SC-190-2005 [0500131030111998-6569-02]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Ref: Exp: 050013103011-1998 6569-02 <\/p>\n
Se resuelve el recurso de casaci\u00f3n formulado por el demandado respecto de la sentencia proferida el 13 de octubre de 2000 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en el proceso ordinario promovido por HELADOS LA FUENTE S.A. contra INVERSIONES GRUVAL S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda que provoc\u00f3 este proceso, el demandante solicit\u00f3 declarar que, a partir del 30 de septiembre de 1998, hab\u00eda terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes en relaci\u00f3n con el inmueble situado en la carrera 43\u00aa No. 31-159, piso tercero, de la ciudad de Medell\u00edn, debido a la existencia de una fuerza mayor y de la ausencia absoluta de culpa en el arrendatario, por lo que igualmente deb\u00eda declararse que la demandante no est\u00e1 obligada a cancelar la indemnizaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 2003 del C.C., ni la cl\u00e1usula penal convenida en el contrato. <\/p>\n
2. Los fundamentos f\u00e1cticos de las pretensiones se sintetizan de la siguiente manera: <\/p>\n
a. Entre las partes se celebr\u00f3 un contrato de arrendamiento sobre el referido inmueble, con una vigencia de cinco a\u00f1os, contados a partir del 5 de noviembre de 1994, acuerdo que la demandante ven\u00eda cumpliendo en debida forma. <\/p>\n
b. El arrendatario comenz\u00f3 a ser v\u00edctima de una extorsi\u00f3n por parte de varios grupos subversivos, quienes exig\u00edan la suma de $100\u2019000.000.00 como \u201cimpuesto de guerra\u201d para que la sociedad pudiera desarrollar sus actividades comerciales. <\/p>\n
c. El demandante le solicit\u00f3 al arrendador adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida e integridad de las personas que laboraban con Helados la Fuente, as\u00ed como las oficinas que ella ocupaba en el edificio Gruval. <\/p>\n
d. A pesar de que el demandante ofreci\u00f3 asumir los costos que las medidas de seguridad demandaban, no encontr\u00f3 en la arrendadora respuesta efectiva. <\/p>\n
3. Notificada la sociedad demandada del auto admisorio, procedi\u00f3 a darle contestaci\u00f3n oponi\u00e9ndose a las pretensiones. Igualmente, propuso como excepciones de m\u00e9rito las que denomin\u00f3: \u201cineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones y por falta de requisitos sustanciales\u201d; \u201cTr\u00e1mites excluyentes\u201d; \u201cInexistencia de causa jur\u00eddica\u201d; \u201cBuena fe exenta de culpa\u201d e \u201cInexistencia de fuerza mayor\u201d. <\/p>\n
4. El Juzgado Und\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn decidi\u00f3 la primera instancia mediante sentencia del 19 de noviembre de 1999, en la que deneg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
5. Inconforme la demandante con la decisi\u00f3n, apel\u00f3 ante el Tribunal Superior, quien resolvi\u00f3 revocarla en su fallo de 13 de octubre de 2000, para, en su lugar, declarar la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento, ordenar la restituci\u00f3n del inmueble, si ya no hubiere ocurrido y condenar en costas a la demandada, en ambas instancias. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El juzgador de segundo grado memor\u00f3 el car\u00e1cter vinculante del contrato, cuyas obligaciones deb\u00edan ser atendidas por el deudor, a menos que demuestre la existencia de una fuerza mayor, fen\u00f3meno para cuya definici\u00f3n invoc\u00f3 el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 95 de 1890, lo mismo que jurisprudencia de la Corte. <\/p>\n
Se ocup\u00f3 luego el Tribunal de sintetizar las versiones rendidas por Gloria Patricia Isaza Monsalve, Luis Fernando Osorio Salazar y Mar\u00eda Fabiola Valencia Chica, quienes expusieron sobre la existencia de las amenazas v\u00eda telef\u00f3nica y las consignadas en documentos; las exigencias de car\u00e1cter econ\u00f3mico realizadas por grupos subversivos; los atentados contra instalaciones de la empresa; la solicitud elevada por el demandante al arrendador para que se adoptaran medidas de seguridad, as\u00ed como las que de manera particular asumi\u00f3 Helados La Fuente; los traslados del personal directivo a la ciudad de Manizales; as\u00ed como el desempe\u00f1o de labores en las casas de los funcionarios, ante el peligro que ofrec\u00edan las instalaciones debido a las amenazas de los extorsionistas. A lo expuesto se agreg\u00f3 el grado de tensi\u00f3n y stress que se present\u00f3 dentro de los empleados, por lo que fue necesario hospitalizar a algunos de ellos, testimonios que, a su juicio, fueron corroborados por Gloria Luz Cepeda, Nancy Yaneth Gunter Camacho, Guillermo Le\u00f3n Piedrahita Orozco, Hernando De Jes\u00fas Arango Guti\u00e9rrez y Rodrigo S\u00e1nchez, que valoradas en conjunto, le permitieron concluir que las amenazas constituyeron una novedad, porque antes no se hab\u00edan presentado, y que \u201cdadas las circunstancias de normalidad en las que ven\u00eda desarrollando sus actividades industriales y administrativas, no era lo suficientemente probable que tal empresa fuera a ser objeto de esa clase de actos\u201d (fl. 40, cdno. 4). <\/p>\n
As\u00ed mismo, acot\u00f3 el Tribunal que esas condiciones de normalidad justificaron que el demandante hubiera tomado en arrendamiento el inmueble sin cuestionar la seguridad que ofrec\u00eda el bien, por lo que calific\u00f3 los riesgos como sobrevinientes e imprevisibles, los que no pudieron ser superados por el locatario, pese a las costosas medidas de defensa y seguridad que adopt\u00f3, por lo que concluy\u00f3 que el incumplimiento del contrato de arrendamiento \u201cobedeci\u00f3 a fuerza mayor, la que exime al arrendatario de la obligaci\u00f3n de cumplir a aquel a partir del 30 de septiembre de 1998\u201d (Folio 41) y de pagar la cl\u00e1usula penal pactada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Un solo cargo formul\u00f3 el recurrente, al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, por haber quebrantado, por la v\u00eda indirecta, los art\u00edculos 1\u00ba de la Ley 95 de 1890, 1494, 1495, 1517, 1527, 1602, 1603, 1604, 1618, 1625, 1626, 1627, 1973, 2000, 2003, 2005 inciso 1, 2008-2, y 2013 del C.C., as\u00ed como los art\u00edculos 2, 822, 829-3, 864, 868 y 871 del C\u00f3digo de Comercio, a causa de los evidentes errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
En la demostraci\u00f3n de la censura, afirm\u00f3 el recurrente que el Tribunal cercen\u00f3 el contenido de los testimonios que valor\u00f3 y que ignor\u00f3 por completo otros. De los primeros, expres\u00f3 el censor que el ad quem se limit\u00f3 a citar parcialmente a los testigos Gloria Patricia Isaza Monsalve, Luis Fernando Osorio Salazar, Mar\u00eda Fabiola Valencia Chica, cuya versi\u00f3n encontr\u00f3 corroborada por la de los declarantes Gloria Luz Cepeda, Nancy Yaneth Gunter Camacho, Guillermo Le\u00f3n Piedrahita Orozco, Hernando de Jes\u00fas Arango Gutierrez y Rodrigo S\u00e1nchez. Respecto de los segundos, afirm\u00f3 que el sentenciador hizo caso omiso de \u201cla existencia del cuaderno de pruebas No. 3, y que tampoco le otorg\u00f3 efectos a la prueba de confesi\u00f3n recaudada en el interrogatorio de parte del representante legal de la entidad demandante, corroborada por el texto de la demanda y por el documento obrante a folios 17 y 18 Cdno. 1, que tambi\u00e9n desconoci\u00f3\u201d. <\/p>\n
Manifest\u00f3 luego el impugnante, que a pesar de que el Tribunal defini\u00f3, con rigor, el fen\u00f3meno de la fuerza mayor y explic\u00f3 sus elementos constitutivos, cay\u00f3 en una indiscutible contraevidencia, al concluir que \u201clas amenazas telef\u00f3nicas y unos comunicados escritos de extorsi\u00f3n, as\u00ed como el estallido de dos petardos\u201d, fueron sucesos irresistibles, siendo que \u201clas mismas pruebas tomadas en cuenta por el Tribunal y otros medios probatorios\u201d demuestran que el demandante, \u201ccon las m\u00faltiples medidas de seguridad que tom\u00f3 a ra\u00edz de la explosi\u00f3n de los petardos, logr\u00f3 sortear con evidente eficacia los riesgos que anunciaban las injustas amenazas, logrando as\u00ed resistirlas con laudable fortuna y buena suerte\u201d (fl. 22, cdno. 5). <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 el recurrente que el Tribunal se equivoc\u00f3 al pasar por alto que en la comunicaci\u00f3n de 15 de mayo de 1998 (fls. 17 y 18, cdno. 1) \u2013al igual que en la demanda-, el demandante confes\u00f3 que por no existir consenso en las medidas de seguridad a adoptar para contrarrestar los atentados, se ve\u00eda en la necesidad de entregar el inmueble ocupado el d\u00eda 30 de septiembre, lo que demuestra que los atentados no constitu\u00edan obst\u00e1culo o imposibilidad para seguir ocupando el bien y que, por tanto, \u201cno comportaban hechos irresistibles para seguir cumpliendo el contrato de arrendamiento\u201d, por lo que se cuestion\u00f3, \u201csi ello no implica el claro reconocimiento de que los atentados y amenazas padecidas, no eran hechos irresistibles a los que no pudiera oponerse eficazmente y que implicaran imposibilidad absoluta para continuar ejecutando el contrato…\u201d (fl. 23, cdno. 5). <\/p>\n
Censur\u00f3, adem\u00e1s, la ausencia de l\u00f3gica jur\u00eddica en el argumento exculpativo, pues no resulta coherente que los atentados y amenazas no fueran obst\u00e1culo para seguir ocupando el inmueble hasta el 30 de septiembre, data en que se ofreci\u00f3 su entrega, pero que s\u00ed lo fuera a partir del d\u00eda siguiente, \u201cfecha escogida ad libitum, caprichosa y arbitrariamente por la sociedad arrendataria…\u201d, para \u201cdejar de cumplir las obligaciones a su cargo\u201d (fl. 26, cdno. 5). <\/p>\n
Adujo luego que el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho al no haber tenido en cuenta las declaraciones de Ana Luc\u00eda Hoyos Orozco, Juan Carlos Llano Gil, Jorge Iv\u00e1n D\u00edaz y de Matilde Henao Salazar, quienes, en lo pertinente, relataron las medidas de seguridad que se tomaron y las que se rechazaron con motivo del atentado que el demandante sufri\u00f3 en una de sus instalaciones, distinto del bien arrendado, e igualmente que no se han presentado incidentes que lamentar. Agreg\u00f3 que de haber sido valorados estos testimonios, se habr\u00eda concluido que los hechos alegados por el demandante \u201ccarecen de la condici\u00f3n de irresistibilidad, pues a pesar de que ocurrieron en los meses de febrero y de marzo de 1998 y a\u00fan con anterioridad, no fueron obst\u00e1culo para que Helados la Fuente S.A. siguiera con el goce del tercer piso del edificio Gruval, y continuara ocup\u00e1ndolo en calidad de arrendataria hasta el 30 de septiembre del mismo a\u00f1o\u201d (fl. 25, cdno. 5). <\/p>\n
El recurrente tambi\u00e9n acus\u00f3 al Tribunal de haber fragmentado las declaraciones de los testigos que le sirvieron de base para afirmar la existencia de la fuerza mayor, toda vez que limit\u00f3 su verdadero contenido, en cuanto no observ\u00f3 que los declarantes informaron que el demandante, a consecuencia de las medidas de seguridad adoptadas, \u201clogr\u00f3 resistir con buena fortuna las amenazas y atentados de que da cuenta la demanda\u201d, puesto que \u201cdespu\u00e9s de que regresaron del trabajo provisional en sus casas\u201d, fue m\u00e1s calmado; \u201cque las oficinas en el tercer piso quedaron como un mini bunquer\u201d que ofrec\u00eda todas las seguridades (fl. 32, cdno. 5); y que la sociedad continu\u00f3 laborando en la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
Concluy\u00f3 el censor que el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho al \u201ccalificar como \u201cirresistibles\u201d amenazas y atentados, que por el contrario, fueron resistidos con favorable fortuna\u201d, decisi\u00f3n que calific\u00f3 de contraria a la evidencia, al \u201cdar por acreditado el fen\u00f3meno liberatorio de la responsabilidad, llamado fuerza mayor\u201d siendo que las pruebas cuya valoraci\u00f3n se omiti\u00f3 y las que parcialmente se apreciaron, se\u00f1alan \u201cque no se dan las condiciones que comporta la eximente de fuerza mayor\u201d (fl. 33, cdno. 5), todo lo cual condujo al ad quem a transgredir las normas sustanciales citadas, por lo que solicit\u00f3 a la Corte que, actuando como Tribunal de instancia, confirme la decisi\u00f3n absolutoria proferida por el Juzgado de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Uno de los temas m\u00e1s sistem\u00e1ticamente tratados por la jurisprudencia de la Corte, es el de la fuerza mayor o caso fortuito, en torno al cual ha delineado lo que \u2013de anta\u00f1o- constituye doctrina probable, edificada a partir de una definici\u00f3n legislativa que concibe ese fen\u00f3meno como \u201cel imprevisto a que no es posible resistir\u201d (art. 1\u00ba, Ley 95 de 1890). <\/p>\n
Seg\u00fan esa doctrina de la Sala, para que un hecho pueda ser considerado como evento de fuerza mayor o caso fortuito \u2013fen\u00f3menos sim\u00e9tricos en sus efectos-, es necesario que, de una parte, no exista manera de contemplar su ocurrencia en condiciones de normalidad, justamente porque se presenta de s\u00fabito o en forma intempestiva y, de la otra, que sea inevitable, fatal o ineludible, al punto de determinar la conducta de la persona que lo padece, quien, por tanto, queda sometido irremediablemente a sus efectos y doblegado, por tanto, ante su fuerza arrolladora. <\/p>\n
Imprevisibilidad e irresistibilidad son, pues, los dos elementos que, in casu, permiten calificar la vis maior o casus fortuitus, ninguno de los cuales puede faltar a la hora de establecer si la situaci\u00f3n invocada por la parte que aspira a beneficiarse de esa causal eximente de responsabilidad, inmersa en la categor\u00eda gen\u00e9rica de causa extra\u00f1a, puede ser considera como tal. <\/p>\n
En torno a tales requisitos, la Corte ha puntualizado que si \u201cel acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por mas s\u00fabito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor\u2026\u201d (G. J. Tomos. LIV, p\u00e1gina, 377, y CLVIII, p\u00e1gina 63)\u201d, siendo necesario, claro est\u00e1, \u201cexaminar cada situaci\u00f3n de manera espec\u00edfica y, por contera, individual\u201d, desde la perspectiva de los tres criterios que permiten, en concreto, establecer si el hecho es imprevisible, a saber: \u201c1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realizaci\u00f3n, y 3) El concerniente a su car\u00e1cter inopinado, excepcional y sorpresivo\u201d (Sentencia de 23 de junio de 2000; exp.: 5475). Y en relaci\u00f3n con la irresistibilidad, ha predicado la Sala que un hecho \u201ces irresistible, \u201cen el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente \u2013sojuzgado por el suceso as\u00ed sobrevenido- en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad m\u00e1s o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se configura el fen\u00f3meno liberatorio del que viene haci\u00e9ndose m\u00e9rito\u201d (Se subraya. Sentencia de 26 de noviembre de 1999; exp.: 5220). <\/p>\n
2. Conviene ahora, por su importancia y pertinencia en el asunto sometido al escrutinio de la Sala, destacar que un hecho s\u00f3lo puede ser calificado como irresistible, si es absolutamente imposible evitar sus consecuencias, es decir, que situada cualquier persona en las circunstancias que enfrenta el deudor, invariablemente se ver\u00eda sometido a esos efectos perturbadores, pues la incidencia de estos no est\u00e1 determinada, propiamente, por las condiciones especiales \u2013o personales- del individuo llamado a afrontarlos, m\u00e1s concretamente por la actitud que \u00e9ste pueda asumir respecto de ellos, sino por la naturaleza misma del hecho, al que se le son consustanciales o inherentes unas espec\u00edficas secuelas. Ello sirve de fundamento para pregonar que la imposibilidad requerida para la liberaci\u00f3n del deudor, en casos como el que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, es \u00fanicamente la absoluta, cerr\u00e1ndosele entonces el camino a cualquier otra. <\/p>\n
La imposibilidad relativa, entonces, no permite calificar un hecho de irresistible, pues las dificultades de \u00edndole personal que se ciernan sobre el deudor para atender sus compromisos contractuales, o aquellas situaciones que, pese a ser generalizadas y gravosas, no frustran \u2013in radice- la posibilidad de cumplimiento, y que, ad cautelam, correlativamente reclaman la asunci\u00f3n de ciertas cargas o medidas racionales por parte del deudor, constituyen hechos por definici\u00f3n superables, sin que la mayor onerosidad que ellas representen, de por s\u00ed, inequ\u00edvocamente tenga la entidad suficiente de tornar insuperable lo que por esencia es resistible, rectamente entendida la irresistibilidad. Por eso, entonces, aquellos eventos cuyos resultados, por cualificados que sean, pueden ser superados con un mayor o menor esfuerzo por parte del deudor y, en general, del sujeto que los soporta, no pueden ser considerados, en forma invariable, como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, en sentido estricto. <\/p>\n
Sobre este particular, ha precisado di\u00e1fanamente la Sala que la fuerza mayor \u201cImplica la imposibilidad de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos\u201d (Sentencia del 31 de mayo de 1965, G.J. CXI y CXII p\u00e1g. 126), lo que ser\u00e1 suficiente para excusar al deudor, sobre la base de que nadie es obligado a lo imposible (ad impossibilia nemo tenetur). Por tanto, si irresistible es algo \u201cinevitable, fatal, imposible de superar en sus consecuencias\u201d (Se subraya; sent. del 26 de enero de 1982, G.J. CLXV, p\u00e1g. 21), debe aceptarse que el hecho superable mediante la adopci\u00f3n de medidas que permitan contener, conjurar o eludir sus consecuencias, no puede ser invocado como constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, frente al cual, se insiste, el ser humano debe quedar o permanecer impotente. <\/p>\n
3. En el caso de las acciones perpetradas por movimientos subversivos o, en general, al margen de la ley, o de los actos calificados como terroristas \u2013lato sensu-, debe se\u00f1alarse que, in abstracto, no pueden ser catalogados inexorable e indefectiblemente como constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, pues al igual que sucede con cualquier hecho que pretenda ser considerado como tal, es indispensable que el juzgador, in concreto, ausculte la presencia individual de los elementos antes referidos, teniendo en cuenta las circunstancias particulares que rodearon su g\u00e9nesis y ulterior o inmediato desenvolvimiento. <\/p>\n
Lo se\u00f1alado en precedencia, empero, no se opone a que con arreglo a dichas circunstancias individuales, los hechos aludidos y, en fin, los actos de agresi\u00f3n \u2013o de violencia individual o colectiva- adelantados por grupos alzados en armas, por el grado de impacto e intimidaci\u00f3n que ellos tienen o suelen tener; por el ejercicio desmesurado de fuerza que de ordinario conllevan; por el car\u00e1cter envolvente y cegador que les es propio y, en ciertos casos, por lo inopinado o sorpresivo del acontecimiento, pueden adquirir la virtualidad de avasallar a un deudor que, en esas condiciones, no podr\u00eda ser compelido a honrar cabalmente sus obligaciones, pero en el entendido, eso s\u00ed, de que el acto respectivo no haya podido preverse \u2013considerando, desde luego, el entorno propio en que se encuentre la persona, o la colectividad, seg\u00fan el caso y el concepto tecnico-jur\u00eddico de previsibilidad, ya esbozado-, y que, adem\u00e1s, le haya sido totalmente imposible superar sus consecuencias. <\/p>\n
Por tanto, la presencia y las acciones de movimientos de la tipolog\u00eda en comento, en s\u00ed mismos considerados, no le brindan ineluctable amparo a los deudores para que, de forma mec\u00e1nica y sistem\u00e1tica, esto es, sin ninguna otra consideraci\u00f3n y en todos los casos, se aparten de los deberes de conducta que les imponen las leyes contractuales, so pretexto de configurarse un protot\u00edpico caso de fuerza mayor. M\u00e1s a\u00fan, la incidencia que tiene la perturbaci\u00f3n del orden p\u00fablico interno, espec\u00edficamente las acciones intimidatorias desplegadas por grupos al margen de la ley, en una situaci\u00f3n contractual o negocial particular, puede llegar a ser previsible \u2013as\u00ed resulte riguroso reconocerlo, sobre todo en trat\u00e1ndose de regiones o naciones en donde desventuradamente, por numerosas razones, existe [o existi\u00f3] una situaci\u00f3n de violencia, m\u00e1s o menos generalizada-, de suerte que si una de las partes no adopta las medidas necesarias o conducentes para evitar ser cobijada por esos hechos, o se expone indebida o irreflexivamente a los mismos o a sus efectos, no podr\u00e1 luego justificar a plenitud la infracci\u00f3n del contrato, o apartarse de \u00e9l, alegando caso fortuito, como si fuera totalmente ajena al medio circundante y a una realidad que, no por indeseada y reprochable, deja de ser inocultable, m\u00e1xime si ella no es nov\u00edsima, sino el producto de un reiterado y end\u00e9mico estado de cosas, de hondo calado y variopinto origen. Tal la raz\u00f3n para que un importante sector de la doctrina, afirme que dichos actos deben ser analizados con miramiento en las rigurosas condiciones que se presentaron en el caso litigado, en orden a establecer si por sus caracter\u00edsticas particulares, ella se erigi\u00f3 en obst\u00e1culo insalvable para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, al punto de configurar un arquet\u00edpico evento de fuerza mayor o caso fortuito. <\/p>\n
4. Expuesto lo que antecede, necesario para el escrutinio del cargo formulado, importa se\u00f1alar que en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, es evidente que el Tribunal incurri\u00f3 en los errores de apreciaci\u00f3n probatoria que le endilga el recurrente, pues aunque es cierto que la sociedad demandante fue objeto de s\u00fabitas amenazas de organizaciones criminales que, incluso, llegaron a materializarse en atentados contra instalaciones de la empresa, pas\u00f3 por alto el sentenciador que, seg\u00fan la prueba recaudada, Helados La Fuente S.A. enfrent\u00f3 y conjur\u00f3 con \u00e9xito tales peligros, ciertamente importantes, al punto que para la \u00e9poca en que anunci\u00f3 la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n arrendaticia con Inversiones Gruval S.A., ellos hab\u00edan cesado, sin que, adem\u00e1s, ninguno de tales actos oprobiosos e intimidantes de la paz social y de la armoniosa convivencia ciudadana, hubiere tenido como objeto inequ\u00edvoco y frontal el inmueble arrendado propiamente dicho, ni haya impedido que la sociedad adelantara su objeto social, todo lo cual imped\u00eda \u2013e impide- otorgarles el calificativo excepcional, a fuer de exigente y restricto de irresistibles, necesario, como se advirti\u00f3, para configurar un evento de fuerza mayor o caso fortuito. <\/p>\n
En efecto, est\u00e1 fuera de discusi\u00f3n que la sociedad demandante, a partir de octubre de 1997, recibi\u00f3 diferentes comunicaciones \u2013se dice- de grupos al margen de la ley \u2013espec\u00edficamente de naturaleza subversiva-, a trav\u00e9s de las cuales la conminaban a entregarles diferentes sumas de dinero; tampoco se controvierte que en febrero de 1998, fue colocado un petardo en una de sus instalaciones de Medell\u00edn, al que le siguieron otros requerimientos de dichas organizaciones, en los que advert\u00edan a la empresa y a sus directivos, de las consecuencias negativas que traer\u00eda la falta de atenci\u00f3n de las peticiones que les formulaban. Es igualmente claro que el Tribunal concluy\u00f3, rectamente, que la sociedad demandante adopt\u00f3 diversas \u201cmedidas de seguridad que llev\u00f3 a efecto y que le costaron varios cientos de millones de pesos\u201d (fl. 41, cdno. 4), entre ellas, el \u201cincremento de vigilancia y contravigilancia, blindaje de puertas, circuito cerrado de televisi\u00f3n…, adquisici\u00f3n de aparatos detectores de metales para la revisi\u00f3n de paquetes y verificar su contenido\u201d, am\u00e9n de habilitar provisionalmente \u201clas casas de habitaci\u00f3n de algunos empleados como oficinas\u201d, y trasladar, tambi\u00e9n de forma temporal, algunos directivos a Bogot\u00e1, seg\u00fan lo aseveraron la mayor\u00eda de testigos (fl. 33, cdno. 4). Estos aspectos, entonces, son pac\u00edficos. <\/p>\n
El error del Tribunal radica, pues, en no haber advertido que, seg\u00fan la misma prueba a la que hizo alusi\u00f3n, as\u00ed como otra en la que no par\u00f3 mientes, esa repentina situaci\u00f3n de amenaza y de peligro no pod\u00eda ser consideraba como hecho irresistible \u2013con independencia del car\u00e1cter imprevisible que el Tribunal le otorg\u00f3 y que la censura no examina y que, ad laterem, podr\u00eda tildarse por lo menos de discutible-, habida cuenta que la demandante no se vio absoluta o definitivamente imposibilitada para atender sus compromisos contractuales con Inversiones Gruval S.A., como se requer\u00eda, por no haber podido eludir los efectos de esas amenazas, en la medida en que, seg\u00fan emerge de la prueba recaudada, aquella adopt\u00f3 una serie de medidas de seguridad para conjurar esos peligros, las cuales resultaron exitosas, lo que devela que los hechos eran superables, como en efecto lo fueron, por manera que ellos no pod\u00edan determinar la conducta del arrendatario, entre otras consideraciones m\u00e1s. <\/p>\n
Es as\u00ed que el Tribunal omiti\u00f3 apreciar que el testigo Juan Carlos Llano Gil, administrador del edificio, precis\u00f3 que, fuera de un \u201casalto\u201d que hizo un ladr\u00f3n \u201cen los a\u00f1os 94 o 95\u201d, no se ha presentado \u201cning\u00fan otro, ni de esa fecha hacia ac\u00e1, ni de esa fecha hacia atr\u00e1s\u201d, agregando que \u201cel edificio est\u00e1 funcionando desde el a\u00f1o 94 y gracias a Dios a la fecha no hay ning\u00fan evento tr\u00e1gico que lamentar\u201d. M\u00e1s adelante, al pregunt\u00e1rsele si Helados La Fuente S.A. contin\u00faa operando, contest\u00f3 que \u201cs\u00ed, se que ellos siguen trabajando en la ciudad de Medell\u00edn puesto que como administrador del Edificio me ha tocado llamar a solicitar certificados de retefuente y contestan de la empresa de Helados La Fuente; adicionalmente hasta figuran en el directorio telef\u00f3nico de la ciudad de Medell\u00edn y se que en las oficinas que ellos ocupan que quedan cerca de la mayorista tienen veh\u00edculos que guardan y distribuyen sus productos…\u201d (se resalta; fls. 3 vto. y 4, cdno. 3). <\/p>\n
Por su parte, el se\u00f1or Jorge Iv\u00e1n D\u00edaz, quien trabaj\u00f3 como vigilante de la edificaci\u00f3n donde la sociedad demandante ten\u00eda sus oficinas, al ser interrogado \u2013en mayo de 1999- sobre actos terroristas o hechos delictivos que se hubieren presentado en las instalaciones, declar\u00f3 que \u201cno, por el \u00faltimo a\u00f1o no\u201d (fl. 7 vlto., cdno. 3). En el mismo sentido testific\u00f3 Matilde Henao Salazar, arrendataria de un local del primer piso del edificio, pues manifest\u00f3 que \u201call\u00e1 nunca ha sucedido nada ni he notado que pase algo\u201d (se subraya; fl. 8 vlto., ib.). <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, el Tribunal fragment\u00f3 los testimonios de Gloria Luz Cepeda, Nancy Janeth Gunther Camacho, Hernando De Jes\u00fas Arango, Luis Fernando Osorio, Gloria Patricia Isaza, Guillermo Le\u00f3n Piedrahita y Rodrigo S\u00e1nchez, quienes manifestaron que, \u201cal principio \u2013la situaci\u00f3n- fue de mucha incertidumbre, miedo, hubo gente que se enferm\u00f3 de los nervios, se volvi\u00f3 hist\u00e9rica…, pero despu\u00e9s de que regresamos fue m\u00e1s calmado, con mucha tristeza porque nos ten\u00edamos que ir\u201d (se resalta; Cepeda; fl. 2, cdno. 2); que en Medell\u00edn contin\u00faa funcionando \u201cla regional de ventas que es donde se le venden los productos a los distribuidores o fleteros para la regi\u00f3n de Antioquia\u201d (Gunther; fl. 4, ib.), \u201cinstalaciones ubicadas sobre la Autopista Sur, adyacentes a la mayorista\u201d; que \u201cdesde febrero sino estoy mal que empezaron a funcionar en esta sede (es febrero de 1999), no tengo conocimiento de amenazas o actos terroristas contra estas nuevas instalaciones, sin embargo la firma Helados La Fuente continu\u00f3 adoptando las mismas medidas de seguridad que ten\u00edan adoptadas en las instalaciones que ten\u00edan a un lado de la U. De A.\u201d (Arango; fl; 12, ib.); que dicha sociedad no ha clausurado sus operaciones comerciales en Medell\u00edn, pues \u201cse ha operado en las mismas condiciones\u201d (Osorio; fl. 13 vlto., ib.); que \u201ceste problema se vivi\u00f3 en carne propia por m\u00e1s o menos dos meses a dos meses y medio, y se vino a normalizar cuando nos cambiamos de sede o sea en la regional, es decir nos fuimos para Itag\u00fc\u00ed, ya que era m\u00e1s seguro\u201d (se resalta; Isaza; fl. 15 vlto., ib.); que en las oficinas localizadas en el Edificio Gruval, \u201cpetardos no hubo, s\u00f3lo se que hubo amenazas por tel\u00e9fono\u201d (Cepeda, Piedrahita y S\u00e1nchez; fls. 2 vlto., 17 vlto. y 40 vlto., ib.). <\/p>\n
Si el Tribunal hubiera apreciado estas pruebas, en su real contenido \u2013y no simplemente en forma parcial-, habr\u00eda podido concluir que, pese a las amenazas y atentados terroristas de que fue objeto Helados La Fuente S.A., que no se desconocen, claro est\u00e1, ellas no impidieron que la empresa continuara sus labores en la ciudad de Medell\u00edn. De igual forma, que en las oficinas que ten\u00edan arrendadas a la sociedad demandada en el Edificio Gruval, no se present\u00f3 ning\u00fan acto delictivo vinculado a esos hechos, y lo que es m\u00e1s importante, que para la \u00e9poca en que la arrendataria decidi\u00f3 terminar el contrato de arrendamiento (mayo de 1998), la situaci\u00f3n ya se hab\u00eda \u201ccalmado\u201d; que hab\u00edan cesado las amenazas y que las medidas de seguridad, en todo caso, continuaron implement\u00e1ndose con \u00e9xito en las nuevas instalaciones de la Regional de la empresa en dicha ciudad. <\/p>\n
Lo anterior pone de presente que, sin desconocer la gravedad de la situaci\u00f3n que enfrent\u00f3 la sociedad demandante, ella, en el caso en particular, no tuvo la virtualidad de imposibilitar u obstruir, en t\u00e9rminos absolutos o definitivos, a la arrendataria para atender sus obligaciones para con la sociedad arrendadora, sin que los temores, por fundados que hayan sido, la Corte no los pone en duda, constituyan en el sub lite motivo suficiente para autorizar el rompimiento unilateral o, en su caso, la terminaci\u00f3n judicial del v\u00ednculo contractual, habilitaci\u00f3n que tampoco se puede encontrar en el hecho de haber resultado m\u00e1s onerosa \u2013o gravosa- la situaci\u00f3n para el arrendatario, como consecuencia de unos hechos que, con independencia de su entidad para configurar otras tipolog\u00edas como la llamada teor\u00eda de la imprevisi\u00f3n, no constituyen fuerza mayor o caso fortuito, en cuanto de ellos no puede predicarse que sean claramente irresistibles, por lo menos en este particular caso y por las condiciones en que se presentaron, ya recreadas por esta Sala. <\/p>\n
Cabe resaltar que el Tribunal tambi\u00e9n pas\u00f3 por alto un hecho que, en s\u00ed mismo considerado, constituye elocuente muestra de que las amenazas y peligros que enfrent\u00f3 la sociedad demandante, no le imped\u00edan, en t\u00e9rminos absolutos, el cumplimiento de las obligaciones que contrajo en virtud del contrato de arrendamiento que celebr\u00f3 con Inversiones Gruval S.A. Se trata de la comunicaci\u00f3n de 15 de mayo de 1998, dirigida por el representante legal de Helados La Fuente S.A. a su arrendador, en la que reconoce que la raz\u00f3n fundamental por la que \u201cnos ve\u00edamos en la obligaci\u00f3n de dar por terminado el contrato de arrendamiento\u201d, era \u201cla falta de seguridad que nos proporcionaba\u201d el inmueble arrendado, dada la situaci\u00f3n de anormalidad que se hab\u00eda generado, a ra\u00edz \u201cde un atentado en las instalaciones situadas en la calle 65 n\u00famero 55-26 de Medell\u00edn\u201d (fls. 17 y 18, cdno. 1). <\/p>\n
Si el Tribunal se hubiere detenido a apreciar este documento, habr\u00eda podido concluir, como ya lo anunciaban las pruebas antes rese\u00f1adas, que el inmueble que fue objeto de un acci\u00f3n armada contra legem, fue otro distinto del arrendado por la sociedad demandada; e igualmente, que la raz\u00f3n principal para finiquitar el negocio arrendaticio, radic\u00f3 en que, a juicio del arrendatario, el bien arrendado no era lo suficientemente seguro \u2013muy a pesar que la mayor\u00eda de testigos, como se apunt\u00f3, destac\u00f3 la suficiencia de las medidas adoptadas por la empresa-. <\/p>\n
6. En s\u00edntesis, el Tribunal supuso que la sola ocurrencia de las amenazas y atentados a la sociedad arrendataria, constitu\u00edan vis maior, sin advertir que por la posibilidad cierta y eficaz que ella tuvo de enfrentar la injusta y antijur\u00eddica agresi\u00f3n, seg\u00fan emerge de las pruebas, estaba demostrando que la alegada imposibilidad era de car\u00e1cter relativo y, por ende, inid\u00f3nea para configurar el caso fortuito o la fuerza mayor, de suyo exigente en su configuraci\u00f3n, como se rese\u00f1\u00f3. Desde luego que esa equivocada intelecci\u00f3n del material probatorio censurado, llev\u00f3 al sentenciador a incurrir en manifiestos y evidentes errores de hecho, con plena aptitud para desconocer la ley sustancial, por aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 1 de la ley 95 de 1980. <\/p>\n
4. Puestas de este modo las cosas, se impone abrirle paso a la censura, circunstancia que impone dictar sentencia sustitutiva. <\/p>\n
Con este prop\u00f3sito, baste decir que los argumentos que han quedado expuestos para casar la sentencia del Tribunal, son suficientes para confirmar el fallo desestimatorio de primera instancia, en el entendido, seg\u00fan se explic\u00f3, que los hechos alegados por la sociedad demandante para ponerle fin al contrato de arrendamiento celebrado con la sociedad demandada, no son constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, cuya procedencia no es, no puede ser, ni generalizada, ni mec\u00e1nica, como ya se mencion\u00f3, pues exige un escrutinio individual y sopesado de cada situaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Por el m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas y, en sede de instancia, CONFIRMA la sentencia recurrida en apelaci\u00f3n, esto es, la emitida por el Juzgado Und\u00e9cimo Civil del Circuito de Medell\u00edn el 19 de noviembre de 1999. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas de segunda instancia a la sociedad apelante. Sin costas en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-190-2005 [0500131030111998-6569-02] Error! Bookmark not defined.\u0015 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil cinco (2005) Ref: Exp: 050013103011-1998 6569-02 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83027","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83027"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83027\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}