SC-124 -2005 [7627]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 7627. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 18 de noviembre de 1998, proferida por la Sala de Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por Jos\u00e9 Farf\u00e1n Calder\u00f3n frente a V\u00edctor L\u00f3pez Ni\u00f1o y a la Sociedad Importadora y Distribuidora Automotora S. A. SIDAUTO S. A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El demandante convoc\u00f3 a juicio ordinario a los demandados para que se les declarara civilmente responsables de las lesiones culposas y de los da\u00f1os que recibi\u00f3 el 13 de noviembre de 1981 al ser atropellado por el bus marca Fargo, modelo 1941, de placas SA-1894, afiliado a SIDAUTO S. A., conducido por V\u00edctor L\u00f3pez Ni\u00f1o; se les obligara a pagarle la suma de dinero que se determinara como indemnizaci\u00f3n por tales lesiones, lo mismo que por los perjuicios causados desde el d\u00eda del accidente y hasta cuando se verificara el pago, a ra\u00edz de los gastos y erogaciones que debi\u00f3 efectuar, as\u00ed como por la incapacidad que presenta para desarrollar la profesi\u00f3n de \u201cindustrial-comerciante\u201d que ten\u00eda y que perdi\u00f3 por los da\u00f1os f\u00edsicos recibidos en la cabeza. <\/p>\n
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2. Fundamenta sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) El viernes 13 de noviembre de 1981, aproximadamente a las 7:30 p.m., cuando el demandante y Bernardo Echeverry Novoa atravesaban la avenida 68 con la avenida Primero de Mayo de Bogot\u00e1, el bus de placas SA 1894, con n\u00famero interno 54 de SIDAUTO S. A., en ese momento sin luces, conducido por V\u00edctor L\u00f3pez Ni\u00f1o, quien se hallaba en estado de embriaguez, arranc\u00f3 intempestivamente y los atropell\u00f3. <\/p>\n
b) El actor sufri\u00f3 lesiones en la cabeza, sobre las cuales Medicina Legal dictamin\u00f3: \u00abCONCLUSION = \u2018Trauma cr\u00e1neo-encef\u00e1lico, contusi\u00f3n cerebral\u2026 Como consecuencias Neurol\u00f3gicas M\u00e9dicolegales queda:\u2026 Alteraci\u00f3n electroencefalogr\u00e1fica por descargas de ondas lentas temporal izquierdo, susceptible de presentar sintomatolog\u00eda cl\u00ednica. Lesi\u00f3n de Neurona motora superior monoparesia de miembro superior izquierdo\u2026de caracter\u00edsticas post-traum\u00e1ticas requiere terapia anticonvulsivante (sic), terapia f\u00edsica\u2019\u201d. <\/p>\n
c) Por tales hechos el Juzgado 8\u00ba Penal Municipal de esta ciudad adelant\u00f3 el respectivo proceso, y en sentencia de 27 de febrero de 1984 conden\u00f3 a L\u00f3pez Ni\u00f1o a 7 meses y 7 d\u00edas de prisi\u00f3n, al pago de multa por $1.000 y a la suspensi\u00f3n del oficio de conducci\u00f3n de automotores, por el delito de lesiones personales culposas; asimismo lo conden\u00f3 in genere a pagar los perjuicios causados por el il\u00edcito. <\/p>\n
d) El aludido conductor, para la fecha del accidente, se encontraba vinculado laboralmente a la sociedad accionada. <\/p>\n
e) Los quebrantos que en su integridad personal sufri\u00f3 le han reducido su capacidad laboral, econ\u00f3mica y social, a tal punto que desde ese momento se encuentra pr\u00e1cticamente lisiado, sin poder desarrollar actividad productiva como la que antes ejerc\u00eda, en inmejorables condiciones f\u00edsicas y ps\u00edquicas, pues era socio y propietario de industrias \u00abJober\u00bb, donde se fabricaban carretillas y se realizaban trabajos de ornamentaci\u00f3n. <\/p>\n
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3. Admitida la demanda se orden\u00f3 su notificaci\u00f3n a los demandados mediante emplazamiento, luego de lo cual, en su representaci\u00f3n, se designaron curadores ad litem; el que represent\u00f3 a V\u00edctor L\u00f3pez respondi\u00f3 el libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones de la demanda (cd.2), y propuso la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 de \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, fundada en que no se invoc\u00f3 la responsabilidad que se le podr\u00eda endilgar a su representado con base en su culpa probada, de acuerdo al art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, y respecto de la sociedad demandada en que se equivoc\u00f3 la acci\u00f3n al invocar el art\u00edculo 2356, cuando debi\u00f3 ser el 2347 del mismo c\u00f3digo, y en que no era viable acogerse a las dos formas mencionadas, por cuanto ello implicar\u00eda un grave error. <\/p>\n
El auxiliar que represent\u00f3 a Sidauto S. A. dijo atenerse a lo que resultara probado y a que se demostrara el v\u00ednculo contractual de L\u00f3pez Ni\u00f1o con aqu\u00e9lla. <\/p>\n
4. Por sentencia de 3 de octubre de 1996 el Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 culmin\u00f3 la primera instancia, en la que de oficio declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de caducidad. <\/p>\n
5. Al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el promotor de este proceso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, mediante fallo de 18 de noviembre de 1998, revoc\u00f3 el del juzgado y, en su lugar, declar\u00f3 que L\u00f3pez Ni\u00f1o no estaba legitimado como sujeto de esta acci\u00f3n y absolvi\u00f3 a SIDAUTO S. A. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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1. Luego de precisar que la demanda persigue la indemnizaci\u00f3n por efectos de la responsabilidad civil a que est\u00e1n sujetos los demandados, nacida del delito, cuya fuente la consagra el art\u00edculo 1494 del C\u00f3digo Civil y de hacer ver que la decisi\u00f3n de primera instancia se bas\u00f3 en que el \u00abfallo penal tuvo apego en el Decreto 409 de 1971 y \u00e9ste en el art\u00edculo 26 indica el procedimiento del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo Procesal Civil, vigente para la \u00e9poca como apropiado para liquidar los perjuicios comprendidos como condena del fallo penal\u201d, y en que, por tanto \u201coper\u00f3 la caducidad por vencimiento del t\u00e9rmino concedido all\u00ed para lograrla\u201d, consider\u00f3 superflua la discusi\u00f3n sobre la preferente aplicaci\u00f3n del se\u00f1alado art\u00edculo 26 o de los art\u00edculos 106 y 107 del decreto 100 de 1980, toda vez que, prosigui\u00f3, a \u201cnada pr\u00e1ctico\u201d conducir\u00eda el tema, por las razones que a continuaci\u00f3n entrar\u00eda a explicar. <\/p>\n
2. Arguy\u00f3 que la demanda fue dirigida contra V\u00edctor L\u00f3pez Ni\u00f1o, como \u201cautor directo del da\u00f1o\u201d, y frente a la sociedad \u201ccomo responsable indirecta, por vincularse a ella, laboralmente el mencionado L\u00f3pez\u00bb, con lo que dej\u00f3 establecido que a SIDAUTO se le involucr\u00f3 \u201cen la demanda por m\u00e9rito de lo previsto en el art\u00edculo 2347 del C.C.\u201d, de donde concluy\u00f3 que esa persona jur\u00eddica ser\u00eda \u201cresponsable de los perjuicios siempre que L\u00f3pez Ni\u00f1o\u201d lo fuera (fl.268). <\/p>\n
3. Tras descartar toda discusi\u00f3n en torno a la ocurrencia de los hechos de que trata este asunto, porque sobre ese acontecimiento se adelant\u00f3 el correspondiente proceso penal, adujo el tribunal que no se pon\u00eda en duda la responsabilidad civil de L\u00f3pez Ni\u00f1o, como quiera que en ese proceso fue sentenciado como autor del suceso, infiriendo as\u00ed la concurrencia de los elementos constitutivos de la extracontractual, vale decir, el accidente, la culpa por parte del citado reo, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n causal, todo debidamente establecido en la investigaci\u00f3n penal. <\/p>\n
Y como en la sentencia dictada en esa causa punible se le impuso al nombrado chofer la condena a pagar los perjuicios causados, para cuya cuantificaci\u00f3n all\u00ed se dijo que deb\u00eda seguirse el procedimiento previsto en el art\u00edculo 26 del decreto 409 citado, es decir, que se le determin\u00f3 una condena en abstracto, por ello mismo, puntualiz\u00f3 el fallador, ese sujeto procesal no pod\u00eda \u201cformar parte del extremo pasivo\u201d de esta acci\u00f3n, puesto que \u201c\u00e9l ya fue sometido a las resultas legales de la condena penal, correspondi\u00e9ndole el procedimiento se\u00f1alado en la ley. Su intervenci\u00f3n en este pleito no es legal, no es sujeto de obligaciones en este reclamo judicial, luego no se legitima en la causa dado que a favor de \u00e9l milita el principio de derecho referido por la Juez de instancia, vale decir, que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho, as\u00ed entonces debe sentenciarse en esta oportunidad, significando que es equivocado el fallo en cuanto declara de oficio una excepci\u00f3n, la de caducidad, olvidando que por imperio de la legalidad expresada en el art\u00edculo 26 ya citado, ese aspecto correspond\u00eda dilucidarlo al juez competente para la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o, como quiera que ya para la \u00e9poca de esta demanda el juez penal ha debido se\u00f1alar en la sentencia el monto de los perjuicios, de donde se infiere que la condena en abstracto qued\u00f3 abolida y por consiguiente, la liquidaci\u00f3n del da\u00f1o no corresponde a la justicia civil\u201d(fl.270). <\/p>\n
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4. Asegur\u00f3 de nuevo c\u00f3mo, situada por el demandante la responsabilidad de Sidauto S. A. en la hip\u00f3tesis prevista en el art\u00edculo 2347 ib\u00eddem, esto es, \u201cpor el hecho ajeno\u201d, para que pudiera conden\u00e1rsela era necesario, \u201chaber demostrado esa dependencia laboral, la que aqu\u00ed brilla por su ausencia\u201d; agreg\u00f3 seguidamente que aunque se dijera que ella era la guardiana del automotor en la fecha del accidente, tal hip\u00f3tesis tampoco se evidenci\u00f3, pues dentro del plenario aparece \u00fanicamente \u201cla prueba de la afiliaci\u00f3n pero ella por s\u00ed sola\u201d no demuestra dicha calidad, indicando, asimismo, que la transportista bien pudo \u201ctener injerencia en esa actividad de manera exclusiva, o tenerla el propietario o ambos a la vez\u201d, solo que ninguna de tales eventualidades \u201cadquiri\u00f3 probanza, dado que todo lo que aparece en cuanto a controles, horarios etc. viene de Tr\u00e1nsito\u201d, y aunque podr\u00eda estarse \u201cfrente a una presunci\u00f3n de guardi\u00e1n tanto del propietario\u201d como de aquella organizaci\u00f3n, la misma pudo \u201dhaberse desvirtuado demostrando en cabeza de qui\u00e9n estaba ese cuidado, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3 dado que ni siquiera el due\u00f1o del bus fue demandado\u201d(fl.269). <\/p>\n
Distinto habr\u00eda sido, contin\u00faa exponiendo el ad-quem, si se hubiera probado la condici\u00f3n que de \u00absubordinado\u00bb tuviera V\u00edctor L\u00f3pez de la sociedad demandada, \u201ctoda vez que ella no fue sujeto pasivo de la acci\u00f3n civil promovida dentro del asunto penal\u201d ni comprendida de manera gen\u00e9rica, raz\u00f3n por la que ninguna condena se le impuso all\u00ed, y tampoco puede impon\u00e9rsele en este proceso por faltar \u201cla prueba de su calidad ora de patrono, ora de guardi\u00e1n del bus con el que se caus\u00f3 el hecho da\u00f1oso\u201d(fl.270). <\/p>\n
5. Concluy\u00f3 necesario revocar la sentencia apelada en lo tocante con la excepci\u00f3n de caducidad, y negar las s\u00faplicas de la demanda en lo atinente a SIDAUTO S. A., dada la falta de prueba de que de \u00e9sta dependiera laboralmente el conductor o de que la guarda de la cosa fuera del resorte de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cinco cargos, todos con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n, formul\u00f3 el demandante contra la sentencia. De \u00e9stos, el tercero y cuarto atacan \u00fanicamente la decisi\u00f3n relativa a la falta de legitimidad del demandado L\u00f3pez Ni\u00f1o, y los restantes est\u00e1n dirigidos a fustigar el despacho desfavorable de las s\u00faplicas frente a SIDAUTO S. A. <\/p>\n
Por tanto, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la Corte estudiar\u00e1 en primer t\u00e9rmino y en forma conjunta los cargos tercero y cuarto, pues abrazan el argumento cardinal con base en el cual el tribunal absolvi\u00f3 al demandado V\u00edctor L\u00f3pez Ni\u00f1o; seguidamente abordar\u00e1 el an\u00e1lisis del segundo y quinto en forma conjunta, porque se enderezan hacia un mismo objetivo y est\u00e1n llamados a prosperar. <\/p>\n
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CARGO TERCERO <\/p>\n
1. Ataca la censura la determinaci\u00f3n que alrededor de V\u00edctor L\u00f3pez adopt\u00f3 el tribunal, como quiera que estima equivocada la aplicaci\u00f3n que el fallador hizo del art\u00edculo 26 del decreto 409 de 1971 y las deducciones que de all\u00ed obtuvo, en especial al concluir que el demandado no pod\u00eda integrar la parte accionada en este litigio, porque en el proceso penal que se le sigui\u00f3 fue condenado tambi\u00e9n en lo atinente a los perjuicios, para cuya cuantificaci\u00f3n debi\u00f3 seguir el procedimiento all\u00ed se\u00f1alado, en cuanto estim\u00f3 que como su intervenci\u00f3n en este pleito no era legal, luego no se \u201clegitima en la causa dado que a favor de \u00e9l milita el principio de derecho referido por la Juez de instancia, vale decir, que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho\u201d. <\/p>\n
2. Acota el impugnador que por cuanto las condenas gen\u00e9ricas que impon\u00edan los jueces penales con base en el aludido art\u00edculo 26, en el fondo le negaban a las v\u00edctimas el derecho a obtener la indemnizaci\u00f3n, surgieron los art\u00edculos 106 y 107 del nuevo C\u00f3digo Penal, que empez\u00f3 a regir el 23 de enero de 1981, para establecer la obligaci\u00f3n de condenar en concreto, incluso facultando al funcionario para hacerlo en gramos oro cuando el da\u00f1o no fuera valorable pecuniariamente o no existiera prueba de su cuant\u00eda; en consecuencia, de esa fecha en adelante, ese juez deb\u00eda producir condenas de perjuicios en concreto, sin recurrir a la condena in genere que aquel precepto legal establec\u00eda, pues fue derogado por el 375 del decreto 100 de 1980. <\/p>\n
3. Por esta circunstancia, sostiene la censura, no proced\u00eda el alcance dado por el fallador cuando consider\u00f3 que el preanotado art\u00edculo 26 es diferente de los art\u00edculos 106 y 107 mentados, pues si bien se utilizan algunos t\u00e9rminos diversos, la materia regulada por los \u00faltimos deb\u00eda considerarse comprendida bajo el pensamiento del legislador de impedir condenas gen\u00e9ricas en los procesos penales, \u201cporque bien se nota que si se demostr\u00f3 la existencia de los perjuicios el juez los debe liquidar a\u00fan con ayuda de perito, o en otro evento, recurriendo a los art\u00edculos 106 y 107\u201d citados, pero a partir de la vigencia de estas normas jam\u00e1s se pod\u00eda imponer condena en abstracto(fl.23). <\/p>\n
4. Infiere de lo anterior el casacionista que \u201csi el hecho generador de la indemnizaci\u00f3n se produjo el 13 de noviembre de 1981\u201d eran aplicables los art\u00edculos 106 y 107 ya indicados e inaplicable el 26 del decreto 409 de 1971, por cuanto \u00e9ste hab\u00eda dejado de regir, no siendo posible su aplicaci\u00f3n ni siquiera pretextando el principio de favorabilidad. <\/p>\n
5. Concluye que la posici\u00f3n del sentenciador de buscar circunstancias eximentes de la responsabilidad de la transportadora, es equivocada, \u201cporque no es la voluntad o la interpretaci\u00f3n la que juega papel obligatorio en este tema, sino el imperio de la ley aplicable al caso\u201d; por tanto, dados los requisitos determinantes de la responsabilidad extracontractual, \u201cse comprende el reconocimiento de la misma con relaci\u00f3n a la sociedad demandada como consecuencia de su amplia y propia capacidad real de obrar a trav\u00e9s de sus agentes o dependientes\u2026, aunada a la declaraci\u00f3n erga-omnes de responsabilidad penal\u201d pronunciada frente a L\u00f3pez Ni\u00f1o(fl.23). <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
En \u00e9ste la sentencia es acusada por violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, 1494, 1568 a 1572, 2070, 2071, 2072, 2341, 2342, 2344, 2347 y 2349 del C\u00f3digo Civil, 983, 984 y 991 del C\u00f3digo de Comercio, 103, 106 y 107 del decreto 100 de 1980 y 23 y 36 de la ley 336 de 1996, por falta de aplicaci\u00f3n. Precisa que el quebranto denunciado ata\u00f1e a \u201cla parte resolutiva de la sentencia cuando el Tribunal declara\u201d que el chofer no est\u00e1 legitimado como sujeto de esta acci\u00f3n y absuelve a SIDAUTO S. A.. <\/p>\n
1. Considera que fue errada la interpretaci\u00f3n que el juzgador le dio al art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil sobre cosa juzgada, por cuanto: a) \u201cen este juicio no se trata de obtener un nuevo pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del autor material\u201d, pues esa declaraci\u00f3n la dio el juez de dicha especialidad con efectos erga omnes\u201d; b) la diferencia entre la jurisdicci\u00f3n civil y la penal \u201cimpide la configuraci\u00f3n de los elementos de la cosa juzgada, am\u00e9n de referirse la demanda al exclusivo tema de la cuantificaci\u00f3n de los perjuicios que por omisi\u00f3n\u201d de aquel juez \u201cno se liquidaron en concreto\u201d, tarea que, de no cumplir la justicia civil, generar\u00eda \u201cuna verdadera denegaci\u00f3n de justicia\u00bb; c) desconoci\u00f3 que el hecho punible produce una responsabilidad penal y otra civil, pues en su decisi\u00f3n \u00abfunde las dos\u2026 y considera agotada la tarea del Estado frente al responsable, y por consecuencia, frente a la v\u00edctima, desconociendo la obligaci\u00f3n originada precisamente en el delito de reparar o indemnizar, fuente reconocida por los art\u00edculos 1494 del C.C. y 103 del C.P., cuya existencia indubitable e indiscutible se basa en la condena sufrida por el conductor del bus como autor responsable del delito de lesiones personales\u201d, por lo que el ofendido tiene la facultad de acudir al \u00f3rgano judicial para que se le reconozca su derecho y se obligue al acusado a indemnizarlo; d) en este asunto parti\u00f3 el actor de la omisi\u00f3n del nombrado juez de liquidar en concreto los perjuicios, obligaci\u00f3n impuesta a partir de enero de 1981, lo que sustenta con el criterio de uno de los expositores nacionales; y e) para 1981, y aun para el momento en que se profiri\u00f3 el fallo penal, la figura del tercero civilmente responsable no se admit\u00eda en ese procedimiento, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda acudirse a la jurisdicci\u00f3n civil para, a trav\u00e9s de los art\u00edculos 2347 y 2349 del C\u00f3digo Civil, demandar la obligaci\u00f3n de reparar. <\/p>\n
2. Por tanto, las circunstancias particulares del caso hacen necesario recurrir a la jurisdicci\u00f3n civil para obtener el pronunciamiento sobre el monto de los perjuicios y la responsabilidad civil de SIDAUTO S. A., pues no existe la v\u00eda penal \u201cpara la reclamaci\u00f3n exclusiva de dichos perjuicios\u201d. <\/p>\n
3. Luego de transcribir parte de las consideraciones de uno de los fallos de esta Sala, en el que se ocup\u00f3 de analizar el influjo de las sentencias penales respecto de los procesos civiles de responsabilidad encaminados a la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados con el delito, apunta el censor que de la negativa del juez de segundo grado a resolver sobre la determinaci\u00f3n de los perjuicios emerge la inaplicaci\u00f3n de las normas que estatuyen la responsabilidad en cuanto hace a L\u00f3pez Ni\u00f1o y para que sirva como \u201creconocimiento o ratificaci\u00f3n de la derivada del hecho punible declarado en el proceso penal\u201d; y en lo tocante con SIDAUTO S. A., a \u201cla determinaci\u00f3n de la responsabilidad civil inmediata y directa porque se ejecut\u00f3 el il\u00edcito a trav\u00e9s de un \u00f3rgano en el servicio que identifica la actividad del ente moral, cual es la del transporte de servicio p\u00fablico (art\u00edculos 2347 y 2349) y la solidaridad que se predica a trav\u00e9s de esta \u00faltima fuente de responsabilidad por el hecho de otro, considerada como solidaridad legal\u201d y desarrollada trav\u00e9s de los art\u00edculos 2341 y 2344 ejusdem \u201ccuando predica la vinculaci\u00f3n solidaria entre la persona jur\u00eddica y el agente autor del da\u00f1o, quienes por su enlace est\u00e1n obligados a satisfacer integralmente las indemnizaciones\u00bb(fl.28), m\u00e1s a\u00fan en el caso concreto del transporte, en el que los art\u00edculos 2070 y 2071 del mismo estatuto prev\u00e9n que las obligaciones del acarreador se entienden impuestas al empresario de transporte como responsable de la idoneidad y buena conducta de las personas que emplea, al igual que la solidaridad consagrada en el art\u00edculo 1568 que imponen la responsabilidad del transportador a pagar los perjuicios consiguientes, ratificada por los art\u00edculos 23 y 36 de la ley 336 de 1996. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. El argumento toral a trav\u00e9s del cual el tribunal absolvi\u00f3 en esta causa de responsabilidad civil extracontractual al demandado V\u00edctor L\u00f3pez Ni\u00f1o radic\u00f3 en que como \u00e9l fue el sujeto pasivo de la acci\u00f3n penal, en contra de quien se dict\u00f3 sentencia y se le impuso la obligaci\u00f3n de pagar perjuicios, cuantificados por el procedimiento previsto en el art\u00edculo 26 de decreto 409 de 1971, en raz\u00f3n a que en ese fallo se le impuso en abstracto condena al pago de da\u00f1os, deb\u00eda advertir que por esa sola circunstancia \u00e9l no debi\u00f3 ser demandado en esta causa, por haber sido ya sometido a las resultas de la condena penal, pues le correspond\u00eda el procedimiento all\u00ed se\u00f1alado. Agreg\u00f3 que por esa circunstancia \u00e9l en este proceso no era sujeto de obligaciones, por lo que aqu\u00ed no estaba legitimado debido a que a su favor militaba el principio de derecho de que nadie pod\u00eda ser castigado dos veces por el mismo hecho. <\/p>\n
2. Por su lado la censura le enrostra haber quebrantado, fundamentalmente, los art\u00edculos 26 del decreto 409 de 1971 y 308 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, y 332 de este ordenamiento jur\u00eddico, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, al considerar el recurrente que el sentenciador estim\u00f3 que L\u00f3pez Ni\u00f1o se sujet\u00f3 a un proceso penal culminado. <\/p>\n
3. Al concatenar una y otra argumentaci\u00f3n, r\u00e1pidamente se advierte que las normas que se aducen como quebrantadas, ciertamente no fueron infringidas por el fallador, en el caso de los art\u00edculos 308 y 332 citados, sencillamente porque no los aplic\u00f3, al expresar tajantemente que esta discusi\u00f3n \u201cresultaba superflua\u201d, por cuanto no conduc\u00edan \u201ca nada practico\u201d, por las otras razones que a continuaci\u00f3n entr\u00f3 a se\u00f1alar. Obs\u00e9rvese que del contexto de las consideraciones del sentenciador, en los apartados donde se dedica a resolver la situaci\u00f3n del aludido demandado, apenas tangencialmente se mencionan tales mandatos, pero por otros aspectos, raz\u00f3n por la cual no se ajusta a la verdad que se sostenga, como equivocadamente lo hace el censor, violaci\u00f3n por aplicaci\u00f3n indebida, en el caso de la primera de las referidas, o interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, en el de la segunda. <\/p>\n
4. Desde esta perspectiva, resulta claro que al quedar por fuera del ataque los dem\u00e1s argumentos del fallo con base en los cuales el tribunal igualmente desat\u00f3 la controversia en lo tocante con L\u00f3pez Ni\u00f1o, los cargos as\u00ed planteados devienen incompletos, cerr\u00e1ndoles toda posibilidad de \u00e9xito, pues, como lo ha sostenido la Corporaci\u00f3n, cuando el fallo impugnado se halla apoyado en diferentes fundamentos probatorios, en orden a destruir la presunci\u00f3n de verdad y acierto de las conclusiones f\u00e1cticas con que llega a casaci\u00f3n, es deber del censor presentar un ataque panor\u00e1mico, esto es, \u201cuna impugnaci\u00f3n que comprenda todos los soportes probatorios que fincan la decisi\u00f3n, porque si \u00e9sta es parcial, as\u00ed se demuestren los errores denunciados, los fundamentos no controvertidos y determinantes de ella, la siguen manteniendo y por ende el cargo fracasa, porque la presunci\u00f3n de acierto continuar\u00eda vigente\u201d(G. J., t. CCLXI, pag.882). <\/p>\n
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En este asunto se incurri\u00f3 en la se\u00f1alada deficiencia t\u00e9cnica puesto que no fueron atacados todos los pilares en que el fallo se encuentra soportado, como aquellos a trav\u00e9s de los cuales el tribunal consider\u00f3 que por hab\u00e9rsele impuesto a L\u00f3pez Ni\u00f1o una condena en abstracto, \u00e9ste no pod\u00eda ser demandado, pues al haber sido sometido \u201ca las resultas legales de la condena penal, le correspond\u00eda el procedimiento se\u00f1alado en la ley\u201d, raz\u00f3n por la cual su intervenci\u00f3n en este asunto no era legal, careciendo, por tanto, de legitimaci\u00f3n en la causa, a m\u00e1s que lo atinente a la cuantificaci\u00f3n de los perjuicios le correspond\u00eda al aludido juez penal dilucidarlo, puesto que en su momento ese funcionario debi\u00f3 concretar su cuant\u00eda, debido a que para ese entonces la condena en abstracto ya estaba abolida y, por consiguiente, aquella liquidaci\u00f3n no le correspond\u00eda a la justicia civil. <\/p>\n
5. Al margen de las consideraciones precedentes, es de verse que la providencia de 27 de febrero de 1984, dictada por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Bogot\u00e1, en punto a los perjuicios que aqu\u00ed se reclaman, se limit\u00f3 a se\u00f1alar simplemente que se condenaba a L\u00f3pez Ni\u00f1o \u201cin generi, (sic) a pagar los perjuicios ocasionados por el delito\u201d, sin que esa determinaci\u00f3n la hubiere condicionado a un plazo procesalmente establecido, situaci\u00f3n que permite afirmar, como lo hizo el tribunal, que por esa sola circunstancia toda reclamaci\u00f3n atinente a la cuantificaci\u00f3n de esos da\u00f1os necesariamente deb\u00eda articularse en esa instancia judicial, con mucha mayor raz\u00f3n si, como el casacionista lo pregona, las normas aplicables para la \u00e9poca eran las contenidas en los art\u00edculos 103, 106 y 107 del decreto 100 de 1980 (C\u00f3digo Penal), las cuales para el establecimiento del monto indemnizatorio, afirma el censor, no preve\u00edan la adopci\u00f3n en esa esfera de la jurisdicci\u00f3n del procedimiento que para el tr\u00e1mite incidental regulaba el art\u00edculo 308 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en la norma que estuvo vigente antes de que entrara a regir el decreto 2282 de 1989; situaci\u00f3n que permit\u00eda sostener, entonces, que a la regulaci\u00f3n o tasaci\u00f3n de los perjuicios referidos en dicho fallo penal pod\u00eda acudirse aun despu\u00e9s de alcanzados los dos meses que el precepto legal \u00faltimo aludido incorporaba. <\/p>\n
Esta es justamente la raz\u00f3n por la cual el tribunal consider\u00f3 que L\u00f3pez Ni\u00f1o en este proceso no pod\u00eda ser sujeto de obligaciones, y que por lo mismo no estaba legitimado para afrontar las demandas que aqu\u00ed se le hicieron, puesto que al efecto ya se hab\u00eda determinado su responsabilidad, sobre la cual no hay desacuerdo, e impuesto la condena a pagar los susodichos perjuicios. <\/p>\n
En este orden de ideas, no se trata de que el fallador hubiera sostenido que el proceso penal termin\u00f3 o que se produjo el agotamiento de la liquidaci\u00f3n, como lo sostiene la censura, significando con ello que el ad-quem se refiri\u00f3 a la cosa juzgada, sino simplemente que por la circunstancia expuesta \u201cese aspecto correspond\u00eda dilucidarlo al juez competente para la cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o, como quiera que ya para la \u00e9poca de esta demanda el juez penal ha debido se\u00f1alar\u201d(fl. 270), el monto de los perjuicios. <\/p>\n
Tal aserto resulta admisible si se tiene en cuenta que, inclusive con asidero en las disposiciones legales promulgadas con posterioridad a la ocurrencia del hecho da\u00f1oso, las cuales, a decir del casacionista, obligaban a condenar en concreto al responsable penal y que, por no haberse procedido as\u00ed, surg\u00eda la posibilidad para el afectado de poner en movimiento la especialidad civil a fin de obtener la cuantificaci\u00f3n de los perjuicios causados con el delito, la Corte consider\u00f3 que luego, \u00abtrat\u00e1ndose de un asunto sometido a la legislaci\u00f3n sustancial procedimental penal vigente en 1990, ser\u00e1 necesario tener presente que ejercida la acci\u00f3n civil dentro del proceso penal resulta imperativo que, en caso de condena, sea el juez penal quien establezca la condena en concreto al pago de los perjuicios en favor de dicha parte, cuando se encuentren probados su existencia y monto, a iniciativa de la parte civil o de dictamen pericial oficioso (arts.46 y 50, inciso 1\u00b0, C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 1987), y\/o cuando, trat\u00e1ndose de perjuicios materiales o morales no valorables pecuniariamente, el juez fije prudencialmente, seg\u00fan el caso, la indemnizaci\u00f3n en sumas equivalentes hasta en mil o cuatro mil gramos oro (art. 50 inciso 2\u00b0 C.P.P. y 106 y 107, C\u00f3digo Penal)\u201d (G. J., t. CCXXXI, pag.181). <\/p>\n
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6. Por lo expuesto, los cargos no prosperan. <\/p>\n
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CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con respaldo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el recurrente acusa la sentencia por quebrantar directamente los art\u00edculos 2346 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida; y 1494, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1614, 2070, 2071, 2072, 2341 2344, 2347 y 2349 del C\u00f3digo Civil; 103, 105, 106 y 107 del decreto 100 de 1980; 983, 984 y 991 del C\u00f3digo de Comercio; 1\u00ba, numeral 75, de decreto 1809 de 1990; 9, 10, 11, 23 y 34 de la ley 336 de 1996; y 3\u00ba, numeral 6\u00ba, inciso 2\u00ba, de la ley 105 de 1993; as\u00ed como la ley 5\u00aa de 1979 y los decretos 1344 y 1393 de 1970, 1147 de 1971 y 0491 de 1996, por falta de aplicaci\u00f3n, por cuanto el tribunal admiti\u00f3 a Sidauto S. A. como empresa de transportes de servicio p\u00fablico y tuvo por establecido el contrato de afiliaci\u00f3n del veh\u00edculo con el cual se atropell\u00f3 al actor pero no reconoci\u00f3 los efectos propios otorgados por la ley aplicable al caso controvertido. <\/p>\n
1. Al desarrollar la cr\u00edtica sostiene que evidenciado como tuvo el ad-quem \u201cla prueba de la afiliaci\u00f3n, quiebra \u00e9ste la inmediata consecuencia, de la responsabilidad civil de la transportadora, acu\u00f1ando al propietario como eslab\u00f3n que falta en la cadena seg\u00fan dicho Tribunal y con quien no se sabe si correspond\u00eda o no la labor de vigilancia y cuidado sobre sus agentes\u201d, duda que seg\u00fan el sentenciador \u201cborra la obligaci\u00f3n de indemnizar por parte de SIDAUTO S.A.\u201d(fl.15). <\/p>\n
2. Tras citar los art\u00edculos 2071 y 2072 del C\u00f3digo Civil anota que tales preceptos imponen la responsabilidad solidaria del transportador por el hecho de sus dependientes al disponer que el empresario de transporte es responsable del da\u00f1o no solo por su propio hecho sino por el de sus agentes y determinan la responsabilidad del transportador como tal y como obligado a velar por las condiciones personales, de conocimiento y pericia de sus agentes. <\/p>\n
3. Se\u00f1ala que con arreglo al art\u00edculo 983 del C\u00f3digo de Comercio, las empresas de transporte tienen obligaciones como la de vincular los veh\u00edculos mediante los cuales prestan el servicio p\u00fablico, situaci\u00f3n que genera la responsabilidad civil directa como si fuera el propietario; agrega que esta responsabilidad directa del transportista la reitera el art\u00edculo 984 ib\u00eddem, al indicar que el transportador podr\u00e1 encargar a terceros la conducci\u00f3n contratada bajo su responsabilidad. <\/p>\n
4. Para el casacionista los alcances de la responsabilidad de Sidauto S. A. surgen del contrato de afiliaci\u00f3n, es decir, de la vinculaci\u00f3n del bus a esa transportadora, con dos efectos manifiestos: la responsabilidad directa e inmediata de la sociedad, y la de vigilar, constatar, controlar, manejar y contratar al personal a su disposici\u00f3n con el cual presta el servicio, obligaciones que el tribunal desconoci\u00f3. <\/p>\n
5. Con base en el art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio, asegura que cuando la persona jur\u00eddica no sea propietaria o arrendataria del veh\u00edculo o no tenga a otro t\u00edtulo el control efectivo del rodante, el propietario o quien lo hubiere afiliado y la transportadora responder\u00e1n solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte y que la empresa tiene el control efectivo del automotor cuando lo administra con facultad de utilizarlo y designar al personal que lo opera directamente y sin intervenci\u00f3n del propietario. <\/p>\n
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6. Remata el acusador anotando que las normas relacionadas en la acusaci\u00f3n aluden a la responsabilidad de la transportadora bajo dos puntos de vista legales: la solidaridad entre \u00e9sta y el conductor, y la directa que funda en el desenvolvimiento de las actividades contraidas al ejercicio de su objeto social. En otras palabras, si hubiera aplicado las normas que involucra en el cargo, habr\u00eda declarado la responsabilidad civil de la sociedad demandada, pero por aplicaci\u00f3n indebida recurri\u00f3 al art\u00edculo 2346 del C\u00f3digo Civil para hablar de vigilancia y cuidado como contraposici\u00f3n a negligencia, circunstancia predicable de los actos de los menores de diez a\u00f1os; igualmente err\u00f3 el fallador, prosigue, \u201cporque adem\u00e1s de presumirse la culpa, el servicio p\u00fablico de transporte es una actividad sometida por las leyes invocadas que definen la obligaci\u00f3n de la empresa de transporte \u2026 de designar el personal adecuado, verificando desde el principio las condiciones personales y t\u00e9cnicas necesarias\u201d. <\/p>\n
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CARGO QUINTO <\/p>\n
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Al amparo de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el casacionista acusa la sentencia por violaci\u00f3n directa de la ley, \u201cpor aplicaci\u00f3n indebida de un precepto legal inexistente al momento de fallar el Juez Penal Municipal el proceso penal respectivo, por falta de declaraci\u00f3n de responsabilidad del tercero civilmente responsable\u201d y en consecuencia, falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1494, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 2341, 2344, 2347 y 2349 del C\u00f3digo Civil, la ley 5\u00aa de 1979 y el decreto 100 de 1980, 103, 105, 106 y 107 (c\u00f3digo Penal), 983, 984 y 991 del C\u00f3digo de Comercio, ley 336 de 1996, art\u00edculos 9, 10, 11, 23 y 36, por cuanto para 1980 y aun al momento del fallo de primera instancia no exist\u00eda en el derecho penal la figura procesal del tercero civilmente responsable, quebranto que se consolida en el numeral tercero de la parte resolutiva cuando absolvi\u00f3 a la sociedad demandada. <\/p>\n
1. Una vez relat\u00f3 la evoluci\u00f3n que en el derecho colombiano ha tenido la figura penal del tercero civilmente responsable, y tras considerar que el decreto 409 de 1971 no la previ\u00f3, pues ella vino a tener vida jur\u00eddica desde 1991, y por tal motivo antes de esta \u00e9poca no exist\u00eda la posibilidad de vincular al pago de los perjuicios a personas obligadas por el hecho de otros, expres\u00f3 el censor que por ello mismo, por los hechos aqu\u00ed comprometidos, para cuando se tramit\u00f3 el proceso penal no pod\u00eda vincular all\u00ed a la sociedad demandada, punto a partir del cual estima errada la consideraci\u00f3n que en esa direcci\u00f3n produjo el tribunal. <\/p>\n
2. Argumenta el recurrente que el tribunal expuso que debi\u00f3 obrar pronunciamiento penal sobre la responsabilidad de la persona jur\u00eddica accionada, con lo cual, adem\u00e1s de desconocer aquella evoluci\u00f3n, dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 2070, 2071, 2341, 2344, 2347 y 2349 del C\u00f3digo Civil, 983, 984 y 991 del C\u00f3digo de Comercio y 36 de la ley 336 de 1996, preceptos de los cuales se establece que la persona natural como la jur\u00eddica responden del da\u00f1o causado con el delito o culpa \u201cpor existir solidaridad legal (responsabilidad directa)\u201d, de lo que se deduce la posibilidad de demandar a cualquiera de los obligados, \u201csean propietarios, empleadores, empresa transportadora o autores\u201d, y que, por tanto, \u201cla marginalidad que pueda alegarse no tiene base legal al punto de que inmediatamente se debe negar cualquier validez a la pr\u00e9dica del Tribunal sobre la ausencia de demanda contra el propietario del veh\u00edculo para sostener que no es valida la pretensi\u00f3n directamente contra la empresa transportadora\u201d(fl.31). <\/p>\n
3. Finaliz\u00f3 indicando que \u201clo m\u00e1s grave de la posici\u00f3n asumida por el Tribunal, es tratar de intercalar con la aplicaci\u00f3n de una norma inexistente para el caso de la figura del 3\u00ba civilmente responsable en 1991 cuando ocurri\u00f3 el accidente o en 1994 cuando el Juzgado 8 Penal Municipal fall\u00f3, una circunstancia considerada por el mismo como \u00f3bice u obst\u00e1culo legal suficiente para impedir la declaraci\u00f3n de responsabilidad de la empresa transportadora significando transgresi\u00f3n inmediata y evidente del precepto contenido en el art\u00edculo 991 del C. de Co., que consagra la solidaridad de la empresa transportadora y el propietario del veh\u00edculo e incluso, considerando la responsabilidad directa de la empresa transportadora dispone que el control efectivo y contrataci\u00f3n del conductor o personal sin intervenci\u00f3n del propietario corresponde a la misma, texto que definitivamente entierra el pretexto para absolver a SIDAUTO S.A.\u201d(fls.31 y 32). <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Con el prop\u00f3sito de destruir la argumentaci\u00f3n con base en la cual el ad-quem neg\u00f3 las pretensiones frente a la sociedad demandada, el censor sostiene que pese a haber tenido aqu\u00e9l a Sidauto S. A. como empresa de transportes de servicio p\u00fablico y admitido la existencia del contrato de afiliaci\u00f3n del veh\u00edculo con el cual se atropell\u00f3 al actor, el tribunal finalmente no reconoci\u00f3 los efectos que sobre ese particular prev\u00e9 la ley, pues desconoci\u00f3 que las disposiciones legales acopiadas en los cargos le imponen a las transportadoras la responsabilidad solidaria por el hecho de sus dependientes al se\u00f1alar que son responsables del da\u00f1o que causen no s\u00f3lo directamente sino a trav\u00e9s de sus agentes, es decir, que as\u00ed como ellas tienen la obligaci\u00f3n de vincular los veh\u00edculos mediante los cuales prestan el servicio, les imponen una responsabilidad civil directa como si fueran propietarias; es por ello, dice, que la responsabilidad de aquella persona jur\u00eddica naci\u00f3 de la vinculaci\u00f3n del bus mediante el contrato de afiliaci\u00f3n con la obligaci\u00f3n directa e inmediata de vigilar, constatar, controlar y manejar al personal a su disposici\u00f3n con el cual presta el servicio; agrega que esas disposiciones legales establecen una responsabilidad solidaridad entre el conductor y la transportadora y al mismo tiempo directa de \u00e9sta, la cual surge como consecuencia del desarrollo de las actividades inherentes a su objeto social. Con esa base afirma que si el fallador hubiera aplicado las normas involucradas en los cargos, habr\u00eda declarado la responsabilidad civil de la nombrada opositora. <\/p>\n
2. Con ese marco de referencia es de observarse que el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, al tiempo que regula lo atinente a la responsabilidad que surge del desarrollo de las actividades peligrosas, reglamenta, al lado del supuesto previsto en el art\u00edculo 2347 ib\u00eddem, la llamada responsabilidad directa, predicable, como se sabe, no solamente del autor material del hecho da\u00f1oso sino tambi\u00e9n de las personas, naturales o jur\u00eddicas, que ostentaren la condici\u00f3n de guardianas de la cosa inanimada con la cual se produjo el da\u00f1o, desde luego que como la responsabilidad atribuible al autor material del suceso y la que se deriva de la ejecuci\u00f3n de una labor considerada de riesgo no se excluyen \u201cla presunci\u00f3n de culpabilidad en contra de quien ejercita una actividad peligrosa afecta no s\u00f3lo al dependiente o empleado que obra en el acto peligroso, sino tambi\u00e9n al empleador, due\u00f1o de la empresa o de las cosas causantes del da\u00f1o\u201d(G. J., t. LXI, pag.569). <\/p>\n
Ha de decirse, entonces, que como esa presunci\u00f3n necesariamente se extiende a todos aquellos a quienes pueda ten\u00e9rseles como responsables de la actividad en cuyo desarrollo se produjo el evento causante del da\u00f1o, ella es predicable, por lo mismo, del guardi\u00e1n de la actividad, es decir, de quien en ese \u00e1mbito tenga o ejerza \u201cla direcci\u00f3n, control y manejo, como cuando a cualquier t\u00edtulo se detenta u obtiene provecho de todo o parte del bien mediante el cual se realizan actividades caracterizadas por su peligrosidad\u201d(G. J., t. CXCVI, pag.153), ya que, como tambi\u00e9n lo ha se\u00f1alado la Corporaci\u00f3n, la mera circunstancia de que la cosa \u201cse halle al momento del accidente en manos de un subordinado y no del principal, no es obst\u00e1culo para que con apoyo en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil la obligaci\u00f3n resarcitoria pueda imput\u00e1rsele al segundo directamente\u201d, lo cual de paso da ocasi\u00f3n para puntualizar que la responsabilidad demandada al amparo del citado precepto legal no necesariamente debe estar ligada a la titularidad de un derecho sobre la cosa, puesto que, como ya se expuso, bajo la concepci\u00f3n de guardi\u00e1n de la actividad con la cual se produce la lesi\u00f3n \u201cser\u00e1 entonces responsable la persona f\u00edsica o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del da\u00f1o un poder efectivo e independiente de direcci\u00f3n, gobierno o control, sea o no due\u00f1o, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitada para ejercitar ese poder\u201d, de donde se desprende que para llevar a la pr\u00e1ctica el r\u00e9gimen de responsabilidad del que se viene hablando, entre otros sujetos, adquieren la mencionada condici\u00f3n \u201clos poseedores materiales y los tenedores leg\u00edtimos de la cosa con facultad de uso, goce y dem\u00e1s, cual ocurre con los arrendatarios, comodatarios, administradores, acreedores con tenencia anticr\u00e9tica, acreedores pignoratarios en el supuesto de prenda manual, usufrutuarios y los llamados tenedores desinteresados\u201d(G. J., t., CCXVI, pags.505 y 506). <\/p>\n
3. Dentro del contexto que se viene desarrollando es de verse, por consiguiente, c\u00f3mo las sociedades transportadoras, en cuanto afiliadoras para la prestaci\u00f3n regular del servicio a su cargo, independientemente de que no tengan la propiedad del veh\u00edculo respectivo, ostentan el calificativo de guardianas de las cosas con las cuales ejecutan las actividades propias de su objeto social, no s\u00f3lo porque obtienen aprovechamiento econ\u00f3mico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores as\u00ed vinculados sino debido a que, por la misma autorizaci\u00f3n que le confiere el Estado para operar la actividad, p\u00fablica por dem\u00e1s, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de direcci\u00f3n y control, dada la calidad que de tenedoras leg\u00edtimas adquieren a ra\u00edz de la afiliaci\u00f3n convenida con el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que desarrollan, son las que determinan las l\u00edneas o rutas que debe servir cada uno de sus veh\u00edculos, as\u00ed como las sanciones a imponer ante el incumplimiento o la prestaci\u00f3n irregular del servicio, al tiempo que asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reuni\u00f3n integral de los distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jur\u00eddico y las condiciones mec\u00e1nicas y t\u00e9cnicas mediante las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al mercado. <\/p>\n
En el sentido que se acaba de exponer la Corporaci\u00f3n dej\u00f3 sentado, teniendo como punto de referencia las normas incorporadas en el decreto 1393 de 1970, \u201cvigente para la \u00e9poca de ocurrencia de los hechos, que las empresas de transporte son, por definici\u00f3n, una unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica permanente, con los equipos, instalaciones, y \u00f3rganos de administraci\u00f3n adecuados para efectuar el acarreo de personas o bienes de un lugar a otro (art.9\u00ba ), que las mismas deben poseer un sistema adecuado de mantenimiento de los veh\u00edculos, bien que lo hagan por cuenta propia o faciliten a los dem\u00e1s los medios para hacerlo (art.21); que deben forzosamente contratar los conductores y les asignan los honorarios (arts.2\u00ba, 47 y 51); que son las que elaboran tanto el reglamento de funcionamiento como el interno de trabajo (arts.9\u00ba y 24); las que, cuando no son propietarias de todos los veh\u00edculos, los vincula \u00b4por cualquier forma contractual legalmente establecida\u00b4(art.9\u00ba), y en fin, la de que una vez obtenida la licencia de funcionamiento, que la acredita encontrarse en posibilidad \u00b4de prestar el servicio p\u00fablico de transporte terrestre automotor\u00b4 (art.23), obtiene la tarjeta de operaci\u00f3n de los veh\u00edculos\u201d(G. J., t. CXCVI, pag.155). <\/p>\n
4. En este orden de ideas, es palmario que cuando como consecuencia de la realizaci\u00f3n de la actividad de transporte, con el instrumento mediante el cual ese servicio es cumplido, se ejecuta un hecho que causa da\u00f1o a otros, la acci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual se reclame la reparaci\u00f3n de la consiguiente indemnizaci\u00f3n puede intentarse involucrando como contradictor, aparte de otras personas como, verbi gratia, al conductor o al propietario, \u00fanicamente a la compa\u00f1\u00eda transportadora en la cual el veh\u00edculo se hallaba afiliado para la \u00e9poca del accidente, pues, por efecto del principio de solidaridad que campea en la materia, del que trata el art\u00edculo 2344 del C\u00f3digo Civil, al decir que si un hecho como el que involucra este proceso ha sido cometido por dos o m\u00e1s personas, cada una de ellas ser\u00e1 solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo, \u201cla v\u00edctima o acreedor queda facultado para exigir la totalidad del cr\u00e9dito respecto de todos los deudores solidarios conjuntamente, o igualmente por la totalidad contra cualquiera de ellos, a su arbitrio, sin que \u00e9stos puedan oponerle el beneficio de divisi\u00f3n\u201d(G. J., t. CLXXX, pag.280). <\/p>\n
<\/p>\n
5. En el presente asunto se encuentra que el demandante reclama la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios sufridos a ra\u00edz de los da\u00f1os que padeci\u00f3 al ser atropellado por el veh\u00edculo de servicio p\u00fablico conducido por el opositor V\u00edctor L\u00f3pez Ni\u00f1o y afiliado, para la prestaci\u00f3n de la respectiva actividad, a la Sociedad Importadora y Distribuidora Automotora S. A., tambi\u00e9n demandada. <\/p>\n
Para resolver la pretensi\u00f3n que en ese sentido edific\u00f3 el actor, el tribunal, no sin antes dar por probados los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual, vale decir, los hechos relativos al accidente, la culpa de la contraparte, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n causal, apoy\u00e1ndose al efecto, adem\u00e1s, en las providencias a trav\u00e9s de las cuales la jurisdicci\u00f3n penal le impuso al nombrado conductor las sanciones t\u00edpicas de esa especialidad de la justicia ordinaria y la condena a pagarle a aqu\u00e9l los perjuicios causados, dio por evidenciada la afiliaci\u00f3n a la sociedad demandada de la cosa con la que se produjo el hecho da\u00f1oso, pero determin\u00f3, con todo, que la situaci\u00f3n en relaci\u00f3n con ese sujeto procesal deb\u00eda definirla a la luz del art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil, endilg\u00e1ndole una responsabilidad indirecta, con lo cual dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 2341 y 2344 ejusdem, que debi\u00f3 hacer actuar, por cuanto al estar aquel bien afiliado a esa persona jur\u00eddica, para la prestaci\u00f3n del servicio en cuyo desarrollo devino el suceso da\u00f1ino, por esa misma relaci\u00f3n, como atr\u00e1s qued\u00f3 ampliamente analizado, ostentaba la condici\u00f3n de guardiana, la que, valga recalcarlo, no fue desvirtuada dentro del proceso, situaci\u00f3n que permiti\u00f3 el surgir de la responsabilidad no s\u00f3lo solidaria entre Sidauto S. A., el chofer vinculado y el propietario del bien -que aunque no fue demandado, ello no constituye obst\u00e1culo para la imposici\u00f3n de una condena contra aqu\u00e9llos- sino directa de la sociedad transportadora. <\/p>\n
Al aplicar aquella disposici\u00f3n que no ven\u00eda al caso, y dejar de hacer actuar \u00e9stas, que eran las normas legales con base en la cual debi\u00f3 definir la controversia frente a la susodicha empresa transportista, el ad-quem cometi\u00f3 error de juicio, el que, por ende, lo condujo a desestimar las s\u00faplicas en relaci\u00f3n con la citada demandada, cuando debi\u00f3 haber dispuesto todo lo contrario, m\u00e1xime si se toma en consideraci\u00f3n que advirti\u00f3 que el chofer V\u00edctor L\u00f3pez fue condenado penalmente por los mismos hechos y que por adelantado hab\u00eda dado por demostrado el accidente, la culpa de los opositores, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad, como elementos estructurales de la responsabilidad aquiliana, prevista en el art\u00edculo 2341 citado. <\/p>\n
No ha de perderse de vista, adicionalmente, que si bien es cierto en la demanda se adujo una relaci\u00f3n de dependencia entre el chofer y la persona moral, no lo es menos que all\u00ed tambi\u00e9n se sostuvo que \u00e9sta ostentaba la condici\u00f3n de afiliadora del automotor con el que fue arrollado el actor(fl.15,cd.1), situaci\u00f3n que permite sostener, como en otra oportunidad lo expuso la Corte, que la susodicha subordinaci\u00f3n no se exige \u201cpara las acciones impetradas con base en el art\u00edculo 2356 ib\u00eddem, como aqu\u00ed acontece, ya que en este caso no interesan las relaciones entre el conductor y el guardi\u00e1n o propietario, puesto que, rep\u00edtese, la presunci\u00f3n de culpa emerge es de la obligaci\u00f3n de mantener o conservar las cosas, del control de mando, direcci\u00f3n y a\u00fan del goce sobre ellas, en forma tal que nadie reciba da\u00f1o alguno, con abstracci\u00f3n de su conductor\u201d(G. J., t. CXCVI, pag.154). <\/p>\n
Se impone, pues, el quiebre del fallo, pero \u00fanicamente en lo tocante con lo que el juez de segundo grado resolvi\u00f3 en relaci\u00f3n con la nombrada empresa transportadora. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Por tanto, prosperan los cargos. <\/p>\n
IV. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Al imponerse el quiebre de la sentencia combatida, compete a la Corte, en sede de instancia, resolver sobre la apelaci\u00f3n que el demandante plante\u00f3 contra la sentencia de 3 de octubre de 1996, dictada por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1; con todo, no se seguir\u00e1 a ello inmediatamente sino que, previamente a su expedici\u00f3n, se ordenar\u00e1 de oficio, con fundamento en los art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el decreto y pr\u00e1ctica de algunas pruebas. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N: <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 18 de noviembre de 1998, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso identificado en esta providencia, y en sede de instancia, previamente a proferir el fallo de reemplazo, DISPONE, de oficio, la pr\u00e1ctica de las pruebas siguientes: <\/p>\n
Primero: Al tenor de lo establecido en el art\u00edculo 243 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por el Instituto de Medicina Legal r\u00edndase informe sobre los siguientes puntos: a) Si Jos\u00e9 Farf\u00e1n Calder\u00f3n, como consecuencia de las lesiones que sufri\u00f3 en el accidente de tr\u00e1nsito de que da cuenta este proceso, qued\u00f3 con deformaciones o secuelas de car\u00e1cter permanente; de ser as\u00ed, especificar\u00e1 las mismas; y b) si dichas lesiones determinaron para Farf\u00e1n Calder\u00f3n la p\u00e9rdida de su capacidad laboral o la disminuci\u00f3n de la misma; de ser lo segundo, ind\u00edquese en qu\u00e9 porcentaje. <\/p>\n
Con tal fin, of\u00edciese a la citada entidad con remisi\u00f3n de copia de la historia cl\u00ednica del demandante y del informe a su vez rendido por el mismo Instituto de Medicina Legal, Departamento de Neurolog\u00eda, obrante a folios 118 a 122 y 154 a 159 del cuaderno 1. <\/p>\n
Segundo: Por los auxiliares de la justicia C\u00e9sar Augusto Moya Colmenares y Jairo Moya Rodr\u00edguez, que actuaron en la primera instancia, complem\u00e9ntese su dictamen pericial en el siguiente sentido: a) Adecuando la estimaci\u00f3n que hicieron del valor de los perjuicios materiales sufridos por el demandante al informe que, en cumplimiento de lo ordenado en el numeral anterior, rinda el Instituto de Medicina Legal; y b) calculando tales perjuicios con proyecci\u00f3n de seis meses posteriores a cuando presenten su trabajo. <\/p>\n
Para la presentaci\u00f3n de su trabajo, conc\u00e9dese a los citados auxiliares de la justicia el t\u00e9rmino de veinte d\u00edas, contados a partir de cuando se allegue el informe por parte del Instituto de Medicina Legal y se les notifique esta orden. <\/p>\n
Los costos que ocasione la pr\u00e1ctica de las pruebas ordenadas, ser\u00e1n de cargo, en proporciones iguales, de ambas partes. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n al haber prosperado parcialmente el recurso. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-124 -2005 [7627] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de junio de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 7627. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82972","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82972","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82972"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82972\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82972"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82972"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82972"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}