SC-154-2005 [1100131030011999-01493-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de julio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente: 1100131030011999-01493 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la CORPORACI\u00d3N SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA contra la sentencia de 8 de agosto de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario de LIBARDO ANTONIO DUQUE QUINTERO contra la recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la demanda que origin\u00f3 el proceso, el demandante solicita que se declare que la entidad demandada es civilmente responsable de la terminaci\u00f3n unilateral del contrato de arrendamiento que respecto de un bien inmueble suscribieron, y que como consecuencia se le condene a pagar los c\u00e1nones pactados por el tiempo que faltaba para completar el t\u00e9rmino del arriendo, junto con los perjuicios causados y cl\u00e1usula penal, todo indexado. <\/p>\n
2.- Las pretensiones las fundamenta en que fijado en cinco a\u00f1os el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del contrato, contado desde el 1\u00ba de marzo de 1996, hasta el 28 de marzo de 2001, mediante el pago de la suma de $1.900.000.oo mensuales, con un incremento anual del 20%, la arrendataria demandada, fundada en la cl\u00e1usula octava, puso fin al mismo, a partir de mayo de 1999, ofreciendo el pago de tres rentas de arrendamiento. <\/p>\n
3.- El 14 de febrero de 2000, la sociedad demandada se opuso a las pretensiones, porque, en lo esencial, la terminaci\u00f3n unilateral del referido contrato hab\u00eda operado conforme a lo pactado en la cl\u00e1usula octava, seg\u00fan comunicaciones cruzadas, pero que ante la negativa del arrendador en recibir el inmueble, consign\u00f3 en el Banco Agrario la sanci\u00f3n estipulada e instaur\u00f3 el proceso respectivo ante el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
4.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, mediante sentencia de 11 de diciembre de 2001, neg\u00f3 las pretensiones, argumentando, en lo pertinente, que como quien se sustrajera a lo pactado en el contrato, deb\u00eda pagar como indemnizaci\u00f3n el valor de tres c\u00e1nones de arrendamiento, la arrendataria, al incumplir lo pactado, en cuanto al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del arriendo, y pagar la referida suma, se hab\u00eda liberado de toda obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Decisi\u00f3n que el Tribunal revoc\u00f3 en la sentencia recurrida en casaci\u00f3n y en su lugar conden\u00f3 a la sociedad demandada a pagar al demandante los c\u00e1nones de arrendamiento comprendidos entre el \u201c1\u00ba de marzo de 1999 al 28 de febrero de 2001\u201d, teniendo en cuenta el incremento del 20%, y los intereses de mora de cada per\u00edodo, seg\u00fan el art\u00edculo 111 de la Ley 510 de 1999. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Para el Tribunal, contrario a lo que concluy\u00f3 el juzgado, lo estipulado en la cl\u00e1usula octava del contrato de arrendamiento era una t\u00edpica cl\u00e1usula penal que no exoneraba al inquilino de pagar las rentas por todo el per\u00edodo de su vigencia. Por lo tanto, como el acreedor pod\u00eda elegir entre reclamar la cl\u00e1usula penal o la obligaci\u00f3n principal, proced\u00eda \u00e9sta y no aqu\u00e9lla, por haber sido ese el inter\u00e9s que el demandante preserv\u00f3. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
De los tres cargos formulados, la Corte contraer\u00e1 el estudio al primero, porque con alcance totalizador, prospera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- Con base en el art\u00edculo 368, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia de incongruencia por haber omitido decretar de oficio la excepci\u00f3n de cosa juzgada. <\/p>\n
2.- En la sustentaci\u00f3n, la recurrente deja sentado que al contestar la demanda acept\u00f3 que unilateralmente hab\u00eda terminado el contrato de arrendamiento, haciendo uso de la cl\u00e1usula octava, y que como el arrendador no recibi\u00f3 el inmueble, promovi\u00f3, con ese mismo prop\u00f3sito, el proceso respectivo en el Juzgado 27 Civil del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
As\u00ed mismo que el citado juzgado, mediante oficio de 10 de octubre de 2001, confirm\u00f3 lo anterior, y que, adem\u00e1s, en sentencia de 6 de marzo de 2001, se hab\u00eda declarado \u201cterminado el contrato de arrendamiento\u201d, fallo del cual alleg\u00f3 copia simple e hizo la alegaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
3.- Considera la recurrente que como de esa actuaci\u00f3n lo \u00fanico que controvierte el demandante es su contenido, al decir en las conclusiones de instancia que dicha sentencia carec\u00eda de \u201cincidencia en el ordinario que nos ocupa, por tener pretensiones distintas\u201d, no hay motivo alguno para restarle eficacia probatoria. <\/p>\n
4.- Confrontado el contenido del anotado fallo con el presente proceso, la recurrente encuentra la triple identidad de sujetos, objeto y causa, constitutiva de la cosa juzgada material, porque, en lo pertinente, fuera de referirse a las mismas partes, ambas actuaciones tienen en com\u00fan el mismo contrato de arrendamiento y la discusi\u00f3n de su cl\u00e1usula octava. <\/p>\n
5.- Frente a lo expuesto, concluye la recurrente que como el Tribunal neg\u00f3 el derecho que le reconoci\u00f3 la sentencia del Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en cuanto aval\u00f3 la terminaci\u00f3n unilateral del contrato celebrado, mediante el pago de tres rentas de arrendamiento, desconoci\u00f3 la cosa juzgada material. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El Tribunal no se refiri\u00f3 a los hechos de la oposici\u00f3n, relativos a la existencia de un proceso abreviado promovido por la ahora demandada contra el arrendador, tendiente a que \u00e9ste le recibiera el inmueble arrendado, por haber cumplido, en su sentir, con los requisitos exigidos en la cl\u00e1usula octava del contrato celebrado, para considerar terminada unilateralmente la relaci\u00f3n de tenencia. <\/p>\n
Tampoco hizo menci\u00f3n que el aludido proceso culmin\u00f3 con sentencia de 6 de marzo de 2001, acogiendo, con fundamento en la mentada cl\u00e1usula octava, la terminaci\u00f3n del contrato de que se trata. Hecho que no s\u00f3lo la sociedad arrendataria -demandada- puso en conocimiento, adosando al expediente copia informal del citado fallo, inclusive haciendo la respectiva alegaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n el juzgado que lo profiri\u00f3, seg\u00fan oficio de 10 de octubre de 2001, en el que se da cuenta que en el citado proceso se \u201cdict\u00f3 sentencia\u201d, el 6 de marzo de 2001, \u201cdeclarando terminado el contrato de arrendamiento\u201d. <\/p>\n
El arrendador demandante no desconoce la existencia de las anteriores pruebas, cuando, am\u00e9n de que no protest\u00f3 el auto del juzgado de 11 de mayo de 2001, que orden\u00f3 incorporar al expediente la copia del referido fallo, en el alegato de primera instancia, sin cuestionar la eficacia probatoria de dicha copia, sostuvo que la \u201csentencia proferida por el Juzgado 27 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dentro del proceso de restituci\u00f3n de bien arrendado adelantado por COLMENA contra LIBARDO DUQUE QUINTERO, no puede tener incidencia en el ordinario que nos ocupa, por tener pretensiones distintas\u201d. <\/p>\n
Sin desconocer que los jueces para tomar sus decisiones s\u00f3lo pueden tomar las pruebas que \u201chan sido proporcionadas de modo regular\u201d, la Corte tiene explicado que \u201cpor imperativo de elementales criterios \u00e9tico-jur\u00eddicos, un principio general de esta naturaleza tiene que ser llevado a la pr\u00e1ctica con prudente juicio y luego de examinar el comportamiento procesal desplegado por el litigante que con su aplicaci\u00f3n resulte beneficiado\u201d (sentencia de 27 de marzo de 1998, CCLII-627) . <\/p>\n
Por esto, como en el mismo antecedente se se\u00f1al\u00f3, \u201csiempre deben hacerse compatibles dr\u00e1sticas reglas de procedimiento probatorio, como lo son por ejemplo en el \u00e1mbito de la evidencia de tipo documental las contenidas en los Arts. 253 y 254 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, con caracterizadas exigencias de buena fe, en especial con aquella que rechaza las conductas contradictorias y obliga a quienes en actitudes de esta estirpe incurren, a responder por las consecuencias de la confianza suscitada, prop\u00f3sito este de suyo laudable que puede alcanzarse en la medida en que se distinga el documento producido, de un lado, y del otro el acto de producirlo en funci\u00f3n probatoria lo que, por sabido se tiene, le est\u00e1 de ordinario reservado a las partes, entendiendo entonces que no se trata de otorgarle al primero una cualidad que la ley le niega, cosa que evidentemente no es factible hacer con s\u00f3lo valerse del postulado en cuesti\u00f3n, sino que se trata de imprimirle seriedad y estabilidad al segundo, impidiendo el ejercicio posterior de facultades procesales que, sin embargo de ser leg\u00edtimas en abstracto, lo contradicen y por ende deben ser paralizadas\u201d. <\/p>\n
En ese orden, si bien la copia de la sentencia en cuesti\u00f3n se encuentra sin autenticar, las circunstancias espec\u00edficas que ofrece el proceso, permiten tener el hecho por acreditado. Como se indic\u00f3, am\u00e9n de que la parte demandante no protest\u00f3 la incorporaci\u00f3n de dicho fallo al expediente ni le rest\u00f3 eficacia probatoria en los alegatos de primera instancia, el oficio de respuesta que se recibi\u00f3 como consecuencia del auto de pruebas y la referencia que la citada parte hizo expresamente aceptando su contenido en los mentados alegatos, para oponerse, en el sentido de que no ten\u00eda incidencia en el asunto controvertido, no s\u00f3lo confirman la existencia de la sentencia, sino que tambi\u00e9n permiten concluir su firmeza, esto \u00faltimo, inclusive, porque en ninguna parte el punto aparece cuestionado. <\/p>\n
2.- Frente a lo expuesto, claramente se pone de presente que el Tribunal incurri\u00f3, por defecto, en el error de procedimiento que se le imputa, porque si bien la excepci\u00f3n de cosa juzgada no fue propuesta, entre otras cosas porque para la \u00e9poca de la contestaci\u00f3n de la demanda en el primitivo proceso no se hab\u00eda dictado sentencia, el inciso final del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, impone al juez la obligaci\u00f3n de tener \u201cen cuenta cualquier hecho modificativo o extintivto del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido despu\u00e9s de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a m\u00e1s tardar en su alegato de conclusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en concordancia, el art\u00edculo 306, inciso 1\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, establece que cuando el juez encuentre probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n de m\u00e9rito, debe reconocerla de oficio en la sentencia, salvo claro est\u00e1, \u201clas de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deben alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d. <\/p>\n
Por supuesto que si el sentenciador se desentiende de las anteriores directrices, incurre en un error de actividad, porque vulnera una norma que lo compele a asumir determinado comportamiento al momento de definir el pleito. Acontece lo propio, con relaci\u00f3n a la incongruencia objetiva, cuando, entre otros casos, peca por defecto, vale decir, cuando omite resolver todo o parte de lo pedido o aquello sobre lo cual deb\u00eda proveer de oficio. <\/p>\n
3.- Como el Tribunal ning\u00fan pronunciamiento hizo sobre el tema que trata el cargo, seg\u00fan qued\u00f3 consignado, el ataque resulta fundado, raz\u00f3n por la cual al casarse la sentencia recurrida en casaci\u00f3n, es del caso proferir la de reemplazo. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1.- Con el fin de impedir que quien result\u00f3 vencido en un litigio vuelva a plantear la cuesti\u00f3n o asunto sometido a composici\u00f3n judicial, hasta que su pretensi\u00f3n o excepci\u00f3n tenga eco, se ha erigido el instituto de la cosa juzgada, que precisamente responde a pot\u00edsimos motivos, como la preservaci\u00f3n del orden p\u00fablico, la seguridad jur\u00eddica y la paz social, entre otros. <\/p>\n
El art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, establece que los l\u00edmites de la cosa juzgada emergen de las identidades de partes, causa y objeto. El l\u00edmite subjetivo se refiere a la identidad jur\u00eddica de los sujetos involucrados y su fundamento racional se encuentra en el principio de la relatividad de las sentencias. El l\u00edmite objetivo lo conforman las otras dos identidades, consistiendo el objeto en \u201cel bien corporal o incorporal que se reclama, o sea, las pretensiones o declaraciones que se piden de la justicia\u201d (CLXXII-21), o en \u201cel objeto de la pretensi\u00f3n\u201d (sentencia No. 200 de 30 de octubre de 2002), y la causa, \u201cen el motivo o fundamento del cual una parte deriva su pretensi\u00f3n deducida en el proceso\u201d (sentencia No. 139 de24 de julio de 2001, reiterando doctrina anterior). <\/p>\n
La tarea de verificaci\u00f3n que entra\u00f1a la cosa juzgada, exige hallar en la sentencia pasada las cuestiones que ciertamente constituyeron la materia del fallo, pues en ellas se centra su fuerza vinculante. Pero como en ocasiones en el examen de tales elementos se presentan situaciones oscuras, la Corte desde anta\u00f1o tiene explicado que \u201cSiempre que por raz\u00f3n de la diferencia de magnitud entre el objeto juzgado y el nuevo pleito se haga oscura la identidad de ambos, \u00e9sta se averigua por medio del siguiente an\u00e1lisis: si el juez al estudiar sobre el objeto de la demanda, contradice una decisi\u00f3n anterior, estimando un derecho negado o desestimando un derecho afirmado por la decisi\u00f3n precedente, se realiza la identidad de objetos. No as\u00ed en el caso contrario, o sea cuando el resultado del an\u00e1lisis dicho es negativo\u201d (sentencia de 27 de octubre de 1938, XLVII-330). <\/p>\n
En cuanto a la separaci\u00f3n entre el objeto y la causa para pedir, \u201ccomo se trata en rigor jur\u00eddico de dos aspectos \u00edntimamente relacionados, las m\u00e1s de las veces ser\u00e1 prudente examinarlos como si se tratara de una unidad, para determinar en todo el conjunto de la res in judicium deductae tanto la identidad de objeto como la identidad de causa. As\u00ed podr\u00e1 saberse que el planteamiento nuevo de determinadas cuestiones, y las futuras decisiones acerca de estos puntos, solamente estar\u00e1n excluidas en cuanto tengan por resultado hacer nugatorio o disminuir de cualquier manera el bien jur\u00eddico reconocido en la sentencia precedente\u201d (sentencia de 24 de enero de 1983, CLXXII-21). <\/p>\n
2.- Aplicadas las anteriores directrices al caso, resulta claro que las partes ahora involucradas, tambi\u00e9n lo fueron en un precedente proceso. <\/p>\n
Conforme al contenido de la sentencia de 6 de marzo de 2001 del Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que en el mismo se profiri\u00f3, el demandado, ahora demandante, se opuso a que a instancia de su arrendataria, se declarara terminado el contrato de arrendamiento con fundamento en la cl\u00e1usula octava, en orden a lo cual formul\u00f3 las excepciones de inexistencia de la obligaci\u00f3n de recibir el inmueble por parte del arrendador, falta de causa para demandar y contrato no cumplido. <\/p>\n
Excepciones todas que fueron decididas en forma adversa, porque como se hab\u00eda pactadoa una sanci\u00f3n por el incumplimiento, \u201cel art\u00edculo 2003 del C. C. no es aplicable en este asunto, pues de hacerlo as\u00ed estar\u00edamos frente a una doble sanci\u00f3n por el mismo hecho\u201d, y porque seg\u00fan las pruebas recaudadas la \u201carrendataria termin\u00f3 unilateralmente el contrato de arrendamiento\u201d, cumpliendo con lo \u201cpactado en la cl\u00e1usula octava al consignar el valor de la sanci\u00f3n por el incumplimiento\u201d. De ah\u00ed que se declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento y se orden\u00f3 al arrendador que recibiera el inmueble. <\/p>\n
El demandante ahora pretende que se condene a la sociedad demandada a pagar el valor de las rentas durante el tiempo que faltaba para expirar el arriendo, porque, como lo sostuvo en el recurso de apelaci\u00f3n, si bien dicha sociedad \u201ccancel\u00f3 el valor de la cl\u00e1usula penal pactada\u201d, esto no la relevaba del pago de los c\u00e1nones por el tiempo que faltaba para la duraci\u00f3n del arriendo, de conformidad con el art\u00edculo 2003 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Confrontada la decisi\u00f3n del primitivo proceso, obviamente que con independencia del acierto, con lo que se propone en el presente asunto, no se remite a duda que adem\u00e1s de la identidad de sujetos, concurren los otros presupuestos para reconocer la cosa juzgada, porque como pasa a verse, una decisi\u00f3n favorable al demandante implicar\u00eda desestimar el derecho que se le reconoci\u00f3 a la arrendataria en el otro proceso, en el sentido de que se pod\u00eda liberar del contrato pagando \u00fanicamente el valor de la cl\u00e1usula penal pactada. <\/p>\n
Baste indicar, en orden a comprobar lo \u00faltimo, que al declararse terminado el contrato de arrendamiento, por haberse cumplido lo estipulado en la cl\u00e1usula octava, el sentenciador expresamente se\u00f1al\u00f3, a ra\u00edz de las excepciones del demandado, las cuales declar\u00f3 infundadas, que \u201cel art\u00edculo 2003 del C. C. no es aplicable en este asunto, pues de hacerlo as\u00ed estar\u00edamos frente a una doble sanci\u00f3n por el mismo hecho\u201d. Aspecto que en el nuevo proceso se revive, al decirse que la cancelaci\u00f3n del valor de tres rentas de arrendamiento, conforme se pact\u00f3 en la cl\u00e1usula octava, no exoneraba el pago de las rentas por el tiempo que faltaba para la duraci\u00f3n del arriendo. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, la Corte, en sede de instancia, confirmar\u00e1 la sentencia apelada, pero por encontrarse estructurada la excepci\u00f3n de cosa juzgada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 8 de agosto de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso de LIBARDO ANTONIO DUQUE QUINTERO contra la CORPORACION SOCIAL DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA, y en sede de instancia, CONFIRMA la sentencia de 11 de diciembre de 2001 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, salvo el numeral primero de la parte dispositiva, que se revoca, para en su lugar declarar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada. <\/p>\n
Costas de segunda instancia a cargo del apelante. Liqu\u00eddense por el Tribunal. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n por haber prosperado el recurso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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