SC-143-2005 [23787]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., treinta de junio de dos mil cinco <\/p>\n
Ref.: Expediente No. 23.787 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia proferida el 24 de noviembre de 1999 por el Tribunal Superior de Barranquilla, decisi\u00f3n ep\u00edlogo del proceso ordinario promovido por la sociedad \u201cPrimex Limitada\u201d contra Seguros Alfa S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad \u201cPrimex Limitada\u201d, solicit\u00f3 que Seguros Alfa S.A. fuera condenada a pagar en favor de aquella la suma de $42\u2019240.000.oo, junto con los intereses moratorios a la tasa m\u00e1xima permitida, desde la fecha en que se hizo exigible la obligaci\u00f3n hasta cuando se verifique el pago, m\u00e1s las costas del proceso. <\/p>\n
2. Las pretensiones tienen asiento en los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. El 26 de mayo de 1992 \u201cPrimex Limitada\u201d suscribi\u00f3 con la sociedad \u201cInterel\u00e9ctrica Ltda.\u201d, un contrato de suministro de 14 plantas el\u00e9ctricas marca Generac, con un plazo de 12 meses para la entrega, en desarrollo del cual dio como anticipo al proveedor el equivalente al 75% del valor del contrato. <\/p>\n
2.2. Para garantizar el buen manejo del anticipo y el cumplimiento del contrato, la sociedad proveedora entreg\u00f3 a la empresa contratante, la p\u00f3liza de manejo y cumplimiento n\u00famero CU 85214-01-01-85214-02 por la suma de $42\u2019240.000.oo emitida por Seguros Alfa S.A., con vigencia de 14 de mayo de 1992 a 14 de mayo de 1993, en la que figura \u201cInterel\u00e9ctrica Ltda.\u201d como tomador y afianzado, y como asegurado \u201cPrimex Limitada\u201d. <\/p>\n
2.3. Durante la vigencia de la p\u00f3liza, \u201cInterel\u00e9ctrica Ltda.\u201d cit\u00f3 a sus acreedores a concordato preventivo potestativo, radicado en el Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Barranquilla, demanda en la que afirm\u00f3 bajo la gravedad de juramento no estar en condiciones de cumplir con sus compromisos comerciales, incluido el contrato de suministro celebrado con \u201cPrimex Limitada\u201d, por lo que, al quedar incumplido el contrato, sobrevino el riesgo asegurado. <\/p>\n
2.4. El 9 de septiembre de 1992 la demandante present\u00f3 la reclamaci\u00f3n a la aseguradora, \u00e9sta la objet\u00f3 extempor\u00e1neamente mediante comunicaci\u00f3n de fecha 13 de octubre de 1992, bajo el argumento de que no estaba probado el siniestro, ni la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida. <\/p>\n
4. La primera instancia termin\u00f3 con sentencia que declar\u00f3 probadas las excepciones, con exclusi\u00f3n de la de simulaci\u00f3n de los contratos, y absolvi\u00f3 a la demandada de los cargos formulados en su contra, decisi\u00f3n reformada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla mediante fallo proferido el 24 de noviembre de 1999, que desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandante, en el que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, cuya prosperidad descart\u00f3 el examen de los dem\u00e1s medios de defensa. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal, despu\u00e9s de inscribir el tema bajo la \u00e9gida de la p\u00f3liza de seguro de cumplimiento, modalidad de fianza, en la que se ampara el cumplimiento de las obligaciones de cualquier tipo de contrato y se precaven los perjuicios que puedan resultar del incumplimiento de las estipulaciones por parte del contratista, pas\u00f3 a estudiar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Al efecto, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal que la demandada invoc\u00f3 el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan el cual la prescripci\u00f3n de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen, puede ser ordinaria o extraordinaria, la primera de naturaleza bienal empieza a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho fuente de la acci\u00f3n. A\u00f1adi\u00f3 que para esta clase de prescripci\u00f3n se debe determinar claramente que opera para el \u201cinteresado\u201d, entendi\u00e9ndose por tal, seg\u00fan lo ha se\u00f1alado la Corte, quien deriva alg\u00fan derecho del contrato de seguro, esto es, el tomador, el asegurado, el beneficiario y el asegurador. <\/p>\n
Precis\u00f3 el Tribunal que la sociedad \u201cPrimex Limitada\u201d, promovi\u00f3 este proceso como asegurado o beneficiario, es decir, situado como una de las personas contra las que puede operar la prescripci\u00f3n ordinaria, luego de lo cual pas\u00f3 a determinar el momento desde el cual pod\u00eda correr el t\u00e9rmino de dos a\u00f1os que la ley tiene establecido para la desinencia del derecho. <\/p>\n
Adujo que seg\u00fan \u201clas normas de procedimiento civil (vigentes para la \u00e9poca del fallo impugnado noviembre de 1999), ning\u00fan hecho o circunstancia diferente al de la presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe la prescripci\u00f3n de las acciones derivadas del contrato de seguro, desde luego, que tiene que notificarse la demanda para que se considere interrumpida la prescripci\u00f3n, de acuerdo al art\u00edculo 90 del C. de P.C.\u201d, y a\u00f1adi\u00f3 que para este tipo de seguro la prescripci\u00f3n comienza a correr desde el momento en que se adquiere conocimiento del hecho que origina la acci\u00f3n; en el presente caso, cuando la sociedad demandante hizo la reclamaci\u00f3n ante la aseguradora, lo que ocurri\u00f3 el 9 de septiembre de 1992. <\/p>\n
A su vez, reiter\u00f3 que la excepci\u00f3n se bas\u00f3 en el hecho de que la parte actora confes\u00f3 en la demanda haber conocido del incumplimiento desde el 21 de agosto de 1992, cuando avis\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda aseguradora de los problemas con el proveedor Interel\u00e9ctrica Ltda., luego de lo cual formul\u00f3 su reclamaci\u00f3n el 9 de septiembre siguiente, adicionada el 14 del mismo mes. Haciendo el c\u00f3mputo desde cualquiera de esas fechas hasta el 3 de mayo de 1995, cuando se notific\u00f3 judicialmente a la sociedad convocada, transcurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os, sin que en el \u00ednterin se hubiera interrumpido la prescripci\u00f3n, pues el auto admisorio de la demanda no se notific\u00f3 dentro de los 120 d\u00edas siguientes a su presentaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo tanto, consider\u00f3 el Tribunal que contando desde la fecha de la reclamaci\u00f3n, los dos a\u00f1os del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n venc\u00edan el 9 de septiembre de 1994; como el auto admisorio de la demanda se notific\u00f3 el d\u00eda 3 de mayo de 1995, objetivamente se agot\u00f3 el bienio que la demandante ten\u00eda para ejercer venturosamente la acci\u00f3n. No obstante que objetivamente ocurri\u00f3 la prescripci\u00f3n era menester establecer si, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art\u00edculo 90 del C. de P.C., en la versi\u00f3n vigente para esa \u00e9poca que transcribi\u00f3 el Tribunal, se hab\u00eda interrumpido la prescripci\u00f3n con la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
A este prop\u00f3sito se\u00f1al\u00f3 que el auto admisorio de la demanda se profiri\u00f3 el 28 de julio de 1994, fue notificado por estado de 1\u00ba de agosto de 1994, por lo que los 120 d\u00edas en que debi\u00f3 hacerse la notificaci\u00f3n corrieron entre el 2 de agosto de 1994 y el 14 de febrero de 1995; como la notificaci\u00f3n personal a la demandada se efectu\u00f3 el 2 de mayo de 1995, la presentaci\u00f3n de la demanda no tuvo el efecto de interrumpir el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, pues la notificaci\u00f3n del auto admisorio no se realiz\u00f3 dentro de los 120 d\u00edas que entonces establec\u00eda la norma. <\/p>\n
No fue de recibo para el Tribunal lo alegado por la demandante sobre las consecuencias que tiene la desidia de los funcionarios, \u201cpor cuanto el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 90 es amplio y dentro del cual deben hacerse todas las diligencias tendientes a obtener la notificaci\u00f3n, por lo que en dicho t\u00e9rmino van incluidas las posibles demoras que pueden presentarse\u2026\u201d , y si, como sostiene \u201cPrimex Limitada\u201d hubo demora en la Oficina Judicial, la demandante tambi\u00e9n fue negligente, pues a pesar de que el 5 de diciembre de 1994 devolvieron de esa oficina las diligencias, la solicitud de emplazamiento solamente se realiz\u00f3 el 21 de febrero de 1995. <\/p>\n
En consecuencia el ad quem declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada por la demandada, con lo cual reafirm\u00f3 lo decidido por el juzgado de primera instancia, no obstante, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 306 del C. de P.C., juzg\u00f3 innecesario un pronunciamiento sobre las restantes excepciones, y en armon\u00eda con ello reform\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Un solo cargo contiene la demanda, por violaci\u00f3n de la ley sustancial, en particular de los art\u00edculos 2512 inciso segundo, 2535, 2539 inciso segundo, y 2545 del C\u00f3digo Civil, 1081 del C\u00f3digo de Comercio y 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En orden a la sustentaci\u00f3n del cargo, dijo el recurrente que el Tribunal err\u00f3 al aplicar equivocadamente las normas referidas, en especial el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al dejar de ver los documentos relacionados con la etapa de notificaci\u00f3n personal del auto admisorio, lo que le llev\u00f3 a acoger indebidamente la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta por la aseguradora, por aplicaci\u00f3n errada del t\u00e9rmino de 120 d\u00edas dentro de los cuales se debe surtir la notificaci\u00f3n personal de la parte demandada, en aras de interrumpir la prescripci\u00f3n desde la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
Censur\u00f3 luego porque se hizo una interpretaci\u00f3n literal y restrictiva del art\u00edculo 90 citado, sin tener en cuenta la actitud y conducta omisiva asumida por los funcionarios del Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito de Barranquilla, la cual se puede probar f\u00e1cilmente si se analizan las actuaciones que obran a folios 53 a 70 del cuaderno 1 ya citados. En este caso, adujo el recurrente, el Tribunal pas\u00f3 por encima del pensamiento y la decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia de 24 de abril de 1978, excluy\u00f3 del c\u00f3mputo del t\u00e9rmino para notificar el auto admisorio de la demanda, todo el tiempo que el expediente hubiese estado paralizado por culpa de los funcionarios judiciales. <\/p>\n
Mencion\u00f3 el casacionista que el art\u00edculo 90 del C. de P. C. pregona que la sola presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe la prescripci\u00f3n extintiva e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella se notifique al demandado dentro de los 120 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n al demandante. En este caso, tal auto se profiri\u00f3 el 28 de julio de 1994, se notific\u00f3 por estado el 1\u00ba de agosto de 1994, y para dar cumplimiento a la norma transcrita, la demandante cancel\u00f3 el 22 de agosto de 1994 las expensas necesarias para la diligencia de notificaci\u00f3n, luego de solicitar al Juzgado 3\u00ba Civil del Circuito que radicara la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, de 28 de julio del mismo a\u00f1o. El despacho citado mantuvo en su poder el expediente, sin ordenar la notificaci\u00f3n, desde el 1\u00ba de agosto de 1994, fecha en que se notific\u00f3 por estado el auto admisorio, hasta el 9 de noviembre de 1994, cuando orden\u00f3 la diligencia a la oficina judicial; entonces, entre la fecha de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda y la orden de notificar, transcurrieron 57 d\u00edas, y s\u00f3lo finalmente, el 11 de noviembre de 1994, la oficina judicial notific\u00f3 por aviso a la sociedad demandada, que dej\u00f3 transcurrir los 10 d\u00edas sin acudir al juzgado para notificarse personalmente. Una vez el negocio regres\u00f3 de la oficina judicial, vencido el t\u00e9rmino para que concurriera el representante legal de Seguros Alfa S.A., \u00e9ste no concurri\u00f3, pero el juzgado no orden\u00f3 de inmediato el emplazamiento de la demandada, a punto tal que a pesar de haber recibido el expediente el 5 de diciembre de 1994, dej\u00f3 transcurrir los meses de diciembre y enero; frente a la pasividad del juzgado, el 21 de febrero de 1995 la demandante solicit\u00f3 se ordenara el emplazamiento, tras lo cual se fij\u00f3 el edicto el 2 de marzo siguiente, devuelto con la constancia de su publicaci\u00f3n el 14 de marzo. Entonces en esta segunda etapa se perdieron 46 d\u00edas m\u00e1s, por la desidia de los funcionarios del despacho. Relat\u00f3 en seguida que vencido el t\u00e9rmino de emplazamiento, el 30 de marzo de 1995, el juzgado tampoco procedi\u00f3 a designar en forma inmediata al curador ad litem, con lo que permiti\u00f3 que el t\u00e9rmino de los 120 d\u00edas continuara agot\u00e1ndose como consecuencia de la pasividad de sus funcionarios. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las demoras del juzgado tienen una duraci\u00f3n de 46 d\u00edas que deben tambi\u00e9n ser descontados de los 120 otorgados por el art\u00edculo 90 del C. de P.C., adem\u00e1s de que en la etapa final el juzgado dej\u00f3 transcurrir 16 d\u00edas m\u00e1s sin designar curador, pues el 2 de mayo de 1995, la demandada se notific\u00f3 personalmente sin que antes se hubiere prove\u00eddo el cargo de curador ad litem. En s\u00edntesis, por la inactividad de los funcionarios judiciales se perdieron en total 103 d\u00edas, esto es, casi el mismo t\u00e9rmino concedido en la ley para efectuar la notificaci\u00f3n, por lo cual el lapso para esta diligencia se extendi\u00f3 realmente hasta el 25 de julio de 1995. Como la demandada se notific\u00f3 el 2 de mayo de 1995, se llega a la conclusi\u00f3n, sin la menor duda, que la prescripci\u00f3n extintiva de dos a\u00f1os se interrumpi\u00f3 definitivamente. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el censor que el Tribunal tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 al interpretar el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, que establece en cinco a\u00f1os la prescripci\u00f3n derivada del contrato de seguro. Acontece que la hoy demandante particip\u00f3 en el proceso concordatario de la firma \u201cInterel\u00e9ctrica Ltda.\u201d, all\u00ed en principio fue rechazada su pretensi\u00f3n, la que s\u00f3lo fue admitida por decisi\u00f3n judicial de fecha 13 de mayo de 1994, pues antes de esa decisi\u00f3n \u201cmi cliente estaba atada a la condici\u00f3n dudosa de no poder probar su derecho porque el documento en el que constaba estaba acusado de espurio y si tal cargo hubiese prosperado, el derecho derivado del contrato de seguro no hubiere nacido, porque no hubiere nacido tampoco el contrato de suministro. El derecho de Primex Ltda. vino a nacer con la providencia de mayo 13 de 1994, seis (6) d\u00edas antes de que se hubiese presentado la demanda del proceso sub estudio. Y la norma correcta para ser aplicada al caso era el art\u00edculo 1081 del c\u00f3digo de comercio en su inciso tercero y no en su inciso segundo. As\u00ed las cosas, la prescripci\u00f3n de las acciones derivadas del contrato de seguro, en nuestro caso, vendr\u00eda a operarse cinco a\u00f1os mas tarde contados desde el 13 de mayo de 1994\u201d. <\/p>\n
Concluy\u00f3 el censor que la sentencia del Tribunal al declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n \u201cno tuvo en cuenta las piezas procesales relacionadas con la forma morosa y descuidada como el juzgado de primera instancia obr\u00f3 en las diligencias tendientes a lograr la notificaci\u00f3n de la demandada, a pesar de las gestiones realizadas por la demandante para lograr la notificaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 90 del C. de P. C., dadas las argucias de que se vali\u00f3 la demandada para evitar el pago de la p\u00f3liza de seguro expedida para garantizar el buen uso del anticipo entregado por Primex Limitada en virtud del contrato de suministro\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
De la sola lectura de la s\u00edntesis del cargo se aprecia que en su formulaci\u00f3n se incurri\u00f3 en notorias deficiencias de t\u00e9cnica que impiden estudiar el fondo de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Dentro de los muchos argumentos que pueden llevar a persuasi\u00f3n al juzgador, es posible establecer jerarqu\u00edas, de modo que unos resultan m\u00e1s persuasivos y concluyentes que otros. Se dice lo anterior para significar que respecto de ese elenco de motivos, en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n el ataque debe encaminarse en primer t\u00e9rmino a socavar los pilares centrales de la decisi\u00f3n, tarea en la cual se debe desbrozar la sentencia de los argumentos que apenas son complementarios o marginales. Entonces, si el motivo que recibi\u00f3 toda la atenci\u00f3n y el discernimiento del Tribunal, no es atacado por el casacionista, ello se erige en una omisi\u00f3n grave de car\u00e1cter t\u00e9cnico que causa la desventura del recurso, en tanto la incolumidad del argumento deja ver en \u00e9l apoyatura bastante para la sentencia. <\/p>\n
As\u00ed lo ha dispuesto la jurisprudencia de esta Corte en m\u00faltiples ocasiones, entre ellas, una reciente en la que dijo: \u201cel impugnante deja por fuera del ataque en casaci\u00f3n el segundo razonamiento del tribunal, el cual para \u00e9ste conducir\u00eda de todos modos a negar la sociedad patrimonial deprecada \u2018a\u00fan en el evento de que hubiese surgido a la vida por el lleno de los requisitos de ley\u2019; tal omisi\u00f3n, que indudablemente ata\u00f1e con uno de los pilares en que se apoya el fallo impugnado, se traduce en que la acusaci\u00f3n deviene incompleta y, por lo tanto, inid\u00f3nea en casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201ccuando la sentencia se apoya en varios fundamentos y cada uno de ellos le presta a aqu\u00e9lla fuerza suficiente para permanecer en pie, resulta menester que el ataque en casaci\u00f3n los comprenda a todos, porque uno solo que se mantenga impide la casaci\u00f3n; desde luego que tambi\u00e9n le est\u00e1 vedado a la Corte completar de oficio la acusaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter dispositivo de la impugnaci\u00f3n\u201d (sent. cas. civ. de 22 de septiembre de 2003, Exp. No. 7877). <\/p>\n
En suma, la Corte detiene su actividad all\u00ed donde cesa la acusaci\u00f3n, o lo que es lo mismo, no va m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites que la demanda de casaci\u00f3n delinea, y si \u00e9sta resulta ser deficiente, porque deja en pie argumentos y pruebas que sirvieron de soporte a la sentencia acusada, ellos, en principio, son intangibles en atenci\u00f3n a la inmunidad propia de la sentencia del Tribunal, que se halla revestida de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, y porque las limitaciones que introduce el reconocido car\u00e1cter dispositivo del recurso impiden a la Corte llenar los vac\u00edos de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
En el caso de ahora, el Tribunal consider\u00f3 acaecida la prescripci\u00f3n invocada por la sociedad demandada, por cuanto la notificaci\u00f3n a la demandada no se realiz\u00f3 dentro de los 120 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n a la demandante del auto admisorio de la demanda, seg\u00fan lo establecido en el entonces vigente art\u00edculo 90 del C. de P.C., tiempo que el ad quem juzg\u00f3 suficiente \u201cpor cuanto el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 90 es amplio y dentro del cual deben hacerse todas las diligencias tendientes a obtener la notificaci\u00f3n, por lo que en dicho t\u00e9rmino van incluidas las posibles demoras que pueden presentarse\u2026\u201d. <\/p>\n
S\u00edguese de ello que el Tribunal, luego de copiar el art\u00edculo 90 del c\u00f3digo de procedimiento civil -como qued\u00f3 despu\u00e9s de la reforma introducida por el Decreto 2282 de 1989-, asumi\u00f3 que el t\u00e9rmino de 120 d\u00edas para lograr la notificaci\u00f3n operaba objetivamente, es decir que la amplitud del mismo positivamente anticip\u00f3 la posibilidad de que hubiere demoras atribuibles al juzgado. <\/p>\n
Contra esa n\u00edtida postura del Tribunal, el recurrente apenas esboz\u00f3 que \u201cen este caso, el Tribunal pas\u00f3 por encima del pensamiento y la decisi\u00f3n de la Honorable Corte Suprema de justicia, que en sentencia de 24 de abril de 1978, excluy\u00f3 del c\u00f3mputo para la prescripci\u00f3n, todo el tiempo que el expediente qued\u00f3 inm\u00f3vil en manos de los funcionarios judiciales\u2026\u201d (folio 10 cuaderno de la Corte). Como se aprecia, el criterio expuesto por el Tribunal, que sin duda fue fundamento esencial del fallo, esto es, que el t\u00e9rmino del art\u00edculo 90 se debe aplicar objetivamente, no fue adecuadamente combatido en casaci\u00f3n, pues la escueta remisi\u00f3n a una decisi\u00f3n de la Corte de 1978 no resulta bastante como impugnaci\u00f3n. Y resulta insuficiente, porque el panorama legal cuando se adopt\u00f3 el precedente invocado en la feble acusaci\u00f3n, que a citarlo se limita, no es la misma de ahora, en tanto mediante la expedici\u00f3n del Decreto 2282 de 1989 se duplic\u00f3 el t\u00e9rmino necesario para notificar el auto admisorio de la demanda en funci\u00f3n de interrumpir la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho en breve, el t\u00e9rmino que analiz\u00f3 la Corte en la sentencia de 24 de abril de 1978, en la que se apoya el casacionista, fue ampliado sensiblemente, en opini\u00f3n del Tribunal para cubrir las demoras que puedan venir de la desidia de los funcionarios judiciales. Y si ello es as\u00ed, la acusaci\u00f3n debi\u00f3 abarcar este argumento del Tribunal, para demostrar que a pesar de la ampliaci\u00f3n importante del t\u00e9rmino, adoptada legalmente despu\u00e9s de la sentencia de la Corte de 1978, era menester mantener la tesis de que debe descontarse el tiempo de la injustificada inactividad judicial. Concl\u00fayese de lo dicho que el demandante en casaci\u00f3n no atac\u00f3 el fundamento esencial de la sentencia, la objetividad del t\u00e9rmino, pues la cita jurisprudencial hecha no alcanza a cubrir el d\u00e9ficit de la acusaci\u00f3n, en tanto omiti\u00f3 hacer referencia a las transformaciones legales sucedidas despu\u00e9s del mencionado fallo. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, si el soporte cardinal de la sentencia del Tribunal no fue atacado la acusaci\u00f3n, no podr\u00eda tener eco en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Adem\u00e1s de lo anterior, la demanda presenta otro defecto de \u00edndole t\u00e9cnico, pues ubicados en el escenario de la violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta y por error de hecho, como propone el recurrente, resulta que hay otras censuras que definitivamente no pertenecen a \u00e9ste \u00e1mbito. Se refiere la Corte a que el casacionista mezcla en su impugnaci\u00f3n elementos de la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, como cuando reclama que se aplique el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, y no el 2\u00b0, en el que se apoy\u00f3 el Tribunal, en cuyo caso ser\u00eda est\u00e9ril el alegato en torno a la indebida interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 90 del C. de P. C.. De conformidad con lo expuesto el entremezclamiento de argumentos que corresponden a v\u00edas diferentes, hace patente la falta de idoneidad del recurso. <\/p>\n
Baste lo anterior para decretar el fracaso de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 24 de noviembre de 1999 pronunciada por el Tribunal Superior <\/p>\n
del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario promovido por Primex Limitada Proveedores Industriales y Comerciales contra Seguros Alfa S.A. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a la recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-143-2005 [23787] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D.C., treinta de junio de dos mil cinco Ref.: Expediente No. 23.787 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad demandante contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-82991","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82991","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82991"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82991\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82991"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82991"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82991"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}