SC-163-2005 [7300131030011995-1977-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de julio de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. <\/p>\n
73001-3103-001-1995-1977-01 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n propuesto por la demandada, sociedad Constructora Chipalo S.A., contra la sentencia dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso ordinario promovido contra la recurrente por Isabel P\u00e9rez Vda. de Rodr\u00edguez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se inici\u00f3 el proceso con demanda por la cual Isabel P\u00e9rez Vda. de Rodr\u00edguez pretendi\u00f3 que se declarara que sufri\u00f3 lesi\u00f3n enorme en la venta que le hizo a la sociedad Constructora Chipalo S.A., del lote No. 9, ubicado en la fracci\u00f3n de Ambal\u00e1, localizado, seg\u00fan el catastro, en la carrera 20 No. 66-52 de la ciudad de Ibagu\u00e9, cuyas caracter\u00edsticas e identificaci\u00f3n describe, y como consecuencia que se declarara rescindido el referido contrato, condenando a la demandada a restituirle el inmueble materia del mismo, con sus frutos, mejoras, usos y anexidades, libre de hipotecas y dem\u00e1s derechos reales que sobre \u00e9l hubiere constituido, sin perjuicio de su ejercicio del derecho que le reconoce el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
2. Las supuestos f\u00e1cticos de las pretensiones elevadas pueden resumirse as\u00ed: <\/p>\n
2.1. Por escritura p\u00fablica No. 3351 del 2 de noviembre de 1993, otorgada en la Notar\u00eda Tercera de Ibagu\u00e9 e inscrita en la competente oficina de registro, la demandante le vendi\u00f3 a la sociedad demandada el inmueble antes mencionado, dando cumplimiento a lo acordado en la promesa de compraventa que suscribieron el 22 de febrero del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.2. El precio de la venta se fij\u00f3 en la suma de $56.530.000.oo, a raz\u00f3n de $3.504.95 el metro cuadrado, de los cuales la compradora pag\u00f3 $21.959.000.oo en efectivo, $16.000.000.oo con una casa lote ubicada en la Urbanizaci\u00f3n Chical\u00e1, distinguida con el No. 28 de la manzana 1, transferida a la demandante por la sociedad Caracoly y C\u00eda Ltda. mediante escritura No. 3352 del 2 de noviembre de 1993, corrida en la Notar\u00eda Tercera de Ibagu\u00e9, y el saldo, que asciende a $18.571.000.oo y deb\u00eda solventarse dentro de los noventa d\u00edas siguientes a la suscripci\u00f3n de la escritura, est\u00e1 insoluto. <\/p>\n
2.3. Por las circunstancias que se detallan, para la fecha de la celebraci\u00f3n del contrato, el inmueble ten\u00eda un valor aproximado de $564.584.000.oo, y la compradora lo recibi\u00f3 en esa misma \u00e9poca. <\/p>\n
3. Notificada la demandada, se opuso a lo pretendido. Propuso las excepciones que nomin\u00f3 \u00abrenuncia t\u00e1cita de la acci\u00f3n\u00bb, porque en el largo per\u00edodo que corri\u00f3 desde que se iniciaron las conversaciones que antecedieron al contrato, y su celebraci\u00f3n, la vendedora pudo disipar todo error sobre el precio del inmueble, y en lugar de retractarse o solicitar la revisi\u00f3n, progresivamente ratific\u00f3 su voluntad, hasta la conclusi\u00f3n del pacto, conducta indicativa de su renuncia al ejercicio de la acci\u00f3n incoada; \u00abfalta de los elementos estructurales de la lesi\u00f3n al momento de la celebraci\u00f3n de la promesa de compraventa\u00bb, porque en tal oportunidad, que es la que debe ser tenida en cuenta para verificar la ocurrencia del fen\u00f3meno alegado, el valor del metro cuadrado del lote no era superior a $7.009.84; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n de la actora\u00bb, porque para la \u00e9poca mencionada, el valor del metro cuadrado del lote enajenado no superaba en m\u00e1s del doble el valor que de acuerdo con la promesa pag\u00f3 la demandada; \u00abtemeridad y mala fe\u00bb, porque la actora est\u00e1 suministrando informaci\u00f3n falsa sobre las calidades del predio y el precio, para enga\u00f1ar a la justicia y obtener una decisi\u00f3n favorable. Adem\u00e1s, porque del globo de mayor extensi\u00f3n se han enajenado otras fincas a precios inferiores, y ninguna de esas ventas ha sido demandada. <\/p>\n
4. En la sentencia de primera instancia se declar\u00f3 rescindida, por lesi\u00f3n enorme, la promesa de compraventa celebrada por las partes, disponi\u00e9ndose la cancelaci\u00f3n del instrumento p\u00fablico que recoge el contrato de venta, su registro, y la de la escritura No. 3352 del 2 de noviembre de 1993, contentiva de la venta efectuada por Caracoly y C\u00eda Ltda. a la demandante, am\u00e9n de proveer sobre las restituciones mutuas y al derecho reconocido por el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Apelada por la demandada, el superior la reform\u00f3 para declarar la rescisi\u00f3n del contrato de compraventa contenido en la escritura No. 3351 del 2 de noviembre de 1993, por ser este el pacto objeto de la pretensi\u00f3n y el que result\u00f3 afectado por el vicio alegado, modificaci\u00f3n que hizo extensiva a las disposiciones sobre prestaciones mutuas. En lo dem\u00e1s, la confirm\u00f3, declarando probada, adem\u00e1s, la objeci\u00f3n formulada al dictamen elaborado para cuantificar los frutos del predio. <\/p>\n
Inconforme con la determinaci\u00f3n adoptada, la misma parte interpuso el recurso de casaci\u00f3n que la Corte decide en esta oportunidad. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Identificado el objeto del litigio, precis\u00f3 el ad-quem que de la prueba documental aportada y de los hechos aceptados por la demandada al dar respuesta a la demanda, se deduce que el 22 de febrero de 1993 las partes suscribieron la promesa de compraventa en cumplimiento de la cual se otorg\u00f3 la escritura No. 3351 del 2 de noviembre del mismo a\u00f1o, contentiva del contrato de venta cuya rescisi\u00f3n se pretendi\u00f3. <\/p>\n
Referido el precio pactado y la forma como se cancel\u00f3, alrededor de lo cual no vislumbr\u00f3 contenci\u00f3n, se adentr\u00f3 en el escrutinio del vicio contractual alegado y en ese cometido dej\u00f3 sentado que seg\u00fan la jurisprudencia patria, la prueba pericial es la id\u00f3nea para determinarlo, prueba que, dijo, constituye el \u00ab…medio adecuado, id\u00f3neo, necesario y por ende obligatorio para los fines se\u00f1alados\u00bb. <\/p>\n
Definido, con apoyo en doctrina de la Corporaci\u00f3n, el \u00e1mbito del error grave en materia de prueba pericial, comparti\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo de rechazar la objeci\u00f3n que por ese motivo se adujo contra dicho trabajo, explicando que los peritos \u00abtomaron en consideraci\u00f3n los factores que influyen en el dictamen y no omitieron elementos necesarios para ello; am\u00e9n de que este se efectu\u00f3 en el inmueble objeto del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 3351 aqu\u00ed harto mencionada, lo cual hicieron inspeccion\u00e1ndolo, midi\u00e9ndolo, describiendo sus caracter\u00edsticas, exponiendo las razones de exclusi\u00f3n de parte del mismo por motivo de riesgo siguiendo normas que gobiernan el medio ambiente, ubicaci\u00f3n en el sector, etc., procediendo a valorarlo en su esencia y complement\u00e1ndolo y explic\u00e1ndolo cuando se hizo necesario, de donde se sigue, que tampoco va contra la naturaleza de las cosas\u00bb. <\/p>\n
Puso de presente que sus autores recibieron informaci\u00f3n de las Secretar\u00edas de Obras P\u00fablicas y de Planeaci\u00f3n Municipal de Ibagu\u00e9, y \u00abde los vecinos del contorno del inmueble, fuentes directas para la correcta valorizaci\u00f3n\u00bb. Que la motivaci\u00f3n de la pericia se respalda \u00abcon el correspondiente plano topogr\u00e1fico\u00bb y se ilustra \u00abcon las fotograf\u00edas correspondientes\u00bb, de todo lo cual infiri\u00f3 la sinraz\u00f3n de los reparos de la demandada, cuya validez descalific\u00f3 anotando que de la existencia de la avenida 69 da cuenta el oficio que obra al folio 24 c. 3; que las ventas por menor precio efectuadas por la demandante en \u00e9poca coincidente con la de la concertaci\u00f3n del negocio materia del juicio, son irrelevantes, puesto que \u00abello no constituye objeto del pleito, am\u00e9n, de que igualmente, la actora se lamenta de aquella situaci\u00f3n, llevada a ella por un sobrino\u00bb, como lo son tambi\u00e9n las quejas referidas a los testimonios de Pedro G\u00f3mez y Leonidas L\u00f3pez, quienes no hacen alusi\u00f3n al inmueble al cual se contrae el litigio, prueba que por lo dem\u00e1s, dijo, \u00abno es ni la id\u00f3nea ni la adecuada para el aval\u00fao que determine la lesi\u00f3n enorme\u00bb. <\/p>\n
Admitida la objeci\u00f3n que se propuso frente al dictamen que cuantific\u00f3 los frutos, se apoy\u00f3 en la peritaci\u00f3n efectuada para comprobar el error que se le endilg\u00f3 (fls. 170 al 188 c. 13), determinando la suma concreta que a cada una de las partes corresponde reembolsar por el concepto indicado, valores que orden\u00f3 actualizar hasta la fecha del pago. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Tres cargos se proponen contra la sentencia de segunda instancia, al abrigo de la causal primera, de los cuales s\u00f3lo se examinar\u00e1 el primero porque est\u00e1 llamado a tener \u00e9xito. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la citada causal, se impugna el fallo del Tribunal por violar indirectamente los art\u00edculos 1946, 1947, 1948 y 1953 del C\u00f3digo Civil, 2 y 822 del C\u00f3digo de Comercio, por causa de los errores de hecho cometidos por el sentenciador en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Concretando la acusaci\u00f3n, sostiene el impugnador que el fallador se equivoc\u00f3 al ponderar el dictamen del cual se sirvi\u00f3 para darle curso a la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Sin discutir que la prueba pericial sea la apropiada para demostrar el desequilibrio prestacional en el cual se engasta el fen\u00f3meno mencionado, recuerda que el art\u00edculo 237 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil fija las pautas que rigen la valoraci\u00f3n del citado medio de prueba, para anotar que dicho trabajo carece de la fuerza indispensable para apuntalar la resoluci\u00f3n atacada, porque \u00abes evidente la pobreza de su sustentaci\u00f3n; su falta de claridad, precisi\u00f3n y detalle; la ausencia total de explicaci\u00f3n acerca de las investigaciones realizadas; y la carencia de se\u00f1alamiento y explicaci\u00f3n de los fundamentos t\u00e9cnicos que soportan su resultado\u00bb, mientras que, en lo poco que dice, contiene elementos de contraevidencia, \u00abfrente a todo lo cual su conclusi\u00f3n valorativa del inmueble es imposible de sostener\u00bb. <\/p>\n
Para justificar su reproche, explica que si bien los peritos dijeron haber realizado \u00ablas averiguaciones pertinentes\u00bb para avaluar el inmueble, las circunscribieron a la construcci\u00f3n de la avenida 69, y no explicaron en qu\u00e9 consistieron, ni qu\u00e9 conclusiones arrojaron. Que tambi\u00e9n dijeron apoyarse en los datos suministrados por vecinos del sector, pero no mencionaron cu\u00e1l fue la informaci\u00f3n que por ese medio obtuvieron, de qu\u00e9 personas y por qu\u00e9 les dieron cr\u00e9dito. Que se respaldaron adem\u00e1s en la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del pa\u00eds y del departamento, expresando que se caracterizaba por tener \u00edndices de crecimiento constante en construcci\u00f3n, sin especificar esos \u00edndices, como tampoco la fuente que los report\u00f3, dejando asimismo sin explicaci\u00f3n, el influjo que tuvieron en el concepto que as\u00ed emitieron. <\/p>\n
Agrega que aunque la construcci\u00f3n de la avenida 69 incidi\u00f3 en el aval\u00fao, no precisaron la \u00e9poca de su iniciaci\u00f3n y conclusi\u00f3n, guard\u00e1ndose de especificar la repercusi\u00f3n que tuvo en el valor de la tierra. <\/p>\n
Para el recurrente, las deficiencias anotadas no se superan con la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n de la pericia, ya que aparte de admitir la existencia de un error aritm\u00e9tico en la cuantificaci\u00f3n del aval\u00fao a febrero de 1993, cuyo precio por metro cuadrado mantuvieron, para un resultado final de $424.704.000, los peritos absolvieron algunos de los interrogantes propuestos, ratific\u00e1ndose en lo argumentado en el trabajo presentado \u00aben cuanto afirmamos que la Avenida 69 en el a\u00f1o de 1993 ya era una realidad, su construcci\u00f3n seg\u00fan los soportes oficiales No. 3178 y relaci\u00f3n de obras de la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas Municipales, oficio No 3666 de Octubre 20 de 1997 de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal\u00bb <\/p>\n
Estos documentos, dice el impugnador, nada expresan sobre las fechas en las que comenz\u00f3 y finaliz\u00f3 la construcci\u00f3n de la citada v\u00eda, como tampoco sobre la \u00e9poca en la que fue dada al servicio, y conjugados con otros elementos de prueba, evidencian que para febrero de 1993, data de la celebraci\u00f3n de la promesa de venta, no se le hab\u00eda dado inicio, ya que la reglamentaci\u00f3n pertinente, en el tramo que interesa, s\u00f3lo se expidi\u00f3 en mayo de dicha anualidad. <\/p>\n
A ese respecto explica que en el oficio 3666, la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n le comunica al se\u00f1or Jes\u00fas Alirio Le\u00f3n R\u00edos que su solicitud fue remitida a la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas Municipales, porque esa dependencia no realiza estudios, dise\u00f1os, ni ejecuta proyectos. Informa adem\u00e1s, en abstracto, sobre las distintas \u00e9pocas (anteriores y posteriores a febrero de 1993) de aprobaci\u00f3n y\/o reglamentaci\u00f3n de diferentes tramos de la avenida 69, datos que no permiten esclarecer, como tampoco lo hacen los peritos, en cu\u00e1l de ellos se localiza el inmueble objeto de la experticia, y mucho menos que para la prenombrada oportunidad, ya se estuviere construyendo. <\/p>\n
El oficio No. 3178 de la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas, contin\u00faa, \u00abanexa un listado de obras contratadas, en el cual se incluye s\u00f3lo un tramo de la Avenida 69 -comprendido entre las Avenidas Ambal\u00e1 y Jord\u00e1n-, de nuevo sin indicaci\u00f3n alguna sobre si en tal tramo se localiza el inmueble objeto de valoraci\u00f3n, y sin se\u00f1alamiento alguno en el sentido de que la construcci\u00f3n de la v\u00eda -ni siquiera el inicio- fuera una realidad en febrero de 1993\u00bb. En cuanto al momento en que la mencionada obra se puso en servicio, tan s\u00f3lo indica que esa informaci\u00f3n puede ser solicitada en la Secretar\u00eda de Tr\u00e1nsito Municipal. <\/p>\n
As\u00ed, concluye que el Tribunal se equivoc\u00f3 gravemente al otorgarle pleno valor demostrativo, y recalca que es tan escaso su poder de convicci\u00f3n, que la propia demandante, a quien aprovechan sus conclusiones, se apoy\u00f3 en la peritaci\u00f3n que se practic\u00f3 para probar la objeci\u00f3n que frente a ella se plante\u00f3, para predicar la existencia de la lesi\u00f3n de ultra mitad y abogar por el despacho favorable de la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Sostiene que si bien los apuntados yerros son suficientes para enervar el m\u00e9rito demostrativo adjudicado a la antedicha prueba, y echar por tierra la conclusi\u00f3n atacada, dado que exclusivamente se apuntala en ella, no pueden soslayarse los errores cometidos por el ad-quem en la contemplaci\u00f3n de otros medios probativos, que ratifican, por una parte, la desacertada apreciaci\u00f3n de la referida experticia, que en todo caso debi\u00f3 articularse con los restantes elementos del acervo probatorio; y de otra, constituyen \u00abprueba categ\u00f3rica del error grave originado y contenido en la conclusi\u00f3n misma del aludido dictamen, cuya objeci\u00f3n, por tal raz\u00f3n, equivocadamente el tribunal decidi\u00f3 no declarar pr\u00f3spera\u00bb, am\u00e9n de ilustrar sobre la razonabilidad del precio pactado y pagado en el contrato atacado. Son ellos: <\/p>\n
a) Pretermitir los contratos de compraventa contenidos en las escrituras p\u00fablicas Nos. 1760 del 14 de mayo de 1993 de la Notar\u00eda Primera de Ibagu\u00e9; 4428 del 29 de diciembre de 1992 de la Notar\u00eda Cuarta de Ibagu\u00e9; 2930 del 20 de noviembre de 1992 de la Notar\u00eda Tercera de Ibagu\u00e9, y 2311 del 24 de septiembre de 1992 de la misma Notar\u00eda, de los cuales resulta que por la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n del negocio jur\u00eddico que dio origen a la controversia, se vendieron otras fracciones del mismo globo de mayor extensi\u00f3n, por un precio que \u00abnunca sobrepasa la suma de $5.000 por metro cuadrado, y generalmente est\u00e1 por debajo, incluso, de la estimaci\u00f3n de $3.500 por metro cuadrado convenida en la operaci\u00f3n formalizada entre demandante y demandada\u00bb, pruebas demostrativas \u00abpara la \u00e9poca de inter\u00e9s, del valor comercial de terrenos como el vinculado a la compraventa cuestionada\u00bb. <\/p>\n
Enfatiza el censor que la equivocaci\u00f3n en el punto no se desdibuja porque el fallador las demeritara so pretexto de que \u00abello no constituye materia del pleito\u00bb, y porque \u00abla actora se lamenta de aquella situaci\u00f3n, llevada a cabo por un sobrino\u00bb, pues su importancia en la comprobaci\u00f3n objetiva del valor de la tierra por el sector es inocultable, m\u00e1xime cuando la afirmaci\u00f3n de la vendedora se circunscribi\u00f3 a uno de los actos jur\u00eddicos ignorados por el fallador. <\/p>\n
b) Pasar por alto los aval\u00faos efectuados por la Asociaci\u00f3n para el Desarrollo del Tolima, la C\u00e1mara Colombiana de la Construcci\u00f3n \u00abCamacol\u00bb, y la Inmobiliaria Tolima Ltda., con peritos matriculados en el Registro Nacional de Avaluadores, trabajos que est\u00e1n ampliamente fundamentados, incluso con diferentes perspectivas en funci\u00f3n de la actividad desarrollada por cada uno de ellos, y tienen como com\u00fan denominador, una estimaci\u00f3n del precio del lote para febrero de 1993, que oscila entre $4.200 y $6.200 el metro cuadrado, considerando la variable relativa a la avenida 69, concordando, por a\u00f1adidura, que en febrero de 1993 la citada v\u00eda no estaba construida. <\/p>\n
Sostiene el recurrente que el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho al descalificarlo porque la prueba testimonial \u00abno es la id\u00f3nea (…) para el aval\u00fao que determine la lesi\u00f3n enorme\u00bb, pues con ese entendimiento termin\u00f3 consagrando una restricci\u00f3n no prevista por la ley procesal, en la cual campea, en l\u00ednea de principio, la libertad de medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
d) El testimonio de Pedro G\u00f3mez, descartado por el juzgador pese a que ni siquiera acudi\u00f3 a la audiencia en la que deb\u00eda o\u00edrse su versi\u00f3n. <\/p>\n
Explicado el efecto de los yerros denunciados en la resoluci\u00f3n atacada, se solicita la casaci\u00f3n del fallo, para que la Corte, actuando como Tribunal de instancia, revoque \u00ab…total o parcialmente seg\u00fan lo reci\u00e9n indicado al precisar la trascendencia de los errores cometidos, la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La pretensi\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme que hubo de deducirse por la actora, fue estimada por el fallador porque concluy\u00f3 que en su condici\u00f3n de vendedora del lote No. 9, ubicado en la fracci\u00f3n de Ambal\u00e1, localizado, seg\u00fan catastro, en la carrera 20 No. 66-52 de la ciudad de Ibagu\u00e9, recibi\u00f3 un precio inferior en m\u00e1s de la mitad al justo valor que le correspond\u00eda por la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n de la promesa de compraventa que antecedi\u00f3 a la venta, de la cual da cuenta la escritura p\u00fablica No. 3351 del 2 de noviembre de 1993, otorgada en la Notar\u00eda Tercera de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
El apoyo cardinal de dicha resoluci\u00f3n lo constituy\u00f3 el dictamen rendido por los auxiliares Ceferino Barrero S\u00e1nchez y Jes\u00fas Alirio Le\u00f3n Rios que se aprecia a folios 4 al 8 c. 3, frente al cual, concord\u00f3 con el a-quo en rechazar el error grave que se le imput\u00f3, consideraci\u00f3n contra la cual se vuelca el ataque, porque en criterio del recurrente el juzgador se equivoc\u00f3 gravemente cuando decidi\u00f3 otorgarle pleno valor persuasivo para establecer la existencia de la lesi\u00f3n, ya que est\u00e1 ayuno de sustento, y peca, incluso, de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Como resulta de su texto, el \u201caval\u00fao correspondiente a febrero de 1993\u201d, se sustenta en \u201clas averiguaciones\u201d que los peritos dijeron realizar con el fin de establecer el valor del metro cuadrado de terreno sin construir, porque no hallaron vestigios de la existencia de obras arquitect\u00f3nicas por la \u00e9poca, y en que \u201cseg\u00fan informaci\u00f3n verbal obtenida en el municipio de Ibagu\u00e9\u201d, por ese entonces ya se estaba construyendo la avenida que linda con el inmueble. Se apoya adem\u00e1s, en los datos suministrados por vecinos del sector, y en la situaci\u00f3n econ\u00f3mica del pa\u00eds y del departamento durante 1992 y 1993, caracterizada, seg\u00fan expusieron, por \u00edndices de crecimiento constante en el desarrollo y la construcci\u00f3n, y a \u00e9l se adosaron el croquis y fotograf\u00edas del predio. <\/p>\n
En eso y nada m\u00e1s, es decir, en una serie de factores apenas enunciados pero ayunos de justificaci\u00f3n y respaldo, reside el fundamento de la experticia. Como puede verse, de las labores de indagaci\u00f3n que los peritos dijeron haber agotado para determinar el valor del metro cuadrado de terreno por la zona donde se localiza el inmueble, ninguna explicaci\u00f3n suministraron. La entidad o dependencia del orden municipal, de la cual obtuvieron los datos sobre la obra vial mencionada, no fue identificada, como tampoco lo fueron los vecinos del lugar que ilustraron su juicio sobre la materia, ni la informaci\u00f3n que proporcionaron. Los \u00edndices de crecimiento de la econom\u00eda nacional y departamental durante las anualidades indicadas, que en su decir, explican el valor fijado al inmueble, no se revelaron, como tampoco su fuente, y en todo caso, con ning\u00fan aval cuentan. Por lo dem\u00e1s, el croquis elaborado por los peritos, y las fotograf\u00edas que tomaron para confeccionarlo, ning\u00fan sustento pueden brindarle al precio que le correspond\u00eda en \u00e9poca pret\u00e9rita. <\/p>\n
La precariedad de sus cimientos, de otro lado, no se zanj\u00f3 con las aclaraciones y la complementaci\u00f3n que presentaron a instancia de ambos litigantes, porque aparte de pronunciarse sobre algunos de los factores que la demandada hab\u00eda solicitado tener en cuenta para justipreciar el inmueble, se\u00f1alando, en algunos casos, que eran de dif\u00edcil constataci\u00f3n, en lo que toca con la indicaci\u00f3n de las \u201cfuentes t\u00e9cnicas\u201d del aval\u00fao, cuya divulgaci\u00f3n reclam\u00f3 la misma parte, su gesti\u00f3n se redujo a la presentaci\u00f3n de \u201clos soportes oficiales No 3178 y relaci\u00f3n de obras de la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas Municipales, oficio No 3666 de octubre 20 de 1997 de la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Municipal\u201d, que en su decir, confirman su atestaci\u00f3n inicial en punto a que \u201c\u2026la Avenida 69 en el a\u00f1o de 1993 ya era una realidad\u201d, documentos que en lugar de corroborarla la desvirt\u00faan. <\/p>\n
En efecto: con el oficio 3178, dirigido a Ceferino Barrera S\u00e1nchez, el Secretario de Obras P\u00fablicas Municipales de Ibagu\u00e9 le remiti\u00f3 el listado de obras contratadas desde el 14 de octubre de 1992, con el fin de aclarar sus inquietudes sobre el inicio de la construcci\u00f3n de la citada avenida. Conforme a tal listado, para el 19 de febrero de 1993 s\u00f3lo hab\u00eda sido contratada la construcci\u00f3n de obras complementarias de la Avenida 69 I Etapa, entre la Avenida Jord\u00e1n y la Avenida Ambal\u00e1, y la pavimentaci\u00f3n de la misma v\u00eda entre tales avenidas, adem\u00e1s de la calle 79 I sector, obras que como se ve, corresponden a la multicitada avenida 69, pero en el segmento que va entre las Avenidas Jord\u00e1n y Ambal\u00e1, distinto de aquel en el cual se sit\u00faa el inmueble objeto del dictamen, que de acuerdo con lo consignado en el mismo trabajo, y lo que pudo constatarse tambi\u00e9n en el curso de la inspecci\u00f3n judicial, es el que comunica las avenidas Guabinal y Ambal\u00e1. <\/p>\n
El oficio 3666, remitido a Jes\u00fas Alirio Le\u00f3n R\u00edos por el Secretario de Planeaci\u00f3n Municipal de Ibagu\u00e9, por su parte, especifica, entre otras cosas, que \u00abel tramo comprendido entre las Avenidas Ambal\u00e1 y Jord\u00e1n con la Avenida 69 fue aprobada (sic) mediante Acuerdo 035 de 1990; posteriormente con la Resoluci\u00f3n No. 0523 de Mayo de 1993 fue reglamentado el tramo entre las Avenidas Guabinal y Ambal\u00e1, as\u00ed mismo con la Resoluci\u00f3n No. 0324 de Abril 5 de 1993, se aprob\u00f3 el tramo entre la Carrera 5 Sur y la Avenida Picale\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, los mencionados documentos lo que revelan es que para febrero de 1993 la construcci\u00f3n de la prenombrada avenida avanzaba en el trayecto comprendido entre las Avenidas Ambal\u00e1 y Jord\u00e1n, diverso del que colinda con el lote enajenado por la actora, cuya reglamentaci\u00f3n apenas se expidi\u00f3 en mayo de 1993, es decir en \u00e9poca ulterior a la de la celebraci\u00f3n de la promesa de compraventa, por manera que, en esa oportunidad no exist\u00eda certidumbre siquiera sobre su construcci\u00f3n y no pod\u00eda por tanto erigirse en elemento que influyera en la determinaci\u00f3n del valor del citado bien. <\/p>\n
En ese orden de cosas, si en su mayor\u00eda los elementos que justifican el aval\u00fao del predio no cuentan con la ilustraci\u00f3n y soporte necesarios para constituirse en base adecuada de la conclusi\u00f3n consignada por los peritos, a m\u00e1s de que el \u00fanico que pretendi\u00f3 confirmarse result\u00f3 enervado por las pruebas aducidas con ese prop\u00f3sito, salta a la vista el error que cometi\u00f3 el Tribunal cuando le confiri\u00f3 plena fuerza persuasiva por considerarlo firmemente sustentado, en atenci\u00f3n a que sus autores tuvieron en cuenta todos los factores que inciden en la determinaci\u00f3n del justo precio de la finca vendida, indicaron las fuentes de las cuales obtuvieron la informaci\u00f3n utilizada para calcularlo, respaldaron su concepto con el plano topogr\u00e1fico y las fotograf\u00edas del predio, am\u00e9n de complementarlo y explicarlo, en cuanto se hizo necesario, pues esas apreciaciones ri\u00f1en, sin duda, con lo que de la experticia fluye, prueba que consiguientemente percibi\u00f3 con unas cualidades de las que no est\u00e1 provista, subvirtiendo, de ese modo, su realidad objetiva, que es en lo que reside, en fin de cuentas, el yerro de valoraci\u00f3n probatoria por el cual fue enjuiciado, desacierto que lo condujo a quebrantar indirectamente, por aplicaci\u00f3n indebida, las normas sustanciales que el cargo relaciona, particularmente las que autorizan la rescisi\u00f3n del contrato de compraventa por el vicio indicado, pues as\u00ed los reparos de la parte objetante fueran inapropiados para configurar el error grave que se le imput\u00f3, por concernir, en su gran mayor\u00eda, a la falta de motivaci\u00f3n del dictamen, que en rigor, es ajena a la apuntada anomal\u00eda, y \u00e9sta a la postre no pod\u00eda desgajarse del \u00fanico de los defectos alegados que se entronca con ella, como es la falsedad de la premisa alusiva a la construcci\u00f3n de la avenida 69, por ser apenas uno de los elementos de la valuaci\u00f3n, lo cierto es que en todo caso, por su notoria falta de sustento, el fallador no pod\u00eda ampararse en ella para establecer, como ya se dijo, el verdadero valor del lote objeto del contrato al cual se contrae la pretensi\u00f3n rescisoria, y darle cabida. <\/p>\n
Como esa prueba se erigi\u00f3 en el soporte medular del juicio atacado, la fundabilidad del ataque frente a ella propuesto basta para aniquilarlo, circunstancia que releva a la Corte de examinar los restantes errores f\u00e1cticos que denuncia el cargo. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
1. CASAR la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso ordinario promovido por Isabel P\u00e9rez Vda. de Rodr\u00edguez contra Constructora Chipalo S.A. <\/p>\n
2. De oficio, decr\u00e9tase la siguiente prueba: <\/p>\n
Con el fin de establecer el precio del inmueble localizado en la carrera 20 No. 66-52 de la ciudad de Ibagu\u00e9, el 22 de febrero de 1993, inmueble que corresponde al lote No. 9, ubicado en la fracci\u00f3n de Ambal\u00e1 de la mencionada ciudad, pract\u00edquese dictamen pericial, en el que deber\u00e1n tenerse en cuenta todos los factores incidentes en la valuaci\u00f3n encomendada, como sus caracteres particulares, localizaci\u00f3n, colindancias, topograf\u00eda, mejoras, zonas de cesi\u00f3n y de riesgo, servicios p\u00fablicos, v\u00edas, estrato socio econ\u00f3mico, etc.. <\/p>\n
Para la designaci\u00f3n y posesi\u00f3n del perito, lo que mismo que para la recepci\u00f3n de su trabajo, que deber\u00e1 ser remitido a la Corte para someterlo al tr\u00e1mite que le corresponde, se comisiona al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, Sala Civil. <\/p>\n
L\u00edbrese despacho comisorio con los insertos necesarios. <\/p>\n
Conc\u00e9dese al experto un t\u00e9rmino de veinte (20) d\u00edas para rendir el dictamen. <\/p>\n
Sin costas en el recurso, atendida su prosperidad. <\/p>\n
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-163-2005 [7300131030011995-1977-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Bogot\u00e1, D.C., once (11) de julio de dos mil cinco (2005) Referencia: Expediente No. 73001-3103-001-1995-1977-01 Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n propuesto por la demandada, sociedad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83008","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83008","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83008"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83008\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83008"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83008"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83008"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}