SC-192-2005 [7741]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1 Distrito Capital, veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 7741 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de abril de 1999, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario adelantado por HILDA ISABEL GUEVARA DE LOPEZ, frente a HILDA CLEOTILDE GUEVARA DE A\u00d1A\u00d1OS. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
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1. Pretende la demandante que se declare que la demandada, su hermana, es indigna de suceder al causante V\u00edctor Manuel Guevara Rodr\u00edguez, su padre, por haber cometido atentado grave contra la vida, honra y bienes de \u00e9ste, conforme a lo prescrito por los numerales 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil; as\u00ed mismo, por no haberlo socorrido ni asistido durante su demencia (numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 1025 ib\u00eddem); y, adem\u00e1s, por no haber pedido que se le nombrase tutor o curador, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 1027 \u00eddem. Reclama, subsecuentemente, que se ordene a la demandada restituir a la demandante, \u201c\u00fanica heredera\u201d, toda la herencia que hubiere recibido, junto con sus accesiones y frutos, seg\u00fan lo ordenado por el art\u00edculo 1031 del texto en cita. <\/p>\n
2. Para sustentar dichos pedimentos asever\u00f3 que su padre comenz\u00f3 a padecer, a partir de 1987, los rigores de la demencia senil, los cuales se hicieron permanentes y severos en 1990, llev\u00e1ndolo a perder definitivamente la raz\u00f3n, desvincul\u00e1ndose de la administraci\u00f3n de sus bienes \u201cy su propia persona\u201d. Como quiera que la demandada hab\u00eda fijado desde hac\u00eda m\u00e1s de 30 a\u00f1os su domicilio en Lima, am\u00e9n que la c\u00f3nyuge del incapaz, se\u00f1ora Hilda Mar\u00eda Rojas, padec\u00eda las enfermedades propias de su avanzada edad, la demandante asumi\u00f3 de \u201cmanera cotidiana, constante y abnegada\u201d el cuidado de sus padres. <\/p>\n
La demandada no provey\u00f3 el cuidado \u201cdel anciano demente\u201d, ni colabor\u00f3 con su hermana en la asistencia del enfermo, ni solicit\u00f3 el nombramiento de curador de su persona y bienes; por el contrario, obstruy\u00f3 la atenci\u00f3n que la demandante le prodigaba, adem\u00e1s que, abusando de la inferioridad de su padre, le hurt\u00f3 bienes en su provecho, de la siguiente forma: mediante escritura p\u00fablica 4336 de mayo 6 de 1992 le sustrajo la casa de la carrera 23 No. 6-13 de Melgar, haciendo constar la existencia de una compraventa por la suma de $2.200.000,00, que nunca cancel\u00f3. Posteriormente, en marzo de 1993, regres\u00f3 al pa\u00eds para defraudar a su padre en otro de sus bienes, esta vez, la casa de la carrera 8 No. 67-63, la cual, \u201cmediante el mismo modus operandi \u2013abusar de la demencia de su padre y compelirlo a firmar -,\u201d enajen\u00f3 a su abogado Fernando Delgado Torres, por la suma de $25.000.000,00 los cuales recibi\u00f3 de \u00e9ste, pero que nunca entreg\u00f3 a su progenitor. Por esa misma fecha, abusando de la demencia del Dr. Guevara Rodr\u00edguez, otorg\u00f3 poder general para la administraci\u00f3n de sus bienes y los puso en venta a trav\u00e9s de mencionado abogado Delgado Torres. <\/p>\n
Como la actora se enter\u00f3 de estas defraudaciones, la demandada procedi\u00f3 a llevarse secretamente a su padre a la ciudad de Lima (Per\u00fa), intentado evitar ser \u201cdescubierta y procesada en Colombia\u201d por todos esos il\u00edcitos, obstruyendo, adem\u00e1s, el proceso de interdicci\u00f3n por demencia adelantado por la demandante en el juzgado 12 de Familia de esta ciudad. El Dr. Guevara Rodr\u00edguez falleci\u00f3 y fue inhumado en esa ciudad, contrariando su voluntad de morir en este pa\u00eds y ser sepultado en Paipa (Boyac\u00e1). <\/p>\n
Hilda Cleotilde Guevara de A\u00f1a\u00f1os cometi\u00f3 atentado grave contra la vida del causante, consistente en someterlo a un largo viaje en el que su vida corr\u00eda peligro; contra su honra, al ponerlo de \u201cpayasito\u201d ante las autoridades, haci\u00e9ndolo firmar documentos sin saber lo que hac\u00eda; y contra su patrimonio al hurtarle dos de sus m\u00e1s valiosos bienes: la casas de Melgar (Tolima) y de Chapinero (Bogot\u00e1). Los il\u00edcitos cometidos por la demandada, para cuya ejecuci\u00f3n se vali\u00f3 de la cooperaci\u00f3n de su se\u00f1ora madre Hilda Mar\u00eda Rojas, abusando de su inferioridad f\u00edsica y ps\u00edquica, se encuentra sometidos a la investigaci\u00f3n de las autoridades penales, \u201cy en su oportunidad se adjuntar\u00e1n los respectivos fallos \u2013una vez se produzcan ellos\u2013.\u201d <\/p>\n
3. Enterada la demandada de los anotados pedimentos se opuso a todos ellos, rechaz\u00f3 los supuestos f\u00e1cticos que los apuntalan – aun cuando admiti\u00f3 haber existido algunos de ellos como su regreso al pa\u00eds, el traslado de sus padres al Per\u00fa y la venta de algunos bienes -, y propuso varias excepciones encaminadas a establecer que no se reun\u00edan los requisitos previstos en el art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil para estructurar la indignidad para suceder al causante, por no existir sentencia ejecutoriada que respalde las diversas imputaciones de la demanda. <\/p>\n
4. A la primera instancia puso fin el Juzgado 21 de Familia de esta ciudad, por medio de sentencia denegatoria de las reclamaciones de la demandante, determinaci\u00f3n que fue confirmada, mediante la sentencia ahora recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
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LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Para llegar a la decisi\u00f3n ahora cuestionada, el Tribunal comenz\u00f3 por rese\u00f1ar, extensamente por dem\u00e1s, alguna jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n relativa a la indignidad para suceder y por transcribir lo prescrito en los art\u00edculos 1025 y 1027 del C\u00f3digo Civil, al cabo de lo cual y no sin antes haber advertido sobre la cabal presencia de los presupuestos procesales, abord\u00f3 el examen de las declaraciones de Flor \u00c1ngela Zambrano de Castro, Fernando Delgado Torres, Hilda Maria Rojas de Guevara, Noe Castro Calder\u00f3n, Rodolfo Madrigal Oviedo, Luz Marlen Romero Morales, V\u00edctor Jos\u00e9 L\u00f3pez Guevara, Emma S\u00e1nchez Ruiz, Margot L\u00f3pez de Soler, N\u00e9stor Duque Londo\u00f1o y Jairo Cadena Sanabria, de las cuales ofreci\u00f3 una ajustada sinopsis, que en obsequio a la brevedad aqu\u00ed se omite. <\/p>\n
Resumi\u00f3, seguidamente, la declaraci\u00f3n rendida por la demandada, como tambi\u00e9n la que en su oportunidad vertiera la actora, agotado lo cual se ocup\u00f3 de los documentos aportados al proceso, reparando en las fotocopias de los informes 9661372 y 961958 remitidos por el Instituto de Medicina Legal en los que se dictamin\u00f3 que el causante V\u00edctor Manuel Guevara Rodr\u00edguez presentaba para el per\u00edodo comprendido entre marzo de 1993 y septiembre de 1994, un proceso \u201cdemencial severo tipo Alzheimer\u201d que le imped\u00eda tener conciencia de sus actos, particularmente los relativos a la venta de alg\u00fan bien. Se refiri\u00f3, as\u00ed mismo, tanto a la certificaci\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, seg\u00fan la cual en ese Despacho se profiri\u00f3 sentencia favorable a la actora, la aqu\u00ed demandante, en el proceso de nulidad por ella adelantado, y que se encuentra en curso otro de lesi\u00f3n enorme, como a la fotocopia de aquella sentencia que alcanz\u00f3 ejecutoria. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 a continuaci\u00f3n el fallador que del an\u00e1lisis individual y en conjunto de la prueba recaudada, se concluye que no est\u00e1 probado que la demandada hubiera dado lugar a las causales invocadas para que se le declare indigna de heredar a su progenitor, porque, de un lado, de lo narrado por los testigos atr\u00e1s mencionados, no se desprende que ella hubiera desatendido a su padre moralmente, tanto es as\u00ed que con el fin de poder cuidarlo, no s\u00f3lo a \u00e9l sino a su madre, se los llev\u00f3 a donde ella viv\u00eda en el Per\u00fa, \u201cni mucho menos que hubiera realizado atentados graves contra su vida y su honor, por cuanto, como es sabido, cuando se trata de alguno de los delitos previstos en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil, es decir, haber cometido grave atentado contra la vida, el honor y los bienes del causante, se requiere un medio especial de prueba, cual es una sentencia anterior con el sello de ejecutoria, que demuestre el atentado y la misma no obra al proceso\u201d. <\/p>\n
De otro lado, tampoco se demostr\u00f3 que la demandada hubiera cometido atentado grave contra los bienes de su progenitor, esto es, un delito grave como robo, hurto o abuso de confianza u otro delito contra la propiedad, que hubiera disminuido ostensiblemente su patrimonio, lo cual deb\u00eda demostrarse con el respectivo fallo penal anterior debidamente ejecutoriado, pues aunque existe sentencia civil en firme en la que se declar\u00f3 nula la venta que el finado le hizo a su hija, la demandada, del inmueble ubicado en Melgar, por haberse probado que aqu\u00e9l padec\u00eda demencia de tipo Alzheimer que le imped\u00eda tener conciencia de sus actos, ello no es suficiente para demostrar el grave atentado contra el patrimonio de su padre, ya que ni del texto de la sentencia civil, \u201cni de las dem\u00e1s pruebas recaudadas, se desprende que ella tuviera conocimiento de esa circunstancia, ni que se hubiera valido de la misma para obtener beneficios a su favor en perjuicio de su padre, ni mucho menos que hubiera aprovechado ese estado de indefensi\u00f3n para la celebraci\u00f3n del mencionado contrato, es m\u00e1s, ni siquiera el juez civil presumi\u00f3 la existencia de un posible delito, por cuanto de lo contrario, hubiera compulsado copias para que por la justicia penal se adelantara la correspondiente investigaci\u00f3n, ni se alleg\u00f3 copia de fallo penal precedente mediante el cual se hubiera condenado penalmente a la se\u00f1ora Hilda Clotilde Guevara De A\u00f1a\u00f1os, con ocasi\u00f3n de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa mencionado\u201d. <\/p>\n
Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 el sentenciador ad-quem, tampoco se demostr\u00f3 que la demandada hubiera dado lugar a la causal consagrada en el art\u00edculo 1027 del C\u00f3digo Civil, pues no se prob\u00f3 que tuviera conocimiento de que, efectivamente, su padre padeciera una demencia de tal gravedad, que requiriera del nombramiento de un curador, motivo por el cual, mal puede sancion\u00e1rsele por el hecho de no haber promovido el proceso de interdicci\u00f3n del mismo, toda vez que a los declarantes o\u00eddos por petici\u00f3n de la demandante, no les consta ning\u00fan hecho que pruebe lo contrario, ya que ni siquiera la conocen, al paso que los dem\u00e1s testigos no se refirieron a hechos de los cuales se pueda inferir que la demandada, efectivamente, estuviera enterada de que su padre estaba demente, inclusive, ni ellos mismos se dieron cuenta de esa situaci\u00f3n. Por el contrario, afirmaron que por la \u00e9poca en que trataron al causante no advirtieron la existencia de actitudes que les hiciera pensar que padeciera de demencia, sino los problemas propios de la edad que ten\u00eda y que seg\u00fan ellos, eran comunes a las personas de edad avanzada, \u201ces m\u00e1s, seg\u00fan el hijo de la demandante, una de las razones por las cuales su madre no hab\u00eda iniciado el proceso de interdicci\u00f3n de su progenitor, fue el hecho de que antes de la demencia senil que padec\u00eda aqu\u00e9l no era absoluta, de manera que si la demandante, quien dice ser la persona que estaba permanentemente al cuidado del mismo, no ten\u00eda plena prueba de la demencia de su padre para provocar su interdicci\u00f3n, menos la pod\u00eda tener quien estaba lejos de \u00e9l, debido a que viv\u00eda en otro pa\u00eds y s\u00f3lo lo ve\u00eda cuando ven\u00eda de vacaciones\u201d. Y aun cuando se aceptara que s\u00ed estaba enterada de que su padre padec\u00eda una demencia tipo Alzheimer, al haber su hermana promovido el proceso de interdicci\u00f3n de su progenitor, esta circunstancia impide que se le declare indigna, al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del citado art\u00edculo 1027 del C\u00f3digo Civil, de manera que la diligencia de aquella, quien tambi\u00e9n est\u00e1 llamada a sucederlo, aprovechaba a la demandaba, pues con esa diligencia se obtiene el prop\u00f3sito que la ley persigue, independientemente de que se pruebe o no que hab\u00eda actuado de acuerdo con ella, como as\u00ed lo ha dicho la doctrina. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Los dos cargos que la misma contiene, fincados ambos en la causal primera de casaci\u00f3n, se despachan conjuntamente, pues a pesar que est\u00e1n trazados el uno por la v\u00eda directa y el otro por la indirecta, se fundan en id\u00e9nticos argumentos. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, se duele en \u00e9l el censor de la violaci\u00f3n directa, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, del art\u00edculo 1025 inciso 2 del C\u00f3digo Civil. El equivocado entendimiento de dicho precepto \u201cse contrae al hecho de que el Tribunal de instancia cualific\u00f3 o defini\u00f3 la sentencia ejecutoriada exigida por la norma sustancias, fij\u00e1ndola como PENAL, en contra del texto normativo, al cual debe asirse en la sentencia\u201d. <\/p>\n
Para demostrar sus imputaciones, puntualiza el recurrente que el fallador neg\u00f3 la aptitud e idoneidad de la sentencia civil de nulidad absoluta por demencia del causante, y la rechaz\u00f3 como prueba del atentado grave en contra de la vida, el honor o los bienes del causante, estimando por tanto que el art\u00edculo 1025 numeral 2\u00b0 del C\u00f3digo Civil, al hablar de sentencia ejecutoriada como prueba del atentado grave, \u201ccontempla \u00fanica y exclusivamente las sentencias de \u00edndole penal\u201d. Mas tal distinci\u00f3n es contraria al texto legal del mencionado precepto, porque donde el legislador no distingue, le es prohibido hacerlo al int\u00e9rprete, y si lo hace, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, viola directamente la norma legal por palmaria interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, ya que en ella se amparan tres bienes jur\u00eddicos: la vida, el honor y los bienes del difunto, disponiendo que el heredero o legatario que atente contra cualquiera de ellos, es indigno de sucederle, con tal que el atentado se pruebe con sentencia ejecutoriada, sin definir el tipo de sentencia, ni mucho menos, contraerla al \u201cramo criminal\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, agrega, \u201cel problema de si se requiere o no fallo penal no puede salvarse por fuera del texto normativo del art\u00edculo 1025 No. 2\u00b0 del C.C., ni de manera divorciada del cuerpo de la demanda y la causal invocada, so pena de serse inequitativo y ajeno a la realidad\u201d. Si los hechos imputados al heredero se contraen al campo criminal, es obvio que \u201cha de buscarse\u201d la sentencia penal ejecutoriada, para interpretarse correctamente el citado precepto; pero si se trata de atentado grave al honor o a los bienes del causante, muchos de esas agresiones, pese a su gravedad, pueden no estar tipificados como punibles, ni delictuales, motivo por el cual le es dado al juez civil pronunciarse sobre ellos en sus \u201cefectos patrimoniales y hereditarios\u201d, caso en el cual su sentencia ejecutoriada constituye la prueba del atentado grave contra el honor o los bienes del de cujus, exigida por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil, sin que sea dable exigir sentencia en materia criminal, so pena de violarse directamente por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n el texto de la norma citada, como ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n
Luego de transcribir jurisprudencia de la Corte relativa a la prueba de la referida causal, acota el censor que el atentado alegado en la demanda est\u00e1 demostrado con la sentencia civil de nulidad absoluta proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Melgar, el 30 de enero de 1997, providencia ejecutoriada que el Tribunal rechaz\u00f3 y en la que el fallador encontr\u00f3 probados, entre otros, los siguientes hechos: que el causante padec\u00eda en 1992 demencia senil profunda tipo Alzheimer, a grado tal que no era consciente de sus actos y no pod\u00eda \u201cautodeterminarse\u201d, ni disponer de sus bienes ni su persona; que esa situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n e inferioridad fue aprovechada \u201cinescrupulosa e indignamente\u201d por la demandada para obligar a su padre a firmar la escritura p\u00fablica No. 4336 de mayo 6 de 1992, otorgada en la Notar\u00eda 27 del C\u00edrculo de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, haciendo aparecer, adem\u00e1s, la suma de $2.200.000,00 como precio del bien, valor que en la realidad negocial nunca se pag\u00f3; que cuando se celebr\u00f3 \u201cel ficto y nulo contrato\u201d, el inmueble objeto del mismo ten\u00eda un valor superior a $150.000.000,00, lesi\u00f3n patrimonial sufrida por el causante y que qued\u00f3 a\u00fan m\u00e1s evidenciada cuando los peritos avaluaron el inmueble, por disposici\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, en la suma de $250.000.000,00 para el a\u00f1o de 1996; que el hecho antijur\u00eddico cometido por la encausada en contra de su padre, \u201cera cobijado plenamente por la Justicia Civil\u201d. <\/p>\n
Destaca, igualmente, que en consideraci\u00f3n a la modalidad del atentado cometido contra el patrimonio del causante, es decir, de \u00edndole puramente civil, y las especiales circunstancias de aprovechamiento de la profunda y penosa demencia del progenitor, \u201c\u00e1mbito relacional familiar\u201d, el Juez Civil hall\u00f3 demostrada la lesi\u00f3n patrimonial y ante todo, la falta absoluta de voluntad del demente, por lo cual anul\u00f3, de \u201cnulidad absoluta y plena\u201d la escritura publica en que constaba la antijur\u00eddica compraventa, y dispuso que la se\u00f1ora Hilda Clotilde Guevara De A\u00f1a\u00f1os, carec\u00eda del derecho a pedir la restituci\u00f3n de lo que hubiese pagado como consecuencia del nulo contrato, ello en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1031 del C\u00f3digo Civil. A pesar de lo anterior, se abstuvo de compulsar copias a la Justicia Penal, decisi\u00f3n ajustada a derecho como quiera que hall\u00f3 que el atentado grave en contra los bienes del causante fue de estirpe puramente Civil. <\/p>\n
Para concluir apunta el censor que \u201cexiste unanimidad jurisprudencial, derivada del texto legal del art\u00edculo 1025 numeral 2\u00b0 del C\u00f3digo Civil, sobre el hecho de que el atentado grave en contra de la vida, el honor o los bienes del causante se pruebe por sentencia ejecutoriada, proveniente de lo penal, lo eclesi\u00e1stico, lo civil, o la jurisdicci\u00f3n de familia, respectivamente\u201d y que en este caso se acredit\u00f3 el atentado grave en contra del honor y los bienes del de cujus, mediante sentencia civil ejecutoriada de nulidad absoluta; pero el Tribunal, en errada interpretaci\u00f3n del ordinal 2\u00b0 del Art. 1025 del C.C., rechaz\u00f3 dicha prueba y exigi\u00f3 sentencia penal, cometiendo de ese modo error in judicando por errada interpretaci\u00f3n de la norma mencionada. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Fundado, igualmente, en la causal primera de casaci\u00f3n, se duele el recurrente de que el fallador viol\u00f3 las normas que m\u00e1s adelante precisa, por causa del error de derecho en que incurri\u00f3 al apreciar una prueba. <\/p>\n
Para desarrollar su recriminaci\u00f3n, acota el censor que la parte demandante aport\u00f3 dentro del t\u00e9rmino probatorio, copia de la sentencia de nulidad absoluta proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar (Tolima), con la respectiva constancia de ejecutoria, proferida en el proceso adelantado por Hilda Isabel Guevara De L\u00f3pez, en su calidad de curadora judicial del doctor V\u00edctor Manuel Guevara Rodr\u00edguez, su progenitor, y en nombre propio, por medio de la cual demand\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 4336 de mayo 6 de 1992, otorgada en la Notaria 27 del C\u00edrculo de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en contra de su hermana la doctora Hilda Clotilde Guevara De A\u00f1a\u00f1os, quien \u201cabusando de la demencia senil de su padre, logr\u00f3 que le firmara la mencionada escritura p\u00fablica, haciendo constar en ella, la suma de $2.200.000.oo, como precio de la venta, dinero irrisorio, que adem\u00e1s nunca pag\u00f3, como quiera que se trataba de una simulaci\u00f3n grotesca\u201d. <\/p>\n
El Tribunal, a\u00f1ade, rechaz\u00f3 dicha sentencia como prueba de los hechos alegados en la demanda y, en su lugar, exigi\u00f3 sentencia penal ejecutoriada, para demostrar el atentado grave cometido por la demandada en contra del honor o los bienes del causante, atentado, la cual, de acuerdo con el art\u00edculo 1025 ordinal 2\u00b0 del C\u00f3digo Civil, se debe demostrar con la sentencia ejecutoriada, finalidad que cumple la de nulidad absoluta proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Melgar (Tolima), el 30 de enero de 1997, providencia ejecutoriada que el Tribunal rechaz\u00f3, no obstante que con ella se acreditan los siguientes hechos: que el causante padec\u00eda en 1992 demencia senil profunda tipo Alzheimer, a grado tal que no era consciente de sus actos y no pod\u00eda \u201cautodeterminarse\u201d, ni disponer de sus bienes ni su persona; que esa situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n e inferioridad fue aprovechada \u201cinescrupulosa e indignamente\u201d por la demandada para obligar a su padre a firmar la escritura p\u00fablica No. 4336 de mayo 6 de 1992, otorgada en la Notar\u00eda 27 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, haciendo aparecer, adem\u00e1s, en su tenor, la suma de $2.200.000,00 como precio del bien, valor que en la realidad negocial nunca se pag\u00f3; que cuando se celebr\u00f3 \u201cel ficto y nulo contrato\u201d, el inmueble objeto del mismo ten\u00eda un valor superior a $150.000.000,00, lesi\u00f3n patrimonial sufrida por el causante y que qued\u00f3 a\u00fan m\u00e1s evidenciada cuando los peritos avaluaron el inmueble, por disposici\u00f3n del Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, en la suma de $250.000.000,00 para el a\u00f1o de 1996; que el hecho antijur\u00eddico cometido por la demandada en contra de su padre, \u201cera cobijado plenamente por la Justicia Civil\u201d. <\/p>\n
Destaca, igualmente, que en consideraci\u00f3n a la modalidad del atentado cometido contra el patrimonio del causante, es decir, de \u00edndole puramente civil, y las especiales circunstancias de aprovechamiento de la profunda y penosa demencia del progenitor, \u201c\u00e1mbito relacional familiar\u201d, el Juez Civil hall\u00f3 demostrada la lesi\u00f3n patrimonial y ante todo, la falta absoluta de voluntad del demente, por lo cual anul\u00f3, de \u201cnulidad absoluta y plena\u201d la escritura publica en que constaba la antijur\u00eddica compraventa, y dispuso que Se\u00f1ora Hilda Clotilde Guevara De A\u00f1a\u00f1os, carec\u00eda del derecho a pedir la restituci\u00f3n de lo que hubiese pagado como consecuencia del nulo contrato, ello en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1031 del C\u00f3digo Civil. A pesar de lo anterior, se abstuvo de compulsar copias a la Justicia Penal, decisi\u00f3n ajustada a derecho como quiera que hall\u00f3 que el atentado grave en contra los bienes del causante fue de estirpe puramente Civil. <\/p>\n
A esa providencia, reitera, el fallador le neg\u00f3 todo el valor probatorio que la ley le asigna para acreditar la causal de indignidad invocada, pues exigi\u00f3 una prueba espec\u00edfica, la sentencia en materia criminal, incurriendo de ese modo en un \u201ccolosal\u201d error de derecho. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a las normas probatorias violadas, se\u00f1al\u00f3 como tales los art\u00edculos 174, 175, 185, 252 modificado por el decreto 2282 de 1989 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en armon\u00eda con el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil, y ofreci\u00f3 su \u201cconcepto\u201d de la infracci\u00f3n. <\/p>\n
Se ocup\u00f3, a continuaci\u00f3n, de las normas sustanciales quebrantadas, relacionando como tales los art\u00edculos 1018 y 1019 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, toda vez que el Tribunal hall\u00f3 que la demandada reun\u00eda los requisitos previstos en dichos preceptos, es decir, \u201cla capacidad plena\u201d para heredar a su difunto progenitor, \u201cpor lo cual, as\u00ed lo declar\u00f3 t\u00e1citamente al afirmar contrario sensu, que no se hab\u00edan demostrado las causales de indignidad alegadas y por lo tanto, la demanda interpuesta no pod\u00eda prosperar\u201d. A esta conclusi\u00f3n lleg\u00f3 el juzgador, cegado por el error de derecho que le impidi\u00f3 darle a la sentencia civil ejecutoriada, el valor que el art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil le asigna como prueba \u201csolemne y espec\u00edfica\u201d, apta para probar el atentado grave a la vida, el honor o los bienes del causante, cuando la modalidad de atentado sigue la v\u00eda del derecho civil y no del criminal. <\/p>\n
Cit\u00f3, as\u00ed mismo, como infringido, por falta de aplicaci\u00f3n, el art\u00edculo 1025, numeral 2\u00b0 del C\u00f3digo Civil, por haber rechazado la susodicha sentencia civil como prueba de la causal de indignidad en \u00e9l contemplada. \u201cDe haber aplicado el texto del art. 1025 No. 2\u00b0 del C.C., habr\u00eda tenido, como lo dispone la norma, la sentencia civil ejecutoriada como prueba suficiente del atentado grave cometido por la demandada en contra del honor y los bienes de su progenitor\u201d. <\/p>\n
Pasa, seguidamente, a demostrar el error denunciado en los siguientes t\u00e9rminos: El yerro atribuido al fallador obedeci\u00f3 a la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de la sentencia ejecutoriada aportada por la demandante, como demostraci\u00f3n \u00fanica del atentado grave en contra de la vida, el honor o los bienes del causante; se trata de un error de derecho, pues fue cometido en el \u201cjuicio valorativo\u201d de la prueba, es decir, al sopesar su contenido y valor, frente a la ley. Resulta palmar que el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil, nunca habla de sentencia penal ejecutoriada, sino, acertadamente, de \u201cSentencia Ejecutoriada\u201d, pues cuando el atentado grave proviene de conductas at\u00edpicas en lo penal, debe estarse el fallador a la sentencia de \u00edndole eclesi\u00e1stico, civil o familiar que se aporte al plenario para comprobarlas. <\/p>\n
Repite, una vez m\u00e1s, que la actora aport\u00f3 copia de la sentencia proferida por el Juez Primero Civil del Circuito de Melgar (Tolima), por medio de la cual se anul\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 4363 de mayo 6 de 1992, y con la cual pretendi\u00f3 probar el atentado grave cometido por la demandada en contra del honor y los bienes del difunto, subrayando los hechos que encuentra acreditados en ella, los cuales transcribe de p\u00e1rrafo anterior. <\/p>\n
Vuelve a reiterar que \u201cel problema de si se requiere o no fallo penal no puede salvarse por fuera del texto normativo del art\u00edculo 1025 No. 2\u00b0 del C.C., ni de manera divorciada del cuerpo de la demanda y la causal invocada, so pena de serse inequitativo y ajeno a la realidad\u201d. Si los hechos imputados al heredero se contraen al campo criminal, es obvio que \u201cha de buscarse\u201d la sentencia penal ejecutoriada, para interpretarse correctamente el citado precepto; pero si se trata de atentado grave al honor o a los bienes del causante, muchos de esas agresiones, pese a su gravedad, pueden no estar tipificados como punibles, ni delictuales, motivo por el cual le es dado al juez civil pronunciarse sobre ellos en sus \u201cefectos patrimoniales y hereditarios\u201d, caso en el cual su sentencia ejecutoriada constituye la prueba del atentado grave contra el honor o los bienes del de cujus, exigida por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil, sin que sea dable exigir sentencia en materia criminal, so pena de violarse directamente por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n el texto de la norma citada, como ocurri\u00f3 en este caso, aserto que sustenta de la mano de la de la jurisprudencia de la Corte citada en el cargo anterior. <\/p>\n
Para finalizar, se ocupa de explicar la trascendencia del error de derecho denunciado, afirmando que la sentencia civil ejecutoriada de nulidad absoluta aportada por la demandante, es prueba legal, apta y procedente para demostrar la causal de indignidad alegada, motivo por el cual el error de derecho cometido por el juzgador ad-quem, determin\u00f3 que se profiriera sentencia contraria a las pretensiones de la demanda. A\u00f1ade que de haberse hecho correctamente la valoraci\u00f3n probatoria de la sentencia aludida, habr\u00eda sido el fallo favorable a los intereses de la actora, habida cuenta que la sentencia civil ejecutoriada de nulidad absoluta es demostrativa del atentado grave en contra del honor y los bienes del causante, y la cual no fue tenida en cuenta por el Tribunal, al exigir este sentencia penal ejecutoriada, interpretaci\u00f3n que contradice los enunciados de la ley, la jurisprudencia y la doctrina. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1. Es n\u00edtido en este asunto el abierto divorcio existente entre las razones aducidas por el Tribunal para sustentar su fallo y aquellas que enfila el recurrente en ambos cargos para contradecirlo. <\/p>\n
En efecto, el sentenciador, luego de se\u00f1alar que para la comprobaci\u00f3n de la causal de indignidad prevista en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil, se requiere un medio especial de prueba, \u201ccual es una sentencia anterior con el sello de ejecutoria\u201d y de advertir que \u201cla misma no obra al proceso\u201d, puntualiz\u00f3 que no estaba acreditado que la encausada hubiera cometido atentado grave contra los bienes de su progenitor, esto es, un delito grave como robo, hurto o abuso de confianza u otro delito contra la propiedad, que hubiera disminuido ostensiblemente su patrimonio, lo cual deb\u00eda demostrarse con el respectivo fallo penal anterior debidamente ejecutoriado, pues \u201caunque existe una sentencia civil en firme, por la que se declar\u00f3 nula la venta que el se\u00f1or V\u00edctor Manuel Guevara Rodr\u00edguez le hizo a aquella del inmueble ubicado en Melgar, por haberse probado en el proceso de nulidad que el causante para el momento en que otorg\u00f3 la escritura de compraventa del citado bien, padec\u00eda demencia de tipo Alzheimer que le imped\u00eda tener conciencia de sus actos, manejar y disponer de sus bienes, la misma no es suficiente para demostrar el grave atentado contra el patrimonio de su padre, en el que la demandante afirma que incurri\u00f3 la demandada, pues ni del texto mismo de la sentencia civil, ni de las dem\u00e1s pruebas recaudadas, se desprende que ella tuviera conocimiento de esa circunstancia, ni que se hubiera valido de la misma para obtener beneficios a su favor en perjuicio de su padre, ni mucho menos que hubiera aprovechado ese estado de indefensi\u00f3n para la celebraci\u00f3n del mencionado contrato, es m\u00e1s, ni siquiera el juez civil presumi\u00f3 la existencia de un posible delito, por cuanto de lo contrario, hubiera compulsado copias para que por la justicia penal se adelantara la correspondiente investigaci\u00f3n, ni se alleg\u00f3 copia de fallo penal precedente mediante el cual se hubiera condenado penalmente a la se\u00f1ora Hilda Clotilde Guevara De A\u00f1a\u00f1os, con ocasi\u00f3n de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa mencionado\u201d. <\/p>\n
Esto es, que el Tribunal, luego de anotar que no se demostr\u00f3 que la encausada hubiese cometido \u201cun delito grave\u201d como robo, hurto, abuso de confianza u otro delito contra la propiedad, en cuyo caso la prueba de la misma la constituir\u00eda la sentencia ejecutoriada proferida por el juez penal, repar\u00f3, seguidamente, en la decisi\u00f3n civil por medio de la cual se decret\u00f3 la nulidad de la venta, diciendo de ella que \u201cno era suficiente\u201d para acreditar los supuestos de facto constitutivos de la causal por diversas razones, ninguna de las cuales hace referencia a que por tratarse de una sentencia de naturaleza civil, careciera de vigor probatorio para tal efecto. <\/p>\n
Mas exactamente, el sentenciador ad-quem le rest\u00f3 eficacia probatoria a la se\u00f1alada providencia, no porque se tratase de una decisi\u00f3n de \u00edndole civil, proscrita para demostrar la antedicha causal, sino porque de su contenido no se desprend\u00eda que la demandada tuviera conocimiento de la enfermedad de su padre, ni que se hubiera valido de la misma para obtener beneficios a su favor en perjuicio de aqu\u00e9l, ni que hubiera aprovechado ese estado de indefensi\u00f3n para la celebraci\u00f3n del contrato. En s\u00edntesis, pues, el relegamiento que de dicha prueba hizo el Tribunal obedeci\u00f3 a su contenido, no a su naturaleza. <\/p>\n
El recurrente, por su parte, radica obstinadamente en ambos cargos el cimiento de su acusaci\u00f3n en que el sentenciador habr\u00eda desde\u00f1ado el vigor demostrativo de la mencionada sentencia por no haber sido proferida por un juez penal, consideraci\u00f3n esta que, como es di\u00e1fano en la decisi\u00f3n aqu\u00ed recurrida, no fue esbozada por el juzgador, el cual, por el contrario, se percat\u00f3 de la existencia de la prueba y la estim\u00f3, neg\u00e1ndole, empero, vigor probatorio, por razones distintas a la de no haber sido proferida por un juzgador de materias criminales. Y si bien aludi\u00f3 a la necesidad de aportar sentencia proferida por el juez penal, tal exigencia la lig\u00f3 a la prueba de delitos graves como el hurto, el robo, el abuso de confianza, supuestos que descart\u00f3 en este asunto. <\/p>\n
2. Pero, adem\u00e1s, la se\u00f1alada deficiencia t\u00e9cnica de la censura, derivada, como ya se dijera, del notorio divorcio existente entre los argumentos medulares de la decisi\u00f3n del Tribunal y aquellos aducidos como r\u00e9plica por el recurrente, apareja otras de similar hondura. Ciertamente, si el fallador repar\u00f3 en la existencia de la prueba, aun cuando rest\u00e1ndole eficacia probatoria por su contenido, vale decir, porque de su texto no se desprend\u00eda que la encausada supiera de la enfermedad de su padre, la cual, en el sentir del Tribunal, no era ostensible, ni que se hubiese prevalido de la misma para lucrarse en detrimento de aqu\u00e9l, ni que se hubiese aprovechado de su estado de indefensi\u00f3n, la acusaci\u00f3n debi\u00f3 encaminarse a demostrar el yerro de facto que habr\u00eda cometido el fallador por no percatarse que del contenido de la misma s\u00ed se percib\u00eda lo que el juzgador dej\u00f3 de observar o, en su caso, que ninguno de los hechos reclamados por \u00e9ste, constituyen el supuesto de facto de la causal invocada, nada de lo cual suscit\u00f3 el desvelo de la censura, la cual, como ya se ha reiterado, anduvo divagando por otros rumbos, circunstancia que le impidi\u00f3 atacar las razones verdaderamente aducidas en la sentencia para desestimar la importancia demostrativa de la citada providencia. <\/p>\n
Por supuesto que si el Tribunal estim\u00f3 que la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Melgar, por medio de la cual se decret\u00f3 la nulidad de la ya mencionada escritura no era \u201csuficiente\u201d, no fue porque considerase que carec\u00eda de todo vigor probatorio para acreditar la causal de indignidad prevista en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil, por no tratarse de una decisi\u00f3n emanada de un juez penal, sino que, reparando en ella, la desestim\u00f3 por las razones ya anotadas, las cuales se abstuvo de impugnar el recurrente, deficiencia que impide a la Corte cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto. <\/p>\n
Los cargos, por consiguiente, no se abren paso. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 12 de abril de 1999, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario adelantado por HILDA ISABEL GUEVARA DE LOPEZ, frente a HILDA CLEOTILDE GUEVARA DE A\u00d1A\u00d1OS. <\/p>\n
Costas a cargo de la parte recurrente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-192-2005 [7741] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1 Distrito Capital, veintis\u00e9is (26) de julio de dos mil cinco (2005). Ref: Expediente No. 7741 Se decide por la Corte el recurso extraordinario […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83029","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83029","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83029"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83029\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83029"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83029"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83029"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}