SC-196-2005 [6320]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C. veintiocho (28) de julio de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Exp. No. 6320 <\/p>\n
La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la parte demandante respecto de la sentencia de 23 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Superior de Manizales, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinario de LEONEL DE JES\u00daS MORALES CARVAJAL contra ADALBERTO VALENCIA VILLEGAS y LEON ALBERTO AGUDELO ALZATE. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El se\u00f1or Morales convoc\u00f3 a proceso ordinario a los referidos demandados, para que se declarara que pertenec\u00eda a su dominio pleno y absoluto el inmueble ubicado en la calle 22 No. 4-42 de Anserma (Caldas), y que, como consecuencia de ello, se les condenara a restituirle una franja de terreno que hace parte del citado predio, con un \u00e1rea de 63.36 mts2, cuyos linderos precis\u00f3, junto con los frutos naturales o civiles hasta el momento de la entrega, sin que, adem\u00e1s, se le obligara a pagar las expensas necesarias. <\/p>\n
2. Para soportar sus peticiones, el demandante expuso, en s\u00edntesis, los hechos que as\u00ed se resumen: <\/p>\n
a. En virtud de compraventa celebrada con Octavio M\u00fanera, el demandante adquiri\u00f3 el derecho de dominio sobre el inmueble referido, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica No. 35 de 15 de enero de 1996, otorgada en la Notar\u00eda \u00danica de Anserma (Caldas). <\/p>\n
b. En octubre de 1996, los demandados compraron a Alvaro Pati\u00f1o Gallego un terreno aleda\u00f1o al del libelista, que era el producto del englobamiento de varias propiedades, predio en que empezaron la construcci\u00f3n de un edificio de seis niveles, conocido hoy como la \u201cDiscoteca Alexa\u201d, ubicado en la carrera 3\u00aa No. 22-32, invadiendo en la parte posterior un \u00e1rea de 63.36 metros cuadrados, aproximadamente, destinada al servicio de parqueadero, para lo cual se aprovecharon de la ausencia del due\u00f1o, a quien se le dificultaba la custodia del bien, por estar domiciliado en otro municipio. <\/p>\n
c. En enero de 1997, el demandante coloc\u00f3 un lindero de alambre de p\u00faas en su propiedad, motivo por el cual le fue instaurada una queja, elevada por Julio Hern\u00e1n Riascos \u2013arquitecto de la construcci\u00f3n-, debido a la invasi\u00f3n de terrenos pertenecientes -seg\u00fan se dijo- a Alvaro De La Cruz Pati\u00f1o Gallego. A pesar de haberse encontrado que el se\u00f1or Morales ten\u00eda la raz\u00f3n, dicho tr\u00e1mite culmin\u00f3 con la orden de mantener el statu quo, hasta tanto la autoridad competente decidiera el conflicto presentado con relaci\u00f3n a los linderos en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
d. Con posterioridad, las partes acudieron a los planos del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, de los cuales se evidenci\u00f3 que los constructores de la discoteca hab\u00edan tomado parte de los terrenos del demandante, hecho que no fue aceptado por Alvaro Pati\u00f1o, pues finalmente construy\u00f3 sobre ese predio. <\/p>\n
3. Una vez admitida la demanda y enterados de ella los demandados, le dieron contestaci\u00f3n con oposici\u00f3n a las s\u00faplicas en ella formuladas. <\/p>\n
4. La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia de 3 de mayo de 1999, en la que se deneg\u00f3 la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Inconforme, el demandante apel\u00f3 la aludida providencia, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Manizales, en su fallo de 23 de febrero de 2000. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Tras memorar los pormenores del proceso, el Tribunal consider\u00f3 que no obstante hallarse acreditada la titularidad del dominio del demandante y la posesi\u00f3n de los demandados, lo primero mediante la escritura p\u00fablica No. 35 de 1996, debidamente registrada, y lo segundo porque los demandados aceptaron dicha calidad al contestar la demanda, no ocurr\u00eda lo mismo con la necesaria identidad que debe existir entre el predio reclamado y el que ten\u00eda bajo su dominio el actor. <\/p>\n
En efecto, adujo el ad quem que para esclarecer dicho punto, obraban en el expediente las cartas catastrales, los planos del edificio aprobados por \u2018valorizaci\u00f3n\u2019, los planos ejecutados por los ingenieros, los testimonios del maestro de obra y del arquitecto encargado, copia de la ya referida actuaci\u00f3n policiva y del dictamen pericial, acerca del cual asever\u00f3 que \u201carroj\u00f3 como resultado la convicci\u00f3n expresa de los peritos, en el sentido de que el bien reclamado en reivindicaci\u00f3n no forma parte integral del inmueble de propiedad del demandante\u201d (fl 19, cdno. 5). <\/p>\n
Sostuvo que las \u201cindicaciones\u201d realizadas por la parte demandante en la carta catastral aportada con la demanda, no constitu\u00edan una falsedad, dado que buscaban ilustrar al juzgador sobre el objeto del litigio; que la inspecci\u00f3n judicial fue negada porque la solicitud no se ajust\u00f3 a los dictados del art\u00edculo 246 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; que el resultado del dictamen pericial imped\u00eda aplicar a los demandados la confesi\u00f3n ficta por su renuencia a rendir declaraci\u00f3n de parte, puesto que \u201ctoda confesi\u00f3n puede ser desvirtuada, y ello ocurri\u00f3 con los diagn\u00f3sticos de los auxiliares de la justicia\u201d; que el dictamen no fue objetado y por el contrario, sus conclusiones encontraban respaldo en los testimonios de Hermilson L\u00f3pez Salazar, Julio Riascos y Alvaro de la Cruz Pati\u00f1o Gallego; que \u201csolamente por mensura de los terrenos se pod\u00eda llegar a una conclusi\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de uno y otro predio\u201d, y que ordenada la experticia por el juzgado, \u201challaron los peritos que el edificio fue construido dentro del solar cuyas dimensiones contiene la escritura de los demandados\u201d (fl. 24, cdno. 5). <\/p>\n
Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 el Tribunal que el dictamen s\u00f3lo se \u2018tach\u00f3\u2019 de antit\u00e9cnico y nulo en las alegaciones finales y se critic\u00f3 que fuera realizado por peritos no inscritos en la lista de auxiliares, lo cual \u201c…no impide su valoraci\u00f3n en el proceso, puesto que la carencia de t\u00e9cnica debi\u00f3 se\u00f1alarla promoviendo el incidente de tacha por error grave; la nulidad no explica en qu\u00e9 consiste y si ella deviene de no haberlo realizado peritos autorizados, el punto qued\u00f3 totalmente indemostrado, puesto que tampoco concurri\u00f3 en tiempo a demostrar dicha circunstancia, la cual es ignorada dentro del proceso\u201d (fl. 24), y advirti\u00f3 que, en lugar de la demanda de reivindicaci\u00f3n, proced\u00eda en el sub judice una \u2018diligencia\u2019 de deslinde y amojonamiento, a fin de determinar la l\u00ednea divisoria entre los predios y luego s\u00ed deducir si hubo invasi\u00f3n. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cuatro cargos formul\u00f3 el censor en contra de la decisi\u00f3n del ad quem, todos ellos elevados con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, los cuales se despachar\u00e1n de manera conjunta, en cuanto ameritan consideraciones comunes de orden t\u00e9cnico. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n, consagrada en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, fue acusada la sentencia de segundo grado por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 665, 667, 669, 673, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 752, 756, 762, 763, 764, 765, 768, 769, 771, 773, 774, 778, 787, 790, 791, 792, 946, 947, 949, 950, 952, 957, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 969, 970, 2259 del C\u00f3digo Civil y 863 del C\u00f3digo de Comercio, proveniente de error de derecho en la valoraci\u00f3n del dictamen pericial, por inobservancia de los art\u00edculos 174, 175, 178, 181, 187, 233, 235, 236, 237, 240, 241 y 243 del C.P.C.. <\/p>\n
Para el recurrente, el dictamen no satisface las exigencias establecidas en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 237 del C. de P.C., \u201cpues no es claro, preciso ni detallado, ni contiene alusi\u00f3n y menos a\u00fan explicaci\u00f3n sobre los fundamentos t\u00e9cnicos o cient\u00edficos que sustentan las conclusiones\u201d, am\u00e9n de que los \u201cexpertos\u201d se limitaron a medir las longitudes actuales que encierran el bien de mayor extensi\u00f3n del demandante y constataron que no coinciden con las consignadas en su t\u00edtulo de adquisici\u00f3n, para despu\u00e9s decir que la construcci\u00f3n de los demandados no invade el \u00e1rea de terreno se\u00f1alada en la escritura p\u00fablica 35 del 15 de enero de 1996 \u201colvidando que ya antes hab\u00edan anotado precisamente que esta \u00e1rea (la se\u00f1alada en la escritura 35), no coincide con la que midieron sobre el terreno\u201d (fl 37, cdno. 6). <\/p>\n
Por ende, continu\u00f3 el casacionista, la conclusi\u00f3n de los peritos no cuenta con fundamento t\u00e9cnico o cient\u00edfico propio de la profesi\u00f3n de ingenieros civiles que dijeron ostentar, menos cuando \u201cel \u00e1rea resultante de las dimensiones actuales del lote del demandante no coincide con la expresa he dicho instrumento (sic), pues ha sufrido variaciones derivadas de la ocupaci\u00f3n que, sobre una parte de ese terreno, hacen los demandados\u201d, ya que en la escritura p\u00fablica en cita, se dice que la propiedad del actor med\u00eda 17.00 metros y los auxiliares constataron que apenas alcanza una dimensi\u00f3n de 15.30 metros, diferencia que no fue materia de explicaci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los peritos no consideraron las escrituras p\u00fablicas obrantes en el plenario, los planos y los certificados catastrales, a pesar de que el a quo los puso a su disposici\u00f3n para que los confrontaran con el espacio f\u00edsico. <\/p>\n
En ese orden, encontr\u00f3 el censor que \u201cla prueba en comento resulta ser irregular en su aducci\u00f3n, en su evacuaci\u00f3n o pr\u00e1ctica y en su contenido (art\u00edculo 174 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), no se ci\u00f1e al asunto espec\u00edfico y concreto para el cual fue ordenada (art\u00edculo 178 ib\u00eddem), no es clara, precisa ni detallada ni expresa el fundamento t\u00e9cnico o cient\u00edfico de la conclusi\u00f3n que expone (num. 6\u00ba, art\u00edculo 237 ejusdem), no fue complementada, ampliada o aclarada en debida forma (art\u00edculo 240 del C. de P. C.), y su firmeza no encuentra respaldo en los elementos de juicio que se le orden\u00f3 considerar y confrontar (art\u00edculo 241), de donde, a diferencia de lo que hiciera el Honorable Tribunal en la sentencia de segunda Instancia que hoy se ataca, la pericia no pod\u00eda servir como elemento de juicio v\u00e1lidamente practicado y evacuado para sustentar la decisi\u00f3n judicial\u201d (fl. 39, cdno. 6). <\/p>\n
As\u00ed mismo, manifest\u00f3 que la circunstancia de no haberse objetado el dictamen, no significa que era forzoso acogerlo sin mayores miramientos, porque el auxilio de los peritos nunca tiene de suyo fuerza decisiva, sino apenas ilustrativa para guiar con competencia y lealtad el criterio de la justicia. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que en la aducci\u00f3n de esta clase de pruebas, aun de ser ordenadas de oficio, se deben satisfacer las exigencias del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 236 ib\u00eddem, y que como ello no ocurri\u00f3 en el presente caso, se incurri\u00f3 en el yerro denunciado. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Basado en la causal primera de casaci\u00f3n, el recurrente atac\u00f3 la sentencia de segundo grado por la violaci\u00f3n indirecta de las mismas disposiciones sustanciales referidas en la censura anterior, como consecuencia de error de derecho en la valoraci\u00f3n probatoria, por inobservancia de los art\u00edculos 4\u00ba, 5\u00ba, 37-4, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 187, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 407 y 415 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Para sustentar esta acusaci\u00f3n, invoc\u00f3 el censor la efectividad de los derechos que reconoce la ley sustancial, en orden a resaltar que la pr\u00e1ctica de las pruebas de oficio no constitu\u00eda una \u201csimple facultad optativa del juzgador\u201d, sino \u201cun deber de imperativo cumplimiento\u201d, raz\u00f3n por la cual, acudiendo a normas que regulan eventos similares y en trat\u00e1ndose de la posesi\u00f3n y tenencia material de un inmueble, la inspecci\u00f3n judicial era \u201cla prueba m\u00e1s pertinente y la que m\u00e1s se acomoda a la confrontaci\u00f3n f\u00e1ctica propia de los fines del litigio\u201d (fl. 44, cdno. 6). <\/p>\n
Cit\u00f3 como ejemplos el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 407 y el art\u00edculo 415 del C. de P.C., que establecen el deber del Juez de practicar esa prueba, y advirti\u00f3 que como el tema litigado guardaba relaci\u00f3n con la propiedad del demandante sobre un predio de mayor extensi\u00f3n que comprende la franja pose\u00edda por los demandados, se impon\u00eda la pr\u00e1ctica del aludido medio probatorio. <\/p>\n
En consecuencia, acot\u00f3 que al no decretarse oficiosamente por el Tribunal la inspecci\u00f3n judicial, se \u201cdio al traste con el contenido de los Art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, bajo el pretexto de que la prueba de inspecci\u00f3n judicial elevada por el actor no reun\u00eda las exigencias formales del Art\u00edculo 245 ib\u00eddem\u201d (fl. 47, cdno. 6). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sentir del casacionista, fueron quebrantadas las normas de disciplina que gobiernan esa prueba y se impidi\u00f3 darle el valor que le correspond\u00eda \u201cuna vez evacuada en legal forma\u201d, en vista de que no se aplicaron los art\u00edculos 37-4, 179 y 180, en concordancia con los art\u00edculos 244 a 246 del C. de P. C., y tampoco se aplicaron los art\u00edculos 407 y 415 ib\u00eddem, que regulan una situaci\u00f3n an\u00e1loga, como disponen los art\u00edculos 4\u00ba y 5\u00ba de ese mismo estatuto. De la misma manera -prosigui\u00f3- se fund\u00f3 la decisi\u00f3n \u201cno en una prueba regular y oportunamente allegada, sino precisamente en ausencia de ella con inobservancia del contexto de lo normado en los Art\u00edculos 174, 175 ejusdem, dando por supuesto un hecho contrario a la realidad que la ley no presume (Art\u00edculo 176) y rechazando de contera un medio probatorio id\u00f3neo a los fines del proceso\u201d (fl. 48, cdno. 6). <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Tambi\u00e9n al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, se impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de segunda instancia por la violaci\u00f3n indirecta de las mismas disposiciones sustanciales relacionadas en los cargos anteriores, infracci\u00f3n proveniente de error de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria por inobservancia de los art\u00edculos 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 187, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 209, 210, 243, 251, 252, 253, 254, 258 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Se hizo consistir la acusaci\u00f3n en que si bien el ad quem ech\u00f3 mano de las cartas catastrales, los planos aprobados por valorizaci\u00f3n; los planos ejecutados por los ingenieros; varios testimonios (del maestro de obra, del arquitecto y del antiguo gestor y due\u00f1o de la obra); la actuaci\u00f3n policial aludida y el dictamen pericial, dej\u00f3 de lado otros elementos de juicio que se arrimaron por decreto oficioso y que, de haber sido observados, lo hubieran llevado a una conclusi\u00f3n distinta en torno a la identidad entre lo reclamado por el demandante y lo pose\u00eddo por los demandados. <\/p>\n
Como tales, el censor refiri\u00f3: (a) las escrituras p\u00fablicas No. 35 de 15 de enero de 1996; 132 de 11 de febrero de 1992; 1117 de 17 de diciembre de 1990; 139 de 31 de mayo de 1990 y 336 del 6 de mayo de 1985, que dan cuenta de la cadena de t\u00edtulos relativos al predio del demandante; (b) la copia del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 103-0011530 expedido por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Anserma (Caldas), donde constan las mutaciones que sufri\u00f3 el dominio; (c) las escrituras p\u00fablicas Nos. 329 de 6 de mayo de 1995 y 337 de 9 de mayo de ese mismo a\u00f1o, por las cuales Alvaro de la Cruz Pati\u00f1o Gallego compr\u00f3 los dos lotes que posteriormente englob\u00f3 mediante escritura p\u00fablica 1580 del 15 de octubre de 1996, y la copia del folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 103-0018148, donde constan tales actos; (d) La copia heliogr\u00e1fica de la carta catastral urbana No. 01-00-0168 de 1998, expedida por el Director Seccional del Instituto geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, seccional Caldas; (e) los certificados catastrales Nos. 004191, 004190 y 004189 remitidos por esa misma entidad, que se enunciaron pero no se valoraron; (f) la confesi\u00f3n ficta de los demandados emanada de su inasistencia injustificada al interrogatorio de parte al cual fueron citados; (g) la conducta procesal de los demandados, especialmente la asumida al contestar la demanda, y (h) los planos remitidos por Planeaci\u00f3n Municipal, obrantes a folios 32 y 33 del cuaderno No. 2. <\/p>\n
De esta manera, remat\u00f3 el casacionista, por dejar de estimar las susodichas pruebas, entre ellas los indicios \u00abque en contra de los demandados surge de su confesi\u00f3n ficta y del contenido del escrito contestatorio\u00bb, se desatendieron normas del ordenamiento procesal civil. Destac\u00f3 a su vez que \u00abSi el Tribunal hubiese considerado estas probanzas al punto espec\u00edfico relacionado con la identidad de los bienes pose\u00eddo y reivindicado, se hubiese percatado de que en verdad, y como lo demarca la Carta Catastral de 1998, la edificaci\u00f3n \u00abAlexa\u00bb ocupa parte del terreno del Demandante, concretamente en el \u00e1rea de la construcci\u00f3n destinada al ingreso de veh\u00edculos […] con base en lo cual hubiese deducido que en verdad las pretensiones del actor estaban llamadas a prosperar\u00bb (fl. 55, cdno. 6). <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Nuevamente se acus\u00f3 la violaci\u00f3n de las normas del C\u00f3digo Civil y de Comercio aludidas en las censuras precedentes, ahora como consecuencia de error de hecho en la valoraci\u00f3n de los testimonios, por \u2018inobservancia\u2019 de los art\u00edculos 174, 175, 177, 187, 213, 217, 218, 227, 228-12, 230 y 232 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Aleg\u00f3 el casacionista que, a diferencia de lo expresado por el ad quem, los testimonios recepcionados en el proceso no brindan respaldo a la decisi\u00f3n que ahora se ataca, entre otras cosas, porque ese mismo despacho se\u00f1al\u00f3 en su providencia que \u00absolamente por mensura de los terrenos se pod\u00eda llegar a una conclusi\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de uno y otro predio\u00bb. <\/p>\n
Dijo tambi\u00e9n que Hermilson L\u00f3pez Salazar, \u00abpara nada indica que se hubiesen confrontado los t\u00edtulos de adquisici\u00f3n con los que corresponden al predio colindante de propiedad del Demandante, como tampoco dice que se hubiese medido este \u00faltimo predio\u00bb (fl. 58, cdno. 6); que el testigo Julio Riascos, nunca dijo \u201cque hubiera medido el predio colindante propiedad del actor, para corroborar hasta donde llegaba ese lindero\u00bb (fl. 59, ib.), y que \u00c1lvaro De La Cruz Pati\u00f1o Gallego, no indic\u00f3 \u00abque se hubieran confrontado las mesuras del inmueble propiedad de la parte actora para estimar si la obra atravesar\u00eda o no el lindero respectivo\u00bb (fl. 60, ib.). <\/p>\n
Sumado a lo anterior, recalc\u00f3 el casacionista que los deponentes tienen \u201crelaci\u00f3n directa con la situaci\u00f3n planteada\u201d; que los dos primeros dependen laboralmente de los demandados y al tercero le competer\u00eda una responsabilidad por evicci\u00f3n, razones por las cuales \u00abes f\u00e1cil colegir que todos los testigos est\u00e1n dentro de una circunstancia que coloca en entredicho la veracidad objetiva de sus exposiciones\u00bb, pues de una u otra manera pretenden favorecer a los demandados, para inclusive, \u00absalvaguardar sus propias responsabilidades\u00bb, evento que no fue estimado por el Tribunal (fls. 60 y 61, ej.). <\/p>\n
Por \u00faltimo, el recurrente, luego de sustentar los cargos acabados de resumir, dedic\u00f3 un cap\u00edtulo aparte que denomin\u00f3 \u00abREVALUACION PROBATORIA\u00bb, en el que reiter\u00f3 algunas de sus apreciaciones, para reclamar luego que se casara la sentencia de segunda instancia y se decretara oficiosamente la inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Delanteramente se advierte que los cargos propuestos, uno a uno analizados, resultan incompletos de cara a los distintos argumentos que expuso el Tribunal para respaldar su decisi\u00f3n, pilares a los que, individualmente considerados, el censor destin\u00f3 una espec\u00edfica y puntual acusaci\u00f3n, como si el ataque en casaci\u00f3n pudiese escindirse, fraccionarse o proponerse de manera parcial y, por ende, incompleta. Y aunque sea cierto que la Corte puede articularlos para superar tal escollo (num. 3\u00ba art. 51, Dec. 2651\/91), no se puede soslayar que esa posibilidad se frustra en atenci\u00f3n a las deficiencias de orden t\u00e9cnico que la mayor\u00eda presenta, circunstancia que torna improcedente su integraci\u00f3n. <\/p>\n
a. En efecto, en lo que ata\u00f1e al cargo primero, en el que se plante\u00f3 la comisi\u00f3n de un error de derecho en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial rendido por los peritos Tangarife-Agudelo, por no ser claro, preciso y detallado, am\u00e9n de carecer de fundamentos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos, todo lo cual, a juicio del censor, le resta firmeza y calidad al concepto, como lo exigen varias normas probatorias que cit\u00f3, cumple destacar que el reproche a los fallos que incurren en ese tipo de problem\u00e1ticas, debe encauzarse como yerro f\u00e1ctico, toda vez que el juzgador, al valorar el dictamen en esos espec\u00edficos aspectos, necesariamente debe remitirse a su contenido, a la opini\u00f3n o parecer pericial propiamente dicha, de suerte que son los errores en la contemplaci\u00f3n objetiva o material de la prueba misma, los que provocar\u00edan su equivocada apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
A este respecto, ha precisado la Corte, en jurisprudencia reiterada, que se incurre en error de hecho en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial, cuando el juzgador \u201cdesacierta al calificar la precisi\u00f3n, fundamentaci\u00f3n o concordancia de dicho medio probatorio, pues pese a ser una norma de derecho probatorio la que fija las pautas para que el fallador cumpla esta ultima labor (art\u00edculo 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), lo que finalmente se estar\u00eda alterando con tal equivocaci\u00f3n ser\u00eda el contenido objetivo de la prueba\u201d (cas. civ. de 24 de septiembre de 2001: exp.: 5876; cfme: G.J. t. CXLII, p\u00e1g. 65). <\/p>\n
Pero aun al margen de lo anterior, importa se\u00f1alar que los auxiliares, contrario a lo afirmado por la censura, s\u00ed hicieron referencia expresa a los ex\u00e1menes e investigaciones que adelantaron sobre los predios, lo mismo que a la documentaci\u00f3n que a ellos concierne (escrituras p\u00fablicas de adquisici\u00f3n y englobamiento, c\u00e9dulas catastrales, planos, etc.), en orden a explicar los fundamentos t\u00e9cnicos de sus conclusiones. Fue precisamente como resultado de esos trabajos y de la apreciaci\u00f3n de tales documentos, que los peritos adujeron que \u201cen vista (sic) a que las medidas mencionadas \u2013las verificadas sobre el terreno del predio del libelista- presentan discrepancia [con las referidas en los t\u00edtulos] procedimos a verificar las medidas del predio correspondiente al edificio Alexa, encontrando lo siguiente: [\u2026] Que al medir en sitio el centro o fondo de la construcci\u00f3n obtuvimos una medida promedio de 28.29 metros que es inferior a lo que reza en las escrituras (32 metros y 29.60 metros). [\u2026] Haciendo una confrontaci\u00f3n entre la escritura del Edificio Alexa y la medida en sitio observamos lo siguiente: Que el Edificio Alexa fue construido respetando las medidas del fondo que reza en sus escrituras, es decir, las escrituras figuran con una longitud de 29.60 metros y 32 metros de centro o fondo, en tanto que lo construido es seg\u00fan las medidas en sitio de 28.9 metros de centro o fondo. [\u2026] Observando los planos del Edificio Alexa aprobados por Planeaci\u00f3n Municipal, se constat\u00f3 que la construcci\u00f3n est\u00e1 dentro del \u00e1rea que figura en las escrituras\u201d (fl. 58 y 59, cdno. 2). <\/p>\n
Tampoco es pertinente aseverar que el mencionado dictamen no se ci\u00f1\u00f3 al asunto espec\u00edfico y concreto para el cual fuera ordenado, porque a los expertos se les requiri\u00f3 para que diagnosticaran si \u201calguna parte de la construcci\u00f3n del Edificio Alexa se encuentra invadiendo terrenos comprendidos dentro de los linderos se\u00f1alados en la Escritura P\u00fablica n\u00famero 35 otorgada el 15 de enero de 1996 ante la Notar\u00eda de Anserma\u201d (auto de 19 de enero de 1999, fl. 57, cdno 1), a lo que respondieron, de manera clara y directa, que esa edificaci\u00f3n \u201cno ha invadido el terreno se\u00f1alado\u201d en dicho instrumento (fl. 59, cdno. 2). Cosa muy distinta es que los fundamentos del dictamen y su resultado no se hayan avenido al parecer o a la conveniencia de la parte demandante, m\u00e1s ello no es suficiente para demostrar un error de apreciaci\u00f3n del Tribunal, tanto m\u00e1s si se recuerda que \u201cel sentenciador de instancia goza de autonom\u00eda para calificar y apreciar la firmeza, precisi\u00f3n y calidad de los fundamentos del dictamen pericial\u201d, motivo por el cual, \u201cmientras la conclusi\u00f3n que \u00e9l saque no sea contraevidente, sus juicios al respecto son inmodificables\u201d (G.J. t. CCXII, p\u00e1g. 143)\u201d (cas. civ. de 12 de abril de 2000; exp: 5042). <\/p>\n
Por estas razones, entonces, el cargo no prospera. <\/p>\n
b. En lo tocante con la segunda censura, en la que se reproch\u00f3 al sentenciador por no haber decretado oficiosamente la inspecci\u00f3n judicial sobre la franja de lote disputada, llama la atenci\u00f3n que dicha prueba, pedida como fue por el demandante en su libelo (fl. 6, cdno. 1), fue denegada por el juez de conocimiento al decretar las pruebas del juicio, porque la solicitud no atendi\u00f3 las exigencias contempladas en el art\u00edculo 245 del C. de P.C. (fls. 54 y 54 vlto., ib.), sin que esa providencia hubiere sido cuestionada a trav\u00e9s de los recursos ordinarios. Por tanto, no armoniza con esa conducta omisiva, que se utilice el recurso extraordinario de casaci\u00f3n para censurarle al Tribunal que no hubiere decretado esa probanza de oficio, en franca contrav\u00eda de la actitud asumida por la parte durante la primera instancia. <\/p>\n
Pero m\u00e1s all\u00e1 de esta circunstancia, es evidente que para establecer la identidad entre el predio pose\u00eddo por el demandado y el bien de propiedad del demandante cuya reivindicaci\u00f3n se solicita, puede acudirse a cualquier medio de prueba \u2013como es inherente a un r\u00e9gimen inspirado en el principio de libertad probatoria (art. 175 C.P.C.)-, entre ellos la confesi\u00f3n, los documentos y, claro est\u00e1, el dictamen de peritos o la inspecci\u00f3n judicial, sin que se pueda afirmar que s\u00f3lo a trav\u00e9s de esta \u00faltima puede acreditarse el aludido presupuesto material de la acci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Es cierto que el legislador, para determinados asuntos, orden\u00f3 la pr\u00e1ctica forzosa de la inspecci\u00f3n judicial, como en el caso de la pertenencia y de las servidumbres (arts. 407 y 415 C.P.C.), con el confesado prop\u00f3sito de que el juez, de visu, se percatara de los hechos alegados por las partes como soporte de sus pretensiones, sin que, aun en esas hip\u00f3tesis, pueda considerarse que dicha prueba es necesaria para probar los hechos que le son propios a tales litigios, pues el legislador, en esas materias, no consagr\u00f3 un r\u00e9gimen de tarifa legal, de suyo excepcional en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil que rige desde 1970. Pero adem\u00e1s, por ser normas de excepci\u00f3n, no pueden aplicarse por analog\u00eda, como lo sugiere el recurrente, como tampoco resulta procedente deducir de la innegable pertinencia de esa prueba para el caso de la reivindicaci\u00f3n, la obligatoriedad para el juez de decretarla de oficio, al amparo de los art\u00edculos 37, numeral 4\u00ba, 179 y 180 de la misma codificaci\u00f3n y, menos a\u00fan, argumentar que por esa supuesta inadvertencia, se violaron normas de disciplina probatoria, habida cuenta que \u201cAdmitir que faltar al deber de decretar pruebas de oficio podr\u00eda implicar un error de derecho, no constando a\u00fan, it\u00e9rase, el requisito de la existencia y la trascendencia de la mismas, no cuadra del todo con la filosof\u00eda del recurso de casaci\u00f3n\u201d (cas. civ. de 11 abril de 2005; exp. 0056-02). <\/p>\n
c. En lo que respecta a la tercera acusaci\u00f3n, relativa a supuestos errores de hecho en que habr\u00eda incurrido el Tribunal, por no haber apreciado los distintos t\u00edtulos de propiedad de los inmuebles de propiedad del demandante y de los demandados, el certificado de tradici\u00f3n del primero, las cartas catastrales de los predios, la confesi\u00f3n ficta que se configur\u00f3 por la inasistencia de aquellos a absolver interrogatorios de parte, su conducta procesal y unos planos de construcci\u00f3n, baste decir que el impugnante se limit\u00f3 a relacionar las distintas probanzas, pero sin detenerse en cada una de ellas, para luego precipitar la conclusi\u00f3n consistente en que, a su juicio, tales medios de prueba acreditaban que \u201cla edificaci\u00f3n \u2018Alexa\u2019 ocupa parte del terreno del demandante…\u201d (fl. 56, cdno. 6). <\/p>\n
Sin embargo, no se detuvo el recurrente a precisarle a la Corte, como le correspond\u00eda, qu\u00e9 es lo que dicen en concreto tales pruebas que el Tribunal omiti\u00f3 advertir, como tampoco por qu\u00e9 de ellas pod\u00eda colegirse la identidad extra\u00f1ada por el juzgador. Con otras palabras, la censura pas\u00f3 por alto la carga de demostraci\u00f3n que le impone el art\u00edculo el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 374 del C. de P.C., pues \u201cno basta simplemente la enunciaci\u00f3n de que el fallador dej\u00f3 de apreciar una prueba…, para que se entienda debidamente demostrado un error f\u00e1ctico: en tal momento de su discurso se halla el censor apenas comenzando su camino, porque a \u00e9l \u2013no al tribunal de casaci\u00f3n- incumbe adem\u00e1s acreditar en qu\u00e9 forma ese medio probatorio supuestamente olvidado s\u00ed acredita el hecho cuya presencia en autos se reclama. Pues demuestra quien prueba, no quien enuncia, no quien env\u00eda a otro a buscar la prueba\u201d (se subraya; cas. civ. de 14 de mayo de 2001; exp.: 6752). <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo indicado, cumple acotar que, distinto de lo sostenido por el casacionista, el ad quem s\u00ed repar\u00f3 en la existencia de los medios probatorios cuya preterici\u00f3n se acusa, como se constata de la simple lectura del resumen del fallo de segundo grado que se hiciera en los antecedentes de esta providencia. En su sentencia, el Tribunal hizo expl\u00edcita alusi\u00f3n a las m\u00faltiples escrituras p\u00fablicas, folios de matr\u00edcula y planos que menciona el censor, s\u00f3lo que lleg\u00f3 a conclusiones que \u00e9ste no comparte, sin que se hubiere demostrado la incursi\u00f3n en error de hecho, que como se sabe debe ser manifiesto y trascendente, al no dar por acreditada la identidad que, para la prosperidad de la reivindicaci\u00f3n, debi\u00f3 acreditarse entre el predio reclamado y el que pertenece al dominio del libelista. <\/p>\n
Tampoco puede afirmarse, como lo asever\u00f3 el impugnante, que el Tribunal no vio la confesi\u00f3n ficta derivada de la falta de comparecencia de los demandados a rendir su declaraci\u00f3n de parte, porque tanto la apreci\u00f3 el juzgador, que de ella afirm\u00f3 que fue desvirtuada \u2013o infirmada- con motivo del resultado de la experticia, corroborada a su vez por los testigos L\u00f3pez Salazar, Riascos y Pati\u00f1o Gallego. <\/p>\n
La censura, pues, deviene frustr\u00e1nea. <\/p>\n
e. Lo propio acontece con el cargo cuarto, en el que el impugnante cuesti\u00f3n\u00f3 la valoraci\u00f3n que se hizo de la prueba testimonial, espec\u00edficamente de las declaraciones que rindieron Hermilson L\u00f3pez Salazar, Julio Riascos y Alvaro De La Cruz Pati\u00f1o, a cuyas versiones hizo alusi\u00f3n \u2013con palabras del propio recurrente-, pero sin detenerse a confrontar lo que en torno a ellas dijo el juzgador de segundo grado, esto es, a ilustrar sobre la forma como el Tribunal habr\u00eda desconocido, supuesto o alterado el contenido objetivo de esas pruebas. Antes bien, el recurrente se dio a la tarea de fustigar a los propios testigos por lo que no dijeron, pues les reproch\u00f3 que no hubieren referido que el predio de los demandados \u201cestuviese conforme a las medidas y\/o t\u00edtulos de los predios colindantes\u201d, entre ellos el del libelista (fl. 59, cdno. 6), o que no dieron explicaci\u00f3n de ciertos hechos, o que no indicaron si, antes de levantar la construcci\u00f3n en el lote de los se\u00f1ores Valencia \u2013 Agudelo, confrontaron \u201clas mesuras del inmueble propiedad de la parte actora para estimar si la obra atravesar\u00eda o no el lindero respectivo\u201d (fl. 60, ib.). <\/p>\n
Por tanto, si la demostraci\u00f3n de un error de hecho exige \u201cponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u201d (cas civ. de 15 de septiembre de 1993, reiterada en sentencia de junio 28 de 2000; exp.: 5430), resulta incontestable que el argumento presentado por el casacionista constituye una simple alegaci\u00f3n de instancia que, por respetable que resulte, deviene insuficiente en casaci\u00f3n para demostrar la configuraci\u00f3n de un t\u00edpico error de hecho, evidente y trascendente en la valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Ahora bien, al reproche que se formula por haberse dado m\u00e9rito a testimonios de personas que fueron trabajadores de la parte demandada (los dos primeros), o tradente del inmueble (el \u00faltimo), baste responder que \u201cla sospecha no descalifica de antemano \u2013pues ahora se escucha al sospechoso-, sino que simplemente se mira con cierta aprensi\u00f3n a la hora de auscultar qu\u00e9 tanto cr\u00e9dito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un an\u00e1lisis cr\u00edtico de la prueba, y, despu\u00e9s \u2013acaso lo m\u00e1s prominente- halla respaldo en el conjunto probatorio\u201d (cas. civ. de 19 de septiembre de 2001; exp.: 6624, reiterada en cas. civ. de 26 de octubre de 2004; exp.: 9505). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta censura tampoco se abre paso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de la fecha y procedencia prenotadas. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo de la parte vencida. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
Oportunamente, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-196-2005 [6320] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1 D.C. veintiocho (28) de julio de dos mil cinco (2005) Referencia: Exp. No. 6320 La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la parte demandante respecto de la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83032","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83032","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83032"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83032\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83032"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83032"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83032"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}