SC-150-2005 [1491-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., treinta (30) de junio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 1491-01 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia adiada el 16 de febrero de 2001 pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D. C., en el proceso ordinario reivindicatorio promovido por Villa Hern\u00e1ndez y Compa\u00f1\u00eda Limitada contra la Asociaci\u00f3n de Copropietarios de la Unidad Residencial \u201cMultiservit\u00e1\u201d, quien a su vez demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n la declaraci\u00f3n de pertenencia. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. La demandante principal pretende reivindicar el inmueble de su propiedad situado en el kilometro 17 de la carretera Central del Norte de Bogot\u00e1, zona de Usaqu\u00e9n, distinguido con el No. 2 de Puente Barrancas, denominado \u201cRaza\u201d, y complementariamente solicita, adem\u00e1s de la restituci\u00f3n del predio, el pago de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por concepto de lucro cesante. <\/p>\n
2. Las pretensiones se hacen descansar en los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
a) Villa Hern\u00e1ndez y Compa\u00f1\u00eda Limitada adquiri\u00f3 el dominio del inmueble por medio de la escritura p\u00fablica No. 1756 de 18 de agosto de 1994 otorgada en la Notar\u00eda 24 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1; sus predecesores lo hab\u00edan adquirido por sentencia de adjudicaci\u00f3n en el proceso de sucesi\u00f3n de Guillermo Mu\u00f1oz. <\/p>\n
b) La sociedad propietaria, que paga oportunamente el impuesto predial y declara el bien como suyo, ha intentado construir en \u00e9l pero se ha encontrado con la f\u00e9rrea oposici\u00f3n de la contradictora, tanto que retir\u00f3 del lugar una valla publicitaria instalada por aqu\u00e9lla el 15 de septiembre de 1994. <\/p>\n
3. La demandada se opuso a la reivindicaci\u00f3n, tras de alegar que adquiri\u00f3 el dominio del inmueble disputado por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria, cuyo reconocimiento expresamente invoca en la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
En la contrademanda adujo esencialmente lo siguiente: <\/p>\n
a) Que desde 1978, por conducto de los habitantes del conjunto residencial, la asociaci\u00f3n viene ejerciendo la posesi\u00f3n ininterrumpida del inmueble disputado, mediante el ejercicio de actos tales como los de evitar la invasi\u00f3n por parte de delincuentes y otras personas, levantar muros, construir cercos, pagar la vigilancia, realizar brigadas de aseo, etc. <\/p>\n
b) Que la posesi\u00f3n ha sido amparada por las autoridades administrativas, y comenz\u00f3 porque quien les vendi\u00f3 le inform\u00f3 a los primeros residentes que el predio objeto de litigio hac\u00eda tambi\u00e9n parte del conjunto residencial y pod\u00eda ser utilizado para parqueaderos, zonas verdes y de recreaci\u00f3n. <\/p>\n
c) Que a esa posesi\u00f3n se suma la que ejerci\u00f3 entre 1974 y <\/p>\n
1978 la sociedad Roberto G\u00f3mez D\u00e1vila, cumpli\u00e9ndose as\u00ed el tiempo necesario para ganar el dominio por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio; inclusive, Leonardo Villa Hern\u00e1ndez le ofreci\u00f3 a la demandada por esa posesi\u00f3n la suma $10.000.000 <\/p>\n
4. A su turno la demandada en reconvenci\u00f3n se opuso y para el efecto expuso como defensas la \u201cinexistencia de causa para demandar\u201d, \u201cobjeto y\/o fin il\u00edcito de la acci\u00f3n\u201d e \u201cinexistencia de la posesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
En lo de fondo, despu\u00e9s de enunciar los requisitos de la reivindicaci\u00f3n y de aludir a la suma de posesiones, el tribunal dedujo en el \u00e1mbito probatorio, lo siguiente: <\/p>\n
1. Que est\u00e1 probado el dominio de la reivindicante con la escritura p\u00fablica de compraventa No. 1756 de 18 de agosto de 1994 corrida en la Notar\u00eda 24 de Bogot\u00e1, debidamente inscrita; como igualmente lo est\u00e1 la posesi\u00f3n de la demandada y la identidad del predio ante el reconocimiento expreso de \u00e9sta sobre su presencia en el inmueble efectuado en la contestaci\u00f3n de la demanda, lo que significa que \u201cla parte actora acredit\u00f3 los requisitos para la prosperidad de su pretensi\u00f3n reivindicatoria\u201d. <\/p>\n
2. La demanda de pertenencia propuesta en reconvenci\u00f3n se desestima porque el tiempo de la posesi\u00f3n de la demandada no alcanza los veinte a\u00f1os exigidos por el legislador y no est\u00e1 demostrada la suma de posesiones; para el efecto se apoy\u00f3 en el testimonio del representante legal de Roberto G\u00f3mez D\u00e1vila y C\u00eda Ltda., en la escritura No. 2240 de la Notar\u00eda Doce de Bogot\u00e1 de 5 de diciembre de 1974 y en la declaraci\u00f3n de Mar\u00eda Silvia Angel Jim\u00e9nez o Silvia de Charcas. <\/p>\n
3. A esos respectos afirma que la usucapiente por fuera de haberse preocupado de la vigilancia del lote, no demostr\u00f3 otros actos posesorios, tal como lo reconocieron las declarantes Mar\u00eda Silvia Angel Jim\u00e9nez, quien manifest\u00f3 que aqu\u00e9lla solamente empez\u00f3 a explotar econ\u00f3micamente el lote como parqueadero a partir de 1998 y como parque infantil desde 1999, y Ligia Matamoros, quien se refiri\u00f3 a que m\u00e1s o menos en 1980 se organiz\u00f3 la junta de acci\u00f3n comunal para tratar asuntos relacionados con el lote. <\/p>\n
4. Y en lo que ata\u00f1e con la suma de posesiones, por cuanto el testigo Roberto G\u00f3mez D\u00e1vila, quien fue gerente de una de las sociedades que fue due\u00f1a antes, dijo que nunca se ocup\u00f3 ning\u00fan predio vecino y que se limit\u00f3 a ofrecer el lote comprendido entre los linderos fijados en la resoluci\u00f3n que para entonces expidi\u00f3 planeaci\u00f3n municipal, lo que desvirt\u00faa que finalmente se haya entregado a la comunidad el lote adicional ahora disputado, lo que adem\u00e1s qued\u00f3 corroborado con la escritura p\u00fablica No. 2240 antes citada. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, se refiri\u00f3 el sentenciador a las restituciones mutuas que derivan de la prosperidad de la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos cargos formula el recurrente contra la sentencia impugnada, <\/p>\n
ambos con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, los que se despachar\u00e1n de manera conjunta dado que ambos ostentan defectos en su formulaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Por la v\u00eda directa se denuncia el quebranto del art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, y de los art\u00edculos 778 y 2521 ib\u00eddem, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se fundamenta en que el tribunal al interpretar el art\u00edculo 946 del C.C. le hizo producir unos efectos diferentes por ausencia de uno de los elementos de la reivindicaci\u00f3n, puesto que \u201csi bien es cierto que se acredit\u00f3 dentro del proceso, el t\u00edtulo y la tradici\u00f3n del bien objeto de la demanda, en el estudio de la escritura de compraventa se afirma (por el comprador) que evidentemente, recibe la posesi\u00f3n material del inmueble y esto entonces permite afirmar que no se da el presupuesto que manda el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil\u201d. Igualmente, en la escritura p\u00fablica No. 2334 de 20 de mayo de 1980, otorgada en la notar\u00eda 6\u00aa, se afirma que el adquirente: \u201cha recibido real y materialmente el inmueble que ha comprado tambi\u00e9n a satisfacci\u00f3n\u201d, esto es, tambi\u00e9n se alude a que la posesi\u00f3n fue recibida por Guillermo Mu\u00f1oz Herrera de manos de Ra\u00fal Cabanzo Orduna. Y cuando los herederos de aqu\u00e9l vendieron a la sociedad Hern\u00e1ndez y C\u00eda. Ltda., igualmente se afirm\u00f3 que esta recibi\u00f3 materialmente el inmueble, todo lo cual lleva a concluir que \u201cno se da uno de los elementos de la acci\u00f3n reivindicatoria, surgiendo entonces, el error que vengo alegando como interpretaci\u00f3n err\u00f3nea en la aplicaci\u00f3n del precitado Art. 946 del C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Por la v\u00eda indirecta y como consecuencia de errores evidentes de hecho, se afirma que el sentenciador quebrant\u00f3 el art\u00edculo 946 del C.C., por aplicaci\u00f3n indebida, y los art\u00edculos 778 y 2521 por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Para sustentar esa denuncia, manifiesta el censor lo siguiente: <\/p>\n
a) Que no fue apreciada la actuaci\u00f3n surtida dentro del tr\u00e1mite de ocupaci\u00f3n de hecho adelantada por Mar\u00eda Teresa Mu\u00f1oz Ram\u00edrez ante la \u201cInspecci\u00f3n 1B distrital de polic\u00eda, decisi\u00f3n que fue confirmada por el consejo de justicia\u201d; el testimonio de Mar\u00eda Silvia Angel Jim\u00e9nez en el que esta afirma que \u201cnosotros desde hace 21 a\u00f1os, que vivo en este conjunto, hemos cuidado el lote continuo a nuestra urbanizaci\u00f3n que en los planos figura lote 1 el construido y lote 2 el de este proceso\u201d; el testimonio de Ligia Matamoros de M\u00e9ndez \u201cen cuyo contenido hace referencia a la posesi\u00f3n material que ven\u00eda ejerciendo la parte pasiva de este proceso desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os\u201d; el testimonio de Jes\u00fas Danilo Parra Montenegro y la prueba documental incorporada al proceso, como los pronunciamientos de la Procuradur\u00eda de Bienes en los que se afirm\u00f3 que \u201cestamos esperando que se nos confirme que dicha zona corresponde a las secciones reglamentarias de la Urbanizaci\u00f3n Multiservit\u00e1\u201d. <\/p>\n
b) El tribunal solamente analiz\u00f3 y tuvo como plena prueba el testimonio de Roberto G\u00f3mez D\u00e1vila y no hizo la confrontaci\u00f3n probatoria con \u201clos testimonios que atr\u00e1s enunci\u00e9\u201c, los que ponen en evidencia que la reconviniente tuvo la posesi\u00f3n por espacio superior a 20 a\u00f1os, yerro que lo llev\u00f3 a desconocer \u201cla preceptiva sustancial del Art. 778 y 2521 y siguientes del C\u00f3digo Civil\u201d y, por ende, los actos posesorios que equivocadamente se fijaron solamente a partir de 1997. <\/p>\n
d) No tuvo en cuenta el hecho probado consistente en que la sociedad demandante ofreci\u00f3 el 28 de octubre de 1994 la suma de $10.000.000, a cambio de la posesi\u00f3n, pues si tal suma fue ofrecida \u201ces porque mi representado llevaba un t\u00e9rmino superior a 20 a\u00f1os, haci\u00e9ndose necesario entonces, el reconocimiento de las agregaciones posesorias debidamente alegadas\u201d. <\/p>\n
f) En consecuencia, se equivoc\u00f3 el tribunal en la apreciaci\u00f3n del testimonio de Roberto G\u00f3mez D\u00e1vila, por considerar que con \u00e9l se desvirtuaba la alegada posesi\u00f3n, en tanto que dej\u00f3 a \u201cun lado el estudio de la prueba documental, de la Procuradur\u00eda de Bienes y del ofrecimiento documental (sic) que hiciera Villa Hern\u00e1ndez a mi representado\u201d. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Siguiendo precisas reglas que estructuran el recurso de casaci\u00f3n y especialmente las correspondientes a la causal primera que consagra el art\u00edculo 368 del C. de P.C., importa recordar, una vez m\u00e1s, que por virtud de la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo de que se halla impregnado dicho medio de impugnaci\u00f3n, le corresponde al recurrente se\u00f1alar con suficiente claridad, precisi\u00f3n y de manera completa las acusaciones que configuran los errores de juzgamiento que, en su opini\u00f3n, dan pie para que sea casado el fallo recurrido; en esa medida, la Corte no puede sobrepasar tales l\u00edmites, ni puede tampoco recrear ni enmendar los cargos propuestos, sea para completarlos o para enderezar su rumbo; tal restricci\u00f3n hace evidente la diferencia que existe entre las atribuciones de los juzgadores de instancia que tienen ante s\u00ed el litigio y la precisa funci\u00f3n de control que ejerce el juez de casaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la sentencia acusada. <\/p>\n
2. De otro lado, cuando la denuncia se orienta por la v\u00eda directa presupone que el censor viene aceptando plenamente las conclusiones f\u00e1cticas y probatorias deducidas por el tribunal, bajo el entendido de que si fuera a discrepar de ellas le corresponder\u00eda dirigir la acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta con el se\u00f1alamiento exacto los errores de apreciaci\u00f3n, de hecho o de derecho, en que haya podido incurrir el sentenciador. <\/p>\n
Igualmente ha indicado la Corte en punto de la causal primera de casaci\u00f3n que no es de recibo ni tiene eficacia legal cualquier cargo, pues se requiere que el propuesto fustigue los verdaderos fundamentos de la sentencia impugnada, y todos ellos, a fin de desvirtuarlos, pues la subsistencia de siquiera uno de ellos que le preste apoyo impide la casaci\u00f3n, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de los desaciertos que a otros respectos formule el censor. <\/p>\n
3. Ahora bien, en la sentencia favorable a la reivindicaci\u00f3n pretendida por la sociedad demandante, estim\u00f3 el tribunal que aquella acredit\u00f3 satisfactoriamente los requisitos estructurales de dicha acci\u00f3n, as\u00ed: el dominio con la copia aut\u00e9ntica de la escritura p\u00fablica No. 1756 de 18 de agosto de 1994 de la Notar\u00eda 24 de esta ciudad debidamente inscrita y con el certificado de tradici\u00f3n en el que consta que sus tradentes adquirieron el inmueble en la adjudicaci\u00f3n que se les hizo dentro del proceso de sucesi\u00f3n de su causante Jorge Guillermo Mu\u00f1oz Herrera tramitado en el Juzgado 29 de Bogot\u00e1, seg\u00fan sentencia de 11 de julio de 1986; y los tres restantes, o sea identidad, cosa singular reivindicable y la posesi\u00f3n derivan de la aceptaci\u00f3n proveniente de la demandada por haber invocado en su beneficio la prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
Adem\u00e1s, para desestimar la suma de posesiones a la que se acude por la demandante en reconvenci\u00f3n con el fin de poder completar el t\u00e9rmino legal de prescripci\u00f3n, el sentenciador tuvo en cuenta el testimonio del representante legal de la sociedad Roberto G\u00f3mez D\u00e1vila y C\u00eda Ltda., una de las antecesoras en el dominio, relativo a que cuando ofreci\u00f3 en venta el predio no se incluyeron las zonas comunes de la urbanizaci\u00f3n que ahora son objeto de litigio; el contenido de la escritura p\u00fablica No. 2240 de 5 de diciembre de 1974 de la Notar\u00eda Doce de Bogot\u00e1, referente a que los linderos all\u00ed relacionados no comprenden el susodicho bien, y, por \u00faltimo, la declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Mar\u00eda Silvia Angel Jim\u00e9nez o Silva de Charcas, \u201cquien contest\u00f3 que en ning\u00fan momento el se\u00f1or Roberto G\u00f3mez D\u00e1vila les manifest\u00f3 que el lote de terreno multicitado ser\u00eda destinado a \u00e1rea comunes, zonas verdes o parques de recreaci\u00f3n\u201d, y se refiri\u00f3 a que en 1998 empez\u00f3 a explotarse el mismo en beneficio de la agrupaci\u00f3n de vivienda. <\/p>\n
4. En esos t\u00e9rminos, pronto observa la Corte que los dos cargos que se acaban de compendiar no cumplen las exigencias que reclama una id\u00f3nea proposici\u00f3n de los cargos en casaci\u00f3n, lo que impide el examen de fondo de las acusaciones propuestas. <\/p>\n
En efecto: <\/p>\n
El cargo primero que por venir dirigido por la v\u00eda directa supone necesariamente la plena conformidad del recurrente con la apreciaci\u00f3n de las pruebas efectuada en el fallo cuestionado, y exige explicar el error puramente jur\u00eddico que se le imputa al sentenciador; de all\u00ed que una acusaci\u00f3n de tal \u00edndole no debe incluir cr\u00edticas sobre la apreciaci\u00f3n de los hechos y de las pruebas efectuada por el sentenciador; fluye inconsecuente, entonces, como aqu\u00ed se detecta, denunciar la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 946 del C. Civil, concepto de violaci\u00f3n expresamente indicado con el cual el recurrente trasluce su intenci\u00f3n de construir un yerro puramente jur\u00eddico pero a partir de aspectos de orden f\u00e1ctico por cuya inobservancia precisamente protesta el censor; ciertamente que el impugnante no denuncia en el plano del derecho el desconocimiento del tribunal del presupuesto material de la reivindicaci\u00f3n relativo al dominio de la demandante, sino que controvierte la prueba del mismo con que se le dio por sentado en el fallo acusado, lo que evidentemente podr\u00eda hacer pero no por la v\u00eda directa, como obr\u00f3, sino por la indirecta, indicando claramente el tipo de yerro de apreciaci\u00f3n probatoria que se denuncia. <\/p>\n
A ese respecto, la censura para afirmar que se le dio un alcance equivocado al art\u00edculo 946 del C. Civil, aludi\u00f3 a que no est\u00e1 demostrado el dominio de la demandante, prevalido de los t\u00e9rminos en que los adquirentes sucesivos del inmueble dijeron recibir el inmueble, trayendo a colaci\u00f3n una cr\u00edtica propia de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica; o sea que en el punto critica esencialmente la apreciaci\u00f3n que el sentenciador le dio a los t\u00edtulos de adquisici\u00f3n, como se deduce de la mera lectura del cargo primero. <\/p>\n
5. En lo que ata\u00f1e con el segundo cargo, el cual se orienta por la v\u00eda indirecta, verifica la Corte que no comprende todos los fundamentos que tuvo en cuenta el sentenciador para no acceder a la suma de posesiones y, en consecuencia, para determinar que como el tiempo de posesi\u00f3n de la usucapiente resulta inferior a veinte a\u00f1os no se puede acceder a la declaraci\u00f3n de pertenencia deprecada. <\/p>\n
En efecto, tal como qued\u00f3 anotado, el tribunal fundament\u00f3 su decisi\u00f3n denegatoria de la pertenencia en tres pruebas, as\u00ed: lo dicho por el representante legal de la sociedad Roberto G\u00f3mez D\u00e1vila al rendir testimonio; el texto de la escritura p\u00fablica 2240 de 1974 y lo manifestado por la declarante Mar\u00eda Silvia Angel Jim\u00e9nez o Silva de Charcas. <\/p>\n
6. La censura, por su lado, se limit\u00f3 a cuestionar las deducciones del fallador relacionadas con el testimonio del representante legal de la indicada sociedad en relaci\u00f3n con la posesi\u00f3n que en su favor, seg\u00fan su opini\u00f3n, atestan otros declarantes, mas omiti\u00f3 hacer referencia a la verdadera conclusi\u00f3n que extrajo del testimonio de Roberto G\u00f3mez D\u00e1vila consistente en que, como representante legal de la sociedad tradente anterior, nunca ofreci\u00f3 las zonas comunes que ahora son objeto de pleito, punto de vista que le sirvi\u00f3 al tribunal precisamente para no haber hallado como hilar la suma de posesiones alegada por la demandada y sobre el que la acusaci\u00f3n pas\u00f3 de largo; como igualmente omiti\u00f3 hacer referencia a las dos restantes pruebas consideradas por el tribunal, o sea la escritura 2240 relativa a la identificaci\u00f3n del inmueble que fue objeto de venta sin inclusi\u00f3n de la zona disputada, y a la parte pertinente del testimonio de Mar\u00eda Silvia Angel Jim\u00e9nez atinente a que la explotaci\u00f3n del predio se inici\u00f3 en 1998, pues de esta \u00faltima prueba apenas sustrajo otro aparte que no tiene nada que ver con la inferencia que del mismo dedujo el tribunal. <\/p>\n
As\u00ed, prescindiendo de las bases esenciales en que se apoya el fallo impugnado, m\u00e1s bien quiso el recurrente atar como cabos sueltos, equ\u00edvocos por lo dem\u00e1s, la presencia de un supuesto ofrecimiento econ\u00f3mico por la posesi\u00f3n que en verdad no significa necesariamente el reconocimiento de la demandante sobre la posesi\u00f3n veintenaria de la demandada, y un documento emanado de la Procuradur\u00eda de Bienes del Distrito que no aporta nada especial para la resoluci\u00f3n del presente litigio. <\/p>\n
7. Salta a la vista, entonces, que el cargo primero es inid\u00f3neo por las razones indicadas atr\u00e1s y que el segundo, am\u00e9n de incompleto, no apunta contra los verdaderos fundamentos de la sentencia de segunda instancia, por lo que se impone concluir que ninguno de ellos est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 16 de febrero de 2001, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D. C. en el proceso ordinario arriba referido. <\/p>\n
Las costas del recurso de casaci\u00f3n son de cargo de la parte recurrente y ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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