SC-139-2005 [6800131030011998-0226-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Ref. Exp. No. 68001-34-03-001-1998-0226-01 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 6 de marzo de 2001, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, decisi\u00f3n ep\u00edlogo del proceso ordinario promovido por C\u00e9sar Augusto Riveros Beltr\u00e1n contra la Compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola de Seguros S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. C\u00e9sar Augusto Riveros Beltr\u00e1n entabl\u00f3 proceso ordinario de responsabilidad civil contra la Compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola de Seguros S.A. a fin de que se profirieran las siguientes declaraciones y condenas: <\/p>\n
1.1. Que la p\u00f3liza contra incendio n\u00famero 96050758 expedida el 2 de julio de 1996 por la Compa\u00f1\u00eda demandada, estaba vigente para el d\u00eda 30 de junio de 1997. <\/p>\n
1.2. Que la Compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola de Seguros S.A. incumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n contractual para con la demandante, por haber objetado, sin fundamento, el reclamo que esta le hizo con ocasi\u00f3n del siniestro ocurrido el 30 de junio de 1997, con ocasi\u00f3n del siniestro constituido por el incendio del establecimiento de comercio denominado \u2018Almac\u00e9n Sarino\u2019, ubicado en la ciudad de Bucaramanga. <\/p>\n
1.3. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, la demandada debe pagar al demandante, como propietario del establecimiento mercantil siniestrado, la suma de $62\u2019610.698.oo, correspondiente al valor de las p\u00e9rdidas sufridas en el incendio, o la cifra que resulte probada judicialmente, cantidad que debi\u00f3 ser cubierta en forma oportuna por la aseguradora. <\/p>\n
1.4. Que igualmente se condene a la demandada al pago de los intereses moratorios establecidos en el C. de Co., liquidados a partir del mes siguiente a la fecha en que el demandante present\u00f3 extrajudicialmente su reclamaci\u00f3n y hasta el d\u00eda que se realice el pago. <\/p>\n
2. Las pretensiones tienen asiento en las siguientes premisas emp\u00edricas: <\/p>\n
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2.1. El d\u00eda 2 de julio de 1996, la Compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola de Seguros S.A. expidi\u00f3 la p\u00f3liza n\u00famero 96050758, para prodigar protecci\u00f3n durante un a\u00f1o al establecimiento mercantil propiedad del demandante, ubicado en la calle 37 No. 15-20 de la ciudad de Bucaramanga. <\/p>\n
2.2. Durante la vigencia de dicha p\u00f3liza se efectuaron algunas modificaciones en relaci\u00f3n con los valores asegurados, la \u00faltima, la que aparece en el certificado n\u00famero 7, ajust\u00f3 el valor del amparo a la suma de $125\u2019000.000. <\/p>\n
2.3. El d\u00eda 30 de junio de 1997 en el mencionado \u2018Almac\u00e9n Sarino\u2019 hubo un incendio que a pesar de haber sido controlado parcialmente por el Cuerpo de Bomberos, produjo la destrucci\u00f3n de parte de las mercanc\u00edas del inventario del establecimiento de comercio. <\/p>\n
2.4. Al d\u00eda siguiente del incendio, el actor dio aviso por escrito a la aseguradora; esta design\u00f3 a la firma Menser Ltda. para que efectuara las labores de ajuste de la p\u00e9rdida. En tal virtud los se\u00f1ores Luis Ernesto Ca\u00f1as, Gerente de la firma, y Gerardo Plata, en una labor que dur\u00f3 varios d\u00edas, hicieron un inventario f\u00edsico y lograron determinar cabalmente cu\u00e1les eran las mercanc\u00edas averiadas. <\/p>\n
2.5. El d\u00eda 15 de julio de 1997, la aseguradora comunic\u00f3 al demandante que la p\u00e9rdida producida por el incendio carec\u00eda de cobertura; por lo mismo se resisti\u00f3 a pagar el valor de los da\u00f1os producidos por el incendio. <\/p>\n
3. En la oposici\u00f3n la aseguradora respondi\u00f3 la demanda, neg\u00f3 algunos hechos, acept\u00f3 otros y formul\u00f3 como defensa la falta de vigencia de la p\u00f3liza al tiempo del siniestro, inexistencia de obligaci\u00f3n a cargo de la aseguradora y ausencia de la obligaci\u00f3n de pagar las sumas de dinero pretendidas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Finaliz\u00f3 la primera instancia mediante fallo del 13 de octubre de 2000 que declar\u00f3 probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, como consecuencia natural el Juzgado neg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
5. Apelada esta decisi\u00f3n por el demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia de 6 de marzo de 2001 confirm\u00f3 la sentencia de primer grado. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de este proleg\u00f3meno, el Tribunal sent\u00f3 las siguientes premisas para su decisi\u00f3n: <\/p>\n
1. El siniestro acaeci\u00f3 el 30 de junio de 1997 y lo verdaderamente determinante es si para esa \u00e9poca estaba vigente el seguro constituido mediante la p\u00f3liza n\u00famero 90650758. <\/p>\n
2. La compa\u00f1\u00eda demandada expidi\u00f3 la p\u00f3liza el 2 de julio de 1996 y en ella se dispuso expresamente que tendr\u00eda vigencia hasta el 26 de junio de 1997. <\/p>\n
3. De conformidad con el art\u00edculo 1036 del C\u00f3digo de Comercio, en la versi\u00f3n vigente para la \u00e9poca de suscripci\u00f3n del documento, el seguro era un contrato solemne y se perfeccionaba desde el momento en que el asegurador signara la p\u00f3liza, por lo que sin esta el negocio no pod\u00eda nacer a la vida jur\u00eddica. <\/p>\n
4. Puestas as\u00ed las cosas, como en la p\u00f3liza y en su anexo, se estableci\u00f3 que ella tendr\u00eda vigencia hasta el 26 de junio de 1997, el siniestro acaecido el 30 de junio del mismo a\u00f1o no estaba cubierto. <\/p>\n
5. El recurrente plante\u00f3 que como la p\u00f3liza se suscribi\u00f3 el 2 de julio de 1996, ha de entenderse que el seguro se quiso pactar por un a\u00f1o contado desde el 2 de julio de 1996 \u2013fecha de firma de la p\u00f3liza-, lo que extender\u00eda su vigencia hasta el 2 de julio de 1997 y dejar\u00eda cubierto el siniestro ocurrido el 30 de junio de 1997. No obstante, para el Tribunal, el hecho de que se haya suscrito la p\u00f3liza el 2 de julio de 1996 no altera el clausulado de la p\u00f3liza, seg\u00fan el cual el amparo perd\u00eda vigencia el 26 de junio de 1997. <\/p>\n
6. Sobre la eventual pr\u00f3rroga del contrato, el ad quem invoc\u00f3 el testimonio del se\u00f1or Jorge Alberto Salazar G\u00f3mez, persona que acerc\u00f3 a las partes para celebrar el contrato, quien en su declaraci\u00f3n manifest\u00f3 que los contratantes estaban interesados en renovarlo, pero que al momento del siniestro la compa\u00f1\u00eda aseguradora no hab\u00eda expedido el correspondiente certificado, pr\u00e1ctica que era usual y que calific\u00f3 de costumbre comercial. Descart\u00f3 el Tribunal estos argumentos, porque para probar la pr\u00f3rroga la ley exig\u00eda el certificado de renovaci\u00f3n, el que no aparece, y aunque hoy bastar\u00eda cualquier documento que hiciera referencia a la renovaci\u00f3n, o la confesi\u00f3n del representante legal de la aseguradora, dada la consensualidad del contrato, para este pleito es inaplicable el nuevo r\u00e9gimen pues para la \u00e9poca de los hechos el acto era solemne. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces el Tribunal, que por cuanto la p\u00f3liza carec\u00eda de vigencia al momento del siniestro, la aseguradora no est\u00e1 obligada a indemnizar al demandante por las p\u00e9rdidas sufridas, y por consiguiente confirm\u00f3 la sentencia absolutoria de primera instancia. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Con fundamento en la causal 1\u00aa de casaci\u00f3n el recurrente formul\u00f3 tres cargos contra la sentencia del Tribunal, como son id\u00e9nticos los motivos que inspiran la acusaci\u00f3n en cada uno de ellos, se resolver\u00e1n de modo conjunto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se acusa la sentencia por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los art\u00edculos 1500 y 1602 del C.C., 824, 1036, 1046 y 1054 del C. de Co.; y por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1501, 1618 y 1624 del C.C., y 829, 898, 1045, 1047 numeral 6\u00ba, 1048, 1057 y 1162 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
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Considera la censura que el Tribunal viol\u00f3 la ley sustancial con el alcance que dio a las normas acusadas, pues a pesar de ser pertinentes al caso concreto, se equivoc\u00f3 al precisar su sentido y por otra parte, se abstuvo de hacer obrar otras igualmente aplicables, con lo cual viol\u00f3 en forma directa la ley sustancial. <\/p>\n
Aduce el recurrente que el art\u00edculo 1036 de la legislaci\u00f3n comercial, antes de las reformas introducidas por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 389 de 1997, \u00e9poca en que se expidi\u00f3 la p\u00f3liza, establec\u00eda que el contrato de seguro era solemne y se perfeccionaba desde el momento en que el asegurador suscrib\u00eda la p\u00f3liza; a su vez el art\u00edculo 1046 ib. se\u00f1alaba que el \u00fanico documento por el que se perfeccionaba y probaba el contrato era la p\u00f3liza. Estas normas se complementaban con el art\u00edculo 1047 del C\u00f3digo de Comercio que establece los datos y condiciones que aquella debe contener, como son las condiciones generales del contrato y su vigencia, con indicaci\u00f3n de las fechas y horas de iniciaci\u00f3n y vencimiento, o la manera de determinar unas y otras. <\/p>\n
Agrega que por disposici\u00f3n del art\u00edculo 1162 del C. de Co., los art\u00edculos 1036 y 1046 son inmodificables por acuerdo entre las partes, por lo que no bastaba que el contrato de seguro constara por escrito, sino que adem\u00e1s dicho documento deb\u00eda contener las condiciones impuestas en el art\u00edculo 1047 del C\u00f3digo de Comercio para que existiera la p\u00f3liza, en cuya ausencia no se perfeccionaba ni acreditaba el contrato de seguro. <\/p>\n
Seg\u00fan el recurrente, la anterior preceptiva se basa en el art\u00edculo 824 ib., seg\u00fan el cual cuando se exige determinada solemnidad como requisito esencial de un negocio jur\u00eddico, si \u00e9sta no se cumple, dicho acto no se formar\u00e1, y a su vez el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 898 de la misma obra prescribe que el negocio de seguro es inexistente cuando ha sido celebrado sin las solemnidades sustanciales exigidas para su formaci\u00f3n; a su vez el art\u00edculo 1500 del C\u00f3digo Civil dispone que cuando un contrato est\u00e1 sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, si \u00e9stas se omiten, no producir\u00e1 ning\u00fan efecto. <\/p>\n
Se\u00f1ala el casacionista que ni por voluntad de las partes, ni por otra raz\u00f3n, podr\u00eda afirmarse que en el caso en estudio la protecci\u00f3n de los bienes del demandante se inici\u00f3 el 26 de junio de 1996, y que entre esa fecha, en la que se solicit\u00f3 el seguro y el 2 de julio de 1996, fecha de la expedici\u00f3n, suscripci\u00f3n o nacimiento del contrato de seguro, pasaron siete d\u00edas en los que el demandante no ten\u00eda protecci\u00f3n asegurativa, de tal manera que si se hubiera presentado alguna p\u00e9rdida, esta no hubiera tenido amparo. <\/p>\n
A\u00f1ade que en materia de seguros se impone por mandato del art\u00edculo 1054 del C. de Co., que el riesgo sea futuro, salvo las excepciones legales indicadas en el art\u00edculo 1706 ib. y en la Ley 389 de 1997, como se\u00f1al\u00f3 la Corte en la sentencia de 5 de septiembre de 1988, por tanto, no resulta posible otorgar protecci\u00f3n antes de que el contrato est\u00e9 perfeccionado, primero porque el acto para la \u00e9poca de los hechos era solemne, por lo que sin la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza no exist\u00eda, y segundo, porque sobre el tiempo transcurrido antes de la suscripci\u00f3n no habr\u00eda riesgo sino certeza, la cual adem\u00e1s de que no es asegurable, dejaba al contrato sin uno de sus elementos esenciales. <\/p>\n
Aduce que de conformidad con el art\u00edculo 1501 del C.C., son de la esencia de un contrato las cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno o degenera en un contrato diferente, y respecto al contrato de seguro, son elementos esenciales, seg\u00fan el art\u00edculo 1045 del C. de Co., el inter\u00e9s asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligaci\u00f3n condicional del asegurador, disposiciones que impiden pactar la retroactividad en esta clase de contratos, por lo que no es legalmente posible que las compa\u00f1\u00edas aseguradoras expidan p\u00f3lizas que cubran una vigencia anterior a la fecha de su expedici\u00f3n. <\/p>\n
Agrega que la vigencia de la p\u00f3liza, que es un elemento de la naturaleza del contrato pero no de su esencia, est\u00e1 regida por disposiciones especiales, entre ellas el art\u00edculo 1057 del C\u00f3digo de Comercio, en armon\u00eda con el 829 de la misma codificaci\u00f3n, en las que se se\u00f1ala que a falta de estipulaci\u00f3n o de norma legal, los riesgos empezar\u00e1n a correr por cuenta del asegurador, 24 horas despu\u00e9s de perfeccionado el contrato, es decir, despu\u00e9s de suscrita la p\u00f3liza, y que si el plazo es de d\u00edas, se excluye el d\u00eda en que se haya celebrado el negocio jur\u00eddico, a no ser que de la intenci\u00f3n de las partes expresamente se desprenda otra cosa, y si el plazo es de meses o a\u00f1os, el vencimiento tendr\u00e1 lugar el mismo d\u00eda del mes o a\u00f1o correspondiente. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta l\u00f3gico concluir, a ojos del recurrente, que en el presente caso el plazo comenz\u00f3 a correr desde cuando se perfeccion\u00f3 el contrato, esto es, desde el d\u00eda 2 de julio de 1997 y por un t\u00e9rmino de 365 d\u00edas, es decir que su vencimiento tuvo lugar el mismo d\u00eda del a\u00f1o siguiente, el 2 de julio de 1998. <\/p>\n
Considera el censor que si no se puede aplicar ninguna regla de interpretaci\u00f3n de los contratos, las cl\u00e1usulas ambiguas deben interpretarse a favor del deudor, salvo que hayan sido dictadas por una de las partes, en cuyo caso se interpretar\u00e1n en contra de quien las redact\u00f3, como en el caso del contrato de seguro, t\u00edpico ejemplo del contrato de adhesi\u00f3n a las condiciones generales, las cuales son impuestas por la entidad aseguradora. <\/p>\n
Manifiesta el casacionista que estas premisas no fueron contempladas por el Tribunal, que al examinar el desarrollo del proceso en primera instancia expres\u00f3 que si bien la vigencia del contrato se inici\u00f3 cuando se expidi\u00f3 la p\u00f3liza, respecto a su vencimiento no pod\u00eda concluirse lo mismo, pues la fecha de cierre del amparo fue aceptada por el asegurado al suscribir el contrato, interpretaci\u00f3n del ad quem con la cual viol\u00f3 en forma directa las normas denunciadas por falta de aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, como se desprende de la afirmaci\u00f3n respecto a que la aseguradora descont\u00f3 6 d\u00edas de vigencia del seguro, lo que no implica que la fecha de vencimiento se prorrogara por 6 d\u00edas m\u00e1s, por cuanto esta figura no tiene ning\u00fan respaldo legal, ni se deduce del texto de la p\u00f3liza en la que se hubiere podido plasmar el lapso por el cual reg\u00eda. <\/p>\n
Se\u00f1ala que la violaci\u00f3n indicada afect\u00f3 el derecho del demandante a que se le pague la indemnizaci\u00f3n en virtud del incendio, como hecho constitutivo del siniestro amparado por la p\u00f3liza. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Considera la recurrente que la sentencia del Tribunal viol\u00f3 indirectamente la ley sustancial por errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1501, 1618 y 1624 del C\u00f3digo Civil, y 829, 898, 1045, 1047 numeral 6\u00ba, 1048, 1057 y 1162 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Aduce en contra del fallo que este neg\u00f3 las pretensiones de la demanda por que err\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, pues del an\u00e1lisis de las mismas resulta palmario que la p\u00f3liza se encontraba vigente el 30 de junio de 1997, fecha de la ocurrencia del siniestro. Como consecuencia de tal desacierto, cercen\u00f3 el real contenido del material probatorio pues lo interpret\u00f3 de manera ostensiblemente contraria a su natural sentido. <\/p>\n
En criterio del recurrente, el yerro del Tribunal en la contemplaci\u00f3n objetiva de las pruebas, se evidencia porque no vi\u00f3 que la cobertura del seguro fue por 365 d\u00edas contados desde el perfeccionamiento del contrato, esto es, a partir de la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza el 2 de julio de 1996, error que lo llev\u00f3 a concluir que la vigencia solamente se prorrog\u00f3 hasta el 26 de junio de 1997. Igualmente se equivoc\u00f3 en el an\u00e1lisis de la declaraci\u00f3n de parte, al hacer caso omiso de la confesi\u00f3n hecha por el representante legal de la entidad aseguradora, de que la prima cobrada y cancelada oportunamente, correspond\u00eda a la protecci\u00f3n de los riesgos por el per\u00edodo de un a\u00f1o, por lo que, si ese fue el plazo aceptado por las partes y as\u00ed aparece probado en el proceso, no pod\u00eda el ad quem asumir que la vigencia del seguro era \u00fanicamente hasta el 26 de junio de 1997, porque esta conclusi\u00f3n lo llevar\u00eda a determinar erradamente que la protecci\u00f3n otorgada dur\u00f3 6 d\u00edas menos de lo que quisieron los contratantes. <\/p>\n
Razona el casacionista que el art\u00edculo 1618 del C.C. establece como primera regla de interpretaci\u00f3n de los contratos, as\u00ed sean solemnes, que la intenci\u00f3n de las partes prima sobre el tenor literal de las palabras, y para el caso en estudio lo que digan los n\u00fameros, dado que las fechas fueron anotadas en cifras, argumento que refuerza con citas de tratadistas nacionales. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Manifiesta el casacionista que el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 175, 183, 187, 194, 232, 233, 244, 258, 283 y 287 del C. de P.C., lo que condujo a la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1501, 1618 y 1624 del C.C., y 829, 898, 1045, 1047 numeral 6\u00ba., 1048, 1057 y 1162 del C. de Co. <\/p>\n
Se\u00f1ala que al abstenerse de condenar a la aseguradora al pago de la indemnizaci\u00f3n por el siniestro cubierto por la p\u00f3liza de incendio, el ad quem desconoci\u00f3 las pruebas relativas a la existencia, validez y vigencia del contrato de seguro, a su cobertura y al monto de los perjuicios sufridos por el actor, por cuanto los documentos que fueron encontrados durante la inspecci\u00f3n judicial llevada a cabo en las instalaciones de la demandada, conten\u00edan las pruebas del monto de las p\u00e9rdidas sufridas por el demandante a consecuencia de la conflagraci\u00f3n que afect\u00f3 los bienes asegurados. <\/p>\n
Considera el recurrente que el razonamiento del Tribunal conculc\u00f3 al demandante su derecho a obtener el pago de la indemnizaci\u00f3n en la cuant\u00eda que se prob\u00f3 en la primera instancia, pues tanto el informe del ajustador designado por la demandada, cuyo original se encontr\u00f3 en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial llevada a cabo en las instalaciones de la aseguradora, como en la estimaci\u00f3n de perjuicios se\u00f1alada en la demanda y acreditados con los documentos que se acompa\u00f1aron, los que no fueron ni objetados, ni tachados por la aseguradora, as\u00ed como con los testimonios de Luis Ernesto Ca\u00f1as, Gerardo Plata Amorocho y Elba Castellanos, se demostr\u00f3 plenamente que el valor de los perjuicios sufridos por el actor ascendi\u00f3 a la suma de $62\u2019610.698.oo. <\/p>\n
Agrega que en igual yerro de valoraci\u00f3n incurri\u00f3 el ad quem en relaci\u00f3n con las declaraciones de los testigos se\u00f1alados, las que desconoci\u00f3 totalmente; en cuanto al interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la sociedad aseguradora, pues le imprimi\u00f3 a este certeza absoluta cuando neg\u00f3 la existencia del contrato y la cuantificaci\u00f3n de la p\u00e9rdida, sin un fundamento que le aportara validez a esta afirmaci\u00f3n, soportado \u00fanicamente en el argumento de que la p\u00f3liza se encontraba vencida al momento del siniestro, no obstante le neg\u00f3 esa misma certeza a la declaraci\u00f3n del representante legal de la aseguradora cuando afirm\u00f3 que la p\u00f3liza ten\u00eda una cobertura de 365 d\u00edas, equivalentes a un a\u00f1o. <\/p>\n
Se\u00f1ala que el art\u00edculo 175 del C. de P.C. indica los medios probatorios de que puede valerse el juez para dar por probados los hechos de la demanda y de las excepciones propuestas, entre los que incluye el dictamen pericial que solamente es procedente para verificar hechos que requieran especiales conocimientos cient\u00edficos, t\u00e9cnicos o art\u00edsticos; que si bien es cierto que el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio impone al asegurado la carga de probar tanto la ocurrencia del siniestro, como la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, la ley no exige para este efecto que se practique un aval\u00fao judicial de perjuicios para reconocer el monto de la indemnizaci\u00f3n, en especial si esos perjuicios se pueden determinar con otras pruebas que se han incorporado al proceso en oportunidad legal. <\/p>\n
Como adem\u00e1s de la ausencia de amparo el d\u00eda del siniestro, pod\u00eda echarse de menos la prueba de la p\u00e9rdida por ausencia de contabilidad, el casacionista se dedic\u00f3 tambi\u00e9n a elucidar el punto para lo cual precis\u00f3 que esta Corporaci\u00f3n ya determin\u00f3 que para acreditar la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida derivada de un siniestro, hay libertad probatoria, por lo que el asegurador no puede alegar de modo irrefragable, que la ausencia de contabilidad impide cuantificar la p\u00e9rdida. Adem\u00e1s si el juez no reconoce el derecho al pago de la indemnizaci\u00f3n invocando la existencia de una prueba solemne, transgrede el art\u00edculo 175 del C. de P.C. que establece la libertad de medios probatorios para la formaci\u00f3n del convencimiento del fallador. <\/p>\n
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Por \u00faltimo argumenta el casacionista que el fallo impugnado adolece de error de derecho por violaci\u00f3n de normas probatorias de obligatoria aplicaci\u00f3n, que lo llevaron a no apreciar pruebas diferentes a la p\u00f3liza de seguro, por cuanto obraba en el proceso la relativa a la vigencia y validez del contrato de seguro, de la ocurrencia del siniestro y de su cuant\u00eda, errores que le permitieron eximir indebidamente de responsabilidad a la sociedad demandada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
En el primer cargo el casacionista intenta demostrar que dada la solemnidad que entonces ten\u00eda el contrato de seguro, este s\u00f3lo existi\u00f3 realmente con la suscripci\u00f3n de la p\u00f3liza y por el t\u00e9rmino de un a\u00f1o a partir del 2 de julio de 1996 y hasta el mismo d\u00eda de 1997. En el segundo cargo el recurrente acusa que hubo error de hecho al apreciar la prueba indicativa de que el contrato se prolong\u00f3 hasta el 2 de julio de 1997, as\u00ed la cl\u00e1usula puesta en el documento dijera que el amparo cesaba el 26 de junio de 1997. Y en el tercer cargo, el censor protesta porque no se dio el valor que la ley otorga a la confesi\u00f3n del representante legal de la demandada en la que se dice admiti\u00f3 que el amparo se otorg\u00f3 por un a\u00f1o y que la prima se liquid\u00f3 para el mismo per\u00edodo a lo cual se a\u00f1ade la defensa de la prueba del da\u00f1o a\u00fan en ausencia de contabilidad. En el fondo, en todos los cargos busca el recurrente la misma cosa: que se concluya que el amparo estaba vigente el 30 de junio de 1997 d\u00eda en que acaeci\u00f3 el incendio. <\/p>\n
S\u00edguese de este condensado que de varias maneras el censor intenta combatir el pilar fundamental de la sentencia, seg\u00fan el cual la literalidad del pacto no deja duda que el amparo ces\u00f3 el 26 de junio de 1997 y el incendio acaecido despu\u00e9s de esa fecha qued\u00f3 hu\u00e9rfano de amparo. <\/p>\n
En primer lugar ha de anotarse, como concluy\u00f3 el Tribunal en el fallo impugnado, que para el momento en que fue celebrado el contrato este era solemne, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 1036 del estatuto comercial, pues conforme a la legislaci\u00f3n de entonces se perfeccionaba el acuerdo desde el momento en que el asegurador suscrib\u00eda la p\u00f3liza. A su vez el art\u00edculo 1046 del C\u00f3digo de Comercio dispon\u00eda que el documento por medio del cual se perfeccionaba y probaba el contrato de seguro, la p\u00f3liza, deb\u00eda ser firmado por el asegurador. Es decir, de acuerdo con la ley de antes, la p\u00f3liza era el t\u00edtulo constitutivo del seguro sin el cual el contrato carec\u00eda de existencia jur\u00eddica y, l\u00f3gicamente, de prueba. <\/p>\n
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Igualmente ha de recordarse que a las condiciones particulares del seguro se refiere el art\u00edculo 1047 del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan el cual la p\u00f3liza debe contener las especificaciones que conforman las condiciones o cl\u00e1usulas particulares del contrato, entre las cuales aparece: \u201cla vigencia del contrato, con indicaci\u00f3n de las fechas y horas de iniciaci\u00f3n y vencimiento, o el modo de determinar unas y otras\u201d. <\/p>\n
Puesta la mirada en el episodio concreto de que ahora se ocupa la Corte, se observa que a folio 4 del cuaderno 1\u00b0 del expediente aparece la \u201cP\u00f3liza de Seguro de Incendio\u201d expedida el 2 de julio de 1996 por la Compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola de Seguros, y a folio 3 del mismo cuaderno, obra el original del Certificado de Modificaci\u00f3n – Seguro de Incendio, tambi\u00e9n expedido por la firma demandada. En ambos documentos se estableci\u00f3 que el riesgo reca\u00eda sobre las mercanc\u00edas ubicadas en la calle 37 No. 15-20 de la ciudad de Bucaramanga, se identific\u00f3 al tomador, al asegurado y al beneficiario, lo mismo que se mencionaron los amparos y coberturas debidamente detallados, y se fij\u00f3 un valor asegurado de $125\u2019000.000.oo, cobertura que se extinguir\u00eda el d\u00eda 26 de junio de 1997, seg\u00fan se pact\u00f3 expresamente. <\/p>\n
Todo se contrae entonces, a determinar hasta cuando estuvo vigente el amparo y para ello es menester interpretar las cl\u00e1usulas contractuales. <\/p>\n
Como ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, en la tarea de interpretar los negocios jur\u00eddicos y establecer el contenido de sus estipulaciones, los sentenciadores de instancia cuentan con un anchuroso campo de acci\u00f3n que de manera general escapa a la censura en el recurso de casaci\u00f3n, a menos que la representaci\u00f3n que el juzgador haga del clausulado sea desmesuradamente contraria a la raz\u00f3n, caso que no es el de ahora como luego se ver\u00e1. As\u00ed las cosas, cuando la discrepancia ocurre sobre el alcance de las disposiciones contractuales, la labor heur\u00edstica del juez en la \u00f3rbita de las instancias comprende apreciar las cl\u00e1usulas con la debida ponderaci\u00f3n, gobernado en esa labor intelectiva por los postulados de la raz\u00f3n, las reglas de la experiencia y los principios de la l\u00f3gica; de modo que mientras observe tales reglas universales, el resultado de su deliberaci\u00f3n interna queda confiado a su discreta autonom\u00eda o como se ha dicho por la Corte, \u201c\u2026a la cordura, perspicacia y pericia del juzgador\u2026\u201d (G.J. Tomo CVII, pag 298, reiterada en CXLVII, 52). <\/p>\n
Adem\u00e1s, los precedentes de la Corte inspirados en la equidad, la jurisprudencia y la doctrina, han afirmado que si bien estos contratos \u00abdeben ser interpretados a favor de la parte que ha dado su consentimiento por adhesi\u00f3n … este criterio interpretativo no puede entra\u00f1ar un principio absoluto: es correcto que se acoja cuando se trata de interpretar cl\u00e1usulas que por su ambig\u00fcedad u oscuridad son susceptibles de significados diversos o sentidos antag\u00f3nicos, pero no cuando las estipulaciones que trae la p\u00f3liza son claras, terminantes y precisas. En tal supuesto esas cl\u00e1usulas tienen que aceptarse tal como aparecen, puesto que son el fiel reflejo de la voluntad de los contratantes y por ello se tornan intangibles para el juez\u201d (sent. cas. civ. de 29 de agosto de 1980). <\/p>\n
En el presente caso, el juzgador de segunda instancia interpret\u00f3 la p\u00f3liza en el sentido de que la cobertura pactada se extendi\u00f3 desde el 26 de junio de 1996, hasta el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o siguiente, para concluir que el siniestro ocurrido el 30 de julio de 1997 se hallaba fuera de la protecci\u00f3n del seguro. <\/p>\n
Juzga la Corte que el alcance otorgado por el Tribunal lejos est\u00e1 de estructurar un yerro de las proporciones necesarias para causar la ruptura del fallo, porque examinado el documento, en el ac\u00e1pite correspondiente al periodo de cobertura deja ver que la vigencia iba \u00abDESDE 26 06 96 HASTA 26 06 97\u00bb, de donde podr\u00eda extraerse, sin caer en contraevidencia, la deducci\u00f3n interpretativa en que el Tribunal fund\u00f3 su fallo, pues se atuvo a lo que expresamente consagr\u00f3 la p\u00f3liza, que delimit\u00f3 la cobertura del contrato de seguro hasta una fecha precisa igualmente fijada de antemano. Es cierto que enseguida, en cap\u00edtulo separado, se pretendi\u00f3 fijar su duraci\u00f3n en 365 d\u00edas y que en el lugar y fecha de expedici\u00f3n de la p\u00f3liza puede leerse que ello ocurri\u00f3 en: \u00abBUCARAMANGA 02 07 96\u00bb, pero todas esas imprecisiones no son bastante para hacer de la deducci\u00f3n del Tribunal un descarr\u00edo de tal calado que resulte intolerable a la raz\u00f3n. <\/p>\n
No cabe duda que sobre el mismo documento es posible hacer distintas representaciones, en especial cuando algunas de sus cl\u00e1usulas parecen incompatibles con otras del mismo cuerpo de la memoria contractual. No obstante, si como acontece en el caso que hoy demanda la atenci\u00f3n de la Corte, el Tribunal se apeg\u00f3 a la estipulaci\u00f3n que trata expresamente del final de la vigencia y de all\u00ed dedujo que el contrato ces\u00f3 el 26 de junio de 1997, siguiendo al pie de la letra los elementos ling\u00fc\u00edsticos de dicha cl\u00e1usula, con tal proceder no cometi\u00f3 el desbarro que denuncia el casacionista. <\/p>\n
Se a\u00f1ade a lo anterior que no poca cosa es que el demandante haya recibido la p\u00f3liza, y por ese medio adquirido plena conciencia de que el amparo prodigado cesaba el 26 de junio de 1997, pues tal limitaci\u00f3n tiene sede inequ\u00edvoca en el texto del documento, a pesar de lo cual dej\u00f3 pasar el tiempo sin protesta precedente y s\u00f3lo ahora pretende el asegurado que se admita, contra la expresi\u00f3n ling\u00fc\u00edstica que all\u00ed corusca, a\u00f1adir los d\u00edas de tardanza que hubo en la expedici\u00f3n de la p\u00f3liza, para que as\u00ed quede cubierto el siniestro acaecido inmediatamente despu\u00e9s de que se agot\u00f3 el t\u00e9rmino del amparo, lo cual resulta ser no s\u00f3lo tard\u00edo sino equivocado. <\/p>\n
En cuanto al error de derecho se\u00f1alado en el cargo, precisa la Corte que el Tribunal s\u00ed tuvo en cuenta y as\u00ed lo expuso, que el contrato de seguro era v\u00e1lido y que el siniestro ocurri\u00f3, s\u00f3lo que para ese momento la p\u00f3liza no estaba vigente. Tampoco est\u00e1 debatido aqu\u00ed si alguna diferencia pudo existir entre la forma de probar el contrato de seguro y sus modificaciones, pues ambas partes disputaron sobre el alcance del documento, sin insinuar siquiera otra manera de probar las modificaciones al contrato de seguro. Por lo tanto, no vulner\u00f3 el sentenciador el art\u00edculo 175 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, porque para proferir su fallo no ignor\u00f3 las pruebas arrimadas al proceso, pues justamente con base en ellas fue que determin\u00f3 que la demandada no estaba obligada al pago del siniestro, por haberse extinguido el amparo antes del d\u00eda en que ocurrieron los hechos. <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo expuesto, no prosperan los cargos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-139-2005 [6800131030011998-0226-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Ref. Exp. No. 68001-34-03-001-1998-0226-01 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 6 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82987","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82987"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82987\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}