SC-141-2005 [1996-0045-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref: Expediente1996-0045-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Rosa Mar\u00eda Pardo de G\u00f3mez contra la sentencia de 25 de agosto de 2000, proferida por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de Bogot\u00e1 dentro del proceso ordinario de Cleotilde Molina de Fern\u00e1ndez y Elvia y Edelmira Molina Quevedo contra Gustavo C\u00e1rdenas Quintero, Mar\u00eda Becerra, Perpetua Barajas, Campo El\u00edas Zamora, Elsy G\u00f3mez Pardo y la recurrente, a la vez cesionaria de los derechos del primero de los demandados. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
El escrito introductorio pidi\u00f3 declarar que las actoras son las \u00fanicas titulares del dominio del lote de terreno ubicado en la carrera 40 N\u00b0 22-B 36 de la urbanizaci\u00f3n Centro Urbano de esta ciudad, y, como consecuencia, condenar a los demandados a restituirlo junto con sus frutos como poseedores de mala fe. <\/p>\n
La causa para pedir es, en compendio, como sigue: <\/p>\n
El lote lo adquirieron por escritura p\u00fablica 4245 de 26 de agosto de 1959 de la notar\u00eda segunda de Bogot\u00e1, registrada en el libro pertinente. <\/p>\n
Gustavo C\u00e1rdenas Quintero vive en el predio con Perpetua Barajas, Campo El\u00edas Zamora, Rosa Mar\u00eda Pardo de G\u00f3mez y Elsy G\u00f3mez de Pardo y sus familias; dicho demandado declar\u00f3 ante el juzgado veintitr\u00e9s civil municipal de Bogot\u00e1, en el proceso de lanzamiento de Salvador Molina Quevedo contra Rosa Mar\u00eda Pardo de G\u00f3mez y otros, que es poseedor del bien por haberlo adquirido de Mar\u00eda Becerra. <\/p>\n
Rosa Mar\u00eda Pardo de G\u00f3mez, Elsy G\u00f3mez Pardo, Perpetua Barajas y Gustavo C\u00e1rdenas Quintero se opusieron; al paso que Rosa Mar\u00eda y Perpetua negaron posesi\u00f3n de su parte, en cuanto que su presencia en el bien obedece a que la una es celadora y la otra trabajadora del servicio dom\u00e9stico, C\u00e1rdenas Quintero, proclam\u00e1ndose poseedor desde 1965 y negando cualquier acto de se\u00f1or\u00edo de las demandantes, propuso la excepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n. El curador de Mar\u00eda Becerra permaneci\u00f3 silente; la de Campo El\u00edas Zamora adhiri\u00f3 a la oposici\u00f3n presentada por los otros demandados. <\/p>\n
Al mismo tiempo, C\u00e1rdenas Quintero, quien cediera despu\u00e9s los derechos del litigio a Rosa Mar\u00eda Pardo de G\u00f3mez, contrademand\u00f3 pidiendo declarar que ha ganado por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva el dominio del bien, para cuyo efecto aleg\u00f3 haberlo pose\u00eddo desde 1965; a lo que duplic\u00f3 la parte actora negando toda posesi\u00f3n del reconviniente y proponiendo las defensas que denomin\u00f3 \u00abcarencia de legitimaci\u00f3n en causa\u00bb y \u00abcarencia de derecho para ejercitar la acci\u00f3n\u00bb . <\/p>\n
Y notificado el curador de los indeterminados, reform\u00f3se la demanda de mutua petici\u00f3n incluyendo como demandados a Carlos Julio Marulanda Cardozo y Jos\u00e9 Eduardo Orjuela, adquirentes del bien pretenso, quienes tambi\u00e9n presentaron oposici\u00f3n a la pertenencia negando la posesi\u00f3n de C\u00e1rdenas Quintero e invocando la \u00abfalta de derecho para ejercitar la acci\u00f3n\u00bb, que alegaron como excepci\u00f3n. <\/p>\n
La primera instancia fue ultimada con fallo por el cual el a-quo deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda principal y accedi\u00f3 en cambio a las de la reconvenci\u00f3n. En la apelaci\u00f3n, venida a causa de la impugnaci\u00f3n de la parte actora, revoc\u00f3 el tribunal la sentencia en cuanto accedi\u00f3 a la reconvenci\u00f3n, cuyas s\u00faplicas deneg\u00f3, confirm\u00e1ndolo en sus otros pronunciamientos. <\/p>\n
Recurrieron en casaci\u00f3n las partes, pero s\u00f3lo fue recibida a tr\u00e1mite la demanda que formul\u00f3 Rosa Mar\u00eda Pardo. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Luego de relatar el litigio y de hacer algunas precisiones relativas a los requisitos para el buen suceso de la acci\u00f3n de dominio, hizo ver que de ellos no se demostr\u00f3 el atinente a la posesi\u00f3n de los demandados, en cuanto que no se acredit\u00f3 la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de mera tenencia con que inicialmente entraron en contacto con el bien, raz\u00f3n que le vali\u00f3 para desestimar las s\u00faplicas de la demanda principal. <\/p>\n
Al efecto explic\u00f3, apuntalado en la contestaci\u00f3n que hicieron los demandados -los que no fueron representados por curador ad-litem-, que todos ingresaron al lote a t\u00edtulo precario; Rosa Mar\u00eda como celadora, Perpetua como empleada del servicio dom\u00e9stico, y C\u00e1rdenas Quintero autorizado por Mar\u00eda Becerra, todo lo cual corrobor\u00f3 Elsy G\u00f3mez Pardo, a la saz\u00f3n hija de Rosa Mar\u00eda. <\/p>\n
Condici\u00f3n esa que, por lo dem\u00e1s, asoma igualmente de la demanda inicial y la reconvenci\u00f3n, lo mismo que de las respuestas que los litigantes dieron a los mentados libelos, donde resalta lo dicho por las actoras, quienes negaron categ\u00f3ricamente la posesi\u00f3n de C\u00e1rdenas, se\u00f1alando incluso -al proponer la excepci\u00f3n formulada frente a la reconvenci\u00f3n- que \u00e9ste \u00abocup\u00f3 por subarriendo el lote (…) con un taller de mec\u00e1nica\u00bb. <\/p>\n
En el mismo plano, pone de relieve c\u00f3mo C\u00e1rdenas Quintero confes\u00f3 en la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 en el proceso que al llegar al inmueble lo hizo a t\u00edtulo precario, con autorizaci\u00f3n de la se\u00f1ora Mar\u00eda o \u201cMaruja\u201d a quien le pagaba por dejarlo tener un taller, situaci\u00f3n que se prolong\u00f3 hasta 1995, cuando llegaron \u00aba un acuerdo (…) que ella me vendiera sus derechos de posesi\u00f3n y las partes que hab\u00eda arreglado\u00bb. <\/p>\n
Todo lo cual armoniza con lo expresado por Rosa Mar\u00eda, quien en el curso de la inspecci\u00f3n judicial asegur\u00f3 que al entrar al inmueble, a pedido de la se\u00f1ora \u00abMaruja\u00bb, encontr\u00f3 que C\u00e1rdenas Quintero ocupaba una parte; \u00abcuando ella estaba ya en el inmueble ‘…fue cuando lleg\u00f3 el se\u00f1or C\u00e1rdenas y le dijo a la se\u00f1ora Maruja que si le arrendaba un pedacito para \u00e9l arreglar sus carritos, trabajar, hicieron un negocio con la se\u00f1ora Maruja (…) y ya \u00e9l dentro (sic) como inquilino de la se\u00f1ora Mar\u00eda (…) y \u00e9l el d\u00eda en que se fue la se\u00f1ora Mar\u00eda hicieron un arreglo por el ranchito que ella ten\u00eda ah\u00ed, no se por cuanto lo vender\u00eda … es unos cinco metros, ten\u00eda lavadero, una cocinita y la piecita\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, que constituye confesi\u00f3n a t\u00e9rminos del art\u00edculo 97 del c\u00f3digo de procedimiento civil, aunado a las declaraciones de parte comentadas, \u00abdesvirt\u00faan la afirmaci\u00f3n contenida en la demanda de reivindicaci\u00f3n en el sentido de que los demandados son poseedores materiales del inmueble\u00bb; es decir, aunque C\u00e1rdenas enfrent\u00f3 el litigio aceptando la condici\u00f3n de poseedor que se le endilg\u00f3, \u00abentr\u00f3 al inmueble en calidad de mero tenedor, y en el informativo no obra prueba que haya intervertido esa calidad (…) sin que la prueba testimonial recaudada tenga virtualidad de infirmar las referidas confesiones, pues ellas no pasan de relatar la forma como ingres\u00f3 al inmueble la se\u00f1ora ROSA MAR\u00cdA PARDO DE G\u00d3MEZ, a quien GUSTAVO C\u00c1RDENAS QUINTERO en el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda se\u00f1al\u00f3 … como celadora del inmueble desde hace m\u00e1s de vente (20) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Y desvirtuada la posesi\u00f3n de los demandados, desde luego tambi\u00e9n respecto de C\u00e1rdenas Quintero, quien no demostr\u00f3 cu\u00e1ndo \u00abse present\u00f3 el referido fen\u00f3meno de conversi\u00f3n de dicha calidad a la de poseedor, pues ninguno de los medios demostrativos (…) permiten deducirlo, n\u00f3tese que la prueba documental nada agrega a lo dicho y la prueba testimonial (…) omite en su relato la forma en que pudo haberse producido\u00bb, la reconvenci\u00f3n tampoco allana el camino del \u00e9xito. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Tres cargos levanta contra la sentencia, todos bajo la \u00e9gida de la causal primera de casaci\u00f3n, que se despachar\u00e1n en el orden propuesto, aunque los dos \u00faltimos en forma conjunta conforme a las razones que adelante se dir\u00e1n. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Acusa la violaci\u00f3n directa, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, de los art\u00edculos 775 y 777 del c\u00f3digo civil y, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 762, 2512, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2532 del mismo estatuto y del art\u00edculo 1\u00ba de la ley 50 de 1936. <\/p>\n
La sustenta sobre la base de que la sentencia confunde la posesi\u00f3n con la mera tenencia; al respecto recuerda que la condici\u00f3n de tenedor de Gustavo C\u00e1rdenas Quintero la dedujo el tribunal a vuelta de analizar el interrogatorio rendido por \u00e9ste, lo mismo que del de Rosa Mar\u00eda G\u00f3mez de Pardo; sin embargo, al deducirlo de ese modo, interpret\u00f3 err\u00f3neamente el precepto 775 del c\u00f3digo civil, en cuanto que la tenencia es posible predicarla de quien recibe un bien de su due\u00f1o, no de un tercero poseedor, en este caso de Mar\u00eda Becerra, tambi\u00e9n aqu\u00ed demandada, raz\u00f3n por la que la exigencia probatoria de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo era innecesaria. <\/p>\n
La mera tenencia, seg\u00fan el art\u00edculo 775, surge cuando el bien se ha recibido del due\u00f1o o a nombre de \u00e9l; as\u00ed, en el caso de que recibido sea \u00abde un tercero desprovisto de facultad o autorizaci\u00f3n por parte del due\u00f1o, en dicho evento no existe precariedad del t\u00edtulo de poseedor, no es menester probar interversi\u00f3n de su t\u00edtulo, no aplica la normativa del art\u00edculo 777\u00bb, cual lo dijo el tribunal; tanto m\u00e1s si el animus de C\u00e1rdenas se estableci\u00f3 en la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 ante el juzgado veintitr\u00e9s civil municipal. <\/p>\n
Es as\u00ed que el tribunal cometi\u00f3 \u00aberror de derecho\u00bb al asimilar como t\u00edtulo precario el recibido por el reconviniente de parte de un tercero que no ostenta el dominio, lo que lo condujo a no aplicar el precepto 762 que ampara la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El cargo, hay que decirlo de entrada, adolece de irremisible cortedad, pues aunque encarna propiamente una disputa jur\u00eddica concreta en torno al entendimiento de un texto legal, donde encar\u00e1ndose al tribunal se lo reprocha por la inteligencia que le dio al mismo, no acaba por decir a qu\u00e9 la interpretaci\u00f3n que propone, dejando as\u00ed a mitad de camino esa gesti\u00f3n impugnativa, lo que determina su fracaso. <\/p>\n
Y a la verdad que es as\u00ed, porque a pesar de exponer una ri\u00f1a con tales alcances, donde alega que el art\u00edculo 775 del c\u00f3digo civil no puede comprenderse como dio en hacerlo el tribunal, sino de la forma en que lo ensaya, en cuanto que, seg\u00fan la tesis propuesta, no cabe predicar t\u00edtulo precario en quien ha recibido un bien de manos de un tercero, que no de su propietario, a la hora de explanar el argumento no explica el porqu\u00e9 de esa interpretaci\u00f3n, o en raz\u00f3n de qu\u00e9 debe colegirse algo semejante del texto legal, rehuyendo as\u00ed la principal labor que en casaci\u00f3n incumbe al recurrente, particularmente la de demostrar, armado de argumentos s\u00f3lidos y macizos, expuestos de manera clara y precisa (art\u00edculo 374 del c\u00f3digo de procedimiento civil), que esa es la comprensi\u00f3n real que procede de la norma. <\/p>\n
Lo contrario es, como aqu\u00ed vino a acontecer, alegar sin ning\u00fan soporte, lo que sin duda repulsa la t\u00e9cnica del recurso extraordinario, cuyo cariz dispositivo y estricto no s\u00f3lo impone exigencias de ese talante, sino que, precisamente a cuenta de la presunci\u00f3n de acierto que acompa\u00f1a las sentencias recurridas en casaci\u00f3n, exige a la Corte abordar un an\u00e1lisis puntual de la refriega tra\u00edda como sustento de una acusaci\u00f3n, labor donde proscrita tiene la posibilidad de recrearla en el prop\u00f3sito de saber cu\u00e1l pudo ser el verdadero sentido de la queja del impugnador. <\/p>\n
De m\u00e1s est\u00e1 decir, entonces, que el cargo no progresa. <\/p>\n
Segundo cargo <\/p>\n
T\u00edldase en \u00e9ste la sentencia de violar en forma indirecta los art\u00edculos 407 del c\u00f3digo de procedimiento civil, 673, 762, 775, 778, 780 (inciso 2\u00ba), 787, 981, 2512, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2532 del c\u00f3digo civil y 1\u00ba de la ley 50 de 1936, a causa de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de pruebas. <\/p>\n
Lo explica sobre la base de que el ad-quem concluy\u00f3 en la calidad de mero tenedor de C\u00e1rdenas Quintero con vista en la declaraci\u00f3n que \u00e9ste rindi\u00f3 en el proceso, como en la de Rosa Mar\u00eda Pardo de G\u00f3mez; sin embargo, al analizar el punto pretermiti\u00f3 las siguientes probanzas: <\/p>\n
a) El documento que contiene la declaraci\u00f3n que el mismo C\u00e1rdenas Quintero rindi\u00f3 el 29 de julio de 1983 ante el juzgado veintitr\u00e9s civil municipal de esta ciudad, en la que hizo expl\u00edcita su condici\u00f3n de poseedor desde fecha anterior. <\/p>\n
Al obviar esa declaraci\u00f3n, no cay\u00f3 en la cuenta de que de su confrontaci\u00f3n con la que rindi\u00f3 en el proceso, particularmente de su contexto, resalta un l\u00e1pus calami, pues all\u00e1 dijo haber llegado al inmueble aproximadamente en el a\u00f1o 60, que en un inicio pagaba el alquiler a Mar\u00eda o \u00abMaruja\u00bb, el cual le sigui\u00f3 pagando para que pudiera mandarle a su hijo, que estaba en el cuartel, hasta cuando le propuso la venta de la posesi\u00f3n, asunto en que destaca c\u00f3mo toda una carrera militar no pasa de 30 a\u00f1os, que en 1988 C\u00e1rdenas Quintero cedi\u00f3 la posesi\u00f3n a Rosa Mar\u00eda mediante la escritura 8803 de 28 de septiembre de 1988, que nunca se encontr\u00f3 en el inmueble a Mar\u00eda Becerra, lo que torna il\u00f3gico pensar que la venta la hizo en 1995, y que la declaraci\u00f3n de 1983, por inmediaci\u00f3n, reviste mayor credibilidad que la confesi\u00f3n realizada en este proceso. <\/p>\n
b) El dictamen pericial, que da cuenta de algunos actos posesorios que se han desarrollado durante m\u00e1s de veinte a\u00f1os. <\/p>\n
c) La inspecci\u00f3n judicial, en que se hall\u00f3 en el inmueble a Rosa Mar\u00eda Pardo de G\u00f3mez, cesionaria de los derechos de C\u00e1rdenas Quintero, ejerciendo actos posesorios por m\u00e1s de diez a\u00f1os. <\/p>\n
d) Cuanto a la prueba testimonial, el tribunal se limit\u00f3 a decir que no alcanza a infirmar la confesi\u00f3n; por ello considera el censor que desestim\u00f3 err\u00f3neamente los testimonios de Tom\u00e1s P\u00e1ez Mendieta, Jos\u00e9 Alberto Farieta Rodr\u00edguez y Luis Gumersindo Salazar Ar\u00e9valo, quienes dan cuenta de la posesi\u00f3n de la se\u00f1ora \u201cRosa\u201d y del reconviniente. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Pone de presente el quebranto de los art\u00edculos 407 del c\u00f3digo de procedimiento civil, 673, 762, 775, 778, 780 inciso 2\u00ba, 787, 981, 2512, 2518, 2522, 2527, 2531 y 2532 del c\u00f3digo civil y 1\u00ba de la ley 50 de 1936, por la violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 187, 195, 196, 232, 252, 254, 258, 262, 264 inciso 1\u00ba, del c\u00f3digo de procedimiento civil a causa de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de pruebas. <\/p>\n
Lo desenvuelve, en s\u00edntesis, se\u00f1alando que el documento que contiene el acta del testimonio que el demandante en reconvenci\u00f3n rindi\u00f3 ante el juzgado veintitr\u00e9s civil municipal de esta ciudad dentro de un proceso de lanzamiento, del que el a-quo deriv\u00f3 en que el bien materia de reconvenci\u00f3n es distinto al que fuera objeto de dicho juicio, es un documento p\u00fablico que, por ende, \u00abtiene prevalencia sobre la confesi\u00f3n que dice el fallador es insustituible por la prueba testimonial\u00bb. <\/p>\n
Como tal, seg\u00fan las normas que gobiernan este tipo de medios probativos, tiene mayor valor que la confesi\u00f3n que el fallador hall\u00f3 probada en el proceso frente al reconviniente y su cesionaria, en cuya valoraci\u00f3n incurri\u00f3 en el yerro denunciado lo mismo que respecto de la prueba testimonial, cuya eficacia demostrativa es limitada seg\u00fan lo regla el art\u00edculo 232 del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
De otro lado, el art\u00edculo 195 del mismo estatuto se\u00f1ala que la confesi\u00f3n admite prueba en contrario, lo que en \u00faltimas aconteci\u00f3 ac\u00e1 con la declaraci\u00f3n de que da cuenta el preindicado documento. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El despacho asociado de estos cargos se justifica porque, aunque denunciando yerros de distinto tenor, enfilados se hallan ambos a disputar al tribunal las conclusiones que extrajo de la declaraci\u00f3n que C\u00e1rdenas Quintero rindi\u00f3 dentro del proceso, aspecto com\u00fan \u00e9ste que en \u00faltimas autoriza analizarlos a una. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de esto, bien vale memorar que para el ad-quem fue principal en la formaci\u00f3n de su convencimiento aquello de que el propio C\u00e1rdenas Q. reconociera haber entrado al bien autorizado por Mar\u00eda o \u00abMaruja Becerra\u00bb, con ocasi\u00f3n de un contrato de arrendamiento, t\u00edtulo precario el cual no pudo \u00e9ste desvirtuar a lo largo de la controversia. <\/p>\n
Elemento de valoraci\u00f3n que a pesar de lo diciente que le result\u00f3 en el prop\u00f3sito de soltar el debate, sopes\u00f3 conjuntadamente con otros medios persuasivos que tambi\u00e9n hall\u00f3 en el litigio; as\u00ed lo expresado al contestar la demanda por la cesionaria de sus derechos, Rosa Mar\u00eda G\u00f3mez de Pardo, como el contenido de los libelos de demanda, reconvenci\u00f3n y las respectivas r\u00e9plicas, todo sumado a \u00abla prueba testifical recaudada\u00bb, en que encontr\u00f3 corroborado ese t\u00edtulo precario. <\/p>\n
La censura, como se aprecia de los cargos en estudio, persuadida de la contundencia de esa prueba y en especial de la val\u00eda que le mereci\u00f3 al tribunal, endereza todas sus cr\u00edticas a derribarla, aferr\u00e1ndose con ah\u00ednco a otras probanzas, mayormente la declaraci\u00f3n que como testigo rindi\u00f3 el mismo deponente en un juicio de lanzamiento que curs\u00f3 a principios de la d\u00e9cada de los ochenta, sobre la base de considerar que dicha testificaci\u00f3n, de la mano con la pericia, la inspecci\u00f3n judicial y tres de los testimonios recaudados en el litigio, patentizan un lapsus del declarante, voces descuidadas que de haber apreciado el tribunal en su justa medida, lo habr\u00edan conducido a amparar la posesi\u00f3n esgrimida como soporte de la pretendida usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Empero, escrutado a fondo este planteo, am\u00e9n de que luce incompleto, pues evidentemente no comprende todos los cimientos probatorios en que el tribunal se apoy\u00f3 para tener al reconviniente como tenedor y, fuera de eso, rechazar la idea de que intervirti\u00f3 ese t\u00edtulo en posesi\u00f3n, resulta a la final anodino, desde que ninguna utilidad representa para la impugnadora salir avante en su empresa si en pie queda no s\u00f3lo aquello de la condici\u00f3n de tenedor inicial de parte de C\u00e1rdenas Quintero, sino tambi\u00e9n lo de que \u00e9ste no demostr\u00f3 que mud\u00f3 ese t\u00edtulo en posesi\u00f3n, ni tampoco hay certeza de cu\u00e1ndo pudo haber ocurrido ello. <\/p>\n
Y bien es as\u00ed, porque de ser veraz, cual lo alega, que incurri\u00f3 en un lapsus al evocar el a\u00f1o 1995 como la \u00e9poca en que negoci\u00f3 la posesi\u00f3n con Mar\u00eda o \u00abMaruja Becerra\u00bb, y que en consecuencia tal acaecer ocurri\u00f3 tiempo atr\u00e1s, la verdad es que se echa de menos la argumentaci\u00f3n que complementariamente rebata aquello de que, en cualquier supuesto lo cierto es que \u00e9l lleg\u00f3 al bien como tenedor. Decir, en efecto, que tal negociaci\u00f3n no fue en 1995 sino atr\u00e1s, no s\u00f3lo confirma tal tenencia inicial, sin que importe mucho el cu\u00e1ndo; y por ah\u00ed derecho m\u00e1s que necesario era destruir esto, o en su defecto acreditar que las cosas cambiaron luego por la interversi\u00f3n del t\u00edtulo que tampoco hall\u00f3 demostrada el tribunal. <\/p>\n
Es que, reit\u00e9rase, si pac\u00edfico queda lo concerniente a la tenencia, pues a la postre, principalmente cuando se acepta que negocio hubo con Mar\u00eda Becerra, los cargos admiten sumisos esa condici\u00f3n de C\u00e1rdenas Quintero, del resorte de la recurrente era remover ese pilar del fallo, decisivo a la hora de soltar la litis, de que las pruebas no permiten saber de ciencia cierta cu\u00e1ndo o en qu\u00e9 momento tal fen\u00f3meno precario se trasform\u00f3 en posesi\u00f3n, lo cual traduce, en buenas cuentas, que si esto, principal\u00edsimo para el tribunal, permanece inamovible, la casaci\u00f3n no tiene posibilidad de progresar. <\/p>\n
Y tanto menos podr\u00eda de cara a otras deficiencias que revela la acusaci\u00f3n; porque aun de no parar mientes en la exigua labor de la recurrente a la hora de mostrar su inconformismo frente a los raciocinios probatorios del juzgador, desc\u00fabrese en la argumentaci\u00f3n una inadecuada manera de arremeter contra las conclusiones probatorias que aqu\u00e9l tom\u00f3 del haz demostrativo; la pol\u00e9mica que trae el segundo cargo, es del todo evidente, no va m\u00e1s all\u00e1 de una disputa de pareceres, donde se plantea es una manera distinta de sopesar las pruebas, invitando a pensar que, bajo una lectura diferente, esas palabras del reconviniente, confrontadas con las dichas en la primera oportunidad en que habl\u00f3 sobre el tema en un litigio, podr\u00edan derivar en conclusiones desemejantes, pero sin que las explanadas comporten fuerza convincente tal que de suyo hagan aparecer arbitraria o contraevidente la decisi\u00f3n, que amerite casar el fallo, tanto menos si, cual decantado lo tiene la doctrina de la Corte, la presunci\u00f3n de acierto y legalidad est\u00e1 de lado de la decisi\u00f3n del juzgador. <\/p>\n
En realidad, ensayar un discurso tendiente a desquiciar ese criterio probatorio del tribunal afirmando que una carrera militar no puede prolongarse por m\u00e1s de treinta a\u00f1os, o que la escritura en que Mar\u00eda Becerra le transfiri\u00f3 la posesi\u00f3n (que data de 1988) hable de actos posesorios de \u00abmuchos a\u00f1os atr\u00e1s\u00bb, o bien que la primera declaraci\u00f3n es de m\u00e1s val\u00eda que la rendida en este proceso, o que los testimonios de tres de los declarantes dicen m\u00e1s de lo que rese\u00f1\u00f3 el juzgador, son cosas que lejos est\u00e1n de acercarse a la labor que en casaci\u00f3n pesa sobre el impugnador, quien no puede simplemente disentir; no, debe mostrar se\u00f1aladamente porqu\u00e9 \u00e9stas entra\u00f1an un error de tanta estridencia que nada autoriza mantener inc\u00f3lume la presunci\u00f3n de acierto que por ley la escolta. <\/p>\n
Lo cual, hay que decirlo, ya para terminar, no sufre merma a cuenta del supuesto error de derecho denunciado en el tercer cargo, que la recurrente localiza en el documento contentivo de la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 C\u00e1rdenas en los a\u00f1os ochenta, del cual pretende sacar partido sobre el entendido de que, como documento p\u00fablico que es -el acta cuya copia reposa en el expediente- tiene mayor val\u00eda frente a la confesi\u00f3n y a la prueba testimonial, reproche asaz inadmisible, pues am\u00e9n de que en su base no despunta m\u00e1s que una tarifa probatoria que ni con mucho figura en las normas probatorias en que el cargo viene montado, no se acomoda propiamente a lo que es un yerro de iure. Verdaderamente, antes que desdecir de la aplicaci\u00f3n de normas probatorias, se apoya prontamente en su contenido, lo cual denota, al margen de la impropiedad del censor al refundir en una sola cosa la prueba testimonial con la documental, que no pudo el recurrente enderezar el ataque denunciando un yerro de tal naturaleza, sino uno donde la disputa ata\u00f1e a la materialidad de la prueba, vale decir, un yerro f\u00e1ctico, cosa que por lo dem\u00e1s hizo infructuosamente en el segundo cargo. <\/p>\n
No est\u00e1 de m\u00e1s, pese a la ineficacia del ataque en casaci\u00f3n, se\u00f1alar la poca acuciosidad del tribunal al analizar de la prueba testimonial; al efecto ha de recordarse, como lo ha hecho la doctrina de la Corporaci\u00f3n, \u00abque el r\u00e9gimen probatorio de ahora se basa, s\u00ed, en la libertad probatoria, pero en todo caso razonada y, por ende, inaceptable es que el juez de hoy se guarde los motivos que fundan su convicci\u00f3n, para optar por la f\u00f3rmula de que su parecer es tal o cual otro ‘seg\u00fan el caudal probatorio'\u00bb (Cas. Civ. sent. de 19 de septiembre de 2001, exp. 6624). <\/p>\n
Por lo dicho, los cargos analizados son frustr\u00e1neos. <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de procedencia y fecha anotadas. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo de la recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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SC-141-2005 [1996-0045-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil cinco (2005). Ref: Expediente1996-0045-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Rosa Mar\u00eda Pardo de G\u00f3mez contra la sentencia de 25 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82989","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82989","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82989"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82989\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}