SC-162-2005 [7725]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE: <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de julio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente n\u00famero 7725. <\/p>\n
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Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 16 de marzo de 1999, proferida por la Sala Civil-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario promovido por Rosalba Hern\u00e1ndez Carrillo, quien obra en nombre propio y en el de sus menores hijos Johanna Catalina y Fabio Esteban Rojas Hern\u00e1ndez, frente a Jhon Fredy Guarnizo Cu\u00e9llar. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes convocaron a juicio ordinario al demandado para que se declarara que el contrato de dep\u00f3sito pactado entre N\u00e9stor Didier Rojas Naiza, ya fallecido, y Jhon Fredy Guarnizo Cu\u00e9llar, y contenido en la cl\u00e1usula cuarta de la escritura p\u00fablica n\u00famero 6537 de 27 de noviembre de 1992, de la Notar\u00eda Primera de Villavicencio, \u201cha terminado debido a que el depositario no le dio cabal aplicaci\u00f3n a los t\u00e9rminos del dep\u00f3sito, ni us\u00f3 el dinero depositado en cancelar el cr\u00e9dito para el cual fue constituido\u201d; y para que se lo condenara a restituirle a la sucesi\u00f3n del de cujus, representada por los accionantes, la suma de veinticuatro millones quinientos mil pesos \u201cmateria de dep\u00f3sito, lo que deber\u00e1 hacerse con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria\u201d y los intereses de mora. <\/p>\n
2. Fundamentan sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian: <\/p>\n
a) N\u00e9stor Didier Rojas Naiza, mediante la escritura arriba se\u00f1alada, dio en venta al accionado los inmuebles se\u00f1alados en el hecho primero del libelo; y en su cl\u00e1usula cuarta se estipul\u00f3 la suma de $26\u00b4000.000 como precio de la enajenaci\u00f3n, la cual se pagar\u00eda as\u00ed: \u201ca la firma de dicha escritura, la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) M\/CTE. que el vendedor declar\u00f3 haber recibido a su entera satisfacci\u00f3n en dinero efectivo y, el saldo o sea la suma de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($24.500.000) que el vendedor dej\u00f3 en poder del comprador para que en su oportunidad pagara a la Entidad acreedora LA CORPORACION CAFETERA DE AHORRO Y VIVIENDA \u2018CONCASA\u2019, esa suma que por igual cantidad de dinero ten\u00eda contra\u00eddo con dicha Corporaci\u00f3n por medio de la Escritura P\u00fablica n\u00famero 4.184 del 11 de septiembre de 1.992 y que aparece plasmada en la obligaci\u00f3n crediticia No. 008360422\u201d. <\/p>\n
b) En cumplimiento de una de las disposiciones contenidas en la escritura p\u00fablica 4184 de 11 de septiembre de 1992, Rojas Naiza ten\u00eda contratado un seguro de vida con la Compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola de Seguros, representado en la p\u00f3liza D-600, \u201casegur\u00e1ndole a CONCASA el saldo pendiente\u201d del cr\u00e9dito n\u00famero 008360422, que en la fecha en que se suscribi\u00f3 el acto \u00faltimo se\u00f1alado ascend\u00eda a $24\u00b4500.000, \u201cas\u00ed como sobre los saldos incrementados por raz\u00f3n de la correcci\u00f3n monetaria\u201d. <\/p>\n
c) Como el aludido vendedor falleci\u00f3 en Villavicencio el 15 de diciembre de 1995, la referida aseguradora, en cumplimiento del citado contrato de seguro, el 8 de marzo de 1996 le pag\u00f3 a aquella instituci\u00f3n bancaria la suma de $35\u00b4926.932, con la que cancel\u00f3 totalmente el cr\u00e9dito que exist\u00eda en cabeza del primero de los nombrados. <\/p>\n
d) Al verificarse la soluci\u00f3n a esa obligaci\u00f3n, Guarnizo Cu\u00e9llar no tuvo necesidad de usar los $24\u00b4500.000 que le fueron dejados a su orden \u201cen dep\u00f3sito bajo los t\u00e9rminos\u201d de la mentada cl\u00e1usula; por esa raz\u00f3n est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de restituir tal valor a la causa mortuoria de N\u00e9stor Didier Rojas \u201cpor mandato de los Art\u00edculos 2246, 2253, 2205 y 2206 del C\u00f3digo Civil por aplicaci\u00f3n del Art\u00edculo 2257 IBIDEM\u201d(subrayas del texto)(fl.28,cd.1). <\/p>\n
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e) Los actores tienen inter\u00e9s jur\u00eddico para demandar la restituci\u00f3n del dep\u00f3sito mencionado, y no les ha sido posible llegar a un arreglo con la contraparte; y la \u201crestituci\u00f3n impetrada es legal porque de lo contrario implica un enriquecimiento sin causa en perjuicio del sucesorio\u201d. <\/p>\n
3. Notificado el demandado de la demanda, la contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones y expresando, en cuanto a los hechos, ser cierto el concerniente a la realizaci\u00f3n del negocio de compraventa; neg\u00f3 el saldo de los $24\u00b4500.000, como quiera que su progenitora entreg\u00f3 al vendedor un cheque por $10\u00b4000.000, que fue cobrado por Rosalba Hern\u00e1ndez, como tampoco que se hubiera constituido el dep\u00f3sito de que trata el acto introductorio del proceso; admiti\u00f3 s\u00ed lo atinente al seguro de vida y al pago que la Compa\u00f1\u00eda Agr\u00edcola de Seguros efectu\u00f3 a la entidad acreedora, no obstante que aclar\u00f3 que el costo de dicho seguro corri\u00f3 a su cargo a partir de 27 de diciembre de 1992, al tiempo que neg\u00f3 que no se hubiere prestado para un arreglo directo. Sobre los dem\u00e1s hechos, sostuvo que no corresponden a situaciones f\u00e1cticas propiamente dichas sino a apreciaciones jur\u00eddicas. <\/p>\n
Asimismo propuso la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 como \u201cinexistencia del contrato de deposito y existencia del contrato de compraventa\u201d, basada en que entre \u00e9l y Rojas Naiza no se celebr\u00f3 aquel convenio, puesto que la susodicha cl\u00e1usula cuarta simplemente se refiere es a la forma de pago del precio de la compraventa, pact\u00e1ndose as\u00ed una estipulaci\u00f3n a favor de un tercero, la entidad bancaria, como lo consagra el art\u00edculo 1506 del C\u00f3digo Civil, de tal manera que el comprador pagara a \u00e9sta la acreencia a que estaba obligado N\u00e9stor Didier Rojas; a\u00f1ade que este acuerdo lo cumpli\u00f3 en tanto que pag\u00f3 las cuotas debidas, con lo cual la entidad bancaria acept\u00f3 la referida estipulaci\u00f3n, al punto que el 11 de marzo de 1996 dispuso la cancelaci\u00f3n de la hipoteca y le entreg\u00f3 el pagar\u00e9 en que constaba la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por sentencia de 9 de noviembre de 1998 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio culmin\u00f3 la primera instancia, en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n propuesta y, consecuentemente, neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
5. Al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio le puso fin a la alzada mediante fallo de 16 de marzo de 1999, en el que revoc\u00f3 el del a-quo y, en su lugar, declar\u00f3 infundada la excepci\u00f3n y \u201cque el mandato pactado\u201d entre el causante y el convocado al litigio, \u201cpara pagar parte del precio del inmueble\u201d, previsto \u201cen el numeral 4\u00ba de la escritura 6.537 de la Notar\u00eda Primera del Villavicencio, termin\u00f3\u201d; conden\u00f3 entonces a Jhon Fredy Guarnizo a pagarle a la sucesi\u00f3n la suma $24\u00b4500.000, debidamente actualizada. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Tras asegurar que en la cl\u00e1usula cuarta, la cual transcribi\u00f3, de la escritura p\u00fablica n\u00famero 6537 de 27 de noviembre de 1997, las partes all\u00ed contratantes regularon lo atinente al precio y a la forma de pago del acto que as\u00ed ajustaron, mediante el cual N\u00e9stor Didier Rojas Naiza le vendi\u00f3 al demandado el apartamento 104 de la carrera 11-A n\u00famero 117-50 de Bogot\u00e1, pas\u00f3 el ad-quem a acotar que lo previsto en ella no configuraba jur\u00eddicamente \u201ccontrato de dep\u00f3sito alguno, que se hiciera al comprador\u201d, pues \u00e9ste, seg\u00fan la definici\u00f3n del art\u00edculo 2236 del C\u00f3digo Civil, \u201cconsiste en entregar una cosa corporal a otra persona que se encarga de guardarla y restituirla en especie\u201d, como que simplemente se estableci\u00f3 una modalidad para el pago del precio de la compraventa, al convenirse que el saldo all\u00ed dicho quedaba \u201cen poder del comprador para que\u201d pagara a CONCASA, en cuotas mensuales durante el plazo de quince a\u00f1os la suma que Rojas Naiza all\u00ed adeudaba, y en relaci\u00f3n con la cual \u00e9ste hab\u00eda firmado unos pagar\u00e9s y constituido el gravamen hipotecario sobre los indicados predios, como consta en la escritura 4184 de 11 de septiembre de 1992 de la Notar\u00eda 20 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Lo que en esa cl\u00e1usula se edific\u00f3, agreg\u00f3 el fallador, fue un mandato entre N\u00e9stor Didier Rojas y el accionado para que \u00e9ste cancelara, \u201ccomo parte del precio estipulado\u201d, las cuotas del cr\u00e9dito que aqu\u00e9l ten\u00eda con la nombrada instituci\u00f3n bancaria, seg\u00fan los \u201cpagar\u00e9s vinculados a la garant\u00eda hipotecaria\u201d, ya que ante esa entidad no se produjo la correspondiente subrogaci\u00f3n de la acreencia; desde luego que Guarnizo Cu\u00e9llar, insisti\u00f3 el juez de segundo grado, \u201cs\u00f3lo era un diputado\u201d del vendedor \u201cpara hacer los pagos mensuales de que daban cuenta\u201d aquellos t\u00edtulos valores, porque, como lo prev\u00e9 \u201cel art. 1964 del C.C., cuando el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor, \u2018se entender\u00e1 que el tercero es solamente diputado por el deudor para hacer el pago\u2019\u201d. La aludida estipulaci\u00f3n negocial, prosigue el juzgador, no es ambigua, como equivocadamente lo consider\u00f3 el a-quo, pues \u201csi la compraventa es un contrato bilateral, en que las obligaciones del comprador y del vendedor se sirven rec\u00edprocamente de causa\u201d, entonces se pod\u00eda pactar \u201ccomo se hizo aqu\u00ed, que parte se le entregue directamente al vendedor y parte (el saldo) quede en poder del comprador para que \u00e9ste lo entregue a un tercero\u201d. <\/p>\n
2. Con esas precisiones entr\u00f3 el sentenciador a examinar las s\u00faplicas, insistiendo que aunque no hubo contrato de dep\u00f3sito sino de mandato, \u201cpara el pago de parte del precio con destino\u201d a la acreedora, el \u201cerror de los demandantes plasmado en la demanda, en cuanto a la denominaci\u00f3n del instituto jur\u00eddico presentado\u201d, no imped\u00eda estudiar sus pretensiones ya que pod\u00eda \u201cresolver sobre la verdadera situaci\u00f3n jur\u00eddica configurada en el contrato\u201d, sin incurrir en incongruencia, aserto que sustent\u00f3 con la transcripci\u00f3n parcial de las consideraciones de la sentencia de 7 de mayo de 1979 de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta que lo que hubo fue un mandato del causante a la contraparte, estim\u00f3 el tribunal que efectuado \u201cel cambio de denominaci\u00f3n\u201d de las pretensiones, deb\u00eda entender que lo deprecado era la declaratoria de \u201cque ese contrato ha terminado y que en consecuencia se restituya a la sucesi\u00f3n\u201d del vendedor los $24\u00b4500.000 aludidos, para lo cual se adujo como causa petendi que, por el fallecimiento de N\u00e9stor Didier Rojas Naiza, la obligaci\u00f3n que \u00e9l ten\u00eda con la entidad bancaria fue cancelada por la compa\u00f1\u00eda aseguradora, en virtud de que aqu\u00e9l \u201chab\u00eda adquirido un seguro de vida all\u00ed para garantizarle a CONCASA la deuda que ten\u00eda, raz\u00f3n por la cual habiendo pagado el demandado s\u00f3lo unas cuotas de la deuda, deb\u00eda restituir\u201d aquella suma(fl.27). Al entender as\u00ed la situaci\u00f3n que le fue planteada, el ad-quem consider\u00f3 que las pretensiones, tal y como \u00e9l las interpret\u00f3, deb\u00edan prosperar, porque el mandato que apreci\u00f3 pedido en el escrito inicial de la controversia termin\u00f3, por sustracci\u00f3n de materia, desde el mismo momento en que la aseguradora pag\u00f3 la citada acreencia, ya que con ello \u201cpr\u00e1cticamente finaliz\u00f3 el negocio para el cual fue constituido (C.C. art. 2189)\u201d, puesto que el convocado a este litigio \u201cdej\u00f3 de ser diputado para el pago de ROJAS al no haber deuda que cancelar\u201d, situaci\u00f3n que obligaba a aqu\u00e9l a restituir \u201clos dineros obrantes en su poder\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el fallador que, contrario a como lo expone el Jhon Fredy Guarnizo, no era necesario que se hubiera pactado que el comprador \u201cten\u00eda que cancelar el resto del precio a los herederos\u201d del vendedor, pues es claro \u201cque finalizado el mandato, y no siendo necesario seguir pagando la cuota mensual a CONCASA\u201d, aqu\u00e9l deb\u00eda entregarle los dineros a \u00e9stos por cuanto hac\u00edan parte del precio. <\/p>\n
4. Anot\u00f3 el juez de segundo grado que si bien el demandado cancel\u00f3 las cuotas mensuales causadas desde la fecha del contrato, esos pagos correspondieron a correcci\u00f3n monetaria e intereses, como as\u00ed lo encontr\u00f3 demostrado con la certificaci\u00f3n que expidi\u00f3 la entidad acreedora, en la que expres\u00f3 que a 12 de enero de 1996 el capital adeudado era de $35\u00b4523.820; por esta circunstancia, apunt\u00f3, impondr\u00eda la condena por la suma pedida en el documento generador de esta contienda judicial, aunque la actualizaci\u00f3n de la misma la ordenar\u00eda, no a partir de la \u00e9poca aducida en las pretensiones, sino desde el 8 de marzo de 1996, \u201cfecha en que la Aseguradora le pag\u00f3 el valor de lo adeudado a CONCASA\u201d, al no encontrar demostrado que el accionado hubiera suspendido los pagos al fallecer el vendedor. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
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Con apoyo en la causal primera prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuatro cargos propone el recurrente contra la sentencia combatida; los tres primeros por la v\u00eda indirecta y el \u00faltimo por la directa. Por corresponder al orden l\u00f3gico que prev\u00e9 el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la Corte abordar\u00e1 por adelantado el examen conjunto de los cargos primero y tercero, pues consideraciones comunes servir\u00e1n para despacharlos; luego entrar\u00e1 en el estudio del segundo; finalmente resolver\u00e1 el cuarto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acusa el fallo de ser indirectamente violatorio de los art\u00edculos 1694, 1964 y 2189 del C\u00f3digo Civil, a consecuencia de los errores de hecho en que incurri\u00f3 el ad-quem en la apreciaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
1. Se hace consistir en que no obstante haber solicitado los actores, en la pretensi\u00f3n primera del libelo la \u201cterminaci\u00f3n de un contrato de dep\u00f3sito entre Rojas Naiza y Guarnizo Cu\u00e9llar\u201d, al cual se refirieron en el hecho sexto de ese escrito, donde se precisa nuevamente sobre la \u201cexistencia de un dep\u00f3sito\u201d, en el fallo atacado el juzgador, \u201cdecret\u00f3 la terminaci\u00f3n de un pacto de mandato\u201d, incurriendo as\u00ed \u201cen error manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la prueba, constituida en la demanda\u201d, pues supuso una s\u00faplica \u201ccontraria a la que realmente se present\u00f3\u201d. <\/p>\n
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2. Asevera el recurrente que siendo clara la causa petendi, al sentenciador le estaba \u201cvedado interpretar la demanda\u201d, a riesgo de incurrir en error de hecho, tal y como en pronunciamientos anteriores lo ha predicado esta Corporaci\u00f3n, de los que parcialmente transcribe uno, esto es, que no pod\u00eda interpretar la demanda en la que se le solicit\u00f3 un pronunciamiento \u201csobre terminaci\u00f3n de dep\u00f3sito, para suplantarla por la de terminaci\u00f3n de un mandato\u201d; destaca que \u201ccomo no hubo entrega de la cosa por parte del depositante al depositario\u201d, el tribunal \u201cdeb\u00eda confirmar la sentencia de primera instancia\u201d, con mayor raz\u00f3n teniendo en cuenta que \u201cel dep\u00f3sito como fue solicitado en la demanda no fue probado, es decir, el hecho de la entrega real y efectiva de dinero alguno por parte\u201d de Rojas Naiza a Guarnizo Cu\u00e9llar, y que el mandato tampoco existi\u00f3. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Se acusa la sentencia de violar indirectamente los art\u00edculos 1694, 1964 y 2182 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, y 1506, 1536, 1602, 1618, 1622, 1625, numeral 9\u00ba, y 1849 de la misma obra y 624 y 822 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, a consecuencia de errores de hecho. <\/p>\n
1. Refiere el impugnador que el tribunal incurri\u00f3 en error de hecho ya que sobre la naturaleza jur\u00eddica del pacto vertido en la cl\u00e1usula 4\u00aa de la escritura p\u00fablica n\u00famero 6537 de 27 de noviembre de 1992, en la demanda se dijo que se trataba de un dep\u00f3sito en tanto que en la contestaci\u00f3n se sostuvo que era un contrato de compraventa con estipulaci\u00f3n para otro, por lo que, en cumplimiento del art\u00edculo 1618 citado, era deber de aqu\u00e9l interpretar ese convenio; puntualiza que no obstante haber anotado que esa estipulaci\u00f3n era clara, lo cierto es que el ad-quem no se atuvo a su tenor literal sino que la interpret\u00f3 para concluir de all\u00ed la existencia de un mandato, con el argumento de que como frente a Concasa no hubo subrogaci\u00f3n en la obligaci\u00f3n, ante la misma entidad el vendedor segu\u00eda ostentando la calidad de deudor. <\/p>\n
Con esa base precisa el recurrente que en la comentada labor de llegar a la intenci\u00f3n de los contratantes, el fallador no conect\u00f3 la mencionada cl\u00e1usula con las dem\u00e1s estipulaciones del contrato, infringiendo as\u00ed el art\u00edculo 1620 del C\u00f3digo Civil, norma legal de obligatorio cumplimiento y no de meros consejos. <\/p>\n
2. Menciona tambi\u00e9n el acusador que el juez de segundo grado dej\u00f3 de apreciar que en esa cl\u00e1usula cuarta se incluy\u00f3 como parte de la compraventa el contenido de la escritura 4184 de 11 de septiembre de 1992 de la notar\u00eda 20 de Bogot\u00e1; que en el numeral d\u00e9cimo quinto de este acto Rojas Naiza se oblig\u00f3 a mantener un seguro de vida; que en el par\u00e1grafo primero de la misma el nombrado cedi\u00f3 a favor de la entidad bancaria el valor de ese seguro; que en la cl\u00e1usula tercera del instrumento se convino que la mencionada corporaci\u00f3n pod\u00eda dar por extinguido el plazo que faltare y exigir el pago completo de la deuda cuando el inmueble hipotecado fuere enajenado sin su consentimiento; que el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 50N-1097629, en su anotaci\u00f3n 14, consta el registro de la escritura que contiene la venta que hizo Rojas Naiza al accionado; que desde el 28 de enero de 1993, en que se hizo p\u00fablico dicho negocio, la instituci\u00f3n financiera pudo rechazar al demandado como la persona que asum\u00eda la ejecuci\u00f3n de la prestaci\u00f3n demandando el cumplimiento directamente del vendedor, pero como en lugar de ello lo que hizo fue aceptarle los pagos mensuales, finalmente lo reconoci\u00f3 como deudor consolid\u00e1ndose as\u00ed la estipulaci\u00f3n para otro, de que trata el art\u00edculo 1506 citado, al punto que le devolvi\u00f3 el pagar\u00e9 cancelado, prueba que tampoco apreci\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
3. Indica el casacionista que a trav\u00e9s de aquella cl\u00e1usula y de la quince de la escritura 4184 se consagr\u00f3 la condici\u00f3n resolutoria de la obligaci\u00f3n que Guarnizo Cu\u00e9llar tuvo de cancelar el precio de venta, consistente en que \u00e9l pagar\u00eda ese valor siempre que el vendedor no falleciera, por lo que cuando \u00e9ste muri\u00f3 se extingui\u00f3 para el demandado esa obligaci\u00f3n, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1625, numeral 9\u00ba, ib\u00eddem; expresa, adem\u00e1s, que como para el juzgador el mandato fue comercial, debi\u00f3 aplicar los art\u00edculos 877 y 624 del C\u00f3digo de Comercio, lo que no hizo, pese a tratarse de preceptos legales que aluden a los eventos mediante los cuales ha de declararse extinguida una deuda, y que debieron hacerse actuar por imperio del art\u00edculo 822 ejusdem. <\/p>\n
4. Expresa el censor que entonces el sentenciador incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico ya que supuso encontrar la prueba sobre la terminaci\u00f3n del supuesto mandato en el pago efectuado por la aseguradora, pese a que \u00e9sta no era la mandataria; dej\u00f3 de apreciar las pruebas que demuestran la terminaci\u00f3n del contrato en los t\u00e9rminos previsto en el art\u00edculo 1625, numeral 9\u00ba del C\u00f3digo Civil; se equivoc\u00f3 al interpretar la demanda, en cuando dedujo que la pretensi\u00f3n ejercida por el demandante era la ruptura de un mandato; desconoci\u00f3 que la comentada cl\u00e1usula simplemente se refer\u00eda a la forma pactada para el pago del precio de la compraventa y el monto all\u00ed tasado constituy\u00f3 el m\u00f3vil determinante de ese negocio; no tuvo en cuenta que debi\u00f3 pedirse la terminaci\u00f3n de esa compraventa y no de ning\u00fan mandato, pues ese acto involucra un solo contrato y no dos diferentes; pas\u00f3 por alto que al imponer las condenas bajo el negocio que dijo encontrar y sin emitir pronunciamiento alguno acerca de los efectos que ello tendr\u00eda frente a la compraventa, estaba sosteniendo que aqu\u00e9l era un contrato distinto de \u00e9ste, al cual acced\u00eda; y al ordenar que el pago se hiciera a los demandantes en la forma dispuesta en el fallo impugnado y no a Concasa, sin tomar en consideraci\u00f3n el plazo estipulado ni el contenido restante de esa escritura, modific\u00f3 la rese\u00f1ada cl\u00e1usula cuarta, quebrantando el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como se sabe, el ejercicio del derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, previsto en el art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, implica para el interesado tener que presentar una demanda en la que, de acuerdo con las pertinentes disposiciones del estatuto procesal civil, consigne sus peticiones y exponga los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos en que las apoya, entre otras exigencias, pues, como consecuencia del principio dispositivo que campea en esta jurisdicci\u00f3n, ese escrito se convierte en pauta obligada que gu\u00eda al juez en el despliegue de su actividad; de ah\u00ed que, al resolver el conflicto de intereses sometido a su conocimiento, el fallador tendr\u00e1 que pronunciarse sobre cada una de las pretensiones planteadas pero basado en los hechos all\u00ed expuestos, desde luego que, como lo sostuvo la Corte en ocasi\u00f3n reciente, la informaci\u00f3n contenida en el memorado documento \u201cdemarcar\u00e1 uno de los extremos esenciales de la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal y fijar\u00e1 los confines dentro de los cuales el demandado har\u00e1 valer su derecho de defensa\u201d(sentencia n\u00famero 114 de 23 de septiembre de 2004, exp.#7279, no publicada a\u00fan oficialmente). Es precisamente por el papel trascendental que ella juega en el desenvolvimiento de la mentada relaci\u00f3n, que el procedimiento civil establece una serie de exigencias que debe acatar quien ejerza el derecho de acci\u00f3n, las cuales, en gran parte, est\u00e1n dirigidas a garantizar la precisi\u00f3n y claridad de todo libelo, especialmente en sus s\u00faplicas y hechos, seg\u00fan as\u00ed se advierte de los art\u00edculos 75, 76 y 77, entre otros, del aludido ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Y es justamente por efectos de la predicada fuerza vinculante que al juez se le impone el deber, a la hora de desatar el correspondiente litigio, de adoptar el mentado acto introductorio del proceso tal y como le fue presentado, con la sola condici\u00f3n que de all\u00ed aflore con resplandor el petitum y su causa petendi, es decir, que se pronuncie sobre las pretensiones deducidas y los hechos propuestos tom\u00e1ndolos de la manera como all\u00ed se expresaron, y absteni\u00e9ndose, por ello mismo, de resolver sobre lo que no le fue pedido y de decidir con respaldo en situaciones f\u00e1cticas que no contempla. <\/p>\n
Mas como puede suceder que dicha pieza procesal se caracterice por ser confusa o ambig\u00fca, ya en las peticiones ora en los hechos que le sirven de soporte, o en unas y otros, al no reflejar de manera precisa, fidedigna y exacta el verdadero querer del promotor del proceso, bien sea porque las ideas no fueron expresadas en la forma m\u00e1s adecuada o por la complejidad propia del asunto, entre otras causas, el juez, en su cardinal funci\u00f3n de administrar justicia, tendr\u00e1 que entrar en la tarea de interpretarla para, tras ese racional proceso, desentra\u00f1ar la verdadera intenci\u00f3n del demandante, pues, como se sabe, no se puede \u201csacrificar el derecho material en aras de un culto vano al formalismo procesal\u201d(G.J., t. CCXXXIV, pag.234). <\/p>\n
Sin embargo, esa labor de hermen\u00e9utica, dirigida exclusivamente con la intenci\u00f3n de descubrir el prop\u00f3sito original de quien acude a la jurisdicci\u00f3n, el juez la podr\u00e1 adelantar en la medida en que el escrito inicial de la controversia se lo permita sin desfigurar la realidad que por s\u00ed sola all\u00ed se patentice, es decir, en aquellos eventos en que al hacerlo no transforme la esencia de lo solicitado ni de las circunstancias f\u00e1cticas en que el actor hubiere fundamentado esas pretensiones; pues, para expresarlo en sentido contrario, si el contenido integral de la mentada pieza ostenta claridad y precisi\u00f3n meridianas o si, en cambio, su oscuridad y confusi\u00f3n es de tal magnitud que objetivamente se hace imposible encontrar ese verdadero horizonte, entonces el fallador no podr\u00e1 m\u00e1s que atenerse a la literalidad que le figure expuesta, con las consiguientes consecuencias para el accionante; desde luego que el sentenciador no goza de esta facultad interpretativa, ha dicho la Corte, por un lado, \u201ccuando la imprecisi\u00f3n y oscuridad de sus t\u00e9rminos es tal que obstaculice por completo la averiguaci\u00f3n de lo que el demandante quiso expresar, evento en el que, so pena de incurrir en yerro f\u00e1ctico, no es posible la interpretaci\u00f3n porque se suplantar\u00eda la presentada por su autor, sustituy\u00e9ndolo de esa carga consagrada en la ley de manera exclusiva para \u00e9l\u201d, y, por otro, en los casos en que el contenido del aludido escrito \u201csean de tal precisi\u00f3n y claridad que no dejen ning\u00fan margen de duda acerca de lo pretendido por el demandante, caso este \u00faltimo en el que el juez debe estarse a ellos en la forma como se los presenta el actor, por cuanto pretender una interpretaci\u00f3n de los mismos lo conducir\u00eda a un yerro similar, que en ambos casos ser\u00eda manifiesto\u201d(G. J., t. CCXLIII, pags.112 y 113). <\/p>\n
Bajo el derrotero expuesto resulta incuestionable que el sentenciador incurrir\u00e1 en la comisi\u00f3n de errores de hecho si al interpretar el libelo se aparta de los lineamientos expuestos, pues al hacerlo, estar\u00eda distorsionando el texto de la demanda, tergiversando o cercenando su pr\u00edstino contenido, falencias que, de presentarse, por contera, configurar\u00edan la causal de casaci\u00f3n prevista en el inciso 2\u00ba del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, siempre y cuando fueren evidentes y trascendentes, puesto que, como lo tiene dicho esta Corporaci\u00f3n, \u201cpara que se configure el error en la interpretaci\u00f3n de la demanda, es necesario como lo exige la ley, que \u2018sea manifiesto\u2019, ostensible o protuberante, es decir que salte a la vista de la simple lectura de la demanda, pues la actividad de interpretaci\u00f3n solamente es atacable en casaci\u00f3n \u2018cuando fuere notoria y evidentemente err\u00f3nea, lo que no se dar\u00eda cuando entre varias interpretaciones razonables y l\u00f3gicamente posibles, el Tribunal ha elegido alguna de ellas\u2026\u00b4\u201d (G.J., t. CCXXV, 2\u00aa parte, pag.185). <\/p>\n
2. Desde otro punto de vista, como la interpretaci\u00f3n que el juez hace de un negocio jur\u00eddico es asunto de hecho que compete a su discreta autonom\u00eda, con insistencia se ha expuesto que la conclusi\u00f3n a que en esa tarea llegue \u201cno es susceptible de modificarse en casaci\u00f3n, sino al trav\u00e9s de la demostraci\u00f3n de un evidente error de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente, que ella es de tal alcance que contradice la evidencia\u201d, ya sea porque el fallador \u201csupone estipulaciones que no contiene, ora porque ignore las que ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero sentido de sus cl\u00e1usulas con deducciones que contradice la evidencia que ellas demuestran\u201d(G. J., t. CXLII, pag.219), hip\u00f3tesis en las cuales el error del juzgador lo puede conducir a quebrantar disposiciones de derecho sustancial por aplicaci\u00f3n indebida, pues en tal supuesto podr\u00eda estar dirimiendo el conflicto con base en preceptos que no regulan la especie litigiosa o con falta de aplicaci\u00f3n de las normas pertinentes. <\/p>\n
Es palmario, entonces, que en los eventos en que surja un conflicto a prop\u00f3sito de la comprensi\u00f3n que ha de d\u00e1rsele a un contrato, a su cumplimiento o incumplimiento, la valoraci\u00f3n que haga el sentenciador es una cuesti\u00f3n f\u00e1ctica que el legislador conf\u00eda a su discreta autonom\u00eda, de donde se desprende que el juicio que al respecto edifique es susceptible de echarse a pique \u00fanicamente en la medida en que brille al ojo que el alcance que le otorg\u00f3 al respectivo negocio es absolutamente diferente del que ciertamente surge de su propio contenido, y no en los eventos en que se requiera efectuar complicados esfuerzos anal\u00edticos o cuando entre varias interpretaciones l\u00f3gicas y razonablemente posibles, el juzgador escogi\u00f3 una de ellas. <\/p>\n
3. Descendiendo la Sala a las particularidades inherentes a los cargos que se analizan, observa que las censuras se hacen consistir, de un lado, en que no obstante haberse solicitado en el acto inicial del pleito la \u201cterminaci\u00f3n de un contrato de dep\u00f3sito entre Rojas Naiza y Guarnizo Cu\u00e9llar\u201d, al cual los promotores del proceso se refirieron en el hecho sexto de ese escrito, donde nuevamente se precis\u00f3 sobre la \u201cexistencia de un dep\u00f3sito\u201d, en la providencia impugnada el fallador, \u201cdecret\u00f3 la terminaci\u00f3n de un pacto de mandato\u201d; y, de otro, en que interpret\u00f3 indebidamente la referida cl\u00e1usula cuarta de la escritura de compraventa, al deducir de all\u00ed ese mandato y no el pacto de estipulaci\u00f3n para otro que de la misma verdaderamente surge; al proceder as\u00ed, anota el recurrente, el fallador incurri\u00f3 en los errores de hecho que lo condujeron a violar indirectamente las disposiciones legales citadas, al suponer una s\u00faplica contraria a la all\u00ed invocada. <\/p>\n
4. Al someter esas puntuales denuncias al necesario cotejo entre el cuerpo del escrito inicial de la controversia y el contenido de la rese\u00f1ada cl\u00e1usula con la hermen\u00e9utica que de ellos hizo el juzgador, encuentra la Corte c\u00f3mo \u00e9ste no incurri\u00f3 en los yerros que se le endilgan, seg\u00fan pasa a verse. <\/p>\n
En efecto, obs\u00e9rvese c\u00f3mo el tribunal, despu\u00e9s de referirse al contenido de la mentada cl\u00e1usula cuarta, asegur\u00f3 que lo que all\u00ed se edific\u00f3 fue un mandato entre N\u00e9stor Didier Rojas y el accionado para que \u00e9ste cancelara, como parte del precio estipulado, las cuotas del cr\u00e9dito que aqu\u00e9l ten\u00eda con la nombrada instituci\u00f3n bancaria, seg\u00fan los pagar\u00e9s vinculados a la garant\u00eda hipotecaria, ya que ante esa entidad no se produjo la correspondiente subrogaci\u00f3n de la acreencia, por lo que Guarnizo Cu\u00e9llar s\u00f3lo era un diputado del vendedor para hacer los pagos mensuales de que daban cuenta aquellos t\u00edtulos valores. <\/p>\n
Con esa base el fallador pas\u00f3 a examinar las pretensiones indicando que el \u201cerror de los demandantes plasmado en la demanda, en cuanto a la denominaci\u00f3n del instituto jur\u00eddico presentado\u201d, no le imped\u00eda estudiar las peticiones all\u00ed consignadas ya que pod\u00eda \u201cresolver sobre la verdadera situaci\u00f3n jur\u00eddica configurada en el contrato\u201d, para seguidamente estimar que efectuado \u201cel cambio de denominaci\u00f3n\u201d de las pretensiones, deb\u00eda entender que lo deprecado era la declaratoria de que ese contrato hab\u00eda \u201cterminado y que en consecuencia se restituya a la sucesi\u00f3n\u201d del vendedor los $24\u00b4500.000 aludidos, para lo cual se adujo como causa petendi que, por el fallecimiento de N\u00e9stor Didier Rojas Naiza, la obligaci\u00f3n que \u00e9l ten\u00eda con la entidad bancaria fue cancelada por la compa\u00f1\u00eda aseguradora, en virtud de que aqu\u00e9l \u201chab\u00eda adquirido un seguro de vida all\u00ed para garantizarle a CONCASA la deuda que ten\u00eda, raz\u00f3n por la cual habiendo pagado el demandado s\u00f3lo unas cuotas de la deuda, deb\u00eda restituir\u201d aquella suma(fl.27). Al entender as\u00ed la situaci\u00f3n que le fue planteada, el ad-quem consider\u00f3 que las pretensiones deb\u00edan prosperar, porque el mandato que apreci\u00f3 pedido en el escrito inicial de la controversia termin\u00f3, por sustracci\u00f3n de materia, desde el mismo momento en que la aseguradora pag\u00f3 la citada acreencia, ya que con ello \u201cpr\u00e1cticamente finaliz\u00f3 el negocio para el cual fue constituido\u201d, puesto que el convocado a este litigio \u201cdej\u00f3 de ser diputado para el pago de ROJAS al no haber deuda que cancelar\u201d, situaci\u00f3n que obligaba a aqu\u00e9l a restituir \u201clos dineros obrantes en su poder\u201d(Se subraya). <\/p>\n
Es palmario entonces que al interpretar el escrito inicial de la controversia el fallador no alter\u00f3 los hechos, pues, como se acaba de ver, se refiri\u00f3 a los que vertieron los accionantes en la demanda, los cuales, a su vez, son, en lo fundamental, una transcripci\u00f3n del contenido que incorpora la mentada cl\u00e1usula cuarta de aquella escritura p\u00fablica. Luego, al hacer referencia a esa causa para pedir, el sentenciador no se apart\u00f3 de la idea central que motiv\u00f3 a los demandantes a deprecar la declaratoria de terminaci\u00f3n del negocio aducido en el libelo, tal cual as\u00ed se advierte de lo que ellos expusieron concretamente en el hecho sexto de ese documento. <\/p>\n
Ahora, tampoco alter\u00f3 el objeto de la demanda, por cuanto lo que a la postre dispuso fue justamente la terminaci\u00f3n tal y como le fue solicitado en el documento inicial del pleito, s\u00f3lo que tipificado como mandato, y en ello ning\u00fan error cometi\u00f3, ni irrumpi\u00f3 las fronteras que naturalmente le deparaba el texto que dio inicio al proceso por cuanto al otorgarle esa comprensi\u00f3n ejerci\u00f3, dentro de los l\u00edmites legalmente establecidos, la autonom\u00eda que le es propia para interpretar que esa era la concepci\u00f3n jur\u00eddica que a su juicio de all\u00ed ciertamente se desprend\u00eda; es decir, con ese criterio no hizo cosa diferente a darle otra calificaci\u00f3n jur\u00eddica al acto bilateral sobre el que se le solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de terminaci\u00f3n, en lo que en ning\u00fan error incurri\u00f3, puesto que tal proceder no es m\u00e1s que el desarrollo y aplicaci\u00f3n del conocido principio de derecho iura novit curia, seg\u00fan el cual es al juez a quien compete conceder el derecho, antes que atenerse a lo que en temas de orden jur\u00eddico las partes le tracen o ellas mismas hayan podido preterir, pues, como lo tiene dicho la Corporaci\u00f3n, \u201ces funci\u00f3n privativa de los jueces, en desarrollo del conocido adagio \u00b4narra mihi factum, dabo tibi ius\u00b4, examinar de oficio el contenido de la litis bajo todos los aspectos jur\u00eddicos que se muestren como posibles, tarea esta en la que cuentan con amplias facultades para hallar las normas que consideran aplicables aunque tengan que hacerlo separ\u00e1ndose de las alegaciones en derecho efectuadas por las partes o, inclusive, supliendo omisiones en las que ellas hayan podido incurrir -\u00b4iura novit curia\u00b4-, motivo por cuya virtud se entiende que no contravienen aquella exigencia las decisiones jurisdiccionales que, partiendo de bases f\u00e1cticas aducidas en los escritos rectores del proceso, seleccionan los preceptos que estiman justos y adecuados al caso concreto as\u00ed esa selecci\u00f3n no coincida con el tipo de alegaciones jur\u00eddicas de parte aludido\u201d(G. J., t. CCLVIII, pag.110). <\/p>\n
No ha de perderse de vista que el tribunal de entrada advirti\u00f3 el \u201cerror de los demandantes plasmado en la demanda, en cuanto a la denominaci\u00f3n del instituto jur\u00eddico presentado\u201d, para inmediatamente argumentar que tal falencia no le imped\u00eda estudiar las s\u00faplicas all\u00ed consignadas y \u201cresolver sobre la verdadera situaci\u00f3n jur\u00eddica configurada en el contrato\u201d, esto es, que en ello el sentenciador no hizo m\u00e1s que aplicar al asunto la especie negocial que entendi\u00f3 surg\u00eda de la prueba acopiada. Ha de comprenderse as\u00ed que los actores partieron de la cl\u00e1usula cuarta del citado instrumento p\u00fablico para predicar que la misma engendraba un contrato de dep\u00f3sito, seg\u00fan as\u00ed se indic\u00f3 expresamente en el hecho 6\u00ba, y arm\u00f3nicamente deprecaron que se declarara su terminaci\u00f3n, como lo refiere la pretensi\u00f3n primera, para que consecuentemente se condenara al demandado a restituir los $24\u00b4500.000, y fue alrededor de esa particular y espec\u00edfica tem\u00e1tica que el sentenciador adopt\u00f3 su determinaci\u00f3n, aunque bajo el entendido del mandato que hall\u00f3 cristalizado en ese mismo numeral de la escritura. <\/p>\n
Por otra parte, si bien es cierto el juzgador interpret\u00f3 el contrato en cuesti\u00f3n para concluir c\u00f3mo lo que se desprend\u00eda de la comentada cl\u00e1usula no era el dep\u00f3sito se\u00f1alado por los demandantes ni el pacto de estipulaci\u00f3n para otro querido por el accionado, no lo es menos que en esa trascendental gesti\u00f3n no quebrant\u00f3 las reglas propias sobre esa especie de entendimiento, por cuanto no se sali\u00f3 de su contenido literal; por el contrario, ejerciendo la natural autonom\u00eda alrededor del tema, la us\u00f3 para hacer ver que desde su perspectiva jur\u00eddica era aqu\u00e9l y no ninguno de \u00e9stos el pacto que de all\u00ed surg\u00eda, el que, se afan\u00f3 en anotar, se acomodaba a lo pretendido por los contratantes cuando el vendedor, al consentir aquella forma de pago, permiti\u00f3 que el comprador demandado cancelara la parte restante del saldo del precio en la forma y t\u00e9rminos que all\u00ed se registran, los cuales tampoco alter\u00f3 el fallador, quien, a prop\u00f3sito, adopt\u00f3 las decisiones siempre bajo el entendimiento de que al tener el demandado \u201cen su poder\u201d el dinero que le fue entregado por el vendedor, por ende, le correspond\u00eda restituirlo, una vez agotado el mandato. <\/p>\n
5. Al margen de las consideraciones precedentes, es de verse que, en el caso espec\u00edfico de las acusaciones que se hacen en el cargo tercero, donde se indica que el tribunal no entendi\u00f3 aquella cl\u00e1usula en comuni\u00f3n con el restante contenido de esa escritura, el censor sin embargo no expone la raz\u00f3n de ser de esa afirmaci\u00f3n, como tampoco determina cu\u00e1les son, a ciencia cierta, los apartes de ese documento a que quiso referirse y que el juez de segundo grado ignor\u00f3, como que se limita a sentar meras afirmaciones sin desarrollar confrontaci\u00f3n alguna entre lo que dijo el sentenciador y lo que de las pruebas que se dicen omitidas fluye. <\/p>\n
6. Por tanto, no prosperan los cargos. <\/p>\n
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CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Acusa la sentencia de violar, indirectamente, los art\u00edculos 254 y 174 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia del error de derecho en que incurri\u00f3 el tribunal al darle valor probatorio a la copia simple de la escritura p\u00fablica 6537 de 27 de noviembre de 1992, de la notar\u00eda Primera de Villavicencio, \u201cpor lo que aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 1694, 1964 y 2182\u201d del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
1. En v\u00eda de sustentarlo explica el recurrente que en relaci\u00f3n con el pacto de mandato que en el fallo encontr\u00f3 demostrado, el tribunal, \u201ctuvo como \u00fanica prueba la cl\u00e1usula 4, de la escritura 6537\u201d, cometiendo as\u00ed error de derecho al darle valor probatorio a ese documento, violando el art\u00edculo 254 aludido, el cual determina cu\u00e1ndo \u201clas copias de los documentos tienen igual valor probatorio que los originales\u201d; al no advertir el fallador el mentado yerro, apreci\u00f3 \u201cel contenido de dicha escritura, sin que hubiere lugar para ello por las razones ya expuestas\u201d. <\/p>\n
2. No sin antes expresar que el punto no constituye medio nuevo, asevera que la norma antes se\u00f1alada, por ser de orden p\u00fablico, fue violada por el ad-quem, lo que puede comprobarse al \u201cobservar la falta de autenticidad\u201d del mentado documento; agrega que tambi\u00e9n quebrant\u00f3 los art\u00edculos 1694, 1964 y 2182 del C\u00f3digo Civil, pues los aplic\u00f3 indebidamente al tener en cuenta esa copia simple y que, de no haber incurrido en esa falencia, el juzgador no habr\u00eda concluido en el mandato que dijo hallar evidenciado, por cuanto ese aparente convenio devino para el sentenciador sin consideraci\u00f3n a ninguna otra probanza. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Cuestiona, pues, el censor, el hecho de que el tribunal, apoyado \u00fanicamente en la escritura 6537 de 27 de noviembre de 1992, hubiera dado por establecido el convenio con base en el cual conden\u00f3 al demandado a pagar las sumas de dinero que determina la sentencia acusada, desconociendo que dicho documento carec\u00eda de valor probatorio, por tratarse de una copia simple, es decir, desprovisto de autenticaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Sobre el particular encuentra la Corte que si bien es verdad los demandantes, con el acto introductorio del proceso, allegaron la susodicha escritura en las condiciones indicadas (fls.13 a 16, cd.1), no lo es menos que el demandado, por lo que se infiere de la conducta procesal que despleg\u00f3 a lo largo de las instancias del proceso, consinti\u00f3 las particulares circunstancias que rodeaban ese documento. <\/p>\n
En efecto, v\u00e9ase c\u00f3mo el opositor, pese a que se le entreg\u00f3 copia al momento en que se le corri\u00f3 el traslado del libelo (fl.38), contest\u00f3 la demanda y formul\u00f3 excepciones sin manifestar reparo alguno en torno de la mencionada copia; despu\u00e9s, al abrir a pruebas este asunto (auto de 7 de julio de 1997), el juzgado del conocimiento admiti\u00f3 como tales los documentos enunciados en el ac\u00e1pite respectivo del acto introductorio (fls.65 a 67), dentro de los que se hallaba el nombrado instrumento (fl.30), frente a lo cual aqu\u00e9l se limit\u00f3 a guardar herm\u00e9tico silencio. Ese comportamiento procesal, referido al aspecto formal de aquella escritura p\u00fablica, el demandado lo sigui\u00f3 evidenciado incluso al alegar de conclusi\u00f3n(fla.178 a 180), as\u00ed como a lo largo del tr\u00e1mite de la segunda instancia(fls.13 a 15,cd.2). <\/p>\n
3. Con esos puntuales antecedentes, resulta entonces extra\u00f1o que se edifique una acusaci\u00f3n precisamente en aspectos sobre los que, pese a obrar objetivamente en el proceso, el impugnador no tuvo expresi\u00f3n distinta que la de manifestar t\u00e1citamente su aceptaci\u00f3n, al punto que a trav\u00e9s de los diferentes escritos mediante los cuales ejerci\u00f3 activamente su leg\u00edtimo derecho de defensa, no discuti\u00f3 la existencia misma del contrato que incorpora la cl\u00e1usula de la cual tanto el ad-quem como los actores derivaron la obligaci\u00f3n del opositor de pagar la suma pretendida; por el contrario, al igual que \u00e9stos, la contraparte se apoy\u00f3 justamente en ese mismo documento -pues en el expediente no existe ninguno otro de dicha escritura- para argumentar la inexistencia de la especie negocial pretendida en la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
Se trata, por tanto, de un cuestionamiento que ahora causa extra\u00f1eza, pues no se entiende c\u00f3mo de un momento a otro se altera lo que pac\u00edfico ven\u00eda en el juicio. Tanto menos si todo se desarroll\u00f3 a la luz de las partes, no se quebrant\u00f3 principio alguno por cuanto las mismas \u201ctuvieron en cada uno de esos momentos procesales oportunidad para exponer sus disconformidades, limit\u00e1ndose exclusivamente a consentir esas determinaciones, vale decir, sin plantear objeciones; desde luego que con la publicidad implementada a prop\u00f3sito de tales aspectos de la particularizada probanza, lo menos que puede predicarse es violaci\u00f3n a los derechos de contradicci\u00f3n de la prueba, de defensa y del debido proceso, toda vez que la mec\u00e1nica implementada en la producci\u00f3n del medio no fue sorpresiva para ninguno de los sujetos procesales, a m\u00e1s que se gest\u00f3 con su aquiescencia\u201d(sentencia 115 de 23 de septiembre de 2004, exp.#0329, no publicada a\u00fan oficialmente). <\/p>\n
4. Por tanto, no prospera el cargo. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Le imputa a la sentencia violar de manera directa los art\u00edculos 1694, 1964 y 2182 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, y 1506, 1526, 1625, numeral 9\u00ba, 1627 y 1849 del mismo estatuto, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
1. Empieza el recurrente por afirmar que para el tribunal lo relevante lo constituy\u00f3 el hecho de que la entonces Corporaci\u00f3n de Ahorro y vivienda Concasa no intervino en la negociaci\u00f3n para admitir \u201cal comprador como deudor en lugar del vendedor, pues el demandado Guarnizo s\u00f3lo era un diputado de Rojas para hacer los pagos mensuales de que deban cuenta los pagar\u00e9s\u201d, no obstante que el aspecto verdaderamente importante para decidir la controversia lo constitu\u00edan no esos hechos referidos a terceras personas sino la actuaci\u00f3n directa de las partes contratantes. <\/p>\n
A este respecto puntualiza el recurrente que en concreto ese comportamiento de los negociantes dice relaci\u00f3n con la referida cl\u00e1usula cuarta, que hac\u00eda parte de un contrato de compraventa; la obligaci\u00f3n de pagar el precio sometida a condici\u00f3n resolutoria, es decir, que la aseguradora pagar\u00eda el saldo de la deuda si el fallecimiento del vendedor acaec\u00eda dentro de los 15 a\u00f1os de plazo que ten\u00eda para cancelar la deuda; el hecho de que esa condici\u00f3n se cumpli\u00f3; la circunstancia de que aquella corporaci\u00f3n no rechaz\u00f3 la prestaci\u00f3n pactada a su favor, pues durante 3 a\u00f1os recibi\u00f3 el pago efectuado por el demandado, al punto que le entreg\u00f3 el pagar\u00e9 con la nota de cancelaci\u00f3n; y el hecho de que esa entidad bancaria no inici\u00f3 ninguna acci\u00f3n pese a que Rojas Naiza vendi\u00f3 sin obtener de ella la correspondiente autorizaci\u00f3n, estando obligado a ello. <\/p>\n
2. Estos hechos relevantes, prosigue el censor, no encajan dentro de un mandato sino en la compraventa con estipulaci\u00f3n para otro, de donde estima que el sentenciador aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 1694, 1964 y 2189 aludidos, en el caso particular de este \u00faltimo, debido a que el fundamento f\u00e1ctico que tuvo en cuenta el juzgador radic\u00f3 en que el mandato referido en el fallo termin\u00f3, puesto que la compa\u00f1\u00eda de seguros pag\u00f3 la deuda que ten\u00eda el vendedor con la instituci\u00f3n financiera, as\u00ed como porque dicho precepto no consagra como factor para terminar el mandato el cumplimiento de la gesti\u00f3n por un tercero, de donde estima que el sentenciador se equivoc\u00f3 al establecer la semejanza entre la hip\u00f3tesis legal y este caso concreto. <\/p>\n
3. No sin antes comentar que el pacto relativo a que la obligaci\u00f3n a cargo del demandado se extinguir\u00eda en caso de que la aseguradora pagara la deuda si Rojas Naiza fallec\u00eda llevaba a la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1625, numeral 9\u00ba, ib\u00eddem, el casacionista, frente al aparte donde el fallo pregona que no siendo necesario seguir pagando la cuota mensual a la corporaci\u00f3n, el aqu\u00ed accionado deb\u00eda entregarle los dineros a los herederos del enajenante porque hac\u00edan parte del precio y a ellos les pertenec\u00edan, asegur\u00f3 que en ese hecho, que fue el tenido en cuenta para imponer la condena, brilla por su ausencia la \u201csemejanza entre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica citada por el tribunal y la norma aplicada, pues el art\u00edculo 2189\u2026 es sobre el mandato y decir que los dineros hac\u00edan parte del precio y por consiguiente pertenec\u00edan al vendedor\u201d son aspectos f\u00e1cticos que \u201ccorresponden a las normas de la compraventa, es decir al art\u00edculo 1849\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
<\/p>\n
1. La violaci\u00f3n directa de las normas de derecho sustancial, que como motivo de casaci\u00f3n prev\u00e9 la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tiene ocurrencia cuando el juzgador, al margen de toda cuesti\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria, no aplica al asunto controvertido los preceptos sustancial a que deb\u00eda someterse, o pone en movimiento las que resultan extra\u00f1as al litigio, o cuando no obstante haber hecho aplicaci\u00f3n de las disposiciones rectoras del asunto, se equivoca en el entendimiento que de ellas hace. Es precisamente por ello que al recurrente le compete, cuando la arremetida en esta senda extraordinaria la aduce con apoyo en la comentada causal, dirigir su cr\u00edtica \u00fanicamente en relaci\u00f3n con las normas que considere inaplicadas, indebidamente aplicadas o err\u00f3neamente interpretadas, prescindiendo, como es natural, de cualquier consideraci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual entre en discrepancias con las apreciaciones f\u00e1cticas del juez de segundo grado, cuesti\u00f3n esta que s\u00f3lo puede abordarse por la v\u00eda indirecta de dicho motivo. <\/p>\n
A este respecto la Corporaci\u00f3n tiene sentado que en la proposici\u00f3n de una acusaci\u00f3n por la nombrada causal de casaci\u00f3n, por la v\u00eda recta, \u201cha de prescindirse por completo de las conclusiones a que haya arribado el fallador sobre el an\u00e1lisis f\u00e1ctico y probatorio del proceso. Si se acusa la sentencia de quebrar derechamente una norma de linaje material, ning\u00fan reparo debe hallarse al aspecto se\u00f1alado, porque precisamente en ese t\u00f3pico deben coincidir sentenciador y recurrente; o, lo que es lo mismo, el recurrente no puede separarse de las conclusiones que deriv\u00f3 el Tribunal en el examen de los hechos. \u00b4En tal evento, la actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u00b4\u201d(G. J., t. CCXII, pag.34). <\/p>\n
2. Al trasladar la Corte las nociones que se dejan expuestas al cargo que se analiza, advierte c\u00f3mo la censura propuesta adolece, justamente, de la deficiencia t\u00e9cnica que se viene de comentar, por cuanto habi\u00e9ndose propuesto la acusaci\u00f3n por la v\u00eda directa, el casacionista, sin embargo, lo que en \u00faltimas hace es discutirle al ad-quem la valoraci\u00f3n que hizo en el terreno de las pruebas y los hechos, conforme pasa a verse. <\/p>\n
3. Obs\u00e9rvese c\u00f3mo, luego de sostener que el hecho relevante que el sentenciador admiti\u00f3 estrib\u00f3 en que la instituci\u00f3n bancaria acreedora no intervino en la negociaci\u00f3n para admitir al demandado como deudor en vez del vendedor Rojas Naiza, pues aqu\u00e9l era \u00fanicamente un diputado de \u00e9ste \u201cpara hacer los pagos mensuales de que deban cuenta los pagar\u00e9s\u201d, el impugnador apunt\u00f3, apart\u00e1ndose ostensiblemente de las directrices que se dejaron expuestas acerca de lo que constituye el entorno de la causal primera de casaci\u00f3n por violaci\u00f3n recta de la ley, que esa ponderaci\u00f3n la efectu\u00f3 cuando que el aspecto verdaderamente importante para decidir la controversia lo constitu\u00eda la directa y personal actuaci\u00f3n de esos contratantes, concretamente en aquellos aspectos que a rengl\u00f3n seguido en el cargo se apur\u00f3 en detallar a espacio; as\u00ed resulta entonces que el embate propuesto ciertamente gira no sobre la valoraci\u00f3n estrictamente jur\u00eddica que el fallador hubiere efectuado sobre aquellas cuestiones que le atribuye la censura sino alrededor de los hechos que, a juicio del acusador, debieron ser los que aqu\u00e9l debi\u00f3 apreciar y juzgar. <\/p>\n
Ahora, en lo tocante con la parte final de la censura, donde se argumenta que el hecho tenido en cuenta por el tribunal para imponer la condena, esto es, que ante el fallecimiento de Rojas Naiza el saldo de la deuda deb\u00eda pagarse a los herederos del mismo y no al acreedor, el casacionista lo que le discute al tribunal no es tampoco un juicio estrictamente jur\u00eddico sino una valoraci\u00f3n de estirpe probatoria, puesto que con esa apreciaci\u00f3n el fallador no hizo m\u00e1s que inferir que de la anunciada cl\u00e1usula cuarta se desprend\u00eda un mandato, de donde concluy\u00f3 lo que el censor le enrostra, situaci\u00f3n que conduce a sostener que cualquier reparo al respecto debi\u00f3 abordarlo por la v\u00eda indirecta y no por el camino escogido en el cargo. Es que, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, cuando el juez interpreta la declaraci\u00f3n de voluntad y entra a determinar la naturaleza jur\u00eddica del contrato ajustado por las partes, la cr\u00edtica que alrededor de esa labor se pretenda edificar forzosamente tendr\u00e1 que encaminarse por la v\u00eda indirecta, como error de hecho (G. J, t. CXLII, pag.102). <\/p>\n
<\/p>\n
4. En este orden de ideas, como el cargo se circunscribi\u00f3 a criticar la apreciaci\u00f3n que de los hechos y las probanzas efectu\u00f3 el juzgador, surge manifiesta la deficiencia t\u00e9cnica que se deja precisada, situaci\u00f3n que impide cualquier otro an\u00e1lisis y, por lo mismo, da al traste con la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
5. En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N: <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 16 de marzo de 1999 pronunciada en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y OPORTUNAMENTE DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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SC-162-2005 [7725] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL MAGISTRADO PONENTE: C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE Bogot\u00e1, D.C., once (11) de julio de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente n\u00famero 7725. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83007","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83007","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83007"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83007\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83007"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83007"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83007"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}