena en costas; que \u201cse renuncia a los perjuicios causados, contra la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, que pudieren resultar\u201d (subrayado fuera de texto); que se continuara con la ejecuci\u00f3n y las medidas cautelares respecto de los restantes ejecutados y sus bienes. <\/p>\n
j) Que por haberse incorporado tal renuncia sin haber sido pactada y por corresponder a un agregado irregular al documento de transacci\u00f3n, Urbano Rojas impugn\u00f3 el auto aprobatorio de \u00e9sta. <\/p>\n
k) Que lo anterior dio lugar a que las partes presentaran un nuevo escrito el 3 de agosto de 1992 en el que solicitaron dejar sin efecto el anterior adiado el 24 de junio de ese a\u00f1o, reiteraron los t\u00e9rminos de la transacci\u00f3n y guardaron silencio en lo que respecta a la eventual renuncia al cobro de perjuicios, la cual fue aceptada por el juez mediante auto de 20 de agosto de 1992 en los t\u00e9rminos solicitados en el segundo memorial, a ra\u00edz de lo cual se dispuso el levantamiento de las medidas cautelares que pesaban sobre el inmueble El Molino. <\/p>\n
l) Que a folios 53 y 54 del cuaderno 2, aparecen el cheque en blanco anulado girado a favor de la entidad ejecutante y la solicitud de fecha 29 de abril de 1992 que le hizo Urbano Rojas a la Gerencia de la Caja Agraria para que lo devolviera, en atenci\u00f3n a que no hab\u00eda sido posible llegar a un acuerdo. <\/p>\n
del deudor\u201d e imputable a un \u201cposible arreglo de cartera\u201d. (folio 59). <\/p>\n
n) Que las inscripciones relativas a las cancelaciones del embargo y de la hipoteca se hicieron el 12 de noviembre de 1992, seg\u00fan anotaciones 8 y 9 que aparecen en el folio inmobiliario 120-48648 de la <\/p>\n
Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Popay\u00e1n. <\/p>\n
4. A partir de la precedente rese\u00f1a probatoria, observa la Corte que el quid del asunto estriba en esclarecer, seg\u00fan el pronunciamiento del tribunal y el cargo propuesto, si respecto de la cl\u00e1usula cuarta de la escritura p\u00fablica 2896 de 24 de septiembre de 1986, contentiva de la hipoteca tantas veces referida, \u00fanicamente cabe la interpretaci\u00f3n que le asigna el recurrente en el sentido de que la garant\u00eda hipotecaria s\u00f3lo comprend\u00eda obligaciones hasta por la suma de $1.000.000, por concepto de capital, m\u00e1s los intereses y costos correspondientes, que a su vez excluye la que le otorg\u00f3 el sentenciador tras de considerarla ambigua consistente en que la hipoteca amparaba obligaciones que pod\u00eda superar ese monto como la que fue objeto de cobro ejecutivo por valor de $5.945.200. <\/p>\n
5. Dicha cl\u00e1usula reza textualmente: <\/p>\n
\u201cque esta hipoteca garantiza a LA CAJA cualesquiera obligaciones, que por cualquier causa contraiga, EL HIPOTECANTE a favor de LA CAJA, tr\u00e1tese de pr\u00e9stamos, de negociaciones de cheques o sobregiros en cuenta corriente previamente convenidos con LA CAJA, dentro del t\u00e9rmino de veinte (20) a\u00f1os, contados desde la fecha del otorgamiento de la presente escritura, como tambi\u00e9n garantiza las obligaciones que ya hubiera contra\u00eddo con anterioridad y a\u00fan las de vencimiento posterior a dicho t\u00e9rmino; y as\u00ed mismo las fianzas que EL HIPOTECANTE haya asumido o asuma en adelante para con LA CAJA, siempre que el monto total de tales obligaciones no excediera de la cantidad de UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000,oo) moneda corriente, por raz\u00f3n de capital, quedando convenido que asegurar\u00e1 el pago tambi\u00e9n de los intereses durante el plazo y durante la mora, si la hubiere y el cumplimiento de todas las obligaciones que se hagan constar en los diferentes pagar\u00e9s o documentos, como en los contratos civiles o comerciales que EL HIPOTECANTE suscriba con LA CAJA. Las costas judiciales y cualesquiera otros gastos que LA CAJA hiciere en la cobranza\u201d. <\/p>\n
6. De los t\u00e9rminos de la disposici\u00f3n contractual transcrita se deduce que fue pactada una hipoteca abierta cuanto que es general respecto de las obligaciones garantizadas pero en todo caso limitada a un monto m\u00e1ximo de \u00e9stas, lo que corresponde a la hip\u00f3tesis prevista en el art\u00edculo 2455 del C. Civil seg\u00fan el cual \u201cla hipoteca podr\u00e1 limitarse a una determinada suma, con tal que as\u00ed se exprese inequ\u00edvocamente\u201d; pronto advierte la Corte, entonces, que tal cl\u00e1usula s\u00f3lo admite la interpretaci\u00f3n que propone el censor relativa a que la hipoteca convenida comprende diferentes clases de obligaciones que haya contra\u00eddo o llegue a contraer el deudor constituyente del gravamen en un t\u00e9rmino de 20 a\u00f1os, pero \u201csiempre que el monto total de tales obligaciones no excediera de la cantidad de UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000,oo) moneda corriente, por raz\u00f3n de capital, quedando convenido que asegurar\u00e1 el pago tambi\u00e9n de los intereses durante el plazo y durante la mora, si la hubiere\u201d. (subrayas fuera de texto) <\/p>\n
Dicho tope cuantitativo de la hipoteca, seg\u00fan se capta en la lectura \u00edntegra de la cl\u00e1usula, se remite evidentemente al monto total o sumado de las obligaciones que se quisieron cubrir con la garant\u00eda real, vistas separada o conjuntamente, dado que tal limitaci\u00f3n viene inmediatamente despu\u00e9s del listado de todas aqu\u00e9llas que finaliza con la conjunci\u00f3n \u201cy\u201d para aludir en un \u00faltimo segmento: \u201casimismo a las fianzas que EL HIPOTECANTE haya asumido o asuma en adelante para con LA CAJA…\u201d, se\u00f1al\u00e1ndose, exactamente enseguida, el l\u00edmite de $1.000.000 que las comprende a todas, sin que esa determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda se desvirt\u00fae en el texto que subsigue donde simplemente los contratantes pusieron de relieve que las obligaciones objeto de la garant\u00eda pueden obrar en distintas clases de documentos y ser de \u00edndole civil o comercial. <\/p>\n
La comprensi\u00f3n de la cl\u00e1usula no habilita conclusi\u00f3n distinta de la mencionada, y de all\u00ed el error evidente en que incurri\u00f3 el tribunal de haberla considerado equ\u00edvoca, pues no se ve que las partes contratantes hayan querido aludir a obligaciones garantizadas con la hipoteca unas bajo dicho l\u00edmite y otras sin ninguna consideraci\u00f3n a \u00e9l, ni menos resulta admisible una interpretaci\u00f3n que haga nugatorio el establecimiento palmario del tope \u2013 mencionado espec\u00edficamente tambi\u00e9n, valga decirlo, en la anotaci\u00f3n de registro de la escritura p\u00fablica -, pues, si as\u00ed fuera, esa precisa disposici\u00f3n contractual no cumplir\u00eda finalmente ning\u00fan efecto, con lo cual se quebrantar\u00eda la regla de interpretaci\u00f3n contenida en el art\u00edculo 1620 del C. Civil, seg\u00fan la cual \u201cel sentido en que una cl\u00e1usula puede producir alg\u00fan efecto, deber\u00e1 preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno\u201d. <\/p>\n
7. En consecuencia, resulta igualmente evidente que el cobro que pretendi\u00f3 hacer la entidad de cr\u00e9dito ejecutante contra el nuevo propietario de la cosa hipotecada por la suma de $5.945.200 no estaba respaldado seg\u00fan los t\u00e9rminos en que fue pactada la garant\u00eda real con su predecesor, dada la limitaci\u00f3n del gravamen a una determinada cuant\u00eda que vertida inequ\u00edvocamente en el texto del contrato de hipoteca, que cumple los mismos efectos frente al adquirente posterior del inmueble; desde luego que bajo ese auspicio resultaban ostensiblemente inexcusables las razones que en principio adujo la entidad acreedora para mantener vinculado ejecutivamente al propietario del inmueble EL Molino, aqu\u00ed demandante, quien evidentemente no era deudor solidario cuanto que no suscribi\u00f3 el pagar\u00e9, y apenas si garantizaba con su bien parte de la obligaci\u00f3n a cargo de uno de los obligados cambiarios; ni bajo esas circunstancias incid\u00eda el car\u00e1cter indivisible de la hipoteca, con lo cual queda clara aun m\u00e1s la negligencia con que actu\u00f3 la demandada. <\/p>\n
8. Como fue a partir de haber encontrado el sentenciador, equivocadamente seg\u00fan se vio, adecuada la introducci\u00f3n del ejecutivo hipotecario contra Alvaro Urbano Rojas en su mera condici\u00f3n de due\u00f1o de uno de los bienes hipotecados por los originales deudores, sin la m\u00e1s m\u00ednima consideraci\u00f3n al susodicho l\u00edmite de la garant\u00eda real, devienen inevitable y ostensiblemente los yerros que tambi\u00e9n se le imputan relativos a que si alguna responsabilidad civil cab\u00eda lo era frente al juez y al secuestre sin haber tenido en cuenta que en el orden temporal se antepon\u00eda el ejercicio abusivo del derecho a demandar ejecutivamente al deudor hipotecario por una suma cinco veces mayor a la que efectivamente era de su cargo, y, sobre todo, por haber provocado la dilaci\u00f3n injustificada de la determinaci\u00f3n de abrirle paso al levantamiento de las medidas cautelares no obstante la reiterada voluntad de Urbano Rojas de pagar lo que le correspond\u00eda, concretada en t\u00e9rminos reales desde comienzo de la ejecuci\u00f3n; con la conducta inadmisible de la acreedora de reconocerle la raz\u00f3n al nuevo due\u00f1o de la cosa hipotecada pero sujetando la cesaci\u00f3n de tales medidas a que renunciara a reclamar perjuicios, todo lo cual pas\u00f3 como irrelevante para el tribunal, am\u00e9n de haber considerado \u00e9ste que el objeto de litigio de ahora hab\u00eda quedado finiquitado por efecto de la transacci\u00f3n efectuada y aprobada dentro del proceso ejecutivo hipotecario, sin parar mientes en que en dicho acto, seg\u00fan la rese\u00f1a probatoria que atr\u00e1s se hizo, finalmente no aludi\u00f3 a tal renuncia, no pudi\u00e9ndose predicar en consecuencia los efectos de la cosa juzgada. <\/p>\n
9. Tales errores de hecho son manifiestos porque brotan sin necesidad de hacer esfuerzos dial\u00e9cticos que vayan m\u00e1s all\u00e1 de verificar los t\u00e9rminos en que fue pactado limitadamente el contrato de hipoteca, el certificado de tradici\u00f3n, el pagar\u00e9, la demanda, el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, las comunicaciones cruzadas entre la entidad ejecutante y el deudor Urbano Rojas, los oficios internos emanados de la Caja Agraria, los escritos relacionados con la transacci\u00f3n y las providencias emitidas en relaci\u00f3n con la misma; y son trascendentes porque de no haber incurrido en ellos el tribunal habr\u00eda tenido que examinar el ejercicio abusivo del derecho por parte del acreedor hipotecario, del cual existen palpables demostraciones como las anotadas, en contra de lo que sostiene el replicante en casaci\u00f3n. <\/p>\n
10. Sobre el particular, la demandada argument\u00f3 que aun de demostrarse los errores manifiestos de hecho denunciados por la parte impugnante, se impondr\u00eda en todo caso su absoluci\u00f3n dado que advendr\u00edan intrascendentes, puesto que independientemente de la cuant\u00eda determinada de la hipoteca, ella estaba habilitada en todo caso para promover la ejecuci\u00f3n en caso de que no se le pagara oportunamente la obligaci\u00f3n; y en cuanto tal ejercicio determina la pr\u00e1ctica de medidas cautelares, que iguales son por mucho o por poco que sea la suma objeto de cobro judicial, resulta indiscutible que la pr\u00e1ctica de ellas se habr\u00eda llevado a cabo de todas maneras, es decir, sea que a Urbano Rojas hubiera sido demandado por $1.000.000, o por $5.945.200; por consiguiente \u201cla causa regular y eficiente del perjuicio alegado\u201d no estriba en la circunstancia procesal de haber formulado una pretensi\u00f3n hipotecaria de mayor valor. <\/p>\n
Por el contrario el demandante hace radicar la fuente de los perjuicios padecidos en el hecho de haber sido ejecutado por la acreedora para cobrarle una suma de dinero varias veces superior a la que estaba obligado a pagar, lo que de entrada dificult\u00f3 que se produjera el pago total de lo verdaderamente adeudado con efectos para que se procediera al levantamiento de la medida cautelar de embargo y secuestro del inmueble El Molino, junto con la industria pisc\u00edcola que all\u00ed funcionaba. <\/p>\n
11. En ese punto se observa que el ejercicio de la acci\u00f3n hipotecaria, como el de cualesquiera otras acciones, debe hacerse por su titular con sujeci\u00f3n a los principios de lealtad, razonabilidad, transparencia y buena fe, que excluyan toda clase de temeridad, imprudencia o excesos que hagan dif\u00edcil o neutralicen el derecho de defensa de la demandada hasta hacerlo devenir frustr\u00e1neo. <\/p>\n
Para la Corte, vista la actuaci\u00f3n procesal y las distintas pruebas relacionadas con el t\u00edtulo ejecutivo, las comunicaciones cruzadas entre las partes, los oficios internos de los funcionarios de la Caja Agraria y los memoriales referentes a la transacci\u00f3n, es claro que la entidad de cr\u00e9dito incurri\u00f3 en abuso del derecho al demandar por la v\u00eda del proceso hipotecario sin consideraci\u00f3n al l\u00edmite pactado de $1.000.000 y obtener la pr\u00e1ctica del embargo y posterior secuestro del inmueble dado en garant\u00eda, porque excedi\u00f3 sus prerrogativas convencionales y legales desde el instante mismo en el que, a pesar de la existencia clara e inequ\u00edvoca de una garant\u00eda hipotecaria por una suma de dinero determinada, pretendi\u00f3 cobrar sin ninguna clase de ponderaci\u00f3n una cantidad bastante superior, como que superaba en un poco m\u00e1s de cinco veces a la que deb\u00eda responder como nuevo propietario del bien hipotecado frente a la deuda contra\u00edda por su predecesor. <\/p>\n
12. De lo anterior se desprende, en principio, que la Caja Agraria al promover la acci\u00f3n hipotecaria lo hizo en desarrollo de una prerrogativa expresamente consagrada por la ley, para lo cual dirigi\u00f3 la demanda contra \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas, quien era el propietario en ese momento del bien dado en garant\u00eda y solicit\u00f3, adem\u00e1s, el embargo y secuestro del inmueble El Molino, medidas que deb\u00edan obrar aun de oficio sin consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda de la obligaci\u00f3n cobrada. <\/p>\n
Empero, la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y procesal en este caso no es tan simple lo que propone el replicante para discernir el comportamiento de la acreedora, pues si bien para iniciar la acci\u00f3n ejecutiva poco importaba el capital realmente adeudado, no lo es menos que de ser reducida la cuant\u00eda, como correspond\u00eda hacerlo seg\u00fan lo explicado, se hubiera facilitado el cumplimiento del mandamiento de pago y el subsiguiente levantamiento de las medidas cautelares, como evidentemente quiso hacerlo el propietario de la cosa hipotecada; a ese respecto las pruebas pretermitidas arrojan motivos ciertos que conducen a dar por establecido que la Caja Agraria, a pesar de esa legitimaci\u00f3n, s\u00ed incurri\u00f3 en desv\u00edos en ejercicio de sus derechos de acreedor, los cuales no se desvanecen por el hecho de que pudiera haber demandado de todos modos por cifra menor de la pretendida. En efecto: <\/p>\n
a) El cobro de una suma superior en casi cinco millones, desatendiendo paladinamente el tenor de la cl\u00e1usula cuarta del contrato de hipoteca, por la \u00e9poca en que se present\u00f3 la demanda, 1991, constitu\u00eda para el ejecutado un gran obst\u00e1culo para obtener la terminaci\u00f3n del proceso por pago en el corto plazo de cinco d\u00edas que se le otorg\u00f3 en el mandamiento de pago, el cual fue librado en forma superlativa a instancias de la entidad acreedora. <\/p>\n
c) Frente a las peticiones que hizo el demandante, la Caja Agraria expres\u00f3 unas razones que, dada su especialidad en materia de otorgamiento de cr\u00e9ditos, resultaban francamente infundadas: la indivisibilidad de la hipoteca para no atenerse al l\u00edmite cuantitativo expresado en ella de $1.000.000 no ten\u00eda ning\u00fan sustento, puesto que tal caracter\u00edstica solo significa que el bien garantiza el pago \u00edntegro de la respectiva obligaci\u00f3n y por lo tanto que el gravamen rige hasta cuando se pague toda ella, en este caso obviamente reducida al tope indicado; ni la solidaridad en cuanto el ejecutado de que se trata no suscribi\u00f3 el pagar\u00e9 que era objeto de recaudo, y simplemente era el propietario que <\/p>\n
resultaba afectado con la garant\u00eda real. <\/p>\n
d) La Caja, a pesar de que sus asesores jur\u00eddicos y su propio apoderado judicial dentro del proceso ejecutivo conceptuaron que Urbano Rojas ten\u00eda raz\u00f3n cuando afirmaba que no deb\u00eda m\u00e1s de $1.000.000 por concepto de capital, e incluso la previnieron sobre los efectos adversos para la entidad ante los argumentos defensivos del ejecutado, prefiri\u00f3 hacer prevalecer su condici\u00f3n de acreedora, inclusive hasta el punto de pretender que el ejecutado aceptara un arreglo que involucrara la renuncia de \u00e9ste a toda reclamaci\u00f3n de perjuicios, no solo los derivados de la forma indebida en que lo demand\u00f3, sino tambi\u00e9n especialmente por la dilatada duraci\u00f3n de la medida cautelar practicada sobre el inmueble hipotecado. O sea que as\u00ed como fue de insistente el ejecutado en ofrecer el pago, y para realizarlo pero en el monto que efectivamente deb\u00eda responder, fue de pertinaz la Caja Agraria para impedir que tempranamente se diera por terminada la ejecuci\u00f3n contra Urbano Rojas, pues a sabiendas de su derecho restringido no tuvo reparo para someter en esas circunstancias al deudor al mantenimiento por un tiempo excesivo de las medidas cautelares, las cuales hubieran cesado de haberse aceptado por la Caja que aqu\u00e9l s\u00f3lo deb\u00eda responder por una suma muy reducida que, como se dijo, quiso solucionar prontamente sin poder hacerlo ante la resistencia injustificada del acreedor. <\/p>\n
13. En s\u00edntesis, pues, no se le reprocha a la demandada que hiciera valer el cr\u00e9dito hipotecario a lo que ten\u00eda pleno derecho sea cual fuere la cuant\u00eda efectivamente adeudada, sino por haber desplegado la pretensi\u00f3n de modo excesivo y, principalmente, por el comportamiento obstinado posterior por el que pretendi\u00f3 eludir la concurrencia de las circunstancias que daban p\u00e1bulo para terminar tempranamente tal proceso, en lo que concern\u00eda a Urbano Rojas, y por obstruir la pronta cesaci\u00f3n de las medidas cautelares all\u00ed decretadas que en todo momento provoc\u00f3 leg\u00edtimamente dicho deudor. <\/p>\n
14. Siendo pues evidentes y trascendentes los errores denunciados el cargo prospera, por lo que se impone casar el fallo impugnado y dictar el sustitutivo que corresponda a lo cual se procede a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
V. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1. La demostraci\u00f3n del abuso del derecho por parte de la entidad de cr\u00e9dito demandada qued\u00f3 verificada con las razones que se consignaron al despachar favorablemente el cargo; a ellas se remite la Corte. Queda por examinar \u00fanicamente si en verdad est\u00e1n demostrados los perjuicios y su cuant\u00eda. <\/p>\n
En orden a dilucidar lo anterior debe decirse que los da\u00f1os y perjuicios que debe reconocer y pagar la parte responsable de haber abusado de su derecho de litigar, est\u00e1n restringidos y limitados a los que tengan relaci\u00f3n directa con la actividad lesiva de aquella y con incidencia en el patrimonio material y moral del afectado. No se pueden extender con amplitud a los que se encuentren fuera del \u00e1mbito f\u00e1ctico en que acaecieron los hechos que generaron el resarcimiento reclamado; adem\u00e1s los perjuicios deben ser ciertos y no eventuales o hipot\u00e9ticos. <\/p>\n
2. El demandante en la demanda inicial sustenta el reconocimiento de los siguientes perjuicios materiales: <\/p>\n
a) Que para recapitalizar la empresa se vio obligado a vender parte del predio, y a constituir una sociedad limitada con los compradores; que dada la imposibilidad de otorgar en tiempo la correspondiente escritura p\u00fablica perdi\u00f3 tanto sus aportes en cuant\u00eda de $5.000.000, como la empresa productora de trucha Arco Iris que ten\u00eda un aval\u00fao de $40.000.000. Por causa del embargo en el hipotecario, tuvo que vender el resto del predio en $20.000.000, suma que destin\u00f3 a amortizar algunas otras deudas adquiridas para la ampliaci\u00f3n y capital de trabajo con entidades que tambi\u00e9n adelantaron procesos ejecutivos, muchos de <\/p>\n
los cuales a\u00fan est\u00e1n vigentes. <\/p>\n
b) Que el nombre de \u00c1lvaro de Jes\u00fas Rojas Urbano sigue apareciendo como demandado solidario junto con los otros deudores en los estados, diligencias judiciales y carteles de remate del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popay\u00e1n, lo que le genera consecuencias negativas y graves perjuicios, en tanto que le impiden \u201cacudir a l\u00edneas de cr\u00e9dito bancario, corporativo o extrabancario, por ser considerado deudor moroso y de malos antecedentes comerciales por el sector financiero\u201d. Adem\u00e1s, est\u00e1 reportado \u201ca la central de datos del sector financiero como deudor moroso afectando gravemente mi capacidad de endeudamiento\u201d. <\/p>\n
3. Cuando entra a individualizar los perjuicios por cuya reparaci\u00f3n propende, reclama los siguientes: <\/p>\n
a) La suma de $220.000.000 \u201cpor el embargo y secuestro indebido de la Piscicultura El Molino, de la p\u00e9rdida de la productividad, muerte de animales, deterioro de la finca, venta de la misma para el cubrimiento de obligaciones vencidas y no pagadas en raz\u00f3n del embargo y el secuestro de la piscifactor\u00eda el molino, improductividad de la misma, procesos judiciales que se derivaron del no pago de obligaciones y compromisos de cr\u00e9dito con entidades bancarias y corporativas, honorarios de abogados, incurridos (sic) por la imposibilidad material y legal de poder explotar la estaci\u00f3n Pisc\u00edcola, lucro cesante y da\u00f1o emergente, perjuicios comerciales, morales y patrimoniales, los intereses legales y el reajuste monetario entre la presentaci\u00f3n de la demanda y mi desvinculaci\u00f3n efectiva de la demanda hipotecaria o en la fecha de pago de la correspondiente indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
b) Los perjuicios por pago de lo no debido por no tener ninguna obligaci\u00f3n exigible con el banco respecto a la liquidaci\u00f3n excesiva de intereses moratorios, honorarios de abogado y costas judiciales dentro <\/p>\n
del proceso hipotecario instaurado en mi contra\u201d. <\/p>\n
c) Los perjuicios materiales (da\u00f1o emergente y lucro cesante) que se demuestren. <\/p>\n
d) Dos mil gramos oro por concepto de perjuicios morales (objetivos y subjetivos). <\/p>\n
e) Intereses de las sumas que se impongan \u201cdesde el momento de los hechos hasta el momento del pago\u201d. <\/p>\n
4. En la sentencia de primera instancia, luego de concluirse que hubo por parte de la demandada abuso del derecho dentro del proceso ejecutivo hipotecario mencionado, conden\u00f3 a la Caja Agraria a pagarle al demandante la suma de $912.237.155.51 por concepto de da\u00f1o emergente y lucro cesante, y el equivalente a 900 gramos oro por perjuicios morales, seg\u00fan la relaci\u00f3n que pasa a reproducirse: <\/p>\n
I. Da\u00f1o emergente: <\/p>\n
\u201ca. Copia de procesos judiciales derivados de la inactividad de la empresa frente a obligaciones que se hicieron exigibles, as\u00ed: <\/p>\n
\u201cBanco del Estado: <\/p>\n
\u201cApoderado Alfredo P\u00e9rez Herrera <\/p>\n
\u201cBanco del Estado: <\/p>\n
\u201cApoderado Ehiber Ord\u00f3\u00f1ez Gallego <\/p>\n
(folios 77 a 83). <\/p>\n
\u201cCaja Agraria: <\/p>\n
\u201cApoderado Luis Homero V\u00e1squez R. <\/p>\n
(folios 84 a 91). <\/p>\n
\u201cCorporaci\u00f3n Financiera Popular: <\/p>\n
\u201cApoderado Guilnar Valencia <\/p>\n
(folios 92 a 110) <\/p>\n
\u201cBanco de Colombia: <\/p>\n
\u201cApoderado Leopoldo Delgado <\/p>\n
(folios 111 a 118) <\/p>\n
\u201cSuma capital <\/p>\n
\u201cIntereses, costas judiciales y honorarios <\/p>\n
\u201cArreglo extrajudicial Concasa <\/p>\n
\u201cAbono Banco de Colombia <\/p>\n
\u201cHonorarios Carlota Jaramillo <\/p>\n
\u201cPago Corfinanciera Popular hoy Corfidesarrollo <\/p>\n
\u201cTotal <\/p>\n
\u201cValor finca El Molino, afectada, al momento de <\/p>\n
la demanda <\/p>\n
\u201cValor pagado por liquidaci\u00f3n sociedad multa e intereses El Molino Mary Lara y Eduardo Lara <\/p>\n
\u201cBien rematado matr\u00edcula 120-58610 <\/p>\n
folio 188 <\/p>\n
\u201cConstancia de fecha junio 28 de 1992 del Comandante de la Subestaci\u00f3n Coco-nuco SVP Juli\u00e1n Lasprilla D\u00edaz de muerte de equino comprado al se\u00f1or Miguel \u00c1ngelSarri\u00e1 <\/p>\n
Folio 124. <\/p>\n
\u201cTotal da\u00f1o emergente doscientos siete millones doscientos treinta mil ciento cincuenta y ocho pesos <\/p>\n
$2.205.000 <\/p>\n
$1.200.000 <\/p>\n
$3.000.000 <\/p>\n
$1.646.633 <\/p>\n
$4.200.000 <\/p>\n
$12.251.633 <\/p>\n
$6.465.213 <\/p>\n
$4.103.312 <\/p>\n
$1.000.000 <\/p>\n
$240.000 <\/p>\n
$6.840.000 <\/p>\n
$12.093.312 <\/p>\n
$130.000.000 <\/p>\n
$21.000.000 <\/p>\n
$24.420.000 <\/p>\n
$3.000.000 <\/p>\n
$207.230.158 <\/p>\n
II. Lucro cesante: <\/p>\n
\u201cCertificado Nro. 04203 expedido por la C\u00e1mara de Comercio del Cauca donde se demuestra la existencia de activos por doce millones quinientos mil pesos ($12.500.00 e ingresos por dos millones quinientos mil pesos anuales (sic), inversi\u00f3n inactiva por el embargo y secuestro del predio (folios 122 a 123). <\/p>\n
\u201c$2.500.000 X 78 meses (fecha de la sentencia) = $16.250.000 <\/p>\n
III. Actualizaci\u00f3n da\u00f1o emergente <\/p>\n
\u201cA. D. E = $207.230.158 x (4.402)= $912.227.155,51 <\/p>\n
5. Debe precisarse que la Corte como tribunal de instancia tiene las limitaciones a que se contrae el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en relaci\u00f3n con el apelante \u00fanico que lo fue la Caja Agraria y en cuanto al silencio guardado por el demandante en lo que le fue desfavorable y no impugn\u00f3. <\/p>\n
En este caso espec\u00edfico la primera instancia no impuso ninguna condena por el hecho de haber seguido el demandante figurando como ejecutado en los c\u00e1rteles de remate y en otras actuaciones del juzgado de conocimiento del proceso ejecutivo; ni por haber sido reportado como deudor moroso a la \u201cCentral de datos del sector Financiero\u201d; ni por la supuesta p\u00e9rdida de $5.000.000 de aportes a una sociedad de responsabilidad limitada; tales aspectos permanecen intactos, puesto que el actor no interpuso ninguna clase de recurso contra la sentencia, ni solicit\u00f3 en su momento ninguna adici\u00f3n. <\/p>\n
6. En cuanto a los dem\u00e1s perjuicios la Corte observa y concluye lo siguiente: <\/p>\n
1\u00ba) Muerte animales: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con un equino, y seg\u00fan constancia expedida por el Comandante de la Subestaci\u00f3n de Polic\u00eda de Coconuco, Cauca, el 28 de junio de junio de 1992, no se puede determinar si corresponde a uno de los nueve que fueron objeto de secuestro, ni la causa de la muerte, por lo que no hay un nexo causal de ese hecho con la pr\u00e1ctica de las medidas cautelares solicitadas por la Caja Agraria; de all\u00ed que deba revocarse la disposici\u00f3n del juez que, sin pruebas, orden\u00f3 reconocer por ese concepto la suma de $3.000.000. <\/p>\n
2\u00ba) P\u00e9rdida de la productividad y deterioro de la finca: <\/p>\n
Es en relaci\u00f3n con el inmueble de propiedad del coejecutado \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas en el que ten\u00eda funcionando una industria destinada al cultivo comercial de la trucha arco iris, que fue embargado el 4 de septiembre de 1991 (C. P. ejecutivo, folio 48), secuestrado el 8 de abril de 1992 (folios 79 a 81, ib\u00eddem), y levantada la cautela el 20 de agosto de 1992 mediante providencia que vino a quedar ejecutoriada el 18 de octubre siguiente (folios 53 a 54), habi\u00e9ndose expedido el 29 de los mismos mes y a\u00f1o los oficios para la Oficina de Registro y para el secuestre (folio 56). <\/p>\n
Revisado el expediente minuciosamente no hay manera de verificar en qu\u00e9 fecha se le hizo la entrega al propietario del inmueble ni el estado en que se encontraba el mismo en ese momento. <\/p>\n
Repasando el contenido del acta que contiene la diligencia de secuestro se constata que el predio estaba mejorado con la infraestructura necesaria para el funcionamiento de una industria de piscicultura <\/p>\n
destinada al cultivo con fines comerciales de la trucha arco iris. <\/p>\n
Tampoco en este caso la reclamaci\u00f3n est\u00e1 llamada a prosperar porque no aparece prueba de que como secuela del secuestro la citada industria haya sido suspendida, desmejorada o abandonada por el secuestre designado para el efecto. Es sabido que lo \u00fanico que esa medida cautelar le restringe al propietario, junto con el derecho de disposici\u00f3n, es la administraci\u00f3n de la cosa, conservando las restantes facultades inherentes al dominio; de all\u00ed que necesariamente debi\u00f3 haber tomado las providencias necesarias para controlar la producci\u00f3n de la empresa. Aqu\u00ed brilla por su ausencia cualquier reclamaci\u00f3n dirigida a cuestionar la forma en que el auxiliar de la justicia cumpli\u00f3 el encargo que le fue asignado; como tampoco aparece prueba demostrativa de que \u00e9l le hubiera impedido al demandante intervenir en el funcionamiento, producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n del producto; por el contrario, personas de su confianza siguieron en el predio como lo acredita la certificaci\u00f3n del Subcomandante de Polic\u00eda de Coconuco, Cauca, en la que hace constar que el 28 de junio de 1992 se acerc\u00f3 a esa dependencia el mayordomo de El Molino a dar la noticia de la muerte de un caballo. <\/p>\n
Am\u00e9n de que no hay manera de demostrar qu\u00e9 cantidad dej\u00f3 de producir la empresa pisc\u00edcola por causa de las medidas cautelares y tampoco la hay para establecer cu\u00e1nto pudo haber dejado de producir la misma, ni menos que el producido mensual ascend\u00eda a la suma de ($2.500.000), como lo afirm\u00f3 el demandante y lo acept\u00f3 el juez sin ninguna clase de examen o confrontaci\u00f3n, quien se redujo a aceptar la certificaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de 13 de abril de 1991 en la que consta que los ingresos anuales de la citada Industrializadora eran de $2.500.000, rubro que tom\u00f3 equivocadamente como utilidad mensual para deducir en \u00faltimas, sin explicaciones, una condena por ese concepto de $16.250.000. <\/p>\n
3\u00ba) Procesos judiciales: <\/p>\n
Es importante resaltar que el juez de primera instancia, basado casi exclusivamente en la manifestaci\u00f3n efectuada por la parte demandante, la que a su vez adjunt\u00f3 algunos documentos, impuso las condenas que a continuaci\u00f3n se examinan sin hacer el m\u00e1s m\u00ednimo esfuerzo de verificaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
a) Ejecutivo del Banco del Estado (Alfredo P\u00e9rez Herrera): <\/p>\n
En primera instancia se reconoci\u00f3 por este proceso la suma de $2.205.000, la que corresponde a la cuant\u00eda fijada por la parte ejecutante, seg\u00fan se desprende de la copia informal de la demanda promovida por dicha entidad contra \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas y otros. Empero, si bien la mora de ese cr\u00e9dito se produjo desde el 18 de julio de 1992, tal como se desprende de la reclamaci\u00f3n de intereses, el cobro apenas se instaur\u00f3 en el mes de marzo de 1993, o sea varios meses despu\u00e9s de haberse dado por terminado por transacci\u00f3n el proceso ejecutivo fuente de la reclamaci\u00f3n de perjuicios, de donde no es dable reconocer \u00e9stos como derivados de las medidas cautelares practicadas en el proceso hipotecario. <\/p>\n
b) Ejecutivo del Banco del Estado (Ehiber Ord\u00f3\u00f1ez Gallego): <\/p>\n
Tambi\u00e9n el juez de conocimiento, nuevamente teniendo en cuenta la cuant\u00eda fijada por la parte actora, conden\u00f3 a la Caja Agraria a pagar la suma de $1.200.000, correspondientes a la demanda ejecutiva del banco mencionado en contra de \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas y Julia Rubiela Mu\u00f1oz por $1.109.356. Sin embargo, se trata de una obligaci\u00f3n que fue adquirida el 11 de noviembre de 1993 con vencimiento en a misma fecha de 1994, esto es, cuando el proceso ejecutivo hipotecario hab\u00eda terminado \u2013 1992 -, no existiendo entonces relaci\u00f3n con el ejercicio abusivo del derecho aqu\u00ed reconocido. <\/p>\n
c) Ejecutivo Caja Agraria (Luis Homero V\u00e1squez Legarda): <\/p>\n
Una vez m\u00e1s, el juez de primera instancia acoge sin an\u00e1lisis la cuant\u00eda fijada en la demanda de $3.000.000 que se formul\u00f3 en contra de Urbano Rojas para el cobro de dos pagar\u00e9s, el primero por $620.000 junto con los intereses del 62.97% anual exigibles desde el 30 de junio de 1991, y el segundo por la suma de $1.980.000 con intereses del 62% anual exigibles el 16 de septiembre de ese mismo a\u00f1o; la demanda ejecutiva fue presentada el 13 de julio de 1992. <\/p>\n
La mora en que incurri\u00f3 el ejecutado en este caso se produjo, respecto de primer pagar\u00e9, antes de la iniciaci\u00f3n del proceso ejecutivo que es fuente de las reclamaciones motivo de este estudio; y respecto del segundo, antes de la pr\u00e1ctica de la diligencia de secuestro en el hipotecario, hecho que supuestamente priv\u00f3 al demandante de la administraci\u00f3n del inmueble y de la empresa pisc\u00edcola; tales aspectos temporales descartan la relaci\u00f3n de causalidad entre la existencia de ese cobro judicial y la medida cautelar indicada. <\/p>\n
d) Ejecutivo Corporaci\u00f3n Financiera Popular (Gilnar Valencia): <\/p>\n
Igual que en los casos anteriores, el juez tom\u00f3 en cuenta la certificaci\u00f3n expedida por la entidad acreedora en cuant\u00eda de $1.646.633, correspondientes al saldo de capital vencido desde el 22 de febrero de 1991, m\u00e1s los intereses al 36% anual, dentro del ejecutivo promovido en contra de \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas y otros. La aludida constancia tiene por fecha la de 18 de marzo de 1992. <\/p>\n
Se aprecia tambi\u00e9n que la mora que se le imputa en este caso a los codeudores, entre los cuales est\u00e1 el demandante, se produjo tambi\u00e9n m\u00e1s de un a\u00f1o antes de que se produjera el secuestro del inmueble. <\/p>\n
e) Ejecutivo Banco de Colombia (Leopoldo Delgado Velasco): <\/p>\n
Acogiendo la cuant\u00eda fijada en $4.200.000, el juez de conocimiento reconoci\u00f3 como perjuicio dicha suma que correspond\u00eda al cobro judicial de un pagar\u00e9 expedido el 4 de junio de 1993 por la suma de $5.000.000, pagadero 36 cuotas mensuales hasta el 4 del mismo mes de 1996, pero que registr\u00f3 mora desde el 4 de julio de 1994. La demanda, seg\u00fan la copia (folios 104-105), tiene fecha de elaboraci\u00f3n 29 de septiembre de \u00e9sta anualidad. <\/p>\n
Se observa que la obligaci\u00f3n fue adquirida en 1994, esto es, casi dos a\u00f1os despu\u00e9s de concluir por transacci\u00f3n el proceso ejecutivo hipotecario. <\/p>\n
f) Adem\u00e1s, se acredita que los bancos le siguieron haciendo pr\u00e9stamos a Urbano Rojas, no obstante haber estado embargado por la Caja Agraria, lo que pone de manifiesto que la situaci\u00f3n padecida no impidi\u00f3 su acceso al cr\u00e9dito bancario. <\/p>\n
4\u00ba) Pagos originados en procesos: <\/p>\n
El Juzgado de primera instancia, con la simple petici\u00f3n presentada por el demandante reconoci\u00f3 las siguientes sumas: a) Pago al Banco de Colombia, realizado el 6 de noviembre de 1996 por un mill\u00f3n de pesos ($1.000.000) correspondiente a abono, folio 113; b) Honorarios a Carlota Jaramillo, $240.000, efectuado el 6 de noviembre de 1996, folio 111; c) Arreglo extrajudicial Concasa, $4.103.312, no obstante que se reclam\u00f3 solamente la suma de $2.103.312, realizado el 6 de noviembre de 1996, seg\u00fan recibo obrante a folio 112; d) Pago Corfinanciera Popular, $6.840.000), sin tener en cuenta que \u00fanicamente se reclamaron $2.840.000, seg\u00fan recibo de folio 121, de 17 de octubre de 1996; <\/p>\n
e) Intereses, costas judiciales y honorarios, $6.465.213, que no aparecen reclamados ni respaldados en ninguna prueba. <\/p>\n
No obra ninguna demostraci\u00f3n de los pagos acabados de mencionar tengan relaci\u00f3n directa con la medida cautelar reprochada practicada en el ejecutivo hipotecario, cuanto m\u00e1s si fueron realizados varios a\u00f1os despu\u00e9s de la terminaci\u00f3n de \u00e9ste. <\/p>\n
5o) Perjuicios relacionados con el inmueble El Molino: <\/p>\n
El juez de conocimiento sin mayor explicaci\u00f3n ni respaldo probatorio reconoci\u00f3 las siguientes indemnizaciones: <\/p>\n
a) Valor finca El Molino: <\/p>\n
$130.000.000, valor al momento de la demanda, sin que obre ninguna explicaci\u00f3n de d\u00f3nde sale ese monto. <\/p>\n
b) Valor pagado por liquidaci\u00f3n sociedad El Molino a Mary y Eduardo Lara, con multa e intereses: <\/p>\n
$21.000.000, sin darse explicaci\u00f3n del origen de este rubro; sin embargo, los testimonios de Eduardo Lara (folios 11 a 12) y de Mary Lara Castro (folios 13 a 14), ambos del cuaderno de pruebas, se establece que corresponde a la suma que \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas les entreg\u00f3, respaldado en letra y cheque cuyas fotocopias obran adjuntadas por la \u00faltima, folio 21 del mismo cuaderno, para responderles por la negociaci\u00f3n del lote y la piscicultura que no pudieron perfeccionar por el embargo que le hizo la Caja Agraria. <\/p>\n
No hay lugar a reconocer por ese concepto ninguna suma de dinero porque no est\u00e1n demostrados los perjuicios. As\u00ed, la declarante Mary Lara Castro en su versi\u00f3n, la que coincide con su hermano Eduardo Lara, manifest\u00f3 que \u201cfinalmente quisimos adelantar los tr\u00e1mites necesarios para el otorgamiento de la escritura p\u00fablica pero esto no se pudo hacer porque nuestro predio se encontraba embargado por el Dr. Elvio Mu\u00f1oz, el cual fue rematado y se le asign\u00f3 al mismo se\u00f1or por cuenta del cr\u00e9dito. Finalmente mi hermano y yo le manifestamos al Dr. Urbano lo molestos que nos sentimos porque nos hab\u00edamos perjudicado enormemente al perder el lote y las obras que ya hab\u00edamos adelantado, entonces \u00e9l nos manifest\u00f3 que para solucionar este problema el (sic) se hac\u00eda responsable soport\u00e1ndonos el valor del predio y sus respectivos intereses mediante un cheque del Banco Coopdesarrollo por valor de $21.000.000 y una letra de cambio por el mismo valor la cual tiene adem\u00e1s como respaldo la firma de su esposa Julia Rubiela Mu\u00f1oz\u201d (folio 13, vuelto, cuaderno de pruebas). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que la testigo se refiere a la sociedad para la explotaci\u00f3n de la industria de la trucha arco iris y las adecuaciones realizadas en otro lote de propiedad del demandante, el identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria 120-58610, folio 188, cuaderno principal, diferente del que fue embargado y secuestrado en el hipotecario, folio inmobiliario 120-48648. De donde fluye que no hay ninguna conexidad entre la pr\u00e1ctica de la varias veces mencionada medida cautelar con las fallidas negociaciones de constituci\u00f3n de sociedad, transferencia del lote y construcciones y mejoras en el mismo, ello por cuanto si se examina con detenimiento el certificado de tradici\u00f3n referido f\u00e1cilmente se aprecia que Urbano Rojas adquiri\u00f3 el dominio del predio varios meses despu\u00e9s, 7 de mayo de 1993, de que finalizara el proceso, octubre de 1992. <\/p>\n
6o) Intereses y honorarios cobrados en exceso: <\/p>\n
Es tema pac\u00edfico que \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas s\u00ed deb\u00eda responderle a la Caja Agraria cuando menos por la suma de $1.000.000 por concepto de capital m\u00e1s los intereses, los gastos de cobranza y los honorarios de abogado porque en el momento que se dict\u00f3 el mandamiento de pago en su contra como codeudor, aunque se hubiere hecho por una suma bastante superior, s\u00ed se hallaba en mora desde <\/p>\n
tiempo atr\u00e1s. <\/p>\n
Notificado de la demanda consign\u00f3 esa suma con la cual pagaba el capital pero no as\u00ed los intereses. Solamente cuando entreg\u00f3 a la Caja Agraria cheque personal girado a favor de la entidad y con los espacios en blanco para que fueran llenados por ella, el 29 de abril de 1992, lo que \u00e9sta no hizo, puede decirse que ya no ten\u00eda por qu\u00e9 seguir reconociendo suma alguna por tal concepto. <\/p>\n
De acuerdo con la liquidaci\u00f3n de intereses hecha por la Caja Agraria (C. P. folio 151), al demandante le cobraron intereses hasta el 10 de junio de 1992 a la tasa del 36% anual. Lo que significa que pag\u00f3 por ese concepto 42 d\u00edas de m\u00e1s. Hechas las cuentas respectivas, ello equivale a un pago en exceso que ascendi\u00f3 a $42.000, suma que deber\u00e1 ser restituida junto con la correcci\u00f3n monetaria que debe ser tasada de acuerdo con los \u00edndices de devualaci\u00f3n de la moneda nacional presentados entre el 11 de junio de 1992 hasta cuando se produzca el pago definitivo. <\/p>\n
En lo que respecta al pago de honorarios, \u00e9stos se cobraron en cuant\u00eda $137.913, porcentaje que fue deducido de la suma consolidada de $1.158.258. Si a la misma se le deducen los $42.000 de intereses pagados de m\u00e1s, el rubro base de liquidaci\u00f3n queda reducido a $1.116.250, quedando en consecuencia dichos honorarios en la diferencia que asciende a $38.008, suma que deber\u00e1 ser restituida junto con la correcci\u00f3n monetaria, en la forma indicada, a partir del 29 de abril de 1992 hasta la fecha en que se d\u00e9 su reintegro. <\/p>\n
7\u00ba) Perjuicios morales: <\/p>\n
En la demanda se solicit\u00f3 el reconocimiento del equivalente en pesos de 2.000 gramos oro por concepto de los perjuicios morales, subjetivos y objetivados, que dijo padecer el demandante como secuela de la medida cautelar decretada y practicada dentro del proceso ejecutivo hipotecario en el que fungi\u00f3 como coejecutado; en la sentencia de primera instancia se reconoci\u00f3, para satisfacer parcialmente esa pretensi\u00f3n, el equivalente en pesos de 900 gramos oro. <\/p>\n
Sobre tal determinaci\u00f3n observa la Sala que no obstante que se reclamaron tanto los objetivados como los subjetivos, el sentenciador en esta precisa ocasi\u00f3n \u00fanicamente examin\u00f3 e impuso condena por los \u00faltimos y nada dijo en relaci\u00f3n con los primeros. La deducci\u00f3n anterior se desprende del texto del cap\u00edtulo que dedic\u00f3 al estudio pertinente y, sobre todo del apartado que se refiere al pretium doloris y al arbitrio judicial para fijarlo. <\/p>\n
Tal omisi\u00f3n no fue objeto de solicitud de adici\u00f3n de la sentencia ni fue objeto de apelaci\u00f3n del demandante, quien como no impugn\u00f3 la sentencia del juez acept\u00f3 las determinaciones sobre perjuicios, motivo por el cual no puede la Corte, en sede de instancia, enmendarla. <\/p>\n
Y en lo que hace a la condena impuesta por perjuicios morales subjetivos, se estima que en este caso no se establecieron, pues si bien hubo exceso y abuso de la demandada en el derecho de ejecutar por v\u00eda del proceso ejecutivo hipotecario del modo excesivo en que lo hizo, no es menos cierto que ese espec\u00edfico da\u00f1o no fue acreditado por el demandante, como le correspond\u00eda hacerlo en virtud del principio de la carga de la prueba; y tanto m\u00e1s se desvanece esa posibilidad visto el resultado precario en raz\u00f3n de las exiguas condenas que en su favor ha logrado obtener. <\/p>\n
7. En conclusi\u00f3n, hay lugar a confirmar la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil, a modificar algunas de las condenas impuestas en el fallo de primera instancia y a revocar las que correspondan de acuerdo con lo discurrido anteriormente. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 29 de julio de 2002, proferida por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n dentro del proceso ordinario promovido por \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas contra la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero y, en sede de instancia <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Confirmar la condena en contra de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario, Industrial y Minero por concepto de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual en favor de \u00c1lvaro de Jes\u00fas Urbano Rojas. <\/p>\n
Segundo: Confirmar las condenas que se relacionan a continuaci\u00f3n pero modificando su cuant\u00eda: <\/p>\n
a) Por concepto de intereses pagados de m\u00e1s: Cuarenta y dos mil pesos ($42.000). <\/p>\n
b) Por concepto de honorarios pagados de m\u00e1s: treinta y ocho mil ocho pesos ($38.008). <\/p>\n
Cada una de las anteriores sumas ser\u00e1 indexada por el t\u00e9rmino y en la forma indicada en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Tercero: Revocar las restantes condenas. <\/p>\n
Cuarto: Confirmar lo relativo a la condena en costas de primera instancia, pero reducido al veinte por ciento (20%). <\/p>\n
Quinto: No condenar en costas de segunda instancia. <\/p>\n
Ante la prosperidad del recurso no hay lugar a costas en casaci\u00f3n. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-115-2005 [00040-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1, D. C., tres (3) de junio de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No.00040-01 Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82963","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82963"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82963\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}