SC-126-2005 [2529031030021996-01758-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref.: exp. 2529031030021996-01758-01 (7804) <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados contra la sentencia de 7 de abril de 1999, proferida por el tribunal superior del distrito judicial de Cundinamarca, sala civil-familia-agraria, en el proceso ordinario de Alfonso Valbuena Orteg\u00f3n contra Luis Antonio Hern\u00e1ndez, Elena Gonz\u00e1lez de Hern\u00e1ndez y Aurora Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
Las anteriores pretensiones tienen sustento en que el demandante prest\u00f3 a Helman Orlando Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez y Luis Antonio Hern\u00e1ndez $10\u2019000.000,oo el 8 de septiembre de 1995, con intereses al 3,5% mensual, obligaci\u00f3n que deb\u00eda cancelarse el 8 de marzo de 1996, para lo cual Helman Orlando suscribi\u00f3 una letra de cambio en la que Luis Antonio acept\u00f3 la obligaci\u00f3n como fiador de su hijo. El demandante prest\u00f3 el dinero por raz\u00f3n de que Luis Antonio ten\u00eda inmuebles que serv\u00edan de garant\u00eda. <\/p>\n
Helman, quien no tiene ning\u00fan bien que respalde la obligaci\u00f3n, no cancel\u00f3 intereses ni el capital, por lo cual se inici\u00f3 el cobro judicial pero se detect\u00f3 en los certificados de libertad de los inmuebles del fiador que \u00e9ste se hab\u00eda insolventado con el traspaso de todos sus bienes a su hija Aurora Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez, a trav\u00e9s del contrato aqu\u00ed cuestionado. El aludido traspaso fue posterior al cr\u00e9dito pero anterior a la fecha de exigibilidad de la obligaci\u00f3n, por lo cual se obr\u00f3 con clara mala fe, de la cual particip\u00f3 Aurora, quien adquiri\u00f3 los inmuebles, todos rurales localizados en el municipio de Pasca (Cund.), en un acto simulado de compraventa por $40\u2019148.000,oo. Ese proceder causa perjuicios al demandante por falta de pago del capital e intereses, pues le ha impedido cumplir sus obligaciones comerciales y familiares. <\/p>\n
Enlaz\u00f3se la litis con oposici\u00f3n de los demandados a las pretensiones, quienes alegaron inexistencia de requisitos para demandar la acci\u00f3n pauliana, falta de legitimidad por pasiva e inexistencia de prueba id\u00f3nea para demandar dicha acci\u00f3n. <\/p>\n
El juzgado 2\u00b0 civil del circuito de Fusagasug\u00e1 finiquit\u00f3 la primera instancia con sentencia desestimatoria, decisi\u00f3n que en desarrollo del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el actor fue totalmente revocada por el tribunal superior de Cundinamarca. Como consecuencia orden\u00f3 revocar el contrato de compraventa antes referido, respecto de Luis Antonio y Aurora, para que los bienes se reintegren al patrimonio del primero, a fin de que el demandante satisfaga sobre ellos su cr\u00e9dito, \u00abpero s\u00f3lo hasta concurrencia del cr\u00e9dito que se cobra en dicho proceso, sus intereses y costas, subsistiendo el contrato de compraventa en lo que exceda de tal valor\u00bb, aunque la compradora tiene la opci\u00f3n de detener la revocatoria si cancela el cr\u00e9dito dentro de los diez d\u00edas siguientes a la ejecutoria del fallo. Orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la sentencia en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria correspondientes. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
En seguida de recordar los elementos de la acci\u00f3n pauliana, se\u00f1al\u00f3 el ad quem que en el presente caso est\u00e1n plenamente acreditados, puesto que el demandante inici\u00f3 ejecuci\u00f3n contra Luis Antonio, no obstante que el cr\u00e9dito, liquidado por $24\u2019817.000,oo, no ha sido satisfecho, seg\u00fan consta en las copias remitidas por el juzgado 1\u00ba civil del circuito de Fusagasug\u00e1, donde no se han podido evacuar medidas cautelares contra los demandados, ni remate de bienes. <\/p>\n
Consta en las copias de las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 2464 de 20 de diciembre de 1995 y 231 de 19 de febrero de 1996, ambas de la notar\u00eda 2\u00aa de Fusagasug\u00e1, la \u00faltima aclaratoria de la primera, que Luis Antonio Hern\u00e1ndez y su esposa Helena, vendieron a Aurora, hija com\u00fan, los nueve bienes inmuebles all\u00ed relacionados por $40\u2019148.000,oo, instrumento que constituye plena prueba y del que se colige de manera indubitable que el primero se insolvent\u00f3 con el \u00e1nimo de causarle perjuicio a su acreedor, el demandante, quien no ha podido cobrar su cr\u00e9dito. <\/p>\n
Luis Antonio es avalista del t\u00edtulo-valor objeto de cobro en el proceso ejecutivo, pues eso significa la firma que puso en el documento, y as\u00ed garantiza, en todo o en parte, el pago del mismo, seg\u00fan el art\u00edculo 633 del c\u00f3digo de comercio. Y si en los interrogatorios de parte Luis Antonio y Aurora reconocen el mal estado de los negocios de Helman Orlando, hijo y hermano de ellos, persona a quien aval\u00f3 aqu\u00e9l, \u00abdebe inferirse que existi\u00f3 entre ellos el \u00e1nimo de sustraer del patrimonio de Luis Antonio Hern\u00e1ndez todos sus bienes, para eludir el pago de las obligaciones dinerarias a su cargo\u00bb, indicio que se robustece por haberse hecho venta en bloque de todas las propiedades de Luis Antonio a su hija Aurora, quien habita en la casa de sus padres. <\/p>\n
Esa venta coloc\u00f3 a Luis Antonio Hern\u00e1ndez en estado de insolvencia total, lo que impide la soluci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a su cargo, adem\u00e1s de que la venta es anterior al vencimiento del cr\u00e9dito que se cobra. <\/p>\n
Sobre la defensa de inexistencia de requisitos para demandar la acci\u00f3n pauliana, dice el tribunal, Luis Antonio firm\u00f3 el t\u00edtulo-valor como \u00abfiador\u00bb, y la fianza es un instituto ajeno a la letra de cambio, que no puede estar sujeta a condici\u00f3n, seg\u00fan el art\u00edculo 671 del C.Co. Debe consider\u00e1rsele avalista del obligado y por tanto deudor del demandante, de suerte que al no haberse satisfecho la obligaci\u00f3n por Helman Orlando, cuyo mal estado de los negocios conoc\u00eda aquel, se concluye que la venta de sus bienes s\u00f3lo ten\u00eda por objeto insolventarse en perjuicio del acreedor, por lo cual debe declararse no probada esta excepci\u00f3n. <\/p>\n
Desestim\u00f3 tambi\u00e9n la falta de legitimidad por pasiva porque la calidad de deudor de Luis Antonio respecto del demandante est\u00e1 plenamente acreditada en el proceso, y adem\u00e1s es parte en el contrato impugnado. Cuanto a Elena Gonz\u00e1lez de Hern\u00e1ndez, deb\u00eda ser citada al proceso por haber sido parte igualmente en el contrato de compraventa. <\/p>\n
No es excepci\u00f3n, como pregonan jurisprudencia y doctrina, la afirmaci\u00f3n de que no existe prueba de los hechos que sustentan la demanda, pues la excepci\u00f3n supone un \u00abcontraderecho\u00bb del demandado, preexistente al proceso y susceptible de ser reclamado a la vez como acci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Dos cargos han sido enfilados contra la sentencia, ambos por la causal primera, que se resuelven en su orden. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Acusa la sentencia de violar, en forma indirecta, por indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1516 y 2491 del c\u00f3digo civil y 671 del c\u00f3digo de comercio, y falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 66, 768, 769, 1495, 1501, 1602, 1603, 2361, 2382 y 2383 del primero c\u00f3digo citado y 511 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
Dice la censura que el tribunal cometi\u00f3 error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n y otras pruebas que indica, ya que seg\u00fan el art\u00edculo 2491 del c\u00f3digo civil, la \u00fanica persona que puede promover la acci\u00f3n pauliana es el acreedor contra el deudor y el adquirente, conocedores \u00e9stos del mal estado de los negocios del enajenante. No puede iniciarla quien no es el acreedor, ni contra el fiador, porque hay falta de legitimaci\u00f3n en la causa. Por tanto, el tribunal no repar\u00f3 que se demand\u00f3 a Luis Antonio como fiador del deudor de la obligaci\u00f3n, como se indica en los hechos de la demanda. <\/p>\n
El error de hecho consisti\u00f3 en se\u00f1alar que Luis Antonio suscribi\u00f3 la letra como aceptante, cuando no es as\u00ed, pues ni su nombre, ni su firma aparecen en el tenor de ella, sino en el reverso, en un espacio en blanco, donde la \u00fanica palabra que le antecede es la de \u00abfiador\u00bb, sin que all\u00ed aparezcan los requisitos y elementos de la letra de cambio, ni la obligaci\u00f3n incondicional y solidaria de pagar una suma de dinero, ni el nombre del girador, ni del deudor, ni del beneficiario, ni se\u00f1al de aceptaci\u00f3n, y como indican los art\u00edculos 626 y 687 del c\u00f3digo de comercio, el suscriptor de un t\u00edtulo-valor quedar\u00e1 obligado conforme al tenor literal del mismo, y su aceptaci\u00f3n deber\u00e1 ser incondicional. <\/p>\n
El tribunal no tom\u00f3 en cuenta que m\u00e1s valor tiene la declaraci\u00f3n de voluntad de las partes, quienes en la demanda y la contestaci\u00f3n aceptan que Luis Antonio actu\u00f3 como fiador, lo que respaldan documentos, testimonios e interrogatorios de parte en el proceso. La fianza es una obligaci\u00f3n accesoria, porque el fiador es un tercero respecto de los obligados principales, de manera que la acci\u00f3n debi\u00f3 dirigirse contra Helman Orlando Hern\u00e1ndez, deudor de la obligaci\u00f3n, dada la taxatividad del art\u00edculo 2491 del C.C., que no permite que se promueva contra el fiador. De ah\u00ed surge la falta de legitimaci\u00f3n en causa por pasiva, que imped\u00eda al tribunal pronunciarse de fondo, o cambiar la condici\u00f3n de fiador de Luis Antonio por la de deudor, juicio que quebrant\u00f3 los art\u00edculos 2361, 2382, 2383, 2384, 2390 del C.C. y 511 del C. de P.C. <\/p>\n
A Elena Gonz\u00e1lez de Hern\u00e1ndez no se le se\u00f1ala como deudora, ni de mala fe, por lo que no debi\u00f3 ser demandada, ya que no caus\u00f3 perjuicio al demandante, y por eso no concurren las condiciones del art\u00edculo 2491 del C.C., norma que no prev\u00e9 su citaci\u00f3n. El demandante no es acreedor de Elena, por lo que tampoco est\u00e1 legitimado en la causa por activa, pero el tribunal lo acept\u00f3, con error en la apreciaci\u00f3n de la demanda, al confundir la acci\u00f3n pauliana con la de simulaci\u00f3n. Esto gener\u00f3 una situaci\u00f3n grave y aberrante, porque se orden\u00f3 en la sentencia que sus bienes, sin ser ella deudora, ni avalista, respondan de la obligaci\u00f3n contra\u00edda por Helman Orlando, pues la sentencia orden\u00f3 \u00abque los bienes vendidos mediante la escritura… se reintegren al patrimonio de Luis Antonio Hern\u00e1ndez para que el actor Alfonso Orteg\u00f3n Valbuena satisfaga sobre ellos el cr\u00e9dito que cobra en el proceso ejecutivo…\u00bb; hay error al ordenarse que se reintegren a Luis Antonio los bienes vendidos por dos personas. <\/p>\n
No es l\u00f3gico que sin haber contra\u00eddo obligaci\u00f3n alguna con el demandante, Elena \u00abpierda todos sus bienes\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Esta breve remembranza de la acci\u00f3n pauliana tiene por objeto resaltar c\u00f3mo es verdad lo que con tanto ah\u00ednco proclama el recurrente. Tal acci\u00f3n no puede ejercerse, en efecto, sino contra quien tiene la condici\u00f3n de deudor. Es una verdad irrecusable. Empero, el tribunal, antes que desentenderse de esa regla, ajust\u00f3se enteramente a ella. Vio en Luis Antonio un deudor, y no un fiador. <\/p>\n
Efectivamente, reci\u00e9n se entregaba a la labor de auscultar los requisitos de la acci\u00f3n pauliana, y ya hablaba en t\u00e9rminos generales de la concurrencia de todos ellos, con apoyo en el cobro ejecutivo del demandante contra Luis Antonio. Pues dijo sobre el particular: <\/p>\n
\u00abEn el presente caso est\u00e1n plenamente acreditados los elementos del fraude pauliano. En efecto, aparece que Alfonso Valbuena Orteg\u00f3n persigue en proceso de ejecuci\u00f3n a Luis Antonio Hern\u00e1ndez, contra quien se libr\u00f3 mandamiento ejecutivo, orden de pago que no ha sido satisfecha por el deudor, como consta en las copias remitidas…, y que en tal proceso ejecutivo no se han practicado medidas cautelares contra los demandados ni remate de bienes, estando insoluta la obligaci\u00f3n, que asciende de acuerdo a la liquidaci\u00f3n practicada…\u00bb. <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante, tras comentar los documentos allegados, lo relacionado con la venta en bloque de los bienes, as\u00ed como los indicios que encontr\u00f3, reforz\u00f3 lo dicho al exponer: <\/p>\n
\u00abDe las pruebas referidas se establece, adem\u00e1s, que esa venta as\u00ed efectuada, coloc\u00f3 a Luis Antonio en insolvencia total, al punto que no han podido efectuarse en el proceso ejecutivo que se le sigue medidas cautelares, impidiendo as\u00ed la soluci\u00f3n de la obligaci\u00f3n a su cargo\u00bb. <\/p>\n
Para as\u00ed concluir bas\u00f3se en las copias que del mentado proceso ejecutivo hizo \u00e9l traer de oficio, donde ciertamente consta que Luis Antonio es demandado y hay sentencia en firme que lo constri\u00f1e al pago de lo cobrado. <\/p>\n
El sentenciador hizo despu\u00e9s, s\u00ed, estudios sobre las calidades de aceptante, avalista y fiador en la letra de cambio, para deducir porqu\u00e9 era deudor el codemandado en menci\u00f3n. <\/p>\n
De modo que la condici\u00f3n de deudor la hall\u00f3 el tribunal por dos caminos: de un lado, el proceso ejecutivo mismo; y de otro, cuando analiz\u00f3 la letra de cambio. El censor cuestiona tan s\u00f3lo esto \u00faltimo, y eso trae como consecuencia que aquel otro argumento permanezca indemne, y que en cualquier caso -esto es, independientemente de la suerte del asunto atacado-, \u00e9ste seguir\u00eda sosteniendo el fallo, pues debe recordarse que quien acude a este dispositivo y extraordinario recurso, tiene la carga de fustigar con \u00e9xito todos y cada uno de los fundamentos que soportan el fallo cuestionado, como en innumerables ocasiones ha precisado la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Y por ah\u00ed derecho, al permanecer ilesa la calidad de deudor que el tribunal atribuy\u00f3 a Luis Antonio, carece de fundamento la insistencia en la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Aunque no est\u00e1 de m\u00e1s recordar, por cuanto en el cargo aflora confusi\u00f3n sobre el punto, que conforme a la doctrina de la Corte, la falta de legitimaci\u00f3n en la causa no impide el fallo de fondo, \u00abpues es obvio que si se reclama un derecho por quien no es su titular o frente a quien no es el llamado a responder, debe negarse la pretensi\u00f3n del demandante en sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada material, a fin de terminar definitivamente ese litigio, en lugar de dejar las puertas abiertas, mediante un fallo inhibitorio para que quien no es titular del derecho insista en reclamarlo indefinidamente, o para que si\u00e9ndolo lo reclame nuevamente de quien no es persona obligada, haci\u00e9ndose en esa forma nugatoria la funci\u00f3n jurisdicci\u00f3n cuya caracter\u00edstica m\u00e1s destacada es la de ser definitiva\u00bb (casaci\u00f3n de 3 de junio de 1971, CXXXVIII, p\u00e1gs. 364 y siguiente). <\/p>\n
De otra parte, el reproche en relaci\u00f3n con Elena tampoco puede medrar, porque no es ajustado se\u00f1alar la tergiversaci\u00f3n de la demanda, pues dijo el tribunal que la citaci\u00f3n de aquella al proceso debi\u00f3se a que fue parte en la compraventa cuestionada por v\u00eda de la acci\u00f3n pauliana, aunque \u00e9sta \u00fanicamente es frente a Luis Antonio y Aurora. Son, entonces, inanes la afirmaciones del recurrente sobre la legitimaci\u00f3n en causa activa y pasiva, con base la supuesta falta de los requisitos previstos en el art\u00edculo 2491 del c\u00f3digo civil, pues el tribunal en ning\u00fan caso la juzg\u00f3 como sujeto de la pretensi\u00f3n citada, ni mucho menos dispuso que los bienes que ella enajen\u00f3 a Aurora volviesen al patrimonio de Luis Antonio. Bien examinada la decisi\u00f3n, ded\u00facese que la revocatoria tan s\u00f3lo fue ordenada respecto de los bienes que vendi\u00f3 el \u00faltimo, o mejor, de las al\u00edcuotas que \u00e9ste ten\u00eda en los predios. Y ni por asomo podr\u00eda aceptarse que con la sentencia de segunda instancia Elena pierda sus bienes, ya que hab\u00eda perdido la titularidad sobre los inmuebles precisamente cuando los enajen\u00f3 a favor de su hija. <\/p>\n
As\u00ed que no prospera el cargo. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
Se endilga a la sentencia violaci\u00f3n de la ley sustancial, por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2491 del c\u00f3digo civil, falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1495, 1501, 1602, 1603, 2361, 2382 y 2383 del mismo estatuto, 177, 178, 187, 195, 210, 248, 249, 250, 251, 258, 264 y 511 del c\u00f3digo de procedimiento civil, a consecuencia de error de derecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Sust\u00e9ntase el cargo en que era \u00abobligaci\u00f3n\u00bb del demandante acreditar los elementos de la acci\u00f3n pauliana, a saber: su calidad de acreedor del demandado que enajen\u00f3 sus bienes, la calidad de deudor del \u00faltimo, la mala fe del adquirente, el consilium fraudis y el eventus damni, y aunque as\u00ed no fue, el tribunal acept\u00f3 lo dicho por el actor sin demostraci\u00f3n, con vulneraci\u00f3n de las normas probatorias se\u00f1aladas. <\/p>\n
El actor aport\u00f3 copias de las escrituras p\u00fablicas del contrato de compraventa y aclaraci\u00f3n, certificados de tradici\u00f3n de los bienes enajenados, fotocopia aut\u00e9ntica de la letra de cambio donde Helman Orlando es aceptante, el demandante es beneficiario y Luis Antonio es fiador. De oficio el tribunal solicit\u00f3 copias y certificaci\u00f3n del estado del proceso ejecutivo del demandante contra Helman Orlando y Luis Antonio. <\/p>\n
El error de derecho se configura al afirmar el tribunal que la escritura p\u00fablica que contiene la compraventa es plena prueba de que el demandado se insolvent\u00f3 para causar perjuicio a su acreedor, porque ese documento no prueba eso, ni la mala fe, que deb\u00eda demostrarse, pod\u00eda derivarse de all\u00ed. Conforme a los art\u00edculos 769 y 1516 del C.C., la buena fe se presume, salvo excepciones legales, y tanto la mala fe como el dolo deben probarse. Los art\u00edculos 1495, 1602 y 1603 del C.C. soportan la validez y legalidad del contrato, sin prueba que lo desvirt\u00fae su contenido como fraudulento para la revocaci\u00f3n, ni por simulaci\u00f3n. <\/p>\n
El tribunal vulner\u00f3 el art\u00edculo 210 del C. de P. C., por falta de aplicaci\u00f3n, por cuanto el demandante no concurri\u00f3 al interrogatorio de parte, y no se le aplicaron las consecuencias de esa norma. Otra muestra de la falta de soporte probatorio es que los testigos que invoc\u00f3 el demandante no comparecieron. As\u00ed, se dejaron de aplicar los art\u00edculos 248, 249 y 250 ib\u00eddem, por no haber tenido esas circunstancias al menos como indicios, al contrario de la parte demandada, que atendi\u00f3 el proceso a pesar de existir en su favor la presunci\u00f3n de buena fe. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el tribunal hizo caso omiso de un indicio sobre la buena fe de los demandados, cual es que la venta fue realizada, adem\u00e1s de Luis Antonio, por Elena, quien no era fiadora de Helman Orlando, ni deudora del demandante, de manera que si el \u00e1nimo de Luis Antonio hubiera sido insolventarse le hubiera bastado con enajenar sus bienes, sin que Elena vendiera tambi\u00e9n los suyos. Por no tener en cuenta esta prueba fueron quebrantados los art\u00edculos 66 del C.C., 187 y 250 del C. de P.C. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El opugnador estima que el tribunal incurri\u00f3 en error de derecho porque, en s\u00edntesis, dio por demostrados, sin estar, los elementos de acci\u00f3n pauliana, pues dedujo de los documentos allegados -copias de una letra de cambio, de escrituras p\u00fablicas, certificados de tradici\u00f3n y de un proceso ejecutivo, que Luis Antonio se insolvent\u00f3 en perjuicio del acreedor y en actuaci\u00f3n de mala fe, sin tener en cuenta que la buena fe se presume. Qu\u00e9jase tambi\u00e9n de que el sentenciador no aplic\u00f3 la confesi\u00f3n ficta al demandante por no haber comparecido al interrogatorio de parte, ni tuvo en cuenta los indicios derivados de la conducta procesal del mismo. <\/p>\n
A poco andar se descubre el desatino t\u00e9cnico del recurrente, pues alega que el demandante no prob\u00f3 los supuestos de la acci\u00f3n pauliana, y pese a ser as\u00ed, el sentenciador los tuvo por demostrados con una tergiversaci\u00f3n de los medios probatorios allegados y la falta de considerar otros que obran en autos, reprimenda ha debido denunciar como error de facto y no de iure. <\/p>\n
Remem\u00f3rase que en la tarea de apreciaci\u00f3n de las pruebas, que indirectamente generan quebranto de la ley sustancial, los jueces pueden incurrir en error de hecho y error de derecho, los que, ha doctrinado esta Corporaci\u00f3n, son inconfundibles, no pueden ni siquiera rozarse, pues mientras el de hecho dice relaci\u00f3n con el aspecto material de la prueba, el derecho toca con el aspecto jur\u00eddico de la misma (casaci\u00f3n civil de 30 de mayo de 1996, exp. 4676). <\/p>\n
Cuanto al yerro de derecho, para no hablar sino del que hace al caso, ti\u00e9nese convenido que dice relaci\u00f3n con la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de las pruebas, precisamente para resaltar que en ese \u00e1mbito queda excluida toda controversia de tipo f\u00edsico o material, pues \u00e9l s\u00f3lo podr\u00eda estructurarse en un escenario que le es muy propio: el de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba. El reproche que cabe hacerle al juzgador, ya no es el de que vea mucho o poco, que invente o mutile pruebas; en fin, el problema ya no es de desarreglos visuales, porque el desacierto se ubica es en el pensamiento probatorio del juzgador; ya porque no muestra el debido respeto al apreciad\u00edsimo postulado del contradictorio (aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n al proceso de elementos de juicio), ora porque entra a re\u00f1ir con el legislador acerca del m\u00e9rito de las probanzas. Bien podr\u00eda decirse metaf\u00f3ricamente que aqu\u00ed el problema no es de \u201cpupila\u201d sino de discernimiento. <\/p>\n
Repetid\u00edsimo tiene la Corte, por cierto, que en el error de derecho puede incurrir el fallador \u00abcuando aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u00bb (CXLVII, p\u00e1gina 61). <\/p>\n
Y no podr\u00eda ser yerro de derecho lo endilgado al sentenciador en este asunto, puesto que en realidad, al plantear el recurrente que aquel deriv\u00f3, sin haberla, la prueba de los supuestos de la acci\u00f3n pauliana, y que no tuvo en cuenta otros elementos de juicio, no postula problemas de diagnosis jur\u00eddica de las pruebas, sino de suposici\u00f3n, preterici\u00f3n, tergiversaci\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de los medios probatorios, que son propios del error de hecho. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que las eventualidades de extraer de unos documentos \u00ad\u00ad\u00ad-escrituras p\u00fablicas, certificados y tradici\u00f3n y copia de un t\u00edtulo-valor-, cual adelant\u00f3se ya, la prueba del fraude pauliano, ser\u00eda un problema de suposici\u00f3n de la prueba, de ver el sentenciador lo que no aparece all\u00ed; del mismo modo, no tener en cuenta el hecho de inasistencia del demandante a una diligencia, ni derivar indicios de su conducta procesal, puntos as\u00ed propuestos, hacen relaci\u00f3n con ver poco, con preterici\u00f3n de los medios probativos. En \u00faltimas, las imputaciones del inconforme se traducen en que el juzgador dio por probados unos hechos, sin estar la prueba, y que dej\u00f3 de ver la prueba de otros, que s\u00ed obra en autos. Ambas cosas ser\u00edan de puro facto, de desarreglos \u00f3pticos, porque no reflejan en forma alguna la apreciaci\u00f3n de pruebas aducidas sin los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n, ni falta de apreciaci\u00f3n por estimarlas ilegalmente rituadas, ni por re\u00f1ir con el legislador acerca de su valor o m\u00e9rito persuasivo. <\/p>\n
Ahora bien, sea cual fuere el problema planteado en el cargo, evidente es que el tribunal no estructur\u00f3 los elementos de la pretensi\u00f3n pauliana de los documentos allegados, a secas, porque hizo un an\u00e1lisis de conjunto del elenco probatorio, que desde luego incluye los hechos plasmados en esos documentos y otros elementos de juicio, como las relaciones de parentesco entre las partes del contrato impugnado, el hecho de que la compradora residiera a\u00fan en la casa de sus padres -los vendedores-, el conocimiento de uno de \u00e9stos -Luis Antonio- y aquella sobre el mal estado de los negocios de Luis Antonio y Helman Orlando, cuestiones estas \u00faltimas derivadas de los interrogatorios de parte absueltos por los demandados, y que, por dem\u00e1s, el recurrente dej\u00f3 totalmente indemnes, esto es, sin ataque alguno. <\/p>\n
Y por ese camino, pierde importancia el tema de confesi\u00f3n ficta, de atender que si la misma tan s\u00f3lo generar\u00eda una presunci\u00f3n legal, admite prueba en contrario, como as\u00ed por cierto, prev\u00e9n los art\u00edculos 66 del c\u00f3digo civil y 201 del c\u00f3digo de procedimiento civil, y que por eso debe considerarse desechada en el an\u00e1lisis probatorio efectuado por el tribunal. <\/p>\n
Deviene, de tal forma, el fracaso rotundo del cargo. <\/p>\n
IV. Decisi\u00f3n <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a los recurrentes al pago de las costas causadas en el tr\u00e1mite de este recurso. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al tribunal de origen. <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-126-2005 [2529031030021996-01758-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil cinco (2005). Ref.: exp. 2529031030021996-01758-01 (7804) Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados contra la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82974","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82974","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82974"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82974\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82974"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82974"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82974"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}