SC-134-2005 [5400131030041988-0333-01]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., Veintisiete (27) de junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref. Expediente No. 540013103004-1988-0333-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n formulado por el se\u00f1or Carlos Antonio P\u00e9rez Reyes contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el 19 de diciembre de 2000, en el proceso ordinario por \u00e9l adelantado contra la sociedad Cl\u00ednica Santa Ana S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor promovi\u00f3 proceso ordinario con el fin de que se declarara a la demandada civilmente responsable de todos los da\u00f1os causados por privarle del ejercicio profesional en las instalaciones de la Cl\u00ednica Santa Ana S.A. y, consecuencialmente, se la condenara a pagarle, tres mil gramos oro; mil, por concepto de perjuicios morales, otros mil, por subjetivados y los \u00faltimos mil, por fisiol\u00f3gicos, respectivamente, m\u00e1s la suma que se determinara en el curso del litigio por concepto de perjuicios materiales, con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria e intereses moratorios mercantiles. <\/p>\n
Subsidiariamente, solicit\u00f3 que se declarara que la demandada era responsable de los da\u00f1os sufridos por el socio P\u00e9rez Reyes, quien por delegaci\u00f3n de la Asamblea General por no ser m\u00e9dico especialista tiene la calidad de m\u00e9dico General de Urgencias, y en consecuencia, se le condenara al pago de los perjuicios morales y materiales en la cuant\u00eda que se acreditara en el proceso, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria, intereses y las costas procesales. <\/p>\n
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1. La causa petendi, puede resumirse as\u00ed: <\/p>\n
a. El 31 de agosto de 1994 el actor adquiri\u00f3 una acci\u00f3n de la sociedad Cl\u00ednica Santa Ana por valor nominal de $ 1.535.750.oo <\/p>\n
b. La preanotada sociedad es cerrada por cuanto los socios deben ser m\u00e9dicos graduados, legalmente inscritos y especializados en cualquiera de las ramas de la medicina. <\/p>\n
c. Hasta el momento en que el actor adquiri\u00f3 la calidad de socio, los turnos en la cl\u00ednica se distribu\u00edan de acuerdo al n\u00famero de socios y a su especialidad. <\/p>\n
d. La Asamblea General de la sociedad en sesi\u00f3n del 25 de agosto de 1994, con fundamento en el art. 37 L) de los estatutos sociales, deleg\u00f3 en la junta directiva para que decidiera si el demandante y el m\u00e9dico Luis Hern\u00e1ndez Carrasco, no especializados, pod\u00edan continuar prestando sus servicios en urgencias. <\/p>\n
e. La Junta directiva mediante acta 331 de 30 de agosto de 1994 adopt\u00f3 una decisi\u00f3n intermedia en el sentido de hacer dos turnos por semana \u201cuna ma\u00f1ana o tarde\u201d, sin derecho a hospitalizar pacientes. <\/p>\n
f. El 31 de agosto de 1994 el doctor Julio E. Coronel comunic\u00f3 al demandante y a Luis Hern\u00e1ndez Carrasco que cumpliendo con lo acordado en la sesi\u00f3n de agosto 25 de ese a\u00f1o, la Asamblea hab\u00eda aprobado, por mayor\u00eda, no nombrar en el servicio de urgencias de la Cl\u00ednica a socios propietarios de ella y que ellos asumir\u00edan los derechos de los accionistas especialistas actuales y se les permitir\u00eda hacer sus turnos de m\u00e9dicos generales en las instalaciones de Urgencias, que \u201c\u2026este acto de consideraci\u00f3n a los nuevos socios se establece mientras se reglamenta las disposiciones sobre m\u00e9dicos generales\u201d. <\/p>\n
g. Hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda tal reglamentaci\u00f3n no hab\u00eda sido adoptada, pero contrariando los estatutos, la ley y atentando contra el principio de la igualdad y seguridad jur\u00eddica, la Junta Directiva de la sociedad usurpando funciones, solicit\u00f3 al demandante y al se\u00f1or Luis Hern\u00e1ndez que presentaran renuncia a partir del 15 de septiembre de 1997 como m\u00e9dicos residentes de urgencias, fecha en la que no ser\u00edan programados m\u00e1s turnos. <\/p>\n
h. El actor no present\u00f3 la renuncia y en la pr\u00e1ctica se le impidi\u00f3 el ejercicio de la profesi\u00f3n como m\u00e9dico general en la Cl\u00ednica desde la fecha antes citada, as\u00ed como en urgencias, desconoci\u00e9ndose una experiencia de 15 a\u00f1os en la misma Cl\u00ednica, decisi\u00f3n arbitraria que le ha generado un da\u00f1o consecuente de perjuicios morales y materiales. <\/p>\n
i. La Junta directiva no pod\u00eda cercenar los derechos del demandante que no ten\u00eda la calidad de m\u00e9dico residente sino de m\u00e9dico general en las instalaciones de urgencias. <\/p>\n
j. El m\u00f3vil para tomar la arbitraria decisi\u00f3n se encuentra en una operaci\u00f3n realizada en la Cl\u00ednica a un menor, el 18 de julio de 1998, por el demandante en asocio del doctor Juan Sus Slim, omitiendo llamar, como era su obligaci\u00f3n, al doctor Emilio Ram\u00edrez quien se encontraba de turno tal d\u00eda, y por ello <\/p>\n
en lugar de haber sido premiado por salvar una vida humana el actor fue castigado, olvidando la demandada que la vida es un bien jur\u00eddico fundamental. <\/p>\n
k. El actor solicit\u00f3 a la Asamblea resolver la arbitrariedad pero esta guard\u00f3 silencio y las pol\u00edticas asumidas por el director cient\u00edfico fueron avaladas por los \u00f3rganos de la sociedad, motivo por el cual \u00e9sta debe reparar los perjuicios de toda \u00edndole causados al demandante. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia desestimatoria de las s\u00faplicas de la demanda, fue confirmada en su integridad por el Tribunal Superior de C\u00facuta, mediante la suya calendada el 19 de diciembre 19 de 2000, contra la cual, como se expres\u00f3, el demandante interpuso recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Despu\u00e9s de referirse a los antecedentes del proceso, a la sentencia del a quo y a los motivos de inconformidad del apelante, el Tribunal afirm\u00f3 que el accionante ten\u00eda el car\u00e1cter de socio de la Cl\u00ednica Santa Ana S.A., lo que le permit\u00eda y legitimaba para incoar la acci\u00f3n, pues adquir\u00eda, de conformidad con el C\u00f3digo de Comercio, por tal circunstancia, los derechos espec\u00edficamente consagrados en tal estatuto. <\/p>\n
Sostuvo, a continuaci\u00f3n, que exist\u00edan dos clases de acciones seg\u00fan la legislaci\u00f3n mercantil, las ordinarias y las privilegiadas y que seg\u00fan los estatutos de la cl\u00ednica sus acciones ten\u00edan el segundo car\u00e1cter y por ello recib\u00edan un tratamiento especial. <\/p>\n
Aludi\u00f3, entonces, a la consideraci\u00f3n hecha por el juez de primera instancia en el sentido de que el quid del asunto giraba alrededor de la decisi\u00f3n adoptada por la Junta Directiva de la sociedad que, seg\u00fan lo expuesto en la demanda, gener\u00f3 la renuncia y la no programaci\u00f3n de turnos en la Cl\u00ednica, lo que obligaba al demandante a impugnar tal determinaci\u00f3n en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo de Comercio, por el tr\u00e1mite previsto en este C\u00f3digo o por el proceso abreviado previsto en el de Procedimiento Civil, que fue uno de los motivos de inconformidad del apelante. <\/p>\n
El Tribunal no estuvo de acuerdo con la consideraci\u00f3n del a quo, pues opin\u00f3 que \u201c\u2026 la parte actora no ha formulado demanda por impugnaci\u00f3n de actos de asamblea ni de junta directiva, por cuanto considera la actuaci\u00f3n de la junta directiva como un acto ineficaz y por ende, no susceptible de impugnaci\u00f3n dado el car\u00e1cter de inoponible que lo acompa\u00f1a\u201d y que \u201c\u2026ac\u00e1 busca es obtener la indemnizaci\u00f3n por los perjuicios causados a la parte demandante, tanto materiales como morales y dem\u00e1s pretensiones se\u00f1aladas al presentar la demanda\u201d. <\/p>\n
Precis\u00f3, a rengl\u00f3n seguido, que si no existe v\u00eda expresa en la ley de procedimiento, no pod\u00eda el interprete acomodar una situaci\u00f3n particular a casos espec\u00edficamente reglados, considerando que la v\u00eda procesal era la abreviada y no la ordinaria, pues s\u00f3lo reciben el tr\u00e1mite de aquella los procesos se\u00f1alados en forma expresa, y el promovido por el demandante no se encontraba enlistado en el c. de p.c. <\/p>\n
Abord\u00f3 luego el estudio de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios solicitada, cit\u00f3 la definici\u00f3n de un autor y afirm\u00f3 que aquella \u201c\u2026 abarca no s\u00f3lo lo dejado de percibir ya causado, sino lo que medianamente podr\u00eda haber percibido por lo dejado de hacer o el da\u00f1o en s\u00ed\u201d y que \u201cPara poder cuantificar unos perjuicios menester es entrar a analizar si efectivamente se dan los elementos estructurales del mismo, esto es, determinar de manera efectiva si se dan esas condiciones necesarias para su prosperidad\u201d. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que los elementos propios para la debida estructuraci\u00f3n de la acci\u00f3n, son los sujetos de la misma, la causa petendi y el petitum y que deben estar presentes tambi\u00e9n las denominadas condiciones de la acci\u00f3n que son en el fondo las que la respaldan, le dan la debida estructuraci\u00f3n y son el soporte para edificar una sentencia, citando en su apoyo, una providencia de esta corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Descendiendo al an\u00e1lisis f\u00e1ctico, expres\u00f3 que era \u201c\u2026 un hecho cierto y evidente que el demandante estaba autorizado a prestar su servicio en la Secci\u00f3n de Urgencias, conforme a comunicaci\u00f3n de fecha 23 de julio de 1997, as\u00ed como tambi\u00e9n se le solicit\u00f3 la renuncia, por cuanto, seg\u00fan disposici\u00f3n de la Cl\u00ednica no pod\u00edan permanecer m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os en la Secci\u00f3n de Urgencias\u201d y que \u201cEstos puntos evidentemente no admiten discusi\u00f3n, lo importante es probar que se le caus\u00f3 un perjuicio\u201d. <\/p>\n
Afirm\u00f3, entonces, que de la lectura \u201c\u2026de las actas y de la comunicaci\u00f3n donde se le pide la renuncia no se establece en momento alguno, que se le haya prohibido ejercer su profesi\u00f3n de m\u00e9dico en esta instituci\u00f3n\u201d, que en \u201c..derecho no basta la simple afirmaci\u00f3n de los supuestos que sirven de soporte a la demanda, sino que conforme al principio de la carga de la prueba debe demostrar el interesado la veracidad de sus afirmaciones\u201d, y que \u201c\u2026 no encuentra la Sala aspecto probatorio que afirme lo expuesto por el accionante\u2026.por el contrario las pruebas testimoniales nos hablan de que era una persona muy querida en la instituci\u00f3n y que goza de todos sus derechos como asociado\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que si la parte interesada no prueba lo afirmado, mal puede esperar que se falle a su favor, y que era necesario que el actor demostrara que efectivamente no se le permiti\u00f3 ingresar pacientes o tratar a quienes cit\u00f3 a la Cl\u00ednica y que en el expediente brillaba por su ausencia prueba alguna en este sentido. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la circunstancia alegada por el demandante, en el sentido de haber sido castigado por haber salvado una vida humana, al practicar en asocio del doctor Juan Sus Slim una operaci\u00f3n de urgencia a un menor, consider\u00f3 demostrado que tal hecho gener\u00f3 malestar, pero no que hubiere sido la causa determinante de la salida de los turnos y, adem\u00e1s la prueba testimonial no permit\u00eda deducir tal circunstancia. <\/p>\n
Expres\u00f3 que no era la prueba pericial \u201cla raz\u00f3n del fallo indemnizatorio sino la demostraci\u00f3n previa de lo afirmado, de manera tal que si bien est\u00e1n determinados por expertos los presuntos da\u00f1os, lo cierto y b\u00e1sico del caso es que no demostr\u00f3 el interesado que esta hubiere sido la causa de su salida, sino que se trat\u00f3 de la aplicaci\u00f3n de disposiciones reguladoras de la sociedad\u201d (fl. 79). <\/p>\n
Expuso, finalmente que los fallos se soportan en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, \u201caspecto \u00e9ste que goza de total ausencia\u201d, para lo cual transcribi\u00f3 una sentencia de la Corte sobre la carga probatoria y manifest\u00f3 que como las pretensiones resultaban improsperas, ello imped\u00eda pronunciamiento sobre las excepciones formuladas por la demandada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera prevista en el art\u00edculo 368 del C. de P. C. un solo cargo ha sido formulado mediante el cual se acusa la sentencia de ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 28 ordinales 5\u00b0 y 6\u00b0, 158, 187 regla 6\u00aa., 188, 190, 196 incisos 1\u00b0 y 3\u00b0, 200 incisos 1\u00b0 y 3\u00b0, 379 inciso 4\u00b0, 381-2\u00aa parte del inciso 1\u00b0, 420 reglas 6\u00aa. Y 7\u00aa., 431 2\u00aa parte, 437 1\u00aa parte, 822, 865, 871, 884 con la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 72 de la ley 45 de 1990, del C\u00f3digo de Comercio; 11 de la ley 510 de 1999; 63 inciso 2\u00b0, 1603, 1604 2\u00aa parte del inciso 1\u00b0, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 1620, 1621, 1622, 2341, 2343, 2347 1\u00aa parte y 2356 1\u00aa parte del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n y de los art\u00edculos 99-2\u00aa parte, 110 ordinales 4\u00b0 y 6\u00b0 inciso 2\u00b0, 384 2\u00aa parte del inciso 1\u00b0 y 434 1\u00aa parte del C\u00f3digo de Comercio por aplicaci\u00f3n indebida, como consecuencia de errores evidentes de hecho y de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En desarrollo del cargo, afirm\u00f3 el censor que la sentencia impugnada se encuentra apoyada en dos razones esgrimidas por el Tribunal, a saber: a) que por disposici\u00f3n de la Cl\u00ednica el actor no pod\u00eda permanecer m\u00e1s de dos a\u00f1os en la secci\u00f3n de urgencias y, b) que \u00e9ste no prob\u00f3 que la solicitud de renuncia del cargo se gest\u00f3 en el hecho de haber omitido llamar al cirujano de turno, Dr. Emilio Ram\u00edrez para que interviniera en la operaci\u00f3n quir\u00fargica del paciente Yerson Estupi\u00f1an, razonamientos que en su opini\u00f3n, entra\u00f1an, errores manifiestos en la apreciaci\u00f3n de las pruebas por parte del Tribunal. <\/p>\n
En cuanto al primero de ellos, afirm\u00f3 que se err\u00f3 en la valoraci\u00f3n del acta de la Junta Ordinaria de Socios de la Cl\u00ednica Santa Ana Limitada de fecha 21 de agosto de 1992, del proyecto de reglamento de servicios de urgencias de mayo de 1994, de la escritura 3200 de 1993, de las actas de asamblea Nos. 75, 76, 77, 78 y 80 y de Junta Directiva Nos. 374, 375 y 382 de 21 de agosto, 2 de octubre de 1997 y 23 de abril de 1998, respectivamente. <\/p>\n
Iniciando con el acta de 21 de agosto de 1992, expres\u00f3 que s\u00f3lo era aplicable a los residentes de la Cl\u00ednica y no a los m\u00e9dicos que prestan a \u00e9sta sus servicios en la secci\u00f3n de urgencias; de la escritura 3200 de 28 de julio de 1993 se\u00f1al\u00f3 que el ad quem no advirti\u00f3 que por ella se transform\u00f3 la sociedad de responsabilidad Limitada en an\u00f3nima, lo que condujo a aplicar a la entidad transformada los estatutos de la preexistente. <\/p>\n
Continu\u00f3, afirmando, que el sentenciador no repar\u00f3 en el contenido de las actas n\u00fameros 75, 76, 77, 80 de la Asamblea de Accionistas, pues en ninguna de las reuniones a que tales actas se refieren, se estableci\u00f3 regulaci\u00f3n semejante ni estipulaci\u00f3n concreta y especial para entender que con ellas se adicionaron los estatutos de la sociedad reformada. Agreg\u00f3 que con el acta 382 de 23 de abril de 1998 de la Junta Directiva, se demuestra que no hubo reforma estatutaria para regular la vida interna de la cl\u00ednica en los servicios de urgencia, menos para indicar que un m\u00e9dico s\u00f3lo pod\u00eda vincularse a esta secci\u00f3n por dos a\u00f1os m\u00e1ximo, con posterioridad a 1993 y hasta 1997, pues en tal reuni\u00f3n se ratific\u00f3 el reglamento de urgencias aprobado en la asamblea del 21 de agosto de 1992. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el Tribunal cometi\u00f3 error de derecho en la apreciaci\u00f3n del acta No. 374 de 21 de agosto de 1997, por cuanto se le dio valor demostrativo pasando por alto que lo all\u00ed decidido, por referirse a la organizaci\u00f3n de la actividad interna de la sociedad, era funci\u00f3n propia de la Asamblea de Accionistas y no de la Junta Directiva. <\/p>\n
Por \u00faltimo, endilg\u00f3 al Tribunal error de hecho en la apreciaci\u00f3n del denominado \u201cReglamento del servicios de Urgencias\u201d, afirmando que \u00e9ste cuando menos en las dos primeras copias era un simple \u201cproyecto\u201d inane para decir que, entonces o despu\u00e9s, pero antes de agosto y septiembre de 1997 fue adoptado por la Asamblea General de Accionistas como norma de conducta obligatoria para todos los asociados y que la copia acompa\u00f1ada con la contestaci\u00f3n de la demanda, a diferencia de las otras dos, si aparec\u00eda firmada, situaci\u00f3n que resultaba curiosamente sospechosa, productora de duda fundamental y que por lo mismo no pod\u00eda atribuirse a tal documento pleno valor de convicci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto tiene que ver con el segundo de los razonamientos en los que se apoy\u00f3 la sentencia del Tribunal, vale decir, no estar demostrado en el proceso que la intervenci\u00f3n quir\u00fargica practicada al paciente Yerson Estupi\u00f1an fue la causa determinante de la desvinculaci\u00f3n del cargo del demandante, el censor expres\u00f3 que constitu\u00eda una afirmaci\u00f3n resultado de graves, manifiestos y trascendentes errores de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal por la absoluta preterici\u00f3n de muchos y variados indicios, que sin esfuerzo mental conducen a afirmar el hecho positivo contrario y por la apreciaci\u00f3n de las confesiones de algunos representantes de la demandada y de las versiones de determinados testigos. <\/p>\n
Entre los indicios, se\u00f1al\u00f3, que el Tribunal no advirti\u00f3, que la Cl\u00ednica Santa Ana era privada, se cre\u00f3 como una sociedad cerrada y tuvo como socios fundadores entre otros a los m\u00e9dicos Pablo Emilio Ram\u00edrez y su hijo Emilio Ram\u00edrez G\u00f3mez; que estos ocuparon desde la creaci\u00f3n de la sociedad, muy particularmente el primero, puestos de preeminencia en la organizaci\u00f3n de la sociedad que mantuvieron en forma permanente e inmutable durante los a\u00f1os 1994 a 1998; que tampoco se tuvo en cuenta el ingreso a la sociedad del m\u00e9dico Carlos P\u00e9rez Reyes ocurrido en agosto de 1994, ni la reuni\u00f3n celebrada el d\u00eda 30 de ese mes y a\u00f1o, por la Junta Directiva con la participaci\u00f3n activa de Pablo E. Ram\u00edrez Calder\u00f3n, para estudiar el problema que suscit\u00f3 el ingreso a la sociedad como socios de los m\u00e9dicos accionistas generales; ni cay\u00f3 en cuenta, tampoco el Tribunal en que diez d\u00edas despu\u00e9s de haberse realizado la intervenci\u00f3n quir\u00fargica al paciente Estupi\u00f1an, el m\u00e9dico Ram\u00edrez Calder\u00f3n solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de sanciones al demandante, petici\u00f3n que no fue atendida por el Director Cient\u00edfico de la Cl\u00ednica, lo que motiv\u00f3 una insultante comunicaci\u00f3n del quejoso, hechos en virtud de los cuales \u2013seg\u00fan el casacionista- no puede \u201cquedar duda alguna\u201d que la desvinculaci\u00f3n del actor tuvo como \u201ccausa \u00fanica y determinante\u201d la intervenci\u00f3n de cirug\u00eda practicada a ese paciente por no haber llamado al cirujano Ram\u00edrez G\u00f3mez. <\/p>\n
Aludi\u00f3, a continuaci\u00f3n, a otras pruebas que en su opini\u00f3n fueron inapreciadas por el Tribunal, entre las que destac\u00f3 las declaraciones de Armida Medina Castro, Guillermo Antonio Ar\u00e1mbula Ochoa, Sergio Enrique Urbina Gonz\u00e1lez, Julio Coronel Becerra, Rafael Suz Coury y de Reinaldo Nicol\u00e1s Oma\u00f1a, de las cuales cit\u00f3 los pasajes que consider\u00f3 pertinentes. <\/p>\n
Remat\u00f3 su acusaci\u00f3n manifestando que los yerros de apreciaci\u00f3n probatoria llevaron al Tribunal a quebrantar los preceptos legales denunciados, por lo cual solicit\u00f3 se casara la sentencia acusada, y colocada la Corte en sede de instancia, se revocara la de primera instancia y, en su lugar, se condenara a la parte demandada a pagar al demandante el da\u00f1o a este causado, cuya existencia y cuant\u00eda las acreditaba el dictamen pericial rendido en el proceso. <\/p>\n
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CONSIDERACIONES <\/p>\n
Como qued\u00f3 visto al hacer el resumen de la sentencia del Tribunal, esta se encuentra apuntalada, principalmente, en dos razones medulares: la primera, que la desvinculaci\u00f3n del actor tuvo como causa determinante la aplicaci\u00f3n de disposiciones reguladoras de la sociedad, y la segunda, que no se demostr\u00f3 que la solicitud de renuncia que se le hizo, hubiere obedecido al hecho de haber omitido llamar al cirujano de turno, cuando realiz\u00f3 la intervenci\u00f3n quir\u00fargica del paciente Yerson Estupi\u00f1an. <\/p>\n
Para derruir tales argumentos, el \u00fanico cargo formulado se desdobla, para los fines que aqu\u00ed interesan, en dos cap\u00edtulos, identificados con las letras A y B, enderezados cada uno de ellos a refutar, en su orden, los referidos razonamientos en que se apoy\u00f3 promordialmente el fallo impugnado, lo que permite evidenciar que la suerte de la censura, in toto, depende de que ambos se tornen exitosos, pues cada uno de los referidos pilares, por s\u00ed solo, sostiene la providencia del Tribunal, en la medida en que ella se hizo descansar en los mismos, como se anot\u00f3, sin perjuicio de haber enfatizado que \u201c..conforme al principio de la carga de la prueba debe demostrar el interesado la veracidad de sus afirmaciones\u201d, por manera que \u201c\u2026si la parte interesada no prueba lo afirmado, mal puede esperar que se falle a su favor\u201d. <\/p>\n
En este orden de ideas, la Sala, se ocupar\u00e1 en primer t\u00e9rmino, de la \u00faltima parte del cargo que endilga yerro al sentenciador por no apreciar que la cirug\u00eda urgente realizada por el actor fue la causa determinante de su desvinculaci\u00f3n del servicio de urgencias de la cl\u00ednica, circunstancia que constituye uno de los hechos basilares en el que se apoya la pretensi\u00f3n indemnizatoria, calificada en la demanda, nada menos, como \u201cel m\u00f3vil para tomar la arbitraria decisi\u00f3n\u201d (hecho 19), toda vez que no est\u00e1 llamada a prosperar, lo que torna innecesario, por ende, ocuparse de la primera parte de la acusaci\u00f3n, con prescindencia del acierto de la censura en lo que toca con el primer pilar, pues a\u00fan derrib\u00e1ndolo, la sentencia se sostendr\u00eda con arreglo al segundo de ellos, como se puntualiz\u00f3, <\/p>\n
Mem\u00f3rase que se emplaz\u00f3 al Tribunal por haber preterido varios indicios y declaraciones, de parte y de terceros \u2013antes resumidos- que seg\u00fan el actor, demuestran algo completamente diverso a lo expresado en la providencia impugnada. <\/p>\n
En realidad, no puede desconocerse que el ad quem no aludi\u00f3 en su fallo a la mayor\u00eda de las pruebas que bien se mencionan por el censor \u2013como hechos indicadores-, pero ello no significa, per se, que haya cometido el yerro f\u00e1ctico que se denuncia, menos con el inequ\u00edvoco status de colosal o manifiesto, puesto que, como varias se ha se\u00f1alado, la omisi\u00f3n en la cita de probanzas s\u00f3lo genera error de hecho, cuando de haber sido apreciadas estas, la conclusi\u00f3n del sentenciador hubiere sido necesaria e irrefragablemente contraria a la contenida en la sentencia. <\/p>\n
En efecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u201c\u2026la mera circunstancia de que en un fallo no se cite determinada prueba o parte del contenido de la misma, no implica error manifiesto de hecho, a menos que de haber apreciado el ad-quem tal medio de convicci\u00f3n, la conclusi\u00f3n del pronunciamiento ciertamente hubiere tenido que ser distinta a la adoptada por el fallador \u201c (cas. civ. 11 de marzo de 1991; Vid CXXIV, 448; cas. civ. 6 de abril de 1999, Exp. 4931; cas. civ. 17 de mayo de 2001 Exp. 5704 y cas. civ. 14 de octubre de 2004, Exp. 7696), doctrina casacional que vertida al presente asunto, obliga a la Sala examinar si es inconcuso o esplendente, al punto que de tales hechos apreciados en conjunto, resultaba forzoso inferir \u201cnecesaria e irremediablemente\u201d que la desvinculaci\u00f3n del actor obedeci\u00f3 exclusivamente a la conducta omisiva en que incurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto conviene recordar que la prueba de indicios, como ha se\u00f1alado la jurisprudencia, a la par que la doctrina, no merece alabanza incondicional, pero tampoco excomuni\u00f3n1 o rechazo de plano, por cuanto en determinadas circunstancias puede resultar de capital val\u00eda, aunque en esta materia, es cierto, debe procederse, ex abundante cautela, en lo que a ella se refiere, por su apariencia en ocasiones enga\u00f1osa y por cuanto su apreciaci\u00f3n est\u00e1 reservada a la sagacidad y a la inteligencia, facultades del ser humano tan variables como distintas son las capacidades de razonamiento de cada persona. <\/p>\n
Se ha dicho con raz\u00f3n, sin demeritar su relevancia, que es una prueba de dif\u00edcil valoraci\u00f3n, por ser una inferencia l\u00f3gica, vale decir, una operaci\u00f3n mental, un raciocinio, que se realiza a partir de un hecho conocido -hecho base-, y otro desconocido o indicado \u2013hecho consecuencia-, que se encuentran ligados por una relaci\u00f3n de causalidad. La dificultad en su apreciaci\u00f3n, se explica por los yerros que pueden presentarse al realizar la correspondiente deducci\u00f3n, que pueden ser l\u00f3gicos, anidados en el razonamiento, ora objetivos, es decir derivados de las pruebas que sirven al juez como hechos indicadores para efectuar la correspondiente inferencia. <\/p>\n
El indicio aunque desde\u00f1ado en \u00e9pocas pret\u00e9ritas tiene ganado, en los tiempos que corren, un sitial importante y destacado en el campo del derecho probatorio, reconoci\u00e9ndose que puede suministrar al Juez convicci\u00f3n \u00edntima \u2013certeza o probabilidad- acerca de la ocurrencia de los hechos desconocidos, pero en su apreciaci\u00f3n \u00e9ste debe ser muy cauteloso, como se anticip\u00f3, debiendo sopesar de manera muy juiciosa, de una parte, las razones que lo llevan a creer en la existencia del hecho desconocido, y de la otra, los motivos para no creer en \u00e9l. <\/p>\n
En otras palabras, el hecho indicador, de ordinario, presenta un doble cariz: el que indica algo de una manera m\u00e1s o menos probable y el que -aunque menos veros\u00edmil- puede contradecirlo y eventualmente podr\u00eda llegar a ser el real \u2013contraindicio-, y como los dos no pueden ser verdaderos al mismo tiempo, conforme al principio filos\u00f3fico de la contradicci\u00f3n que ense\u00f1a que una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo, se requiere confrontar los dos extremos, de manera tal que de su cotejo pueda deducirse cu\u00e1l de los dos es el pertinente. <\/p>\n
Lo anterior deja ver que la apreciaci\u00f3n de los indicios tiene que ser efectuada de manera din\u00e1mica, vale decir, confrontando los indicios con las circunstancias, con los motivos que los puedan desvanecer o infirmar, sea que tales circunstancias afloren del mismo hecho indicador o de otras pruebas que aparezcan en el proceso, lo que ha llevado a la Sala precisar que \u201cdentro de las circunstancias y condiciones que determinan la eficacia probatoria del indicio, cabe destacar las que conciernen a la ausencia de \u00abcontraindicios\u00bb que infirmen su poder demostrativo, am\u00e9n de que, por mandato del art\u00edculo 250 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u2018El juez apreciar\u00e1 los indicios en conjunto, teniendo en consideraci\u00f3n su gravedad, concordancia y convergencia, y su relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u2019.\u201d (cas. civ. 10 de mayo de 2000, Exp. 5366). <\/p>\n
2. Hechas las anteriores precisiones necesarias para el despacho de esta parte de la acusaci\u00f3n, para la Sala es claro que ni de la reforma de la sociedad, ni del hecho de ser los m\u00e9dicos Ram\u00edrez, padre e hijo, miembros de sus \u00f3rganos directivos durante varios a\u00f1os, ni de la reforma que permiti\u00f3 el ingreso a la Cl\u00ednica de m\u00e9dicos no especialistas, ni de que la Junta Directiva se hubiere ocupado en una de sus sesiones del servicio de urgencias prestado por m\u00e9dicos generales, ni tampoco de que se hubiere pedido sancionar al actor por violaci\u00f3n al reglamento, ni de la existencia de las cartas cruzadas entre el Dr. Ram\u00edrez y el Director Cient\u00edfico de la Cl\u00ednica Santa Ana, y en fin, ni a\u00fan de la reuni\u00f3n de la Junta Directiva del 21 de agosto de 1997, puede deducirse necesaria e indefectiblemente, como categ\u00f3ricamente se pregona, que la desvinculaci\u00f3n de la cl\u00ednica del actor, tuvo como causa exclusiva, a manera de unicum, la pluricitada intervenci\u00f3n quir\u00fargica. <\/p>\n
Lo anterior significa que se trata de indicios contingentes, que de una parte, no tienen en su mayor\u00eda conexi\u00f3n con el hecho a probar y, de la otra, no son convergentes entre s\u00ed, es decir, todos reunidos no conducen a una sola sino a diversas hip\u00f3tesis o conclusiones, lo que les resta fuerza probatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
Por v\u00eda de ejemplo, la reforma de la sociedad Cl\u00ednica Santa Ana, efectuada mediante escritura p\u00fablica del 28 de julio de 1993, tuvo lugar antes de que el actor adquiriera la calidad de socio de la misma, lo que ocurri\u00f3 el 31 de agosto de 1994, luego no resulta de recibo ver aqu\u00ed un inexorable indicio de la desvinculaci\u00f3n que ocurrir\u00eda tres a\u00f1os despu\u00e9s, pues para la primera de las fechas anotadas el demandante no ten\u00eda a\u00fan la condici\u00f3n de socio. <\/p>\n
Igual consideraci\u00f3n cabe hacer en relaci\u00f3n con los puestos de preeminencia que los doctores Ram\u00edrez, padre e hijo, tuvieron en la referida sociedad, en la medida en que tal circunstancia no tiene conexi\u00f3n l\u00f3gico-causal con la cirug\u00eda practicada por el actor y su posterior retiro de la secci\u00f3n de urgencias de la sociedad. Incluso rep\u00e1rese que la posici\u00f3n ocupada por el doctor Pablo Emilio Ram\u00edrez no le sirvi\u00f3 a \u00e9ste para que se sancionara al actor, como expresamente lo solicit\u00f3 en carta del 18 de julio de 1997, dirigida al Director Cient\u00edfico de la Cl\u00ednica, pues su petici\u00f3n no fue atendida, hecho este \u00faltimo del que se desprende un contraindicio que desdice de la influencia efectiva que pudiera tener tal galeno en los \u00f3rganos directivos de la sociedad, puesto que atendiendo las reglas de la experiencia podr\u00eda desprenderse que no es muy corriente, de ser ello as\u00ed, que se le niegue a una persona una solicitud cuando aquella, en efecto, tiene supuestamente un acentuado e irrestricto e indiscutido control o influencia sobre la entidad que va a resolverla, como se se\u00f1al\u00f3 en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Y a\u00fan suponiendo que los restantes hechos indicadores antes referidos, tuvieren alguna relaci\u00f3n con la desvinculaci\u00f3n del m\u00e9dico P\u00e9rez, carecer\u00edan de trascendencia para casar la sentencia, en raz\u00f3n a que no podr\u00eda la Sala, en sede de instancia, ignorar la presencia en el expediente de varios testimonios que se erigen como motivos infirmantes de los indicios se\u00f1alados por la censura, los que desvanecen por contera, la fuerza que pudiera derivarse de la referida prueba indiciaria, toda vez que tales declaraciones demuestran, como enseguida se ver\u00e1, que fue por raz\u00f3n de la aplicaci\u00f3n de los estatutos y reglamentos que regulaban la actividad de la Cl\u00ednica Santa Ana, que se produjo la desvinculaci\u00f3n del m\u00e9dico demandante de la secci\u00f3n de urgencias de la referida entidad, y no por la pluricitada intervenci\u00f3n quir\u00fargica. <\/p>\n
Ahora bien, como el recurrente tambi\u00e9n endilg\u00f3 error f\u00e1ctico al Tribunal por no ver en tales probanzas la relaci\u00f3n de causa a efecto que existi\u00f3 entre la intervenci\u00f3n de la cirug\u00eda y la \u201cexpulsi\u00f3n\u201d del actor como m\u00e9dico de urgencias, la Sala considera necesario analizar las declaraciones con el fin de evidenciar que no est\u00e1 acreditado el yerro denunciado, menos en la calidad de protuberante, como es menester en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre estas bases se tiene: <\/p>\n
Armida Medina Castro (fls. 34 a 37 cdno 1) interrogada sobre el motivo por el cual se retir\u00f3 al actor del departamento de urgencias de la Cl\u00ednica Santa Ana, manifest\u00f3 que fue \u201c\u2026el de dar cumplimiento a las normas dictadas por la Asamblea el 25 de agosto de 1994\u201d y preguntada sobre si la carta de 25 de julio de 1997 dirigida por el Dr. Ram\u00edrez al director cient\u00edfico de la entidad motiv\u00f3 la solicitud de renuncia que se hizo al doctor P\u00e9rez, declar\u00f3 que \u201cEs muy dif\u00edcil para m\u00ed saber si con motivo de esta carta, se ocasion\u00f3 el despido del doctor CARLOS PEREZ de la Cl\u00ednica, pero lo que s\u00e9 es que por reuni\u00f3n de Junta Directiva del 21 de agosto de 1997, le exigieron al director hacer cumplir el reglamento vigente de la cl\u00ednica\u201d (fl. 36). <\/p>\n
Guillermo Antonio Ar\u00e1mbula Ochoa (fls. 1 a 4 cdno. demandante) al absolver el interrogatorio de parte que le fue formulado, y concretamente al responder una pregunta sobre la raz\u00f3n que ocasion\u00f3 el retiro del actor, manifest\u00f3 que \u201ctengo entendido pero no se a ciencia cierta, tengo entendido que los estatutos de la Cl\u00ednica Santa Ana en cuanto al servicio de urgencias establecen que los residentes de dicha \u00e1rea prestar\u00e1n sus servicios por un a\u00f1o, prorrogable a dos, y por lo tanto creo que esa fue la causal\u201d. <\/p>\n
Sergio Enrique Urbina Gonz\u00e1lez (fls. 11 a 18), a su turno, declar\u00f3 que \u201cel doctor Carlos P\u00e9rez era m\u00e9dico residente de la secci\u00f3n de urgencias hasta el a\u00f1o\u20261997, 15 de septiembre cuando por mandato de una junta directiva del 21 de agosto del mismo a\u00f1o, se concret\u00f3 por \u00faltimas cumplir el mandato de asamblea\u2026del 25 de agosto de 1994, que incruia (sic) sobre el tiempo que deb\u00edan permanecer los residentes nombrados en el \u00e1rea de urgencias de un a\u00f1o extensivo por decisi\u00f3n de junta directiva, m\u00e1ximo a un a\u00f1o m\u00e1s\u201d, agregando un poco m\u00e1s adelante que \u201c\u2026.lo que se determin\u00f3 en la junta directiva del 21 de agosto de 1997 fue hacer cumplir de una vez por todas el reglamento establecido en la asamblea ya nombrada de 1992 y determinar que los m\u00e9dicos accionistas doctores Carlos A. P\u00e9rez y Luis Hern\u00e1ndez no pueden continuar prestando los servicios como m\u00e9dicos residentes en urgencias sino como m\u00e9dicos generales\u201d (fl. 15). <\/p>\n
Julio Coronel Becerra (fls. 19 a 21), quien interrogado sobre los motivos de la desvinculaci\u00f3n del actor de la secci\u00f3n de urgencias, manifest\u00f3 que \u201cEn primer lugar porque el doctor P\u00e9rez viol\u00f3 los reglamentos establecidos en el servicio de urgencias de la cl\u00ednica y en segundo lugar por que \u00e9l hab\u00eda firmado un documento en el cual se le conced\u00eda solamente un a\u00f1o para prestar servicios en urgencias y ya se hab\u00eda cumplido\u2026.se les concedi\u00f3 solamente por un a\u00f1o sin derecho a hospitalizar por la siguiente raz\u00f3n: Porque no se puede mantener un m\u00e9dico en una entidad en un servicio de urgencias para que el mismo m\u00e9dico hospitalice a nombre de \u00e9l (sic) paciente que llega.\u201d (fl. 19). <\/p>\n
Rafael Suz Coury (fls. 22 a 26), manifest\u00f3 que \u201cEl doctor P\u00e9rez hac\u00eda turnos en el servicio de urgencias como cualquier m\u00e9dico socio de la cl\u00ednica, y las exigencias eran atenerse a los turnos que le eran adjudicados como a los dem\u00e1s socios. Pero el no ejerc\u00eda ninguna especialidad m\u00e9dica sino lo hacia como m\u00e9dico general. Antes de ser socio labor\u00f3 como unos 8 o 10 a\u00f1os y despu\u00e9s de haber entrado como socio unos dos a\u00f1os m\u00e1s\u2026 de ninguna manera hubo persecuci\u00f3n al tomar la decisi\u00f3n de desvincularlo del servicio de urgencias simplemente se aplicaron los estatutos vigentes en la cl\u00ednica en lo que corresponde al funcionamiento del servicio de urgencias seg\u00fan el cual ning\u00fan m\u00e9dico sea socio o no socio puede laborar mas de dos a\u00f1os prestando el servicio de urgencias como m\u00e9dico de planta\u201d agregando m\u00e1s adelante que en el caso del doctor P\u00e9rez \u201chubo una aparente violaci\u00f3n del reglamento vigente al llegar un paciente al servicio de urgencias y no llamar al m\u00e9dico que estaba de turno\u201d (fls. 23, 24). <\/p>\n
Finalmente, Reynaldo Oma\u00f1a Herr\u00e1n (fls. 31, 32), declar\u00f3 que \u201cComo dije en un comienzo, la desvinculaci\u00f3n del doctor Carlos P\u00e9rez del servicio de urgencias de la cl\u00ednica Santa Ana fue una decisi\u00f3n tomada por el doctor Sergio Urbina y ser\u00e1 el quien deber\u00e1 exponer las razones que lo llevaron a tomar esa determinaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Del cotejo entre lo dicho por los declarantes y lo expresado por el Tribunal, no se descubre que \u00e9ste haya imaginado, supuesto o alterado lo expresamente declarado por ellos, cuando concluy\u00f3 que no estaba acreditado con tales pruebas que la desvinculaci\u00f3n del actor del servicio de urgencias hubiere sido causada por la cirug\u00eda practicada al paciente Estupi\u00f1an, lo que descarta, por ende, la comisi\u00f3n del yerro f\u00e1ctico denunciado por el censor, el cual se hizo consistir, como se acot\u00f3, en que los declarantes hab\u00edan afirmado que esa era precisamente la causa de su retiro. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que no existiendo el error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las referidas declaraciones, estas como antes se se\u00f1al\u00f3, se erigen como motivo infirmante de los indicios se\u00f1alados por el censor, desvaneciendo, por ende, la fuerza probatoria que de ellos pudiere derivarse, al excluir como causa \u201c\u00fanica y determinante\u201d de la desvinculaci\u00f3n del m\u00e9dico Carlos Antonio P\u00e9rez, la intervenci\u00f3n quir\u00fargica a que tantas veces se ha hecho referencia. <\/p>\n
Por raz\u00f3n de la improsperidad de esta parte de la acusaci\u00f3n, el segundo de los argumentos que sostiene el fallo impugnado debe permanecer inc\u00f3lume, y como la parte del cargo que resta por examinar se endereza contra el primero de los aludidos soportes, a\u00fan en el supuesto de que la censura pudiera abrirse paso, en gracia de discusi\u00f3n, resultar\u00eda de todos modos frustr\u00e1nea, habida consideraci\u00f3n que, como es sabido, si alguna de las bases en que se ha apoyado el Tribunal queda en pie y tiene suficiencia para respaldar la decisi\u00f3n, no puede producirse el quiebre de la sentencia, seg\u00fan ya se indic\u00f3. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u201ccuando la sentencia acusada se basa en varios motivos jur\u00eddicos, independientes, pero cada uno con fuerza suficiente para sustentar la decisi\u00f3n jurisdiccional, no es dif\u00edcil descubrir que si la censura en casaci\u00f3n es ineficaz para desvirtuar todos los soportes del fallo, porque permanece en vigor alguno que le mantiene su firmeza en derecho, el recurso no es susceptible de prosperar, a\u00fan en el supuesto de que fueran destruidos los motivos restantes de la sentencia acusada\u201d (LXXXVIII, 596, CLI, 199), luego lo anterior lleva a la Sala a concluir que no es conducente, en rigor, ocuparse del an\u00e1lisis de los restantes motivos de inconformidad que menciona el recurrente, por cuanto aun admitiendo que le asistiere raz\u00f3n en torno a sus precisos razonamientos, no podr\u00e1 casarse la sentencia, precisamente porque seguir\u00eda encontrando apoyo en un pilar no socavado en casaci\u00f3n, lo que torna intangible la sentencia del Tribunal de segundo grado, en atenci\u00f3n a la acerada presunci\u00f3n de acierto que escolta a sus fallos, los cuales, en defecto de una acusaci\u00f3n victoriosa, merecen acatamiento. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que en este juicio pronunciara el Tribunal Superior de Distrito Judicial de C\u00facuta, arriba referenciada. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
1 Framarino Dei Malatesta Nicola, L\u00f3gica de las pruebas en materia criminal, Temis, Bogot\u00e1 1988 Vo. I, pg 271. <\/p>\n
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SC-134-2005 [5400131030041988-0333-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente Bogot\u00e1, D. C., Veintisiete (27) de junio de dos mil cinco (2005). Ref. Expediente No. 540013103004-1988-0333-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n formulado por el se\u00f1or Carlos Antonio P\u00e9rez Reyes contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82982","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82982","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82982"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82982\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82982"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82982"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82982"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}