SC-140-2005 [03169-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 03169-01. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 14 de abril de 2000, proferida por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario promovido por Carmen Herrera de Torres frente a Teresita de Jes\u00fas Alfonso Estupi\u00f1\u00e1n. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante convoc\u00f3 a juicio ordinario a la demandada para que se declarara, principalmente, la resoluci\u00f3n del contrato contenido en la escritura p\u00fablica 1538 de 27 de mayo de 1997, reformado por la n\u00famero 1673 de 6 de junio del mismo a\u00f1o, de la notar\u00eda tercera de Villavicencio, \u201cpor no haberse cancelado el precio pactado en el respectivo contrato de promesa de compraventa\u201d. <\/p>\n
Como primeras pretensiones subsidiarias solicit\u00f3 declarar que el se\u00f1alado convenio era relativamente simulado \u201cpor cuanto lo que se quiso hacer entre las partes fue un contrato de compraventa\u201d, como se se\u00f1al\u00f3 en la promesa de 23 de abril de 1997, \u201cy no de permuta\u201d; se decretara la resoluci\u00f3n de ese negocio por el \u201cno pago del precio\u201d pactado en la mencionada \u201cpromesa de compraventa\u201d, con relaci\u00f3n a la suma de $221\u00b4875.000; se ordenara a la demandada restituir a la demandante el predio \u201cEl Brasil\u201d; y se la condenara a pagarle los frutos producidos por el mismo. <\/p>\n
Como segundas subsidiarias pidi\u00f3 declarar que hubo lesi\u00f3n enorme en el indicado contrato y se adoptaran las restantes determinaciones, propias de esa declaraci\u00f3n. <\/p>\n
2. Fundament\u00f3 sus pretensiones en los supuestos f\u00e1cticos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) Como hechos de car\u00e1cter general, se expuso que mediante contrato de promesa de compraventa ajustado entre las partes el 23 de abril de 1997, la actora prometi\u00f3 venderle a la demandada el derecho de dominio y posesi\u00f3n que aqu\u00e9lla ten\u00eda sobre el predio rural denominado \u201cEl Brasil\u201d, el cual identifica adem\u00e1s por sus linderos y caracter\u00edsticas, estipul\u00e1ndose que el precio de la venta ser\u00eda de $450\u00b4000.000, el cual se pagar\u00eda as\u00ed: $30\u00b4000.000 a la firma de la promesa; $20\u00b4000.000 el 2 de mayo de 1997; $150\u00b4000.000 representados en el lote y la construcci\u00f3n en \u00e9l levantada ubicado en la calle 15 n\u00famero 45-02 de Villavicencio, y el saldo de $250\u00b4000.000 en el t\u00e9rmino de tres meses, contado a partir de la fecha de la promesa. La vendedora se oblig\u00f3 adem\u00e1s a cancelar la hipoteca que gravaba dicho bien, constituida a favor de la Caja de Cr\u00e9dito Agrario Industrial y Minero; la demandada no pag\u00f3 el saldo de $221\u00b4875.000 que adeuda a la demandante, como consecuencia de dicha negociaci\u00f3n; mediante escritura 1530 de 27 de mayo de 1997 la actora levant\u00f3 la relacionada hipoteca; en el acto publico 1538 de 27 de mayo de 1997, aclarado con el n\u00famero 1673 de 6 de junio de ese a\u00f1o, ambas de la notar\u00eda tercera de Villavicencio, que recogi\u00f3 el negocio prometido, se hizo figurar la celebraci\u00f3n de un contrato de permuta, cuando se trataba de una compraventa, se\u00f1al\u00e1ndose, por consiguiente, que Carmen Herrera de Torres transfer\u00eda a Teresita de Jes\u00fas Alfonso Estupi\u00f1an el inmueble denominado \u201cEl Brasil\u201d y a cambio \u00e9sta daba a aqu\u00e9lla el lote urbano y la casa en \u00e9l construida ubicado en la calle 15 n\u00famero 45-02 de Villavicencio, estim\u00e1ndose el valor comercial de cada uno de esos bienes en $200\u00b4000.000; pese a los requerimientos que se le han hecho, la prometiente compradora no ha pagado el saldo del precio que adeuda; en la promesa de compraventa se fij\u00f3 como pena por incumplimiento la suma de $80\u00b4000.000, para quien se sustrajera a la satisfacci\u00f3n de las obligaciones all\u00ed establecidas; los bienes transferidos fueron entregados a cada una de las partes el 27 de mayo de 1997. <\/p>\n
b) En relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n, se asever\u00f3 que el contrato querido por las partes fue de compraventa y, de ah\u00ed, los t\u00e9rminos de la promesa que celebraron; la demandada, al momento en que deb\u00eda realizarse el contrato prometido, ten\u00eda lista la minuta de la escritura en donde se hac\u00eda figurar el negocio como de permuta; seg\u00fan la mencionada promesa, los inmuebles transferidos ten\u00edan valores diferentes: el predio \u201cEl Brasil\u201d de $450\u00b4000.000 y el ubicado en la calle 15 n\u00famero 45-02 de Villavicencio de $150\u00b4000.000; pese a ello, en el instrumento que materializ\u00f3 el negocio prometido se asign\u00f3 a los dos inmuebles un mismo valor comercial de $200\u00b4000.000. <\/p>\n
c) En lo inherente a la lesi\u00f3n enorme se adujo como fundamento f\u00e1ctico que no obstante que el predio \u201cEl Brasil\u201d, para la \u00e9poca en que se celebr\u00f3 el cuestionado contrato, ten\u00eda un valor comercial superior a los mil millones de pesos, el inmueble dado por la demandada, ubicado en la calle 15 n\u00famero 45-02 de Villavicencio, no superaba los cien millones de pesos. <\/p>\n
d) En el apartado de hechos relativos a la mala fe de la accionada, se sostuvo que \u00e9sta permut\u00f3 el predio \u201cEl Brasil\u201d a su hija, Claudia Milena Castro Alfonso, seg\u00fan acto p\u00fablico 6574 de 24 de septiembre de 1997, de la notar\u00eda primera, y se insolvent\u00f3 traspas\u00e1ndole a Jos\u00e9 Antonio Castro Alfonso, otro de sus hijos, el \u00fanico inmueble que le quedaba, lo que puede constatarse con la escritura 314 de 7 de noviembre del citado a\u00f1o, de la notar\u00eda cuarta. <\/p>\n
3. Notificada la demandada de la demanda, la contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones y expresando, en cuanto a los hechos, que el contrato celebrado fue de permuta, como rezan las escrituras; que no se encontraba incursa en incumplimiento de tal convenci\u00f3n por cuanto no adeudaba suma alguna por concepto de la misma, pues a m\u00e1s de haber transferido y entregado el inmueble ubicado en la calle 15 n\u00famero 45-02 de Villavicencio, le pag\u00f3 a la actora $50\u00b4000.000 en efectivo; que si bien era cierto que con anterioridad se ajust\u00f3 la promesa puesta de presente en la demanda, ella qued\u00f3 resuelta con la celebraci\u00f3n de aquella permuta; que no hubo lesi\u00f3n enorme debido a que el precio convenido para los dos inmuebles fue de $200\u00b4000.000, siendo que para la fecha de celebraci\u00f3n de la permuta la casa por ella transferida ten\u00eda un valor comercial de $250\u00b4000.000 y la finca \u201cEl Brasil\u201d de $300\u00b4000.000; que la diferencia de valores ella la cubri\u00f3 con los aludidos $50\u00b4000.000; y que no hab\u00eda actuado de mala fe. <\/p>\n
4. Por sentencia de 15 de julio de 1999 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio culmin\u00f3 la primera instancia, en la que determin\u00f3 resolver los contratos de permuta contenidos en aquellas escrituras, ordenar las consiguientes restituciones mutuas, reconocer el rec\u00edproco derecho de retenci\u00f3n hasta la concurrencia de los cr\u00e9ditos y declarar probada la objeci\u00f3n al dictamen de los peritos Jos\u00e9 Alejandro Mora y Hernando Novoa. <\/p>\n
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5. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio le puso fin a la alzada mediante fallo de 14 de abril de 2000, en el que revoc\u00f3 el del a-quo y, en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones principales; declar\u00f3 que el contrato de permuta, que consta en las memoradas escritura, era relativamente simulado por cuanto lo que celebraron fue una compraventa; declar\u00f3 resuelto ese contrato por incumplimiento de la demandada al no pagar parte del precio; dispuso que la opositora le restituyera a la demandante $215\u00b4000.000, como valor equivalente de la finca \u201cEl Brasil\u201d, debidamente actualizada, tomando como base el \u00edndice de precios al consumidor e intereses del 6% anual, as\u00ed como $12\u00b4836.000 por los frutos producidos por el predio entre mayo de 1997 y abril de 2000, y, por ese mismo concepto, $150.000 mensuales de ah\u00ed en adelante hasta que se hiciera la restituci\u00f3n; conden\u00f3 a la actora a devolverle a la contraparte la casa ubicada dentro del conjunto residencial el Trapiche, $22\u00b4400.000 por los frutos que produjo de abril de 1997 a la fecha de esa sentencia, $640.000 mensuales por el mismo concepto, desde esta \u00faltima hasta que se produjera la entrega de ese inmueble, los $50\u00b4000.000 que le hab\u00eda entregado, debidamente actualizados, tomando como base el \u00edndice de precios al consumidor, m\u00e1s intereses del 6% anual, y el cheque no pagado por $221\u00b4875.000, que obra en el expediente; determin\u00f3 que las partes pod\u00edan compensar las anteriores condenas y restituciones; y declar\u00f3 probadas las objeciones a los dict\u00e1menes rendidos por los peritos Mora-Novoa y Acosta-Ardila, pero \u00fanicamente en lo tocante con el aval\u00fao del inmueble \u201cEl Brasil\u201d. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Una vez dio por definido que fue de compraventa el verdadero negocio ajustado entre las partes, situaci\u00f3n que le sirvi\u00f3 para dar por evidenciada la simulaci\u00f3n suplicada, que la demandada incumpli\u00f3 ese contrato en cuanto no pag\u00f3 la suma de dinero incorporada en el cheque que gir\u00f3 para cancelar parte del precio pactado, y que la actora s\u00ed atendi\u00f3 las obligaciones que en ese acuerdo contrajo, lo que de paso lo condujo a declarar resuelto ese acto bilateral por incumplimiento de la accionada, en relaci\u00f3n con los perjuicios demandados por la promotora de este proceso y las restituciones mutuas que deb\u00eda disponer como consecuencia de la resoluci\u00f3n negocial, que son los dos \u00fanicos aspectos sobre los que estriban los cargos planteados, pues las restantes determinaciones adoptadas por el sentenciador no fueron objeto de combate en esta senda extraordinaria, el tribunal estim\u00f3 lo que a continuaci\u00f3n se compendia. <\/p>\n
2. Adujo c\u00f3mo, pese a que dicha resoluci\u00f3n dar\u00eda lugar, por lo menos en principio, a que se indemnizaran a la accionante los perjuicios a ella causados con el susodicho incumplimiento, no pod\u00eda imponer condena en ese sentido por cuanto esa parte no satisfizo el deber de enunciarlos en la demanda no s\u00f3lo para as\u00ed saber en qu\u00e9 consist\u00edan sino para que la demandada pudiera defenderse y controvertirlos, pues la actora simplemente se limit\u00f3 a pedirlos pero sin precisar \u201ccu\u00e1les fueron esos perjuicios\u201d, actitud que condujo a que los peritos, quienes \u201cno tienen cualidades adivinatorias\u201d, no pudieran determinar ning\u00fan valor en cuanto a ellos; a\u00f1adi\u00f3 que no era procedente decretar en segunda instancia pruebas oficiosas \u201cpara saber cu\u00e1les fueron esos perjuicios, que s\u00f3lo la demandante estaba en condiciones de conocer\u201d, y sin que se pudiera tener en cuenta la cl\u00e1usula penal pactada en la promesa habida consideraci\u00f3n que de tal acuerdo surgi\u00f3 \u00fanicamente la obligaci\u00f3n de celebrar el contrato prometido, la cual efectivamente se cumpli\u00f3, de donde tal estipulaci\u00f3n \u201cdej\u00f3 de tener operancia\u201d, por lo que \u201cera improcedente tenerla como valor del perjuicio para la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa\u201d. <\/p>\n
3. En relaci\u00f3n con las prestaciones mutuas a favor de la accionante se\u00f1al\u00f3 el sentenciador que la demandada deb\u00eda devolverle la finca \u201cEl Brasil\u201d, pero como ello no era posible porque se la transfiri\u00f3 a Claudia Milena Castro antes de iniciado este proceso, seg\u00fan escritura n\u00famero 6574 de 24 de septiembre de 1997, sin que pudiera calificarse la buena o mala fe de \u00e9sta (art\u00edculos 1547 y 1548, C. C.) ni afectarse sus derechos por no haber sido demandada, deb\u00eda condenar a la accionada a restituir el \u00abvalor equivalente que pudiera tener\u201d esa propiedad para el 27 de mayo de 1997, fecha del contrato aniquilado, junto con los frutos que hubiera podido producir a partir de la entrega del mismo, aspecto a prop\u00f3sito del cual precis\u00f3 que \u00abpara el efecto de las restituciones mutuas cuando se trata de la resoluci\u00f3n de un contrato no se tiene en cuenta la buena o mala fe de las partes\u00bb. <\/p>\n
Y en orden a establecer el valor que el se\u00f1alado predio ten\u00eda para la fecha indicada, el tribunal descart\u00f3 la apreciaci\u00f3n hecha por los peritos Mora Hern\u00e1ndez y Novoa Mart\u00ednez en la valoraci\u00f3n por ellos rendida, pues el aval\u00fao que ofrecieron, en cuant\u00eda $250.000.000, tom\u00f3 como punto de referencia la \u00e9poca en que ese trabajo fue elaborado -septiembre de 1998- y no aquella fecha, como correspond\u00eda. Esa misma consideraci\u00f3n sent\u00f3 sobre el dictamen que, en cumplimiento de la orden impartida en segunda instancia con apoyo en el art\u00edculo 233 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, rindieron los auxiliares Acosta Mart\u00ednez y Ardila Botero, por \u00abfalta de fundamentaci\u00f3n\u201d, como as\u00ed lo reconoci\u00f3 la demandante al objetarlo por error grave, inconformidad esa dentro de la cual, dijo el tribunal, la misma actora \u201csolicit\u00f3 se tuviera en cuenta un dictamen pericial\u201d que en el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se le practic\u00f3 a la finca, lo que no era legal \u201cporque en un proceso a t\u00e9rminos del Art. 233 del C. de P.C., no pueden existir sobre un mismo punto, m\u00e1s de tres dict\u00e1menes periciales\u00bb. Justamente por esas consideraciones determin\u00f3 que en relaci\u00f3n con tales pruebas periciales deb\u00eda declarar probadas las objeciones que por error grave se formularon. <\/p>\n
Fij\u00f3 entonces su atenci\u00f3n en el dictamen de los peritos Marciales Deill\u00edas y Moncaleano Iregui, del cual destac\u00f3 que si bien ellos en un principio se refirieron al valor que la aludida propiedad ten\u00eda para la fecha de esa prueba, no lo era menos que, en el documento en que presentaron la aclaraci\u00f3n, corrigieron tal anomal\u00eda al indicar que para el 27 de mayo de 1997 el mentado inmueble ten\u00eda un valor de $215\u00b4000.000. La aclaraci\u00f3n y estimaci\u00f3n as\u00ed rendidas, precis\u00f3 el tribunal, eran atendibles como quiera que para efectuarlas esos auxiliares tuvieron en cuenta \u00abla situaci\u00f3n de inseguridad generada con la guerrilla, as\u00ed como el secuestro y boleteo que afecta a los valores de la tierra, hecho que por lo dem\u00e1s concuerda con la certificaci\u00f3n que expidi\u00f3 el Comandante de la Sexta Brigada con sede en Villavicencio, quien expresa que en el \u00e1rea general de v\u00eda a Catama, Ca\u00f1os Negros, (sitio en que est\u00e1 ubicada la finca, anota la Sala) y Puerto Porf\u00eda, delinquen las cuadrillas 31. 29 y 53 de las FARC\u201d, el estado en que se encontraba cuando se ajust\u00f3 el contrato, seg\u00fan informes que ellos recibieron, la circunstancia de que de las 75 hect\u00e1reas que ten\u00eda 40 estaban en tierra y vega y 35 en zona de riesgo por cuanto fueron playa del R\u00edo Guatiqu\u00eda y en cualquier momento pod\u00edan volver a ser cauce de esa afluente, todo ello unido a los dem\u00e1s datos que puntualizaron en su trabajo, en el que hicieron menci\u00f3n a la topograf\u00eda del terreno, a las \u00e1reas de chucuas, pastos y construidas, grado de mecanizaci\u00f3n e irrigaci\u00f3n, la separaci\u00f3n en dos partes, la delantera para el ganado, y la trasera para cultivar arroz, as\u00ed como a la distancia que queda de Villavicencio, entre otros factores. <\/p>\n
Por lo anterior y porque \u00ablos peritos tomaron para el valor dado, como lo expresan, las Ruedas de Aval\u00fao de la Propiedad Ra\u00edz y de la Sociedad Colombiana de Avaluadores – Seccional de la Orinoquia, adem\u00e1s de la investigaci\u00f3n de campo que hicieron con propietarios de inmuebles en la v\u00eda a Ca\u00f1os Negros, usando los m\u00e9todos comparativos y valores de reposici\u00f3n\u00bb, el tribunal comparti\u00f3 esta \u00faltima prueba, en la que los auxiliares avaluaron la finca para la mentada \u00e9poca en $215\u00b4000.000. <\/p>\n
En lo tocante con los frutos, apunt\u00f3 el tribunal que deb\u00eda reconocerle a la actora los producidos por aquel predio a partir de la fecha en que el mismo le fue entregado a la demandada \u201cpuesto que las disposiciones de los Arts. 764, 768 y 769\u201d del C\u00f3digo Civil no eran \u201caplicables a la resoluci\u00f3n de un contrato\u201d y, por consiguiente, no pod\u00eda \u201cconsiderarse si el comprador o vendedor han sido de buena o mala fe\u201d. <\/p>\n
Seguidamente sostuvo el juzgador que sobre el particular no pod\u00eda acoger el trabajo presentado por los peritos Mora Hern\u00e1ndez y Novoa Mart\u00ednez, porque al respecto \u00abno dijeron nada\u00bb; como tampoco el allegado por los auxiliares Marciales Deill\u00edas y Moncaleano Iregui, quienes en punto se limitaron a se\u00f1alar que al parecer la nueva propietaria hab\u00eda dado la finca \u00aben arriendo por una cosecha en contraprestaci\u00f3n de que fuera adecuada para sembrar arroz\u00bb; agreg\u00f3 que los expertos Acosta Mart\u00ednez y Ardila Botero, en cambio, s\u00ed determinaron los causados entre mayo de 1997 y diciembre de 1999 en $12\u00b4236.000, discriminando su valor anual y mensual y \u00abanexando como fundamento de esos guarismos, copia de los contratos de arrendamiento de pastaje\u201d celebrados por Claudia Milena Castro, su actual propietaria, con varias personas, en esos a\u00f1os; a\u00f1ade que como en el aspecto que se comenta la experticia s\u00ed fue fundamentada, pues alrededor del tema se dieron los fundamentos por los cuales llegaron a los guarismos suministrados, deb\u00eda aceptarlo, raz\u00f3n por la cual reconocer\u00eda la sumas de $12\u00b4236.000, por concepto de los causados hasta diciembre de 1999, y $150.000 mensuales, por los producidos de esa fecha en adelante. <\/p>\n
4. Frente a las restituciones mutuas a favor de la demandada, el ad–quem afirm\u00f3 que la demandante deb\u00eda devolverle, en primer t\u00e9rmino, los $50\u00b4000.000 que de ella recibi\u00f3 -$30\u00b4000.000 el 23 de abril de 1997 y $20\u00b4000.000 el 5 de mayo de ese a\u00f1o-, debidamente indexados con base en el \u00edndice de precios al consumidor certificado por el DANE, junto con intereses al 6% anual; en segundo, la casa ubicada en la Urbanizaci\u00f3n El Trapiche, junto con los frutos que pudo producir desde el 27 de mayo de 1997, fecha en que le fue entregada; y, finalmente, el cheque por $221\u00b4875.000 allegado al proceso, que no fue pagado, sin que hubiera lugar al pago de intereses en relaci\u00f3n con la suma incorporada en este t\u00edtulo valor, por cuanto lo que estaba decretando en ese fallo era \u201cla resoluci\u00f3n de la compraventa y no el cumplimiento\u201d del contrato. <\/p>\n
En el campo de los frutos a que ten\u00eda derecho la accionada, asever\u00f3 el sentenciador que los generados por aquella casa fueron avaluados por los peritos Mora Hern\u00e1ndez y Novoa Mart\u00ednez en $640.000 mensuales tomando como base \u201cel canon de arrendamiento que pagan los arrendatarios\u201d Carlos Adolfo Ocampo y Mar\u00eda Isabel S\u00e1nchez, punto del dictamen \u201cque aunque fue objetado por la demandante, fue confirmado\u201d posteriormente por los auxiliares Marciales Deill\u00edas y Moncaleano Iregui, quienes valoraron esos frutos en la misma suma, que era el valor por el que estaba arrendada la cosa. Agreg\u00f3 el juez de segundo grado que como consideraba que tal suma era razonable, ya que se trataba de un inmueble de dos pisos con una construcci\u00f3n relativamente nueva, que ten\u00eda piscina, jardines, cinco ba\u00f1os, tres habitaciones, y se hallaba dentro de un conjunto cerrado y situado en un estrato alto, aceptar\u00eda dicho valor como frutos mensuales de la aludida heredad, por lo que reconocer\u00eda la suma de $22\u00b4400.000 por el per\u00edodo transcurrido entre el 27 de mayo de 1997 y la fecha de esa sentencia, y de \u00e9sta para ac\u00e1 $640.000 mensuales hasta que se produjera la restituci\u00f3n de esa propiedad, lo que conduc\u00eda a \u201cque la objeci\u00f3n sobre este punto del primer dictamen, emitido por los primeros peritos, no prospere\u00bb. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
No sin antes precisar que son dos los aspectos generadores de su inconformidad, vale decir, el primero tocante con \u201cla condena de la devoluci\u00f3n del dinero a la demandada con reajuste monetario\u201d, y el segundo, con el \u201cvalor compensatorio que debe sufragar la demandada con relaci\u00f3n al inmueble rural, junto con el valor de los frutos, da\u00f1os y perjuicios\u201d, con apoyo en la causal primera prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dos cargos propone la recurrente contra la sentencia combatida; uno por la v\u00eda directa y el otro por la indirecta, los que la Corte estudiar\u00e1 en el orden propuesto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acusa la sentencia de violar, en forma directa, el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, por indebida aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
1. Luego de advertir que la mencionada norma legal es aplicable a este asunto, como quiera que se demostr\u00f3 el incumplimiento contractual de la demandada, quien dej\u00f3 de cancelar el cheque por $221\u00b4875.000 que entreg\u00f3 para garantizar el pago de parte del precio fijado en la compraventa, y no sin antes aludir a la conducta dolosa y de mala fe de la accionada al traspasar el inmueble a su hija y los dem\u00e1s bienes al otro hijo, la recurrente anota que por el hecho de haber sido aqu\u00e9lla quien incumpli\u00f3 el negocio al dejar de pagar el mentado saldo, sobre ella \u201cdebe recaer todo el peso de la justicia, esto es, sin premi\u00e1rsele por su actitud contraria a los intereses de la demandante\u201d. <\/p>\n
2. Para la acusadora ser\u00eda \u201cinequitativo que la parte cumplida tenga que devolver el dinero con reajuste\u201d, pues al as\u00ed ordenarse se estar\u00eda \u201cpremiando a la demandada incumplida\u201d, aserto que adicionalmente sustenta en la tesis sostenida por esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan la cual \u201c\u2018quien incumple un contrato no tiene derecho a pedir devoluci\u00f3n de dinero con reajuste monetario\u2019, por cuanto ha considerado\u201d que quien debe \u201creclamar la indemnizaci\u00f3n ha de ser siempre el contratante cumplido, quien es en \u00faltimas el que tiene legitimaci\u00f3n para hacerlo, y no el contratante incumplido, que no le asiste ninguna legitimaci\u00f3n, precisamente por su condici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Finaliza exponiendo que el hecho de no haber aplicado correctamente aquella norma, como lo viene haciendo esta Sala, condujo al sentenciador a imponer \u201ccondena en contra de la demandante, beneficiando a la demandada incumplida\u201d, motivo por el que solicita se case la sentencia y \u201cse revoque la del Juez a quo y en su lugar se abstenga de condenar\u201d a la actora \u201cen la forma como se ha comentado\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. A vuelta de aseverar que se impon\u00eda declarar la resoluci\u00f3n del verdadero negocio jur\u00eddico ajustado entre las partes, que lo fue de compraventa, al encontrar que la opositora lo incumpli\u00f3 en cuanto no pag\u00f3 la suma de dinero incorporada en el cheque que gir\u00f3 para cancelar parte del precio pactado y que la actora s\u00ed atendi\u00f3 las obligaciones que all\u00ed contrajo, en relaci\u00f3n con las consecuentes restituciones mutuas a favor de la demandada el tribunal determin\u00f3 que la demandante deb\u00eda devolverle, entre otros, los $50\u00b4000.000 que de ella recibi\u00f3 -$30\u00b4000.000 el 23 de abril de 1997 y $20\u00b4000.000 el 5 de mayo de ese a\u00f1o-, indexados con base en el \u00edndice de precios al consumidor certificado por el DANE, junto con intereses al 6% anual. <\/p>\n
2. La acusaci\u00f3n, por su lado, se encamina a cuestionar \u00fanicamente la decisi\u00f3n consistente en que la restituci\u00f3n de aquella suma deba hacerse debidamente actualizada, pues, dice, esta determinaci\u00f3n es inequitativa por cuanto fue la compradora, aqu\u00ed demandada, quien, al no satisfacer las obligaciones impuestas, dio lugar a que el contrato se aniquilara, por lo que es a la actora a la que le corresponde, de manera exclusiva, obtener el resarcimiento de los perjuicios que tal incumplimiento provoc\u00f3; dicho con otras palabras, el disentimiento de la impugnadora se centra en la correcci\u00f3n monetaria y los intereses que el ad-quem le orden\u00f3 pagar en relaci\u00f3n con aquella suma de dinero. <\/p>\n
3. Como se sabe, alrededor de los acuerdos de voluntades el legislador tiene establecidos diferentes recursos judiciales, surgiendo de entre ellos la llamada acci\u00f3n resolutoria, la cual, a t\u00e9rminos del art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, es la que tiene el contratante que cumpli\u00f3 o se allan\u00f3 a satisfacer las obligaciones para demandar el rompimiento del v\u00ednculo cuando el otro, dentro del plazo previsto, no acat\u00f3 las que ten\u00eda a si cargo; mecanismo legal este que trae como inexorable consecuencia la circunstancia de que, de acaecer esa ruptura contractual, las cosas necesariamente deben volver a como se encontraban con anterioridad al negocio, esto es, que \u201cpor quererlo as\u00ed el legislador, las partes interesadas deben quedar colocadas en la misma situaci\u00f3n en que se encontraban antes de contratar, vale decir, como si el contrato jam\u00e1s se hubiera realizado\u201d(G. J., t. CCXIX, pag.249). <\/p>\n
De all\u00ed precisamente que el juez, en presencia de una demanda de la comentada especie, en la que tenga que reconocerle m\u00e9rito a la correspondiente pretensi\u00f3n, porque evidenci\u00f3 que el actor acat\u00f3 o se allan\u00f3 a cumplir las obligaciones que adquiri\u00f3 en tanto que el demandado se sustrajo de hacerlo en la forma y t\u00e9rminos pactados, deba disponer lo atinente a las restituciones mutuas, en tanto son, ciertamente, una consecuencia inevitable del aniquilamiento acaecido por incumplimiento de una de las partes, pues, como enantes se dijo, una resoluci\u00f3n tal impone que \u201clas cosas vuelvan al estado que ten\u00edan antes de celebrarse el contrato, restituy\u00e9ndose lo que se hubiera recibido bajo la condici\u00f3n resolutoria\u201d, de suerte que si el negocio es de venta, \u201cha de restitu\u00edrse al comprador la parte que hubiera pagado del precio\u201d(G. J., t. LVII, pag.491), de acuerdo con el art\u00edculo 1932 del C\u00f3digo Civil, desde luego que es a trav\u00e9s de las comentadas prestaciones como queda restablecida la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y jur\u00eddica que exist\u00eda en cada contratante con anterioridad al nacimiento de la relaci\u00f3n negocial extinguida. <\/p>\n
La circunstancia de que el estado de cosas tengan que retrotraerse a como se hallaban instantes antes de aquel en que se produjo la conjunci\u00f3n de voluntades resuelta, se apoya en la necesidad de evitar que se produzcan injustos incrementos patrimoniales, impidiendo de tal manera que, en el evento de que hubiera mediado actividad parcial de cumplimiento por una o ambas partes, el contratante beneficiado con ella pueda retener la prestaci\u00f3n as\u00ed recibida e imponiendo que las prestaciones ya realizadas deban ser restituidas del modo y con el alcance que se muestren apropiados para impedir los enriquecimientos a que se ha hecho menci\u00f3n, pues es as\u00ed como se reponen las cosas al statu quo ante, por cuya virtud \u00abse producen en general los efectos que corresponden propiamente al cumplimiento de toda condici\u00f3n resolutoria, restituy\u00e9ndose las partes mutuamente todo lo que han recibido o percibido por motivo del contrato, en las condiciones y con el alcance especialmente determinados en el art\u00edculo 1932 del C. C.\u00bb (G. J. t. LI, pag.570). <\/p>\n
5. Sin embargo, es de verse que para el caso espec\u00edfico de las restituciones mutuas que sobrevienen como consecuencia de la resoluci\u00f3n negocial, cuando tal declaraci\u00f3n tuvo como causa el incumplimiento de una de las partes, dicho reconocimiento no opera ni puede aplicarse indistintamente a favor de las partes, puesto que en tal supuesto ha de tenerse en la mira el sujeto contractual que dio lugar al incumplimiento que propici\u00f3 la ruptura del acto, pues \u00e9l, por la misma circunstancia de haber incurrido en esa desatenci\u00f3n, no tendr\u00e1 derecho a que las condenas que a su favor se hagan en el campo de las mentadas prestaciones restitutorias se impongan con la adici\u00f3n de la aludida actualizaci\u00f3n monetaria, puesto que, de hacerse, implicar\u00eda arremeter contra aquellos postulados de justicia y equidad en la medida en que en tal hip\u00f3tesis resultar\u00eda favorecido no obstante haber sido el causante de la resoluci\u00f3n judicial as\u00ed declarada. <\/p>\n
Bajo el entendimiento expuesto, es palmario, entonces, que si fue el comprador quien dio lugar al rompimiento del convenio, por esa misma circunstancia debe recibir la restituci\u00f3n de la parte que del precio hubiere pagado, si as\u00ed ocurri\u00f3, \u00fanicamente \u201cen su valor hist\u00f3rico o nominal, esto es, sin reajuste, debido a que, al serle imputable el incumplimiento contractual que propici\u00f3 la resoluci\u00f3n del contrato, no puede beneficiarse de \u00e9l, porque de ser as\u00ed, adem\u00e1s de prohijarse el incumplimiento contractual, se atentar\u00eda contra los principios de justicia y equidad, raz\u00f3n por la cual, la doctrina de la Corporaci\u00f3n ha sido constante en se\u00f1alar, que el contratante incumplido debe soportar \u00b4… los efectos da\u00f1osos de la inflaci\u00f3n…\u00b4 y que en la misma eventualidad, tampoco hay lugar a reconocer \u00b4…deudas por intereses de origen legal…\u00b4\u2026\u201d (sentencia n\u00famero 095 de 6 de julio de 2000, exp.#5020, no publicada a\u00fan oficialmente); criterio este que ya hab\u00eda sentado, entre otros, en fallos n\u00fameros 081 de 15 de junio de 1993 (expediente 3653, a\u00fan no publicado) y 036 de 21 de marzo de 1995(G.J., t. CCXXXIV, pag.452) y que reiter\u00f3, recientemente, en las sentencias n\u00fameros 003 de 15 de enero, 021 de 12 de marzo y 051 de 4 de junio de 2004(expedientes n\u00fameros 6913, 6759 y 7748, respectivamente). <\/p>\n
Es que, como lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en el citado fallo de 21 de marzo de 1995, la restituci\u00f3n del vendedor al comprador, apenas nominal de la parte del precio que hubiere pagado, cuando fue \u00e9ste quien propici\u00f3 la resoluci\u00f3n judicial, \u201cno solo guarda armon\u00eda con el principio de los riesgos de la cosa debida sino que tambi\u00e9n refleja un tratamiento equitativo en el contrato de compraventa resuelto. Porque as\u00ed como el vendedor cumplido se encuentra obligado a la restituci\u00f3n nominal del precio, debido a que no lo afecta el fen\u00f3meno de la devaluaci\u00f3n monetaria, de la misma manera solamente tiene el derecho a recibir la cosa en el estado en el que se encuentre, porque a \u00e9l corresponde soportar, como propietario o acreedor, los deterioros o disminuciones que sufra la cosa en poder del comprador y que debe restituirse a menos que ello se atribuya al hecho o culpa de \u00e9ste\u2026 Por el contrario, este equilibrio no se lograr\u00eda en aquella interpretaci\u00f3n que concluyera en el deber del vendedor de restitu\u00edr un precio con correcci\u00f3n monetaria, con un simple derecho a recuperar una cosa deteriorada, porque en este evento se le estar\u00eda asignando injustamente tanto la carga de los efectos de la devaluaci\u00f3n (correcci\u00f3n monetaria) como la de los riesgos de la cosa a restitu\u00edr (en sus deterioros), lo que favorecer\u00eda exclusivamente al contratante comprador. \u2026 esa limitaci\u00f3n encuentra, en \u00faltimas, su justificaci\u00f3n en el propio incumplimiento del comprador en el pago total del precio, causante de la destrucci\u00f3n (por resoluci\u00f3n) de la venta y de la necesidad de la restituci\u00f3n mucho mas tarde de la parte del precio pagado\u201d(G. J., t. CCXXXIV, pag.454). <\/p>\n
6. Es de verse, en consecuencia, que si el tribunal orden\u00f3, como ciertamente as\u00ed lo hizo, que la demandante restituyera aquellos $50`000.000, actualizados y con intereses a la tasa del 6% anual, y si ese es, precisamente, el punto al que se contrae la cr\u00edtica, fluye manifiesto el quebranto de la ley por parte del sentenciador, pues, como se acaba de exponer, al haber sido la demandada quien dio lugar, con su incumplimiento, a que se declarara deshecho el particularizado acto bilateral, naturalmente que ella no puede salir favorecida con aquella condena, esto es, la de la correcci\u00f3n y los intereses, porque, como se ya se dijo, una determinaci\u00f3n as\u00ed rompe el equilibrio que aun en el caso de las restituciones mutuas debe existir entre esos mismos sujetos. En este orden de ideas, la restituci\u00f3n debi\u00f3 ordenarse tan s\u00f3lo del valor nominal de aquella parte del precio que la actora recibi\u00f3 de la opositora. <\/p>\n
7. Por tanto, prospera el cargo. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1614, 1615, 1616, 1617 y 1630 del C\u00f3digo Civil, 884, 885 y 1163 del C\u00f3digo de Comercio, 71, 72, 73, 74, 233, 237, 238, 240, 241, 242 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
1. No sin antes precisar que tales preceptos \u201chacen referencia a la indemnizaci\u00f3n de perjuicios que deber\u00e1 cancelar la parte incumplida por el hecho mismo de su negativa al pago del precio y ante la resoluci\u00f3n judicial del contrato de compraventa\u201d, la recurrente puntualiza que el cargo lo divide en dos partes: una por yerros de derecho y otra por errores f\u00e1cticos. <\/p>\n
2. En lo tocante con el error de derecho, le cuestiona la acusadora al tribunal haber apreciado los dict\u00e1menes periciales rendidos dentro del proceso, que fueron objetados por error grave, siendo que ellos contienen vicios que desdicen de su existencia, pues no son \u201cclaros, precisos y detallados\u201d, como as\u00ed en principio lo acept\u00f3 ese fallador en auto de 25 de noviembre de 1999, al decretar la pr\u00e1ctica de una tercera pericia. <\/p>\n
Empieza la casacionista el desarrollo de esta parte de la acusaci\u00f3n refiri\u00e9ndose al \u201cprimer dictamen\u201d, del que afirma su inexistencia porque considera que no cumple con los requisitos previstos en el art\u00edculo 237 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como quiera que fue \u201cgeneralizado, sin puntualizar detalles ni factores estimativos\u201d, a m\u00e1s que no \u201cvalor\u00f3 la finca al momento de la negociaci\u00f3n resuelta\u201d ni cuantific\u00f3 los frutos que ella hubiera podido producir \u201ccon mediana inteligencia y cuidado\u201d, como tampoco \u201cse valoraron los da\u00f1os y perjuicios\u201d ocasionados a ra\u00edz del incumplimiento de la demandada; lo cual conduce a concluir que al no darse estos elementos \u201cse est\u00e1 en presencia de una prueba inexistente, por el no cumplimiento de los requisitos exigidos\u201d por la memorada norma. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el segundo trabajo pericial se\u00f1ala la impugnadora que fue \u201cm\u00e1s desastroso\u201d, puesto que all\u00ed los peritos manifestaron que no pod\u00edan determinar el valor del predio \u201cEl Brasil\u201d para \u00e9pocas pasadas, ni los frutos producidos por el mismo, como tampoco el monto de los perjuicios reclamados por la actora, por carecer de elementos de juicio para ello, y porque en la complementaci\u00f3n que hicieron a ese dictamen, \u201ccomo por arte de magia\u201d encontraron las bases para avaluar la finca y la casa urbana, pero no para determinar el monto de los frutos ni de los perjuicios. En cuanto al valor comercial fijado a los inmuebles vinculados al contrato resuelto, acota la recurrente que la \u201cinseguridad\u201d s\u00f3lo incidi\u00f3 en el precio del inmueble rural mas no en el de la casa ubicada en Villavicencio, y que pese a que tal fen\u00f3meno social con el transcurso del tiempo se ha incrementado, lo que permitir\u00eda suponer que dicho bien ha ido perdiendo valor, estos peritos \u201cconceptuaron lo contrario, que era mayor el precio ahora que antes\u201d. Pone en tela de juicio que el mencionado predio sea inseguro, debido a que se encuentra ubicado \u201cen las goteras de Villavicencio, lo que lo hace seguro\u201d. <\/p>\n
Sobre la tercera experticia, ordenada y practicada en la segunda instancia, destaca la acusadora que \u201cpr\u00e1cticamente no fue tenida en cuenta por el Tribunal pese a que fue su ordenador, por considerar que all\u00ed no hab\u00eda fundamentaci\u00f3n, pero s\u00ed se debe dejar constancia de las pruebas aportadas por los mismos y que los llevaron a fundamentar el valor de los frutos de la finca. Pruebas que fueron dadas, seguramente por la demandada, aunque no lo dicen, as\u00ed se debe presumir, de tal suerte que las mismas no hacen otra cosa que asegurar la posici\u00f3n de la demandada en cuanto a no ser condenada al valor de unos frutos que se hubieran podido dar frente a una administraci\u00f3n con mediana inteligencia y cuidado\u201d. <\/p>\n
Apunt\u00f3 la casacionista, adicionalmente, que los peritos no tuvieron en cuenta que el predio rural fue abandonado por la demandada, circunstancia que necesariamente ten\u00eda que influir \u201cen su valor y en su renta\u201d, ni el capital representado por el mismo, que hubiese servido para determinar los frutos aplicando la t\u00e9cnica \u201cde asimilar la rentabilidad a la suma de los frutos civiles y naturales de manera que dicha renta corresponda a un porcentaje equivalente al 1% del valor comercial de bien inmueble\u201d. Finalmente cuestiona la estimaci\u00f3n de estrato cinco que el juzgador le dio a la casa de Villavicencio, por cuanto es principio probatorio \u201cla prohibici\u00f3n de utilizar el conocimiento privado\u201d, actitud que califica de beneficiosa para la demandada, m\u00e1s cuando, \u201cle dio un valor a la finca que correspond\u00eda al m\u00e1s bajo de todos los se\u00f1alados\u201d, pese a que los dict\u00e1menes no cumpl\u00edan con las exigencias del citado art\u00edculo 237 y que, por ende, no pod\u00edan ser tenidos en cuenta. <\/p>\n
3. En lo concerniente con los errores de hecho, le cuestiona la acusadora al tribunal no haber apreciado las siguientes pruebas: <\/p>\n
El dictamen rendido en el proceso seguido por Carmen Herrera de Torres contra Teresita de Jes\u00fas Alfonso Estupi\u00f1an y su hija Claudia Milena Castro en el Juzgado Treinta y Tres Civil del Circuito de Bogot\u00e1, y en el que la susodicha finca se avalu\u00f3 en $596\u00b4284.000, prueba que de haber sido apreciada, hubiese conducido a la fijaci\u00f3n de una suma mayor de la reconocida por el tribunal y a una estimaci\u00f3n diferente de los frutos y perjuicios con que deb\u00eda ser beneficiada la actora. Se pregunta entonces la casacionista \u201cpor qu\u00e9 el juzgado, siendo tan acucioso\u2026de oficio no\u2026orden\u00f3 al juzgado 33 del Circuito de Santa fe de Bogot\u00e1\u2026que acercara esta prueba al proceso\u2026\u201d, para seguidamente puntualizar que no \u201cdebe darse la respuesta de que la carga ha de ser de las partes, ya que el juez \u2026 ha de ordenar las pruebas de oficio para mejor decidir, pues no hay que olvidar, que en materia de perjuicios, indemnizaciones y frutos es motivo de casaci\u00f3n cuando el funcionario no decreta pruebas de oficio para establecer en forma concreta los mismos\u201d. <\/p>\n
El documento \u201cfirmado por los vecinos del lugar de la finca y de la casa urbana, en donde se establece el precio de los mismos\u201d, que controvierte la afirmaci\u00f3n de los peritos cuando sostienen que para dar el aval\u00fao tuvieron en cuenta los predios colindantes, pues de tales escritos fluye una suma diferente a la suministrada por los auxiliares, que se acerca al valor dado en la experticia rendida ante el aludido juzgado, aportado con el alegato de conclusi\u00f3n y recordado en respaldo de la objeci\u00f3n formulada contra el dictamen rendido en segunda instancia. <\/p>\n
La promesa de compraventa, en lo relativo a la cl\u00e1usula penal convenida en $80\u00b4000.000, \u00abpara efectos de fijar los da\u00f1os y perjuicios\u201d, ya que simplemente adujo que ella \u201cdej\u00f3 de tener vigencia al momento mismo de hacerse la escritura\u201d. A este respecto la censora se pregunta si \u201clas dem\u00e1s obligaciones como el no pago del precio por el comprador no estaban aseguradas igualmente con dicha cl\u00e1usula\u2026\u201d. <\/p>\n
El cheque girado por la suma de $221\u00b4875.000 que debi\u00f3 tenerse en cuenta para \u201cefectos del pago de intereses de tipo comercial, pues de conformidad con el art. 884 del C. de Co. ha de rendir los frutos correspondientes esa cantidad de tipo comercial\u201d. <\/p>\n
La \u201cmala fe y temeridad desarrollada\u201d por la accionada, que deduce del hecho de haber ella traspasado los bienes \u201ca sus hijos con el objeto de perjudicar a la demandante, entre otros el bien rural y as\u00ed ganarse la finca sin el pago de la misma; el haberse propuesto excepciones de fondo sin los fundamentos legales y el de argumentar hechos contrarios a la realidad, hasta el punto de valerse de testigos falsos para contradecir la realidad del monto del valor de la negociaci\u00f3n, que si no es por el se\u00f1or Notario no se hubiera podido establecer ese hecho a pesar del t\u00edtulo valor en poder de la demandante. Todo esto hace que el fallador deba mirar con cierto celo la conducta dolosa y temeraria de la demandada, para condenarla junto con los da\u00f1os y perjuicios\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Ha de verse que como el yerro de derecho puede tener lugar en aquellos eventos en que se quebrantan las pautas de disciplina probatoria que regulan su admisi\u00f3n, pr\u00e1ctica, eficacia o apreciaci\u00f3n, es decir, aquel que \u201cconcierne al m\u00e9rito legal que el juzgador le atribuye o le niega, en contravenci\u00f3n a los preceptos de la ley sobre pruebas\u201d(G. J., t. LXXVIII, pag.313), un embate por esa senda obliga al impugnador a que su cr\u00edtica se circunscriba a cualquiera de tales aspectos, en orden a lo cual tendr\u00e1 que dejar de lado, como es natural, toda disconformidad en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n objetiva que a cada medio le hubiere dado el fallador, pues este aspecto es t\u00edpico de esa causal pero por el yerro f\u00e1ctico, como as\u00ed se desprende del art\u00edculo 368, numeral 1\u00ba, inciso 2\u00ba, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
Para la suerte, pues, de un cargo montado por la v\u00eda indirecta que regula el numeral primero del art\u00edculo 368 del estatuto procesal citado, la distinci\u00f3n que se comenta es de suma importancia, pues si en la acusaci\u00f3n as\u00ed esgrimida se discute si el dictamen fue id\u00f3neamente fundamentado por los peritos, la acusaci\u00f3n tendr\u00eda que formularse a la luz del error de hecho, y no del de derecho, por cuanto la ponderaci\u00f3n afirmativa que en tal caso hubiere efectuado el fallador corresponder\u00eda a la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba. <\/p>\n
2. En el presente asunto el reparo que la casacionista le formula al tribunal no radica en que hubiera transgredido las pautas de disciplina probatoria que regulan lo atinente a la admisi\u00f3n, pr\u00e1ctica, eficacia o ausencia de total fundamentaci\u00f3n de los dict\u00e1menes periciales sino que gira en torno a la valoraci\u00f3n objetiva que de ellos efectu\u00f3, pues por ning\u00fan lado aparece cr\u00edtica alguna alrededor de cualquiera de los se\u00f1alados aspectos. Es claro que cuando la acusadora se\u00f1ala que el primer dictamen fue generalizado sin puntualizar detalles ni factores estimativos, que no se valor\u00f3 la finca para la fecha de la compraventa como tampoco los perjuicios ocasionados a ra\u00edz del incumplimiento, que en la complementaci\u00f3n al segundo trabajo los peritos \u201ccomo por arte de magia\u201d encontraron las bases para avaluar aquel predio y la casa urbana pero no para determinar el monto de los frutos y los perjuicios, y que la tercera experticia pr\u00e1cticamente no fue tenida en cuenta por el tribunal pese a que fue su ordenador, no hace m\u00e1s que objetar la ponderaci\u00f3n que sobre su contenido efectu\u00f3, al estimar esos aspectos contrarios a la realidad. Es ostensible, entonces, la deficiencia t\u00e9cnica que incorpora la acusaci\u00f3n en lo tocante con los yerros de derecho, situaci\u00f3n que da al traste con esta parte del cargo. <\/p>\n
3. Ahora, al hacer la Corte de lado las deficiencias t\u00e9cnicas se\u00f1aladas, para as\u00ed analizar este apartado de la acusaci\u00f3n en el fondo, no llegar\u00eda a conclusi\u00f3n diferente de la de su fracaso, pues lo cierto es que el tribunal no incurri\u00f3 en los yerros que se le atribuyen, como se ver\u00e1 enseguida. <\/p>\n
Frente al dictamen rendido por los peritos Mora Hern\u00e1ndez y Novoa Mart\u00ednez(fls.243 a 265, cd.1), el ad-quem puntualiz\u00f3 que no pod\u00eda aceptarlo, por un lado, por cuanto el valor de $250\u00b4000.000 lo dieron tomando como \u00e9poca de referencia el mes de septiembre de 1998, cuando debi\u00f3 ser el 27 de mayo de 1997, fecha del contrato que declar\u00f3 simulado, y, por otro, porque no incorpor\u00f3 cuantificaci\u00f3n en lo referente a los frutos producidos por la mencionada finca; precisamente fue al amparo de la primera de tales consideraciones que declar\u00f3 la prosperidad de la objeci\u00f3n que por error grave se formul\u00f3 en relaci\u00f3n con ese aspecto. <\/p>\n
En lo tocante con el segundo(fls.279 a 329), asever\u00f3 el fallador que pese a que en principio los auxiliares Marciales Deill\u00edas y Moncaleano Iregui incurrieron en el mismo error del anterior al avaluar la finca en $361\u00b4156.500 para la fecha de presentaci\u00f3n de ese dictamen, lo cierto era que la complementaci\u00f3n a ese trabajo(fls.354 y 356, cd.1) s\u00ed le merec\u00eda acogida, ya que cuando en ella valoraron la finca en $215\u00b4000.000 para el 27 de abril de 1997, esos colaboradores judiciales corrigieron el error inicialmente cometido, acto que hall\u00f3 debidamente fundamentado, al advertir que para esa estimaci\u00f3n sus autores tuvieron en cuenta \u00abla situaci\u00f3n de inseguridad generada con la guerrilla, as\u00ed como el secuestro y boleteo que afecta a los valores de la tierra, hecho que por lo dem\u00e1s concuerda con la certificaci\u00f3n que expidi\u00f3 el Comandante de la Sexta Brigada con sede en Villavicencio, quien expresa que en el \u00e1rea general de v\u00eda a Catama, Ca\u00f1os Negros (sitio en que est\u00e1 ubicada la finca, anota la Sala) y Puerto Porf\u00eda, delinquen las cuadrillas 31. 29 y 53 de las FARC\u201d, el estado en que se encontraba cuando se ajust\u00f3 el contrato, seg\u00fan informes que ellos recibieron, la circunstancia consistente en que de las 75 hect\u00e1reas que ten\u00eda, 40 estaban en tierra y vega y 35 en zona de riesgo por cuanto fueron playa del R\u00edo Guatiqu\u00eda y en cualquier momento pod\u00edan volver a ser cauce de esa afluente, todo ello unido a los dem\u00e1s datos que puntualizaron en su trabajo, en el que hicieron menci\u00f3n a la topograf\u00eda del terreno, a las \u00e1reas de \u201cchucuas\u201d, pastos y construidas, al grado de mecanizaci\u00f3n e irrigaci\u00f3n, la separaci\u00f3n en dos partes -la delantera para el ganado y la trasera para cultivar arroz-, as\u00ed como a la distancia que la separa de Villavicencio, entre otros factores, y porque igualmente se basaron en \u201dlas Ruedas de Aval\u00fao de la Propiedad Ra\u00edz y de la Sociedad Colombiana de Avaluadores – Seccional de la Orinoquia, adem\u00e1s de la investigaci\u00f3n de campo que hicieron con propietarios de inmuebles en la v\u00eda a Ca\u00f1os Negros, usando los m\u00e9todos comparativos y valores de reposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y sobre el valor de los frutos acot\u00f3 que los nombrados peritos \u201cno conceptuaron nada,\u2026, ya que s\u00f3lo se limitaron a decir, que \u2018la finca EL BRASIL seg\u00fan la afirmaci\u00f3n recibida de la nueva propietaria, parece que la dio en arriendo por una cosecha en contraprestaci\u00f3n de que fuera adecuada para sembrar arroz\u2019\u201d. <\/p>\n
En lo relativo a la experticia presentada por Acosta Mart\u00ednez y Ardila Botero(fls.27 a 38, cd.2) el juez de segundo grado asever\u00f3 que no pod\u00eda tenerla en cuenta en lo atinente al aval\u00fao de la susodicha finca, debido a \u201csu falta de fundamentaci\u00f3n\u201d, vac\u00edo que lo condujo a acoger la objeci\u00f3n por error grave formulada por la demandante, al tiempo que precis\u00f3 que s\u00ed la adoptaba en relaci\u00f3n con el importe que hicieron de los frutos producidos por dicha cosa entre mayo de 1997 y diciembre de 1999, fijado en $12\u00b4236.000, por cuanto en este aspecto los peritos se\u00f1alaron \u201clas razones por las cuales llegaron a los guarismos que dieron\u201d y anexaron \u201ccopia de los contratos de arrendamiento de pastaje\u201d que sobre el nombrado predio hab\u00eda celebrado Claudia Milena Castro, su propietaria actual, con varias personas. <\/p>\n
Es palmario entonces que para efectos de la tasaci\u00f3n del valor que la finca \u201cEl Brasil\u201d tuvo para el 27 de mayo de 1997, fecha del contrato resuelto, el sentenciador no se apoy\u00f3 en el aval\u00fao que efectuaron los peritos Mora\u2013Novoa y Acosta\u2013Ardila, al darse cuenta que no cumpl\u00edan las exigencias de claridad, precisi\u00f3n y fundamentaci\u00f3n impuestas en el art\u00edculo 237 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y en cambio s\u00ed en la aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n que los auxiliares Marciales Deill\u00edas y Moncaleano Iregui(fls.354 y 356, cd.1)) hicieron a su trabajo inicialmente presentado, al estimar que reun\u00eda los indicados requisitos; del mismo modo, que en punto del monto de los frutos producidos por dicho inmueble se bas\u00f3 en este dictamen, as\u00ed como en el tercero (el de los peritos Acosta Mart\u00ednez – Ardila Botero), como quiera que estas experticias, en el se\u00f1alado aspecto, se ajustaban a las comentadas exigencias y, en consecuencia, eran atendibles. <\/p>\n
Ello equivale a decir que el juzgador, en la medida en que soport\u00f3 su decisi\u00f3n relativa al valor del predio rural y de los frutos producidos por el mismo, respecto de aquellas pruebas que a su juicio cumpl\u00edan las condiciones de claridad, precisi\u00f3n y fundamentaci\u00f3n, y desestim\u00f3, en ese mismo campo, los otros dict\u00e1menes, ning\u00fan yerro de cometi\u00f3. <\/p>\n
En lo que tiene que ver con la cr\u00edtica que la acusadora hace frente a la determinaci\u00f3n adoptada alrededor de los perjuicios derivados del incumplimiento en que incurri\u00f3 la opositora, es de notarse c\u00f3mo el tribunal consider\u00f3 que no pod\u00eda imponer condena en ese sentido por cuanto la actora no satisfizo el deber de enunciarlos en la demanda no s\u00f3lo para as\u00ed saber en qu\u00e9 consist\u00edan sino para que la demandada pudiera defenderse y controvertirlos, pues se limit\u00f3 a pedirlos pero sin precisar \u201ccu\u00e1les fueron\u201d, omisi\u00f3n que condujo a que los peritos no pudieran determinar ning\u00fan valor en cuanto a ellos, hall\u00e1ndose a la vez imposibilitado, por razones de esa misma deficiencia, para decretar pruebas de oficio. <\/p>\n
Es claro, por consiguiente, que si la raz\u00f3n que tuvo el ad-quem para negar la imposici\u00f3n de condena por concepto de los da\u00f1os derivados de dicho incumplimiento negocial radic\u00f3 en el hecho de que ellos no fueron determinados en el acto introductorio, y no en ninguna de las pruebas periciales legalmente allegadas al proceso, anda equivocada la acusadora al achacarle la comisi\u00f3n de error de derecho al respecto. Evidentemente, como esa decisi\u00f3n la adopt\u00f3 el fallador al advertir que sobre la naturaleza de los perjuicios el libelo guardaba absoluto silencio, de donde resultaba imposible identificarlos y establecer su cuant\u00eda, al punto que por ello mismo los peritos no pudieron valorarlos, un ataque a ese fundamento debi\u00f3 edificarlo la impugnadora atribuy\u00e9ndole equivocaci\u00f3n en la interpretaci\u00f3n de la demanda, lo que no hizo. <\/p>\n
4. En todo caso, si \u201cla presencia de un criterio de ponderaci\u00f3n probatoria en el recurrente, diferente del expuesto por el fallador, no se edifica en causa suficiente para pregonar el dislate f\u00e1ctico \u00b4mientras \u00e9ste no degenere ostensiblemente en arbitrariedad\u00b4 \u2026, toda vez que no es la disparidad de opiniones alrededor de la interpretaci\u00f3n de la prueba, sino la franca desconexi\u00f3n con lo que ella muestra, lo que comporta el vicio se\u00f1alado\u201d(sentencia n\u00famero 115 de 23 de septiembre de 2004, exp.#0329, no publicada a\u00fan oficialmente), razonamiento que, por supuesto, tambi\u00e9n se predica en torno a la manera como el tribunal examine la prueba pericial, pues, como lo ha pregonado la Corporaci\u00f3n, \u201ccompete al juzgador apreciar con libertad esta condici\u00f3n, dentro de la autonom\u00eda que le es propia\u201d(G. J., t. CCXVI, pag.440), es palmario que desde esta perspectiva tampoco surge error evidente alguno en la apreciaci\u00f3n que del material probatorio hizo el ad-quem. <\/p>\n
5. Al mantenerse en pie la valoraci\u00f3n que de la prueba pericial y del acto introductorio del proceso realiz\u00f3 el fallador, ha de seguirse que las otras falencias, vale decir, las que le endilga la recurrente bajo la precisa denominaci\u00f3n de \u201cerrores de hecho\u201d, de existir, no tendr\u00edan la menor virtualidad para arrebatarle al fallo atacado la presunci\u00f3n de acierto que lo sigue respaldando, por lo que tales reproches devienen intrascendentes habida consideraci\u00f3n que las determinaciones adoptadas en la providencia criticada se siguen manteniendo en los soportes no derribados, haciendo as\u00ed imposible su aniquilamiento. <\/p>\n
A este respecto es de verse que cuando se invoca la causal primera de casaci\u00f3n y la censura orienta la acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta, imput\u00e1ndole al juzgador la comisi\u00f3n de errores en la apreciaci\u00f3n de las pruebas o de la demanda, ya de hecho ora de derecho, es menester que el impugnador combata la totalidad de los pilares en que se apoya el fallo impugnado y, adicionalmente, que de as\u00ed hacerlo, obtenga \u00e9xito en su prop\u00f3sito, pues mientras uno de los basamentos de la decisi\u00f3n permanezca vigente, la sentencia pasa indemne en casaci\u00f3n. <\/p>\n
6. En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
IV. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
A este prop\u00f3sito ha de tenerse presente que la prosperidad del cargo primero qued\u00f3 circunscrita, con exclusividad, a la improcedencia de reconocer a favor de la demandada el pago de los intereses y de la correcci\u00f3n monetaria sobre los cincuenta millones de pesos que en el \u00e1mbito de las prestaciones mutuas debe restituirle la demandante, pues aqu\u00e9lla, al haber incurrido en incumplimiento en el pago del saldo relativo al precio, que fue el hecho a cuyo amparo el tribunal dispuso la resoluci\u00f3n del correspondiente negocio jur\u00eddico, carece de derecho para reclamar la devoluci\u00f3n, debidamente actualizada y con r\u00e9ditos, de la se\u00f1alada cantidad l\u00edquida de dinero. <\/p>\n
Como consecuencia de lo expuesto es que la sentencia de reemplazo no tendr\u00e1 m\u00e1s alcance que modificar, justamente, la condena por el se\u00f1alado concepto, limitando entonces la aludida restituci\u00f3n dineraria \u00fanicamente a su valor hist\u00f3rico o nominal, raz\u00f3n por la cual las restantes determinaciones del juez de segundo grado se reproducir\u00e1n en todo lo dem\u00e1s, como que ellas resultan intangibles para la Corte en cuanto pasaron inc\u00f3lumes en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
V. DECISI\u00d3N: <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 14 de abril de 2000 pronunciada en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, y en su lugar, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Modificar el p\u00e1rrafo segundo del numeral tercero (3\u00b0) de la parte dispositiva de la sentencia dictada en este proceso por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 14 de abril de 2000, en cuanto hace a la orden all\u00ed impartida al demandante de devolverle a la demandada los dineros recibidos como parte del precio, en el sentido de que dicha condena se reduce a la restituci\u00f3n de los cincuenta millones de pesos, \u00fanicamente en su valor nominal, es decir, sin intereses ni actualizaci\u00f3n de ninguna \u00edndole, reajustes estos que se suprimen del preindicado numeral. <\/p>\n
Por tanto, en lo dem\u00e1s queda vigente la sentencia dictada en el presente proceso, cuyas resoluciones, en lo pertinente, se transcriben a continuaci\u00f3n para mayor precisi\u00f3n: <\/p>\n
\u201cREVOCASE el fallo apelado, el cual quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u201c2\u00ba.- Decl\u00e1rase que el contrato de PERMUTA celebrado entre la demandante CARMEN HERRERA DE TORRES y la demandada TERESITA DE JESUS ALFONSO ESTUPI\u00d1AN, que consta en la escritura #1.538 del 27 de Mayo de 1.997, reformada por la #1.673 del 6 de Junio de dicho a\u00f1o, ambas de la Notar\u00eda Tercera de Villavicencio, es RELATIVA MENTE SIMULADO, por cuanto lo que celebraron fue un CONTRATO DE COMPRAVENTA. Comun\u00edquese lo anterior a la mencionada Notar\u00eda, para que se tome nota de lo aqu\u00ed resuelto en las citadas escrituras e igualmente al Registrador de II. PP. de esta ciudad. <\/p>\n
\u201c3\u00ba Decl\u00e1rase que ese CONTRATO DE COMPRAVENTA, est\u00e1 resuelto por el incumplimiento de la compradora demandada TERESITA DE JESUS ALFONSO ESTUPI\u00d1AN, por el no pago de parte del precio. Como consecuencia de lo anterior, la demandada TERESITA DE JESUS ALFONSO ESTUPI\u00d1AN, debe restituir a la demandante CARMEN HERRERA DE TORRES, la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS, como valor equivalente de la finca EL BRASIL (ya que \u00e9sta fue vendida por la demandada a un tercero), suma \u00e9sta que deber\u00e1 ser restituida con el valor que tenga dicha suma al momento de la restituci\u00f3n, tomando como base el \u00edndice de precios al consumidor (\u00edndice en el alza del costo de vida) que expida el DANE, m\u00e1s los intereses legales del 6% anual. Igualmente la demandada TERESITA DE JESUS ALFONSO ESTUPI\u00d1AN deber\u00e1 restituir a la demandante CARMEN HERRERA DE TORRES, la suma de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS, por frutos de la finca EL BRASIL, de Mayo de 1.997 a Abril del 2.000, y de ah\u00ed en adelante y por tal concepto la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS mensuales, hasta que se haga la restituci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cA su turno, la demandante CARMEN HERRERA DE TORRES, deber\u00e1 restituir a la demandada TERESITA DE JESUS ALFONSO ESTUPI\u00d1AN, la casa ubicada en la urbanizaci\u00f3n o Conjunto Residencial El Trapiche (casa #2 manzana C), m\u00e1s el valor de los frutos que haya podido producir el inmueble, que desde Abril de 1.997 hasta la fecha de esta sentencia (Abril de 1.999), ascienden a VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS y de ah\u00ed en adelante unos frutos mensuales de SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS hasta que se produzca la restituci\u00f3n del inmueble.\u201d La demandante debe \u201cdevolver a la demandada TERESITA DE JESUS ALFONSO ESTUPI\u00d1AN el cheque no pagado por $221\u2019875.000.oo, que obra en el expediente. <\/p>\n
\u201c4\u00ba.- Las partes podr\u00e1n compensar las anteriores condenas y restituciones. <\/p>\n
\u201c5\u00ba.- Decl\u00e1rase parcialmente probada la objeci\u00f3n al dictamen que rindieron los peritos ALEJANDRO MORA y HERNANDO NOVOA, pero s\u00f3lo en cuanto el aval\u00fao de la finca EL BRASIL.. <\/p>\n
\u201c6\u00ba.- Decl\u00e1rase parcialmente probada la objeci\u00f3n al dictamen que rindieron los peritos EDUARDO ARDILA BOTERO y GUSTAVO ACOSTA MART\u00cdNEZ, pero s\u00f3lo en cuanto al aval\u00fao de la finca EL BRASIL. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c7\u00ba.- Costas de primera instancia a cargo de la demandada TERESITA DE JESUS ALFONSO ESTUPI\u00d1AN. <\/p>\n
<\/p>\n
\u201c8\u00ba- Sin costas en esta instancia al fracasar las apelaciones de ambas partes\u201d(fls.86 a 88, cd.2). <\/p>\n
<\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n al haber prosperado parcialmente el recurso. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-140-2005 [03169-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 03169-01. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82988","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82988","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82988"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82988\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82988"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82988"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82988"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}