SC-131-2005 [8707]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00a1Error! Marcador no definido. <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: exp. 8707 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada respecto de la sentencia de 25 de noviembre de 1999, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil\u2013Familia, en el proceso ordinario de TIBERIO CESAR AGUIRRE contra la sociedad CALIMA DIESEL LTDA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda que le dio origen a este proceso, el referido demandante solicit\u00f3 declarar que entre las partes existi\u00f3 un contrato de compraventa sobre un cabezote de tractomula marca Ch\u00e9vrolet \u2013 Super Brigadier, modelo 1997, para remolque de 34 toneladas; que en ejecuci\u00f3n del mismo la sociedad demandada recibi\u00f3 del demandante la suma de 60 millones de pesos, como cuota inicial; que la vendedora no ha cumplido su obligaci\u00f3n de dar el bien compravendido, ni ha hecho devoluci\u00f3n de la cantidad por ella recibida, y que, en tal virtud, se le condene a satisfacer las obligaciones inherentes a la referida contrataci\u00f3n, al pago de los perjuicios causados con el incumplimiento, as\u00ed como a cubrir las costas procesales. <\/p>\n
En subsidio, el libelista pidi\u00f3 declarar que la demandada tiene un establecimiento de comercio en la ciudad de Pasto, \u201cdonde se realizan actos y operaciones mercantiles, de manera p\u00fablica, estable y permanente\u201d; que al frente de este establecimiento estuvo el se\u00f1or Hector Fabio Mej\u00eda, \u201cquien durante muchos a\u00f1os celebr\u00f3 negocios mercantiles a nombre de Calima Di\u00e9sel Ltda.\u201d, los cuales fueron ratificados por ella, \u201cdando motivo a creer que \u00e9l era su representante legal en Pasto\u201d; que el se\u00f1or Mej\u00eda, en la condici\u00f3n se\u00f1alada, celebr\u00f3 la negociaci\u00f3n aludida con anterioridad, oblig\u00e1ndose a dar al demandante el artefacto vendido; que esa obligaci\u00f3n no ha sido satisfecha, y en consecuencia, que se condene a la demandada a darle cumplimiento, as\u00ed como al pago de los perjuicios irrogados y las costas causadas en la presente tramitaci\u00f3n. <\/p>\n
Como \u00faltima pretensi\u00f3n subsidiaria, el demandante deprec\u00f3 una declaraci\u00f3n judicial de \u201cresponsabilidad civil contractual y extracontractual\u201d a cargo de su demandada, con ocasi\u00f3n del extrav\u00edo o hurto de la suma de 60 millones de pesos, pagados como cuota inicial dentro del contrato de venta ya mencionado, y que por tanto, la sociedad est\u00e1 obligada \u201ca la indemnizaci\u00f3n por el hecho o acto\u201d de los empleados de su sucursal en Pasto, y que, entonces, se le condene a pagar al demandante la suma varias veces citada, m\u00e1s los perjuicios y las costas procesales (fls. 2 a 5, cdno. 1). <\/p>\n
2. El peticionario expuso como fundamentos f\u00e1cticos de sus pedimentos, los que as\u00ed se resumen: <\/p>\n
a. La sociedad demandada tiene una sucursal en la ciudad de Pasto desde el a\u00f1o de 1991, donde funciona un establecimiento de comercio en el que se venden repuestos y veh\u00edculos automotores, de manera p\u00fablica y permanente, \u201csin necesidad de contratar con persona diferente que con aquella que estaba encargada de atender el establecimiento (fl. 5 cdno. 1). <\/p>\n
b. Desde hace varios a\u00f1os, el establecimiento en comento estuvo atendido por H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda, a quien todos los usuarios ten\u00edan por gerente, \u201cpor cuanto \u00e9l era quien ofrec\u00eda los veh\u00edculos, suministraba las caracter\u00edsticas del automotor, fijaba los precios, pactaba las condiciones de venta, recib\u00eda los documentos que garantizaban el pago de los cr\u00e9ditos y percib\u00eda el dinero conforme a las condiciones acordadas\u201d (fls. 5 y 6, ib.), sin que los \u201cadministradores de la principal\u201d objetaran el comportamiento del se\u00f1or Mej\u00eda; por el contrario, \u201csin necesidad de ratificaci\u00f3n de los pactos, se limitaban a enviar la mercanc\u00eda que hab\u00eda sido contratada con este se\u00f1or, de ah\u00ed que se asumiera que \u00e9l era el representante legal de la sucursal de Calima Di\u00e9sel Ltda, en Pasto. <\/p>\n
c. En diciembre de 1996, el demandante, seg\u00fan afirm\u00f3, acudi\u00f3 al establecimiento aludido, con el fin de adquirir un automotor. All\u00ed fue atendido por H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda, con quien, luego de surtidas las discusiones del caso, concernientes a la determinaci\u00f3n del veh\u00edculo materia de negociaci\u00f3n, monto del precio y forma de pago, se contrat\u00f3 la venta de la tractomula ya descrita por la suma de 108 millones de pesos, de los cuales se pagaron sesenta millones, como cuota inicial, representados en dos cheques de 36 y 24 millones de pesos, que fueron entregados, respectivamente, los d\u00edas 23 de diciembre de 1996 y 8 de enero de 1997, y el saldo, a pagar con el importe de un cr\u00e9dito que el demandante adquirir\u00eda con Leasing International, con la mediaci\u00f3n de su demandada. A\u00f1adi\u00f3 el libelista, que adem\u00e1s de los cheques, que fueron cobrados, hizo entrega a su contraparte de los documentos requeridos para la tramitaci\u00f3n del cr\u00e9dito con la entidad financiera, y que la vendedora se oblig\u00f3 a entregarle el automotor, en la ciudad de Pasto, en un plazo m\u00e1ximo de 30 d\u00edas. <\/p>\n
d. De esta negociaci\u00f3n, verificada ante testigos, afirm\u00f3 el accionante que la puso en conocimiento de los funcionarios de la demandada en Cali, mediante conversaci\u00f3n telef\u00f3nica con Mario Mej\u00eda, el 8 de enero de 1997. <\/p>\n
e. Agreg\u00f3 que el 17 de enero del mismo mes y a\u00f1o, se dirigi\u00f3 a la sucursal de Calima en Pasto, para informarse sobre el \u201ccurso de las operaciones\u201d, y en especial lo concerniente al cr\u00e9dito. Una vez all\u00ed, Mario Mej\u00eda, al parecer representante de la demandada, y Eva Rosero de Castro, le contaron que H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda \u201cse hab\u00eda escapado usurp\u00e1ndose el dinero de la compa\u00f1\u00eda, incluidos los valores pagados por concepto de cuota inicial de los automotores negociados\u201d, pero le prometieron que se continuar\u00eda con la tramitaci\u00f3n del cr\u00e9dito, \u201ccomo manera de cumplir lo que a Calima Diesel Ltda. le correspond\u00eda en esta negociaci\u00f3n\u201d (fl. 7, ib). <\/p>\n
f. La demandada ha eludido sus compromisos contractuales y no ha entregado el bien objeto de la negociaci\u00f3n varias veces aludida, ni devuelto lo pagado por cuota inicial, por lo que ha causado los perjuicios materiales y morales cuya indemnizaci\u00f3n se reclama, \u201cretando\u201d a las personas que resultaron v\u00edctimas con el actuar de Hector Fabio Mej\u00eda, a que formulen sus demandas. <\/p>\n
2. Luego de notificada del auto admisorio de la demanda, Calima Diesel Ltda. se opuso a la prosperidad de las pretensiones; esgrimi\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 falta de causa para demandar; falta de legitimaci\u00f3n por pasiva; culpa exclusiva de la v\u00edctima e inoponibilidad del contrato de compraventa si alguna vez existi\u00f3 y nulidad relativa. <\/p>\n
4. Inconforme, la parte demandada apel\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, que fue confirmada el 15 de marzo de 2000 por el Tribunal Superior de Pasto. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
<\/p>\n
En ella, el Tribunal manifest\u00f3 avalar los fundamentos jur\u00eddicos y probatorios que esgrimi\u00f3 el juez a quo, de cuyo fallo destac\u00f3 el an\u00e1lisis de las pruebas testimonial y documental, que apreci\u00f3 en conjunto y con sujeci\u00f3n a las reglas de la sana cr\u00edtica. A partir de esta reflexi\u00f3n, dedujo que el sentenciador de primer grado acert\u00f3 cuando encontr\u00f3 que, en la negociaci\u00f3n alegada por el demandante, el se\u00f1or H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda actu\u00f3 mediante \u201cpoder aparente\u201d que comprometi\u00f3 a la demandada. <\/p>\n
En ese orden, asegur\u00f3 el ad quem que la sociedad demandada, a lo largo de su trayectoria comercial, hizo m\u00faltiples negociaciones a trav\u00e9s de H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda, en condiciones similares a la referida en la demanda, seg\u00fan lo declararon algunos de sus \u201cclientes\u201d, lo que dio lugar a que el p\u00fablico interesado en sus actividades haya tenido al se\u00f1or Mej\u00eda \u201ccomo facultado para celebrar los negocios que, efectivamente y por mucho tiempo, celebr\u00f3 con distintas personas\u201d (fl. 40, cdno. 4), acotando que en la sucursal de Pasto, ninguna persona distinta de aqu\u00e9l, realizaba la venta de los bienes que all\u00ed se comercializaban. De ah\u00ed, entonces, que sea procedente la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 842 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
De igual modo, afirm\u00f3 el sentenciador que, al amparo de la presunci\u00f3n establecida en el inciso segundo del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo de Comercio, no compart\u00eda la apreciaci\u00f3n del apelante sobre la invalidez del pago, fundada en que la transferencia de los t\u00edtulos no respet\u00f3 su ley de circulaci\u00f3n, debido a que proven\u00edan de una cuenta corriente de una hija del libelista y no fueron suscritos por \u00e9ste en condici\u00f3n de girador o endosatario, toda vez que el se\u00f1or Aguirre s\u00ed era tenedor leg\u00edtimo y transferente de los cheques, de tal manera que \u201cla operaci\u00f3n cartular se ci\u00f1\u00f3 a la ley de circulaci\u00f3n; m\u00e1s a\u00fan, los recibos de caja que se expidieron con el sello y firma del dependiente o dependientes de Calima Diesel Ltda, en su propia agencia, demuestra el ingreso de la suma global de $60\u2019000.000.oo a sus arcas. No hay constancia alguna de protesto o de no pago de los t\u00edtulos valores respectivos\u201d (fl. 41, ib). <\/p>\n
Por \u00faltimo, subray\u00f3 el Tribunal que como el precio acordado era de $108\u2019000.000,oo, resultaba claro que el demandante deb\u00eda completar el saldo del precio, orden que no era menester incluir en la sentencia, m\u00e1xime si las partes pod\u00edan compensar con la suma que la sociedad demandada deb\u00eda pagar a t\u00edtulo de perjuicios. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Contiene un s\u00f3lo cargo, con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n. En \u00e9l, se acus\u00f3 la sentencia de violar la ley sustancial, por cuanto se quebrantaron indirectamente los art\u00edculos 625, 651, 661, 713, 1382, 842, 845, 905 y 947 del C\u00f3digo de Comercio, en concordancia con el 822, ib\u00eddem; 63, 1604, 1605, 1625, 1633, 1634, 1638, 1739, 1849, 1882, 1883, 1928 y 2357 del C\u00f3digo Civil, \u201cpor error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n y de las pruebas aportadas y practicadas en el proceso\u201d (fl. 11, cdno. 5). <\/p>\n
Advirti\u00f3 el inconforme que el error de hecho recay\u00f3 sobre la totalidad de los elementos de convicci\u00f3n obrantes al proceso, pues \u201cen su an\u00e1lisis integral\u201d el Tribunal lleg\u00f3 a conclusiones totalmente contrarias a lo que emerge de la prueba recaudada. Agreg\u00f3 que para demostrar su acusaci\u00f3n, part\u00eda de la posici\u00f3n que hab\u00eda ofrecido desde el inicio del juicio, esto es, que \u201cen el desarrollo de los hechos de la demanda y los perjuicios que se demandan ha existido culpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d (fl. 12, ib). <\/p>\n
As\u00ed, afirm\u00f3 que el sentenciador se equivoc\u00f3 cuando asegur\u00f3 que en el proceso fue probado que el demandante fue \u201ccliente anterior de Calima Diesel\u201d y que negoci\u00f3 \u201ccon H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda\u201d, tanto que la c\u00f3nyuge del primero, en su testimonio, al indag\u00e1rsele si \u201cera la primera vez que hac\u00edan esa clase de negocios con los mencionados\u201d, respondi\u00f3 que con Calima ya se hab\u00edan hecho otras negociaciones, pero que con H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda \u201cera la primera vez\u201d (fl. 12, cdno. 5). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que todos los declarantes afirmaron que H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda suministr\u00f3 la informaci\u00f3n respecto del tipo de veh\u00edculos, el precio, las modalidades de pago y las circunstancias en que se realiz\u00f3 el contrato, pero que ninguno dio cuenta de que \u201cel dinero por ellos pagado en el negocio concertado con el se\u00f1or Mej\u00eda haya sido entregado en favor de este o a un tercero que \u00e9l indicara\u201d; por eso, el error del Tribunal radic\u00f3 fundamentalmente en creer que por conceder la referida informaci\u00f3n, se \u201cest\u00e1 celebrando contrato con el se\u00f1or Mej\u00eda como representante de la empresa demandada y en tal virtud a \u00e9l se le deben entender conferidas facultades para recibir precio, disponer de \u00e9l y vincular a la empresa con sus actos, as\u00ed ellos sean dolosos, en una interpretaci\u00f3n extensiva y absurda de lo que es el mandato aparente y la representaci\u00f3n y de espaldas a la exigencia del obrar con buena fe exenta de culpa que la norma que define el mandato aparente contiene\u201d, pues el accionante obr\u00f3 en forma negligente, en cuanto \u201comite en una actuaci\u00f3n por dem\u00e1s culposa llenar el cheque y autoriza que lo cobre un tercero, quien dispone a su arbitrio del dinero\u201d (fls. 12 y 13, cdno. 5). <\/p>\n
Del testigo Pablo Emilio Tobar Melo, record\u00f3 que en el negocio que adelant\u00f3 con el se\u00f1or Mej\u00eda, entreg\u00f3 unos cheques en blanco de los cuales \u00e9ste dispuso. Respecto del declarante Cadena Rodr\u00edguez, destac\u00f3 el censor que personalmente le entreg\u00f3 $10\u2019000.000.oo a aquel, por lo que se le extendi\u00f3 un recibo, pero que tal dinero no fue consignado en caja alguna. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la se\u00f1ora Eva Madi Rosero de Castro expuso que recibi\u00f3 del demandante los cheques firmados en blanco y que los guard\u00f3 en su escritorio, de donde fueron sustra\u00eddos por H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda, quien llen\u00f3 los espacios no diligenciados e hizo cobrar los instrumentos por el mensajero de la empresa, acto que, seg\u00fan el casacionista, no puede ser atribuido a la demandada, porque es doloso en s\u00ed mismo y por cuanto Calima en manera alguna lo facilit\u00f3. Sostuvo que el Tribunal valor\u00f3 deficientemente la declaraci\u00f3n de esta testigo, deduciendo que el se\u00f1or Mej\u00eda llevaba la representaci\u00f3n de la demandada s\u00f3lo porque refiri\u00f3 los t\u00e9rminos de la negociaci\u00f3n y que omiti\u00f3 lo concerniente a la sustracci\u00f3n de los t\u00edtulos \u201cde manera subrepticia y sin que con tal actividad se est\u00e9 por parte de Mej\u00eda actuando como funcionario de Calima\u201d (fl. 17, cdno. 5). <\/p>\n
De las declaraciones rendidas por Luis Z\u00fa\u00f1iga y Carlos Edmundo Recalde, asegur\u00f3 el casacionista que nada aportaban al fondo de la discusi\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, luego de se\u00f1alar que fue precario el an\u00e1lisis que en la sentencia atacada se hiciera de su declaraci\u00f3n de parte, \u201cdonde se precisa los alcances de su mandato y de las funciones de Mej\u00eda (sic)\u201d, hizo el censor cita de los planteamientos de algunos doctrinantes en punto a la figura de la culpa exclusiva de la v\u00edctima, para a\u00f1adir que no se prob\u00f3 que \u201cpor decisiones de H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda anteriores, concomitantes o posteriores a los hechos que ocupan la empresa (sic) hubiera contra\u00eddo obligaciones por las que la entidad demandada hubiera tenido que comprometerse\u201d (fl. 15, ib.). <\/p>\n
De esta manera, consider\u00f3 el impugnante que el ad quem, por \u201cerr\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la prueba\u201d, se \u201cllev\u00f3 por delante\u201d el art\u00edculo 848 del C\u00f3digo de Comercio, en concordancia con los art\u00edculos 845 y 854 ib\u00eddem; que al no ver la culpa manifiesta en que incurri\u00f3 el demandante, por girar unos cheques por tan valiosa cuant\u00eda y en blanco y dar aplicaci\u00f3n a la teor\u00eda de la representaci\u00f3n aparente, viol\u00f3 indirectamente \u201cla norma que define ese concepto\u201d, y que el rango de la culpa as\u00ed presentada salta a simple vista y \u201ccumple con la exigencia de la Corte\u2019 en el sentido de que para \u2018evidenciar el error no se requiere una operaci\u00f3n mayor de raciocinio\u201d (fl. 16, cdno. 5). <\/p>\n
Precis\u00f3 el casacionista que no hubo ning\u00fan mandato aparente, sino, de parte del demandante, la \u201csimple intenci\u00f3n de comprar en un establecimiento de comercio abierto al p\u00fablico, intenci\u00f3n que qued\u00f3 frustrada por la culpa del posible comprador\u201d, que es, por analog\u00eda, de \u00edndole contractual (fl. 17, cdno. 5). <\/p>\n
Seg\u00fan la censura, el Tribunal desconoci\u00f3 el texto de la demanda, \u201cen donde se pretende dar una orientaci\u00f3n distinta a la actitud asumida por el demandante, al pretender configurar un contrato perfeccionado con Calima Diesel Ltda a trav\u00e9s de H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda y plantear el problema de la representaci\u00f3n aparente para desdibujar la culpa evidente del contratante (sic)\u201d, as\u00ed como los t\u00e9rminos de su contestaci\u00f3n, \u201cpues de plano all\u00ed se tach\u00f3 la idea presentada desde la demanda misma, de que H\u00e9ctor Fabio Mej\u00eda percibi\u00f3 dinero autorizado por Calima Diesel Ltda, en actitud pretendidamente autorizada por la empresa, con lo que igualmente se excusa la culpa del demandante entregando el dinero donde no lo deb\u00eda entregar\u201d (fl. 17, cdno. 5). Para el recurrente, el Tribunal err\u00f3 al tomar por confesi\u00f3n el que en la contestaci\u00f3n se admitiera la celebraci\u00f3n del negocio entre el demandante y H\u00e9ctor Mej\u00eda, porque no repar\u00f3 en que en ning\u00fan momento all\u00ed se admiti\u00f3 que, a trav\u00e9s del mencionado, la empresa hubiera participado en la contrataci\u00f3n tantas veces referida. <\/p>\n
Luego de destacar que en la sentencia impugnada se incurri\u00f3 en yerro en la apreciaci\u00f3n \u201cde las certificaciones y anexos aportados en t\u00e9rmino probatorio del proceso\u201d y en un indebido an\u00e1lisis de la inspecci\u00f3n judicial y de la prueba pericial all\u00ed practicadas, que permit\u00edan inferir f\u00e1cilmente que los dineros en cuesti\u00f3n no ingresaron jam\u00e1s a la empresa y que por lo mismo no hubo pago alguno, el casacionista censur\u00f3 al Tribunal por aceptar como pago v\u00e1lido la simple entrega de unos cheques, por parte del demandante, sin que \u00e9ste los hubiera suscrito ni fuera el titular de la respectiva cuenta corriente, olvidando de paso que se trataba de t\u00edtulos a la orden, y que por ende, se hab\u00eda variado su ley de circulaci\u00f3n y violentado los preceptos contenidos en los art\u00edculos 625, 651, 661 y 713 del estatuto mercantil, de donde resultaba inocua la presencia de unos recibos precarios acerca de la recepci\u00f3n de esos t\u00edtulos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en la extensa demanda se destac\u00f3 que se infringi\u00f3 el art\u00edculo 1882 del mismo C\u00f3digo Civil, limit\u00e1ndose el demandado a transcribir el texto de la norma en cita. Sin embargo, acot\u00f3 que en la sentencia de segunda instancia se confirm\u00f3 la orden de entrega del \u201cbien contratado\u201d, sin percatarse de que el mismo no fue pagado y que \u201cno lo fue porque las condiciones del pago no se han dado\u201d, por lo que se vulner\u00f3, tambi\u00e9n, el art\u00edculo 1928 ib\u00eddem. <\/p>\n
CONSIDERACIONES: <\/p>\n
1. Advi\u00e9rtase, de forma liminar, que la censura incurre en una falta de armon\u00eda, en el plano argumental, pues al tiempo que niega la existencia del contrato de compraventa cuyo cumplimiento orden\u00f3 el Tribunal, afirma la culpa contractual del demandante, lo mismo que la falta de pago del precio de la cosa vendida, aspectos \u00e9stos que, necesariamente, presuponen la celebraci\u00f3n del referido negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que para el recurrente, \u201clo que hubo en realidad fue una intenci\u00f3n de comprar en un establecimiento de comercio abierto al p\u00fablico, intenci\u00f3n que qued\u00f3 frustrada por la culpa del posible comprador\u201d; pero a rengl\u00f3n seguido se\u00f1ala que \u201ddicha culpa es de orden contractual\u201d, y que, en adici\u00f3n, el pago \u2013del precio- no se perfeccion\u00f3\u201d, porque los cheques girados con ese prop\u00f3sito, no ten\u00edan como beneficiario a Calima Diesel Ltda. (fls. 17, 20 y 21, cdno. 5). <\/p>\n
Es di\u00e1fano, entonces, que tal suerte de presentaci\u00f3n torna confusa la censura, en la medida en que ella se finca en dos premisas irreconciliables: o no existi\u00f3 contrato, caso en el cual es innecesario argumentar alrededor del cumplimiento de las obligaciones que de \u00e9l habr\u00edan emanado, o el contrato s\u00ed se celebr\u00f3, evento en el que resulta innecesario indagar si hubo representaci\u00f3n aparente. Pero lo que no se pude sostener es que no se ajust\u00f3 negocio jur\u00eddico alguno entre las partes, porque hubo culpa contractual del demandante, dado que dicho planteamiento no est\u00e1 en consonancia con el principio de identidad, pues una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. <\/p>\n
Y si ello es as\u00ed, como en efecto lo es, fuerza colegir que el cargo adolece de claridad, habida cuenta que \u201cla demanda debe ser perceptible por la inteligencia sin duda ni confusi\u00f3n, o sea, f\u00e1cil de entender no s\u00f3lo en su presentaci\u00f3n sint\u00e1ctica, sino tambi\u00e9n en su construcci\u00f3n l\u00f3gica\u201d (Sent. de 15 de septiembre de 1994), problem\u00e1tica que, por consiguiente, da al traste con la acusaci\u00f3n, en cuanto que no satisface la exigencia prevista en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 374 del C de P.C. <\/p>\n
2 Pero a\u00fan si se entendiera, hipot\u00e9ticamente, que el recurrente escindi\u00f3 la censura, en orden a confutar, como primera alternativa, la apreciaci\u00f3n probatoria del Tribunal en torno a la existencia del contrato de compraventa, para luego discutir, como segunda opci\u00f3n y en caso de fracasar aqu\u00e9lla, la valoraci\u00f3n de las pruebas en punto tocante con el pago del precio, la acusaci\u00f3n, en cualquier caso, deviene frustr\u00e1nea, por las siguientes razones: <\/p>\n
a. En efecto, n\u00f3tese que el recurrente dej\u00f3 de combatir frontalmente pilares fundamentales de la sentencia, como son la \u201ctarjeta de presentaci\u00f3n\u201d del se\u00f1or Hector Fabio Mej\u00eda, en la que se anuncia como \u201cadministrador\u201d de Calima Diesel Ltda. (fl. 6, cdno. 2); los recibos de caja que obran a folios 11 y 12 del cuaderno principal, expedidos por dicha sociedad, en los que se hizo constar el pago que el demandante efectu\u00f3 de la \u201ccuota inicial para compra de tractomula\u201d \u2013documentos a los que apenas hizo una referencia tangencial, para se\u00f1alar que eran \u201cprecarios\u201d, pero sin detenerse en su materialidad (fl. 20, cdno. 5)-, lo mismo que el testimonio rendido por Eva Madi Rosero Mojica, empleada de la persona jur\u00eddica demandada, quien no s\u00f3lo manifest\u00f3 que el se\u00f1or Mej\u00eda \u201cera el administrador de Calima Diesel Pasto\u201d, sino tambi\u00e9n, que recibi\u00f3 de manos del se\u00f1or Aguirre, un cheque que ella misma \u201cllen\u00f3… por 36\u2019000.000 de pesos\u201d, como parte de \u201cla negociaci\u00f3n\u201d para \u201ccomprar un cabezote de tractomula\u201d (fl. 3, cdno. 2), medios de prueba que le sirvieron al Tribunal para concluir, anclado en los razonamientos del a quo, que Calima Diesel Ltda. qued\u00f3 obligada \u201cen los t\u00e9rminos pactados\u201d entre los se\u00f1ores Mej\u00eda y Aguirre, pues \u201cdicho agente\u201d, a trav\u00e9s de su comportamiento comercial, fue visto por los clientes de la sociedad como persona \u201cfacultada para celebrar\u201d negocios a nombre de ella (fls. 39 y 40, cdno. 4; 139, 141, 142, 146, y 150, cdno.1). <\/p>\n
Incluso, la censura llega al punto de reconocer que nada controvierte frente al testimonio de Luis Zu\u00f1iga, \u201cporque nada aporta al fondo de la discusi\u00f3n\u201d (fl. 17, cdno. 5). Y cuando alude a la declaraci\u00f3n de Eva Rosero, lo hace para resaltar que ella s\u00ed se refiri\u00f3 a la entrega de los cheques, o que de su versi\u00f3n \u201cse extraen otros elementos intrascendentes y que apoyan la representaci\u00f3n\u201d, pero sin entrar a confutar la apreciaci\u00f3n del Tribunal (fl. 16, ib). <\/p>\n
Por consiguiente, si el buen suceso del recurso de casaci\u00f3n, le impone al recurrente la carga de combatir \u201ctodos los soportes probatorios que fincan la decisi\u00f3n, porque si \u00e9sta es parcial \u2013se refiere a la impugnaci\u00f3n-, as\u00ed se demuestren los errores denunciados, los fundamentos no controvertidos y determinantes de ella, la siguen manteniendo\u201d (cas. civ. de 25 de octubre de 1999; exp. 5012), es menester colegir que, en este caso en particular, la acusaci\u00f3n es incompleta, circunstancia que tambi\u00e9n impide su prosperidad. <\/p>\n
b. De otro lado, cumple se\u00f1alar que el recurrente se limit\u00f3 a anunciar los supuestos yerros de valoraci\u00f3n probatoria en que habr\u00eda incurrido el Tribunal, m\u00e1s con el prop\u00f3sito de convencer a la Corte de los m\u00e9ritos de su particular y respetable apreciaci\u00f3n de los hechos que interesan a la suerte final de la controversia, que de evidenciar ostensibles, manifiestas y relevantes equivocaciones del juzgador en la evaluaci\u00f3n objetiva de las pruebas. La censura se acerca m\u00e1s a un alegato de instancia, que a una acusaci\u00f3n propia y arquet\u00edpica del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, toda vez que \u201cno es esta, en verdad, una tercera instancia en la que pudiera ensayarse nuevamente una mejor manera de apreciar las probanzas\u201d (Sents. de 11 de julio de 1990 y 24 de enero de 1992. Cfme: Sent. No. 199 de 25 de octubre de 2000; exp.: 5854). <\/p>\n
Pero con independencia de este parecer, no puede afirmarse sin hesitaci\u00f3n alguna, que el sentenciador se equivoc\u00f3 estruendosa y paladinamente cuando dedujo que en la referida operaci\u00f3n de compraventa figur\u00f3 la sociedad demandada como vendedora, comprometida por raz\u00f3n del apoderamiento aparente del se\u00f1or Hector Fabio Mej\u00eda, cuando de manera, por dem\u00e1s abundante, la prueba recaudada no desdibuja esa conclusi\u00f3n. A t\u00edtulo de ejemplo, la Sala destaca el testimonio de Eva Madi Rosero Mojica, empleada de Calima Diesel Ltda., quien expuso que el se\u00f1or Mej\u00eda era el administrador de la sucursal; que as\u00ed se promocionaba ante la clientela, exhib\u00eda sus \u201ctarjetas de presentaci\u00f3n\u201d, e interven\u00eda ampliamente en las operaciones de compraventa que se adelantaban en la sede que ten\u00eda la empresa en la ciudad de Pasto. <\/p>\n
Su versi\u00f3n, en lo que concierne a la gesti\u00f3n del se\u00f1or Mej\u00eda, fue reafirmada por los testigos Recalde, Ruiz, Tovar, Cadena, Oliva y Quiroz, quienes, seg\u00fan se acot\u00f3, adelantaron negociaciones con dicho \u201cadministrador\u201d, que fueron aceptadas y atendidas por la sociedad, sin protesta alguna sobre la calidad en que aqu\u00e9l actu\u00f3 en desarrollo de las mismas. <\/p>\n
Y si a ello se agrega, que la misma se\u00f1ora Rosero Mojica, secretaria de Calima Diesel Ltda., admiti\u00f3 haber recibido los cheques entregados por el se\u00f1or Aguirre como pago parcial del precio convenido por el cabezote de la tractomula materia de la negociaci\u00f3n, lo mismo que la documentaci\u00f3n relacionada con el cr\u00e9dito que, para el cubrimiento del excedente del precio, deb\u00eda obtener el demandante de una entidad financiera, con mediaci\u00f3n de la vendedora, no puede entonces tildarse de desquiciada, absurda o contraevidente la conclusi\u00f3n del Tribunal, la que no se socava con el simple expediente de presentarle a la Corte una postura distinta sobre la valoraci\u00f3n de las pruebas, que por ponderada que sea, no alcanza a exhibir errores de hecho protuberantes, detectables a simple golpe de vista, en la lectura que de ellas hizo el juzgador de segundo grado, como es necesario en casaci\u00f3n. <\/p>\n
c. Finalmente, no se puede pasar por alto que el tema de la falta de recaudo efectivo de los cheques entregados por el demandante a Calima Diesel Ltda., es irrelevante en lo que ata\u00f1e a la existencia del negocio jur\u00eddico propiamente dicho, pues se trata de asunto que, en estrictez, no compromete la celebraci\u00f3n del contrato, sino su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, el recurrente centra su atenci\u00f3n en el desconocimiento del dictamen pericial y la inspecci\u00f3n judicial practicadas por el juez a quo, con soporte en las cuales se habr\u00eda concluido \u201cque jam\u00e1s ingreso dinero alguno\u201d a la sociedad (fl. 20, cdno.5), pero omite tener en cuenta que para el Tribunal, lo que \u201cdemuestra el ingreso de la suma global de $60\u2019000.000 a sus arcas\u201d, son \u201clos recibos de caja que se expidieron con el sello y firma del dependiente o dependientes de Calima Diesel Ltda., en su propia agencia\u201d (fl. 41, cdno.4). <\/p>\n
Por tanto, aunque es cierto que el Tribunal no hizo referencia al dictamen y la inspecci\u00f3n, ellos no quitan ni ponen ley, pues permanece intangible la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual, los cheques destinados al pago parcial del precio de compra, fueron entregados a la sociedad demandada. La circunstancia de haber sido girados con el espacio del beneficiario en blanco, o de no haberse registrado en la contabilidad de la empresa, no desdicen de aqu\u00e9lla conclusi\u00f3n, tanto m\u00e1s si se considera que los t\u00edtulos fueron sustra\u00eddos de las instalaciones de la empresa, por uno de sus empleados y para ser cobrados por el mensajero de la misma. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, no resulta de recibo la argumentaci\u00f3n del casacionista en torno a la eficacia de ese pago parcial, con motivo de no haber intervenido el comprador en condici\u00f3n de girador, beneficiario o endosante de los instrumentos cambiarios, pues, en cualquier caso, los cheques, se repite, fueron entregados a Calima Diesel Ltda. con el confesado prop\u00f3sito de pagar la cuota inicial del precio convenido, al punto que la cantidad fue diligenciada por una de sus empleadas, qui\u00e9n dej\u00f3 en blanco el espacio que corresponde al beneficiario, por instrucci\u00f3n de quien fung\u00eda como \u201cadministrador\u201d, el se\u00f1or Hector Fabio Mej\u00eda, seg\u00fan lo asever\u00f3 la testigo Eva Madi Rosero, prueba \u00e9sta que qued\u00f3 al margen de la censura planteada, como se acot\u00f3 (fl. 3, cdno. 2). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Puestas de este modo las cosas, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo de la sociedad. <\/p>\n
Liqu\u00eddense. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-131-2005 [8707] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00a1Error! Marcador no definido. SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil cinco (2005) Referencia: exp. 8707 Se decide el recurso […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82979","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82979","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82979"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82979\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}