SC-116-2005 [00304]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., tres (3) junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 00304 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 5 de noviembre de 2002, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso seguido por Jos\u00e9 Anan\u00edas Guzm\u00e1n Rodr\u00edguez y la sociedad Joanguro Ltda., contra el Banco Ganadero y la Asociaci\u00f3n Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
2. La causa para pedir se puede compendiar del siguiente modo: <\/p>\n
a) El 11 de octubre de 1971, los demandantes fueron contactados para que se hicieran cargo de la representaci\u00f3n general de la empresa alemana LIBELLA GMBH.CO.KG., con el fin de comercializar los aditivos para lubricantes \u2018Mathe Universal e Industrial\u2019. <\/p>\n
b) Luego de los acuerdos previos pertinentes, finalmente se obtuvo la referida representaci\u00f3n para comercializar e incluso fabricar el producto, mediante contrato de prueba para la distribuci\u00f3n suscrito el 22 de diciembre de 1972, que se renov\u00f3 el 1\u00b0 de octubre de 1981 y luego fue prorrogado hasta octubre de 1994. <\/p>\n
c) Para efectos de competir con otros productos de igual naturaleza, hubo necesidad de hacer estudios de factibilidad y rentabilidad, para lo cual los actores gestionaron cr\u00e9ditos con el Banco Ganadero el 30 de noviembre de 1983 por valor total de $18.049.596. <\/p>\n
d) Debido a imprevistos en cuanto a la importaci\u00f3n del producto y a los cuantiosos gastos que implic\u00f3 la comercializaci\u00f3n, los demandantes no pudieron cumplir con sus obligaciones crediticias, raz\u00f3n por la cual fueron ejecutados y embargados, pero finalmente le cumplieron al Banco Ganadero, seg\u00fan contrato de daci\u00f3n en pago suscrito el 23 de abril de 1984. <\/p>\n
e) En virtud de dicha daci\u00f3n en pago, el banco recibi\u00f3 45 canecas del aditivo que se encargaron de distribuir los promotores del proceso, y aunque la deuda fue totalmente pagada, aqu\u00e9l report\u00f3 a Guzm\u00e1n Rodr\u00edguez como deudor moroso de $1.184.617,25. <\/p>\n
f) Por causa de dicho reporte, a ellos se les cerraron las puertas del mercado y del cr\u00e9dito, por lo que la comercializaci\u00f3n del producto redujo su nivel ante la imposibilidad de incentivar su producci\u00f3n y mercadeo. <\/p>\n
g) A ra\u00edz de los inconvenientes y p\u00e9rdidas que surgieron por ese hecho, los demandantes incoaron con \u00e9xito una acci\u00f3n de tutela en la que se orden\u00f3 a las entidades demandadas excluir tal reporte del banco de datos; a su vez, fueron condenadas en abstracto por los perjuicios irrogados. <\/p>\n
h) Para concretar los perjuicios referidos se inici\u00f3 el correspondiente tr\u00e1mite incidental; en \u00e9ste se recaud\u00f3 la prueba de peritos pertinente demostrativa del perjuicio causado, pero el juzgado de conocimiento deneg\u00f3 la condena por considerar que lo probado constitu\u00eda lucro cesante y no da\u00f1o emergente, \u00fanico concepto viable para resarcir por v\u00eda de tutela. <\/p>\n
i) Fue preciso, entonces, instaurar una nueva acci\u00f3n de amparo por la cual finalmente la Corte Constitucional dispuso que se cuantificara el perjuicio moral ocasionado por el indebido reporte; de suerte que por eso en el presente proceso se pide condena \u00fanicamente por los perjuicios materiales. <\/p>\n
3. La Asociaci\u00f3n Bancaria se opuso a las pretensiones, espec\u00edficamente alegando que la no comercializaci\u00f3n del producto por parte de los accionantes debe imputarse \u00fanicamente a la propia culpa de \u00e9stos, por lo que los perjuicios reclamados son meramente hipot\u00e9ticos. En ese sentido propusieron, a manera de excepciones, las defensas consistentes en la ausencia de causa para demandar perjuicios; ausencia total de responsabilidad de su parte; petici\u00f3n de modo indebido; carencia de inter\u00e9s jur\u00eddico para demandar y de legitimaci\u00f3n en la causa. De modo similar y aduciendo su propia defensa tambi\u00e9n se opuso el Banco Ganadero. <\/p>\n
4. Tramitado el proceso, se dict\u00f3 sentencia de primera instancia en la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. Apelaron sin \u00e9xito los demandantes, puesto que el tribunal la confirm\u00f3. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
En lo de fondo, admiten el siguiente compendio: <\/p>\n
1. La responsabilidad civil deprecada es de \u00edndole extracontractual, en cuanto proviene de actos il\u00edcitos; en este caso, se afirma, el hecho antijur\u00eddico se encuentra demostrado con los medios de prueba allegados a la acci\u00f3n de tutela que se pronunci\u00f3 sobre la indebida inclusi\u00f3n de los accionantes en la base de datos de deudores morosos del sector bancario. <\/p>\n
2. El tribunal una vez examin\u00f3 los elementos propios de la responsabilidad civil, encontr\u00f3 pertinente dedicar su atenci\u00f3n a verificar la demostraci\u00f3n de los da\u00f1os cuya reparaci\u00f3n se demanda, y particularmente en lo que corresponde al concepto de lucro cesante. <\/p>\n
3. Hecha esa precisi\u00f3n y luego de sentar la premisa de que \u201cel pron\u00f3stico futuro debe hacerse con los datos, sucesos y circunstancias normales del pasado, porque normalmente estos contin\u00faan o se prolongan en el futuro\u201d, afirma que en el caso presente se pretende el lucro cesante \u201cpor la paralizaci\u00f3n de una actividad empresarial de los demandantes\u201d, por causa del reporte de deudores morosos. <\/p>\n
A ese respecto se\u00f1al\u00f3 que se rindieron en el proceso dos dict\u00e1menes, as\u00ed: <\/p>\n
a) El primero proveniente de los expertos Gerardino Vivas Hern\u00e1ndez y Julio Roberto Sotelo, que a su vez se apoy\u00f3 en el que fue trasladado de una acci\u00f3n de tutela donde actuaron como peritos los se\u00f1ores Myriam Barrero Fajardo y Francisco Acevedo, en el cual aqu\u00e9lla concluy\u00f3 que no era posible determinar el lucro cesante y el segundo lo contrario, lo que dio lugar a que a la saz\u00f3n el juez constitucional designara otro experto que dilucidara la discrepancia, Hugo Alberto Ortiz, quien sin embargo no resolvi\u00f3 \u00e9sta ni se refiri\u00f3 a los puntos de desacuerdo planteados, puesto que se limit\u00f3 a tomar el valor promedio del litro del aditivo a la fecha del reporte y a actualizarla con base en la cantidad inicialmente importada, como cifra inmodificable a pesar del transcurso del tiempo y de las incidencias comerciales que hubieran podido variar de alg\u00fan modo ese factor. <\/p>\n
b) A partir de quedar indefinida la discrepancia de los iniciales peritos, concluy\u00f3 el sentenciador que \u201cen el proceso de tutela no se rindi\u00f3 la experticia con las formalidades legales y por lo mismo resulta la peritaci\u00f3n nula, que no puede valorarse a pesar de haber sido trasladada a este proceso\u201d, y que como los peritos Vivas y Sotelo, se apoyaron en esa pericia anterior viciada, tampoco se le puede conceder a esa experticia ning\u00fan valor probatorio. <\/p>\n
c) El segundo dictamen se produjo por causa de haber sido objetado por error grave el primero practicado en el proceso civil, y lo rindieron los expertos Jos\u00e9 Joaqu\u00edn Sarmiento y Miguel V\u00e1squez Morales, quienes a pesar de tasarlos en $65.062.157, agregaron que ese resultado es \u201cmeramente hipot\u00e9tico, pues no fue posible encontrar informaci\u00f3n que permitiera la realizaci\u00f3n de c\u00e1lculos confiables…\u201d; sin embargo, como el demandante ha insistido en que la prueba echada de menos dimana del dictamen que rindi\u00f3 en el tr\u00e1mite de la tutela el perito Francisco Acevedo Fonseca, tambi\u00e9n examin\u00f3 \u00e9ste a espacio para concluir que con \u00e9l tampoco se demostraban los perjuicios. <\/p>\n
Bajo esas premisas de orden probatorio concluy\u00f3 diciendo el sentenciador que \u201cno existe prueba que respalde la prosperidad de las pretensiones\u201d, argumento que, en su sentir, es suficiente para confirmar la sentencia apelada. <\/p>\n
4. Con todo, vuelve sobre el dictamen aportado durante el tr\u00e1mite del incidente a continuaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, por ser la prueba que la parte accionante estima suficiente para concretar los perjuicios, sobre todo por lo dictaminado por uno de los expertos, para a\u00f1adir a la falta de valor probatorio que ese perito tambi\u00e9n aludi\u00f3 a la ausencia de prueba escrita en torno a la existencia de estudios de mercadeo, de cronogramas de actividades de venta, proyecciones de venta, lista de clientes o relaci\u00f3n de entregas de pedidos, y a que la comercializaci\u00f3n del producto s\u00f3lo se trat\u00f3 de probar con las cartas de aceptaci\u00f3n de algunas empresas, \u201cpues no se estableci\u00f3 la existencia de alguna operaci\u00f3n comercial con tales entidades o empresas\u201d. <\/p>\n
Aunque el perito afirm\u00f3 que la adquisici\u00f3n del producto objeto de comercializaci\u00f3n por parte de los demandantes se ajust\u00f3 como obligaci\u00f3n, a una cifra que iba en ascenso durante el periodo contractual, en definitiva s\u00f3lo adquirieron \u201clos 15.000 litros del comienzo (…) porque no se prob\u00f3 importaci\u00f3n del producto realizada con posterioridad\u201d, y no se cumpli\u00f3 con la cuota de ventas para el primer a\u00f1o, de los cuales entregaron 9.000 litros en daci\u00f3n en pago al Banco Ganadero, para comercializar el sobrante entre el 1\u00b0 de noviembre de 1981 y julio de 1987, por lo que hizo las cuentas, sin prueba concreta sobre los contratos de venta existentes, o sea en forma meramente hipot\u00e9tica, pues como lo anota el tribunal, \u201ceste promedio mensual de ventas no es real, porque no se parti\u00f3 de las efectivamente realizadas mes a mes de acuerdo con el reporte de las mismas, sino del total de litros existentes sin demostrar que realmente se hubiesen vendido\u201d, por lo que concluy\u00f3 que durante el primer periodo referido no puede inferirse el beneficio real, lo que, de contera, frustra la posibilidad de hacer proyecciones futuras. \u201cPor tanto, no est\u00e1 acreditada la existencia del da\u00f1o que pretenden los demandantes\u201d. <\/p>\n
III. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Tres cargos se proponen contra la sentencia impugnada, todos con sustento en la causal primera de casaci\u00f3n los cuales ser\u00e1n acumulados para su estudio, dado que reclaman similares y conexas consideraciones para su despacho. <\/p>\n
CARGO PRIMERO: <\/p>\n
1. Por v\u00eda indirecta como consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial, se denuncia el quebranto de los art\u00edculos 63, 1613, 1614, 2341 y 2347 del C\u00f3digo Civil; art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Decreto 2591 de 1991; por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 6\u00b0, 174, 185, 233, numeral 6\u00b0 del 237, 238 y 241; y por aplicaci\u00f3n indebida, el art\u00edculo 234 <\/p>\n
del C. de P. Civil. <\/p>\n
2. Seg\u00fan el censor, el error proviene de no haber apreciado, f\u00edsica ni jur\u00eddicamente, el dictamen pericial rendido por Hugo Alberto Ortiz, quien actu\u00f3 como perito para dirimir las discrepancias de los dos inicialmente designados dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, el cual, como medio probatorio trasladado y no objetado en el proceso de origen, constitu\u00eda plena prueba para acceder a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Omiti\u00f3 tener en cuenta, entonces, el sentenciador, que en el proceso existen tres dict\u00e1menes sobre un mismo punto: el que se aport\u00f3 como prueba trasladada, el que se orden\u00f3 realizar dentro de este proceso, y el que se decret\u00f3 por causa de la objeci\u00f3n planteada respecto del segundo de los mencionados. <\/p>\n
3. Eso significa que el tercero de los dict\u00e1menes mencionados \u2013 o sea el segundo dentro del proceso – fue irregularmente practicado, porque el que vino en traslado de la acci\u00f3n de tutela no hab\u00eda sido objeto de discrepancia; a su vez la segunda experticia se dispuso \u00fanicamente para actualizar las cifras del primero, por lo que no ten\u00eda raz\u00f3n de ser el tercero; a su vez, si el segundo (primero en el proceso) se dispuso para actualizar las cifras contenidas en la prueba trasladada no ten\u00eda raz\u00f3n de ser el \u00faltimo, \u201cpues est\u00e1 violando la norma procedimental que dice que si hay dos dict\u00e1menes dentro del proceso se deben analizar y estudiar conjuntamente\u201d, am\u00e9n de que no se configuraba ninguna de las excepciones que la ley prev\u00e9 para hacer viable la posibilidad de decretar m\u00e1s de un dictamen sobre un mismo punto. <\/p>\n
O sea que la experticia aportada durante el tr\u00e1mite de tutela se encuentra debidamente fundamentada y elaborada \u201ccon todas las normas de la hermen\u00e9utica jur\u00eddica y la t\u00e9cnica cient\u00edfica\u201d, de manera que no ha debido desecharse para efectos de probar el perjuicio causado por las sociedades demandadas. <\/p>\n
4. El tribunal, en consecuencia, vulner\u00f3 el orden de las experticias aportadas porque al no considerar la de Hugo Alberto Ortiz, que fue el perito designado ante la discrepancia de los dos nombrados en el tr\u00e1mite de la tutela, tampoco tuvo en cuenta el dictamen de Vivas y Sotelo, por lo que ambos han debido ser apreciados en forma conjunta. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO: <\/p>\n
1. Por violaci\u00f3n indirecta, debido a error de derecho, se denuncia el quebranto de los art\u00edculos 6, 174, 187, 238 y 241 del C. de P.C. por falta de aplicaci\u00f3n; 140 y 234, por aplicaci\u00f3n indebida, ib\u00eddem, lo que llev\u00f3 al tribunal a vulnerar, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1613, 1614, 2341 y 2347 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. El sentenciador se equivoc\u00f3 cuando dedujo que el informe pericial aportado a la acci\u00f3n de tutela \u201cno se rindi\u00f3 con las formalidades legales y por consiguiente es nulo\u201d, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 luego de referir las incidencias por las cuales fueron tres los expertos que lo rindieron, uno para decir que no exist\u00edan fundamentos para evaluar los perjuicios, otro para dictaminar sobre el monto de los mismos y el \u00faltimo, para dirimir esos dis\u00edmiles conceptos, el que no cumpli\u00f3 con dicho objetivo, sino que ampli\u00f3 el aval\u00fao establecido por el anterior. <\/p>\n
En esas condiciones, el tribunal \u201ccometi\u00f3 un grave error\u201d por <\/p>\n
considerar como dictamen lo que dijo uno de los peritos designados en el sentido de que no era factible evaluar los perjuicios, toda vez que esa manifestaci\u00f3n no es una experticia; por consiguiente el rendido por el perito para dirimir la discrepancia es plenamente v\u00e1lido, m\u00e1xime si en su momento no fue objetado y fue trasladado legalmente a este proceso. <\/p>\n
A\u00f1ade el censor que como no era factible tener dos dict\u00e1menes en la acci\u00f3n de tutela sobre un mismo punto, se debe tomar como definitivo y \u00fanico el \u00faltimo practicado all\u00e1, \u201crespetando un orden procesal\u201d. <\/p>\n
CARGO TERCERO: <\/p>\n
1. Tambi\u00e9n con base en la causal primera de casaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, se endilga error de hecho al tribunal y el subsiguiente quebranto de los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Decreto 2591 de 1991; 63, 1613, 1614, 2341 y 2347 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n del numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 237 y 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2. Seg\u00fan el censor el tribunal no encontr\u00f3 debidamente fundamentados los dict\u00e1menes aportados a la acci\u00f3n de tutela y al proceso ordinario, tras de resaltar que no existen datos ni ganancias del pasado que permitan proyectar las ganancias futuras. <\/p>\n
En ese sentido orienta la primera parte de su censura a demostrar que las experticias aportadas por Francisco Acevedo y Hugo Alberto Ortiz durante el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela \u201cson uniformes en cuanto a su sustentaci\u00f3n\u201d, motivo por el cual cumplen con las exigencias legales; como igualmente las satisface el peritaje aportado por Vivas y Sotelo que tuvo como punto de referencia ese otro diagn\u00f3stico. <\/p>\n
3. En seguida, hace un pormenorizado an\u00e1lisis de cada uno de dichos ex\u00e1menes t\u00e9cnicos para refutar las conclusiones a las que arrib\u00f3 el sentenciador, en la forma que a continuaci\u00f3n se compendia: <\/p>\n
a) El tribunal dijo que no se establecieron ventas reales del producto para descartar la posibilidad de cuantificar los beneficios reales, pero con ello omiti\u00f3 tener en cuenta el contrato que los actores celebraron con la firma alemana para adquirir el producto que, en consecuencia, ser\u00eda luego comercializado. <\/p>\n
b) La comercializaci\u00f3n del producto adquirido a la empresa alemana, esto es, los 15.000 litros de aditivo, se hizo en la siguiente forma: 9.000 litros como daci\u00f3n en pago al Banco Ganadero, y los otros 6.000 litros entre otros clientes. De esa manera es evidente que la puesta en el mercado implic\u00f3 altos costos generados por el estudio previo para su introducci\u00f3n en el mismo. <\/p>\n
c) La imposibilidad de adquirir pr\u00e9stamos para dar continuidad al referido mercadeo, le impidi\u00f3 a los actores acreditar el producto, lo que constituye sin duda un perjuicio que fue cuantificado por los peritos en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
d) El tribunal desconoci\u00f3 el testimonio de Pablo Albarrac\u00edn y la sentencia de tutela de la Corte Constitucional que hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada y conden\u00f3 al da\u00f1o emergente y moral, \u201cpor lo tanto s\u00ed hubo da\u00f1o y nexo de causalidad\u201d. <\/p>\n
e) Transcribe el censor el alegato de conclusi\u00f3n que present\u00f3 ante el tribunal, para hacer ver que el dictamen aportado en la tutela por Ortiz y Acevedo coinciden plenamente en cuanto al valor del litro de aditivo a julio de 1986, de tal manera que el paso siguiente era actualizarlo a agosto de 1987. <\/p>\n
f) Tuvieron en cuenta los referidos peritos, adem\u00e1s, el perjuicio que se caus\u00f3 al demandante por no recibir un cr\u00e9dito por $50.000.000, que le habr\u00eda permitido adquirir 40.000 litros m\u00e1s del producto para comercializar. <\/p>\n
g) Los peritos designados dentro del proceso tuvieron en cuenta las conclusiones de los peritos actuantes en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, que no fue objetado y por ello constitu\u00eda cosa juzgada; dictamen que, adem\u00e1s, est\u00e1 soportado por los documentos pertinentes; por eso concluyeron que el perjuicio material ascend\u00eda a $728.141.291,80, \u201cvalor que corresponde a la cantidad de 39.238.20 litros de aditivo Mathe Universal, que representa el volumen total que la parte actora dej\u00f3 de comercializar entre junio de 1987 y julio de 1992\u201d, aserto que contradice la conclusi\u00f3n del tribunal de que no fue posible calcular la utilidad por la venta del producto durante el tiempo en que permaneci\u00f3 vigente la anotaci\u00f3n como deudor moroso. <\/p>\n
h) Dej\u00f3 de verse el contrato celebrado entre los demandantes y la firma alemana, mediante el cual aqu\u00e9l se comprometi\u00f3 a vender 80.000 litros del producto aditivo, cuyos t\u00e9rminos daban lugar a dar por demostrado que de no aparecer en el banco de datos de deudores morosos, la parte impugnante habr\u00eda podido adquirir el pr\u00e9stamo requerido para comercializar dicha cantidad en el t\u00e9rmino previsto, \u201cya que el posicionamiento del producto Mathe Universal hab\u00eda sido distribuido por muestreo a varias entidades estatales que traen a colaci\u00f3n los peritos que dieron buen cr\u00e9dito del producto incluido el an\u00e1lisis qu\u00edmico del mismo\u201d. <\/p>\n
i) No son perjuicios hipot\u00e9ticos los que se detallan, porque las experticias aportadas al proceso de tutela tienen pleno sustento probatorio y porque las allegados al mismo tuvieron como fuente aqu\u00e9llas; adicionalmente, para que tuvieren ese car\u00e1cter \u201cbastar\u00eda que no existiesen bases de ninguna \u00edndole en la sustentaci\u00f3n de un dictamen, ni hubiese ninguna ecuaci\u00f3n ni elucubraci\u00f3n mental de orden aritm\u00e9tico o contable\u201d, situaci\u00f3n que no se dio en el caso planteado, porque existe la tasaci\u00f3n de un valor m\u00ednimo del giro ordinario del negocio que los demandantes estaban en posibilidad de cumplir, de suerte que de all\u00ed a fijar la ganancia futura no exist\u00eda problema alguno, bastaba, como en efecto ocurri\u00f3, una simple operaci\u00f3n aritm\u00e9tica. <\/p>\n
j) Las inquietudes en torno al tema en cuanto a lo dicho por los peritos, se aclar\u00f3 con la complementaci\u00f3n del dictamen, cuando, entre cosas, se dej\u00f3 en claro que el an\u00e1lisis de mercadeo del producto debi\u00f3 darse por el solo hecho de haberse importado el producto, de manera que aun frente a la ausencia de documentos contables, era dable concluir que dichos estudios s\u00ed existieron, m\u00e1s a\u00fan, si se aportaron cronogramas, documentos y certificaciones que acreditaban la negociaci\u00f3n referida. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. En contra de la sentencia del tribunal, compendiada antes, el recurrente propone tres cargos, as\u00ed: en los dos primeros claro se ve que imput\u00e1ndole en ellos error de hecho y derecho, respectivamente, incluso en ambos indicando el quebranto de normas de disciplina probatoria, se queja de que no se le haya dado validez legal al dictamen emanado del tercero de los peritos que fue designado en el campo de la tutela con el preciso objeto de dirimir las discrepancias de los dos que all\u00ed se hab\u00edan pronunciado; lo que determina examinar la inconformidad del recurrente manifestada en ambos, \u00fanicamente bajo la \u00f3ptica del error de derecho de que trata el segundo, cuanto m\u00e1s si, como se constata, el tribunal antepuso la nulidad de la prueba practicada antes de este proceso. Y luego viene el cargo tercero por la v\u00eda indirecta y por error de hecho, en el cual apunta el censor a rescatar por lo menos en dos de los dict\u00e1menes la prueba del lucro cesante, en contra de la ausencia de la misma que dedujo el sentenciador. <\/p>\n
Se hace visible, entonces, que el cargo primero no tiene cabida porque en \u00e9l se denuncia la comisi\u00f3n de un error de hecho en relaci\u00f3n con una prueba que, por motivos legales, que en el sentir del tribunal la invalidan, este no la consider\u00f3 en su materialidad a pesar de haber llegado en traslado de otro proceso; y que tampoco la tiene el cargo segundo, puesto que aunque enfilado rectamente como error de derecho, no apunta a desquiciar la raz\u00f3n que tuvo el sentenciador para considerar carente de formalidades o nula la experticia practicada con ocasi\u00f3n del procedimiento de tutela, cual fue la de que no estando de acuerdo los dos peritos inicialmente designados y no habiendo resuelto el tercero la discrepancia, porque no se refiri\u00f3 a ella, la peritaci\u00f3n \u00edntegra carec\u00eda de valor; a esa espec\u00edfica raz\u00f3n nada opone el censor, quien se limit\u00f3 a decir que ese peritaje lo tiene porque no fue objetado en su momento y vino en traslado, circunstancias ambas que, valga <\/p>\n
2. Agr\u00e9gase a lo \u00faltimo, que el censor incurre en inexactitud al se\u00f1alar como error grave del tribunal que le haya dado valor al perito que manifest\u00f3 la imposibilidad t\u00e9cnica para hacer los c\u00e1lculos requeridos, pues ello no corresponde a lo que dijo el sentenciador, quien incluso se detuvo en el examen de la experticia positiva presentada por el otro perito, aunque para descartar su m\u00e9rito demostrativo sobre lucro cesante. Y si en \u00faltimas el censor propende por rescatar lo que dijo ese tercer perito designado en la acci\u00f3n de tutela, es lo cierto que el fallador lo apreci\u00f3 pero bajo la visi\u00f3n de que no ofrece fundamentaci\u00f3n plausible para definir los perjuicios. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, dijo que tal experto \u201cno dictamin\u00f3 sobre los puntos de desacuerdo de los otros peritos, sino que tom\u00f3 el precio promedio del litro de aditivo en el mes de agosto de 1987, fecha en la que se incluy\u00f3 el nombre del demandado en la base de datos, y con \u00e9l, actualizado a\u00f1o tras a\u00f1o, calcul\u00f3 lo que llam\u00f3 promedio de ventas del periodo comprendido entre el mes de agosto de 1987 y el mes de julio de 1992, \u00e9poca en la cual se sac\u00f3 al demandante de la base de datos. Consider\u00f3 que como la importaci\u00f3n inicial fue de 15.000 litros esta cantidad se vend\u00eda cada a\u00f1o o proporcionalmente por fracci\u00f3n de a\u00f1o\u201d; expresiones que en opini\u00f3n del tribunal dejaron sin resolver la disconformidad de dichos peritos y no ofrecen dato ninguno que conduzca al establecimiento exacto de los perjuicios, las cuales en verdad no enfrenta el censor. <\/p>\n
3. En conclusi\u00f3n, si bien es cierto que hubo equivocaci\u00f3n del juzgador por considerar que cuando tres peritos dictaminan de modo diferente sobre lo que es objeto de la prueba t\u00e9cnica, esta deviene nula, pues lo que en tal caso se impone es la apreciaci\u00f3n conjunta (art\u00edculos 238-6 C. de P. Civil), no lo es menos que el motivo de la supuesta invalidez como tal no fue atacado, m\u00e1xime cuando se observa que en todo caso medi\u00f3 la apreciaci\u00f3n del sentenciador de lo dicho por el perito tercero, por la que aqu\u00ed se propende, pero con resultados negativos para los intereses de los demandantes, sin que el recurrente ofrezca ning\u00fan reproche sobre esas definiciones; es decir, tanto consider\u00f3 el tribunal la supuesta irregularidad de la prueba de peritos, como la carencia de fundamentos para extraer la demostraci\u00f3n de los perjuicios requerida, pues adem\u00e1s de haber criticado ese dictamen se dio a la tarea de apreciar en detalle el del perito que hab\u00eda dictaminado positivamente sobre el punto, aspecto sobre el que tambi\u00e9n calla la censura. <\/p>\n
4. Sea lo que fuere, en el cargo tercero el censor no hace reparo a lo que ven\u00eda sosteniendo en las acusaciones precedentes y echa mano del dictamen producido en el tr\u00e1mite de tutela y del primero de este proceso civil para deducir en su favor una condena contra los demandados, tarea en la que tampoco sale exitoso, no solo porque en parte alude a da\u00f1os emergentes que fueron descartados por el tribunal por no estar precedidos de causa en la demanda, punto sobre el cual tambi\u00e9n pas\u00f3 de largo el recurrente, sino por lo que a continuaci\u00f3n pasa a decirse y que, aun de ser superadas las deficiencias t\u00e9cnicas anotadas, conduce al fracaso de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto: <\/p>\n
a) Para negarle valor probatorio a la prueba pericial obrante en el expediente, tanto a la que se obtuvo por traslado de la acci\u00f3n de tutela, como a la que se decret\u00f3 y aport\u00f3 al proceso, el tribunal detuvo su atenci\u00f3n en la raz\u00f3n de ser de la coexistencia de tres dict\u00e1menes en el tr\u00e1mite incidental desatado a continuaci\u00f3n de dicha acci\u00f3n. <\/p>\n
De cara a los t\u00e9rminos de la censura en relaci\u00f3n con dicho aspecto, es preciso acotar que el dictamen por el cual se adujo que no era posible cuantificar el da\u00f1o, constituye una verdadera experticia, toda vez que se trata, precisamente, de la conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 la persona designada para cuantificar el da\u00f1o causado, quien cumpl\u00eda bien su cometido igualmente explicando por qu\u00e9 no era posible hacerlo; y tanto fue un peritaje que el propio recurrente en su momento lo objet\u00f3 por error grave, seg\u00fan escrito que obra a folio 23 del cuaderno n\u00famero 6. <\/p>\n
La experta Myriam Barrera se\u00f1al\u00f3 que no compart\u00eda el dictamen aportado por su colega, porque, siendo contadora de profesi\u00f3n, echaba de menos los soportes contables que acreditaran el da\u00f1o material causado al comerciante demandante, quien no prob\u00f3 que \u201csu patrimonio o capital fue afectado\u201d, toda vez que incluso, y as\u00ed lo a\u00f1adi\u00f3, \u201cno demostr\u00f3 contar con una cuenta corriente que diera fe de los ingresos y egresos generados en virtud de los negocios a los que alude\u201d. (fls. 218 a 220 Cdo. 20). <\/p>\n
b) De otra parte, le resta valor probatorio el fallador a la prueba pericial aportada al tr\u00e1mite de tutela, porque el tercer perito, designado espec\u00edficamente para dirimir el desacuerdo existente entre sus antecesores, se limit\u00f3 a actualizar el valor establecido por uno de ellos, punto sobre el que, como ya se dijo, guard\u00f3 silencio el impugnante, quien se dedic\u00f3 a construir un andamiaje sin mayores soportes con el que pretende convertir en principal y \u00fanica prueba de perjuicios la experticia <\/p>\n
del se\u00f1or Ortiz Guerrero. <\/p>\n
En efecto, contra lo afirmado por el tribunal se erige el hecho de que el perito Hugo Alberto Ortiz Guerrero inici\u00f3 su dictamen dando las razones por las cuales se apartaba del concepto emitido por la perito Myriam Barrera, respecto del cual dijo que \u201cno comparto, pero respeto el criterio de la colega contadora que me antecedi\u00f3\u201d, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 luego de descartar, como \u00fanico medio de prueba eficaz para cuantificar los perjuicios, todo el material contable. <\/p>\n
c) Ese concepto implica que el tercer perito tom\u00f3 partido por el dictamen que expidi\u00f3 Francisco Acevedo, y en ese entendido debe apreciarse como prueba suficiente para dirimir el desacuerdo existente entre los dos primeros expertos, cuando, incluso, adujo que \u00e9ste \u00faltimo \u201ctiene su asidero perfectamente delimitado en su an\u00e1lisis macroecon\u00f3mico y en el aspecto objeto del negocio iniciado por los demandantes\u201d. <\/p>\n
d) Una vez dirimida la discrepancia anotada, era pertinente, adem\u00e1s, actualizar las experticias con la que se orden\u00f3 en el tr\u00e1mite ordinario, y encuentra tambi\u00e9n plena justificaci\u00f3n la existencia del \u00faltimo dictamen, porque \u00e9ste se orden\u00f3 en virtud de la objeci\u00f3n que por error grave propuesta contra el anterior. En esas condiciones, cada uno de ellos tuvo su raz\u00f3n de ser; de suerte que, a pesar de ser varios dict\u00e1menes, ellos se justifican por ser el resultado de una determinada etapa procesal, motivo determinante para que pierda piso el aparte de la censura que controvierte la pluralidad de dicho medio probatorio. <\/p>\n
e) Examinada as\u00ed la prueba pericial referida, no se ve el sustento de las objeciones que contra el aspecto meramente formal y en relaci\u00f3n con los dict\u00e1menes aportados en la acci\u00f3n de tutela, plante\u00f3 con especial \u00e9nfasis el tribunal, circunstancia que, con todo, no tiene virtualidad para casar la sentencia impugnada, porque, como se puntualizar\u00e1 a continuaci\u00f3n, razones de fondo impiden considerar existentes y cuantificables los perjuicios que se demandan. <\/p>\n
5. Efectivamente, desde el punto de vista subjetivo, el c\u00famulo de dict\u00e1menes aportados al caso no subsana las deficiencias que el proceso denota en cuanto a la ausencia de soportes s\u00f3lidos que permitan avaluar con \u00e9xito el da\u00f1o causado a los demandantes. Y no se diga que la prueba existente, en cuanto al contrato de distribuci\u00f3n, las facturas de venta, el interrogatorio de parte y restantes documentos, suplen las falencias anotadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el recurrente aduce que con el contrato de distribuci\u00f3n; con los costos que representa abrir el mercado para un determinado producto, con mayor \u00e9nfasis cuando \u00e9ste tiene competencia fuerte; con la imposibilidad que tuvo de adquirir cr\u00e9dito por encontrarse indebidamente reportado como deudor moroso; con el testimonio de Pedro Albarrac\u00edn; con la sentencia de tutela que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada en cuanto al perjuicio causado; con la coincidencia en varias pruebas de peritos en cuanto al valor del litro del producto que comercializaba; con el soporte probatorio que tuvieron los expertos en el incidente seguido a continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite de tutela; y con la restante prueba documental, se acredita suficientemente el valor de los perjuicios causados. <\/p>\n
6. El tribunal no le rest\u00f3 valor probatorio a los dict\u00e1menes referidos \u00fanicamente por las razones de forma ya decantadas, tambi\u00e9n los examin\u00f3 en el fondo, en el contenido, para definir su confiabilidad y sustento; para ello puntualiz\u00f3 que el lucro cesante que se demanda tiene que ver con \u201cla paralizaci\u00f3n de una actividad empresarial\u201d, respecto de la cual los peritos del proceso ordinario simplemente actualizaron las cifras referidas por los expertos en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Ese dictamen pericial que, seg\u00fan palabras del juzgador, simplemente actualiz\u00f3 el que en traslado lleg\u00f3 al proceso, fue objetado y en raz\u00f3n de ello se practic\u00f3 uno nuevo, en el cual, destaca el sentenciador, no fue posible calcular las ganancias dejadas de percibir \u201cpor la ausencia de informaci\u00f3n contable\u201d. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se remiti\u00f3 a los fundamentos probatorios que sirvieron de base a los peritos en la tutela, espec\u00edficamente al presentado por Francisco Acevedo Fonseca, para destacar que \u00e9ste tambi\u00e9n advirti\u00f3 sobre \u201cla falta de prueba escrita sobre al existencia de estudios de mercado y factibilidad\u201d, y que aunque el perito hizo el c\u00e1lculo de las p\u00e9rdidas en raz\u00f3n de los litros del producto adquiridos y los meses en que no se pudo desarrollar la actividad mercantil, ese promedio \u201cno es real, porque no se parti\u00f3 de las ventas efectivamente realizadas mes a mes de acuerdo con el reporte de las mismas, sino del total de litros existentes sin demostrar que realmente se hubiesen vendido\u201d. <\/p>\n
Hace ver el tribunal que durante el periodo de tiempo anterior a la inclusi\u00f3n de los demandantes en la base de datos de los deudores en mora, no fue posible extraer datos concretos y serios sobre la actividad comercial del afectado, lo que hace imposible, entonces, hacer una proyecci\u00f3n futura del mercado, \u201cporque no hay elementos reveladores del movimiento del negocio en el pasado. En efecto, adem\u00e1s de la ausencia de datos sobre compradores y entrega de pedidos, se carece de las declaraciones de orden fiscal que proporcionen datos de inter\u00e9s sobre las ventas reales y los flujos econ\u00f3micos experimentados por las ventas del negocio\u201d. <\/p>\n
7. El fallador de segundo grado no pod\u00eda basarse para la determinaci\u00f3n de los perjuicios y su monto meramente en el contrato de distribuci\u00f3n y los restantes elementos probatorios aportados al proceso, porque, como lo advirti\u00f3, no existen datos serios sobre las ventas que se efectuaban para cuando el negocio supuestamente se interrumpi\u00f3 por causa de la indebida inclusi\u00f3n del nombre de los demandantes en la base de datos de las entidades financieras. <\/p>\n
Basta volver sobre ciertos datos probatorios que el recurrente se cuida de mencionar y que son definitivos para apoyar la valoraci\u00f3n hecha por el sentenciador, consistentes en la prueba en torno a las dificultades econ\u00f3micas que rodearon la comercializaci\u00f3n del producto importado y la secuela subsiguiente de ser los demandantes sujetos de embargo, con las repercusiones propias de no poder comercializar la cantidad que se recibi\u00f3 en la primera importaci\u00f3n. <\/p>\n
Por dichas circunstancias, las restantes importaciones no se pudieron efectuar, de donde resulta extremadamente ajeno a la realidad que pueda tener soporte un perjuicio futuro con sustento en proyectar, sin ninguna circunstancia adversa, -que como se anota, ya exist\u00edan-, lo que habr\u00eda de ser una feliz importaci\u00f3n. <\/p>\n
Ese es, pues, a no dudarlo, un primer escollo para darle firmeza a un dictamen que sobre dicha base era, como lo afirmaron varios de los peritos, meramente hipot\u00e9tico. <\/p>\n
8. El segundo y determinante punto de referencia para restarle credibilidad a los perjuicios tan f\u00e1cilmente tasados por el impugnante, estriba en la ausencia de datos serios sobre los contratos de venta y los clientes que ten\u00eda el comerciante indebidamente reportado, para cuando tal hecho ocurri\u00f3. <\/p>\n
Aparecen en el expediente varias facturas de venta, pero ellas hacen relaci\u00f3n, exclusivamente, con clientes a quienes se les comercializaba el producto pero \u00fanicamente para la ofrecer la prueba del mismo. Estaba, pues, apenas tratando de incursionar en el mercado y no ten\u00eda, por tanto, clientes consolidados que pudieran dar raz\u00f3n de las ventas reales y de la aceptaci\u00f3n plena del producto, lo que ubica, indudablemente, en el campo de las meras expectativas, la comercializaci\u00f3n del producto. <\/p>\n
9. En ese orden de ideas, es acertado concluir, como lo hizo el tribunal, que no hab\u00eda certeza sobre el \u00e9xito de la actividad mercantil con antelaci\u00f3n a la inclusi\u00f3n en la base de datos de los demandantes; podr\u00eda agregarse, incluso, que por el contrario, de lo que hab\u00eda certeza era de las dificultades en su comercializaci\u00f3n, porque se sabe que en el a\u00f1o de 1982, cuando intentaron los demandantes importar 45.000 litros del producto, no lo pudieron hacer; as\u00ed, entonces cabe interrogar por qu\u00e9 raz\u00f3n se toma como base la \u00fanica importaci\u00f3n exitosa, y de ella se hace proyecci\u00f3n futura inalterable, no s\u00f3lo para tener por cierta esa cantidad como seguro ingreso y de su posterior venta, sin considerar que la proyecci\u00f3n inmediata no se pudo llevar. <\/p>\n
En fin, con especial insistencia se menciona el cr\u00e9dito que no pudo culminar con \u00e9xito la parte actora, y de all\u00ed se deduce la cantidad de litros que habr\u00edan podido importarse con el mismo y su posterior distribuci\u00f3n en el mercado, sin ning\u00fan contratiempo. Este punto reviste mayor incertidumbre que los anteriores, puesto que no se ve c\u00f3mo pueda deducirse que la utilizaci\u00f3n de tal pr\u00e9stamo habr\u00eda de salvar los obst\u00e1culos de la comercializaci\u00f3n del producto y habr\u00eda de ser la redenci\u00f3n total de la hasta entonces malograda empresa. <\/p>\n
10. Como corolario de todo lo anterior, fluye que ninguno de los cargos propuestos est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del tribunal dictada en el proceso arriba referido. <\/p>\n
Se condena en costas a la parte recurrente, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese y notif\u00edquese <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-116-2005 [00304] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1 D. C., tres (3) junio de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 00304 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82964","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82964","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82964"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82964\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82964"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82964"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82964"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}