SC-122-2005 [1100131030171997-2856-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Exp. No. 11001-3103-017-1997-2856-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad CALI EXPRESO LTDA. en contra de la sentencia de fecha 27 de diciembre de 2000 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro del proceso ordinario por ella promovido contra LA PREVISORA S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la demandante solicit\u00f3 que mediante los tr\u00e1mites de un proceso ordinario de mayor cuant\u00eda, se declarara que la demandada era civilmente responsable y, por lo tanto, se le condenara a pagarle la indemnizaci\u00f3n de perjuicios a que ten\u00eda derecho, como consecuencia del siniestro ocurrido en la ciudad de Cali, el 2 de febrero de 1996, que fue pedida as\u00ed: a) $19.855.182 correspondientes a la p\u00e9rdida parcial por da\u00f1os del veh\u00edculo asegurado; b) por concepto de lucro cesante, el 5% mensual sobre la suma anterior a partir del 2 de marzo de 1996 y hasta cuando se verificara el pago y c) los intereses moratorios que certificara la Superintendencia Bancaria, sobre la misma suma antes mencionada, a partir del 2 de marzo y hasta cuando se realizara el pago de conformidad con el art\u00edculo 1080 del C. de Co. <\/p>\n
2. Los hechos afirmados por el actor en apoyo de sus pretensiones, se compendian a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
A. El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de Hacienda, obtuvo de la Previsora S.A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza de autom\u00f3viles n\u00famero 54778, con la cual se ampararon los veh\u00edculos de servicio p\u00fablico municipal e intermunicipal, que prestando este servicio, sufrieran p\u00e9rdidas totales o parciales, provenientes de actos de terrorismo, cometidos por grupos subversivos, en cualquier ciudad o municipio del territorio colombiano. <\/p>\n
B. El bus identificado con las placas n\u00famero YAP-014, fue incinerado por integrantes de grupos subversivos, el 2 de febrero de 1996, cuando prestaba el servicio p\u00fablico de transporte de pasajeros dentro del Municipio de Cali, seg\u00fan lo certific\u00f3 la Polic\u00eda Metropolitana de esa ciudad. <\/p>\n
C. El automotor en cuesti\u00f3n fue adquirido por Leasing Internacional S.A. y entregado a la demandante, mediante contrato de leasing n\u00famero 1167, suscrito en la ciudad de Cali, el 15 de noviembre de 1995. <\/p>\n
E. El 15 de septiembre de 1997, en la ciudad de Cali, Leasing Internacional S.A. cedi\u00f3, traspas\u00f3 y endos\u00f3 a Cali Expreso Ltda., los derechos y acciones que pudiera tener por causa del siniestro del veh\u00edculo. <\/p>\n
F. El automotor se encontraba amparado por una p\u00f3liza de autom\u00f3viles, por p\u00e9rdida parcial por da\u00f1os, expedida por Aseguradora Colseguros S.A., entidad que pag\u00f3 a la demandante, la suma de ocho millones de pesos. <\/p>\n
G. La demandante, avis\u00f3 y reclam\u00f3 a la demandada por las p\u00e9rdidas causadas al bien asegurado, pero esta mediante comunicaci\u00f3n de enero 23 de 1997, objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n que le fue presentada. <\/p>\n
H. Ante la negativa de la aseguradora para pagar la indemnizaci\u00f3n reclamada, la demandante cancel\u00f3 directamente el costo de la reparaci\u00f3n del automotor que ascendi\u00f3 a la suma total de $27.855.182.oo, que menos la suma de $ 8.000.000.oo recibida de Colseguros S.A., deja un saldo a cargo de la demandada de $19.855.182.oo, valor que hasta la fecha de presentaci\u00f3n del libelo inicial, aquella no ha reconocido, ni pagado. <\/p>\n
3. La aseguradora no dio oportuna contestaci\u00f3n a la demanda. <\/p>\n
4. El fallo de primera instancia desestimatorio de las s\u00faplicas del libelo fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al resolver recurso de apelaci\u00f3n formulado por el actor. <\/p>\n
5. Contra aqu\u00e9l, como antes se dijo, el demandante interpuso el recurso de casaci\u00f3n que en la fecha decide la Corte. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Prestamente se\u00f1al\u00f3 el ad quem que por las caracter\u00edsticas propias del proceso, el estudio del mismo deb\u00eda comprender el concepto de inter\u00e9s asegurable y la legitimaci\u00f3n para reclamar el pago de la indemnizaci\u00f3n en virtud de la cesi\u00f3n invocada por la demandante. <\/p>\n
En cuanto al primer t\u00f3pico, expres\u00f3 que era de cardinal importancia, por cuanto es uno de los elementos esenciales del contrato de seguro, tal y como lo indica el art\u00edculo 1045 del C\u00f3digo de Comercio, a tenor del cual \u201c\u2026 tiene inter\u00e9s asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamente por la realizaci\u00f3n de un riesgo\u201d. <\/p>\n
Subray\u00f3, entonces, que el inter\u00e9s debe existir en todo momento desde la fecha en que el asegurador asuma el riesgo, y su desaparici\u00f3n implica la cesaci\u00f3n o extinci\u00f3n del seguro. Agreg\u00f3 que todo lo que representa y conlleva la propiedad de un veh\u00edculo automotor constituye sin duda alguna un l\u00edcito inter\u00e9s asegurable, derecho \u201c\u2026 que como uno de los elementos que integra el patrimonio (art. 1083 C.Co), es decir, ese recept\u00e1culo ideal de todos los bienes y obligaciones de una persona, permanec\u00eda en cabeza de FINANCIERA LEASING CALI S.A COMPA\u00d1\u00cdA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL, con todos sus atributos: uso y goce, por conducto del locatario, es decir, CALI EXPRESO LTDA.; (sic) y disposici\u00f3n, dado que solo con su manifestaci\u00f3n de voluntad emanada en debida forma pod\u00eda transferirse la propiedad de modo oponible a todos por medio de la respectiva anotaci\u00f3n en el registro automotor\u201d. <\/p>\n
Se ocup\u00f3, luego, de la legitimaci\u00f3n para reclamar el pago de la indemnizaci\u00f3n, manifestando que la demandante basaba su inter\u00e9s y, por ende, su legitimaci\u00f3n, en \u201cel contrato de cesi\u00f3n\u201d que habr\u00eda suscrito con la entidad encargada del arrendamiento financiero. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u201ca folio 35 del cuaderno principal obra un ejemplar del aducido contrato, en el cual CARLOS ENRIQUE CORT\u00c9S CORT\u00c9S, actu\u00f3 como representante legal de LEASING FINANCIERA CAUCA S.A., antes FINANCIERA LEASING CALI S.A.. Sin embargo, la Sala echa de menos la certificaci\u00f3n id\u00f3nea con la cual se acredite que la persona que actu\u00f3 como representante de la cesionaria ten\u00eda facultades para hacerlo, valga decir, que efectivamente estaba ejerciendo su condici\u00f3n de representante legal de la entidad financiera. Ni a\u00fan con el documento aportado por la parte apelante en la segunda instancia, puede establecerse si quien suscribi\u00f3 el documento pod\u00eda representar legalmente a la financiera\u201d. (fl. 45). <\/p>\n
Remat\u00f3 su discurso, afirmando que es evidente la ausencia de demostraci\u00f3n alguna de que la persona que actu\u00f3 como cedente de los derechos y acciones de reclamaci\u00f3n estaba legalmente representada por Carlos Enrique Cort\u00e9s, omisi\u00f3n \u2013que en su sentir-, por s\u00ed sola es suficiente \u201c\u2026 para dar al traste con las pretensiones de la demanda, como que ello implica que no se demostr\u00f3 el traspaso del inter\u00e9s asegurable de FINANCIERA LEASING CAUCA S.A. a favor de CALI EXPRESO LTDA., raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para que esta \u00faltima entidad carezca de legitimaci\u00f3n para demandar la indemnizaci\u00f3n por el acaecimiento del siniestro\u201d y que si ello no fuera suficiente, \u201cel inter\u00e9s asegurable no era susceptible de ser cedido en la forma en la cual se dice haber efectuado dicho traspaso\u201d (fl. 45). <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La demanda de casaci\u00f3n contiene dos cargos, formulados ambos con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n que consagra el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que ser\u00e1n despachados en forma conjunta, por las razones que se explicitar\u00e1n ulteriormente. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
En \u00e9l se acusa la sentencia de haber violado indirectamente los art\u00edculos 1080, 1084, 1089 y 822 del C\u00f3digo de Comercio, 1959 y 1962 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores evidentes de hecho y de derecho cometidos en la apreciaci\u00f3n probatoria, con vulneraci\u00f3n de los arts. 177, 180 y 37 num 4\u00ba del C. de P.C. <\/p>\n
Seg\u00fan el censor, el Tribunal incurri\u00f3 en dos errores de derecho, el primero, pedir una prueba que la ley no exige y, el segundo, omitir el decreto de una prueba de oficio. <\/p>\n
En desarrollo del cargo, afirm\u00f3 el censor que el Tribunal al expresar que \u201c\u2026 echa de menos la certificaci\u00f3n id\u00f3nea con la cual se acredite que la persona que actu\u00f3 como representante de la cesionaria ten\u00eda facultades para hacerlo\u201d, est\u00e1 exigiendo prueba de la representaci\u00f3n legal de la entidad cedente, cuando la ley no la exige en este caso, prueba que en \u2013su opini\u00f3n- no es necesaria, porque la representaci\u00f3n no es un elemento esencial del contrato y por cuanto solo interesa a los efectos frente a terceros, y \u00fanicamente debe acreditarse cuando a su celebraci\u00f3n, tal tercero lo exige, de acuerdo a lo establecido en el art\u00edculo 837 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Por consiguiente \u2013prosigui\u00f3-, \u201c\u2026si demostrada la existencia del acuerdo por parte de personas con el objeto de cesi\u00f3n, unida a la presunci\u00f3n legal de capacidad para contratar de las personas jur\u00eddicas y a la de su actuaci\u00f3n mediante representante legal (arts. 1503 y 1505 del C.C.), queda igualmente demostrada presuntivamente su validez y sus correspondientes efectos ( arts. 1505 y 1602 del C.C.) y, por tanto, no se requiere entonces prueba adicional de la representaci\u00f3n\u201d (fl. 10). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, igualmente, que se incurri\u00f3 en error de derecho, cuando existiendo en el expediente la afirmaci\u00f3n de que la Empresa Leasing Financiera Cauca S.A., es la sucesora jur\u00eddica de Financiera Cali S.A., tal como aparece en el memorial de apelaci\u00f3n y en el certificado informal de la C\u00e1mara de Comercio, se incumpli\u00f3 con el deber que ten\u00eda el fallador para decretar la prueba de oficio, tal como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte, citando sentencias de 12 de septiembre de 1994 y 5 de mayo de 2000. <\/p>\n
Ocup\u00e1ndose de los errores de hecho manifest\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en tal yerro, respecto de las siguientes probanzas: <\/p>\n
a) El documento de cesi\u00f3n, por cuanto vio en \u00e9l, no est\u00e1ndolo, que la cesi\u00f3n era del \u201cinter\u00e9s asegurable\u201d en tanto que dejo de ver que el objeto se refer\u00eda \u201ca todos los derechos y acciones a que tiene derecho la empresa que represento en la p\u00f3liza\u2026 como consecuencia de los da\u00f1os causados por el incendio al veh\u00edculo de placas YAP-014 el d\u00eda 2 de febrero de 1996 en la ciudad de Cali\u201d, lo cual condujo a establecer la conclusi\u00f3n equivocada de que aquel inter\u00e9s asegurable no es susceptible de ser cedido, y no concluir, como dej\u00f3 de hacerlo, que la cesi\u00f3n de un derecho causado por la realizaci\u00f3n del siniestro s\u00ed es l\u00edcitamente cedible. <\/p>\n
b) La demanda y sus anexos, pues si bien el Tribunal se\u00f1al\u00f3 \u201cque Leasing Financiera del Cauca S.A. era antes Financiera Leasing Cali S.A., seg\u00fan lo expone en su sentencia de segunda instancia (fl. 45), no es menos cierto que, al decir en el mismo fallo que la propiedad permanec\u00eda en Leasing Cali S.A. Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Comercial (FL. 44), acert\u00f3 en la apreciaci\u00f3n del hecho quinto de la demanda en el que el arrendador no era Leasing Internacional S.A. sino Leasing Cali S.A., pero apreci\u00f3 indebidamente ese mismo hecho con todos sus anexos al no ver que exist\u00eda una relaci\u00f3n entre Leasing Cali S.A. y Leasing Financiera Cauca S.A., la una como celebrante del contrato de leasing y la otra como cedente de los derechos nacidos de ese mismo contrato. El Tribunal, por lo tanto, no concluy\u00f3 que lo que se estaba afirmando era la pertenencia, como cesionario de unos derechos a la reclamaci\u00f3n del seguro. <\/p>\n
c) La p\u00f3liza de seguro No. 34179 y 54779 tomada por el Ministerio de Hacienda a la Previsora S.A., que fue preterida por el Tribunal. <\/p>\n
d) Las tarjetas de propiedad del veh\u00edculo a favor de Leasing Cali S.A., la informaci\u00f3n del comandante de la s\u00e9ptima estaci\u00f3n de la Floresta de Cali, la programaci\u00f3n de los recorridos del veh\u00edculo, las facturas de algunos de sus gastos y la respuesta de la Previsora del 23 de enero de 1997 en la que se argument\u00f3 que el bus se encontraba estacionado debido a un inconveniente mec\u00e1nico y, por ende, no se encontraba prestando el servicio. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
En \u00e9l se acusa la sentencia de haber violado indirectamente los art\u00edculos 1083, 1086, 1084, 1080 del C\u00f3digo de Comercio, con violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 180 y 37 numeral 4 del C. de P.C. a consecuencia de los errores evidentes de hecho y de derecho cometidos en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Seg\u00fan el censor el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho, respecto de las pruebas siguientes: <\/p>\n
a) De la demanda, por cuanto en el hecho tercero se aduce la pretensi\u00f3n indemnizatoria con base en la calidad de arrendatario financiero, al paso que en los hechos 4 y 5 con la de cesionario. El Tribunal pretiri\u00f3 todo el acervo probatorio relativo a tal calidad de arrendatario financiero. <\/p>\n
Existi\u00f3, adem\u00e1s, yerro al no dar por probado, est\u00e1ndolo, que Cali Expreso Ltda, ten\u00eda un inter\u00e9s propio como arrendatario financiero, vulnerando indirectamente el derecho que el art\u00edculo 1084 del C. de Co, le otorga para reclamar el seguro. <\/p>\n
b) De la prueba documental que obra a folios 8 a 15 y 36 a 51 del Cuaderno 1, lo que llev\u00f3 al Tribunal a no dar por probado, est\u00e1ndolo, los elementos de fondo (contrato, beneficiario, y siniestro) para reclamar como simple arrendatario financiero esa indemnizaci\u00f3n correspondiente a su inter\u00e9s dentro del valor total. Agreg\u00f3 el censor, que tambi\u00e9n \u201c\u2026 cercen\u00f3 la apreciaci\u00f3n del documento de cesi\u00f3n (FL. 35 C-1) que indicaba que se hac\u00eda conforme a la cl\u00e1usula 11 del contrato de Leasing No.1167\u2026.por lo que omiti\u00f3 concluir que con aquel acto, ll\u00e1mase cesi\u00f3n o no, se autorizaba la reclamaci\u00f3n total de los seguros\u2026\u201d(fl. 17). <\/p>\n
<\/p>\n
En cuanto tiene que ver con el error de derecho, reiter\u00f3 el casacionista que en tal yerro se incurri\u00f3 el omitir el decreto oficioso de prueba, espec\u00edficamente no haber obtenido la certificaci\u00f3n de existencia y representaci\u00f3n y relaci\u00f3n entre la Sociedad Leasing Financiera Cauca S.A. y la anterior Financeira Leasing Cali S.A. \u201c..cuando debido a su car\u00e1cter controvertido aparece en el expediente una certificaci\u00f3n informal de la misma\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Es claro, a la par que concreto, el problema que a casaci\u00f3n se trae a trav\u00e9s de los dos motivos que integran el recurso interpuesto, enderezados, ambos, a combatir la sentencia impugnada por el esencial fundamento de que infringe los preceptos sustanciales antes citados, por haber negado al demandante el derecho a obtener el pago de la indemnizaci\u00f3n como consecuencia del siniestro del veh\u00edculo asegurado, con base, bien en la cesi\u00f3n hecha a su favor por Leasing Financiera Cauca S.A. [cargo primero], ora en su condici\u00f3n de arrendatario de la compa\u00f1\u00eda antes citada, que lo facultaba para reclamar una parte proporcional del seguro o el pago total con autorizaci\u00f3n de su arrendador [cargo segundo], lo que amerita el despacho conjunto de las dos censuras como antes se anticip\u00f3. <\/p>\n
En la sentencia recurrida, conviene recordarlo, se consignan dos afirmaciones que sirvieron toralmente para la desestimaci\u00f3n de las pretensiones de la demanda, a saber: la primera, que Cali Expreso Ltda carece de legitimaci\u00f3n en la causa para demandar la indemnizaci\u00f3n derivada del acaecimiento del siniestro por cuanto no est\u00e1 demostrado que la persona que actu\u00f3 como cedente de los derechos y acciones estuviera legalmente representada por Carlos Enrique Cort\u00e9s y, la segunda, que el inter\u00e9s asegurable no es susceptible de ser cedido en la forma en la cual se dice haberse efectuado. <\/p>\n
Entrando en el estudio de los errores de derecho invocados en ambos cargos, que en esencia son los mismos, la Sala estima que no est\u00e1n llamados a abrirse paso, por las razones que a continuaci\u00f3n se explicitan. <\/p>\n
1. Respecto del primero, se observa que el censor omiti\u00f3 se\u00f1alar las normas probatorias que infringi\u00f3 el Tribunal al exigir la prueba de la certificaci\u00f3n que acreditara la representaci\u00f3n legal de Leasing Financiera Cauca S.A., pasando por alto que en esta clase de ataque, \u201c\u2026el censor no s\u00f3lo debe indicar que norma de estirpe probatoria infringi\u00f3 el Tribunal, sino tambi\u00e9n determinar c\u00f3mo fue que esa norma probatoria se viol\u00f3 para as\u00ed continuar en su discurso combativo, con la violaci\u00f3n de la norma sustancial, bien por aplicaci\u00f3n indebida o por falta de aplicaci\u00f3n. Esta regla t\u00e9cnica, se halla de manera expresa contemplada en el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que a la letra dice: \u2018Si la violaci\u00f3n de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deber\u00e1n indicar las normas de car\u00e1cter probatorio que se consideren infringidas explicando en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n\u201d (cas. civ. de 4 de abril de 2001, Exp. 6366). <\/p>\n
El censor ciertamente enunci\u00f3 como violados los art\u00edculos 177, 180 y 37.ord 4\u00b0 del C. de P.C., pero ninguno de ellos sirve al prop\u00f3sito de fundar el error de derecho endilgado, toda vez que el primero, alude a la carga probatoria, el segundo, a la facultad de decretar pruebas de oficio y, el \u00faltimo, al deber del juez de decidir los asuntos sometidos a su consideraci\u00f3n, aun cuando no exista norma exactamente aplicable al caso controvertido. Adicionalmente, respecto de tales normas \u2013s\u00f3lo suponiendo que fueran pertinentes- tampoco se explic\u00f3 en que consisti\u00f3 la infracci\u00f3n de dichos preceptos, circunstancia que en consecuencia no permite estudiar de fondo, el presunto yerro causado. <\/p>\n
2. En segundo t\u00e9rmino, el error de derecho endilgado al Tribunal por no haber decretado pruebas de oficio, no tiene la amplitud que el censor le asigna. La sentencia dictada por esta Sala, el 12 de septiembre de 1994, que se cita en desarrollo del cargo, admiti\u00f3 que excepcionalmente se podr\u00eda incurrir en tal yerro, cuando ante la preexistencia de la prueba pertinente de un hecho sobreviniente, el juez se absten\u00eda de decretar la prueba de oficio que permitiera su aducci\u00f3n al proceso. <\/p>\n
En la sentencia antes citada, se dijo con meridiana claridad que \u201c\u2026 resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez, en uso de sus atribuciones, se abstiene de decretar pruebas de oficio y por consiguiente, no procede a darle valoraci\u00f3n a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada al proceso\u201d, pero que \u201c\u2026 cosa distinta acontece cuando quiera que en un proceso, como el sub examine, con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda, de una parte, sobrevenga un hecho que de manera esencial y notoria altere o extinga la pretensi\u00f3n inicial; y, de la otra, se aduzca o aporte, aunque sea inoportunamente, la prueba id\u00f3nea de dicho hecho que no ha sido incorporada legalmente al proceso. Porque en tal evento las circunstancias objetivas, ajenas a toda negligencia o argucia de las partes, ponen de manifiesto ante el juez o magistrado la siguiente alternativa: la una consistente en adoptar decisi\u00f3n que, con prescindencia de la prueba irregularmente aportada, resultar\u00eda abiertamente contraria a la realidad que, de acuerdo con el hecho sobreviniente, muestra la pretensi\u00f3n al momento del fallo; y la otra, la de optar, previo decreto de oficio de la prueba con la correspondiente contradicci\u00f3n, por una decisi\u00f3n que puede resultar m\u00e1s ajustada a la nueva realidad probatoria de los hechos en que se funda la pretensi\u00f3n inicial\u201d (CCXXXI, Tomo I, 493 y 494). <\/p>\n
Y en el fallo dictado el 4 de marzo de 1998, agreg\u00f3 la Sala que \u201c\u2026 el deber de verificaci\u00f3n judicial oficiosa de que se viene hablando en estas consideraciones, se halla consagrado efectivamente en normas de disciplina probatoria cuya infracci\u00f3n, por el cauce que se\u00f1ala el Num. 1\u00b0, segundo inciso del Art. 368 del C.de P.C\u2026da lugar al recurso de casaci\u00f3n si debido a ostensibles particularidades que circundan la litis, constatadas objetivamente y ajenas por lo dem\u00e1s a cualquier manipulaci\u00f3n fraudulenta de las partes, el uso de aquellas facultades se torna ineludible pues lejos de mediar raz\u00f3n atendible alguna que lleve a estimar que es inoficioso o imposible desde el punto de vista legal, un proceder de tal naturaleza, omitido por el juez o tribunal, se muestra a las claras como factor necesario para evitar una decisi\u00f3n jurisdiccional absurda, imposible de conciliar con dictados elementales de justicia. Esto significa, entonces, que por fuera de esta reducida moldura y para los fines propios del recurso en cuesti\u00f3n, ante situaciones que no tengan la entidad apuntada, no puede configurarse yerro probatorio de derecho, porque en opini\u00f3n del censor, era factible alguna forma de pesquisa oficiosa adicional conveniente a sus intereses,\u2026\u201d (CCLII, 400). <\/p>\n
Finalmente, aunque la anterior doctrina fue ampliada en otras providencias dictadas por la Sala [Vid: 14 de julio y 7 de noviembre de 2000, 22 de febrero y 19 de junio de 2002], recientemente la Corte rectific\u00f3 su doctrina en cas. civ. de 11 abril de 2005, Exp. 0056-02, afirmando que \u201cAdmitir que faltar al deber de decretar pruebas de oficio podr\u00eda implicar un error de derecho, no constando a\u00fan, it\u00e9rase, el requisito de la existencia y la trascendencia de la mismas, no cuadra del todo con la filosof\u00eda del recurso de casaci\u00f3n\u201d y que \u201cNecesitar\u00edase que las especiales circunstancias del pleito permitieran evadir los escollos preanotados, como cuando el respectivo medio de prueba obra de hecho en el expediente, pero el sentenciador pretexta que no es el caso considerarlo por razones que ata\u00f1en, por ejemplo, a la aducci\u00f3n o incorporaci\u00f3n de pruebas. Evento este que posibilitar\u00eda al fallador, precisamente porque la prueba est\u00e1 ante sus ojos, medir la trascendencia de ella en la resoluci\u00f3n del juicio; y por ah\u00ed derecho podr\u00eda achac\u00e1rsele la falta de acuciosidad en el deber de decretar pruebas oficiosas. Ser\u00eda, en verdad, una hip\u00f3tesis excepcional, tal como lo advirti\u00f3 la Corte en un caso espec\u00edfico (cas. civ. 12 de septiembre de 1994)\u201d. <\/p>\n
Con arreglo a la precedente doctrina, ded\u00facese claramente que el yerro alegado no existe, pues de una parte, no milita en el expediente la prueba que demuestre qui\u00e9n es el representante legal de la sociedad Leasing Financiera Cauca S.A. y de la otra, tal hecho tampoco puede deducirse del certificado de tal sociedad expedido por la C\u00e1mara de Comercio de Cali, visible a folios 4 y 5 del cuaderno n\u00famero dos, que fue aportado de manera informal ante el Tribunal, en el que se certifican hechos tales como la constituci\u00f3n de la sociedad, sus cambios de nombre, su domicilio, etc, pero no el nombre de la persona o personas que ostentan la condici\u00f3n de representante legal del ente societario, motivo por el que tal documento, en todo caso, nada esclarecer\u00eda. <\/p>\n
3. Ahora bien, respecto de los errores de hecho denunciados, se tiene lo siguiente: <\/p>\n
El que se endilga respecto de la apreciaci\u00f3n del documento de cesi\u00f3n, es inexistente, habida cuenta que el Tribunal expres\u00f3 en su fallo que era \u201c evidente la ausencia de demostraci\u00f3n alguna de la persona que actu\u00f3 como cedente de los derechos y acciones de reclamaci\u00f3n\u2026 omisi\u00f3n que por si sola es suficiente para dar al traste con las pretensiones de la demanda\u201d (fl. 45 cdno. 2), lo que permite apreciar que no desfigur\u00f3 o alter\u00f3 el contenido del documento, pues entendi\u00f3 con claridad cuales eran los bienes objeto de la cesi\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco le asiste raz\u00f3n al censor cuando sostiene que del yerro endilgado el sentenciador dedujo la equivocada conclusi\u00f3n de que el \u201cinter\u00e9s asegurable no es susceptible de ser cedido\u201d (fl. 11), pues como antes se acot\u00f3, fue despu\u00e9s de dejar sentado que el actor \u2013en opini\u00f3n del ad quem- carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa, que expres\u00f3 que \u201c…si ello no fuera suficiente, el inter\u00e9s asegurable no es susceptible de ser cedido en la forma en la cual se dice haber efectuado haber traspaso\u201d, lo que denota que no es propiamente una conclusi\u00f3n derivada del primer argumento esgrimido por el Tribunal sino uno adicional que sustenta la decisi\u00f3n desestimatoria de las s\u00faplicas del libelo, conclusi\u00f3n que, desde esta perspectiva auton\u00f3mica, no recibi\u00f3 la suficiente cr\u00edtica directa y sustantiva que es menester en casaci\u00f3n, como quiera que tambi\u00e9n le sirvi\u00f3 de b\u00e1culo al Tribunal para sustentar la resoluci\u00f3n que adopt\u00f3. <\/p>\n
Para corroborar lo dicho, rep\u00e1rese que en la sentencia impugnada el sentenciador de segundo grado fue claro al expresar que \u201c\u2026todo lo que representa y conlleva la propiedad de un veh\u00edculo automotor constituye sin duda alguna un l\u00edcito inter\u00e9s asegurable\u2026.propiedad\u2026que permanec\u00eda en cabeza de FINANCIERA CALI S.A.\u201d y que \u201c\u2026.s\u00f3lo con su manifestaci\u00f3n de voluntad emanada en debida forma pod\u00eda transferirse la propiedad de modo oponible a todos por medio de la respectiva anotaci\u00f3n en el registro automotor\u201d (Se subraya). <\/p>\n
4. En cuanto tiene que ver con los errores en la interpretaci\u00f3n de la demanda, ellos se hacen consistir, de una parte, en no haber apreciado el Tribunal el anexo de cesi\u00f3n con el libelo, lo que le hubiere permitido concluir la existencia de una relaci\u00f3n entre Financiera Leasing Cali S.A. y Leasing Financiera Cauca S.A., la primera como parte en el contrato de leasing y la segunda como cedente y, de la otra, no haber visto que el demandante, seg\u00fan el hecho tercero de la demanda, pretend\u00eda la indemnizaci\u00f3n en su calidad de arrendatario financiero. <\/p>\n
Respecto a lo primero, la Sala observa que el Tribunal si tuvo en cuenta la relaci\u00f3n que exist\u00eda entre las dos compa\u00f1\u00edas de financiamiento comercial, pues en su providencia, refiri\u00e9ndose concretamente al escrito de cesi\u00f3n que obraba en el expediente, expres\u00f3 que el se\u00f1or Carlos Enrique Cort\u00e9s Cort\u00e9s \u201c..actu\u00f3 como representante legal de FINANCIERA CAUCA S.A., antes FINANCIERA LEASING CALI SA.\u201d, lo que descarta la comisi\u00f3n del yerro f\u00e1ctico endilgado por el recurrente. <\/p>\n
<\/p>\n
Y en cuanto tiene que ver con el segundo yerro, se tiene que la pretensi\u00f3n contenida en la demanda, es del siguiente tenor: \u201cDeclarar que la demandada LA PREVISORA S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS es civilmente responsable y por lo tanto deber\u00e1 pagar a la demandante CALI EXPRESO LTDA, de las condiciones civiles ya conocidas, la indemnizaci\u00f3n a que tiene derecho, como consecuencia del siniestro ocurrido en la ciudad de Cali, el 2 de febrero de 1996 al ser incinerado por integrantes de grupos subversivos el veh\u00edculo asegurado de placas YAP-014, cuando prestaba el servicio p\u00fablico de pasajeros, estando amparado por la P\u00f3liza de Autom\u00f3viles n\u00famero 54778 expedida por la demandada\u201d (fl. 53 cdno 1), afirm\u00e1ndose en el hecho tercero que \u201cEl veh\u00edculo asegurado de placas YAP- 014, fue adquirido por LEASING INTERNACIONAL S.A. y entregado a la demandante CALI EXPRESO LTDA, mediante el Contrato de Leasing n\u00famero 1167 suscrito en la ciudad de Cali el 15 de noviembre de 1995\u201d. <\/p>\n
Del contexto de la pretensi\u00f3n en cita y del hecho tercero, antes transcritos, no se revela \u2013como sugiere la censura- que el actor hubiere reclamado, expresa y di\u00e1fanamente, la indemnizaci\u00f3n que tiene su fuente en el contrato de seguro aduciendo su calidad de arrendatario del bus siniestrado, y no descubri\u00e9ndose all\u00ed tal prop\u00f3sito e inequ\u00edvoca finalidad, no es dable concluir que el Tribunal cometi\u00f3 el evidente, paladino o colosal yerro que se le imputa en la apreciaci\u00f3n de la demanda, ni que hubiere incurrido tampoco en contraevidencia al estimar que el actor invocaba su pretensi\u00f3n como \u201ccesionario\u201d, pues tal calidad se mencionaba en tal escrito. <\/p>\n
Dicho de otra manera, la lectura que hace el censor no es la \u00fanica que permiten los textos en comento, de lo que se colige que la que hizo el juzgador, no es, per se, ajena por completo a la materialidad de la demanda, toda vez que se anida en su contenido. Al fin y al cabo es una interpretaci\u00f3n no divorciada de su contexto, propio del labor\u00edo judicial de ponderar la prueba, que en principio, tantas veces se ha se\u00f1alado, es menester respetar en cada caso, justamente por la discreta autonom\u00eda que en esta materia se le reconoce a los administradores de justicia, m\u00e1xime cuando sus providencias est\u00e1n escoltadas de una arraigada presunci\u00f3n de legalidad y acierto, que debe ser derruida por completo si se quiere que un recurso de casaci\u00f3n se torne pr\u00f3spero. <\/p>\n
<\/p>\n
En relaci\u00f3n con la se\u00f1alada labor hermen\u00e9utica, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u201c…A nadie se le escapa que la de interpretar la demanda es una preciosa facultad que tiene el juez para que los derechos de las partes que se discuten en el proceso alcancen en la pr\u00e1ctica la certeza que legalmente les corresponde. M\u00e1s si ello es as\u00ed, tampoco hay lugar a perder de vista que dicho poder encu\u00e9ntrase de todos modos, supeditado a los t\u00e9rminos y conceptos de los que el demandante se hubiere valido para exponer tanto la pretensi\u00f3n como la causa petendi de la misma. Por mejor decirlo, el juez, en la b\u00fasqueda del real sentido de la demanda, tiene que averiguar es por lo que su autor quer\u00eda expresar por medio de ella y no por lo que \u00e9l, el juez, desee ver en ese escrito. Por tanto, la b\u00fasqueda de la que se habla s\u00f3lo tiene cabida cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se ajusta a la claridad y precisi\u00f3n indispensables en tal delicada materia\u201d (CLXXXVIII, 139) y que \u201ccuando uno de los hechos afirmados en la demanda incoativa del proceso, ya sea que se le considere aisladamente o ya en conjunto con otro u otros para su definici\u00f3n jur\u00eddica, ofrece dos o m\u00e1s interpretaciones l\u00f3gicas, ninguna de las cuales desborda el objetivo de dicho libelo, puede el sentenciador elegir una u otra, sin que su conducta implique error de hecho manifiesto porque tal proceder no entra\u00f1a arbitrariedad, ni contradice la evidencia que ese escrito ostenta\u201d(CLII, 205). <\/p>\n
5. Ahora bien, respecto de los restantes errores denunciados por el censor, es cierto que el sentenciador no aludi\u00f3 en su fallo a la p\u00f3liza, a las tarjetas de propiedad del veh\u00edculo, a la informaci\u00f3n del comandante de la s\u00e9ptima estaci\u00f3n de la Floresta de Cali, a las facturas de algunos gastos y a la objeci\u00f3n de la Previsora S.A. para pagar la indemnizaci\u00f3n, pero ello no implica, de por s\u00ed, que hubiere cometido el error denunciado, pues como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala, \u201c\u2026la mera circunstancia de que en un fallo no se cite determinada prueba o parte del contenido de la misma, no implica error manifiesto de hecho, a menos que de haber apreciado el ad-quem tal medio de convicci\u00f3n, la conclusi\u00f3n del pronunciamiento ciertamente hubiere tenido que ser distinta a la adoptada por el fallador \u201c (cas. civ. 11 de marzo de 1991; Vid CXXIV, 448, cas. civ. 6 de abril de 1999, Exp, 4931 y cas. civ de 17 de mayo de 2001 Exp. 5704), lo que no se presenta en este caso, pues como qued\u00f3 visto, la sentencia desestimatoria del Tribunal se apoy\u00f3 en la falta de legitimaci\u00f3n del actor derivada del entendimiento que dio al documento contentivo de la \u201ccesi\u00f3n\u201d que se acompa\u00f1\u00f3 con la demanda, respecto del cual no sali\u00f3 avante ninguno de los ataques formulados por el recurrente. <\/p>\n
6. Finalmente, si lo anterior no fuera suficiente, como antes se acot\u00f3 el censor no combati\u00f3 el segundo pilar que sostiene el fallo acusado, seg\u00fan el cual el inter\u00e9s asegurable -que para el Tribunal se hizo consistir en el derecho de propiedad sobre el bus siniestrado- no pod\u00eda ser cedido sino mediante la correspondiente inscripci\u00f3n del traspaso en las oficinas de tr\u00e1nsito, lo que tambi\u00e9n tornar\u00eda improspero los cargos, con total prescindencia del acierto por parte del juzgador de segundo grado, pues como ha tenido oportunidad de precisarlo la Sala si alguno de los soportes de la sentencia permanece al margen de la censura \u201cy por s\u00ed mismo presta base s\u00f3lida a la resoluci\u00f3n judicial, esta quedar\u00e1 en pie y el fallo que la contiene no puede invalidarse en sede de casaci\u00f3n, resultando por lo tanto completamente intrascendente el que demuestra la ocurrencia de errores que, debido a esa circunstancia, pierden significaci\u00f3n frente a la finalidad institucional propia del recurso\u201d (CCLII. Vol. II, 1486 y 1487 reiterada en cas. civ. 19 de enero de 2005, Exp. 7796). <\/p>\n
En consecuencia, no prosperan los cargos enrostrados. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 27 de diciembre de 2000 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 dentro del proceso ordinario instaurado por CALI EXPRESO LTDA contra LA PREVISORA S.A. COMPA\u00d1\u00cdA DE SEGUROS S.A. <\/p>\n
Condenar en costas del recurso a la parte recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-122-2005 [1100131030171997-2856-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de junio de dos mil cinco (2005) Referencia: Exp. No. 11001-3103-017-1997-2856-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad CALI […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82970","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82970","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82970"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82970\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82970"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82970"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82970"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}