SC-155-2005 [05214-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 05214-01 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia adiada el 27 de noviembre de 2001 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del proceso ordinario promovido por el se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Uribe Henao contra la se\u00f1ora Eugenia Giraldo V\u00e9lez. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Pretende el demandante la reivindicaci\u00f3n del inmueble rural situado en el paraje la Vuelta de Villa Gloria, corregimiento de El Prado, jurisdicci\u00f3n territorial de Medell\u00edn y, en consecuencia, que se ordene a la demandada la restituci\u00f3n del mismo junto con los frutos producidos. <\/p>\n
2. La causa para pedir puede resumirse as\u00ed: <\/p>\n
a) Mediante escritura p\u00fablica No. 3871 de 30 de junio de 1989 de la Notar\u00eda 12 de Medell\u00edn, inscrita el siguiente 15 de agosto en el folio inmobiliario No. 001-00116076, cuyos linderos fueron aclarados posteriormente tambi\u00e9n por escritura p\u00fablica, Mar\u00eda Nelly Hern\u00e1ndez de Vel\u00e1squez le vendi\u00f3 el derecho real de dominio del citado inmueble, el que a su vez ella hab\u00eda adquirido en la sucesi\u00f3n de su progenitor Jos\u00e9 Mar\u00eda Hern\u00e1ndez Z., seg\u00fan sentencia aprobatoria de la partici\u00f3n de 21 de mayo de 1979. <\/p>\n
b) La demandada se apoder\u00f3 del inmueble de manera subrepticia y aprovech\u00e1ndose de la edad y estado ps\u00edquico de Mar\u00eda Bertolda Cano de H., esposa de Jos\u00e9 Mar\u00eda Hern\u00e1ndez, y viene ejerciendo la posesi\u00f3n por conducto de arrendatarios por un tiempo no superior a los trece a\u00f1os, ante quienes afirma su condici\u00f3n de due\u00f1a, manifestaci\u00f3n que pone en evidencia la mala fe con la que act\u00faa. <\/p>\n
3. La demandada se opuso a las pretensiones argumentando que su posesi\u00f3n, que data desde 1976, es anterior al t\u00edtulo de adquisici\u00f3n del demandante; igualmente formul\u00f3 bajo el r\u00f3tulo de excepciones la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, ordinaria de manera principal y extraordinaria de forma subsidiaria; la posesi\u00f3n anterior al t\u00edtulo y falta de identidad entre lo reivindicado y lo pose\u00eddo. <\/p>\n
5. El tribunal al desatar la alzada interpuesta por la demandada, revoc\u00f3 la sentencia y, en su lugar, declar\u00f3 de oficio probada la excepci\u00f3n de petici\u00f3n antes de tiempo; aclar\u00f3 enseguida que la decisi\u00f3n no configura cosa juzgada \u201cpara el evento de que el reivindicante logre previamente la declaraci\u00f3n de ineficacia del contrato de compraventa que justifica la posesi\u00f3n de la demandada\u201d. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Ellos admiten la siguiente s\u00edntesis y recaen esencialmente sobre el examen del requisito de la reivindicaci\u00f3n relativo al dominio del demandante: <\/p>\n
1\u00ba) En uno de los dos folios de matr\u00edcula inmobiliaria allegados al expediente, el n\u00famero 116076, aparece inscrito el demandante como propietario del inmueble disputado, folio que inici\u00f3 su historia con la escritura p\u00fablica No. 2700 de 23 de mayo de 1965 por medio de la cual Ezequiel Romero Gonz\u00e1lez le vendi\u00f3 a Lucrecia Montoya de Restrepo. En la anotaci\u00f3n tercera de esa matr\u00edcula figura la escritura p\u00fablica No. 2908 de 4 de junio de 1970 de la Notar\u00eda Tercera de Medell\u00edn por la cual Mar\u00eda Bertolda Cano Hern\u00e1ndez le compr\u00f3 el inmueble a Lucrecia Montoya de Restrepo, t\u00edtulo de donde tiene que salir el an\u00e1lisis \u201cpara definir lo que ata\u00f1e al dominio y m\u00e1s que al dominio, a la posibilidad y actualidad del ejercicio de esta pretensi\u00f3n reivindicatoria\u201d. <\/p>\n
El 21 de mayo de 1979 obra la inscripci\u00f3n de la sentencia de adjudicaci\u00f3n del bien en la sucesi\u00f3n de Jos\u00e9 Mar\u00eda Hern\u00e1ndez en favor de Mar\u00eda Nelly Hern\u00e1ndez, \u201ces decir, 9 a\u00f1os despu\u00e9s de que Mar\u00eda Bertolda hubiera adquirido el bien inmueble\u201d, y por medio de la escritura No. 3871 de 30 de junio de 1989 de la Notar\u00eda Doce de Medell\u00edn, la mencionada Mar\u00eda Nelly le vendi\u00f3 al demandante. <\/p>\n
2\u00ba) Pero por escritura p\u00fablica No. 73 de 21 de enero de 1976 de la Notar\u00eda \u00danica de Itagu\u00ed Mar\u00eda Bertolda Cano de Hern\u00e1ndez vendi\u00f3 a la demandada dos lotes, as\u00ed: el primero, identificado como lote-A, que corresponde al que se ha descrito anteriormente; y el segundo, identificado como lote-B, \u201ccuyos linderos no engloba aumentando los del lote-A, en esa escritura\u201d. <\/p>\n
3\u00ba) El actor afirma que el inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n es el que tiene el folio de matr\u00edcula N\u00b0 001-00116076 y que la posesi\u00f3n de la demandada data de 1976, esto es, a partir de cuando compr\u00f3 y recibi\u00f3 de su tradente Mar\u00eda Bertolda Cano de Hern\u00e1ndez los dos lotes A y B, \u201cluego, ser\u00eda necesario encontrar un t\u00edtulo anterior a tal posesi\u00f3n que apoyara la pretensi\u00f3n reivindicatoria del demandante, para pregonar su triunfo. Este t\u00edtulo, del an\u00e1lisis que viene de hacerse, es un t\u00edtulo com\u00fan, es el t\u00edtulo de Bertolda a\u00f1o de 1970, escritura 2908 del 4 de junio de la notar\u00eda tercera de Medell\u00edn\u201d. <\/p>\n
4\u00ba) Y ese es el problema que aqu\u00ed tiene que solucionarse, pues \u201csi Bertolda vende a Eugenia en 1976 y le hace entrega del bien como corresponde a un contrato de compraventa, y Eugenia posee entonces desde 1976, no puede el demandante apoyar su pretensi\u00f3n en ese t\u00edtulo, porque \u00e9l tan solo compra en 1989, la titularidad inscrita de un inmueble que ha sido vendido y pose\u00eddo por un tercero, y desde 1976 y que adem\u00e1s ha sido vendido por quien es su propia causante en el dominio\u201d. <\/p>\n
5\u00ba) Agrega, luego de reproducir el texto del art\u00edculo 1873 del C\u00f3digo Civil que regula el efecto de la venta de una misma cosa a dos personas diferentes, que \u201ces verdad que el r\u00e9gimen nuestro del contrato de compraventa, vertido al c\u00f3digo de Don Andr\u00e9s Bello, est\u00e1 plagado de ambig\u00fcedades entre los alcances del contrato, como que transmita o no el dominio y que tan solo genere obligaciones, optando la interpretaci\u00f3n milenaria por esta \u00faltima soluci\u00f3n. Pero es tambi\u00e9n claro y cierto el precepto trascrito y se vuelve m\u00e1s evidente su significado como impeditivo del ejercicio de la acci\u00f3n reivindicatoria que en este proceso se ejerce, cuando se hacen consideraciones atinentes aun a la idea de la existencia de contratos de menor envergadura que la compraventa, previos al ejercicio de la pretensi\u00f3n reivindicatoria y que la enervar\u00edan, mientras ese aspecto contractual no se hubiera destruido previamente por quien pretende reivindicar\u201d, conforme lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia. <\/p>\n
6\u00ba) Por consiguiente, la pretensi\u00f3n reivindicatoria se frustra frente a una posesi\u00f3n de la demandada que tiene su origen en la celebraci\u00f3n de un contrato de compraventa, y mientras tal acuerdo no sea destruido previamente; por lo tanto, procede de oficio declarar probada la excepci\u00f3n de petici\u00f3n antes de tiempo \u201ccon el significado de que esta decisi\u00f3n no se configura como cosa juzgada para el evento de que el reivindicante logre previamente la declaraci\u00f3n de ineficacia del contrato de compraventa que justifica la posesi\u00f3n de la demandada Mar\u00eda Eugenia Giraldo\u201d. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formulan tres cargos contra la sentencia del tribunal, los que se despachar\u00e1n as\u00ed: inicialmente el tercero por referirse a un vicio de procedimiento, y a continuaci\u00f3n los otros dos de manera conjunta dado que, como se ver\u00e1, reclaman consideraciones comunes. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n se acusa a la sentencia de no estar en consonancia con las pretensiones y las excepciones propuestas por la demandada. <\/p>\n
En desarrollo del cargo el censor manifiesta lo siguiente: <\/p>\n
a) El demandante recuerda los t\u00e9rminos de las pretensiones contenidas en la demanda y los que corresponden a las excepciones propuestas por la demandada, ambos compendiados en los antecedentes del caso, para resaltar que el tribunal, despu\u00e9s de revocar la sentencia de primera instancia, opt\u00f3 por declarar probada la excepci\u00f3n de petici\u00f3n antes de tiempo. <\/p>\n
b) Quiere decir lo anterior que la sentencia no resolvi\u00f3 ni la pretensi\u00f3n de reivindicaci\u00f3n pedida por el actor ni ninguna de las defensas planteadas por la demandada; por el contrario, declar\u00f3 probada una excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u201ctemporaria de petici\u00f3n antes de tiempo\u201d que no fue formulada por la parte pasiva, sin tener en cuenta que no le est\u00e1 permitido al fallador resolver de oficio \u201cen forma ultra petita\u201d. <\/p>\n
c) Fuera de no haberse dictado la sentencia en consonancia con lo solicitado por las partes, ella condiciona un fallo definitivo a que el reivindicante dirima previamente y, en proceso separado, lo atinente a la eficacia o nulidad del t\u00edtulo o contrato de compraventa presentado por la demanda, \u201ccuando es precisamente el proceso reivindicatorio el id\u00f3neo para plantear y resolver el debate sobre qu\u00e9 parte tiene mejor derecho, la una para reivindicar o la otra para declarar extinguida la acci\u00f3n reivindicatoria e iniciar consecuentemente la acci\u00f3n para usucapir\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Los hechos y las pretensiones de la demanda, y las excepciones del demandado, trazan en principio los l\u00edmites dentro de los cuales debe el juez decidir sobre el derecho disputado en juicio; por consiguiente, la incongruencia de un fallo se verifica mediante una labor comparativa entre el contenido de lo expuesto en tales piezas del proceso y las resoluciones adoptadas en \u00e9l, todo en armon\u00eda con el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; de ese modo se podr\u00e1 establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, por exceso o por defecto, a tan precisas pautas. <\/p>\n
La Corte en numerosos fallos, entre los que se encuentra el de casaci\u00f3n de 28 de junio de 2000, expediente N\u00b0 5348, ha predicado que \u00aben la hip\u00f3tesis de la causal segunda de casaci\u00f3n, se le atribuye al juzgador un defecto en el comportamiento procesal que debe asumir, al dictar sentencia, frente al libelo generador, las excepciones propuestas y las que puede reconocer de oficio, consistente en no obrar en consonancia con lo pedido y con los fundamentos de hecho expuestos por las partes, tal como lo dispone el art\u00edculo 305 del C. P. C., norma que, acorde con el principio dispositivo que a\u00fan informa el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, consagra el postulado de la congruencia en esta materia, cuya infracci\u00f3n s\u00f3lo puede advertirse mediante ‘una labor comparativa indispensable entre el contenido de fondo de la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal y lo resuelto por el juzgador en el respectivo fallo’, con el fin de establecer una de las tres causas de ocurrencia de la anomal\u00eda en cuesti\u00f3n: ‘La de ser la resoluci\u00f3n impertinente por ocuparse con alcance dispositivo de extremos no comprendidos en la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal (extra petita); la de ser la resoluci\u00f3n excesiva por proveer a m\u00e1s de lo que el demandante pide (ultra petita); y en fin, la de ser deficiente por dejar de proveer, positiva o negativamente, acerca de puntos integrantes de la demanda o sobre las excepciones que, adem\u00e1s de aparecer probadas, hayan sido alegadas por el demandado cuando as\u00ed lo exija la ley (citra petita)’ (Sent. 022 del 16 de junio de 1999)\u00bb. <\/p>\n
2. En este caso el sentenciador decidi\u00f3 de oficio, declar\u00e1ndola probada, la excepci\u00f3n de petici\u00f3n antes de tiempo, distinta de las que propuso la demandada, basado en que como la posesi\u00f3n que ejerce \u00e9sta tiene venero en un contrato de compraventa, debe ser respetada, fue por eso que sostuvo a rengl\u00f3n seguido que mientras no sea aniquilado o destruido dicho v\u00ednculo, la acci\u00f3n de dominio o reivindicatoria no puede promoverse con buen suceso. <\/p>\n
3. Para establecer si de tal proceder despunta el vicio de la incongruencia, se observa que en relaci\u00f3n con la resoluci\u00f3n de excepciones dispone el art\u00edculo 306 del C. de P. Civil, lo siguiente: \u201ccuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n, deber\u00e1 reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que para que puedan ser reconocidas por el juez las excepciones de fondo, sean ellas de car\u00e1cter definitivo o temporal, s\u00f3lo se exige la previa alegaci\u00f3n del demandado respecto de las tres excepciones espec\u00edficamente nombradas en el precepto que se acaba de transcribir, pues sobre las dem\u00e1s es deber del juez deducirlas a condici\u00f3n \u00fanicamente de que se hallen probados los hechos fundantes de ellas; en consecuencia, el principio dispositivo en materia de excepciones opera de modo restringido, y, por el contrario, la regla general supone, incluso como deber, una labor inquisitiva del juez que apunte a definir rectamente el derecho, siendo claro que en lo que ata\u00f1e con la prescripci\u00f3n, la nulidad relativa y la compensaci\u00f3n, se explica el precepto que impone al demandado aducirlas porque bien puede \u00e9ste renunciar a la primera no proponi\u00e9ndola, o de igual modo sanear la segunda, o desentenderse de la tercera que en estricto sentido no le genera un genuino agravio pasar indiferente. <\/p>\n
Y si como ha quedado se\u00f1alado, la excepci\u00f3n de efectos transitorios declarada en este caso por el sentenciador para diferir en el tiempo el reclamo judicial de la reivindicaci\u00f3n propuesta, es de las que aquel puede y debe reconocer de oficio, no adviene la incongruencia que denuncia el censor, puesto que lo que dice el juez de su propia iniciativa, estando autorizado para hacerlo, excluye evidentemente el exceso que se le imputa a ese respecto. <\/p>\n
4. En cuanto a que el tribunal haya dicho que la reivindicaci\u00f3n es solo posible si previamente se aniquila el contrato por el cual la demandada obtuvo la posesi\u00f3n del inmueble disputado, sin entrar a verificar la veracidad de su aserto para este caso, es pertinente observar que ese es el efecto propio de la excepci\u00f3n de petici\u00f3n antes de tiempo, y se produce incluso aunque el sentenciador no exprese que el fallo no configura cosa juzgada definitiva para el evento en que llegue a ser superada la dificultad que \u00fanicamente, por el momento, ha impedido estimar la pretensi\u00f3n dicha, de la cual ya se ha dado cuenta; si as\u00ed opera aun no dici\u00e9ndolo el sentenciador, tampoco es dable deducir la incongruencia porque \u00e9ste haya decidido expresarlo con abundancia que en verdad ni quita ni pone. <\/p>\n
5. En fin, la circunstancia de que el recurrente no est\u00e9 de acuerdo con los fundamentos que tuvo el sentenciador para declarar probada de oficio la mencionada excepci\u00f3n, en los t\u00e9rminos en que fue reconocida, es asunto que no concierne con la causal segunda de casaci\u00f3n de que trata el presente cargo. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
En \u00e9l se denuncia la violaci\u00f3n directa, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 654, 656, 657, 658, 665, 669,673, 740, 741, 742, 745, 749, 750, 752, 753, 756, 757, 758, 759, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 780, 782, 783, 785, 786, 787, 789, 946, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 1849, 1851, 1857, 1871, 2512, 2526, 2527, 2528 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
El cargo se desarrolla de la siguiente manera: <\/p>\n
a) El tribunal aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1873 del C\u00f3digo Civil porque esta norma no tiene relaci\u00f3n directa con la reivindicaci\u00f3n que es el asunto debatido, ya que ella se refiere la venta de la misma cosa a dos personas distintas y a la prelaci\u00f3n que, en tal caso, se le otorga al comprador que haya entrado primero en posesi\u00f3n de ella. <\/p>\n
b) Frente a la teor\u00eda del t\u00edtulo y el modo que establece la legislaci\u00f3n nacional para adquirir el dominio de un inmueble mediante contrato de compraventa, como el demandante adquiri\u00f3 el bien por la tradici\u00f3n, esto es, mediante la inscripci\u00f3n de la venta en el registro inmobiliario, dicho acto lo \u201clegitimaba para incoar la respectiva acci\u00f3n reivindicatoria y su consecuente prosperidad\u201d, debi\u00e9ndose, entonces, aplicar los art\u00edculos 1857 del C.C. que establece que la venta de bienes ra\u00edces solo se reputa perfecta cuando se haya otorgado la escritura p\u00fablica y 756 ib\u00eddem, que prescribe que la tradici\u00f3n del dominio de tales bienes se efect\u00faa por la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos correspondientes. <\/p>\n
c) El tribunal no tuvo en cuenta que, de acuerdo con la normatividad vigente, la reivindicaci\u00f3n o acci\u00f3n de dominio es la que tiene el due\u00f1o de una cosa cuya posesi\u00f3n no tiene para que el poseedor sea condenado a restituirla, en cambio de lo cual aplic\u00f3 el art\u00edculo 1873 del C\u00f3digo Civil para concluir err\u00f3neamente que hubo petici\u00f3n antes de tiempo, proceder con el que se estructur\u00f3 un error in judicando \u201cy de paso se dejaron de lado los argumentos sustentados por el a quo en las normas que se echan de menos y son materia de la presente causal de casaci\u00f3n, con las cuales se estructur\u00f3 en la sentencia de primera instancia la prosperidad de las pretensiones de la demanda\u201d. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En \u00e9l se acusa el fallo impugnado de haber quebrantado por la v\u00eda indirecta y como consecuencia de errores de derecho las siguientes normas probatorias del C. de P. Civil: art\u00edculos 4, 6, 174, 175, 187, 233, 237, 238, 241, 251, 252, 258, 262 y 264. <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n del cargo se expresa que: <\/p>\n
a) A pesar de no existir duda de la titularidad del derecho de dominio en cabeza del reivindicante y de la posesi\u00f3n del inmueble en la demandada, al momento de ser apreciados los t\u00edtulos se incurri\u00f3 por el tribunal en un error de derecho al equiparar la escritura con la que se adquiri\u00f3 el bien por aqu\u00e9l, la que se encuentra debidamente inscrita en el folio inmobiliario correspondiente, con la escritura de la poseedora que no est\u00e1 inscrita y \u201cque entre otras razones no proviene del mismo vendedor\u201d. <\/p>\n
b) La infracci\u00f3n de las normas probatorias citadas condujeron al sentenciador a quebrantar las normas sustanciales que regulan el tema debatido como son los art\u00edculos 669, 673, 756, 946, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970 y 1857 del C\u00f3digo Civil, \u201cdejando de aplicar en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n reivindicatoria que se hab\u00eda propuesto en la demanda, normas que hacen referencia al derecho que tiene el propietario de un bien para exigir que el poseedor sea condenado a restitu\u00edrselo con los correspondientes frutos y accesorios que se hubieren producido para el poseedor de mala fe\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. El n\u00facleo de la decisi\u00f3n del tribunal por el que decidi\u00f3 reconocer la excepci\u00f3n de petici\u00f3n antes de tiempo corresponde a dos premisas fundamentales que son: 1\u00aa) que el t\u00edtulo de dominio debidamente inscrito, exhibido por el demandante para sustentar el derecho a reivindicar, apenas data de 1989 y versa sobre la compra de la \u201ctitularidad inscrita de un inmueble que ha sido vendido y pose\u00eddo por un tercero (Eugenia Giraldo V\u00e9lez), desde 1976\u201d, por lo que resulta ser posterior a la posesi\u00f3n material que ejerce desde entonces la nombrada demandada y por lo mismo es insuficiente para reivindicar; y 2\u00aa) que deriv\u00e1ndose tal posesi\u00f3n de un contrato de compraventa, es preciso que el demandante obtenga la declaraci\u00f3n de ineficacia del mismo, bajo la tesis jurisprudencial de que \u201ccuando quiera que alguien posee en virtud de un contrato: no contra la voluntad del due\u00f1o que contrat\u00f3 sino con su pleno consentimiento la pretensi\u00f3n reivindicatoria queda de suyo excluida\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n el tribunal transcribi\u00f3 el art\u00edculo 1873 del C. Civil pero sin deducir en \u00faltimas ninguna consecuencia concreta del mismo en relaci\u00f3n con el caso, salvo la de referir que en el r\u00e9gimen civil se opt\u00f3 por se\u00f1alar que la compraventa s\u00f3lo genera obligaciones y no trasfiere el dominio, o sea que es t\u00edtulo y no modo, y para destacar la incidencia que tiene el hecho de ser contractual el origen de la posesi\u00f3n de la demandada, aspecto que en su sentir hace indispensable que el reivindicante previamente obtenga la ineficacia del t\u00edtulo que dicha posesi\u00f3n, por lo que concluy\u00f3 reconociendo la susodicha excepci\u00f3n dilatoria. <\/p>\n
2. En lo suyo, el recurrente se desentendi\u00f3 de los fundamentos cardinales del fallo impugnado, los cuales, respecto de la decisi\u00f3n judicial finalmente adoptada por el tribunal, francamente soslaya, torn\u00e1ndose en consecuencia ineficaces e inocuas las acusaciones propuestas en ambos cargos, en la medida en que aqu\u00e9llos permanecen en pie sirvi\u00e9ndole de apoyo. <\/p>\n
a) En el cargo primero, orientado por la v\u00eda directa, se limit\u00f3 a decir el censor que el art\u00edculo 1873 del C. Civil es ajeno a la reivindicaci\u00f3n objeto de litigio, y que habiendo adquirido el inmueble por tradici\u00f3n, como quiera que su t\u00edtulo fue inscrito, tiene pleno derecho a reivindicar; su posici\u00f3n nada abona en pos de destruir el pilar fundamental por el que el sentenciador concluy\u00f3 declarando de oficio la excepci\u00f3n de petici\u00f3n antes de tiempo, consistente en que como la posesi\u00f3n de la demandada deriva de una relaci\u00f3n contractual debe previamente destruirse \u00e9sta; o sea, consider\u00f3, sin desconocer el t\u00edtulo de dominio debidamente inscrito del demandante, que no es apto por s\u00ed solo para reivindicar por mediar una posesi\u00f3n anterior de la demandada que fue obtenida tambi\u00e9n a t\u00edtulo contractual. <\/p>\n
La displicencia del casacionista frente a ese argumento esencial del fallo impugnado permite detectar prontamente la notable insuficiencia de la acusaci\u00f3n que ahora se destaca, y a su vez impide a la Corte proceder de oficio a examinar su validez, dada la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo que caracteriza el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. S\u00edguese en consecuencia que los dos cargos que ahora se despachan resultan frustr\u00e1neos. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia adiada el 27 de noviembre de 2001 proferida en el proceso arriba referido. <\/p>\n
Las costas del recuso de casaci\u00f3n son de cargo de la parte recurrente, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-155-2005 [05214-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 05214-01 Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83001","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83001","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83001"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83001\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83001"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83001"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83001"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}