SC-125-2005 [1998-00020-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: expediente 1998-00020-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Expreso Brasilia S.A. contra la sentencia de 28 de febrero de 2002, proferida por el tribunal superior del distrito judicial de Valledupar en el proceso ordinario promovido por Enua Stella Ruiz Jim\u00e9nez, as\u00ed en su propio nombre, como en representaci\u00f3n de sus hijos menores Arnol Jes\u00fas, Oscar de Jes\u00fas y Julieth Paola Gariz\u00e1balo; Delsa Mar\u00eda Salas Barrios, igualmente en su nombre y en el de su hija menor Mar\u00eda Gabriela Gariz\u00e1balo Salas; Etilvia Josefa D\u00edaz, directamente y en calidad de c\u00f3nyuge sobreviviente de Hilario Gariz\u00e1balo Guti\u00e9rrez (herederos de Fidenciano de Jes\u00fas Gariz\u00e1balo D\u00edaz) contra Expreso Brasilia S.A. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
Pidi\u00f3se declarar a la demandada responsable de los da\u00f1os ocasionados por el bus afiliado a su empresa y, en consecuencia, condenarla a pagar los perjuicios materiales y morales causados, as\u00ed: a la consorte del causante por el da\u00f1o emergente el pago del funeral, con intereses y correcci\u00f3n; por lucro cesante el 50% para la esposa, a los hijos el 30% en partes iguales, a Delsa Mar\u00eda Salas Barrios el 8% y el 12% restante para los padres, calculado sobre los ingresos probables del causante desde su muerte hasta el final de sus d\u00edas, con base en su expectativa de vida y el promedio de los ingresos mensuales, teniendo presente el reajuste salarial, la correcci\u00f3n monetaria e intereses. Por los da\u00f1os morales solicitaron el equivalente a 2.000 gramos oro para cada demandante, con la correcci\u00f3n, el reajuste y los r\u00e9ditos desde la fecha del accidente hasta su desembolso. <\/p>\n
Como soporte f\u00e1ctico adujeron lo siguiente: <\/p>\n
El 16 de septiembre de 1998, a las 9:00 P.M. aproximadamente, en la v\u00eda Bosconia – Valledupar a la altura del puente el Diluvio, corregimiento de Mariangola, Fidenciano de Jes\u00fas reparaba su carro en compa\u00f1\u00eda de Oscar P\u00e9rez y Efra\u00edn Emilio Rangel Ruda (sic); hall\u00e1ndose en ello llegaron Gregorio Rodr\u00edguez de \u00c1ngel y Jes\u00fas Jim\u00e9nez Navarro, quienes con las luces de su furg\u00f3n lo auxiliaron, permaneciendo los dos automotores estacionados a la derecha de la recta que tiene un ancho de 6.5 metros, reci\u00e9n asfaltada y demarcada, con se\u00f1ales de parqueo y con las se\u00f1ales de un tri\u00e1ngulo y un mech\u00f3n encendido. <\/p>\n
Cuando terminaban la reparaci\u00f3n, el veh\u00edculo que iluminaba fue impactado por el bus de Brasilia conducido por Rafael Mel\u00e9ndez quien al parecer ven\u00eda dormido y a alta velocidad, ocurrido lo cual se dio a la fuga. La colisi\u00f3n desplaz\u00f3 al automotor auxiliador contra el averiado, el que por el impulso pas\u00f3 por encima de Gariz\u00e1balo D\u00edaz caus\u00e1ndole la muerte y lesionando a Efra\u00edn Emilio Rangel Ruda y a Jes\u00fas Jim\u00e9nez Navarro. <\/p>\n
Al momento del accidente Gariz\u00e1balo D\u00edaz trabajaba desde hacia cuatro meses en la Distribuidora Comercial del Cesar Ltda, Discosar, vendiendo productos de la Licorera de Caldas en la zona de Bosconia, Copey, Chimichagua, Astrea y Chiriguan\u00e1 con un salario promedio mensual de $73.121, adem\u00e1s devengaba $80.000 por distribuir medicinas de uso popular suministradas por Julio C\u00e9sar Castro Villar propietario de la farmacia La Econ\u00f3mica. A la ocurrencia del accidente Fidenciano de Jes\u00fas ten\u00eda 32 a\u00f1os, estaba casado con Enua Stella, padre de Arnol Jes\u00fas, Oscar de Jes\u00fas, Julieth Paola, y hab\u00eda engendrado con Delsa Mar\u00eda a Mar\u00eda Gabriela, sus padres eran Hilario y Etilvia Josefa, dependiendo econ\u00f3micamente todos ellos del fallecido; la desaparici\u00f3n de su esposo, padre, compa\u00f1ero e hijo les ocasion\u00f3 padecimientos afectivos y morales. <\/p>\n
La demandada se opuso a las pretensiones, neg\u00f3 los hechos que describ\u00edan las circunstancias del accidente y aleg\u00f3 como excepciones de m\u00e9rito las que denomin\u00f3 ausencia de v\u00ednculo causal de la transportadora con el supuesto resultado da\u00f1ino sufrido, al no haberse acreditado la afiliaci\u00f3n del autobus a la empresa transportadora y la de culpa de la v\u00edctima por carecer los veh\u00edculos varados de los signos preventivos, infringiendo el deber de cuidado de los conductores que paran en ruta p\u00fablica. <\/p>\n
El juzgado tercero civil del circuito de Valledupar encontr\u00f3 probada la excepci\u00f3n de ausencia de v\u00ednculo entre Expreso Brasilia S.A. y el supuesto resultado sufrido por los actores, al no estar probada la afiliaci\u00f3n del bus a la sociedad transportadora, decisi\u00f3n que apelada revoc\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Narrada la historia litigiosa, precisa que en la responsabilidad civil extracontractual surgida del ejercicio de actividades calificadas de peligrosas, como es la conducci\u00f3n de automotores, es presumida la culpa. A este prop\u00f3sito se\u00f1ala que en el caso aparecen demostrados el hecho da\u00f1oso generado por la muerte de Gariz\u00e1balo D\u00edaz y su nexo causal con la culpa presumida en quien produjo el da\u00f1o, estableciendo que para determinar la afiliaci\u00f3n del carro a la empresa transportadora no era necesaria s\u00f3lo la prueba documental, pues tal situaci\u00f3n estaba avalada con las insignias que identifican al veh\u00edculo, el informe del accidente, el acta de entrega del veh\u00edculo, la declaraci\u00f3n del conductor, la confesi\u00f3n ficta de la demandada, datos que mostraban la sujeci\u00f3n del veh\u00edculo y del conductor a Expreso Brasilia S.A. <\/p>\n
La infracci\u00f3n al deber de cuidado de los conductores estacionados, por la ausencia de las advertencias de parada, referida en el informe de tr\u00e1nsito, la encontr\u00f3 desvirtuada con las declaraciones recibidas que \u00abadem\u00e1s de contestes, se muestran exactas, completas y responsivas\u00bb sobre la utilizaci\u00f3n de los hitos de alerta que fueron \u00abdestruidos o lanzados\u00bb por el impacto del choque. <\/p>\n
En cuanto a la indemnizaci\u00f3n precisa que esta equivale al menoscabo directo sufrido por cada demandante con ocasi\u00f3n del da\u00f1o, se\u00f1alando que \u201cla jurisprudencia ha construido una presunci\u00f3n a favor de los familiares en grados m\u00e1s cercanos\u201d, correspondiendo a los dem\u00e1s demandantes acreditar su perjuicio para que les sea reconocido su derecho. As\u00ed, estima que tanto la madre como la compa\u00f1era extramatrimonial del occiso no demostraron el perjuicio por ellas padecido, pero respecto a la esposa e hijos matrimoniales y extramatrimonial este \u201cse presume…\u201d. <\/p>\n
Para determinar el monto de la indemnizaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que el dictamen pericial inicialmente decretado y el practicado para resolver la objeci\u00f3n presentada contra el primero, no tuvieron en cuenta las falencias anotadas por el objetante en \u201ccuando no se tuvo en cuenta para determinar el da\u00f1o emergente pasado y actualizado el descuento del porcentaje que por gastos personales corresponden a la propia v\u00edctima, los cuales se han determinado doctrinariamente en el 25% (…) en cuanto a los menores de edad s\u00f3lo puede ser proyectada hasta la edad de los 18 a\u00f1os, teniendo en cuenta que una proyecci\u00f3n mayor fundamentada en la dependencia econ\u00f3mica del hijo estudiante, debe estar acreditada en el expediente\u201d, extrayendo de las experticias \u201clas f\u00f3rmulas debidamente utilizadas, las cuales son de aceptaci\u00f3n por la jurisprudencia y doctrina nacionales\u201d. <\/p>\n
Dentro del rubro de los da\u00f1os materiales estima como da\u00f1o emergente los gastos funerarios pagados por la c\u00f3nyuge \u201cteniendo en cuenta que sobre este aspecto los dict\u00e1menes periciales no presentan mayores contradicciones ni diferencias, adem\u00e1s de no existir reparo respecto de las f\u00f3rmulas utilizadas para la actualizaci\u00f3n…\u201d, reconociendo intereses legales por este concepto a partir de la ejecutoria de la sentencia. <\/p>\n
El lucro cesante lo liquid\u00f3 individualmente para cada reclamante: a la esposa \u201cprevio el descuento del 25% de gastos por sostenimiento personal\u201d le corresponde \u201cel 50% de los ingresos acreditados del causante hasta la edad de vida probable\u201d conformado por \u201csu salario promedio como empleado en ventas de Discosar Ltda.\u201d suma que actualiza aplicando \u201clas f\u00f3rmulas utilizadas en las pruebas periciales\u201d; y el lucro cesante futuro lo calcula con base en \u201cla probabilidad de vida en la demandante perjudicada, por resultar esta menor a la de la v\u00edctima\u201d; para el lucro cesante de los hijos \u201csi bien ellos por ser hijos de la v\u00edctima participan por cuotas iguales sobre el 50% de sus ingresos, previo descuento del 25% de gastos personales, el monto de la indemnizaci\u00f3n cambiar\u00e1 respecto al lucro cesante futuro teniendo en cuenta la edad que presentaba cada uno de ellos al momento del siniestro\u201d. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Cuatro cargos formula la recurrente contra la sentencia impugnada, fundando el primero en la causal segunda del art\u00edculo 368 del c\u00f3digo de procedimiento civil y los tres restantes por la primera, debi\u00e9ndose despachar delanteramente el segundo y cuarto por su contenido totalizador, y seguidamente el primero y cuarto dado que su alcance impugnativo es apenas parcial. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Ac\u00fasase la sentencia de vulnerar indirectamente los art\u00edculos 2341, 2356, 1614, 1616, 1617 del c\u00f3digo civil, del art\u00edculo 57 de la ley 600 de 2000 (nuevo c\u00f3digo de procedimiento penal), del 57 del decreto 2700 de 1991, reformado por el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 81 de 1993 (c\u00f3digo de procedimiento penal vigente para la fecha de inicio del proceso civil) y 55 del decreto 50 de 1987 (c\u00f3digo de procedimiento penal para la \u00e9poca de cesaci\u00f3n del procedimiento), como consecuencia de error manifiesto y trascendente de hecho en la apreciaci\u00f3n de la providencia del 10 de enero de 1991, mediante la cual el juzgado 13 de instrucci\u00f3n criminal de Valledupar ces\u00f3 el procedimiento contra el conductor del bus por el delito de homicidio culposo en raz\u00f3n a la culpa determinante de la v\u00edctima en el resultado al prescindir de los avisos de advertencia. <\/p>\n
El tribunal al pretermitir el nombrado fallo, debidamente incorporado al debate, contrari\u00f3 las normas citadas como basamento de este ataque que proscriben iniciar o proseguir \u201cla acci\u00f3n civil cuando por providencia en firme proferida por el juez, se determina que el sindicado no cometi\u00f3 el hecho causante del perjuicio\u201d y aplic\u00f3 indebidamente los preceptos sustanciales referidos, que regulan la compensaci\u00f3n a la v\u00edctima por los perjuicios del da\u00f1o emergente y lucro cesante. Si hubiese valorado la prueba aludida deb\u00eda reconocer la excepci\u00f3n de culpa de la v\u00edctima o terminar anormalmente el juicio civil por concurrir la causal dispuesta en el art\u00edculo 57 del c\u00f3digo de procedimiento penal, dado que la incidencia de la cosa juzgada penal en el ulterior proceso civil es inobjetable. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Provechoso es memorar lo expresado por la Corte cuando, refiri\u00e9ndose a la incidencia del fallo penal sobre lo civil, expres\u00f3se en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cla premisa de que un mismo hecho puede generar diversas proyecciones en el \u00e1mbito jur\u00eddico en general, y particularmente en los campos penal y civil, (…) avista la eventualidad, inconveniente como la que m\u00e1s, de que haya sentencias excluyentes, siendo que, por imperio de la l\u00f3gica, la verdad no pudo ser sino una sola. Muy grave se antoja, por cierto, que en tanto la justicia penal proclame libre de culpa al sindicado, la civil, antes bien, lo condenase al abono de perjuicios\u201d (casaci\u00f3n civil 12 de octubre de 1999, expediente 5253). <\/p>\n
Siendo de resaltar, conforme a los lineamientos que preceden, que uno de los casos en que la acci\u00f3n civil se acalla por la decisi\u00f3n penal absolutoria, es el que surge con la declaraci\u00f3n de que el sindicado no cometi\u00f3 el hecho causante del perjuicio; situaci\u00f3n en la que, como lo tiene definido la jurisprudencia, quedan comprendidos los acontecimientos que dependen de lo que se ha denominado una \u2018causa extra\u00f1a\u2019, vale decir, aquellos en que, cual sucede con el caso fortuito o la fuerza mayor, entre el hecho y el da\u00f1o se ha roto el nexo causal, indispensable para la configuraci\u00f3n de la responsabilidad. <\/p>\n
Y, precisamente, as\u00ed lo recalc\u00f3 esta Corporaci\u00f3n al se\u00f1alar que, \u2018evidentemente llegarse a la absoluci\u00f3n porque se estima que medi\u00f3 el caso fortuito o la fuerza mayor, o el hecho de un tercero o la culpa de la v\u00edctima, es tanto como asegurar que el hecho generador de la responsabilidad no lo cometi\u00f3 \u00e9ste\u2019\u201d (casaci\u00f3n civil 12 de octubre de 1999, expediente 5253 \u2013 citada en la de 24 de noviembre de 2000, expediente 5365). <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, \u201cpara que el supradicho alcance normativo sea de recibo, requi\u00e9rese que de la decisi\u00f3n penal brote inequ\u00edvocamente que la soluci\u00f3n descansa en una cualquiera de las causas ya descritas, porque es natural pensar que la preceptiva en cita, atendidos sus peculiares efectos, rechaza su aplicaci\u00f3n en aquellos eventos en que, como ocurre a menudo, el pronunciamiento penal se ofrece oscuro, ambiguo y hasta contradictorio. No pueden olvidarse, a este prop\u00f3sito, los rasgos prominentes que orientan tan delicado problema, empezando por tener siempre presente que la autoridad de la cosa juzgada penal absolutoria sobre lo civil, no se presenta frente a una decisi\u00f3n cualquiera, pues es forzoso que, con arreglo a un principio admitido por todos, el pronunciamiento penal, a m\u00e1s de necesario, sea cierto, aspecto este \u00faltimo sobre el que aqu\u00ed se est\u00e1 llamando la atenci\u00f3n con el objeto de indicar que tal connotaci\u00f3n exige que ese pronunciamiento no puede estar afectado de dubitaci\u00f3n o confusi\u00f3n alguna\u201d. <\/p>\n
La propiedad intelectual de este trabajo corresponde \u00fanica y exclusivamente a D M S Ediciones Jur\u00eddicas, esta informaci\u00f3n esta protegida en su totalidad; ninguna otra empresa podr\u00e1 utilizar este trabajo para su comercializaci\u00f3n, de lo contrario ser\u00e1 sancionado seg\u00fan la ley vigente y puesto a disposici\u00f3n de las autoridades <\/p>\n
Lo que de suyo pone de presente que, si en algo ha de hacerse \u00e9nfasis, es en \u201cel celo con que el juez civil se aplicar\u00e1 a verificar una cualquiera de tales causas (hace referencia a las previstas en el precepto 55), fijando su atenci\u00f3n especialmente en el aspecto intr\u00ednseco del pronunciamiento penal, antes que en nomenclaturas que f\u00e1cilmente lo puedan distorsionar. En esto quiere ser insistente la Corte: si la decisi\u00f3n penal no es lo suficientemente puntual al respecto, la norma comentada rehusa su aplicaci\u00f3n\u201d (casaci\u00f3n civil 24 de noviembre de 2000, expediente 5365). <\/p>\n
Por lo expuesto no se abre paso el cargo. <\/p>\n
Cuarto cargo <\/p>\n
Tacha la sentencia por considerar que viola indirectamente los art\u00edculos 2356, 2357, 1613, 1614, 1616 y 1617 del c\u00f3digo civil a partir de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de pruebas que acreditaban la culpa de la v\u00edctima al prescindir de las se\u00f1ales preventivas de peligro, pues para el juzgador de segundo grado primaron las declaraciones de P\u00e9rez Villa, Rangel Rua y Rodr\u00edguez de \u00c1ngel que confirmaron la adopci\u00f3n de las alertas destruidas o lanzadas ante el impacto de la colisi\u00f3n, testificaciones que no solo contrar\u00edan el croquis del accidente, sino que la expuesta por Rangel Rua a mes y medio del choque ante la autoridad penal, difiere de lo dicho en este proceso, pues en aquella afirm\u00f3 que s\u00f3lo ten\u00edan las luces de estacionamiento como advertencias externas. <\/p>\n
Tampoco tasa el juzgador la conducta violatoria del reglamento de tr\u00e1nsito del occiso al permanecer debajo del carro para repararlo en carretera y de noche, desconociendo el art\u00edculo 1\u00ba numeral 122 del decreto 1809 de 1990 que proh\u00edbe reparar carros en v\u00edas p\u00fablicas, parques o aceras y en caso de emergencia, ante imposibilidad de movilizaci\u00f3n en los per\u00edmetros rurales, se estacionar\u00e1 a la derecha fuera de la zona transitable, colocando se\u00f1ales de peligro a distancia no inferior a 40 metros adelante y atr\u00e1s, disposici\u00f3n que tambi\u00e9n preven\u00eda el art\u00edculo 143 del decreto 1344 de 1970, incurriendo Fidenciano en culpa por imprudencia, impericia y negligencia al desconocer las normas de tr\u00e1nsito, pues proced\u00eda movilizar el carro hasta sitio seguro. <\/p>\n
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Consideraciones <\/p>\n
Es claro que para penetrar con el inconforme en el escenario valorativo que sugiere, especialmente en que los testimonios apreciados contradicen el croquis y que no se valor\u00f3 la conducta imprudente del occiso, necesariamente tendr\u00edase que entrar en la esfera del juzgador de instancia para disputarle su natural quehacer sentencioso, y as\u00ed emplazarlo a que rinda cuenta del porqu\u00e9 inclin\u00f3 su parecer m\u00e1s a un lado que a otro, y le pareci\u00f3 que fuera intrascendente el actuar de la v\u00edctima a cambio de tornar relevante la del otro conductor: porque es muy de notar que para as\u00ed proceder el tribunal no fue simplemente caprichoso, sino que dio razones de su convencimiento, entendiendo sin arbitrariedad que fue la velocidad del bus la que hizo ver como insuficientes las se\u00f1ales de alerta all\u00ed existentes; lo que es decir, para el tribunal de no haber mediado la velocidad excesiva, el conductor del bus habr\u00eda percatado la presencia de los veh\u00edculos que hac\u00edan por el desvare, a lo cual parec\u00edan suficientes las se\u00f1ales precautelativas de las luces de tales automotores. Entonces: el censor simplemente busca el rean\u00e1lisis de la situaci\u00f3n para que la Corte indebidamente reemplace el criterio del tribunal, que en la medida de lo expuesto no es grosero, y sea sustituido por el del recurrente. Ni por asomo es ese el rol de la casaci\u00f3n, en donde, como se sabe, el criterio del juzgador s\u00f3lo puede derruirse si es que raya en lo absurdo, cosa que aqu\u00ed no sucede. <\/p>\n
En el punto viene bien recordar lo que insistentemente ha dicho la jurisprudencia al referir que \u201cla casaci\u00f3n no est\u00e1, pues, para escenificar una simple disputa de criterios, y de esta suerte, \u2018para el quiebre de la sentencia no es bastante ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dial\u00e9ctico o con mayor rigor l\u00f3gico; lo que hace indispensable que quien haga transitar el proceso por los senderos de la casaci\u00f3n, y particularmente dentro del \u00e1mbito del error de hecho, debe presentarse a \u00e9sta con argumentos incontestables, al punto de que la sola exhibici\u00f3n haga aparecer los del tribunal como absurdos o totalmente desenfocados, lo cual ha de detectarse al simple golpe de vista\u2019 (casaci\u00f3n civil 22 de octubre de 1998, citada en sentencia de 20 de abril de 2001, expediente 6014). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, fracasa el cargo. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Estima la recurrente que la sentencia no es consonante con las pretensiones de la demanda pues cada uno de los hijos pidi\u00f3 como indemnizaci\u00f3n el 7.5% sobre el total de los ingresos de su padre, l\u00edmite que el juez debi\u00f3 respetar para guardar la congruencia de conformidad con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 305 ib\u00eddem y el tribunal le asign\u00f3 a la viuda el 50% de los ingresos repartibles, menos los gastos personales y el otro 50% a los hijos, olvidando que ellos s\u00f3lo hab\u00edan rogado el 30%. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Si lo pedido como indemnizaci\u00f3n para los descendientes fue el 30% sobre el total de los ingresos del causante y lo concedido fue \u201csobre el 50% de sus ingresos, previo descuento del 25% de gastos personales\u201d, ded\u00facese que a cada hijo le asignaron un 6.25%, porcentaje inferior al 7.5% que seg\u00fan la impugnante fue lo pretendido. El lucro cesante a favor de los hijos se determin\u00f3 con base en el otorgado a la c\u00f3nyuge, proyectado sobre el 25% del 50% de los ingresos del esposo y padre, habiendo sido lo correcto que el 25% deducido para los gastos personales deb\u00edase disminuir en cuotas de 12.5% entre los dos grupos de beneficiarios, en virtud de lo cual lo asignado a los descendientes deb\u00eda corresponder al 37,5% del 50%, pero como as\u00ed no ocurri\u00f3 refulge que no fue superado el porcentaje demandado. <\/p>\n
Teniendo en cuenta adem\u00e1s que como el tribunal \u201cno acoge como ingresos del padre la suma promedio de $80.000\u201d provenientes de la droguer\u00eda La Econ\u00f3mica, rubro que tambi\u00e9n inclu\u00edase dentro del total repartible, es evidente que de todos modos lo asignado fue inferior a lo reclamado por los actores. <\/p>\n
De otra parte, desde la perspectiva del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 305 del c\u00f3digo de procedimiento civil que sustenta la inconformidad del censor en este punto, advi\u00e9rtese que la incongruencia con la sentencia configurar\u00edase al condenar \u00abpor cantidad superior\u00bb, misma que al no cuantificarse por los demandantes se ignora c\u00f3mo la censura puede establecer un exceso de lo concedido. El libelo incoativo en cuanto al resarcimiento pecuniario indic\u00f3 unos ingresos probables del difunto y una propuesta porcentual de distribuci\u00f3n entre los petentes, sin limitar al juez a reconocer una determinada cifra econ\u00f3mica, siendo imposible desbordar lo que no fuera tasado. <\/p>\n
Es inexistente, pues, el defecto de incongruencia achacado a la sentencia acusada, record\u00e1ndose a este prop\u00f3sito que tal irregularidad s\u00f3lo fluye cuando el juzgador supera las fronteras del petitum, y con clara violaci\u00f3n de la norma de actividad que le impone el art\u00edculo 305 ejusdem dicta un fallo inarm\u00f3nico, \u201cya sea porque en \u00e9l decide sobre cuestiones no pedidas (extra petita), o sobre m\u00e1s de lo pedido (ultra petita), u omite la decisi\u00f3n, en todo o en parte, acerca de las pretensiones o de las excepciones\u201d (CXLVIII, p\u00e1gina 25). <\/p>\n
Resulta as\u00ed frustr\u00e1neo el cargo. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
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Este denuncia el desconocimiento indirecto de los art\u00edculos 2356, 1613, 1616 y 1617 del c\u00f3digo civil por errores de hecho y derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. De hecho al suponer que la viuda depend\u00eda econ\u00f3micamente de su difunto esposo, inferencia que no encuentra respaldo en el expediente, pues con apego a una regla de la experiencia coligi\u00f3 que las c\u00f3nyuges se dedican exclusivamente al hogar, siendo que hoy colaboran con su sostenimiento, adem\u00e1s de que tampoco concurre puntal que apoye la conclusi\u00f3n de que la esposa gastaba para s\u00ed el 50% del salario del occiso y los hijos el restante porcentaje. Igualmente al tergiversar los certificados de registro civil de Arnold Jes\u00fas para establecer la mayor\u00eda de edad en una fecha posterior a la real (31 de enero de 2001) (sic), siendo otra la correcta (17 de febrero de 1999), excedi\u00f3 la tasaci\u00f3n de la condena por lucro cesante. <\/p>\n
Por su parte el yerro de derecho consisti\u00f3 en dar por sentado que Enua Stella hab\u00eda sufragado los gastos del entierro, a partir de la apreciaci\u00f3n de un certificado original expedido por la funeraria La Paz, obrante en el dictamen pericial que da fe del valor del entierro y de la sufragante, pero dado que en las experticias no se pueden allegar documentos, no proced\u00eda valorar tal recibo, mal aplicando el art\u00edculo 237 del ordenamiento procesal civil que s\u00f3lo permite a quienes brindaron informaci\u00f3n para el dictamen ser llamados como testigos. <\/p>\n
<\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Para ir por partes, el primer tramo del cargo acusa al tribunal de haber presumido la dependencia econ\u00f3mica de la viuda. Empero no deja de despertar cierta curiosidad la manera como pretende desvirtuarlo, pues hace cosa muy parecida a aquello que le disgusta del sentenciador, y por la cual precisamente lo emplaza. Porque no es que el recurrente haya tra\u00eddo prueba que evidencie la no dependencia de la viuda, que bien hubiera podido acontecer, sino que acude simplemente al argumento de que lo presumido hoy es exactamente lo contrario, esto es, que las esposas colaboren econ\u00f3micamente en el hogar. \u00bfCu\u00e1l de las dos afirmaciones es la v\u00e1lida? \u00bfLa del tribunal o la del casacionista? No parece de rigor, a lo menos en este caso, entrar a terciar, para lo cual necesitar\u00edanse por cierto profundas disquisiciones. Baste decir, en efecto, que ninguna de esas dos afirmaciones es absoluta, para de all\u00ed constatar que la del recurrente carece de virtud para imponerse sin m\u00e1s. Su pensamiento, as\u00ed s\u00f3lo, por supuesto no descarta per se que, as\u00ed y todo en la actualidad haya esposas que por diversos motivos dependan econ\u00f3micamente del marido, es incapaz de revelar el destello de un error imperdonable. Expresar\u00eda, a lo sumo, una mera probabilidad. Y, ya se sabe, no es con probabilidades o meras hip\u00f3tesis como se alcanza el quiebre de una sentencia en casaci\u00f3n. Porque en el intercambio de probabilidades que propone al juzgador, pierde el censor si es que la de aquel acorazada viene con la presunci\u00f3n de acierto y legalidad, como de veras acontece y se ha reiterado numerosas veces en la jurisprudencia; porque el casacionista no puede simplemente disputar la discreta autonom\u00eda que para ponderar la prueba asiste al juzgador, sino que su labor es sin duda de mayor intensidad en cuanto ha de demostrar que la suya se impone por encima de toda consideraci\u00f3n, excluyendo por tanto todo otro intento anal\u00edtico, como lo tiene reconocido la Corte: \u00abla soberan\u00eda del juzgador de instancia en el punto no puede desbocarse hacia la arbitrariedad, cabalmente, porque su ponderaci\u00f3n debe ser razonada, es decir, fundada en el sentido com\u00fan y las m\u00e1ximas de la experiencia, por tanto, la labor del recurrente en casaci\u00f3n sube de punto cuando trata de cuestionar la cr\u00edtica que de la prueba haga el tribunal (\u2026) debe circunscribirse a demostrar que el fallador, desligado de toda l\u00f3gica y sensatez, valor\u00f3 antojadiza e inicuamente la prueba, o que la supuesta regla de la experiencia de que se vale, raya en lo absurdo, o porque se equivoca manifiestamente al creer ver en el proceso la hip\u00f3tesis de aquella regla, sin que ella en verdad exista\u201d (casaci\u00f3n 24 de marzo de 1998, expediente 4658). <\/p>\n
Acaso se explique la debilidad del envite que en este sentido hace el censor, porque tal dependencia econ\u00f3mica s\u00f3lo ahora en casaci\u00f3n se pone en vilo. Con todo, dice el recurrente, la ausencia de prueba sobre el particular es tal, que ni siquiera afirmado fue por la interesada, apreciaci\u00f3n \u00e9sta que no es cierta, habida cuenta que a la hora de pedirse el abono de los da\u00f1os materiales as\u00ed aparece se\u00f1alado (petici\u00f3n segunda, da\u00f1os materiales de la demanda que dio paso al proceso). Pero m\u00e1s all\u00e1 de la equivocaci\u00f3n del recurrente en el punto, consideraci\u00f3n de mayor aprecio es indicar que ante la inasistencia a la audiencia de conciliaci\u00f3n sobrevino en contra de la demandada la consecuencia de pasar por cierto las afirmaciones que del actor admiten prueba de confesi\u00f3n, senda por donde se viene en conocimiento que aquello adquiri\u00f3 visos de acreditaci\u00f3n. De tal modo anduvo circulando esa circunstancia en el proceso; y ni entonces ni despu\u00e9s despert\u00f3 controversia; antes bien, no resulta despreciable a los efectos dichos, notar c\u00f3mo la demandada fustig\u00f3 la pericia, en el espec\u00edfico aspecto que ahora se trata, no m\u00e1s que frente a otras personas, a buen seguro porque le pareci\u00f3 pac\u00edfico lo de la viuda. <\/p>\n
Un segundo aparte de la acusaci\u00f3n, cuestiona el porcentaje concedido a dicha persona. Que no puede ser -alerta el recurrente- del 50%. Que no hay puntal para ello, agrega. Pero, apoy\u00e1ndose como se apoy\u00f3 el tribunal en el dictamen pericial, ninguna fundamentaci\u00f3n trae el censor en orden a elevar la cr\u00edtica pertinente. As\u00ed, pues, todo queda reducido a un simple alegar, mas no fundamentar y quien alega no demuestra, como en efecto lo tiene reconocido la Corte al decir: \u00abdemuestra quien prueba, no quien enuncia, no quien env\u00eda a otro a buscar la prueba\u00bb (sentencia de 14 de mayo de 2001; expediente 6752). <\/p>\n
Sobre el se\u00f1alamiento de error de derecho fundado en que el tribunal tuvo por demostrado \u201cque la viuda hab\u00eda sufragado los gastos de entierro de Fidenciano\u201d, con base en el recibo expedido por la funeraria La Paz, contenido en la experticia, que la censura objeta aduciendo que no pod\u00edan los peritos allegar documentos o suplir pruebas de las partes, puntual\u00edzase que no hay qui\u00e9n pueda discutir que se trata de una informaci\u00f3n a que ellos se hicieron para cumplir la labor de tasar los perjuicios materiales, con inclusi\u00f3n de los conceptos de \u00abda\u00f1o emergente y lucro cesante\u00bb, como les fue ordenado por el juzgado. Pero la circunstancia del pago de los gastos f\u00fanebres, que es el punto real de inconformidad, no est\u00e1 probado con el dictamen, pues hace bien precisar que en todo caso, de considerarse ausente la prueba sobre tan particular hecho, cual ya se adelant\u00f3, si la inasistencia de la demandada a la audiencia de conciliaci\u00f3n le gener\u00f3 la secuela de tenerse por ciertas las afirmaciones de la demandante que admiten prueba de confesi\u00f3n, igualmente estar\u00eda acreditado el aludido pago con base en esa consecuencia procesal. <\/p>\n
Por \u00faltimo, du\u00e9lese tambi\u00e9n la inconforme porque en su sentir hubo tergiversaci\u00f3n del certificado de registro civil de Arnold Jes\u00fas por el tribunal, cuando al tasar la indemnizaci\u00f3n a favor de \u00e9ste tuvo su mayor\u00eda de edad en fecha posterior (31 de enero de 2002) a aquella en que la alcanz\u00f3 (17 de febrero de 1999), excedi\u00e9ndose en el tiempo para ponderar el lucro cesante a favor de este demandante. <\/p>\n
Raz\u00f3n le asiste a la impugnante por cuanto efectivamente el tribunal incurre en evidente yerro f\u00e1ctico, pues no obstante expresar inicialmente que la compensaci\u00f3n a favor de \u201clos menores de edad s\u00f3lo puede ser proyectada hasta la edad de los 18 a\u00f1os\u201d, reiterar m\u00e1s adelante que el monto de la indemnizaci\u00f3n a los hijos se har\u00e1 \u201cteniendo en cuenta la edad que presentaba cada uno de ellos al momento del siniestro\u201d y obrar a folio 11 del cuaderno principal el registro civil que certifica que el 17 de febrero de 1981 naci\u00f3 Arnold Jes\u00fas, sin embargo, al cuantificar el lucro cesante tuvo en cuenta \u201cel periodo transcurrido entre el 16 de septiembre de 1988 y el 31 de enero de 2002, \u00e9poca de la providencia, es decir 160 meses\u201d, error por dem\u00e1s trascendente, como es obvio, porque de no haberse cometido la reparaci\u00f3n a cargo de la demandada habr\u00eda sido menor. En este sentido, pues, deber\u00e1 casarse la sentencia. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el cargo prospera en lo concerniente a la cuant\u00eda del lucro cesante a favor de Arnold Jes\u00fas, cuyo monto ser\u00e1 establecido por el lapso surtido desde la fecha del accidente hasta la de su mayor\u00eda de edad, permaneciendo intacta la decisi\u00f3n impugnada en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
Colocada la Sala en sede de instancia, dicta la sentencia de reemplazo. <\/p>\n
No confluye impedimento o vicio que obste una decisi\u00f3n de fondo. Reit\u00e9rase que el presente prove\u00eddo circunscrito est\u00e1 a lo que dice relaci\u00f3n con la cuant\u00eda deducida a favor del demandante Arnold Jes\u00fas Gariz\u00e1balo Ruiz por lucro cesante, concretamente respecto al pago de $16.357.924, que se\u00f1alara el ad quem: \u201cteniendo en cuenta las operaciones (…) realizadas respecto a la demandante Ruiz Jim\u00e9nez\u201d suma que fuera consolidada con base en el trecho temporal acaecido entre la ocurrencia del accidente y la \u201c\u00e9poca de la providencia\u201d, es decir 160 meses, siendo que entre la primera de las calendas nombradas y los 18 a\u00f1os de Arnold Jes\u00fas pasaron s\u00f3lo 125 meses. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n obligada de lo anterior es que en este preciso punto la sentencia debe modificarse para descontar de la condena por lucro cesante consolidada, a favor de Arnold Jes\u00fas los 35 meses de exceso, quedando la sobredicha cantidad por este aspecto en $10.319.158, suma debidamente actualizada y para cuya concreci\u00f3n fueron tenidas en cuenta las f\u00f3rmulas de las experticias, aceptadas por las partes y que adem\u00e1s soportan las dem\u00e1s condenas que permanecen inc\u00f3lumes: <\/p>\n
RA =RD ipc final <\/p>\n
ipc inicial <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cDonde RA es renta actualizada y RD es renta debida\u201d <\/p>\n
n <\/p>\n
LCP = RA (1 + i) – 1 <\/p>\n
i <\/p>\n
Donde \u201cRA es renta actualizada, 1 es una constante matem\u00e1tica, i corresponde a un inter\u00e9s t\u00e9cnico del 0.5% mensual y n el n\u00famero de meses transcurridos desde el momento del siniestro hasta la \u00e9poca de liquidaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
V. Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia de procedencia y fecha anotadas, y en su lugar, <\/p>\n
Resuelve <\/p>\n
En lo dem\u00e1s permanece vigente la sentencia dictada en este proceso, cuya parte resolutiva, en lo pertinente, se transcribe a continuaci\u00f3n para mayor claridad: <\/p>\n
Primero: confirmar la sentencia dictada por la sala civil-familia del tribunal de distrito judicial de Valledupar, \u00edntegramente en los numerales 1\u00ba, 2\u00ba, 4\u00ba y parcialmente el numeral 3\u00ba en cuanto hace relaci\u00f3n a los \u00edtems y cuant\u00edas de las condenas a favor de Enua Stella Ruiz Jim\u00e9nez, Oscar de Jes\u00fas, Julieth Paola Gar\u00edz\u00e1balo Ruiz y Mar\u00eda Gabriela Gariz\u00e1balo Salas, las que quedan inmodificadas. <\/p>\n
Segundo: modificar la sentencia en relaci\u00f3n con la condena a favor de Arnold Jes\u00fas Gariz\u00e1balo Ruiz por lucro cesante consolidado la que quedar\u00e1 en la suma de $10.319.158. <\/p>\n
Tercero: condenar en el 75% de las costas a la parte demandada. T\u00e1sense. <\/p>\n
Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n por cuanto prosper\u00f3. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-125-2005 [1998-00020-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil cinco (2005). Referencia: expediente 1998-00020-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Expreso Brasilia S.A. contra la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82973","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82973","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82973"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82973\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82973"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82973"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82973"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}