SC-197-2005 [1100131030181993-20302-02]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de Julio de dos mil cinco (2005).- <\/p>\n
Ref: Exp: 110013103018 1893 20302-02 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Juan Portillo D\u00edaz respecto de la sentencia proferida el 22 de agosto de 2003 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso que promovi\u00f3 contra Chaid Neme Hermanos S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El aludido demandante llam\u00f3 a proceso ordinario a la referida sociedad, para que se declarara, como pretensi\u00f3n principal, que es absolutamente nula la transferencia que le hizo de unos tractocamiones; en subsidio, que tales actos de apropiaci\u00f3n por parte del demandado, no produc\u00edan efecto alguno y que, en consecuencia, se ordene su restituci\u00f3n, o en su defecto que se le pague el valor que ten\u00edan para la fecha de la enajenaci\u00f3n, debidamente indexado hasta el d\u00eda de su cancelaci\u00f3n; que, adem\u00e1s, se le ordene a la demandada reconocer el lucro cesante causado desde el mes de abril de 1993, hasta cuando el pago de los automotores se verifique. <\/p>\n
2. Para sustentar sus peticiones, el se\u00f1or Portillo adujo que celebr\u00f3 con la sociedad demandada varios contratos de compraventa \u2013a cr\u00e9dito- de automotores, sobre los que constituy\u00f3 prenda sin tenencia a favor del acreedor, quien luego retuvo los veh\u00edculos por incumplimiento en el pago de unas cuotas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el abogado que aquella apoder\u00f3 para cobrar la obligaci\u00f3n, una vez obtuvo la confianza del deudor, logr\u00f3 que este convenciera a la sociedad Portillo Sierra y C\u00eda. S. en C. para que avalara el pago; que no propusieran excepciones en el proceso ejecutivo, y que entregara los camiones como parte de la soluci\u00f3n, por lo que se firmaron las cartas de entrega y traspaso, a pesar de hallarse los automotores en poder de la demandada. <\/p>\n
Estim\u00f3 que por el deterioro y uso de los veh\u00edculos, deb\u00edan considerarse perdidos y, por tanto, extinguidas las garant\u00edas. Adem\u00e1s, la daci\u00f3n en pago no se ajust\u00f3 a los requisitos legales, y provoc\u00f3 un enriquecimiento sin causa del acreedor. <\/p>\n
2. La sociedad demandada contest\u00f3 el libelo con oposici\u00f3n a las pretensiones, las cuales enfrent\u00f3 alegando la \u201cinexistencia de la nulidad invocada\u201d, \u201cprescripci\u00f3n de la nulidad invocada\u201d, \u201ccosa juzgada\u201d, \u201cinexistencia de enriquecimiento il\u00edcito\u201d e \u201cinexistencia del abuso del derecho\u201d. <\/p>\n
3. El Juez 18 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda, en sentencia de 17 de noviembre de 1999, decisi\u00f3n que el Tribunal Superior confirm\u00f3 a trav\u00e9s del fallo censurado. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
En lo pertinente, el juzgador de segundo grado record\u00f3 las condiciones de validez de los contratos, las cuales, a su juicio, concurr\u00edan en los negocios cuestionados, puesto que ninguna irregularidad se apreciaba en lo tocante a la capacidad, el objeto y la causa; en cuanto al consentimiento, asever\u00f3 que tampoco fue afectado, pues aunque el acreedor prendario, ante el incumplimiento del deudor, retuvo los veh\u00edculos objeto de la prenda, este hecho no constituy\u00f3 fuerza capaz de minar la voluntad, en cuanto obedeci\u00f3 a la posibilidad de un \u201carreglo amistoso\u201d sugerido por el apoderado del acreedor. M\u00e1s a\u00fan, ante un posible enga\u00f1o, el deudor contaba con medios legales para recuperar la posesi\u00f3n, con el prop\u00f3sito de contrarrestar el comportamiento irregular de la demandada. <\/p>\n
Centrado en la pretensi\u00f3n principal, relativa a la nulidad de las daciones aludidas, el Tribunal concluy\u00f3 que no obstante el distanciamiento de las partes en cuanto al contenido del arreglo, espec\u00edficamente en lo que concierne al valor dado a los veh\u00edculos, era claro que \u201cPortillo D\u00edaz consinti\u00f3 en los contratos y, consecuencialmente, cualquier tipo de maniobras subrepticias de Chaid Neme Hermanos o de su apoderado no fueron necesarias para la suscripci\u00f3n de los contratos\u201d (fl. 194, cdno. 7), por lo que neg\u00f3 tal pretensi\u00f3n. Y como juzg\u00f3 v\u00e1lidos los contratos en cuesti\u00f3n, estim\u00f3 que, por lo mismo, se frustraba la primera pretensi\u00f3n subsidiaria, que plante\u00f3 la ineficacia de los actos de disposici\u00f3n y apropiaci\u00f3n realizados por el demandado y sus subadquierentes. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
El recurrente formul\u00f3 dos cargos contra la sentencia, ambos por la v\u00eda directa, seg\u00fan se deduce del problema jur\u00eddico que en ellos se plante\u00f3, circunstancia que justifica unas consideraciones comunes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de violar \u2013por falta de aplicaci\u00f3n- los art\u00edculos 899 numeral 1\u00ba, 1202 y 1203 del C. de Co.; 1741 y 2422 del C.C. y 2 de la Ley 50 de 1936, al negar la existencia de la nulidad absoluta. <\/p>\n
Luego de reproducir los referidos textos legales y doctrina que juzg\u00f3 pertinente para el caso, manifest\u00f3 el recurrente que el Tribunal se equivoc\u00f3 al confrontar la legalidad de los negocios cuestionados con las disposiciones generales que regulan la validez de los actos jur\u00eddicos, error que lo llev\u00f3 a no declarar la nulidad de los actos de apropiaci\u00f3n y disposici\u00f3n de los bienes dados en prenda, as\u00ed como a puntualizar \u201cque la transferencia de automotores para el pago de obligaciones no est\u00e1 prohibido, ni menoscaba las buenas costumbres, y que los bienes transferidos no estaban fuera del comercio\u201d, por lo que dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 1202 y 1203 del C. de Co., en cuanto \u201cprohiben toda forma de disposici\u00f3n o apropiaci\u00f3n del bien prendado por parte del acreedor, sin acudir a los procedimientos que la misma ley prev\u00e9\u201d, as\u00ed como el articulo 1741 del C.C. \u201cque sanciona con nulidad absoluta la inobservancia de las formalidades de ley para la disposici\u00f3n de la prenda\u201d (fls. 26 y 27 cdno. 8). <\/p>\n
Memor\u00f3 el recurrente, que si bien no es punto pac\u00edfico en la doctrina, si el \u201cpacto comisorio\u201d s\u00f3lo genera invalidez del contrato cuando concurre con su celebraci\u00f3n, o si tambi\u00e9n se produce en el caso de ajustarse con posterioridad, concluy\u00f3 que como la ley no distingui\u00f3, era de rigor aceptar que ese momento \u201ces intrascendente frente a la consecuencia jur\u00eddica predicada\u201d, tanto m\u00e1s si \u201cel esp\u00edritu de la ley es proteger al deudor contra la avaricia del acreedor\u201d (fl. 26, cdno. 8). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que si el Tribunal hubiera observado las normas omitidas, habr\u00eda concluido que la prenda s\u00f3lo puede hacerse efectiva mediante subasta p\u00fablica ordenada por el Juez, y que cualquier otro acto de disposici\u00f3n afecta el negocio de nulidad absoluta. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de violar, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 897, 1202, 1203 del C. de Co. y 2422 del C. C., por no haber reconocido el ad quem que los actos de disposici\u00f3n directa de los bienes objeto de prenda, no produc\u00edan efecto jur\u00eddico, dado que el acreedor no los adquiri\u00f3 en p\u00fablica subasta. <\/p>\n
Amparado en el art\u00edculo 1202 del C. de Co., sostuvo el impugnante que la ley le otorga el acreedor el derecho de hacerse pagar con el producto de la venta del bien, pero no de manera abusiva, disponiendo directamente del mismo, sino con intervenci\u00f3n de la autoridad y mediante licitaci\u00f3n p\u00fablica. Destac\u00f3 igualmente que la norma, al referirse al t\u00e9rmino \u201capropiaci\u00f3n\u201d, no alud\u00eda a medios ilegales, sino a formas diferentes a la subasta, por lo que el Tribunal err\u00f3 al concluir que Chaid Neme no se apropi\u00f3 de los bienes por medios il\u00edcitos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
En virtud de esa restricci\u00f3n, se encuentran prohibidos aqu\u00e9llos pactos que, ajustados al momento de la pignoraci\u00f3n y para la hip\u00f3tesis de incumplimiento, autoricen al acreedor a conservar o enajenar en forma amigable \u2013y extrajuicio- la cosa prendada, en orden a satisfacer el derecho de cr\u00e9dito con esa atribuci\u00f3n del dominio, o con el producto de la enajenaci\u00f3n. En ese sentido, in concreto, no s\u00f3lo se encuentran vedados los acuerdos que tengan esa finalidad \u2013una de cuyas manifestaciones es la llamada cl\u00e1usula de v\u00eda c\u00e9lere o expedita-, sino tambi\u00e9n aqu\u00e9llos otros que, al amparo de diversas tipolog\u00edas negociales, tengan la misma finalidad y que, por lo mismo, no sean m\u00e1s que un ropaje para eludir la recta aplicaci\u00f3n de la ley. La Corte se refiere, en este \u00faltimo caso, a los llamados pactos pignoraticios, en los que se aprovecha, por v\u00eda de ejemplo, la estructura de negocios jur\u00eddicos l\u00edcitos como la compraventa con pacto de recompra, para disfrazar la prenda o la hipoteca con otro contrato que radica el dominio de la cosa pignorada en cabeza del acreedor, quien, por tanto, podr\u00eda disponer de ella a su arbitrio, lo cual facilitar\u00eda el cobro de intereses de usura, particularmente en aquellos eventos en los que, como es habitual, el bien prendado o hipotecado tiene un mayor valor que el cr\u00e9dito que respalda, por manera que el acreedor, en apariencia due\u00f1o, ve incrementado su patrimonio injusta e ilegalmente, en particular por la diferencia que existe entre el costo real de la deuda y el precio de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que, en ambos casos, el legislador pretende proteger \u2013con raz\u00f3n- a la persona del deudor, quien f\u00e1cil y probablemente podr\u00eda sucumbir a las exigencias lesivas de prestamistas que, prevalidos de la necesidad de cr\u00e9dito que tiene aqu\u00e9l, terminar\u00edan imponi\u00e9ndole condiciones gravosas o desventajosas respecto a su patrimonio, m\u00e1s all\u00e1 de los justos requerimientos de una garant\u00eda. En palabras de la Corte que conviene memorar, la prohibici\u00f3n tiene el confesado prop\u00f3sito de amparar \u201cal deudor frente al natural poder dominante del acreedor\u201d (cas. civ. de 27 de julio de 2000; exp.: 6238), en el entendido que, de permitirse tales pactos, \u201cse sacrificar\u00edan disposiciones legales tutelares del dominio y dem\u00e1s derechos del deudor\u201d, de suerte que los mecanismos establecidos en la ley para la efectividad de la prenda por el acreedor, procuran que la obligaci\u00f3n \u201csea cumplida sin menoscabos innecesarios… que implicar\u00edan abuso del derecho por parte de \u00e9ste\u201d (G.J. Nos. 1901-1902, p\u00e1g. 499). <\/p>\n
2. Por su importancia en el asunto espec\u00edfico que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, sobre todo por la evoluci\u00f3n registrada en punto tocante con este instituto, la que resulta esclarecedora, es provechoso recordar, primeramente, que este tipo de pactos, per se, no siempre fue fustigado por la ley, habida cuenta que en el pasado, al amparo de una postura de suyo diversa, fue incluso tolerado, concepci\u00f3n que luego variar\u00eda radicalmente, por pot\u00edsimas razones de naturaleza protectora. <\/p>\n
En efecto, en el derecho romano cl\u00e1sico y en guarda de la conocida lex commissoria, se reconoci\u00f3 al acreedor prendario cuyo cr\u00e9dito no hab\u00eda sido satisfecho, el derecho de atribuirse ipso iure la propiedad sobre la cosa pignorada, por un valor que se consideraba equivalente al monto de la deuda (pacto de comiso), derecho \u00e9ste que complement\u00f3 la prerrogativa de naturaleza contractual de vender la cosa cuando se verificara dicha condici\u00f3n (pactum vendendi). El prop\u00f3sito de dicho acuerdo era mejorar la garant\u00eda del acreedor, dado que el derecho a la venta no era inherente a la prenda, sino que ten\u00eda origen convencional. Fue sin embargo el Emperador Constantino, guiado por las ideas tuitivas emergentes del cristianismo, quien prohibi\u00f3 esa particular expresi\u00f3n del pacto comisorio, justamente para proteger los humiliores1 <\/p>\n
; pero al propio tiempo, consider\u00f3 de la esencia de la prenda el derecho a vender la cosa, seg\u00fan el caso, en la hip\u00f3tesis de falta de pago (ius distrahendi), de modo que no fuera necesaria convenci\u00f3n al respecto, como tampoco posible acuerdo en contrario. Siglos despu\u00e9s, en el marco del derecho medieval, a la prohibici\u00f3n de pactos comisorios as\u00ed concebidos, se aparej\u00f3 el rechazo a los llamados pactos pignoraticios, al punto que en las legislaciones civil y can\u00f3nica se proscribi\u00f3 su procedencia (exceptiones petri, II, 41, De pacto debitoris ex pignore). <\/p>\n
El Derecho espa\u00f1ol hist\u00f3rico2 <\/p>\n
y el civil franc\u00e9s, de igual modo, concibieron el referido derecho del acreedor prendario en esos mismos t\u00e9rminos y, por esa v\u00eda, fue recepcionado por los ordenamientos chileno y colombiano, el \u00faltimo de los cuales consagr\u00f3 el derecho de aquel a pedir la venta en p\u00fablica subasta, \u201csin que valga estipulaci\u00f3n alguna en contrario\u201d, a la par con la prohibici\u00f3n de los apellidados pactos comisorios y pignoraticios (art. 2422 C.C.), siendo \u00fatil resaltar, que no obstante la mayor perentoriedad y explicitud del texto de la norma incorporada en el art\u00edculo 2078 del C\u00f3digo Civil Franc\u00e9s \u2013punto de partida en la elaboraci\u00f3n de los distintos proyectos del don Andr\u00e9s Bello, todos ellos uniformes en torno al alcance de la referida prohibici\u00f3n3-, la doctrina gala, en general, ha precisado y reiterado con especial \u00e9nfasis, que la nulidad de la cl\u00e1usula en comentario s\u00f3lo tiene lugar cuando es concomitante con el contrato de prenda, no as\u00ed cuando es ulterior (Baudry-Lacantinerie, Mazeaud, Josserand, Planiol y Ripert, entre otros). <\/p>\n
3. Ahora bien, aunque es adamantina \u2013y adem\u00e1s por ello plenamente justificada- la repulsi\u00f3n del legislador por las cl\u00e1usulas que, \u201cdirecta o indirectamente, en forma ostensible u oculta\u201d, le permitan al acreedor disponer de la prenda o hacerse a su dominio por medio distinto a la subasta p\u00fablica o de la adjudicaci\u00f3n, a ello no le sigue que, luego de celebrado el negocio jur\u00eddico de pr\u00e9stamo o, en general, el contrato del que emana la obligaci\u00f3n que se quiere garantizar, puedan las partes ajustar un acuerdo l\u00edcito que posibilite la efectividad del derecho de prenda, en t\u00e9rminos diferentes de los previstos por la ley, se anticipa, no de manera absoluta. <\/p>\n
Efectivamente, a trav\u00e9s de la prohibici\u00f3n que se comenta, seg\u00fan se advirti\u00f3, el legislador aspira a equilibrar los intereses de las partes, de modo que las mayores o menores presiones que pudiera tener el prestatario que sufre \u201cla dura ley de la necesidad\u201d, y que se gestan en ciertos casos en atenci\u00f3n a \u201cla explotaci\u00f3n de la miseria por la codicia\u201d \u2013a voces de la doctrina-, no puedan ser aprovechadas por el prestamista para obtener una ventaja que, en grado superior del que es pertinente, restrinja el libre ejercicio del derecho de propiedad sobre los bienes objeto de prenda. Con otras palabras, el apremio del deudor, sus carencias o limitaciones econ\u00f3micas, o, en el mejor de los casos, su falta de liquidez, son factores que no pueden incidir al momento de determinar el alcance de los derechos del acreedor sobre los bienes objeto de prenda o hipoteca. Por eso la ley cerr\u00f3 el paso a toda posibilidad de acuerdo que, al tiempo de materializarse la pignoraci\u00f3n, pudiera privilegiar la posici\u00f3n jur\u00eddica y econ\u00f3mica del acreedor, en desmedro de un deudor compelido por sus propias restricciones. <\/p>\n
Pero luego de celebrado el respectivo contrato de prenda o de hipoteca, en desarrollo del arraigado principio de la autonom\u00eda privada, es dable afirmar que, ex intervallo, bien pueden acreedor y deudor celebrar acuerdos que, por fuera del marco negocial primigenio, faciliten la realizaci\u00f3n de la garant\u00eda, en el entendido que este \u00faltimo \u2013por regla- ya no tiene el apremio de obtener un cr\u00e9dito y, por lo mismo, puede m\u00e1s libre y soberanamente exteriorizar su voluntad para la satisfacci\u00f3n de sus individuales intereses. Obs\u00e9rvese que, en este caso, los m\u00f3viles de ambas partes pueden ser distintos, pues ya no se trata de otorgar garant\u00eda suficiente como para habilitar el pr\u00e9stamo, o de obtener respaldo bastante como para hacer el desembolso, sino, por v\u00eda de ilustraci\u00f3n, trat\u00e1ndose del deudor, el de pagar una obligaci\u00f3n cuyo cumplimiento se dificulta, o el de solventarla prontamente para evitar su desbordamiento por causa de unos intereses de mora que la acrecientan, o acaso el de persuadir al acreedor de las ventajas de recibir en pago una cosa distinta de la que se le debe, en este caso la prenda, o el de mejorar las condiciones de venta del bien, intereses todos que pueden ser concertados con los del acreedor, afanado, por v\u00eda de ejemplo, por un pronto recaudo y por la necesidad de reducir los riesgos inherentes al no pago de la deuda, a la par que interesado en un pago efectivo y no por equivalencia. <\/p>\n
Es evidente que, en \u00e9stas hip\u00f3tesis, el deudor \u2013en l\u00ednea de principio- no se encuentra siempre en condiciones de necesidad especiales que puedan ser aprovechadas desmedida e indefectiblemente por su acreedor, de modo que \u00e9l mismo puede salir en defensa de sus propios intereses, siendo claro que la sola dificultad de atender el deber de prestaci\u00f3n, no autoriza sostener lo contrario, pues estando ya constituida la prenda, aquel, en todo caso, est\u00e1 llamado a soportar el ejercicio de los derechos que le reconoce la ley al acreedor prendario, entre ellos el de vender en p\u00fablica subasta la cosa prendada, e incluso hac\u00e9rsela adjudicar, de suerte que no se evidencia una raz\u00f3n irrefutable, inamovible e ineludible para que, por v\u00eda de acuerdos libre y razonadamente configurados, fruto de una negociaci\u00f3n reflexiva y en modo hija de la imposici\u00f3n o del abuso, acreedor y deudor puedan mejorar las condiciones de uno y otro en punto tocante con la efectividad de ese derecho. <\/p>\n
Luego es claro que la prohibici\u00f3n al acreedor prendario o hipotecario de apropiarse o disponer de otra manera de la prenda \u2013que no se desconoce, la Sala enfatiza en ello-, aun cuando es di\u00e1fana, no es absoluta, sino relativa, como lo entiende la communis opinio, pues lo que sancionan las normas es que las partes, en el mismo contrato o negocio pignoraticio, prevean mecanismos distintos de los contemplados en ellas, para que esa apropiaci\u00f3n o enajenaci\u00f3n tenga lugar; pero nada obsta para que, a posteriori, acreedor y deudor celebren acuerdos en virtud de los cuales aquel pueda hacerse al dominio de la cosa prendada o hipotecada, sin necesidad de venta p\u00fablica, ni de proceso judicial, o que el bien pignorado se enajene en forma privada por el deudor, para que el precio se aplique directamente al pago de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Por eso la mayor\u00eda de la doctrina francesa, en forma por dem\u00e1s elocuente, se\u00f1ala que \u201cuna vez concertado el contrato de prenda, la presi\u00f3n del acreedor no es tan temible; por eso se admite la validez de esos pactos despu\u00e9s de la constituci\u00f3n de la prenda\u201d4, sea que la apropiaci\u00f3n de la cosa pignorada o la disposici\u00f3n de la misma sin las formalidades legales, se ajusten luego de ocurrido el vencimiento de la obligaci\u00f3n garantizada, o que se pacten con anterioridad a ese hecho. De igual forma en el derecho colombiano, \u201cla venta de la prenda, hecha sin fraude por el deudor al acreedor, despu\u00e9s de vencido el plazo y a\u00fan antes, pero posteriormente al contrato, se considera v\u00e1lida\u201d5 (se subraya), como lo es tambi\u00e9n la daci\u00f3n en pago que se verifique entre ellos, desde luego que en ejecuci\u00f3n de acuerdos posteriores al negocio jur\u00eddico pignoraticio, instituci\u00f3n esa por lo dem\u00e1s de frecuent\u00edsima pr\u00e1ctica en el d\u00eda d\u00eda de las operaciones mercantiles en Colombia, muy concretamente en el campo de la actividad financiera, se itera, de sistem\u00e1tica usanza. <\/p>\n
No desconoce la Sala que un sector no mayoritario de la doctrina considera inv\u00e1lido \u2013o ineficaz- el apellidado pacto comisorio, a\u00fan despu\u00e9s de celebrado el contrato de prenda o de hipoteca, con el argumento basilar de no existir distinci\u00f3n en la ley, el que no siempre resulta definitivo. Empero, no se puede perder de vista que la prohibici\u00f3n en comentario debe ser aplicada en forma restrictiva, esto es, dentro del preciso marco que supuso la ley, de suerte que si el legislador, en forma expresa, no extendi\u00f3 esa veda a los acuerdos posteriores, no puede el int\u00e9rprete suponer que esa voluntad indefectiblemente se encuentra impl\u00edcita en la norma. Y es bien sabido que \u201cla ley, cuando quiso decir, dijo; cuando no quiso, call\u00f3\u201d (lex, ubi voluit, dixit; ubi noluit, tacuit), o si se prefiere, \u201cla ley no omiti\u00f3 inconsideradamente sino porque no quiso que fuere dicho\u201d (lex non omittit incaute, sed quia dictum noluit). <\/p>\n
4. La daci\u00f3n en pago de la cosa prendada es un esclarecido ejemplo de los acuerdos a que pueden llegar acreedor y deudor, luego de constituida la garant\u00eda, para solucionar total o parcialmente la obligaci\u00f3n. Si ella constituye un modo aut\u00f3nomo de extinguir las obligaciones, no se ve la raz\u00f3n para prohibirla \u2013de ra\u00edz- en trat\u00e1ndose de las que tienen respaldo en una garant\u00eda real y en relaci\u00f3n, claro est\u00e1, con el bien pignorado, no s\u00f3lo porque de esa manera se facilita la liberaci\u00f3n del deudor, ello es medular, sino tambi\u00e9n porque no existe fundamento alguno para restringir, en ese espec\u00edfico punto, la plena aplicaci\u00f3n del principio de autonom\u00eda de la voluntad, m\u00e1xime cuando el legislador, pudiendo, no lo proscribi\u00f3 expresamente. <\/p>\n
Es m\u00e1s, la daci\u00f3n en pago o la venta extrajudicial de la cosa hipotecada o prendada, acordadas con posterioridad a la pignoraci\u00f3n, pueden, de suyo, resultar m\u00e1s favorables al propio deudor \u2013seg\u00fan el caso-, en cuanto evita que a la obligaci\u00f3n propiamente dicha, se agregue el valor de las costas judiciales \u2013por regla general a su cargo (arts. 2424 C.C.; 392, 507, 555, num. 6\u00ba y 555, num. 5\u00ba C.P.C.)-, as\u00ed como el aumento del saldo de la deuda, por causa de los intereses de mora que se generan mientras se tramita el proceso judicial, no siempre expedito. Desde luego que si se afirma que el derecho a la venta que tiene el acreedor (ius distrahendi), debe canalizarse necesariamente a trav\u00e9s del proceso coactivo previsto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el derecho dejar\u00eda de ser tal, para convertirse en deber, y su ejercicio, en la m\u00e1s poderosa herramienta del acreedor para desconocer la voluntad de pago del deudor il\u00edquido, urgido de solucionar la deuda radicada en su cabeza, cuyos bienes, como en veces ocurre, resultan insuficientes al tiempo de la subasta para cancelar la totalidad del d\u00e9bito. <\/p>\n
5. Para abundar en razones, destaca la Corte que lo que es esencial al derecho de prenda, sin el cual, o no produce efecto, o degenera en otro contrato diferente (art. 1501 C.C.), es el derecho del acreedor a la venta \u2013y eventual adjudicaci\u00f3n- de la cosa pignorada; esto, claro est\u00e1, es de orden p\u00fablico; pero es incontestable que a ese derecho no le es consubstancial una forma espec\u00edfica de venta, al punto que el art\u00edculo 2422 del C\u00f3digo Civil, ni siquiera hace referencia a una subasta p\u00fablica de car\u00e1cter judicial. Incluso, el art\u00edculo 1202 del C\u00f3digo de Comercio, autoriza a cualquiera de las partes para solicitarle al juez que \u201cla subasta se haga en martillo, bolsa de valores u otro establecimiento semejante que funcione legalmente en el lugar\u201d, sin que sea necesario un proceso judicial previo, en el que, por cierto, la Ley 794 de 2003 otorg\u00f3 similar derecho a los litigantes (art. 58, par. 1\u00ba). <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, obs\u00e9rvese que el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 124 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero (Dec. 663\/93), ciertamente especial, le concede a todo establecimiento bancario el derecho a \u201chacer rematar la prenda en un martillo\u201d, \u201ctranscurridos veinte (20) d\u00edas despu\u00e9s de vencido el plazo de una obligaci\u00f3n garantizada con prenda\u201d, sin que el deudor hubiere cancelado la deuda y previo aviso al deudor, \u201cdebiendo entregar al prestatario lo que sobre, deducido del producto del remate el capital, intereses y gastos\u201d, lo cual evidencia, de un lado, que al derecho a la venta del acreedor no le es inherente su judicializaci\u00f3n y, del otro, que si el acreedor \u2013en tal hip\u00f3tesis- puede acudir directamente a la subasta, sin que necesite la anuencia del juez o del prestatario, nada obsta para que las partes, de consuno, acuerden la enajenaci\u00f3n privada del bien pignorado, en orden a solucionar la deuda garantizada. <\/p>\n
Por consiguiente, es claro que el derecho del acreedor a la venta de la cosa prendada o hipotecada, para lograr el pago de la deuda, no necesaria e indefectiblemente debe canalizarse a trav\u00e9s del mecanismo de p\u00fablica subasta previsto en la ley, soluci\u00f3n \u00e9sta que es \u2013de suyo- extrema, en cuanto llamada a operar de forma plena cuando el deudor incumplido se resiste a pagar. Pero luego de ajustado el contrato pignoraticio respectivo, las partes son libres y aut\u00f3nomas para decidir, funcionalmente, c\u00f3mo realizar la prenda, por lo que, bajo tal supuesto, resultan v\u00e1lidas las estipulaciones que, respetando la libre determinaci\u00f3n y la voluntad del deudor, incorporen instrumentos de venta privada de la cosa pignorada, o que habiliten, bajo ciertas condiciones previstas por ellas y sin menoscabo de sus intereses, que el acreedor reciba el dominio del bien, en pago de la deuda no satisfecha. <\/p>\n
En este mismo sentido, espec\u00edficamente en torno a la validez ulterior de la daci\u00f3n en pago, expres\u00f3 la Corte Suprema de Chile \u2013al amparo de normas a\u00fan m\u00e1s restrictivas, posteriores a la expedici\u00f3n de su C\u00f3digo Civil de 1855-, \u201cque a \u00e9l no ha podido referirse la ley al expresar que no puede el acreedor apropiarse de la cosa dada en hipoteca, concepto que implica un acto de propia autoridad, sin la aquiescencia del deudor y baste decir que la daci\u00f3n en pago es un contrato en que, como tal, tiene que haber concurso de las voluntades de ambas partes\u201d (se subraya).6 <\/p>\n
En fin, no existe una orden imperativa, a fuer que inexorablemente restrictiva, emanada del legislador, de materializar el derecho de prenda o de hipoteca bajo un \u00fanico procedimiento, pues al derecho a vender no se le apareja una forma espec\u00edfica de venta. Naturalmente que el C\u00f3digo de ritos civiles establece una metodolog\u00eda procesal para llevar a cabo la venta en p\u00fablica subasta de la cosa pignorada (arts. 554 y ss.), porque, de una parte, esa es la hip\u00f3tesis que, de manera general, estableci\u00f3 la ley civil y, de la otra, es propio de tales codificaciones el dise\u00f1o de instrumentos compulsivos que le permitan al titular de un derecho sustancial, hacerlo efectivo cuando el obligado no se aviene a satisfacerlo. Pero no se podr\u00eda sostener, so capa del car\u00e1cter obligatorio de las normas procesales (art. 6), que el acreedor prendario o hipotecario est\u00e1 forzado a judicializar el cobro de la deuda, sin posibilidad de convenir con su deudor otros modos de extinguir su obligaci\u00f3n que incluyan la cosa prendada o hipotecada. Si el remate no es otra cosa que una venta forzada, y si la adjudicaci\u00f3n comporta una especie de \u201cdaci\u00f3n en pago\u201d, igualmente forzada, no existe raz\u00f3n para impedir, en l\u00ednea de principio, que luego de celebrado el contrato pignoraticio y con mayor raz\u00f3n cuando la finalidad es el pago de la deuda, acreedor y deudor ajusten una venta o una daci\u00f3n en pago voluntarias. <\/p>\n
No se olvide que es la propia ley civil la que establece la extinci\u00f3n del derecho de prenda, \u201ccuando la propiedad de la cosa empe\u00f1ada pasa al acreedor por cualquier t\u00edtulo\u201d (art. 2341 inc. 2\u00ba C.C.), lo que significa que el legislador, expl\u00edcitamente, posibilita negocios jur\u00eddicos de disposici\u00f3n sobre la cosa prendada, celebrados entre su due\u00f1o y el acreedor, en tanto ciertos y no simulados, sobre la base, seg\u00fan se rese\u00f1\u00f3, de haberse ajustado en desarrollo de acuerdos ulteriores a la pignoraci\u00f3n. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, adem\u00e1s, que negar la validez de tales actos, en esas condiciones celebrados, ser\u00eda establecer, por v\u00eda jurisprudencial o pretoriana, una inhabilidad o restricci\u00f3n liminar que el legislador no estableci\u00f3, ora directa, ora indirectamente (arts. 1851 a 1856 C.C.; 906 C. de Co.), am\u00e9n de desconocer el principio de la buena fe, tan caro en materia contractual, la cual, como es sabido, se presume (art. 835 C. de Co.). <\/p>\n
Por supuesto que si se acredita, ello es cardinal, que en la celebraci\u00f3n de tales pactos \u2013se repite, posteriores-, se hizo uso indebido de una inequ\u00edvoca posici\u00f3n dominante por parte del acreedor (inc. 3\u00ba, art. 333 C. Pol.); o que el deudor no consinti\u00f3 expresa, reflexiva y libremente en \u00e9l, por encontrarse incluido como mera y mec\u00e1nica cl\u00e1usula predispuesta y, por ende, no discutida en acuerdos ulteriores \u2013p. ej.: de reestructuraci\u00f3n de la deuda-; o que, por su particular configuraci\u00f3n, se trate de una cl\u00e1usula t\u00edpicamente abusiva, para resaltar s\u00f3lo algunas hip\u00f3tesis, le corresponder\u00e1 al juez derivar las consecuencias jur\u00eddicas previstas en la Constituci\u00f3n y ley, sea ella civil o comercial, seg\u00fan el caso, por desconocer la prohibici\u00f3n establecida en las referidas disposiciones, pues en estos casos habr\u00e1 evidencia de un empleo impropio y desequilibrado del mecanismo en referencia, siendo entonces procedente la intervenci\u00f3n del iudex para efectos de su verificaci\u00f3n, en aras de la consecuci\u00f3n de la denominada \u201cjusticia contractual\u201d. <\/p>\n
6. Reafirma la tesis expuesta, a manera de elocuente ejemplo, que el propio legislador, puntualmente, ha impulsado la celebraci\u00f3n de daciones en pago sobre bienes hipotecados, con el fin de facilitar la extinci\u00f3n de las obligaciones a cargo de ciertos deudores que merecen una especial protecci\u00f3n. Es el caso del Decreto 2331 de 1998 y de la Ley 546 de 1999, que autorizaron, pro tempore, al deudor de obligaciones hipotecarias contraidas para adquirir vivienda, a entregar en pago el inmueble hipotecado, \u201cpara cancelar la totalidad de lo adeudado\u201d. Sin duda, tales disposiciones constituyen una expresi\u00f3n de la validez de los acuerdos a que pueden llegar acreedor y deudor hipotecario o prendario, bien para celebrar una daci\u00f3n en pago, bien para implementar un mecanismo de disposici\u00f3n de la prenda distinto de la subasta o del camino judicial. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, no se puede soslayar que el derecho moderno, tanto el constitucional como el procesal, es m\u00e1s proclive a la adopci\u00f3n de posturas normativas que favorezcan la autocomposici\u00f3n de litigios, en el entendido de que la instancia judicial es \u2013y debe ser- el \u00faltimo recurso para dirimir controversias. No en vano, la Carta Pol\u00edtica establece como uno de los fines esenciales del Estado, \u201cfacilitar la participaci\u00f3n de todos en las decisiones que los afectan\u201d (art. 2\u00ba), reconociendo en la conciliaci\u00f3n un mecanismo particular de soluci\u00f3n de conflictos (inc. 4\u00ba, art. 116), lo que pone de presente, por regla, el aval a interpretaciones de los textos legales que faciliten a las partes resolver interna y directamente sus disputas. As\u00ed, por lo dem\u00e1s, lo ense\u00f1a el centenario brocardo: \u201cel legislador debe procurar que haya los menos pleitos posibles\u201d (litium paucitatem procuret legislator) <\/p>\n
En este sentido, no resulta a tono con esa teleolog\u00eda, impulsar un entendimiento de la ley que, am\u00e9n de restrictivo, aboga por la judicializaci\u00f3n de los conflictos que surjan entre el acreedor hipotecario o prendario y su deudor, al momento de hacer efectivo el derecho de aquel a realizar el bien pignorado, criterio \u00e9ste que se encuentra en contrav\u00eda de los se\u00f1alados prop\u00f3sitos constitucionales y tambi\u00e9n legales, am\u00e9n que pasa por alto que, en estrictez, la subasta p\u00fablica judicial no es un arquet\u00edpico acto jurisdiccional, en cuanto el Juez, en ese momento del proceso, no cumple la nobil\u00edsima tarea de decir el derecho, sino que funge, desde una perspectiva funcional, como ordenador del remate, para preservar la trasparencia de la venta forzada o, en su caso, de la eventual adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, es menester recordar que los jueces, al interpretar la ley, no pueden ser ajenos a la realidad que los circunda y, por contera, en la que viven, ni desconocer el entorno en que se desenvuelven las operaciones civiles y comerciales, particularmente las reglas econ\u00f3micas que, seg\u00fan el caso, determinan su celebraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n. Por eso, entonces, sin ignorar los principios y las normas que informan el ordenamiento jur\u00eddico, es deber de los jueces contemporanizar y contextualizar sus disposiciones, para no provocar interpretaciones p\u00e9treas que obstruyan el adecuado desarrollo del mundo de los negocios, a fortiori en un ambiente de indiscutida globalizaci\u00f3n y, por tanto, de internacionalizaci\u00f3n, como el actual. <\/p>\n
7. Recapitulando, en los derechos civil y comercial colombianos, la prohibici\u00f3n de estipulaciones que habiliten al acreedor prendario o hipotecario, para disponer de la cosa pignorada o para apropiarse de ella por medio distinto del previsto en la ley (arts. 2224 C.C. y 1203 C. de Co.), \u00fanicamente se aplica en el caso de las cl\u00e1usulas convenidas para la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del respectivo negocio jur\u00eddico pignoraticio. <\/p>\n
Por tanto, la Corte entiende \u2013lex interpretatio adiuvanda- que son l\u00edcitos y, por consiguiente, v\u00e1lidos y eficaces, los pactos que celebren el acreedor y el deudor prendario o hipotecario, con posterioridad al contrato de prenda o hipoteca, en virtud de los cuales se prevean mecanismos privados de disposici\u00f3n de la cosa pignorada o de apropiaci\u00f3n de la misma por parte del acreedor, diferentes a la venta en almoneda, o a su adjudicaci\u00f3n por subasta fracasada, o, en general, a su instrumentalizaci\u00f3n por v\u00eda judicial, siempre y cuando, claro est\u00e1, se preserve cabal y efectivamente la voluntad del deudor, como ya se anticip\u00f3. <\/p>\n
Es importante se\u00f1alar que la validez \u2013o eficacia- de los llamados pactos comisorios celebrados con posterioridad al negocio jur\u00eddico pignoraticio, est\u00e1 condicionada a que, ciertamente, tales acuerdos se ajusten en forma ulterior, pues si ellos son concomitantes al contrato de prenda o de hipoteca, el pacto irremediablemente cae en la prohibici\u00f3n establecida en los art\u00edculos 2422 del C.C. o 1203 del C. de Co., seg\u00fan corresponda. Lo propio acontecer\u00e1 cuando la estipulaci\u00f3n respectiva, aunque subsiguiente al contrato, no sea fruto de una libre y reflexiva negociaci\u00f3n, o califique como t\u00edpicamente abusiva o leonina, o haya sido establecida en un inequ\u00edvoco y desbordado ejercicio de posici\u00f3n claramente dominante, como se acot\u00f3, entre otros supuestos, enderezado a restarle eficacia negocial a dicho acuerdo, de suyo l\u00edcito si se ajusta a las mencionadas pautas tuitivas, llamadas a salvaguardar la voluntad real del deudor, objeto de preocupaci\u00f3n por parte de la ley y de la jurisprudencia. <\/p>\n
8. Puestas de este modo las cosas y circunscrita la Sala a la censura elevada por el recurrente, debe colegirse que si bien el Tribunal, al ocuparse de las pretensiones principal y primera subsidiaria, no hizo menci\u00f3n expresa a las referidas disposiciones, ni se ocup\u00f3 de establecer el alcance de la aludida prohibici\u00f3n, su fallo se encuentra ajustado a derecho, en cuanto concluy\u00f3 que eran eficaces las daciones en pago celebradas. <\/p>\n
Los cargos, entonces, no est\u00e1n llamados a prosperar. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso al demandante. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
1 El texto de cu\u00f1o imperial pertinente, era del siguiente tenor: \u201cPor cuanto entre otros enga\u00f1os crece principalmente la aspereza de la ley comisoria de las prendas, ha parecido bien invalidarla, y que para lo sucesivo quede abolido todo su recuerdo. As\u00ed pues, si alguno padeciera por tal contrato, respire por virtud de esta disposici\u00f3n, que rechaza juntamente con los pasados los casos presentes, y prohibe los futuros. Porque mandamos que los acreedores, habiendo perdido la cosa, recuperen lo que dieron\u201d. C\u00f3digo de Justiniano (Codicis Repetitae Praelectionis). Libro VIII. T\u00edtulo XXXV. No. 3. <\/p>\n
2 La ley 12, t\u00edtulo XIII, de la Partida 5\u00aa, se refer\u00eda as\u00ed al pacto comisorio: \u201csi a tal postura valiese, no querr\u00edan los homes rescibir de otra guisa los pe\u00f1os, e vern\u00eda por ende muy gran da\u00f1o a la tierra; porque cuando algunos estuviesen muy cuytados, empe\u00f1ar\u00edan las cosas por quanto quier que les diessen sobre ellas, e perderlas yan, por tal postura como \u00e9sta\u201d. <\/p>\n
3 Salvo algunas modificaciones de redacci\u00f3n, el texto de la norma propuesta por don Andr\u00e9s Bello es el mismo en los proyectos de 1842, 1853 y el denominado \u201cproyecto in\u00e9dito\u201d. En el segundo de ellos, sobresale que el se\u00f1or Bello, a modo de nota al inciso 2\u00ba -relativo a la proscripci\u00f3n del pacto comisorio-, hubiere hecho expresa alusi\u00f3n al apartado No. 18 de la obra de Pothier (Trait\u00e9 du contrat de Nantissement. En ouvres de Pothier. T. V. Par\u00eds. 1961. P\u00e1gs. 397 y 398), en el que no se hace extensiva, expresamente, la prohibici\u00f3n en cita a los acuerdos posteriores. <\/p>\n
4 Henri, Le\u00f3n y Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte III. Vol. 1. E.J.E.A. Buenos Aires. P\u00e1g. 115. <\/p>\n
5 Fernando V\u00e9lez. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano. T. IX. Imp. Par\u00eds-Am\u00e9rica. Par\u00eds. P\u00e1g. 126. <\/p>\n
6 Sentencia de 3 de agosto de 1931. Citada por M. Somarriva en su Tratado de las Cauciones. Santiago de Chile. Imprenta Universal. 1980. P\u00e1g. 435. <\/p>\n
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SC-197-2005 [1100131030181993-20302-02] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de Julio de dos mil cinco (2005).- Ref: Exp: 110013103018 1893 20302-02 Se decide el recurso de casaci\u00f3n que interpuso Juan Portillo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83033","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83033"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83033\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83033"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}