SC-157-2005 [00791-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de julio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 00791-01 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia adiada el 6 de mayo de 2002, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario de mayor cuant\u00eda promovido la sociedad M\u00f3bil de Colombia S. A. contra Sergio Pati\u00f1o Botero. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. La sociedad demandante, como compradora, pretende que se declare que el demandado, como vendedor, est\u00e1 obligado a salir al saneamiento del inmueble objeto de la compraventa celebrada entre ambos, y que por consiguiente se ordene al \u00faltimo prestar en favor de la primera una cauci\u00f3n hipotecaria, bancaria o de compa\u00f1\u00eda de seguros en unidades de poder adquisitivo constante que cubra el valor del terreno, las instalaciones, anexidades y dem\u00e1s elementos, a fin de garantizar sus derechos en caso de que prospere la demanda ordinaria de reivindicaci\u00f3n propuesta por el Inurbe, antes Instituto de Cr\u00e9dito Territorial, contra del vendedor; que se le condene tambi\u00e9n a pagar los gastos que se generen en la defensa judicial si resulta vinculada la sociedad a dicho proceso u otro diferente derivado de esa reivindicaci\u00f3n y cualquiera otro perjuicio que se demuestre. <\/p>\n
2. La causa para pedir puede resumirse as\u00ed: <\/p>\n
a) El referido contrato de compraventa fue celebrado por medio de la escritura p\u00fablica N\u00b0 4775 de 30 de septiembre de 1993, otorgada en la Notar\u00eda Sexta de Cali, inscrita en el folio de matr\u00edcula N\u00b0 370-443209, y tuvo por objeto el lote N\u00b0 2 de la estaci\u00f3n de servicios Sim\u00f3n Bol\u00edvar, junto con todas sus construcciones y anexidades; en la cl\u00e1usula 9\u00aa del mismo se pact\u00f3 que en esa fecha se hac\u00eda la entrega material del inmueble y que de acuerdo con la ley el vendedor \u201cse obligaba al saneamiento por evicci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
b) El 14 de julio de 1994, el Inurbe inici\u00f3 ante el Juzgado 10\u00ba Civil del Circuito de Cali un proceso ordinario reivindicatorio contra el se\u00f1or Sergio Pati\u00f1o Botero y otras personas que versa sobre un lote de mayor extensi\u00f3n del cual hace parte el que adquiri\u00f3 la sociedad demandante en la citada escritura p\u00fablica. <\/p>\n
c) Tanto por lo convenido en el contrato como por lo dispuesto en el art\u00edculo 1893 del C. C., el vendedor est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de proteger y amparar a la compradora \u201cde manera efectiva y tangible\u201d frente a cualquier perturbaci\u00f3n que se desprenda del citado proceso reivindicatorio y, en caso de evicci\u00f3n, a indemnizarle todos los perjuicios, mucho m\u00e1s cuando la sociedad demandante es contratante de buena fe. <\/p>\n
3. El demandado se opuso a las pretensiones mencionadas y formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de saneamiento por haber transcurrido m\u00e1s de los cuatro a\u00f1os previstos por el art\u00edculo 1913 del C\u00f3digo Civil, y dado que la presentaci\u00f3n de la demanda no la interrumpi\u00f3 porque la notificaci\u00f3n del auto admisorio no se hizo dentro del t\u00e9rmino fijado para el efecto por el art\u00edculo 90 del C. de P. Civil. <\/p>\n
4. Culminado el tr\u00e1mite de primera instancia, el juzgado de conocimiento dict\u00f3 sentencia en la que desestim\u00f3 los pretensiones de la demanda, la cual fue confirmada por el tribunal cuando resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta por la demandante. <\/p>\n
En lo de fondo, se pueden resumir as\u00ed: <\/p>\n
1\u00ba) Es indudable que el vendedor est\u00e1 obligado a amparar al comprador impidiendo que la cosa transferida llegue a ser evicta, pero sin que pueda llegar a entenderse que dicha obligaci\u00f3n \u201cdeba ser satisfecha de antemano mediante una seguridad o cauci\u00f3n, como la que se busca por conducto de este proceso\u201d. <\/p>\n
2\u00ba) Apoyado en la doctrina nacional que se cita en el fallo, afirma el sentenciador que no toda perturbaci\u00f3n que sufra el comprador da derecho al saneamiento, pues si son materiales o de hecho deben ser afrontadas directamente por \u00e9l a trav\u00e9s del ejercicio de las acciones que le concede la ley; o sea que el tradente \u00fanicamente est\u00e1 obligado a responder por las \u201cperturbaciones de derecho\u201d, como ser\u00eda la evicci\u00f3n. <\/p>\n
3\u00ba) La iniciaci\u00f3n de un proceso reivindicatorio contra el <\/p>\n
vendedor que involucra el inmueble negociado no alcanza a constituir una perturbaci\u00f3n que amenace en forma seria e inmediata el dominio y la posesi\u00f3n pac\u00edfica de la compradora, \u201ctanto m\u00e1s si se considera que siendo el actual poseedor de dicho bien la compradora Mobil de Colombia S. A., no estar\u00eda llamada a prosperar esa reivindicaci\u00f3n promovida contra quien, por haberla vendido, no tiene la cosa en su poder\u201d; est\u00e1 por verse, entonces, la real efectividad de la referida acci\u00f3n de dominio ejercida, no encontr\u00e1ndose en serio riesgo los derechos de la sociedad adquirente, \u201cas\u00ed la defensa del vendedor en la susodicha reivindicaci\u00f3n haya sido deficiente, mal podr\u00eda ahora pretenderse el amparo de que trata el art\u00edculo 1893 ib. ya que rep\u00edtese no se da la evicci\u00f3n definida por el art\u00edculo 1894 ib. ni se vislumbra una perturbaci\u00f3n de derecho que amerite amparo o protecci\u00f3n inmediatos\u201d, puesto que, en \u00faltimas, no se acredit\u00f3 en autos la existencia, como lo exigen las normas sustanciales aludidas, de una sentencia ejecutoriada que implique para la persona jur\u00eddica demandante el despojo del inmueble comprado por ella. <\/p>\n
4\u00ba) \u201cSi la cauci\u00f3n solicitada es una especie de fianza, por traducirse en una obligaci\u00f3n que se adquiere en cumplimiento de otra obligaci\u00f3n, como lo establece el art\u00edculo 2374 del C\u00f3digo Civil s\u00f3lo est\u00e1 obligado a prestarla a petici\u00f3n del acreedor\u201d, en los casos que cita ese precepto. <\/p>\n
Y si se revisan los supuestos de esa norma, \u201cno resulta claro que en el caso de autos el demandado Pati\u00f1o Botero est\u00e9 obligado a constituir tal garant\u00eda, pues en el contrato de compraventa no se pact\u00f3 dicha obligaci\u00f3n, no se ha aducido siquiera que el deudor pretende salir del pa\u00eds, y tampoco est\u00e1 demostrado que peligre el cumplimiento de su obligaci\u00f3n \u2013 en este caso, de salir al saneamiento de la evicci\u00f3n, art. 1904 C.C.- precisamente por la disminuci\u00f3n de sus facultades\u201d; en este \u00faltimo evento no puede entenderse que la obligaci\u00f3n de caucionar se condiciona a que \u201cel deudor haya disminuido sus facultades con el negligente desempe\u00f1o dentro del referido proceso reivindicatorio, pues la disposici\u00f3n alude es a una crisis econ\u00f3mica del deudor o a la disminuci\u00f3n de sus capacidades patrimoniales, en grado tal que permita temer el incumplimiento de su obligaci\u00f3n, hecho que no fue planteado en el texto de la demanda, ni demostrado dentro del proceso\u201d. <\/p>\n
5\u00ba) Vistas as\u00ed las cosas tampoco resulta procedente el otorgamiento de la cauci\u00f3n pretendida, tanto m\u00e1s si se considera que \u201cese tipo de controversia se ventila por la v\u00eda del proceso verbal (art. 427, par. 2\u00b0, num. 3\u00b0, C. P. C)\u201d. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos cargos formula el recurrente contra la sentencia impugnada, ambos con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n, los cuales se despachar\u00e1n conjuntamente porque reclaman de consideraciones comunes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. En \u00e9l se reprocha a la sentencia impugnada la violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 1893 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con los art\u00edculos 669, 673, 740, 741, 752, 756, 762, 764, 765, 768, 769, 777, 778, 1494, 1502, 1530, 1602, 1603, 1604, 1618, 1626, 1849, 1894, 1895, 1904, 1906, 1908, 1909, 1910 y 1913 del C\u00f3digo Civil, en armon\u00eda con los art\u00edculos 1\u00b0, 2\u00b0, 4\u00b0, 10, 20, 22, 822, 835, 905, 907, 925 y 940 del C\u00f3digo de Comercio, y \u201cde manera principal\u201d el art\u00edculo 83 de la <\/p>\n
Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. El desarrollo del cargo se compendia del siguiente modo: <\/p>\n
a) El art\u00edculo 1893 del C\u00f3digo Civil fue mal interpretado por el juzgador, por cuanto dicha disposici\u00f3n confiere la acci\u00f3n de saneamiento para amparar al comprador no s\u00f3lo en la posesi\u00f3n pac\u00edfica de la cosa, -sin consideraci\u00f3n a que \u00e9sta tenga origen de derecho o de hecho cuando a ella le sucede el contrato de compraventa-, sino tambi\u00e9n en el dominio. <\/p>\n
b) No vio el Tribunal que la acci\u00f3n intentada es la de saneamiento que consagra el referido art\u00edculo 1893 del C\u00f3digo Civil, porque con ella se intenta proteger el derecho real de dominio amenazado, y no la de evicci\u00f3n que regula el art\u00edculo 1894 ib\u00eddem., por cuanto para esta caso en particular no se ha perdido la posesi\u00f3n. <\/p>\n
c) Esa interpretaci\u00f3n err\u00f3nea llev\u00f3 al Tribunal a exigir sentencia previa de entrega del bien objeto de venta a un tercero y la consiguiente p\u00e9rdida de la posesi\u00f3n por parte del comprador, para hacer viable la acci\u00f3n intentada. <\/p>\n
e) El hecho de que un tercero – m\u00e1s grave en este caso trat\u00e1ndose de una entidad oficial – est\u00e9 disputando la propiedad del bien vendido, impide al comprador ejercer en debida forma su derecho de dominio, toda vez que como desarrollo necesario del principio de la buena fe no puede \u201cni siquiera pensar en disponer del inmueble en cita\u201d y con menor raz\u00f3n la posibilidad de adquirir por prescripci\u00f3n un bien que en dichas condiciones pasar\u00eda a ser imprescriptible. <\/p>\n
f) Quebranta la sentencia, de otra parte, el postulado de la buena fe contractual al eximir de responsabilidad al vendedor cuando \u201ces indudable que est\u00e1 enga\u00f1ando a su comprador\u201d. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En \u00e9l se tilda la sentencia acusada de haber quebrantado, por v\u00eda indirecta, los art\u00edculos 669, 673, 740, 741, 752, 756, 762, 764, 765, 768, 769, 777, 778, 1494, 1502, 1530, 1602, 1603, 1604, 1618, 1626, 1849, 1893, 1894, 1895, 1904, 1906, 1908, 1909, 1910 y 1913 del C\u00f3digo Civil, en armon\u00eda con los art\u00edculos 1\u00b0, 2\u00b0, 4\u00b0, 10, 20, 22, 822, 835, 905, 907, 925 y 940 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como el art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, siendo medios de violaci\u00f3n los art\u00edculos 75, 76, 174, 175, 176, 177, 187, 197, 251, 252, 258, 262, 264 y 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a causa de errores de hecho. <\/p>\n
El ataque en casaci\u00f3n se sustenta de la manera siguiente: <\/p>\n
1. El Tribunal interpret\u00f3 equivocadamente la demanda porque entendi\u00f3 que con ella se pretend\u00eda hacer efectiva la obligaci\u00f3n de saneamiento por evicci\u00f3n \u201cy por ello, al evidenciar que el inmueble enajenado no hab\u00eda sido evicto, neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda\u201d. <\/p>\n
2. En ese mismo sentido cercen\u00f3 el contenido de la escritura p\u00fablica 4775 de 30 de septiembre de 1993, otorgada en la Notar\u00eda 6\u00aa de Cali, por la cual se perfeccion\u00f3 el contrato de compraventa entre las partes, toda vez que pretermiti\u00f3 la obligaci\u00f3n de saneamiento all\u00ed prevista en la cl\u00e1usula novena y con apoyo en la cual se formularon las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
3. El sentenciador interpret\u00f3 erradamente la prueba documental arrimada a los autos que da cuenta de la existencia y actual tramitaci\u00f3n del proceso ordinario promovido en contra del demandado vendedor y de otras personas, con el cual el Inurbe pretende la reivindicaci\u00f3n de un inmueble de mayor extensi\u00f3n del cual hace parte el adquirido por la sociedad demandante, rest\u00e1ndole importancia y trascendencia a la misma hasta el punto de no darle los alcances que la misma ten\u00eda para demostrar la perturbaci\u00f3n del derecho de dominio y la posesi\u00f3n pac\u00edfica del bien adquirido por ella. <\/p>\n
4. Tampoco observ\u00f3 la prueba de confesi\u00f3n contenida en la contestaci\u00f3n de la demanda, en la cual el demandado manifiesta su mala fe, \u201cpues pretende aducir la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de saneamiento\u201d, y pone de manifiesto su desidia y negligencia para atender su defensa en el citado proceso ordinario reivindicatorio, lo que necesariamente lo conduce a incumplir la obligaci\u00f3n de saneamiento \u201cque le impone defender al comprador de los ataques en derecho\u201d. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como es sabido, cuando se trata de la causal primera, en cualquiera de las especies de violaci\u00f3n de las normas sustanciales que en ella se consignan, los respectivos cargos deben comprender todos y cada uno de los fundamentos en que se apoya la sentencia que se impugna en casaci\u00f3n, bajo el claro entendido de que si cualquiera de ellos no ha sido blanco de ataque y es suficiente por s\u00ed solo para mantenerla en pie no puede abrirse paso su aniquilamiento, como quiera que la Corte tampoco puede de oficio completar la tarea recortada que a ese respecto proponga el censor. Naturalmente que tambi\u00e9n le corresponde a \u00e9l identificar los reales fundamentos del tribunal, sin distorsionarlos, para construir una fundada acusaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El tribunal desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes razonamientos: 1\u00ba) que no proced\u00eda en este caso el saneamiento por evicci\u00f3n porque no se hab\u00eda pronunciado sentencia judicial que privara a la demandante del dominio y la posesi\u00f3n pac\u00edfica del inmueble adquirido por ella de manos del demandado; 2\u00ba) que del hecho de haberse iniciado un proceso reivindicatorio no se deriva la perturbaci\u00f3n del derecho de dominio ni de la posesi\u00f3n del comprador, cuanto que \u00e9l se instaur\u00f3 contra el vendedor, cuya suerte adversa se adivina as\u00ed sea deficiente la defensa desplegada all\u00e1 por el demandado; y 3\u00ba) particularmente hizo \u00e9nfasis, de cara a la pretensi\u00f3n dirigida a que se le imponga al vendedor la constituci\u00f3n de una cauci\u00f3n, que \u00e9ste no estaba obligado a hacerlo para garantizar el saneamiento, entendida ella como una de las especies de la fianza, por no encuadrar la situaci\u00f3n planteada en ninguno de las situaciones contempladas en el art\u00edculo 2374 del C\u00f3digo Civil, ni contractualmente, especialmente no estando bajo riesgo que en caso de evicci\u00f3n el demandado no asuma la obligaci\u00f3n de saneamiento, cauci\u00f3n que por lo dem\u00e1s corresponde ventilar por la v\u00eda del proceso verbal de mayor y menor cuant\u00eda. <\/p>\n
3. De los argumentos consignados por el sentenciador, el recurrente no se refiere particularmente al \u00faltimo que, adem\u00e1s, concierne con el n\u00facleo de las aspiraciones de la parte demandante y que por servir de base esencial al fallo absolutorio impugnado obsta la casaci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
A ese respecto basta observar que el censor call\u00f3 sobre la tesis general que sostiene el tribunal en el sentido de que la obligaci\u00f3n de saneamiento no puede entenderse \u201cque deba ser satisfecha de antemano mediante una seguridad o cauci\u00f3n, como la que se busca en este proceso\u201d, ni tampoco nada dijo sobre el examen espec\u00edfico que hizo de la improcedencia de la cauci\u00f3n pretendida por la sociedad demandante, tras de analizar y concluir negativamente sobre esa posibilidad de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 2374 del C. C. y en el contrato, tal como se lee en el compendio del fallo acusado, perspectiva que en verdad no mereci\u00f3 ning\u00fan argumento de la parte impugnante, a pesar de ser tal negativa definitoria del caso, como que alude exactamente a la improcedencia de la pretensi\u00f3n de una cauci\u00f3n \u2013 la principal de la demanda inicial – ante la eventualidad de lo que pueda suceder en el susodicho proceso reivindicatorio. <\/p>\n
4. Lo anterior, que es bastante para deducir el fracaso de la impugnaci\u00f3n, no impide a\u00f1adir lo siguiente: <\/p>\n
a) Es ostensible que se le imputa al sentenciador err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de las normas de saneamiento \u2013cargo primero\u2013 y de la demanda \u2013cargo segundo- por no haber examinado el caso a luz de la protecci\u00f3n del derecho de dominio, acusaci\u00f3n que parte de una premisa falsa porque el tribunal dijo paladinamente que \u201cla iniciaci\u00f3n de un juicio reivindicatorio contra el vendedor no alcanza a constituir una perturbaci\u00f3n que en forma seria e inmediata amenace el dominio y la posesi\u00f3n pac\u00edfica de la cosa vendida\u201d (subrayas de la Corte), tanto m\u00e1s si en ese proceso se demand\u00f3 fue al vendedor. <\/p>\n
b) Pero aun que se dejara de lado esa inconsistencia y bastase el perjuicio que avizora la parte impugnante ante la eventualidad de una prosperidad de la referida demanda reivindicatoria instaurada contra el vendedor, importa anotar que de todos modos la protecci\u00f3n que para el comprador surge por v\u00eda del saneamiento por evicci\u00f3n se desdobla en la obligaci\u00f3n del primero de defender al segundo contra las acciones que, por causa anterior a la venta, promuevan los terceros para hacer valer sus derechos sobre la cosa vendida, lo que ocurrir\u00e1 normalmente dentro de los respectivos procesos, previa denuncia del pleito que se le haga (art\u00edculos 1893, 1899 C. C.; 54 C. de P. C.); y en una segunda fase, seg\u00fan el resultado positivo que obtengan aqu\u00e9llos por el que tal cosa resulta evicta, tras de ser infructuosa la respectiva defensa, deviene la obligaci\u00f3n de restituir el precio y sufragar las indemnizaciones a que haya lugar de acuerdo con la ley (1895 y 1903 C. C.) <\/p>\n
5. Siguiendo esas pautas legales, en la especie de este proceso se verifica que el vendedor ha sido demandado de un modo muy peculiar en acci\u00f3n de saneamiento por evicci\u00f3n, pues se hace a partir de la amenaza que en el sentir del comprador se cierne en su perjuicio a prop\u00f3sito del proceso de reivindicaci\u00f3n que contra aqu\u00e9l promovi\u00f3 una entidad del Estado; pronto observa la Corte, entonces, que el llamado que por v\u00eda de este proceso se le hace al vendedor para que cumpla la obligaci\u00f3n de saneamiento es inocuo, no tanto porque pueda verse como algo posible el fracaso de ese acci\u00f3n, como lo apunt\u00f3 innecesariamente el tribunal, sino porque el tercero pretende mejor derecho sobre la cosa vendida pero directamente contra el vendedor, quien por fuerza de esa convocatoria cumple all\u00e1 la primera obligaci\u00f3n de saneamiento consistente en defender en juicio el derecho que le transfiri\u00f3 al comprador. Y naturalmente que ante las consecuencias derivadas de que eventualmente pueda llegar a ser evicta la cosa vendida, traducidas en la restituci\u00f3n del precio y el pago de indemnizaciones, el planteamiento que propone la parte actora se torna en un derecho meramente hipot\u00e9tico, y por consiguiente tambi\u00e9n prematura su invocaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, ha dicho la Corte, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cSi bien es verdad que a t\u00e9rminos del art\u00edculo 1899 del C. C. el comprador a quien se demanda la cosa vendida por causa anterior a la venta tiene acci\u00f3n para citar al vendedor con miras a que este comparezca a defenderla, no lo es menos que ese derecho del comprador, fundado en la obligaci\u00f3n de saneamiento impuesta al vendedor (art. 1893 C. C.), s\u00f3lo genera indemnizaci\u00f3n para aqu\u00e9l en la medida en que se produzca la evicci\u00f3n, entendida \u00e9sta como la privaci\u00f3n total o parcial de la cosa vendida por efectos de una sentencia judicial\u201d (Casaci\u00f3n civil de 31 de octubre de 1995). <\/p>\n
6. Significa lo discurrido que, aun haciendo caso omiso de la insuficiencia del cargo mencionada atr\u00e1s, la sentencia adversa a las pretensiones de la sociedad demandante, am\u00e9n de que no comporta el quebranto de las normas reguladoras del saneamiento por evicci\u00f3n, se ajusta a las circunstancias f\u00e1cticas que dan vida al presente litigio, porque ella no es corolario de la ausencia de evicci\u00f3n, sino de que siendo dable demandar primero para la defensa jur\u00eddica del bien que fue objeto de compraventa, ella se est\u00e1 surtiendo en el proceso reivindicatorio al que fue convocado el vendedor \u2013 que no precisamente el comprador \u2013 como demandado. <\/p>\n
7. En esas circunstancias, ninguno de los dos cargos propuestos est\u00e1 llamado a progresar. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia adiada el 6 de mayo de 2002, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso ordinario arriba referido. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte recurrente, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-157-2005 [00791-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1 D. C., seis (6) de julio de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 00791-01 Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia adiada el 6 de mayo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83003","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83003","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83003"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83003\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83003"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83003"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83003"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}