SC-120-2005 [5283531030011998-01389-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref.: expediente 528353103001199801389-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el codemandado Ever Castillo Sol\u00eds contra la sentencia de 17 de julio de 2003, proferida por el tribunal superior del distrito judicial de Pasto, sala civil-familia, en el proceso ordinario de la Naci\u00f3n – Ministerio de Defensa Nacional contra Construcciones Casoto Ltda. y el recurrente. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
Pidi\u00f3se la nulidad absoluta del contrato por medio del cual Construcciones Casoto Ltda. vendi\u00f3 a Ever un inmueble, celebrado mediante escritura 614 de 21 de octubre de 1994 de la notar\u00eda \u00fanica de Tumaco, debido a que versa sobre un terreno de bajamar, que es de uso p\u00fablico y de propiedad de la Naci\u00f3n, y en consecuencia se ordene al adquirente restituirlo a favor de la \u00faltima en diez d\u00edas, y se disponga la cancelaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula inmobiliaria respectiva. <\/p>\n
Op\u00fasose a las pretensiones Ever Castillo Sol\u00eds, pues niega que el inmueble pertenezca a la Naci\u00f3n, ya que no est\u00e1 ubicado en sectores de relleno sino en la isla La Viciosa, adjudicada por la Naci\u00f3n – Ministerio de Obras P\u00fablicas de manera definitiva a un particular en 1911, seg\u00fan inscripci\u00f3n en la oficina de registro. Adem\u00e1s, conforme al decreto 3183 de 1952 y hasta el decreto 2324 de 1984, los particulares pod\u00edan ser due\u00f1os de terrenos de bajamar. Propuso las excepciones que llam\u00f3 inexistencia de ilicitud en el contrato, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa y principio de buena fe contractual. <\/p>\n
Tambi\u00e9n present\u00f3 escrito de llamamiento de garant\u00eda respecto de la codemandada Construcciones Casoto Ltda., que fue tramitado por el juzgado. <\/p>\n
La \u00faltima tambi\u00e9n replic\u00f3 la demanda alegando que el terreno objeto del contrato cuestionado es de propiedad particular, por la adjudicaci\u00f3n, en 1911, de la isla La Viciosa a la firma Gaminara & Leedor, a m\u00e1s de que la ley 43 de 1917 cedi\u00f3 al municipio de Tumaco los terrenos de bajamar. Propuso como excepciones las que denomin\u00f3 petici\u00f3n de modo indebido, prescripci\u00f3n extintiva de los derechos reclamados por la actora, incompatibilidad entre la primera y la tercera pretensi\u00f3n. <\/p>\n
El juzgado 1\u00ba civil del circuito de Tumaco declar\u00f3 la nulidad absoluta por comprometer el contrato un bien de uso p\u00fablico de la Naci\u00f3n, decisi\u00f3n que debe inscribirse en la oficina de registro; orden\u00f3 al codemandado Ever restituir dentro de los diez d\u00edas siguientes el predio a la entidad demandante, y a \u00e9sta que en t\u00e9rmino legal \u00abreintegre\u00bb al mismo el valor de las construcciones del predio, estimado en $93’964.800,oo, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria respectiva, aunque puede otorgarse una concesi\u00f3n seg\u00fan el art. 175 del decreto 2324 de 1984; conden\u00f3 a Casoto Ltda. a devolver a Ever el precio de la compraventa anulada, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria desde la fecha del contrato y hasta el pago, y a pagar las costas a la demandante. <\/p>\n
En desarrollo de la apelaci\u00f3n propuesta por demandante y demandados, el tribunal modific\u00f3 la sentencia en lo siguiente: precis\u00f3 el inmueble que debe reintegrar Ever; orden\u00f3 a Casoto Ltda. restituir a \u00e9ste el precio del bien indexado, que hacia el futuro deber\u00e1 actualizarse seg\u00fan el art. 308 del C.P.C.; revoc\u00f3 la orden de pago de las construcciones por la demandante, y en su lugar dispuso que es la codemandada Casoto Ltda. quien debe reintegrar a Ever por tal concepto $125’758.848,71, a actualizarse en la misma forma. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Empieza por estimar que hay legitimaci\u00f3n en la causa de la demandante, porque el lote de terreno se halla en zona de bajamar y de acuerdo con los arts. 2, 4, 5 y 166 del decreto 2324 de 1984, es terreno bajo jurisdicci\u00f3n de la Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima – Dimar, que corresponde al Ministerio de Defensa, quien puede pedir la nulidad sobre enajenaci\u00f3n de un bien de uso p\u00fablico, y de los demandados porque celebraron el contrato atacado. <\/p>\n
Apl\u00edcase luego el tribunal a unas consideraciones sobre la nulidad del negocio jur\u00eddico, sus titulares y los requisitos para su declaraci\u00f3n, las caracter\u00edsticas de los bienes de uso p\u00fablico de propiedad del Estado, en especial la legislaci\u00f3n de los situados en zonas mar\u00edtimas y su protecci\u00f3n, para concluir que entre los predios adquiridos por Casoto Ltda. en 1988, est\u00e1 el lote 3 de la manzana 3 de la urbanizaci\u00f3n Miramar, que vendi\u00f3 a Ever Castillo Sol\u00eds mediante el contrato atacado y que est\u00e1 afectado de nulidad absoluta por objeto il\u00edcito. As\u00ed, de los testimonios de Manuel Eduardo Bacca, Hernando Jes\u00fas Arco Salazar, Guillermo Rodr\u00edguez Rosero y Enrique P\u00e9rez Rivera, se conoce que la casa de Ever est\u00e1 levantada en terrenos de bajamar. Tambi\u00e9n hay un informe rendido en abril de 1992 por el teniente Rito Ernesto G\u00f3mez Sarmiento, de la capitan\u00eda de Tumaco, a ra\u00edz de la solicitud de Casoto Ltda. para una concesi\u00f3n de terrenos, que indica que varios de \u00e9stos, entre ellos el de Ever, son de uso p\u00fablico, seg\u00fan trascripci\u00f3n parcial que hace. <\/p>\n
De ah\u00ed que la capitan\u00eda de puerto, con resoluci\u00f3n 0889 de 1993, otorg\u00f3 concesi\u00f3n a la sociedad para unas construcciones, salvo unos predios situados en la isla La Viciosa, pues concluy\u00f3 que aunque existen t\u00edtulos sobre la misma que datan de 1870, \u00ab\u00e9stos no demuestran la real transferencia del derecho de dominio sobre las playas, terrenos de bajamar, \u00e1reas rellenadas\u00bb. Posteriormente inici\u00f3 investigaci\u00f3n contra Castillo Sol\u00eds, que concluy\u00f3 declarando que su lote era en parte producto de un relleno y en parte zona de bajamar, por lo cual solicit\u00f3 a la alcald\u00eda la restituci\u00f3n del predio, decisi\u00f3n de 31 de octubre de 1995, confirmada al desatarse los recursos de reposici\u00f3n (enero de 1996) y de apelaci\u00f3n (abril de 1997). Adicionalmente, con la prueba pericial de este proceso y las fotograf\u00edas del inmueble se concluye de igual manera, pues los peritos dijeron que estaba en terrenos de bajamar, aspecto ampliamente explicado. Por eso, hay nulidad absoluta de la enajenaci\u00f3n a t\u00e9rminos del art\u00edculo 1521-1 del C.C., ya que se trata de un bien de uso p\u00fablico. <\/p>\n
Sobre la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n se atiene a lo dicho al principio, y descarta las de objeto l\u00edcito y buena fe por cuanto el lote objeto de la compraventa es de uso p\u00fablico, como se determin\u00f3 en el proceso y en los actos administrativos de la capitan\u00eda de puerto y la Dimar, que est\u00e1n amparados por presunci\u00f3n de legalidad no desvirtuada. La prescripci\u00f3n fracasa porque frente a un bien de uso p\u00fablico no puede operar en ninguna forma, y las dem\u00e1s excepciones quedan descartadas por todo lo considerado antes. <\/p>\n
Las restituciones mutuas, dice el tribunal, deben estar a cargo de Casoto Ltda. en favor de Ever, con fundamento en el saneamiento por evicci\u00f3n, pues dicha compa\u00f1\u00eda, como vendedora, est\u00e1 obligada a sanear el contrato al producirse la evicci\u00f3n, de manera que debe restituir el precio actualizado con IPC, m\u00e1s el valor de las mejoras, a tenor del art\u00edculo 1906 del c\u00f3digo civil, igualmente actualizado con el IPC. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Solamente los cargos enumerados como tercero, quinto y s\u00e9ptimo se acogieron a tr\u00e1mite, pues los dem\u00e1s fueron inadmitidos al calificarse los aspectos formales de la demanda de casaci\u00f3n. Primeramente se resolver\u00e1 el cargo quinto, por ser el all\u00ed denunciado un error in procedendo. <\/p>\n
Quinto cargo <\/p>\n
Montado con estribo en la causal segunda de casaci\u00f3n, se dice que la sentencia no est\u00e1 en consonancia con las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Especifica el recurrente que la segunda pretensi\u00f3n se pidi\u00f3 declarar que el terreno ocupado por el codemandado Ever Castillo pertenece a la Naci\u00f3n, por ser de uso p\u00fablico, pero la sentencia se limit\u00f3 a declarar la nulidad de la compraventa por objeto il\u00edcito, pues el juzgado y el tribunal omitieron pronunciarse sobre dicha petici\u00f3n. Tal es un vicio de actividad. La relaci\u00f3n l\u00f3gica entre las pretensiones sobre dominio p\u00fablico y nulidad del contrato es igual que entre la causa y el efecto, porque no puede darse la nulidad sin quedar establecido que el bien es de dominio p\u00fablico. De ah\u00ed que al omitirse la pretensi\u00f3n aludida, se dej\u00f3 sin piso la determinaci\u00f3n consecuente. <\/p>\n
El fallador ha debido mirar la pretensi\u00f3n y definir su competencia para decidir \u00absin que se hubiese recorrido la v\u00eda gubernativa, previa, ante la autoridad administrativa competente\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
S\u00e1bese que el postulado de la congruencia de la sentencia, acogido positivamente por el art\u00edculo 305 del c\u00f3digo de procedimiento civil, impone una estricta adecuaci\u00f3n de aquella decisi\u00f3n con los hechos y las pretensiones de la demanda o dem\u00e1s oportunidades autorizadas, y con la oposici\u00f3n que contra ella se hubiese podido plantear en el proceso, signific\u00e1ndose entonces que debe resolver sobre todas y cada una de las cuestiones esenciales del litigio. Debe haber, pues, consonancia entre lo pedido y lo resistido. <\/p>\n
Surge de lo anterior que la anotada causal se configura cuando, como reiteradamente ha explicado la Corte, la sentencia es excesiva por proveer m\u00e1s de lo pedido (ultra petita partium), o cuando provee sobre peticiones no formuladas por las partes (extra petita partium), o en el evento en que deja de pronunciarse sobre peticiones de la demanda o sobre excepciones formuladas por el demandado o que debe reconocer de oficio (citra o minima petita partium); as\u00ed mismo, hay incongruencia cuando el juez se desentiende de los hechos narrados en el escrito introductorio, seg\u00fan el precitado art\u00edculo 305 del estatuto procesal. <\/p>\n
Ahora, la carencia de armon\u00eda entre lo pedido y lo decidido, referida como es al contenido de la sentencia, ha de buscarse, en l\u00ednea de principio, en la parte resolutiva de la misma, \u201cpues la causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo\u201d (G.J. LXXXV, p. 62). Empero, precisi\u00f3n tal no conlleva, seg\u00fan parece entenderlo el casacionista, que cometa autom\u00e1ticamente incongruencia un fallo cuando en su parte resolutiva no se hace expresa, detallada o separada menci\u00f3n de algunas peticiones complementarias de la demanda, ya que all\u00ed o en la motivaci\u00f3n puede haber una referencia impl\u00edcita o expl\u00edcita sobre las mismas. <\/p>\n
Por lo que hace con el caso, no puede haber incongruencia, cual estima el recurrente, toda vez que los sentenciadores de instancia s\u00ed se pronunciaron sobre el car\u00e1cter de uso p\u00fablico del terreno materia del contrato atacado, y el consecuente dominio de la Naci\u00f3n respecto del mismo, aspectos que explicitaron en la parte motiva y en la resolutiva de la sentencia. As\u00ed, viose en los antecedentes que fue insistente el tribunal en sus motivaciones sobre esa caracter\u00edstica del bien, para confirmar la decisi\u00f3n del a quo que declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato por comprometer un bien de uso p\u00fablico perteneciente a la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Por modo que no ha menester m\u00e1s disquisiciones hallar que el cargo es frustr\u00e1neo. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
T\u00edldase la sentencia de violar indirectamente, por error de derecho, los art\u00edculos 669, 740, 756, 762, 765, 766, 768 y 789 del c\u00f3digo civil, 58 de la constituci\u00f3n de 1991, 30 de la constituci\u00f3n de 1986 \u00fanico del acto legislativo 6 de 1905, 3 del acto legislativo 3 de 1910, 2 del decreto 1250 de 1970, 241 y 265 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
Anota el censor que hubo error de derecho por admitirse como probado que el inmueble es un bien del Estado, de uso p\u00fablico, y dejar de atribuir m\u00e9rito a las pruebas que acreditan su propiedad privada. El tribunal tuvo en cuenta el dictamen del proceso y el concepto emitido por la Dimar, y mencion\u00f3 en forma parcial los testimonios de Manuel Eduardo Bacca, Hernando Arco Salazar, Guillermo Rodr\u00edguez Rosero y Enrique P\u00e9rez Rivera, pero no tuvo en cuenta la tradici\u00f3n de la isla La Viciosa, que se remonta a 1870, que del dominio p\u00fablico pas\u00f3 leg\u00edtimamente al privado. <\/p>\n
Estima deficientemente valoradas las escrituras de adquisici\u00f3n de Ever Castillo y sus antecesores, que menciona, as\u00ed como las partidas n\u00fameros 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130, de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Tumaco que contienen los negocios sobre la isla, desde que fue adjudicada en 1911 por el Ministerio de Obras P\u00fablicas a particulares, cuando se fijaron como linderos el mar, el oc\u00e9ano y manglares. El testimonio no es prueba id\u00f3nea para considerar que el terreno es de bajamar, valoraci\u00f3n que requiere conocimientos t\u00e9cnicos (art. 233 C.P.C.), adem\u00e1s de que los testigos no afirman eso, ya que Enrique P\u00e9rez se abstuvo de definir \u00abterrenos de bajamar\u00bb, Manuel E. Bacca relat\u00f3 c\u00f3mo se construy\u00f3 el relleno e indic\u00f3 que el lote de Ever no est\u00e1 sobre el mismo, sino sobre la isla. Hernando Arco concluy\u00f3 diciendo que la propiedad del \u00faltimo tambi\u00e9n est\u00e1 sobre la isla, al igual que Guillermo Rodr\u00edguez Rosero. <\/p>\n
El sentenciador atribuy\u00f3 valor absoluto al dictamen sin tener en cuenta la \u00abcalidad de sus fundamentos\u00bb ni los otros elementos probatorios (art. 241 C.P.C.). Los peritos no hicieron un estudio t\u00e9cnico o cient\u00edfico de suelos, por lo cual es subjetiva su afirmaci\u00f3n de que el lote est\u00e1 sobre el relleno artificial, adem\u00e1s de contrariar abiertamente la historia de la tradici\u00f3n jur\u00eddica del bien. Resalta el informe del perito ocean\u00f3grafo Rito Ernesto G\u00f3mez, quien luego de referirse a los t\u00edtulos y tradici\u00f3n de la isla y el relleno que se hizo para unirla con la isla de Tumaco, expres\u00f3 que el lote de Ever est\u00e1 en 170 metros cuadrados sobre terreno consolidado, fuera de los 50 metros, medidos a partir de la l\u00ednea de nivel de m\u00e1xima marea, dejando en claro que ese lote no hace parte del relleno. Lo relativo a bajamar es un asunto geol\u00f3gico inestable, porque Tumaco es un archipi\u00e9lago que soporta el embate peri\u00f3dico del mar, cuyas aguas llegan a veces hasta la plaza principal, y por eso se explican las autorizaciones oficiales para construir edificaciones, como la del demandante, que hoy est\u00e1n m\u00e1s comprometidas con la l\u00ednea de bajamar. <\/p>\n
Tribunal y juzgado dejaron de asignar a los t\u00edtulos y certificados de registro el justo m\u00e9rito que por ley tienen para acreditar el dominio privado, pues se limitaron a considerar los dict\u00e1menes, los testimonios parcialmente y algunos antecedentes administrativos, para deducir que el inmueble es de uso p\u00fablico. A la luz de las pruebas que acreditan su propiedad con justo t\u00edtulo y buena fe, la decisi\u00f3n desconoce las normas sobre propiedad privada en la isla, como ley 3 de 1842, tratado 1\u00ba de la recopilaci\u00f3n granadina, varios acuerdos del concejo municipal en el siglo XIX, el decreto del congreso de la Nueva Granada de 28 de mayo de 1841, ley 3 de 1843, ley 15 de 1876, ley 62 de 1879, ley 106 de 1873 -c\u00f3digo fiscal- y ley 43 de 1917, entre otros ordenamientos. <\/p>\n
Por restar importancia a la prueba id\u00f3nea y \u00fanica del dominio privado, la sentencia admiti\u00f3 como incuestionable el dominio p\u00fablico de la zona de relleno artificial, por lo que debe reconocerse la tradici\u00f3n del inmueble seg\u00fan las pruebas citadas. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Sostiene la jurisprudencia de la Corte que el error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas tiene relaci\u00f3n con la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las mismas, precisamente para resaltar que en ese \u00e1mbito queda excluida toda controversia de tipo f\u00edsico o material, pues \u00e9l s\u00f3lo podr\u00eda estructurarse en un escenario que le es muy propio: el de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, y, por tanto, el reproche que cabe hacerle al juzgador ya no es el de que vea mucho o poco, que invente o mutile pruebas, sino que se ubica es en su pensamiento probatorio, ya porque no muestra el debido respeto al apreciad\u00edsimo postulado del contradictorio (aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n al proceso de elementos de juicio), ora porque entra a re\u00f1ir con el legislador acerca del m\u00e9rito de las probanzas. Bien podr\u00eda decirse metaf\u00f3ricamente que aqu\u00ed el problema no es de \u201cpupila\u201d sino de discernimiento. <\/p>\n
De aceptarse que la denuncia del censor en cuanto a que la prueba testimonial no es id\u00f3nea para tener como probado que un terreno es de bajamar, y que para tales efectos es menester prueba t\u00e9cnica, puede plantarse como yerro de derecho probatorio, el reproche deviene incompleto y es irrelevante. No es cabal porque no aparece la invocaci\u00f3n de la norma probatoria en que pretende fundarse la queja y el correspondiente razonamiento sobre la infracci\u00f3n, en desacato al requisito que impone el inciso final del art\u00edculo 374 del estatuto procesal; y, la irrelevancia surge verificado que de ninguna manera puede considerarse que el tribunal ancl\u00f3 sus deducciones sobre el particular \u00fanicamente en testigos, de atenderse que tambi\u00e9n fij\u00f3 la vista en las actuaciones administrativas adelantadas antes del proceso, los conceptos t\u00e9cnicos que all\u00ed se dieron, as\u00ed como la prueba pericial y otros elementos de juicio vertidos en este tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
Por los dem\u00e1s aspectos, rev\u00e9lase bien pronto que el ataque bajo an\u00e1lisis carece de acierto, y por tal impide entrar a su an\u00e1lisis de fondo, pues la inconformidad del recurrente, en puridad, no reside en la contemplaci\u00f3n o diagnosis jur\u00eddica del acervo f\u00e1ctico justificante de la sentencia, sino en su contemplaci\u00f3n material. <\/p>\n
Justamente, aunque el recurrente quiere mostrar una ri\u00f1a del ad quem con el legislador en torno al m\u00e9rito de los elementos probativos, la verdad es que yerra sin remedio en prop\u00f3sito semejante, porque no logra hacer ver ni una sola pifia en la valoraci\u00f3n legal de las pruebas, y lo que deja traslucir el cargo es una mera inconformidad con las conclusiones f\u00e1cticas del segundo, una propuesta para sustituir el an\u00e1lisis probatorio por otro que se ensaya. <\/p>\n
Por cierto que si bien el censor itera a lo largo de la acusaci\u00f3n respecto al m\u00e9rito desconocido de las pruebas, no logra demostrar en modo alguno que el juzgador despreci\u00f3 las normas probatorias, mismas estas que, adem\u00e1s, cita con bastante estrechez y tanto menos las comenta de cara a las conclusiones de la providencia cuestionada. M\u00e1s pareciera que hubiese podido plantear un an\u00e1lisis f\u00e1ctico y objetivo diferente sobre las pruebas que obran en el expediente. <\/p>\n
Pero si se tuviera como error de hecho, en tal caso echar\u00edase de menos la ardua carga de confrontaci\u00f3n que se espera de quien lleva el pleito por los senderos de la casaci\u00f3n, en especial dentro del \u00e1mbito de ese tipo de yerro, cuya proposici\u00f3n requiere particular \u00e9nfasis en el quehacer de parang\u00f3n para demostrar la disparidad entre lo considerado por el juzgador y lo que objetivamente muestran los medios de persuasi\u00f3n, con cuestionamiento de todos los pilares conclusivos de la sentencia. Y as\u00ed es por cuanto solo cabr\u00eda estimar que el recurrente expone lo que en su sentir emana de las pruebas que cita, que no es cosa distinta a un derecho de propiedad que invoca sobre el terreno susodicho, que el sentenciador calific\u00f3 como de bajamar que no ha salido del patrimonio estatal, pero no adelanta el contraste tendiente a verificar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la equivocaci\u00f3n que achaca al \u00faltimo, y, para remate, ni siquiera cuestiona la aserci\u00f3n referente a que la cadena de t\u00edtulos y modos por \u00e9l esgrimida no es prueba de transferencia de esa zona de uso p\u00fablico. <\/p>\n
Por lo ata\u00f1edero con esto \u00faltimo, vale la pena tener presente que con independencia de la fuerza que el juzgador de segundo grado otorg\u00f3 a la falta de esa prueba, resulta que en cualquier caso es una premisa toral para sostener la conclusi\u00f3n de la providencia desafiada, porque a todas estas si la censura no muestra el medio para persuadir de que efectivamente dentro de la tradici\u00f3n del bien de donde fue desmembrado su lote qued\u00f3 comprendida la transferencia de las playas o terrenos de bajamar de la isla, es vana cualquier otra acometida, pues deja erguida la deducci\u00f3n consistente en la naturaleza p\u00fablica de los terrenos. <\/p>\n
En realidad el inconforme se limita a afirmaciones sobre algunos t\u00edtulos de propiedad y sus inscripciones en relaci\u00f3n con la isla La Viciosa, como la resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n de la misma en 1911 y sus linderos, pero no logra exhibir de d\u00f3nde sale la eventual transferencia de los terrenos de bajamar, que en buenas cuentas es lo cardinal sobre el punto en discusi\u00f3n. Cumple rememorar que la mera r\u00e9plica del fallo, cual si el litigio anduviese a\u00fan en las instancias, no es de recibo en un recurso de naturaleza extraordinaria como la casaci\u00f3n, en donde, por lo mismo, mucho m\u00e1s de lo que normalmente se hace all\u00e1 ha de esperarse del recurrente, si sobre sus hombros pesa la carga de demostrar el yerro que denuncia, se\u00f1al\u00e1ndole a la Corte el punto exacto en que tiene venero el desacierto, y hacer ver que \u00e9ste no s\u00f3lo se ha presentado, sino que es contraevidente. Y es natural que quien solamente afirma o niega, no por ello s\u00f3lo demuestra, \u00abporque demuestra quien prueba, no quien enuncia, no quien env\u00eda a otro a buscar la prueba\u00bb, como ha dicho la Sala (sentencia 025 de 26 de febrero de 2001, expediente No. 6048). <\/p>\n
Ahora bien, no hay duda que los terrenos de bajamar, o de la bajamar, son de uso p\u00fablico por naturaleza, y, por lo mismo, casi que sobra que acto alguno lo ratifique, pues as\u00ed emana de su especial condici\u00f3n de pertenecer a las playas del mar, al litoral o a las costas. Ese car\u00e1cter com\u00fan o de uso p\u00fablico de los terrenos de bajamar, por cierto, no es nuevo en la tradici\u00f3n jur\u00eddica, pues desde antiguo se ha venido decantando el reconocimiento de tan especial calidad. <\/p>\n
Remem\u00f3rase que en las \u00abInstituciones\u00bb de Justiniano d\u00edjose que conforme al derecho natural, dentro de las \u00abcosas comunes a todos\u00bb se halla \u00abel mar y sus costas\u00bb (Et quidem naturali jure comuni sunt omnium haec: … et mare et per hoc littora maris…; libro segundo, t\u00edtulo I, numeral 3); \u00abla costa del mar se extiende hasta donde alcanza el flujo del mar en el invierno\u00bb (ib\u00eddem, numeral 3), y el uso del mar y sus costas \u00abes p\u00fablico y de derecho de gentes\u00bb, \u00abmas la propiedad de dichas costas puede decirse que no es de nadie\u00bb (numeral 5). De parecida forma estaba consagrado en \u00ablas siete partidas\u00bb del antiguo derecho espa\u00f1ol, pues entre \u00ablas cosas que comunalmente pertenescen a todas las criaturas\u00bb se incluye \u00abel mar et su ribera\u00bb, lo que se complement\u00f3 con la siguiente previsi\u00f3n: \u00abEn la ribera de la mar todo home puede facer casa o caba\u00f1a a que se acoja cada que quisiere, et puede hi facer otro edificio qualquier de que se aproveche de manera que por \u00e9l non se embargue el uso comunal de la gente… Et todo aquel logar es llamado ribera de la mar quanto se cubre del agua della quanto mas cresce en todo el a\u00f1o, quier en tiempo de invierno o de verano.\u00bb (partida tercera, t\u00edtulo 28, leyes III y IV). <\/p>\n
Como en el pa\u00eds rigi\u00f3 el derecho espa\u00f1ol durante la colonia, el tema no ha sido ajeno, y, antes bien, se ha reiterado luego de la independencia. As\u00ed, una de las fuentes m\u00e1s pr\u00f3ximas al derecho colombiano est\u00e1 en el c\u00f3digo civil de Andr\u00e9s Bello, que tambi\u00e9n rige en Chile, cuyo art\u00edculo 589 incluye al \u00abmar adyacente y sus playas\u00bb como \u00abbienes nacionales de uso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos\u00bb, y precisa en el 594 que \u00abse entiende por playa del mar la extensi\u00f3n de tierra que las olas ba\u00f1an y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las m\u00e1s altas mareas\u00bb. <\/p>\n
Y aunque las normas relacionadas con el mar y sus playas no fueron incluidas en el c\u00f3digo civil de Colombia, acaso pudiera explicarse la omisi\u00f3n en que la materia ya era m\u00e1s propia del derecho p\u00fablico, o la circunstancia especial de que la ley 84 de 1873 lo adopt\u00f3 para la Naci\u00f3n tomando como modelo el que reg\u00eda en algunos de los extinguidos estados federales del pa\u00eds que no pose\u00edan territorio mar\u00edtimo, en especial el de Santander. Posteriormente fue ratificado como estatuto civil nacional por la ley 57 de 1887. El c\u00f3digo menciona las \u00abplayas\u00bb en el art\u00edculo 679, y sin duda con el indicado car\u00e1cter de uso p\u00fablico, como que proh\u00edbe las construcciones en dichas zonas, salvo autorizaciones especiales. <\/p>\n
Con todo, aquella conclusi\u00f3n en torno de los terrenos de la bajamar no se resiente en nada, porque desde la perspectiva natural ya indicada, as\u00ed como la pertenencia del asunto al derecho p\u00fablico interno e internacional, cumple deducir que no es necesaria una consagraci\u00f3n normativa especial para que dichas zonas se hubiesen tenido como bienes de uso p\u00fablico en otros tiempos, o se les considere del mismo talante en \u00e9pocas contempor\u00e1neas. Varias reglas actuales as\u00ed lo contemplan, verbi gratia, el art\u00edculo 5 de la ley 9 de 1989 que los incluye como parte del espacio p\u00fablico. A su turno, el decreto 2324 de 1984 define los \u00abterrenos de bajamar\u00bb como \u00ablos que se encuentran cubiertos por la m\u00e1xima marea y quedan descubiertos cuando \u00e9sta baja\u00bb (art. 167, ordinal 4). <\/p>\n
De otra parte, las normas del siglo XIX que invoca la censura, tampoco permiten llegar a una conclusi\u00f3n distinta. En efecto, es verdad que por medio de la ley 62 de 1879 la Naci\u00f3n cedi\u00f3 unas tierras bald\u00edas \u00abal distrito de Tumaco\u00bb, comprendidas en la isla del mismo nombre, \u00abpara el fomento de la poblaci\u00f3n\u00bb, pero de all\u00ed no puede deducirse que hubo inclusi\u00f3n de terrenos de la bajamar para apropiaci\u00f3n particular. Por cierto que, en contra de los planteamientos del recurso, siempre ha habido conciencia legislativa sobre la naturaleza de uso p\u00fablico de esos segmentos territoriales, lo que puede verse en varios ordenamientos nacionales de la citada centuria, por ejemplo, la ley de 23 de mayo de 1858 sobre puertos, arsenales y astilleros, que al autorizar la adquisici\u00f3n de predios para esos efectos, consider\u00f3 como \u00abbien entendido que, siendo de propiedad nacional la parte de terreno que ba\u00f1a el mar en sus m\u00e1s altas mareas, dicha parte no deber\u00e1 tomarse en cuenta para la avaluaci\u00f3n del \u00e1rea que se compre\u00bb (art\u00edculo 4); norma que sirvi\u00f3 para que en el decreto de 6 de noviembre de 1866 se declarase, de conformidad con el orden constitucional y el derecho de gentes, \u00abcomo perteneciente al territorio colombiano, y sujeto a su jurisdicci\u00f3n, todo el mar que ba\u00f1a sus costas, desde las m\u00e1s altas mareas hasta una legua marina desde la misma costa\u00bb, donde s\u00f3lo pueden adelantarse ciertas construcciones \u00abcontando previamente con la aquiescencia del gobierno\u00bb (art\u00edculos 1 y 4). Am\u00e9n de que para la adjudicaci\u00f3n o enajenaci\u00f3n de tierras bald\u00edas ha sido pr\u00f3vido el legislador en consagrar restricciones de cara a los bienes que puedan aplicarse o sean necesarios para \u00abalg\u00fan uso p\u00fablico\u00bb, seg\u00fan fue previsto en otras regulaciones jur\u00eddicas, como la ley de 30 de marzo de 1843, el decreto de 7 de enero de 1870 (art\u00edculo 10, ordinal 14), y qued\u00f3 ratificado en los c\u00f3digos fiscales de la naci\u00f3n de 1873 (art\u00edculos 882, 918 y 939) y de 1912 (art\u00edculo 49); sin olvidar que estos \u00faltimos, al igual que la ley 70 de 4 de julio de 1866, en su momento dispusieron expresamente que las \u00abcostas desiertas\u00bb del territorio son de propiedad nacional. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, la ley 15 de 19 de abril de 1876, que tambi\u00e9n se cita por el casacionista, con la ya comentada conciencia del legislador en torno al car\u00e1cter de uso p\u00fablico de los terrenos de bajamar, estableci\u00f3: \u00abautor\u00edzase al poder ejecutivo para que pueda conceder licencias para levantar edificios sobre la baja mar de todos los puntos de la costa; pero cuando las conceda exigir\u00e1 de los solicitantes que los que construyan den el mejor frente al mar, y, si lo cree necesario, la fabricaci\u00f3n de terraplenes.\u00bb (art\u00edculo \u00fanico). N\u00f3tese que en ninguna forma habla de ceder o transferir la propiedad de la bajamar, sino \u00abconceder licencias\u00bb para construir sobre esos terrenos; criterio que luego reiteraron, en su orden, los decretos 160 de 1894 (de 20 febrero) y 964 de 1901 que reglamentaron la citada ley, pues tampoco autorizaron, como no pod\u00edan hacerlo, la transferencia de la propiedad de los terrenos de bajamar. <\/p>\n
De esa manera, todo hasta aqu\u00ed indica que desde el punto de vista jur\u00eddico siempre los terrenos de la bajamar han sido bienes de uso p\u00fablico, de uso com\u00fan. <\/p>\n
Con todo y que ello es as\u00ed, es de admitir que ocurri\u00f3 una situaci\u00f3n excepcional para el municipio de Tumaco. La ley 43 de 1917, ciertamente, reconoci\u00f3 a ese municipio el dominio sobre unos terrenos de la bajamar en algunos puntos concretos, y la facultad para que transfiriera su propiedad a los particulares que los ocupaban, con el cumplimiento de ciertos requisitos (art\u00edculos 1 y ss.). A su vez, la ley 48 de 1947, que vers\u00f3 sobre la reconstrucci\u00f3n de Tumaco, destruida por el incendio de 10 de octubre del mismo a\u00f1o, en el art\u00edculo 15 derog\u00f3 expresamente la ley 43 de 1917, que autorizaba al municipio para hacer adjudicaciones en la bajamar \u00abde la isla de Tumaco\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, por lo que hace a esta litis, el recurrente se apoya es en titulaciones anteriores a dicha ley, y no demuestra, por consiguiente, que el hontanar de su derecho se encontrase de veras en la misma, ni que se adecuase en todo a los requerimientos y condiciones que fueron establecidos a la saz\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, el cargo no despunta. <\/p>\n
S\u00e9ptimo cargo <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera, se acusa la sentencia por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, \u00abal aplicar una norma ajena al caso, esto es el art\u00edculo 739 del C.C., all\u00ed en donde ha debido aplicar el art\u00edculo 1743, en armon\u00eda con los art\u00edculos 966 y 970\u00bb. <\/p>\n
Al desenvolverse la acusaci\u00f3n an\u00f3tase que el Estado al hacer suyo el edificio ocupado por el demandante, de buena fe, sin conocimiento de ninguna causa de invalidaci\u00f3n, debe retribuir el valor de las mejoras, con admisi\u00f3n de la retenci\u00f3n del inmueble hasta que se le cancele el valor de la construcci\u00f3n. <\/p>\n
El demandante es discriminado por circunstancias comunes a m\u00e1s del 70% de los pobladores de Tumaco, que han edificado sus viviendas y locales frente al mar, el cual a trav\u00e9s de fuertes embates penetra hasta los cimientos de las construcciones y se lleva la playa y el perfil de la costa mar\u00edtima. Sin embargo, a ning\u00fan ciudadano distinto se le aplican las normas actuales sobre control de islas, y se desconocen las leyes que estuvieron vigentes desde 1870, correspondientes a los or\u00edgenes de la propiedad privada en el lugar. El tema, adem\u00e1s de jur\u00eddico, tiene incidencias sociales y de orden p\u00fablico en una zona deprimida y conflictiva, que a ra\u00edz de estos hechos teme una avalancha de acciones absurdas, temerarias, desconcertantes y peligrosas. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Recu\u00e9rdase que el tribunal modific\u00f3 la sentencia apelada en punto de las restituciones mutuas, pues revoc\u00f3 la condena contra la Naci\u00f3n por el valor de las construcciones sobre el predio, y las impuso a la compa\u00f1\u00eda que se lo vendi\u00f3 al demandante, con fundamento en la figura del saneamiento de la compraventa por evicci\u00f3n que la ley consagra a cargo del vendedor. <\/p>\n
De donde salta, entonces, que el cargo es exiguo, ya que no confuta por ning\u00fan lado las consideraciones del tribunal atinentes a que de acuerdo con las normas de saneamiento por evicci\u00f3n, al vendedor es a quien corresponde el pago de la mejoras o indemnizaciones que reclama el recurrente por concepto de la construcci\u00f3n sobre el inmueble. Si esto es as\u00ed, vale decir, si el inconforme no despliega un m\u00ednimo esfuerzo para fustigar las razones del sentenciador en ese preciso t\u00f3pico, en que decidi\u00f3 qui\u00e9n debe ser responsable del pago de las mejoras del terreno involucrado en el caso concreto, es vedado inquirir de oficio sobre el punto. <\/p>\n
Ins\u00edstese que las sentencias recurridas en casaci\u00f3n vienen abroqueladas por la presunci\u00f3n de certeza y legalidad, que implica tener, en l\u00ednea de principio, como bien apreciados los hechos y correctamente aplicado el derecho en el asunto espec\u00edfico, raz\u00f3n por la cual dicho recurso es eminentemente extraordinario y dispositivo, esto es, donde la actividad de la Corte queda limitada a los argumentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos de la censura, de tal suerte que no puede tocar aquello que no est\u00e9 impugnado expresamente. <\/p>\n
Ya por el tema de las indemnizaciones o resarcimientos que puedan reclamarse a ra\u00edz de actuaciones o funciones de los distintos organismos estatales, huelga decir que si el interesado considera que \u00e9stos han incurrido en yerros o contradicciones en materia de autorizaciones de construcci\u00f3n y posteriores actos tendientes a la recuperaci\u00f3n de los bienes p\u00fablicos, es tema que no puede mirarse en este preciso tr\u00e1mite, por la finalidad espec\u00edfica que \u00e9l entra\u00f1a. <\/p>\n
Por manera que no puede abrirse paso el cargo. <\/p>\n
IV. Decisi\u00f3n <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de procedencia y fecha anotadas. <\/p>\n
Cond\u00e9nase al recurrente al pago de las costas causadas en el tr\u00e1mite de este recurso. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-120-2005 [5283531030011998-01389-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de junio de dos mil cinco (2005). Ref.: expediente 528353103001199801389-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el codemandado Ever Castillo Sol\u00eds contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82968","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82968","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82968"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82968\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}