SC-146-2005 [0357]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 0357. <\/p>\n
<\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 5 de noviembre de 1999, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso ordinario promovido por Celso Domingo Guerra Arzuaga frente a H\u00e9ctor Francisco Guerra Arzuaga. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El demandante convoc\u00f3 a juicio ordinario al demandado para que se declarara que la escritura n\u00famero 104 de 4 de marzo de 1977, de la Notar\u00eda de La Paz, era inoponible a sus intereses, y, en consecuencia, se ordenara la cancelaci\u00f3n de ese instrumento p\u00fablico en la precitada notar\u00eda y en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 00-1-000-044 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Valledupar, as\u00ed como la restituci\u00f3n del inmueble rural denominado \u201cEl Socorro\u201d a la masa sucesoral del causante Miguel Mario Guerra Ara\u00fajo o a favor del actor, como su heredero, con los frutos naturales y civiles desde aquella fecha. <\/p>\n
<\/p>\n
En subsidio de las pretensiones anteriores solicit\u00f3 declarar la invalidez de la aludida escritura p\u00fablica, por tener objeto il\u00edcito y violar el art\u00edculo 2194 del C\u00f3digo Civil, se ordenara su inscripci\u00f3n en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos y se condenara al opositor a pagar los da\u00f1os y perjuicios ocasionados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Fundament\u00f3 sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
<\/p>\n
a) Jos\u00e9 Jorge Calder\u00f3n Zuleta, en representaci\u00f3n de Miguel Mario Guerra Ara\u00fajo, de acuerdo con el poder especial otorgado para ello, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n\u00famero 104 de 4 de marzo de 1977 de la Notar\u00eda de La Paz, le vendi\u00f3 el inmueble \u201cEl Socorro\u201d al demandado, no obstante que dicho mandato hab\u00eda expirado desde el 23 de septiembre de 1976, fecha en que el poderdante falleci\u00f3 en el Municipio de San Diego. <\/p>\n
<\/p>\n
b) Mediante el instrumento 131 de 14 de abril de 1978 de la Notar\u00eda Unica de Codazzi el demandado le transfiri\u00f3 el se\u00f1alado terreno a Mar\u00eda Crescencia Arzuaga, c\u00f3nyuge del causante, y ella, a su vez, lo enajen\u00f3 por medio de los actos p\u00fablicos 228 de 26 de marzo de 1987 y 592 de 12 de julio de 1982, de la Notar\u00eda de la Paz, burlando los derechos hereditarios del actor. <\/p>\n
<\/p>\n
c) Al negar la nulidad absoluta de la citada escritura, que como pretensi\u00f3n se adujo en proceso anterior adelantado entre las mismas partes, la Sala Civil del Tribunal Superior de Valledupar concluy\u00f3 que la expiraci\u00f3n del poder que atr\u00e1s se identific\u00f3 podr\u00eda dar lugar a que para el mandante ese negocio fuera inoponible. <\/p>\n
d) El demandante tiene inter\u00e9s jur\u00eddico para que el referido predio vuelva a la sucesi\u00f3n del causante y de Mar\u00eda Crescencia Arzuaga, sus padres, que se tramita en el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Valledupar. <\/p>\n
3. Notificado el demandado del libelo, lo contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a las s\u00faplicas; y en cuanto a los hechos, expres\u00f3 ser ciertos los relativos al matrimonio de sus padres y lo que dijo el tribunal en el proceso anterior; neg\u00f3 los otros y expres\u00f3 no constarle los dem\u00e1s. <\/p>\n
4. Por sentencia de 31 de mayo de 1999 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar culmin\u00f3 la primera instancia, en la que accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, en cuanto a la inoponibilidad deprecada. <\/p>\n
5. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar le puso fin a la alzada mediante fallo de 5 de noviembre de 1999, en el que revoc\u00f3 el del a-quo y, en su lugar, neg\u00f3 las s\u00faplicas demandadas. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el hecho de que conforme al acto introductorio el demandante deriv\u00f3 su inter\u00e9s jur\u00eddico para promover esta acci\u00f3n de la calidad de heredero del causante Miguel Mario Guerra Ara\u00fajo, estim\u00f3 el ad-quem indispensable analizar el acervo probatorio para establecer si se hab\u00eda demostrado la legitimaci\u00f3n que por activa as\u00ed se predicaba; en ese quehacer advirti\u00f3 que para acreditar la muerte del de cujus y la calidad de heredero del actor, en fotocopias autenticadas por el secretario del Juzgado Segundo de Familia de Valledupar se allegaron el registro civil de defunci\u00f3n, la partida de bautismo de aqu\u00e9l y el auto de 9 de mayo de 1995 del Juzgado Tercero de Familia. <\/p>\n
2. En orden a establecer si esos espec\u00edficos documentos ten\u00edan valor probatorio, apoyado en el art\u00edculo 115, numeral 7\u00ba, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, anot\u00f3 el fallador que las copias autenticadas requer\u00edan de auto que las ordenara, y c\u00f3mo para que ellas alcanzaran el mismo valor probatorio del original el art\u00edculo 254 ib\u00eddem exig\u00eda su autorizaci\u00f3n por notario, director de oficina administrativa, de polic\u00eda, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez donde se encontrara el original o una copia autenticada, es decir que en este \u00faltimo evento, para que pudieran ser apreciadas como pruebas, las copias autenticadas deb\u00edan estar soportadas en el auto que decretara su expedici\u00f3n, puesto que el secretario no era funcionario fedante. <\/p>\n
3. Consider\u00f3 el sentenciador que como la autenticaci\u00f3n del secretario de despacho judicial deb\u00eda tener sustento en la providencia del juez que la ordenara, aquellas fotocopias arrimadas al plenario carec\u00edan de valor probatorio, en cuanto fueron autenticadas por dicho empleado sin la autorizaci\u00f3n del respectivo funcionario judicial, raz\u00f3n por la cual el a-quo no debi\u00f3 tenerlas en cuenta al ser absolutamente ineficaces, de suerte que, al haber procedido de manera contraria, incurri\u00f3 en un error de hecho originado en la apreciaci\u00f3n de esos medios de convicci\u00f3n; as\u00ed, prosigue, era dable concluir que no se hab\u00eda establecido fehacientemente el deceso del nombrado causante ni la calidad de heredero del actor, lo que implicaba que quedara \u201ctotalmente pulverizada su legitimaci\u00f3n para promover y tener \u00e9xito en este proceso\u201d(fl.47). <\/p>\n
4. Adem\u00e1s expuso el juzgador que como tambi\u00e9n se pretend\u00eda con la inoponibilidad obtener que el predio denominado \u201cEl Socorro\u201d volviera a la masa herencial, ello era jur\u00eddicamente improcedente, toda vez que, atendida la situaci\u00f3n actual de dicho inmueble, el demandado le vendi\u00f3 esa heredad a Bertilda Guerra de Ara\u00fajo por escritura 592 de 12 de julio de 1982, tal cual se expres\u00f3 en el libelo, de suerte que ante esta particular circunstancia ella ser\u00eda la persona \u201cdirectamente lesionada con la eventual procedibilidad de la acci\u00f3n \u2026, quien se ver\u00eda expropiada de su finca sin haber sido o\u00edda y vencida en juicio (a. 29 C. Pol\u00edtica)\u201d. Concluy\u00f3 diciendo que la sentencia apelada era \u201cilegal e inconstitucional, motivo por el cual\u201d tendr\u00eda que revocarla, como en efecto lo hizo (48). <\/p>\n
Ello constituy\u00f3, seg\u00fan palabras del tribunal, \u201cuna raz\u00f3n m\u00e1s que frustra el \u00e9xito de la demanda\u201d. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Con respaldo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, un cargo plantea el recurrente, conforme al cual la sentencia combatida es indirectamente violatoria, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 213, 1008, 1013, 1040, 1230, 1279, 1297 y 1321 del C\u00f3digo Civil, a consecuencia de no haberse hecho actuar el art\u00edculo 11 de la ley 446 de 1998. <\/p>\n
1. Expone la censura que el tribunal, al hacerle reparos a las partidas de defunci\u00f3n y de bautismo, as\u00ed como a la certificaci\u00f3n expedida por el Juzgado Tercero de Familia sobre la calidad de heredero del actor, dej\u00f3 de aplicar la ley 446 de 1998, pues con ese errado criterio recurri\u00f3 a los art\u00edculos 115, numeral 7\u00ba, y 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no obstante que este ordenamiento jur\u00eddico se encuentra reformado, vulner\u00e1ndose as\u00ed al demandante el derecho a que se decretara la inoponibilidad del acto jur\u00eddico contenido en el instrumento p\u00fablico 104 de 4 de marzo de 1977 y a que el inmueble hiciera parte de la masa sucesoral. <\/p>\n
2. Anota el censor que resulta \u201ccriticable\u201d la afirmaci\u00f3n del juzgador al argumentar oficiosamente que el fallo del a-quo era ilegal e inconstitucional porque no se escuch\u00f3 a Bertilda Guerra, pues con ello olvid\u00f3 que aquel acto escriturario y el certificado de tradici\u00f3n se\u00f1alan al opositor como propietario. <\/p>\n
3. Afirma el acusador que la filosof\u00eda del art\u00edculo 11 de la aludida ley es la de abolir las formas sacramentales en procura de que en el estado social de derecho se cumpla la efectividad de los derechos sustantivos y que con la inaplicaci\u00f3n de esa norma se violaron los art\u00edculos indicados en el cargo. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como enseguida se ver\u00e1, el cargo alberga una deficiencia de orden estrictamente t\u00e9cnico, consistente en que no ataca como corresponde todos los pilares en que se apoya la sentencia combatida. <\/p>\n
Ciertamente, ha de verse c\u00f3mo el tribunal consider\u00f3, por un lado, que los documentos con los cuales el actor pretendi\u00f3 derivar inter\u00e9s jur\u00eddico para deprecar la susodicha inoponibilidad, concretamente el registro civil de defunci\u00f3n de Guerra Ara\u00fajo, la partida de su bautismo y la certificaci\u00f3n del juzgado de familia, se allegaron sin el pleno de las formalidades legalmente establecidas, por lo que carec\u00edan de valor probatorio al efecto; y, por otro, que era Bertilda Guerra de Ara\u00fajo, y no el demandado, quien podr\u00eda salir lesionada con la eventual procedibilidad de la acci\u00f3n intentada, habida consideraci\u00f3n que cuando se promovi\u00f3 esta litigio ella ya hab\u00eda adquirido el inmueble, como as\u00ed lo admiti\u00f3 el demandante en la demanda y lo corroboraba la escritura p\u00fablica n\u00famero 592 de 12 de julio de 1982, pues en tal supuesto perder\u00eda su finca pese a no haber sido o\u00edda y vencida en juicio, por lo que desde esta otra perspectiva las s\u00faplicas eran jur\u00eddicamente improcedentes. <\/p>\n
Este \u00faltimo argumento, como se constata al volver la mirada al cargo, se dej\u00f3 de lado, por cuanto gran parte del ataque apenas s\u00ed se encasill\u00f3 a debatir lo atinente a la valoraci\u00f3n de aquellas copias, dedicando apenas un d\u00e9bil comentario para anotar que el sentenciador olvid\u00f3 que el acto escriturario objeto de las pretensiones y un certificado de tradici\u00f3n mostraban al demandado como propietario. <\/p>\n
Evidentemente, la circunstancia de que el razonamiento sentado por el ad-quem para se\u00f1alar que en todo caso la acci\u00f3n promovida era jur\u00eddicamente inviable, porque la persona que debi\u00f3 enfrentar el proceso era Guerra de Ara\u00fajo y no el opositor, por ser ella quien podr\u00eda salir lesionada de accederse a las s\u00faplicas demandadas en tanto adquiri\u00f3 el predio pretendido, no hubiera sido debidamente atacado por el impugnador, puesto que con total parquedad, de manera notoriamente lac\u00f3nica se limit\u00f3 a comentar que era \u201ccriticable\u201d su razonamiento al no ver otra escritura p\u00fablica -la 104 de 4 de marzo de 1997- y un certificado de tradici\u00f3n, por s\u00ed sola mantiene firme la decisi\u00f3n adoptada en el fallo censurado, lo que significa que as\u00ed se admitiera que el juzgador incurri\u00f3 en el error de derecho que en la acusaci\u00f3n se le enrostra, ello per se no conducir\u00eda al quiebre de la providencia, pues en tal supuesto \u00e9sta se mantendr\u00eda en pie apoyada en ese cardinal argumento del juez de segundo grado que no fue objeto de un debido ataque. <\/p>\n
Es que, como reiteradamente lo ha expresado la Corte, cuando una sentencia se acuse por errores de hecho o de derecho y la misma se halla fundada en diversos apoyos probatorios, para destruir la presunci\u00f3n de acierto de las conclusiones f\u00e1cticas con las que llega a esta senda extraordinaria, el recurrente debe presentar una arremetida en la que involucre \u00edntegros esos cimientos, esto es, \u201cuna impugnaci\u00f3n que comprenda todos los soportes probatorios que fincan la decisi\u00f3n, porque si \u00e9sta es parcial, as\u00ed se demuestren los errores denunciados, los fundamentos no controvertidos y determinantes de ella, la siguen manteniendo y por ende el cargo fracasa, porque la presunci\u00f3n de acierto continuar\u00eda vigente\u201d(G. J., t. CCLXI, pag.882). <\/p>\n
2. No ha de perderse de vista que el censor de manera escueta escasamente aludi\u00f3 a que el sentenciador olvid\u00f3 que la referida escritura 104 y el certificado de tradici\u00f3n se\u00f1alaban al opositor como propietario del predio, no obstante que la conclusi\u00f3n de que la acci\u00f3n ejercida carec\u00eda de procedencia, porque era Bertilda Guerra de Ara\u00fajo quien debi\u00f3 enfrentarla, el juzgador la extrajo de las manifestaciones que el mismo demandante sent\u00f3 en el acto introductorio del proceso y de la escritura 592 de 12 de julio de 1982, los cuales le generaron la convicci\u00f3n de que ante la eventualidad de que se accediera a las s\u00faplicas era ella, y no otra persona, quien saldr\u00eda lesionada, y tales medios probatorios quedaron al margen de toda discusi\u00f3n, desde luego que no se efectu\u00f3 cr\u00edtica alguna a la valoraci\u00f3n que de ellos realiz\u00f3 el sentenciador y, por ende, ninguna labor de contraste se despleg\u00f3 en procura de hacer ver d\u00f3nde pod\u00eda estar el error cometido por \u00e9ste en la ponderaci\u00f3n de esos particulares elementos de certeza. <\/p>\n
Es verdad irrecusable que un planteamiento como el acabado de particularizar, lejos se encuentra de tipificar una acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta, si se toma en consideraci\u00f3n que es al censor a quien le compete demostrar, en el caso espec\u00edfico de la causal primera, por errores de hecho y de derecho, el desacierto cometido por el fallador en la estimaci\u00f3n probatoria y, por ah\u00ed mismo, adelantar la tarea de confrontar lo que realmente surge de la prueba respectiva con la conclusi\u00f3n que de ella deriv\u00f3 el fallador, ya que \u00fanicamente as\u00ed podr\u00e1 la Corporaci\u00f3n establecer si se present\u00f3 el desatino que con caracter\u00edsticas de protuberante necesariamente se exige, pues, como lo tiene dicho la Sala, en trat\u00e1ndose de un ataque por errores de tal naturaleza, \u201cel acusador, en su gesti\u00f3n de demostrar los yerros del juzgador, no puede quedarse apenas en su enunciaci\u00f3n sino que debe se\u00f1alarlos en forma concreta y espec\u00edfica, en orden a lo cual tendr\u00e1 que precisar los apartes relativos a cada una de las falencias de valoraci\u00f3n probatoria, confrontando la realidad que resulta de la prueba con la errada ponderaci\u00f3n efectuada por el sentenciador, tarea esta que no queda cabalmente satisfecha si el censor se contrae apenas a plantear, por m\u00e1s razonado que ello resulte, lo que desde su perspectiva debi\u00f3 ser el juicio del tribunal, por supuesto que un relato de ese talante no alcanza a constituir una cr\u00edtica al fallo sino apenas un alegato de instancia\u201d(sentencia de 8 de abril de 2005, exp.#7730, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
3. Al mantenerse en firme el aludido argumento del tribunal, ha de seguirse que los yerros denunciados en el cargo, de existir, no tendr\u00edan la menor virtualidad para arrebatarle a la sentencia combatida la presunci\u00f3n que acierto que la sigue respaldando, por lo que tales reproches devienen intrascendentes habida consideraci\u00f3n que la determinaci\u00f3n adoptada en la providencia criticada se sostiene en ese soporte no derribado, haciendo as\u00ed imposible su aniquilamiento. <\/p>\n
4. Por tanto, no prospera el cargo. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N: <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 5 de noviembre de 1999 pronunciada en este proceso ordinario por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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