SC-185-2005 [1997-09050-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Sala de Casaci\u00f3n Civil <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref: Expediente 1997-09050-01 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Doris Alicia Cogollo de Berrocal, Amparo del Socorro, Ernesto Carlos, Arturo, Ram\u00f3n Jos\u00e9 y Beatriz del Pilar Berrocal Cogollo y \u00c1lvaro Berrocal Zapata, impugnaci\u00f3n que coadyuvan los demandados Francisco Miguel y Rosa Cecilia Berrocal Cogollo, contra la sentencia de 1\u00ba de julio de 2003 proferida por la sala civil-familia del tribunal superior del distrito judicial de Monter\u00eda, dentro del proceso ordinario de Robert Antonio Doria contra los recurrentes, Doris Alicia Berrocal Cogollo, Adolfo Berrocal Ruiz y Lelia Berrocal Zapata, como herederos de Ram\u00f3n Berrocal Failach, y herederos indeterminados del causante. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
Pidi\u00f3 el actor declarar que es hijo extramatrimonial de Ram\u00f3n Berrocal Failach, con derecho a recoger su herencia, y que se ordene inscribir la sentencia en el registro competente <\/p>\n
Como hechos relat\u00f3, en compendio, los siguientes: <\/p>\n
El citado Ram\u00f3n y Cristobalina del Carmen Doria Vargas conoci\u00e9ronse en octubre de 1971 en la finca El Cobao, trato del que naci\u00f3 el demandante el 7 de abril de 1973. Tales relaciones fueron p\u00fablicas, notorias y permanentes en el corregimiento de Jaraquiel, al punto que Berrocal Failach le dio a Cristobalina para que comprara un solar y luego con sus trabajadores le mand\u00f3 construir una casa y cada vez que iba a la finca mandaba por ella. Adem\u00e1s desde que naci\u00f3 Robert Antonio lo mantuvo durante m\u00e1s de cinco a\u00f1os, present\u00e1ndolo como hijo ante amigos y relacionados. <\/p>\n
Los demandados Doris Alicia Cogollo de Berrocal, Amparo del Socorro, Ernesto Carlos, Arturo, Ram\u00f3n Jos\u00e9 y Beatriz del Pilar Berrocal Cogollo y \u00c1lvaro Berrocal Zapata se opusieron; al paso que negaron lo de la paternidad, propusieron como previa la excepci\u00f3n de cosa juzgada, y como de m\u00e9rito la prescripci\u00f3n de \u00abla acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb y la plurium constupratorum; los otros demandados determinados guardaron silencio, y el curador de los otros, por su lado, dijo atenerse a lo probado en el proceso. <\/p>\n
La primera instancia fue ultimada con fallo estimatorio que, apelado por los demandados que resistieron las pretensiones, result\u00f3 confirmada por el tribunal. <\/p>\n
II.- La sentencia del tribunal <\/p>\n
Luego del resumen litigioso, labor donde reprodujo la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en cuyo numeral 5\u00b0 se dispuso la consulta \u201ccon el superior\u201d, dijo no encontrar \u201ccausal de nulidad que pudiera invalidar lo actuado\u201d y s\u00ed en cambio constatada \u201cla concurrencia de los llamados presupuestos procesales\u201d, se entreg\u00f3 a examinar los planteamientos de la apelaci\u00f3n, en cuanto ven\u00eda desdiciendo de la entidad probatoria del examen de ADN. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con ello, subray\u00f3 que no hubo falencias ni anomal\u00edas en su obtenci\u00f3n, de donde es improcedente una nueva prueba, tanto m\u00e1s si reparos como los formulados antes que acarrear su nulidad inciden en su valoraci\u00f3n, como efectivamente lo advirti\u00f3 el a quo, quien al dar en que la objeci\u00f3n impetrada contra la prueba ata\u00f1e a aspectos accidentales -como lo son su recaudo y custodia-, opt\u00f3 no por decretar un nuevo dictamen, sino por pedir al Instituto de Medicina Legal informaci\u00f3n sobre la toma de las muestras, las seguridades para su traslado, la identificaci\u00f3n de los aportantes y copia sobre el diligenciamiento del examen. <\/p>\n
III.- La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
S\u00f3lo dos de los tres cargos levantados contra la sentencia fueron admitidos a tr\u00e1mite; el primero, formulado al amparo de la causal quinta de casaci\u00f3n, y el tercero, bajo la \u00e9gida de la primera, los que despachar\u00e1 la Corte en el orden propuesto. <\/p>\n
Primer cargo <\/p>\n
Acusa la nulidad del proceso, por haberse incurrido en las causales se\u00f1aladas en los numerales 2\u00b0, 3\u00b0, 4\u00b0, 6\u00b0 7\u00b0 y 9\u00b0 del art\u00edculo 140 del c\u00f3digo de procedimiento civil en concordancia con el 29 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
La hace consistir en que el auto admisorio de la demanda es ilegal, pues al no reunir el anunciado libelo con los requisitos formales establecidos para tal efecto, el juez carec\u00eda de competencia para admitirla, irregularidad que configura la causal 2\u00aa de nulidad del art\u00edculo 140 mencionado, con lo que de paso, al tramitar el juicio sin reparar en esto, pretermiti\u00f3 la instancia (num. 3\u00b0 del citado art\u00edculo 140); adicionalmente, se omiti\u00f3 la consulta del fallo de primera instancia, y en cuanto a la prueba gen\u00e9tica, se dieron unas anomal\u00edas que no fueron declaradas ni subsanadas; por el contrario, el ad-quem asegur\u00f3 \u201cque luego de examinar el expediente no encontr\u00f3 vicio alguno\u201d. <\/p>\n
Pero lo cierto es que la demanda no era id\u00f3nea para su admisi\u00f3n, porque el poder carece de presentaci\u00f3n personal del pretendido demandante -lo hizo fue un tercero-; el registro civil de nacimiento ni la partida de bautismo (folios 5 y 6 del Cdno. 1), dan cuenta del nombre del demandante ni de la persona de la cual afirma ser hijo, y no se acompa\u00f1aron los anexos para el traslado; as\u00ed que, si esos defectos fueron alegados y el auto es abiertamente ilegal, hab\u00eda el juzgador de declararlos a t\u00e9rminos del art\u00edculo 306 ib\u00eddem, lo cual no hizo, ni aun por v\u00eda de consulta, grado jurisdiccional que no se surti\u00f3. <\/p>\n
De otro lado, cuanto a la prueba gen\u00e9tica, se pretermiti\u00f3 el t\u00e9rmino para pruebas; el a quo omiti\u00f3 dar traslado del escrito por medio del cual fue complementado y explicado el dictamen pericial, como lo manda el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 238 ib\u00eddem, impidiendo la posibilidad de conocerlo u objetarlo; tampoco se\u00f1al\u00f3 fecha, hora y lugar para la toma de las muestras al cad\u00e1ver, al actor y su progenitora, estructur\u00e1ndose la causal 6\u00aa del art\u00edculo 140 ib\u00eddem, vicio insubsanable, ajeno a la demandada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se notific\u00f3 a la persona jur\u00eddica designada para practicar la prueba (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses), por lo que nula resulta la actuaci\u00f3n posterior que pend\u00eda de dicha providencia; no se acredit\u00f3 la representaci\u00f3n ni idoneidad del instituto; apareciendo la pericia firmada por quienes se identifican con c\u00f3digos, sin el aval del representante de la entidad. <\/p>\n
La nulidad no se sanea cuando a pesar de no ser propuesta formalmente, los hechos constitutivos de la misma fueron alegados oportunamente, sin obtener pronunciamiento del juez y cuando habi\u00e9ndola invocado expresamente el juez obvia pronunciarse. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
La nulidad, est\u00e1 visto, cabalga sobre la idea de que todas esas circunstancias a que alude la acusaci\u00f3n, que arrancan de la ilegalidad del auto admisorio, trasegando por la ineficacia del tr\u00e1mite de las instancias, la supuesta omisi\u00f3n de la consulta, para culminar en las anomal\u00edas en la pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n de la prueba gen\u00e9tica, imponen como \u00fanico resultado la anulaci\u00f3n del proceso; pero ataque de ese tenor es vano, ya que adem\u00e1s de intempestivo, algo que surge notorio, no atiende cabalmente lo acaecido en el tr\u00e1mite del litigio. <\/p>\n
Y ti\u00e9nese as\u00ed, pues relativamente al auto admisorio, aun de ser ciertos los cuestionamientos que localiza la censura en el libelo incoativo del proceso, que no es as\u00ed, la verdad es que cualquier irregularidad ha de tenerse como saneada, ya que si no fue alegada en oportunidad, nada autoriza ahora hacerla valer en el recurso; tr\u00e1tase indudablemente de un aspecto que, por mandato legal, resulta intangible. <\/p>\n
Tanto menos cabe a estas alturas volver sobre \u00e9l, ante la palpable evidencia de que los supuestos defectos alegados no fueron discutidos en la forma ni la oportunidad que la ley se\u00f1ala para tal efecto, es decir, por la excepci\u00f3n previa pertinente, sin que, de otra parte, quepa aducir lo contrario al haberse propuesto \u201cla excepci\u00f3n previa contenida en la excepci\u00f3n gen\u00e9rica propuesta con base en el art\u00edculo 306 del c\u00f3digo de procedimiento civil\u201d, que se aleg\u00f3 como de m\u00e9rito, o la de \u00abcosa juzgada\u00bb, pues por ninguna parte vino en ellas reclamo sobre las irregularidades a que se contrae la protesta (folios 40 a 158, 166, 187 a 193 y 204 a 208 del Cdno. 1). <\/p>\n
A este prop\u00f3sito bueno es recordar el criterio que sobre el particular tiene sentado la jurisprudencia, en cuanto que \u201cen casaci\u00f3n pueden aducirse \u00fanicamente los vicios procesales constitutivos de nulidad pendientes de saneamiento, o que sean insaneables, resultando del todo improcedente un ataque contra un fallo definitivo, susceptible de dicho recurso edificado en tal motivo, si las irregularidades invocadas como determinantes de la invalidez no existen, si existiendo no est\u00e1n contempladas taxativamente en el art\u00edculo 140 ib\u00eddem, o si est\u00e1ndolo y siendo por esencia saneables, no son alegadas o han sido convalidadas expresa o t\u00e1citamente por la parte afectada con ellas\u201d (CCXXXI, p\u00e1ginas 384 y s.s., citada en sentencia de 22 de mayo de 1997, expediente 4653). <\/p>\n
En otro sentido, es de verse que los sucesos que narra la censura no dan pie a las causales de falta de competencia y pretermisi\u00f3n \u00edntegra de las instancias; en tales hip\u00f3tesis la presunta ilegalidad del auto admisorio en nada afecta la especialidad del juez que dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y conforme al art\u00edculo 5\u00ba del decreto 2272 de 1989 debe conocer del caso, ni va en desmedro del principio de la doble instancia prevista para esta clase de tr\u00e1mites, instancias las cuales se surtieron en el evento. <\/p>\n
Esto, es patente, sin hacer cuenta de que, de todas formas, ninguna de las objeciones soltadas a este respecto tiene respaldo: el memorial poder (folio 1 del cuaderno del juzgado) contiene la presentaci\u00f3n judicial de su poderdante y seguidamente (folio 2) est\u00e1 el certificado de registro de nacimiento donde s\u00ed aparece el nombre de Robert Antonio Doria hijo de Cristobalina del Carmen Doria Vargas. Y si bien no se\u00f1ala \u201cla persona respecto a la cual \u00e9l afirma ser hijo extramatrimonial\u201d, tal omisi\u00f3n se explica en lo previsto en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 54 del decreto 1260 de 1970, algo que no puede cotejarse con mira en la \u00abpartida de bautismo\u00bb -como lo aduce la censura-, pues tal documento no milita en el proceso. <\/p>\n
Y en lo atinente a la falta de los anexos para el traslado, lo cierto es que en el libelo introductor se dijo traer \u201ccopia de la demanda y su anexo para el traslado de la demanda a cada uno de los demandados\u201d (folio 5), afirmaci\u00f3n no desmentida en el informe secretarial de 6 de noviembre de 1997 (folio 8), convalidado en el auto admisorio de 21 de noviembre de 1997, que en su numeral segundo (folio 22) dispuso \u201cde ella y sus anexos c\u00f3rrase traslado a la parte demandada\u201d. <\/p>\n
Ahora, cuanto a la pretermisi\u00f3n de la consulta, al igual que se aprecia en relaci\u00f3n con los otros cuestionamientos examinados, no es eso propiamente lo que revela la actuaci\u00f3n; el numeral 5\u00ba de la resolutiva del fallo del a-quo dispuso: \u201ccons\u00faltese con el superior\u201d (folio 490 del cuaderno del juzgado), mandato en que hizo hincapi\u00e9 el tribunal al recapitular el tr\u00e1mite del litigio denotando que en \u00e9ste se verific\u00f3 el \u201cemplazamiento de las personas indeterminadas (…) el nombramiento del curador para la litis\u201d y referir expresamente que en el prove\u00eddo impugnado fue ordenada la consulta (folios 13 y 16 del cuaderno del tribunal); cosas como estas hacen evidente que el ad quem no s\u00f3lo tuvo presente el presupuesto que da base al grado jurisdiccional, sino la disposici\u00f3n del juzgado sobre el particular; siendo adem\u00e1s que el resguardo por el que propende la instituci\u00f3n procesal a\u00f1orada, fue cumplido \u00edntegramente al adelantar el juzgador un control de legalidad a la decisi\u00f3n, tanto sustancial -al estudiar los reproches frente a la prueba de ADN y, de la misma forma, escrutar la prueba testimonial-, como procesal -al expresar que \u201cen la lectura del expediente no se ha advertido causal alguna de nulidad que pudiera invalidar lo actuado y s\u00ed en cambio se ha constatado la concurrencia de los llamados presupuestos procesales, raz\u00f3n que conlleva a que se emita un pronunciamiento de m\u00e9rito\u201d-. Y visto que el de la consulta es tr\u00e1mite similar al de la apelaci\u00f3n, un sano discernimiento da a entender que todo corri\u00f3 juntamente, pues de otro modo el tribunal, al hablar como lo hizo y qued\u00f3 anotado arriba, habr\u00eda percatado f\u00e1cilmente irregularidad en el punto. De donde se concluye que todo estuvo sobreentendido. <\/p>\n
Por \u00faltimo, rebate el censor la eficacia de la prueba gen\u00e9tica; pero es palmar que la pugna que por v\u00eda de esta causal, la quinta de casaci\u00f3n, se enfila a destruir esta probanza, no es asunto que se acomode a la \u00f3rbita propia de la misma -as\u00ed hable de nulidad ubic\u00e1ndola en el \u00e1mbito de la causal 6\u00aa de ineficacia del proceso-, toda vez que lo que confuta en buenas cuentas no es la pretermisi\u00f3n del t\u00e9rmino para pedir pruebas a que alude la dicha causal, sino la validez del medio probativo a la luz de las normas que gobiernan su decreto, pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n, refriega esta para la cual se tiene prevista la causal primera; acaso sea esta la raz\u00f3n por la que estos mismos argumentos vengan expresados tambi\u00e9n en el tercer cargo, enderezado por la v\u00eda indirecta y a causa de yerros de iure en la contemplaci\u00f3n de esa prueba. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos examinados, no tiene buen suceso. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Al abrigo de la causal primera, denunciase el quebranto indirecto del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba de la ley 721 de 2001, concordante con el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la ley 75 de 1968 y los art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba, 3\u00ba, 4\u00ba, 6\u00ba, 7\u00ba y 9\u00ba de la citada ley 721 de 2001, en armon\u00eda con los art\u00edculos 92 del c\u00f3digo civil, 1\u00ba de la ley 45 de 1936 y 1\u00ba de la ley 29 de 1982, como consecuencia de error de derecho por violaci\u00f3n del art\u00edculo 174 del c\u00f3digo de procedimiento civil, concordante con los art\u00edculos 402, 233, 238, inciso final de la regla 8\u00aa del art\u00edculo 9\u00ba \u00edb\u00eddem, art\u00edculos 1\u00ba, 2\u00ba inciso final del par\u00e1grafo 4\u00ba, 8\u00ba y 10 del par\u00e1grafo 2\u00ba de la ley 721 de 201 y 29 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
En su despliegue, dice que la prueba cient\u00edfica con marcadores gen\u00e9ticos de ADN en que apoy\u00f3 el tribunal la paternidad, se obtuvo con violaci\u00f3n del debido proceso; as\u00ed porque adem\u00e1s de que no fue regular ni oportunamente allegada, no se observaron las normas que regulan su producci\u00f3n, conducencia y eficacia. <\/p>\n
Lo cual explana as\u00ed: <\/p>\n
El despacho comisorio dirigido al juez de familia y al Instituto de Medicina Legal -ambos de Bogot\u00e1- para la pr\u00e1ctica del dictamen decretado de oficio, nunca retorn\u00f3, lo cual impidi\u00f3 saber c\u00f3mo, qui\u00e9n y d\u00f3nde se tomaron las muestras al cad\u00e1ver del causante, al demandante y a su progenitora, siguiendo un procedimiento proscrito en el c\u00f3digo de procedimiento civil por oculto. <\/p>\n
El auto que decret\u00f3 la prueba no se\u00f1al\u00f3 t\u00e9rmino para su pr\u00e1ctica, ni fue suplida su omisi\u00f3n en diligencia alguna, am\u00e9n de que tampoco fue notificado al perito como lo prev\u00e9 la regla 4\u00aa del art\u00edculo 9\u00ba del c\u00f3digo de procedimiento civil. <\/p>\n
No est\u00e1 acreditada la naturaleza y representaci\u00f3n legal del ente jur\u00eddico designado para la pr\u00e1ctica de la prueba ni certificaci\u00f3n oficial que acredite la idoneidad cient\u00edfica de sus laboratorios; adem\u00e1s, el dictamen rendido no fue firmado por los representantes legales del Instituto, con el agregado de que de \u00e9ste no se dio traslado para su contradicci\u00f3n, lo cual se omiti\u00f3 tambi\u00e9n respecto del escrito por el que fue complementado. <\/p>\n
Para decretar la prueba el juez invoc\u00f3 el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 721 de 2001, pero no reform\u00f3 el auto admisorio de la demanda para ajustarlo a los dictados de la ley. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, dice que asumiendo que la prueba fue legalmente decretada, practicada y allegada al proceso, al predicar que \u201cel resultado de compatibilidad de paternidad queda excluido por ser tan solo del 99.999999% y no superior a esa cifra como consagra la ley y con fundamento en ello sentenci\u00f3 que el demandado es el padre extramatrimonial del demandante, con el dislate de agregar (…) que es el producto de las \u2018relaciones sexuales\u2019, respecto a las cuales el documento de marras no arroja ning\u00fan resultado\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, apelada tal decisi\u00f3n, el tribunal, sin tramitar la consulta, termin\u00f3 convalidando los vicios del tr\u00e1mite y de la prueba. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
La tesis que ac\u00e1 trae el impugnador, que coincide en lo primordial con la \u00faltima parte del primer cargo, cual se anot\u00f3, la hace consistir en que, sobre la base de que cometi\u00f3 un error de derecho, el juzgador no pudo haber tomado la prueba gen\u00e9tica como soporte de la filiaci\u00f3n declarada, porque en su ritualidad se incurri\u00f3 en tantas irregularidades que de por s\u00ed la tornan ineficaz. <\/p>\n
Ese reproche, empero, al margen de que no controvierte todos los argumentos probatorios del sentenciador, pues es coruscante que \u00e9ste afinc\u00f3 la paternidad no s\u00f3lo en el resultado de la prueba gen\u00e9tica sino tambi\u00e9n en la testifical, lo que de suyo determina el naufragio de la acusaci\u00f3n, es adem\u00e1s infundado, como adelante habr\u00e1 de verse. <\/p>\n
Y, en realidad, que el cargo no refuta todos los puntales del fallo es algo notorio, porque a pesar de que el tribunal no fue muy expresivo o elocuente al decir la convicci\u00f3n que hubo de los testimonios, jam\u00e1s se desentendi\u00f3 de ellos al dar en el trato carnal entre Cristobalina y Ram\u00f3n, al punto que buena parte de su labor sentenciadora gravit\u00f3 alrededor de esas versiones. <\/p>\n
Al efecto recalc\u00f3, como f\u00e1cil se advierte del resumen de la sentencia, aquellos pasajes donde cada deponente habl\u00f3 de la relaci\u00f3n que uni\u00f3 la pareja durante la \u00e9poca de la concepci\u00f3n del demandante y despu\u00e9s de ella, cuando \u00e9l acud\u00eda a la hacienda y la mandaba traer con unos de los trabajadores e, incluso, sus hermanos, apreciaci\u00f3n la cual, por obvias razones, no pod\u00eda hacer de lado la impugnaci\u00f3n en su ataque, desde luego que si el juzgador fij\u00f3 su atenci\u00f3n en esas atestaciones testificales no fue gratuitamente; lo hizo, es indudable, porque encontr\u00f3 all\u00ed elementos que, sumados a las resultas de la prueba gen\u00e9tica, le sirvieron para corroborar la filiaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo cual traduce, mirado el punto en la perspectiva propia de la casaci\u00f3n, que si esos medios probativos -no combatidos- fueron soporte principal de la filiaci\u00f3n declarada, pues incuestionable es que fueron basilares en el raciocinio del juzgador, intangibles advienen para la Corte, y por ah\u00ed derecho impiden el quiebre del fallo, incluso sin miramientos sobre el resultado del ataque a la prueba gen\u00e9tica, pues es claro que los mismos, cuya fuerza persuasiva viene indiscutida, son suficientes para mantenerlo en pie. <\/p>\n
Mas, de todos modos, como se apunt\u00f3, aun de penetrar en las cr\u00edticas enfiladas contra la prueba, la verdad es que la casaci\u00f3n no tiene ning\u00fan viso de prosperidad, pues al paso que en unos aspectos las mismas lucen infundadas, en otros se formulan de espaldas a la realidad procesal. <\/p>\n
Empezando por las recriminaciones a la forma en que se decret\u00f3, comunic\u00f3 y recaud\u00f3 la pericia, aspecto que arropa el grueso de la acusaci\u00f3n, en la medida en que, es evidente, en el eje de esas objeciones hay dos cosas que pasan inadvertidas al recurrente, a saber, que la prueba fue decretada dos a\u00f1os y unos meses antes de que la ley 721 de 2001 fuera promulgada (en auto de 30 de julio de 1999), algo que repulsa la idea de que el juzgador haya concebido la idea de tomarla como fuente normativa al ordenarla, y que, en estricto sentido, no corresponde, ni con mucho, a una prueba pericial com\u00fan, de las que regula de modo general el cap\u00edtulo 5\u00b0 del T\u00edtulo XIII del c\u00f3digo de procedimiento civil, sino a una experticia de cariz especial, la indicada en el art\u00edculo 243 del aludido estatuto, situaci\u00f3n que excluye sin ambages el quebrantamiento de las normas probatorias a que alude el cargo. <\/p>\n
Es que si al decretar la prueba, para referir lo primero, la ley no exist\u00eda todav\u00eda, mal puede la acusaci\u00f3n arrostrarla sobre la base de que necesario era acreditar la certificaci\u00f3n del Instituto en los t\u00e9rminos a que refiere dicha normatividad; e inaceptable que se diga que el tr\u00e1mite hab\u00eda de acomodarse a la directriz fijada por la nueva ley, algo que, hay que decirlo no obstante que esa refriega no tiene cabida cuando de la causal primera de casaci\u00f3n se trata, simplemente no pod\u00eda hacerse por el orden natural de las cosas. <\/p>\n
En lo otro, es decir, cuanto al fisonom\u00eda particular de la prueba decretada, es meridiano que al haberse encomendado al \u00abInstituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses\u00bb, entidad oficial de aquellas a que alude el citado precepto 243, todo lo relativo a su decreto, pr\u00e1ctica e incorporaci\u00f3n deb\u00eda seguirse por esos dictados, que no por las reglas se\u00f1aladas para el com\u00fan de ese tipo de prueba realizada por peritos, como equivocamente parece entenderlo la censura, pues, decididamente, corresponde a una norma especial, a cuyo prop\u00f3sito prev\u00e9 su inciso 3\u00b0 que para \u00abutilizar los servicios de dichas entidades y dependencias oficiales, para peritaciones que versen sobre materias propias de la actividad de aqu\u00e9llas, [el juez] con tal fin las decretar\u00e1 y ordenar\u00e1 librar el oficio respectivo para que el director de las mismas designe el funcionario o los funcionarios que deben rendir el dictamen, de lo cual se dejar\u00e1 constancia escrita\u00bb; lo que es decir, como lo ha dicho la Corte, \u00abde un dictamen t\u00e9cnico sui g\u00e9neris, en cuanto no hay propiamente designaci\u00f3n de perito ni posesi\u00f3n ni juramento previos para cada caso, sino que se realiza a trav\u00e9s del funcionario que desempe\u00f1a esas actividades en el \u00f3rgano respectivo\u00bb (cas.civ. Sent. de 22 de septiembre de 2004, exp. 1999-0310). <\/p>\n
Por supuesto, entonces, que eso de que no fue comunicada a los peritos con arreglo al art\u00edculo 9\u00b0 del mentado c\u00f3digo es cr\u00edtica injustificada, desde que tal requisito no tiene cabida trat\u00e1ndose de este tipo de probanzas, encomendadas, como se apunt\u00f3, a instituciones oficiales. <\/p>\n
Ahora, por lo que hace a la ausencia de prueba de la representaci\u00f3n legal del Instituto y la firma de su representante en la pericia, cosas que \u00e9chanse de ver tambi\u00e9n en la acusaci\u00f3n y que, a juicio de los recurrentes desdice de la eficacia de la misma, no explicita el cargo de d\u00f3nde reclamo semejante; no indica qu\u00e9 norma probatoria impone exigencias de ese tenor, y desde luego que no es la Corte la llamada a hacer esa pesquisa; muy por el contrario, el car\u00e1cter estricto y dispositivo del recurso extraordinario proscribe toda actividad oficiosa en esa b\u00fasqueda, de donde es inexorable para el impugnador indicarlas se\u00f1aladamente. <\/p>\n
De all\u00ed que insustancial sea otro de los reparos que se traen respecto de la prueba; el que se\u00f1ala c\u00f3mo el traslado que se dio al dictamen es inocuo por carecer \u00e9ste de la firma del representante del Instituto, ya que si nada hay al fin de cuentas que autorice pensar que exigencia de esa laya era obligatoria, el tema relativo al traslado dado a la pericia, la que suscribi\u00f3 el perito del laboratorio del Instituto con el revisado del coordinador del mismo, no admite cuestionamiento. <\/p>\n
Pues bien, encadenado visiblemente con lo anterior est\u00e1 eso de que al complemento o adici\u00f3n del dictamen no se dio traslado; tacha semejante, empero, es vana, sobre todo si la dolencia del impugnador tiene por fin hacer ver que la garant\u00eda del derecho de defensa se vio afectada, pues nada, absolutamente nada, permite sostener que esto pudo acaecer, particularmente porque el planteo seg\u00fan el cual al escrito en que el Instituto remiti\u00f3 la informaci\u00f3n que le fue requerida sobre la cadena de custodia no se le dio la contradicci\u00f3n debida, no es del todo veraz. <\/p>\n
Y a comprobarlo est\u00e1 el hecho de que, a su arribo al expediente, el juzgado profiri\u00f3 el auto de 26 de junio de 2002, donde si bien no hizo referencia al escrito contentivo de la informaci\u00f3n en comento, corri\u00f3 un traslado com\u00fan a las partes por ocho d\u00edas para alegar; mas, si la etapa de alegaciones era fase superada, pues que ya en auto de 3 de mayo de 1999 (fol. 292 del Cdno. 1) hab\u00edase dispuesto ese traslado, cabe preguntar entonces, \u00bfa qu\u00e9 un nuevo traslado tres a\u00f1os despu\u00e9s? <\/p>\n
En verdad, lo \u00fanico que explica una determinaci\u00f3n as\u00ed, al parecer inusitada, es que, recaudada al fin la prueba gen\u00e9tica, despu\u00e9s de los m\u00faltiples inconvenientes que se sucedieron para que \u00e9sta hiciera parte del caudal demostrativo tal cual se descubre en el tr\u00e1mite que se surti\u00f3 tras su decreto, y agotado el tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n, hab\u00eda de darse a los litigantes la oportunidad de alegar sobre su contenido y su complementaci\u00f3n; y a buen seguro que las partes convinieron con ello, porque de no ser as\u00ed, \u00bfa qu\u00e9 entonces que ning\u00fan reproche haya sufrido ese prove\u00eddo? <\/p>\n
Y si esto no bastara para ver c\u00f3mo la garant\u00eda no fue maltratada, es de resaltarse, todav\u00eda, que el comportamiento procesal que enseguida advino de las partes apunta a esa misma direcci\u00f3n; de lo contrario, \u00bfporqu\u00e9 entonces en las alegaciones que presentaron los demandados ning\u00fan comentario se hizo en relaci\u00f3n con el documento en que se proporcion\u00f3 la informaci\u00f3n requerida? Y \u00bfporqu\u00e9 tampoco en los alegatos de segunda instancia lo rebatieron a sabiendas de que el fallo del a-quo fue prolijo al referirse al mismo? <\/p>\n
El juzgado, mem\u00f3rase, atento a que ese era aspecto medular de la litis, pues al margen de que la objeci\u00f3n estaba montada sobre los reparos a la cadena de custodia el demandante ven\u00eda oponi\u00e9ndose a la objeci\u00f3n en las alegaciones que present\u00f3 despu\u00e9s del auto de 26 de junio mencionado, anot\u00f3 que el director seccional del Instituto, en oficio 080-2002-D.SC de 14 de mayo de 2002 (es decir, el documento cuyo traslado extra\u00f1a la impugnaci\u00f3n), disip\u00f3 todas las inquietudes que pod\u00edan surgir sobre el particular, y al punto reprodujo buena parte del escrito en menci\u00f3n. Y fuera de ello, a rengl\u00f3n seguido destac\u00f3 c\u00f3mo no pod\u00eda echarse \u00abde menos que si el abogado quejoso de la parte demandada conocida plural no asisti\u00f3 a la pr\u00e1ctica de la diligencia de las muestras de sangre a la parte actora y a su madre biol\u00f3gica, es un acto negligente de parte suya extensivo a sus patrocinados de turno, dado que, dicho litigante como actuante directo en la presente litis ordinaria ten\u00eda conocimiento sobre la pr\u00e1ctica de tal muestra sangu\u00ednea, as\u00ed como tambi\u00e9n su cadena de custodia y posterior remisi\u00f3n de la documentaci\u00f3n pertinente al Instituto de Medicina Legal\u00bb. <\/p>\n
Lo cierto es, despu\u00e9s de todo, que a pesar de que el a-quo espet\u00f3 semejante cr\u00edtica a la actividad de la parte, rehusando la objeci\u00f3n con vista en la informaci\u00f3n que se viene refiriendo, la parte demandada guard\u00f3 total mutismo acerca del punto al exhibir en la apelaci\u00f3n sus motivos de inconformidad; su alegato all\u00ed no tuvo objeto distinto al de sembrar dudas sobre la cadena de custodia, pero nada m\u00e1s. <\/p>\n
Empero, cabe decir todav\u00eda, tan fr\u00e1gil es el hostigamiento al dicho informe, que la propia impugnaci\u00f3n, acaso consciente de que no hay en las objeciones que propone contra la prueba raz\u00f3n para arruinar el criterio del tribunal, acaba por aceptar que bien podr\u00eda esa queja no contar con virtualidad para destruirla; por ello descalifica enseguida su m\u00e9rito m\u00e1s a cuenta de otra cosa; la de que el sentenciador la percat\u00f3 con todo y que no indica una probabilidad de paternidad superior al 99.999%, que es el que manda la ley 721. <\/p>\n
Esto, para decirlo ya sin rodeos, conjuntado con lo otro es se\u00f1al inequ\u00edvoca de que m\u00e1s all\u00e1 de la ri\u00f1a relativa a la contradicci\u00f3n del informe, lo que hay en el centro de la disputa es tan solo aquiescencia de los litigantes, cumplidamente de la parte demandada, sobre la forma en que el libelo contentivo del mismo arrib\u00f3 como prueba al proceso, en cuyo decreto como \u00abinforme\u00bb -que no a t\u00edtulo de complementaci\u00f3n- no hubo protestas, como tampoco vinieron ellas tras su incorporaci\u00f3n; nada oculto ni sorpresivo desgaja de su presencia en el expediente, pues a \u00e9ste no se adjunt\u00f3 inopinadamente y, en llegando, los extremos consintieron en que la forma en que se arrim\u00f3 fuera esa, asunto sobre el cual bien hace traer a cap\u00edtulo las palabras de la Corte, expresadas a prop\u00f3sito de un caso semejante. Dijo: <\/p>\n
\u00abQue las pruebas han de recaudarse con observancia estricta de las normas que las gobiernan, es una garant\u00eda que goza del mayor aprecio. Tanta verdad encierra este aserto, que ver\u00edase como cosa de m\u00e1s toda explicaci\u00f3n al respecto. Dest\u00e1case m\u00e1s bien, para ir derechamente a lo que concierne al asunto de ahora, la importancia que en la materia tiene el decreto de la prueba, dado que con \u00e9l nacen invaluables derechos para las partes. Pero lo que m\u00e1s importa subrayar hoy, a este prop\u00f3sito, es que desde all\u00ed comienza a evitarse las sorpresas que tan mal hieren el derecho de contradicci\u00f3n. Cierto: que todos sepan en qu\u00e9 condiciones se producir\u00e1 la prueba, y subsecuentemente que nadie se llame a enga\u00f1o. Y que si por el camino se topan escollos, la manera como ellos sean zanjados se haga a la luz del d\u00eda. (…) S\u00edguese, entonces, que nada inopinado ni sorpresivo puede descubrirse donde hubo aquiescencia. Perspectiva desde la cual queda sin trascendencia si la Universidad en cuesti\u00f3n lo rindi\u00f3 por delegaci\u00f3n del tambi\u00e9n mentado Instituto, o lo fue sin ella. Todo podr\u00e1 decirse, menos que fue t\u00farbida la producci\u00f3n de la prueba. Fulgura all\u00ed el respeto que hubo por la publicidad y la contradicci\u00f3n de la misma, que, como ya se realz\u00f3, es lo descollante. De manera que si la transparencia en el punto no se remite a duda, imperdonable fuera echar a perder el vigor persuasivo que prueba semejante ofrece de ordinario en este tipo de procesos\u00bb (cas.civ. Sent. de 22 de abril de 2004, exp. 7843). <\/p>\n
Y tampoco fue oculta la gesti\u00f3n adelantada para la toma de las muestras; muy otra cosa es la que revelan los autos al respecto, pues las del cad\u00e1ver se obtuvieron atendiendo la insinuaci\u00f3n que el propio apoderado de los demandados hizo, quien despu\u00e9s de haber regresado -sin diligenciar- el despacho comisorio librado a efectos de la exhumaci\u00f3n del cuerpo en esta ciudad, mediante escrito visible a folio 378 del Cdno. 1, puso de presente que exist\u00eda otro proceso de filiaci\u00f3n frente al mismo causante, buscando la posibilidad de evacuar la prueba con las muestras de tejido que en dicho juicio se ten\u00edan. <\/p>\n
El resultado de esa manifestaci\u00f3n, ya se sabe, ante la respuesta del Instituto, que dijo que las dichas muestras eran suficientes para \u00abdeterminar la paternidad\u00bb (folio 384 ib\u00eddem), fue que la prueba se realiz\u00f3 con ese tejido y con las muestras de sangre tomadas al actor y a su progenitora en la seccional de Monter\u00eda, seg\u00fan lo inform\u00f3 la entidad en oficio 821-2000DNA de 11 de noviembre de 2000 (fol. 400), tr\u00e1mite que se llev\u00f3 buena parte de esa fase probatoria adicional decretada por el juzgado, sin que nunca vinieran protestas sobre ello. <\/p>\n
Al\u00e9gase en otro aparte de la acusaci\u00f3n que la prueba es ineficaz porque en el auto no se fij\u00f3 t\u00e9rmino para realizar la pericia; mas, am\u00e9n de inocuo, pues ninguna mella en la validez de la misma desgaja de la omisi\u00f3n, es asunto que, al igual que se vio en relaci\u00f3n con el traslado de la \u00abcomplementaci\u00f3n\u00bb del dictamen, fue consentido t\u00e1citamente en su momento con el silencio que guardaron las partes al proferirse el auto, instante en que, con prescindencia de la restricci\u00f3n que en materia de recursos establece la ley de cara a los autos que decretan pruebas de oficio, debi\u00f3se advertir al juzgador de la omisi\u00f3n, que no intentar derruir la prueba a estas alturas del pleito. <\/p>\n
Para terminar, es preciso referirse al hecho de que el tribunal tuvo en cuenta las resultas de la prueba al declarar la filiaci\u00f3n, porque, ciertamente, arrojaba una probabilidad de paternidad del 99.999%; dice la censura al respecto que la ley 721 habla de un porcentaje superior al que arroj\u00f3 la pericia y de ah\u00ed la otra cr\u00edtica que larga sobre ella; sin embargo, el planteamiento es anodino, pues basta comparar la cifra que dio el dictamen con la que alude la ley para ver que, en verdad, s\u00ed es superior; en 0.009, pero en cualquier caso mayor, lo que es suficiente para descartar el yerro. <\/p>\n
En suma, todo lo discurrido ense\u00f1a claramente que el tribunal no cay\u00f3 en los yerros que le endilga la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Derr\u00fambase, as\u00ed, el cargo <\/p>\n
IV.- Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia de fecha y procedencia anotadas, proferida por el tribunal superior del distrito judicial de Monter\u00eda, sala civil-familia. <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente oportunamente al tribunal de procedencia. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-185-2005 [1997-09050-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casaci\u00f3n Civil Magistrado Ponente: Manuel Isidro Ardila Vel\u00e1squez Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil cinco (2005). Ref: Expediente 1997-09050-01 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Doris Alicia Cogollo de Berrocal, Amparo del Socorro, Ernesto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83022","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83022","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83022"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83022\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83022"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83022"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83022"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}