SC-183-2005 [20915]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Expediente 20915 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad AGR\u00cdCOLAS C\u00c1RDENAS HERMANOS LIMITADA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 25 de noviembre de 1999, dentro del proceso ordinario por ella promovido frente al se\u00f1or LUIS BERNARDO C\u00c1RDENAS MART\u00cdNEZ e INVERSIONES COMERCIALES C.C. LTDA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad actora pidi\u00f3 en su demanda que se declarara que era titular del dominio pleno del inmueble distinguido con los n\u00fameros 78-68 de la carrera 67 de esta ciudad; que se condenara a los demandados -quienes ocupaban el predio- a restitu\u00edrselo con todas sus anexidades y los frutos civiles y naturales que pudo producir desde agosto de 1982 hasta la fecha de su restituci\u00f3n; que se dispusiera el registro de la sentencia que decretara la reivindicaci\u00f3n, y que se condenara en costas a los demandados. <\/p>\n
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1. La causa petendi, se resume as\u00ed: <\/p>\n
A. Mediante escritura p\u00fablica 1401 de mayo 29 de 1992, otorgada ante la Notar\u00eda 44 de Bogot\u00e1 e inscrita en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la misma ciudad en el folio de matr\u00edcula 50C-714966, la demandante adquiri\u00f3 a t\u00edtulo de compraventa el derecho de dominio sobre el inmueble en disputa a la Sociedad Distribuidora Prodelbo Ltda, quien a su vez lo hab\u00eda adquirido, al mismo t\u00edtulo, de manos del se\u00f1or Arturo Matamoros seg\u00fan escritura p\u00fablica 1505 de octubre 5 de 1983, corrida en la Notar\u00eda 28 del mismo C\u00edrculo y tambi\u00e9n inscrita en la Oficina de Registro; el se\u00f1or Matamoros, a su turno, hab\u00eda recibido el inmueble de Luis Enrique Rair\u00e1n Chaves, en virtud de contrato de igual naturaleza que consta en la escritura p\u00fablica 1420 de 10 de marzo de 1969, autorizada por el Notario Sexto del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 y tambi\u00e9n registrada en el folio correspondiente al referido bien. <\/p>\n
B. El inmueble aludido es pose\u00eddo materialmente y de \u2018mala fe\u2019 por los demandados, desde el mes de agosto de 1982, \u201cen raz\u00f3n a que su anterior propietario (Distribuidora Prodelbo Ltda), pretend\u00eda la celebraci\u00f3n de un contrato de permuta con el se\u00f1or Luis Bernardo C\u00e1rdenas Mart\u00ednez, el cual no se perfeccion\u00f3\u201d. <\/p>\n
C. El bien ra\u00edz materia de la \u2018pretendida permuta\u2019 no era de propiedad del citado se\u00f1or C\u00e1rdenas Mart\u00ednez, \u201craz\u00f3n por cual no se pudo celebrar contrato alguno. Pero en raz\u00f3n de esa circunstancia, el citado se\u00f1or, y la sociedad antes referida, se quedaron ocupando el inmueble materia de esta demanda, neg\u00e1ndose a restituirlo\u201d. <\/p>\n
D. Los frutos civiles del predio, que actualmente perciben los demandados, alcanzan una cuant\u00eda aproximada de un mill\u00f3n de pesos mensuales, lo cual conlleva -seg\u00fan la actora-, un enriquecimiento il\u00edcito. <\/p>\n
2. Los demandados se opusieron a las pretensiones del actor; negaron unos hechos; aceptaron ser poseedores del inmueble, y respecto de los dem\u00e1s manifestaron estarse a lo que se probara. Formularon adicionalmente las excepciones de fondo que denominaron \u201cInepta demanda\u201d, \u201cIncongruencia entre el petitum y la causa petendi\u201d, \u201cCarencia del derecho que demanda el actor\u201d y \u201cReconocimiento de mejor derecho ganado por prescripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. La sentencia de primera instancia estimatoria de las s\u00faplicas de la demanda, fue revocada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 25 de noviembre de 1999, y en su lugar, se denegaron aquellas y se conden\u00f3 en costas a la entidad demandante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
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Despu\u00e9s de estimar que se encontraban reunidos los presupuestos procesales necesarios para dictar sentencia de fondo, el Tribunal expres\u00f3 que la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria estaba sujeta a la demostraci\u00f3n de cuatro requisitos, a saber: cosa singular reivindicable, derecho de dominio en el demandante, posesi\u00f3n material en el demandado e identidad de la cosa que se pretende y la pose\u00edda por este. <\/p>\n
De tales elementos, afirm\u00f3 que si bien fue acreditada por el demandante su condici\u00f3n de propietario del bien en disputa, as\u00ed como la identidad del predio que se pretend\u00eda reivindicar con el pose\u00eddo por los demandados, la reivindicaci\u00f3n no proced\u00eda dado que la aludida posesi\u00f3n ten\u00eda origen en una relaci\u00f3n de tipo contractual. <\/p>\n
Mencion\u00f3 que la declaraci\u00f3n rendida por la se\u00f1ora Carmen Aurora Matamoros de C\u00e1rdenas, representante legal de Prodelbo Ltda, al igual que la de otros testigos y las manifestaciones de parte ofrecidas por los demandados ante el a quo, converg\u00edan en aceptar la existencia de un negocio jur\u00eddico, contrato de promesa de permuta -corroborado adem\u00e1s mediante copia aut\u00e9ntica del documento que lo recoge- que no hab\u00eda sido objeto de aniquilamiento judicial, por la v\u00eda de la resoluci\u00f3n, el cumplimiento, la nulidad, la simulaci\u00f3n, etc. <\/p>\n
Concerniente a la referida promesa, agreg\u00f3 que esa negociaci\u00f3n fue materia de \u201caveriguaci\u00f3n en los formularios de interrogaci\u00f3n a los testigos y partes vinculados al proceso, lo que puntualiza la aceptaci\u00f3n por los intervinientes en el proceso de la existencia de dicha relaci\u00f3n contractual\u201d (fl 48 ya citado), y que si bien al momento de su celebraci\u00f3n Prodelbo no era la titular del derecho de dominio de la bodega prometida en permuta, posteriormente, octubre 3 de 1983, adquiri\u00f3 esa condici\u00f3n al suscribir la escritura 1505 de la fecha, \u201ccon lo que se legitim\u00f3 para, si fuere el caso, cumplir con las obligaciones derivadas de la susodicha promesa, empero, ahora s\u00ed como titular de tal derecho\u201d. <\/p>\n
Acot\u00f3 que la \u2018cadena de tal t\u00edtulo\u2019 se transmiti\u00f3 con sus calidades y vicios, porque \u201clas partes intervinientes son conocedoras del negocio jur\u00eddico, quienes actuaron en su celebraci\u00f3n, su falta de cumplimiento por parte de uno de los antecesores del derecho de dominio del bien\u201d, y que adem\u00e1s en este momento la relaci\u00f3n contractual est\u00e1 vigente, \u201ca\u00fan se hubiere intentado su aniquilamiento por una de las acciones jur\u00eddicas pertinentes que no obtuvo declaraci\u00f3n judicial estimatoria de la misma, tal como aparece en la afirmaci\u00f3n de la r\u00e9plica de la demanda y en la inscripci\u00f3n de esta acci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula del citado bien\u201d (fl. 49). <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Contiene tres cargos formulados todos con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que ser\u00e1n despachados en el mismo orden en que fueron propuestos, pero los dos \u00faltimos en forma conjunta, por las razones que se explicitar\u00e1n ulteriormente. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de segundo grado de ser violatoria de la ley sustancial, por cuanto se \u2018quebrant\u00f3 directamente\u2019 (sic) los art\u00edculos 665, 669, 673, 762, 765, 778, 779, 946, 947, 949 y 950 del C\u00f3digo Civil, 2\u00ba de la Ley 50 de 1936, 89 de la Ley 153 de 1887, 58, 228, 229 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, y 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como consecuencia de errores in iudicando \u201ccometidos en forma independiente de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica\u201d. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el casacionista, luego de ocuparse de los elementos t\u00edpicos de la reivindicaci\u00f3n y de destacar que \u2018es una acci\u00f3n de prevalencia, para precisar quien tiene mejor derecho sobre el bien materia de litigio\u2019, que \u201cesa actividad \u2018judicativa\u2019 tiene que desenvolverse en torno a los t\u00edtulos que aporta el demandante y que tengan la suficiente virtualidad probatoria para acreditar el derecho de dominio\u201d (fl 17 Cdno. Corte). <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el ad quem dej\u00f3 de aplicar los \u2018textos legales que he se\u00f1alado\u2019 con el argumento \u201cde que una hipot\u00e9tica intenci\u00f3n (de quien no era propietario) que no tiene existencia sino en la mente de los juzgadores de instancia, prevalece sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica, clara, que integra el derecho de dominio de la parte demandante. Bien puede observarse que el Tribunal desconoci\u00f3 el efecto de los contratos de compraventa, y la suma de posesiones\u201d (fl. 17 en cita). <\/p>\n
En la sentencia impugnada -complement\u00f3 el casacionista- no indic\u00f3 el Tribunal \u2018c\u00f3mo se salva un contrato absolutamente nulo, y porqu\u00e9 no dio cumplimiento al art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 50 de 1936\u2019, desconociendo el mandato del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma esta \u00faltima que tiene la \u2018categor\u00eda de sustancial \u2018. <\/p>\n
Agreg\u00f3, luego de citar la presunci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, que sus demandados son poseedores irregulares, que no adquirieron la posesi\u00f3n en virtud de un t\u00edtulo leg\u00edtimo y que \u201cLa presunci\u00f3n en que fund\u00f3 su decisi\u00f3n el Tribunal, y para la cual alter\u00f3 el contenido de todas y cada una de las normas jur\u00eddicas que se han citado en el presente cargo, origin\u00f3 la violaci\u00f3n directa, por falta de aplicaci\u00f3n invocada (sic)\u201d (fl. 18 ib). <\/p>\n
Estas deficiencias, concluy\u00f3 el censor, llevaron al ad quem a desconocer el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n, \u2018que protege el derecho fundamental de la propiedad, que ha sido adquirido de acuerdo con las leyes civiles vigentes, y el 230, que \u2018impone a los juzgadores el deber jur\u00eddico de aplicar la ley y no acudir a argumentaciones contrarias a la misma\u2019. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
A. Prestamente observa la Sala que aunque en el desarrollo del cargo, se asever\u00f3 que \u201cEs obvio, y por ello lo recalco, que no trato en el presente cargo de vincular el aspecto probatorio\u201d (fl. 17), lo cierto es que el censor termin\u00f3 disput\u00e1ndole al Tribunal la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica, al afirmar que este \u201c\u2026desconoci\u00f3 el efecto de los contratos de compraventa y la suma de posesiones\u201d y que \u201cest\u00e1 plenamente acreditado con la propia conducta del demandado que es un poseedor irregular y que no adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n en virtud de un t\u00edtulo leg\u00edtimo\u201d (fl. 18), sin parar mientes en que \u201c\u2026es distinta la actividad que corresponde al recurrente desplegar en casaci\u00f3n seg\u00fan la v\u00eda que haya elegido para impugnar el fallo de instancia al que le imputa violaci\u00f3n de la ley, a saber: aceptando y conform\u00e1ndose con el an\u00e1lisis de la prueba efectuada por el Tribunal, si de violaci\u00f3n directa se trata, u objetando la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba contenida en la sentencia, en el supuesto de la v\u00eda indirecta\u201d (CCXLIII, 65 y 66). <\/p>\n
Dicho de otra manera, si el ataque se formula por la primera v\u00eda \u201cla actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u201d (CXLVI, 60). Por eso \u201cel recurrente no puede separarse, un \u00e1pice siquiera, de la quaestio facti, cual y como fue apreciada por el sentenciador, so pena de resultar inid\u00f3nea la acusaci\u00f3n en caso de que ello ocurra\u201d (Se subraya; CCXLIII, 51). Al fin y al cabo, \u201cel ultraje al derecho sustancial deviene por caminos paralelos y que, por lo mismo, al tiempo que preservan su distancia, jam\u00e1s se tocan\u201d, como quiera que en la violaci\u00f3n directa de la norma sustancial, \u201cse le increpar\u00e1 \u2013al juzgador- que su entendimiento del derecho material es deficitario\u201d, mientras que en la v\u00eda indirecta \u201cque no es el mejor observador del expediente en punto de pruebas. All\u00e1 se le juzgar\u00e1 de poco criterioso en dicho \u00e1mbito; ac\u00e1 de alterar la contienda probatoria que supone el proceso\u201d (cas. civ. de 20 de septiembre de 2000). <\/p>\n
B. Adicionalmente, si se examina el fundamento sobre el que descansa el fallo acusado y el ataque formulado, se advierte que \u00e9ste no se ci\u00f1e a los c\u00e1nones que estereotipan la formulaci\u00f3n adecuada de una acusaci\u00f3n, toda vez que seg\u00fan reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n cuando se hace uso de la causal primera de casaci\u00f3n, la censura debe estar en estricta consonancia con la providencia impugnada, de manera tal que el cargo debe edificarse o construirse con los mismos materiales que fue elaborada la sentencia, regla que \u201cEn buen romance\u2026significa que si el sentenciador form\u00f3 su juicio, exclusivamente, en razones eminentemente jur\u00eddicas, la acusaci\u00f3n debe combatir el fallo en el mismo terreno o plano argumental, pero si la decisi\u00f3n se apoy\u00f3 en los medios probatorios recaudados en el proceso, su labor, entonces, debe realizarse teniendo siempre, en la mira, tales probanzas; y por \u00faltimo, si la providencia fue construida tanto con argumentos jur\u00eddicos como probatorios, de igual manera, debe plantearse su ataque en sede casacional\u201d (cas. civ. 16 de septiembre de 2003, Exp. 6704). <\/p>\n
En el presente asunto, el Tribunal estim\u00f3 que deb\u00eda denegarse la acci\u00f3n reivindicatoria por cuanto los demandados ten\u00edan una \u201cposesi\u00f3n contractual\u201d que emanaba de un contrato de promesa celebrado por estos con la persona que antecedi\u00f3 en el dominio de la cosa a la sociedad demandante, juicio que -con prescindencia de su validez y acierto- est\u00e1 fundado en la valoraci\u00f3n probatoria dada al referido negocio jur\u00eddico, lo que, por tanto, obligaba al censor a combatir la sentencia en el mismo terreno probatorio, demostrando la comisi\u00f3n de yerro evidente y trascendente de parte del Tribunal en la apreciaci\u00f3n de la referida prueba, y por ese camino la consecuencial violaci\u00f3n de las normas sustanciales que gobernaban el litigio. <\/p>\n
Sin embargo, el censor dej\u00f3 de lado el argumento medular que sostiene el fallo acusado, y se ocup\u00f3 en el cargo de endilgar varios yerros jur\u00eddicos, afirmando que \u201c\u2026no puede el Juzgador con sofismas, destruir la eficacia probatoria de unos instrumentos p\u00fablicos, para sostener que una hipot\u00e9tica intensi\u00f3n (sic) de quien no era propietario, tiene prevalencia sobre el mundo objetivo y material que obra en los autos\u201d, olvidando que \u201cpor v\u00eda de la causal primera de casaci\u00f3n no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en \u00e9sta; de all\u00ed que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura\u201d (Se subraya; cas. civ. 23 de junio de 1989, Exp. 5189, reiterada en cas. civ. 15 de diciembre de 2003, Exp. 7565). <\/p>\n
En consecuencia no prospera el cargo. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
A. Por desconocer la eficacia probatoria de las escrituras p\u00fablicas 1420 de marzo 10 de 1969; 1505 de octubre 5 de 1983, y 1401 de mayo 29 de 1992, todas ellas inscritas en el folio de matr\u00edcula correspondiente al predio en disputa. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el impugnante que \u201cEl Tribunal considera que esos t\u00edtulos demuestran el dominio, y que se presenta la suma de posesiones, pero luego, con base en un documento absolutamente nulo, que no proviene de su leg\u00edtimo propietario, para el momento en que se suscribi\u00f3, les niega su eficacia probatoria, violando por falta de aplicaci\u00f3n los art\u00edculos 251, 252, 253, 254, 256 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en concordancia con el art\u00edculo 258 ib\u00eddem, que establece la indivisibilidad y alcance probatorio de los documentos\u201d (fl 22 ib). <\/p>\n
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B. Por \u201cotorgar valor probatorio (que no tiene), al documento contentivo del llamado \u2018Contrato de Compraventa\u2019, visible a folios 51 a 53 del cuaderno principal, el cual ni siquiera fue celebrado, ni suscrito por el leg\u00edtimo propietario del inmueble\u201d (fl 22 ib). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que ese escrito es \u2018absolutamente nulo\u2019 y que \u201cnunca la venta de inmuebles puede demostrarse por documento privado, m\u00e1xime cuando ha sido suscrito por quien no ten\u00eda derecho alguno sobre el bien objeto del contrato\u201d (ib) y reproch\u00f3 al Tribunal, por haberle reconocido la categor\u00eda de \u2018promesa de permuta, o promesa de compraventa, sin que reuniera los requisitos esenciales del art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887 y dem\u00e1s normas aplicables\u2019. <\/p>\n
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Afirm\u00f3 que los elementos fijados en el citado art\u00edculo 89 deben concurrir \u201ccopulativamente\u201d para que un contrato de esta naturaleza pueda tener eficacia; que \u2018la omisi\u00f3n de uno de esos requisitos es causal de nulidad absoluta\u2019, acorde con el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil; que fueron quebrantados los art\u00edculos 252, 253 y 268 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; que la compraventa de inmuebles debe solemnizarse por escritura p\u00fablica, como lo precisa el art\u00edculo 1857 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el art\u00edculo12 del Decreto 960 de 1970, normas violadas tambi\u00e9n por falta de aplicaci\u00f3n, culminando su ataque con la afirmaci\u00f3n de que \u2018ning\u00fan medio probatorio puede suplir el escrito que la ley exige como la solemnidad para la existencia y validez de un acto o contrato\u2019. <\/p>\n
Al desarrollar el cargo, insisti\u00f3 el censor que el Tribunal, en cabeza de los demandados, dedujo una posesi\u00f3n de origen contractual desconociendo que la denominada \u2018promesa de permuta\u2019 es absolutamente nula, y que no fue celebrada por quien ostentaba los leg\u00edtimos derechos de propiedad y posesi\u00f3n en esa \u00e9poca, se\u00f1or Arturo Matamoros C\u00e1rdenas, derechos ejercidos del a\u00f1o de 1969, como consta en la escritura 1420 de 1969, y viol\u00f3 de esta manera el inciso segundo del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, sin tener en cuenta que esa presunci\u00f3n legal en favor del demandado, fue destruida con los t\u00edtulos leg\u00edtimos aportados por la actora, que demuestran que el \u201cderecho de dominio inicial tiene su fuente en la escritura 1420 y por consiguiente, desde el a\u00f1o de 1969\u201d (fl. 23 ib). <\/p>\n
Reiter\u00f3 el recurrente que la reivindicatoria es una acci\u00f3n de pertenencia, cuya decisi\u00f3n exige la confrontaci\u00f3n de los t\u00edtulos esgrimidos por las partes; que en el sub judice la \u2018promesa de contrato\u2019 invocada por los excepcionantes, adem\u00e1s de que, oficiosamente debi\u00f3 ser declarada nula, no es fuente de derechos reales sino personales; que se vulner\u00f3 el art\u00edculo 58 de la Carta Pol\u00edtica, y que se dio prevalencia a una promesa que \u201cno fue celebrada por el titular de los derechos de dominio y posesi\u00f3n sobre el bien materia de litigio, ni con su autorizaci\u00f3n, por ende, sin su voluntad, sobre los documentos p\u00fablicos que demuestran el leg\u00edtimo derecho de propiedad (sic)\u201d (fl 28 ib). <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de haber violado los art\u00edculos 665, 669, 673, 762, 765, 779, 946, 947, 949 y 950 del C\u00f3digo Civil, 2\u00b0 de la Ley 153 de 1887 y 58 de la Carta Pol\u00edtica, por los errores de hecho cometidos en la apreciaci\u00f3n de las siguientes pruebas: <\/p>\n
a) Desconoci\u00f3 las escrituras p\u00fablicas 1420 de 1969, 1505 de octubre 5 de 1983, 1401 de mayo 29 de 1992, y el certificado de tradici\u00f3n del inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n, documentos que acreditaban el derecho de dominio en cabeza de la sociedad demandante y la de las personas que le antecedieron en el mismo. <\/p>\n
b) No se percat\u00f3 que los demandados, al contestar la demanda, admitieron que era cierto el hecho quinto de esta, seg\u00fan el cual se les atribuy\u00f3 la calidad de poseedores materiales del inmueble materia de controversia, \u2018confesi\u00f3n que tiene plena eficacia probatoria\u2019, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 197 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
c) Por \u00faltimo, tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 el fallador de segunda instancia porque concedi\u00f3 eficacia probatoria al documento privado que \u2018dice contener un contrato de compraventa de inmuebles\u2019, al cual le reconoci\u00f3 el car\u00e1cter de promesa de compraventa, sin percatarse de que fue \u201csuscrito por quien no ten\u00eda derecho alguno sobre el inmueble materia del litigio, para el momento de su celebraci\u00f3n, que es absolutamente nulo, nulidad que aparece manifiesta en el mismo acto o contrato\u2019 en armon\u00eda con los art\u00edculos 1741 del C\u00f3digo Civil, 89 de la Ley 153 de 1887 y 2\u00b0 de la Ley 50 de 1936\u201d (fls 30 y 31 ib). <\/p>\n
Al sustentar el cargo, afirm\u00f3 el censor que el Tribunal desconoci\u00f3 los instrumentos p\u00fablicos que \u2018demuestran que el antecedente jur\u00eddico de los t\u00edtulos de la demandante, se halla en la escritura p\u00fablica 1420 de 1969\u2019; que el demandado es poseedor irregular, con apoyo en un documento privado \u2018absolutamente nulo\u2019, no firmado por quien en su momento fuera el propietario inscrito del predio en litigio, al cual concedi\u00f3 prelaci\u00f3n sobre los documentos que acreditan, en cabeza del impugnante, el derecho fundamental de la propiedad garantizado en el art\u00edculo 58 de la Carta Pol\u00edtica, y concluyendo que dichos t\u00edtulos no tienen la virtualidad de destruir la presunci\u00f3n legal contenida en el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el Tribunal, en su af\u00e1n de quebrantar la ley sustancial, especialmente el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, sostuvo que como Prodelbo adquiri\u00f3 el dominio y la posesi\u00f3n sobre la bodega un a\u00f1o despu\u00e9s de prometerla en permuta, \u2018de esta manera pod\u00eda cumplir el absolutamente nulo Contrato de Compraventa. Y que esa intenci\u00f3n hipot\u00e9tica tiene prevalencia sobre los t\u00edtulos que he relacionado\u2019. <\/p>\n
Asever\u00f3 el impugnante que la \u2018promesa de permuta\u2019 como la denomin\u00f3 el Tribunal, \u201cno celebrada directamente o en representaci\u00f3n del titular de los derechos del inmueble en litigio, ni con su consentimiento, absolutamente nula\u201d, debi\u00f3 ser reconocida, como \u2018hecho exceptivo\u2019 de oficio, en aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2\u00ba de la Ley 50 de 1936 y 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y que al no obrarse as\u00ed, se desconocieron los art\u00edculos 228, 229 y 230 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Seg\u00fan se infiere claramente del extracto que de su sentencia se ha hecho, el Tribunal de Bogot\u00e1, para revocar la de primera instancia y denegar las pretensiones contenidas en la demanda encontr\u00f3 debidamente acreditados en el plenario todos los requisitos establecidos para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria, salvo el de la posesi\u00f3n contractual del bien ra\u00edz que se atribuyera a la parte demandada. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo t\u00f3pico, seg\u00fan se acot\u00f3, se expres\u00f3 en la providencia impugnada que los demandados ten\u00edan una posesi\u00f3n \u201ccontractual\u201d, que enervaba la pretensi\u00f3n reivindicatoria, puesto que mediando un negocio jur\u00eddico en virtud del cual se derivaba la aludida posesi\u00f3n, menester era \u201csu aniquilamiento judicial\u201d mediante el ejercicio de una acci\u00f3n personal, v.gr de resoluci\u00f3n, de cumplimiento, de nulidad, etc. <\/p>\n
El censor endilga al Tribunal, en ambos cargos error en la apreciaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 1420 de 1969, 1505 de octubre 5 de 1983, 1401 de mayo 29 de 1992, el certificado de tradici\u00f3n del inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n y el \u201ccontrato de promesa\u201d, lo que justifica el despacho conjunto de los dos cargos, como se anticip\u00f3. <\/p>\n
A. En primer t\u00e9rmino, observa la Corte que el Tribunal s\u00ed aprecio y valor\u00f3 las escrituras p\u00fablicas y el certificado de libertad del inmueble, lo que lo condujo a afirmar que \u201cest\u00e1 claro que la parte demandante es la titular del dominio del predio antes identificado por su direcci\u00f3n, linderos y dem\u00e1s caracter\u00edsticas, los cuales coinciden con los indicados en los t\u00edtulos, en el certificado de tradici\u00f3n…\u201d (Se subraya; fl. 39) y que la sociedad actora \u201c…invoca a su favor la titularidad del derecho de dominio, por haberlo adquirido a t\u00edtulo singular por medio de contrato de compraventa celebrado con PRODELBO LIMITADA, contenido en la escritura p\u00fablica No. 1401 del 29 de mayo de 1992\u201d y \u201ctambi\u00e9n invoca los t\u00edtulos de adquisici\u00f3n de los antecesores de su vendedor\u201d (fl. 26), documentos que se mencionan con sus n\u00fameros y fechas, lo que descarta, por ende, la comisi\u00f3n de los yerros que denuncia el censor. <\/p>\n
B. Respecto del yerro endilgado por no ver que los demandados en la contestaci\u00f3n de la demanda aceptaron ser poseedores del inmueble, la Sala considera necesario transcribir el hecho quinto de la demanda y su correspondiente contestaci\u00f3n que son del siguiente tenor: <\/p>\n
\u201cQUINTO.- El inmueble anteriormente descrito, viene siendo pose\u00eddo materialmente sin t\u00edtulo jur\u00eddico de ninguna naturaleza por el se\u00f1or LUIS BERNARDO CARDEN\u00c1S MART\u00cdNEZ y LA SOCIEDAD INVERSIONES COMERCIALES C.C. LIMITADA, desde el mes de Agosto de 1982, fecha desde la cual lo vienen detentando en su exclusivo beneficio y en detrimento de su leg\u00edtimo propietario\u201d (se subraya). <\/p>\n
Tal hecho fue respondido as\u00ed: <\/p>\n
\u201cEs cierto que el inmueble lo poseen los Demandados don LUIS BERNARDO CARDENAS MART\u00cdNEZ y la SOCIEDAD INVERSIONES COMERCIALES C.C. LTDA, desde el mes de AGOSTO DE 1982. Y esta posesi\u00f3n es regular porque procede de justo t\u00edtulo y buena fe. Mis clientes tienen conciencia de haber adquirido el inmueble por medios leg\u00edtimos, aunque con posterioridad se hayan presentado dificultades para llevar a efecto las obligaciones contraidas. No es cierto que la posesi\u00f3n en el caso de que nos ocupamos, la ejerzan mis mandantes en contravenci\u00f3n al contenido de la norma que ampara el concepto de \u2018POSESI\u00d3N\u2019, que es el Art. 762 del C\u00f3digo Civil dentro de cuya \u00f3rbita se desarrolla y ampara el derecho de la parte aqu\u00ed demandada\u201d. <\/p>\n
Como puede apreciarse, aunque es cierto que la parte demandada reconoci\u00f3 poseer el inmueble, no lo es menos que su respuesta fue acompa\u00f1ada de otras circunstancias que guardan \u00edntima relaci\u00f3n con el hecho admitido, y hacen que tal confesi\u00f3n tenga la naturaleza de cualificada, y por ende, indivisible. En efecto, la demandada afirm\u00f3 que tal posesi\u00f3n era regular y proven\u00eda de un justo t\u00edtulo y de buena fe; que el inmueble hab\u00eda sido adquirido por medios leg\u00edtimos, aludiendo impl\u00edcitamente a un negocio jur\u00eddico respecto del cual se presentaron dificultades que impidieron cumplir las obligaciones que de \u00e9l emanaban. <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre la inescindibilidad de la declaraci\u00f3n de parte, ha precisado esta Sala que \u201c\u2026la ratio de la indivisibilidad de la confesi\u00f3n cualificada, radica en dos puntuales circunstancias: la primera, en que el hecho confesado es uno s\u00f3lo (unicidad confesional), con todas las \u201cmodificaciones, aclaraciones y explicaciones\u201d que han sido expuestas por el declarante, que aluden \u201c…a una cierta forma de presentar el hecho: este desde luego, no se traza por el absolvente de una manera escueta, o sea, en los mismos t\u00e9rminos por los que el preguntante averigua, sino que le introduce un matiz o faceta diferente. La descripci\u00f3n tiene que corresponder al hecho del que se trate, s\u00f3lo que sus notas distintivas no son, en su totalidad, las que afirma la contraparte\u201d (CCVIII, 113); y la segunda, en que ser\u00eda injusto y arbitrario, de cara a la anunciada unidad del hecho declarado, aceptar \u00fanicamente la parte que desfavorece o perjudica al declarante y no la que lo beneficia, o pueda llegar a beneficiarle, en la medida en que sirva de explicaci\u00f3n causal. Al fin y al cabo, si ha de darse credibilidad al dicho del confesante, esto es, en su justa extensi\u00f3n explicativa, ha de aceptarse, in toto, su declaraci\u00f3n, en orden a extraer de ella determinadas secuelas jur\u00eddicas, pues \u201c\u2026mal se procede al separar lo inseparable, para entender como ver\u00e1z s\u00f3lo aquello que grava al confesante y negarle credibilidad a cuanto lo favorece. En lo filos\u00f3fico ello entra\u00f1a notable injusticia y en lo probatorio constituye grave error\u201d (cas. civ. 26 de febrero de 2001, Exp. 5861; cas. civ. 1\u00b0 de octubre de 2004, Exp. 7560). <\/p>\n
Vertidas tales nociones al presente asunto, la Sala considera que no es posible predicar la existencia del yerro f\u00e1ctico que denuncia el censor, ya que, como quedo visto, la parte demandada ciertamente confes\u00f3 poseer el inmueble, pero no sin t\u00edtulo jur\u00eddico de ninguna naturaleza -como se expres\u00f3 en la demanda-, sino, por el contrario, afirmando que se trataba de una posesi\u00f3n regular, proveniente de un justo t\u00edtulo y adem\u00e1s de buena fe, y como el Tribunal consider\u00f3 que en el presente asunto, los demandados ten\u00edan \u201cuna posesi\u00f3n de origen contractual\u201d, se descarta, en consecuencia, la comisi\u00f3n de un monumental yerro en la apreciaci\u00f3n de la contestaci\u00f3n de la demanda, por cuanto el sentenciador si vio la posesi\u00f3n en cabeza de aquellos s\u00f3lo que le dio a aquella una calificaci\u00f3n jur\u00eddica que tiene apoyo en lo expresado en la referida pieza procesal. <\/p>\n
C. Y en cuanto tiene que ver con el error que se endilga al sentenciador respecto del denominado \u201ccontrato de venta\u201d por no de haber declarado la nulidad absoluta del referido negocio jur\u00eddico del cual deriv\u00f3 del mismo la posesi\u00f3n contractual de los demandados, la Sala observa que el yerro, en puridad, tambi\u00e9n es inexistente por cuanto para poder declararla, como es sabido, es necesario que en el proceso hagan presencia todas las personas que lo celebraron y en el presente juicio no intervino la sociedad Prodelbo Ltda quien era uno de los intervinientes en el pluricitado negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
En efecto, esa Sala ha precisado y hoy lo reitera que \u201c\u2026el poder excepcional que al fallador le concede la ley para declarar de oficio la nulidad absoluta, no es irrestricto, panor\u00e1mico o ilimitado, sino que, por el contrario se encuentra condicionado a la concurrencia de las tres circunstancias siguientes: 1\u00aa. Que la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato. 2\u00aa. Que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos y obligaciones para las partes, y 3\u00aa. Que al litigio concurran, en calidad de partes, las personas que intervinieron en la celebraci\u00f3n de aquel o sus causahabientes, en guarda del postulado de que la nulidad de una convenci\u00f3n, en su totalidad, no puede declararse sino con la audiencia de todos los que la celebraron\u201d (Se subraya; CLXV, 56, CCXL, 553; Vid: cas. civ. 10 de septiembre de 2001, Exp. 5961) <\/p>\n
En consecuencia, no prosperan los cargos segundo y tercero. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el 25 de noviembre de 1999, en el proceso ordinario promovido por AGR\u00cdCOLAS C\u00c1RDENAS HERMANOS LTDA contra INVERSIONES COMERCIALES C.C. LTDA y LUIS BERNARDO CARDENAS CASTIBLANCO. <\/p>\n
Costas a cargo de la recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y ret\u00f3rnese al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-183-2005 [20915] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil cinco (2005) Referencia: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83020","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83020","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83020"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83020\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83020"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83020"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83020"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}