SC-201-2005 [7128]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., cinco (5) de agosto de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 7128 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia adiada el 15 de marzo de 2001, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, sala de decisi\u00f3n civil, en el proceso ordinario seguido por Rosario Carvajal Arizmendi contra Hernando Castillo Mendoza. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se trata de un proceso reivindicatorio mediante el cual se pretende la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n de dos lotes de terreno, segregados de un predio de mayor extensi\u00f3n, ubicados en el paraje denominado Plan Parejo de la ciudad de Cartagena, descritos por su cabida y linderos en la demanda; junto con el pago de los frutos civiles o naturales y los ordenamientos legales subsecuentes. <\/p>\n
1\u00ba) Son objeto de litigio dos lotes de terreno que integraban un lote de mayor extensi\u00f3n que fue inicialmente de propiedad de Marcelina Morales de Alzamora, y \u00e9sta vendi\u00f3 parte del mismo a A\u00edda Esther Torres de Juliao, quien sane\u00f3 en su favor el dominio mediante un proceso de pertenencia que culmin\u00f3 en el a\u00f1o de 1983, a continuaci\u00f3n del cual dividi\u00f3 el inmueble en siete lotes que luego se los enajen\u00f3 a Alfonso L\u00f3pez Bustamante. <\/p>\n
2\u00ba) La demandante adquiri\u00f3 de Alfonso L\u00f3pez Bustamante el lote 1 por escritura p\u00fablica 4655 de 18 de diciembre de 1984, y el lote n\u00famero 2 lo adquiri\u00f3 de Alicia Alvarez de Abello, seg\u00fan t\u00edtulo escriturario 2598 de octubre 10 de 1994, quien a su vez lo hab\u00eda adquirido de Alfonso L\u00f3pez Bustamante. <\/p>\n
3\u00ba) La demandante ha sido privada de la posesi\u00f3n de los referidos lotes, pues \u00e9sta la detenta el demandado, quien ingres\u00f3 a ellos en forma violenta, \u201cvari\u00f3 sus cercas y empez\u00f3 a construir\u201d, y actualmente los ocupa. <\/p>\n
4\u00ba) En 1988, el demandado obtuvo por sentencia el dominio por prescripci\u00f3n extraordinaria en el proceso ordinario que para el efecto instaur\u00f3 \u00fanicamente contra personas indeterminadas no obstante que cada lote tiene asignado folio de matr\u00edcula inmobiliaria en donde figuran las personas con derecho real sobre los mismos; por ese hecho el demandante lo denunci\u00f3 penalmente por fraude procesal y falsedad ideol\u00f3gica en documento p\u00fablico. <\/p>\n
5\u00ba) En tal virtud se le asign\u00f3 el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 060-0093431 y luego por resoluci\u00f3n de 9 de marzo de 1994, expedida por el Instituto Agust\u00edn Codazzi, se anularon los folios 01-06-0005-0016-000 de Marcelina Morales de Alzamora; 01-06-0005-0020-000 de Lucy Vargas de Alv\u00e1rez y otros; y los folios 01-06-0005-0021-000 y 01-06-00050022-000 de los lotes de propiedad de la demandante, para englobarlos en el folio 01-06- <\/p>\n
0005-0022-000 a nombre del demandado. <\/p>\n
6\u00ba) En fin, despu\u00e9s se hizo un estudio topogr\u00e1fico sobre el inmueble y se constat\u00f3 que parte del lote adquirido por el contradictor de la forma indicada era propiedad de otras personas que acreditaron la titulaci\u00f3n respectiva, por lo que se revoc\u00f3 la resoluci\u00f3n antedicha, se dispuso la cancelaci\u00f3n del englobe, quedando nuevamente saneadas las matr\u00edculas inmobiliarias anteriores. <\/p>\n
3. Hernando Castillo Mendoza se opuso a las pretensiones, tras de afirmar que es el \u00fanico titular del derecho de dominio de los predios que se reclaman, sobre los cuales lo ha ejercido por tiempo superior a 20 a\u00f1os. Propuso, a su vez, como defensas la \u2018cosa juzgada\u2019 porque la justicia ya lo declar\u00f3 propietario de los predios en litigio; \u2018falta de derecho para reivindicar\u2019 por causa de indeterminaci\u00f3n o indefinici\u00f3n del t\u00edtulo matriz del predio de mayor extensi\u00f3n; y, \u2018falta de derecho para demandar\u2019 por carecer de t\u00edtulo de propiedad vigente. <\/p>\n
4. Culminada la primera instancia, el juzgado dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, y consecuentemente desestim\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 el tribunal ante la apelaci\u00f3n de la parte demandante, en cuyo lugar orden\u00f3 al demandado restituir los dos lotes de terreno a la actora, sin reconocimiento de frutos; y a la demandante pagar al demandado las mejoras \u00fatiles y necesarias, mediante tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA ACUSADA <\/p>\n
Con referencia al examen que hizo el tribunal sobre los presupuestos de la reivindicaci\u00f3n, se pueden compendiar sus <\/p>\n
fundamentos de la siguiente manera: <\/p>\n
1\u00ba) Est\u00e1 demostrado el derecho de dominio de la demandante con las copias aut\u00e9nticas de los folios de matr\u00edcula inmobiliaria Nro.060-0054638 (folio 92) y 060-0054639 (folio 108), y con los documentos que demuestra la historia de dichos bienes; \u201ces as\u00ed como acredita que el lote de mayor extensi\u00f3n de donde emanan los predios ahora de su propiedad, pertenec\u00eda inicialmente a la se\u00f1ora Justina Urriola Cera, quien a su vez lo vendi\u00f3 a Marcelina Morales Alzamora mediante escritura p\u00fablica No.1664 de 27 de diciembre de 1971 (Folio 30)\u201d; y agreg\u00f3 \u201cMarcelina, a su vez, lo vendi\u00f3 a A\u00edda Esther Torres de Juliao el 28 de febrero de 1974 (folio 10), mediante escritura p\u00fablica 159 de esa fecha (fl. 10)\u201d, y \u00e9sta \u00faltima \u201cinstaur\u00f3 proceso de prescripci\u00f3n para sanear dicha compra adquiriendo el dominio mediante sentencia de pertenencia que se protocoliz\u00f3 en la escritura p\u00fablica 2973 de 29 de noviembre de 1983 (fl. 81 C. #1), para luego dividir el terreno en siete lotes que vendi\u00f3 a Alfonso L\u00f3pez Bustamante mediante t\u00edtulo escriturario 3187 de 28 de septiembre de 1984 (f. 88 Cdo. Ppal.)\u201d. <\/p>\n
2\u00ba) Se destaca que \u201cel lote 1 fue adquirido por la demandante por medio de la escritura 4655 de 18 de diciembre de 1984; el se\u00f1or L\u00f3pez Bustamante vendi\u00f3 el lote 2 a Alicia \u00c1lvarez de Abello el 18 de diciembre de 1984, y \u00e9sta, a su vez, lo vendi\u00f3 a la accionante mediante escritura p\u00fablica 2598 de 1\u00b0 de octubre de 1994, como as\u00ed lo acredita la correspondiente inscripci\u00f3n en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 060-0054638 y 060-0054639\u201d. <\/p>\n
3\u00ba) El demandado tambi\u00e9n adujo ser propietario del terreno en disputa, en raz\u00f3n de la sentencia de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio que se profiri\u00f3 en su favor el 5 de abril de 1988, la cual fue protocolizada mediante escritura p\u00fablica 2343 de 31 de agosto de ese a\u00f1o, acto jur\u00eddico en que se bas\u00f3 el juez para declarar probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada. <\/p>\n
Se aparta el tribunal de esa conclusi\u00f3n porque el proceso de pertenencia en menci\u00f3n se instaur\u00f3 \u00fanicamente contra personas indeterminadas, cuando \u201cha debido demandarse a todas aquellas personas que aparezcan inscritas como titulares de derechos reales a fin de que ejerciten derecho de defensa\u201d, en tanto que \u201cel llamado edictal a indeterminados no cobija a quienes debieron ser llamados o citados como personas determinadas\u201d; punto en el cual se apoya en precedentes de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Por consiguiente, \u201chabiendo quedado por fuera estas personas, la sentencia dictada en el proceso de pertenencia no puede producirles efectos como erradamente lo interpret\u00f3 el juez de primera instancia respecto de los predios que a ellas pertenec\u00edan\u201d, con mayor raz\u00f3n, si las aludidas inscripciones y referencias catastrales a favor de dichas propietarias, se encuentran a\u00fan vigentes. <\/p>\n
4\u00ba) Seg\u00fan las escrituras p\u00fablicas y los certificados de tradici\u00f3n que obran en el proceso la demandante adquiri\u00f3 el inmueble de quien era verdadero due\u00f1o; v\u00e9ase que A\u00edda Torres de Juliao sane\u00f3 mediante sentencia de prescripci\u00f3n de 1983 las posesiones que hab\u00eda adquirido, las cuales datan de 1971, dejando consecuentemente de ser poseedora para convertirse en propietaria desde la fecha de la sentencia, y a partir de all\u00ed existen una serie de t\u00edtulos de cada uno de los que fueron registrados a la demandante; el demandado acredita \u00fanicamente la protocolizaci\u00f3n de la sentencia de pertenencia obtenida en 1988, en cuya protocolizaci\u00f3n obra certificaci\u00f3n de Luis Mar\u00eda Cano Restrepo quien dijo haberle vendido en 1965; por eso y \u201cporque adem\u00e1s la prescripci\u00f3n obtenida por el demandado no le es oponible\u201d, debe darse prevalencia a los t\u00edtulos de la reivindicante. <\/p>\n
5\u00ba) Tras de encontrar reunidos tambi\u00e9n los dem\u00e1s requisitos de la acci\u00f3n reivindicatoria, defini\u00f3 el tribunal lo concerniente con las prestaciones mutuas. <\/p>\n
III. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos cargos se formulan contra el fallo impugnado, ambos con fundamento en la causal 1\u00aa de casaci\u00f3n, los cuales se despachar\u00e1n en el orden propuesto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO: <\/p>\n
1. Se acusa la sentencia de violar de manera directa, por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 946, 961, 964 y 965 del C\u00f3digo Civil, y por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 6\u00b0, 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y el 2\u00b0 del Decreto 1250 de 1970. <\/p>\n
2. Para el censor, a diferencia de lo que ocurr\u00eda en vigencia de la ley 105 de 1931, los efectos de una sentencia, como la de pertenencia invocada por el demandado, solo pueden ser desconocidos acudiendo a alguna de las causales del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, y no por un proceso ordinario para obtener la ineficacia de ella como t\u00edtulo aducido por el opositor de la reivindicaci\u00f3n; precisamente as\u00ed sucede en el caso en que se invoca la nulidad del procedimiento y sentencia por falta de citaci\u00f3n o emplazamiento. \u201cAun si se tratara de una confrontaci\u00f3n de t\u00edtulos, tal como lo pretende hacer ver la sentencia de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cartagena, el ad quem no pod\u00eda deso\u00edr la previsi\u00f3n del art\u00edculo 758 del C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
En ese orden de ideas, \u201csi frente al t\u00edtulo del demandante el demandado opone, como t\u00edtulo, una sentencia, no es procedente ignorar \u2013 simple y llanamente \u2013 ese origen judicial, para dedicarse a establecer cu\u00e1l de los dos t\u00edtulos prevalece como si se tratase de titulaciones de origen contractual\u201d. <\/p>\n
3. Cabe pensar, agrega el impugnante, en la invocaci\u00f3n de la inoponibilidad del t\u00edtulo a trav\u00e9s de la acumulaci\u00f3n objetiva de pretensiones en el proceso ordinario, pero ello exigir\u00eda que el demandante acumule reivindicaci\u00f3n e inoponibilidad; mas el juez no puede declarar \u00e9sta de oficio, salvo el caso de la nulidad absoluta. En este caso se ejercit\u00f3 derechamente la reivindicaci\u00f3n, sin procurar simult\u00e1neamente la ineficacia del t\u00edtulo de propiedad del demandado y sin haberse tramitado el recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
4. Por consiguiente como no era dable aplicar las normas relativas a la reivindicaci\u00f3n frente al derecho que judicialmente tiene reconocido el demandado, el cual no puede ser desconocido mediante el simple cotejo de t\u00edtulos, debe ser casada la sentencia del tribunal para que en su lugar se confirme la del a quo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. El cargo compendiado se despliega sobre tres aspectos de \u00edndole puramente jur\u00eddica que son: 1\u00ba) los efectos de la sentencia de pertenencia que contra el reivindicante opone el demandado, no pueden ser desconocidos en este proceso ordinario, sino a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n; 2\u00ba) no es dable confrontar los t\u00edtulos de origen contractual que presenta la demandante, con el de origen judicial que exhibe el demandado para hacer prevalecer los primeros, dado los efectos absolutos que tiene la sentencia de pertenencia mientras no haya sido declarado ineficaz; y 3\u00ba) la inoponibilidad que pueda predicarse de tal sentencia en relaci\u00f3n con quien pretende reivindicar requiere petici\u00f3n de parte, incluso acumulada en la demanda, y por consiguiente no puede jur\u00eddicamente ser reconocida por v\u00eda de hacer la referida confrontaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con el fin de dar respuesta a los planteamientos anteriores importa previamente se\u00f1alar que el tribunal para desestimar la oposici\u00f3n del demandado, fundada en la sentencia de pertenencia que obtuvo \u00e9ste a su favor en el a\u00f1o de 1988 respecto del inmueble disputado, concluy\u00f3 en que los efectos de la cosa juzgada dimanantes de ella no alcanzan a quienes a la saz\u00f3n figuraban en el certificado del registrador como titulares del derecho de dominio ni por consiguiente a sus sucesores, cuanto que no fueron convocados al proceso de pertenencia y no fueron cobijados con el llamamiento por edicto hecho a personas indeterminadas; en ese sentido, pues, no aludi\u00f3 a ning\u00fan motivo constitutivo de invalidez del proceso ni del fallo citado que en \u00e9l se produjo, sino a que, a partir de su existencia y dadas las circunstancias anotadas, apenas produjo efectos relativos que por lo mismo no vinculan a la demandante. <\/p>\n
Bien se ve, entonces, que el tratamiento dado al asunto no involucra un examen sobre la validez de la sentencia en cuesti\u00f3n, ni del proceso en que se dict\u00f3, sino sobre los efectos limitados de la cosa juzgada y la consiguiente oponibilidad de la misma en t\u00e9rminos relativos; de all\u00ed que pueda decirse que el recurrente se basa en una premisa que no fue considerada por el sentenciador, como es el desconocimiento de la existencia y el valor legal de tal acto, del cual aqu\u00e9l pretende derivar que este proceso ordinario no es el \u00e1mbito para declarar la ineficacia del t\u00edtulo judicial presentado por el demandado, lo que en su opini\u00f3n solamente puede hacerse por v\u00eda del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
3. En verdad, la invalidez referida a una sentencia judicial por el especial modo de impugnaci\u00f3n que se acaba de indicar es un juicio de valor negativo que deriva cuando se da alguna de las precisas causales establecidas en el art\u00edculo 380 del C. P. Civil, por las cuales se destruye una providencia de esta clase para eliminar sus efectos, tanto frente a las partes como en relaci\u00f3n con terceros, para que se dicte la que en derecho corresponda o para que previamente se renueve la correspondiente actuaci\u00f3n irregular; la inoponibilidad, en cambio, no implica esa consecuencia letal, cuanto que entre quienes concurrieron al proceso en que se dict\u00f3 resulta indestructible, sino que, por el contrario, a partir de la existencia legal de un fallo judicial, simplemente resultan neutralizados sus efectos respecto de determinadas personas a quienes no los alcanza. <\/p>\n
Por consiguiente, la inoponibilidad puede darse respecto de alguien en punto de un fallo que s\u00ed cumple efectos de cosa juzgada entre las partes y las personas que hayan sido citadas al respectivo proceso, siendo incluso entre estos sujetos incontrovertible su validez, como lo es en principio para las dem\u00e1s personas ajenas al mismo, cuanto que no interes\u00e1ndoles sus derechos s\u00ed deben respetarlos, todo en aplicaci\u00f3n del llamado principio de la relatividad de aqu\u00e9lla por el cual la sentencia judicial \u00fanicamente perjudica o aprovecha a quienes han sido partes en el proceso. <\/p>\n
Y si ello es as\u00ed, como en principio lo es, no es enteramente cierto que el tercero que resulta afectado por ella, v\u00e1lida en s\u00ed misma pero cuyas decisiones no se le pueden extender, tenga ineludiblemente que acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n para destruirla, puesto que puede bastarle poner de presente que los efectos dimanantes de ella no le conciernen ni pueden perjudicarlo, principio que no sufre mella por el hecho de que se trate de una persona que necesariamente tuviera que ser convocada al proceso. <\/p>\n
4. De otro lado, debe destacarse que en el caso concreto el an\u00e1lisis efectuado por el tribunal para descartar los efectos de la sentencia de pertenencia, como t\u00edtulo de dominio, frente a la demandante, obedeci\u00f3 en \u00faltimas a un argumento de orden jur\u00eddico que el recurrente result\u00f3 soslayando por haber propuesto su embate, en el punto que hasta ahora se ha tocado, en el campo de la validez de ella y no estrictamente en el de la inoponibilidad. <\/p>\n
Ciertamente entendi\u00f3 el sentenciador que apareciendo en el registro de matr\u00edcula inmobiliaria personas titulares del derecho real de dominio sobre el predio disputado, debieron ser citadas al proceso de pertenencia, puesto que no bastaba para vincularlos el llamamiento efectuado a personas indeterminadas a quienes se les design\u00f3 un curador ad litem, quien no las representa, y contra esa consideraci\u00f3n propia de la relatividad de la cosa juzgada \u2013 que no comprende la erradicaci\u00f3n de esta, que es para lo que existe el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, por cuya posibilidad \u00fanica se propende para que se pueda desvirtuar el t\u00edtulo de dominio del demandado \u2013, finalmente nada opuso el censor. <\/p>\n
5. Naturalmente que si para el juzgador la sentencia de pertenencia esgrimida por el demandado para contraponer al t\u00edtulo de dominio de la demandante no produjo efectos absolutos, y ese puntal del fallo acusado permanece en pie cuanto que ning\u00fan esfuerzo hizo el impugnante para demostrar lo contrario, por fuerza decae la censura consistente en que no es dable confrontar los t\u00edtulos de origen contractual que presenta la demandante, con el de origen judicial que exhibe el demandado para hacerlo prevalecer, puesto que se basa en los efectos erga omnes que ostenta la susodicha sentencia de pertenencia, mientras no haya sido declarado ineficaz, pero sin desquiciar las razones por las que el tribunal se los concedi\u00f3 pero apenas de manera relativa. <\/p>\n
Con todo, cabe anotar que la posibilidad jur\u00eddica de la confrontaci\u00f3n de t\u00edtulos se da porque en la acci\u00f3n reivindicatoria el demandante tiene la carga de desvirtuar la presunci\u00f3n legal que ampara al poseedor demandado de ser reputado due\u00f1o (Art. 762 C. C.), labor en la cual debe enfrentar a esta posesi\u00f3n los t\u00edtulos de dominio que sean anteriores a ella; y cuando tal poseedor ampara su derecho en sus propios t\u00edtulos de dominio, el juzgador debe hacer un escrutinio para confrontar unos con otros, donde factores como la antig\u00fcedad y la eficacia de los mismos ser\u00e1n determinantes en orden a definir de qu\u00e9 lado est\u00e1 la raz\u00f3n. (G. J. CC, 197; LIII, 267; LXXIV, 677; LXXVII, 388; XCV, 383, entre otras). <\/p>\n
En la especie de este proceso, el t\u00edtulo de dominio que enfrent\u00f3 el demandado a la actora proviene de una sentencia de pertenencia en la que se le declar\u00f3 due\u00f1o del inmueble cuya restituci\u00f3n precisamente pretende la demandante; sin embargo, como lo observ\u00f3 el sentenciador ad quem, ella no produjo los efectos absolutos que pregona el censor al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 758 del C.C., puesto que se profiri\u00f3 sin haberse citado previamente a quienes figuraban como propietarios del bien pretendido. <\/p>\n
De ese modo, no se dio el efecto erga omnes porque para que \u00e9ste se produzca es menester \u201centre otros requisitos, que \u2018quien sea titular de derechos reales sujetos a registro sobre el bien materia de la declaraci\u00f3n de pertenencia, haya sido demandado de modo nominativo, que la demanda se haya dirigido contra \u00e9l y que el auto admisorio de la demanda le haya sido notificado legalmente, pues de otra manera el fallo no le es oponible (…) Adem\u00e1s no puede entenderse que la convocatoria al proceso de esos titulares de derechos reales sobre el bien materia de usucapi\u00f3n, queda comprendida dentro del llamamiento edictal que se hace necesariamente en este tipo de procesos a las personas indeterminadas, precisamente por carecer de esta condici\u00f3n, vale decir, de indeterminadas, sino que son ciertas, est\u00e1n identificadas, son conocidas, raz\u00f3n por la que deben ser citadas nominalmente para que tengan conocimiento de la demanda y tengan la oportunidad de acudir personalmente al proceso y procurarse su defensa, pues el curador ad litem que previo emplazamiento se nombre en estas condiciones para representarlos no lo har\u00e1 v\u00e1lidamente\u2019\u201d (Cas. Civ. noviembre 17 de 1996). <\/p>\n
6. Y cuando, por \u00faltimo, el impugnante se aferra a la tesis de que si de lo que se trata consiste en deducir la inoponibilidad del t\u00edtulo de dominio de estirpe judicial exhibido por el demandado, no es dable reconocer tal fen\u00f3meno porque jur\u00eddicamente s\u00f3lo es viable cuando se aduce como pretensi\u00f3n, incluso acumulada y previa a la de reivindicaci\u00f3n, pronto observa la Corte que tampoco le asiste la raz\u00f3n, seg\u00fan las siguientes consideraciones: <\/p>\n
a) Por esencia, la confrontaci\u00f3n de t\u00edtulos entre las partes exige una labor que debe desplegar el juez justamente para dirimir el conflicto entre due\u00f1o y poseedor cuando ambos le presentan t\u00edtulos de dominio; el sentenciador en ese caso, am\u00e9n de no hallarse limitado para hacerlo por la naturaleza contractual o judicial de los mismos, debe hacerlo en casos como el presente puesto que, como ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n, \u201c…ser\u00eda desmesurado contrasentido que la ley le diera efectos erga omnes a una sentencia alcanzada con desmedro notorio del derecho de defensa mediante procedimientos re\u00f1idos con el principio de la lealtad y tocados de enga\u00f1o y de mala fe, a espaldas de los titulares de derechos reales indiscutibles. La ley ni los jueces pueden tornarse en c\u00f3mplices complacientes de artima\u00f1as disfrazadas de legalidad, que quienes se escudan en la simple letra fr\u00eda de la ley con rudo quebranto de su esp\u00edritu que clama contra esos procederes vituperables. La regla 11 del apuntado art\u00edculo 413 (del anterior C\u00f3digo de Enjuiciamiento Civil) no puede seguir sirviendo como rey de burlas, como comod\u00edn para amparar a quienes por carecer de un derecho s\u00f3lido o por el temor de ser vencidos por los titulares de derechos reales registrados, o por eludir la oposici\u00f3n que \u00e9stos puedan formular, esquivan al m\u00e1ximo el llamamiento nominativo de los demandados y se abrigan al amparo de la citaci\u00f3n edictal que solo puede tener eficacia frente a personas indeterminadas, mas no frente a las que tengan derechos reales registrados, pues estos son personas ciertas que deben ser convocadas por su nombre y apellido.\u201d (Sentencia de septiembre 8 de 1983, publicada en la G. J. Tomo CLXXII, primera parte, p\u00e1g. 171). <\/p>\n
b) Pero aparte de lo anterior, se observa que el tema de la inoponibilidad de que aqu\u00ed se trata s\u00ed fue alegado por la demandante quien, quiz\u00e1s previendo la defensa que habr\u00eda de desplegar su contraparte, puso de presente en los hechos de la demanda las particularidades del proceso de pertenencia que se llev\u00f3 a cabo anteriormente a instancias del demandado y las acciones que a su vez instaur\u00f3 ella cuando vio que de ese modo se estaban defraudando sus derechos; bien puede decirse, entonces, que anticip\u00f3 la presencia de t\u00edtulo de ambas partes y que plante\u00f3 al demandar la reivindicaci\u00f3n justamente la inoponibilidad de la sentencia de pertenencia en que finalmente ancl\u00f3 su defensa el poseedor, bajo ese entendido ni siquiera esper\u00f3 ninguna otra oportunidad procesal, como hubiera sido el traslado de las excepciones, para proponer ese fen\u00f3meno. <\/p>\n
De modo que expl\u00edcitamente el tema de la inoponibilidad hac\u00eda parte del debate judicial, y ser\u00eda exagerado, por decir lo menos, exigir que el demandante la ejerciera como acci\u00f3n incluyendo una pretensi\u00f3n espec\u00edfica a ese respecto, incluso anticipadamente, para precaverse de las defensas que pod\u00eda invocar el demandado; y cuanto m\u00e1s si, por a\u00f1adidura, el tema se incluy\u00f3 en el debate tambi\u00e9n por v\u00eda de las excepci\u00f3n de cosa juzgada que propuso el demandado. <\/p>\n
7. En s\u00edntesis: en los t\u00e9rminos de la sentencia impugnada se resolvi\u00f3 el caso sin entrar en juego la invalidaci\u00f3n del t\u00edtulo de domino esgrimido por el demandado, por lo que no viene al caso sostener que debi\u00f3 acometerse el punto \u00fanicamente por v\u00eda del recurso extraordinario de revisi\u00f3n; la confrontaci\u00f3n de los t\u00edtulos presentados por ambas partes se impon\u00eda, sin consideraci\u00f3n a la naturaleza judicial o contractual de unos u otros; y, en fin, la inoponibilidad de la sentencia de pertenencia aducida por el demandado para contrarrestar los t\u00edtulos de dominio de la demandante, am\u00e9n de ser verificable como labor\u00edo natural del juez del litigio, fue expuesta por la \u00faltima justamente por v\u00eda de la reivindicaci\u00f3n en la forma en que fue planteada \u00e9sta, y se incluy\u00f3 como thema decidendum al proponer el demandado la excepci\u00f3n de cosa juzgada; por lo tanto, el raciocinio jur\u00eddico que condujo al tribunal a declarar la inoperancia de la sentencia de pertenencia frente a la demandante tiene pleno fundamento legal y no ri\u00f1e, por lo tanto, con las normas sustanciales que <\/p>\n
gobiernan la materia. <\/p>\n
8. En consecuencia, el cargo primero no alcanza \u00e9xito. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Se acusa la sentencia de violar indirectamente, por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 946, 961, 964 y 965 del C\u00f3digo Civil; y por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 762 a 764 del C\u00f3digo Civil, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Tales yerros los describe el recurrente as\u00ed: <\/p>\n
1\u00ba) El tribunal supuso que la demandante prob\u00f3 una cadena de t\u00edtulos que se remonta a 1971, cuando en realidad la secuencia jur\u00eddica que prob\u00f3 data tan s\u00f3lo de 28 de febrero de 1974, toda vez que se aport\u00f3 la escritura p\u00fablica 159 de esta \u00faltima fecha en la que se menciona que la tradente adquiri\u00f3 desde 1971, pero, y aqu\u00ed incurre el tribunal tambi\u00e9n en error de derecho, omiti\u00f3 tener en cuenta que ese acto jur\u00eddico s\u00f3lo se prueba mediante la respectiva escritura p\u00fablica que no se alleg\u00f3. <\/p>\n
2\u00ba) En cambio, el demandado prob\u00f3 su posesi\u00f3n con antelaci\u00f3n al a\u00f1o de 1974, mediante la declaraci\u00f3n de Luis Mar\u00eda Cano Restrepo que el tribunal ignor\u00f3, con la cual se acredita dicha calidad de poseedor desde el a\u00f1o de 1965, circunstancia que corrobora, adem\u00e1s, la certificaci\u00f3n expedida por ese mismo declarante que se aport\u00f3 al expediente. <\/p>\n
3\u00ba) Adulter\u00f3 el fallo impugnado por esta v\u00eda, el contenido de la sentencia de pertenencia que otrora se profiri\u00f3 en favor del demandado, porque encontr\u00f3 acreditada la posesi\u00f3n de \u00e9ste s\u00f3lo a partir de la fecha de la misma, cuando lo cierto es que esa situaci\u00f3n de hecho ha de retrotraerse 20 a\u00f1os atr\u00e1s, \u201cpues obviamente de no haber sido as\u00ed las s\u00faplicas de su demanda como prescribiente habr\u00edan fracasado\u201d. <\/p>\n
4\u00ba) No valor\u00f3 tampoco el fallador, con lo cual incurri\u00f3 en error de derecho, la prueba testimonial, esto es, la declaraci\u00f3n suscrita por el se\u00f1or Luis Mar\u00eda Cano, que si bien no constituye t\u00edtulo traslaticio de dominio, apunta a demostrar que el demandado adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n con fecha anterior a 1974. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Destruida por el tribunal la posibilidad de que para este asunto en particular la sentencia de pertenencia proferida en otro proceso en favor del demandado tuviera preferencia respecto de la titulaci\u00f3n que aport\u00f3 la demandante, el esfuerzo dial\u00e9ctico siguiente exig\u00eda la confrontaci\u00f3n entre la prueba de dominio presentada por la actora y la posesi\u00f3n ejercida por el demandado. <\/p>\n
2. Como resultado de dicha tarea, el sentenciador \u00fanicamente resalt\u00f3 que la demandante present\u00f3 documentos en los que acredit\u00f3 ser la due\u00f1a del inmueble pretendido, y que, a su vez, A\u00edda Torres de Juliao, de quien aqu\u00e9lla adquiri\u00f3 con antelaci\u00f3n, sane\u00f3 en 1983 \u201clas posesiones que hab\u00eda adquirido y que tienen una historia que data desde el a\u00f1o 1971\u201d. <\/p>\n
Nada dijo en cambio de la \u00e9poca en que se inici\u00f3 la posesi\u00f3n por parte del demandado, de manera que en tal sentido es evidente que no apreci\u00f3 la prueba existente en el proceso sobre dicho punto, medios probatorios que el recurrente hace descansar en el testimonio de Luis Mar\u00eda Cano, y en la declaraci\u00f3n de pertenencia que acredita, en su sentir, los 20 a\u00f1os de posesi\u00f3n que la ley requiere como presupuesto en orden a hacer tal tipo de declaraci\u00f3n. <\/p>\n
3. Para dar respuesta a tales denuncias, basta observar que el censor parte de una premisa que no es cierta consistente en que respecto de la prueba de dominio anterior a la posesi\u00f3n del demandado, la secuencia ininterrumpida de los t\u00edtulos escriturarios del demandante arranca del a\u00f1o de 1974, y no como err\u00f3neamente lo dedujo el tribunal, de 1971, toda vez que, lo afirma con \u00e9nfasis, no se aport\u00f3 t\u00edtulo que acreditara dominio a partir de \u00e9sta anualidad. <\/p>\n
Sucede, empero, que a folio 30 del cuaderno principal, en las copias que se aportaron del proceso de pertenencia que en su momento instaur\u00f3 A\u00edda Esther Torres de Juliao para sanear la titulaci\u00f3n anterior, obra la copia de la escritura p\u00fablica 1664 de diciembre 27 de 1971, por medio de la cual Justina Urriola Cera vendi\u00f3 a Marcelina Morales de Alzamora, quien a su vez dio en venta a la citada Torres de Juliao mediante la escritura 159 de febrero 28 de 1974. <\/p>\n
Se suma a lo anterior que, seg\u00fan el mismo estudio de t\u00edtulos aportados al expediente, la prueba del dominio de la demandante se remonta a la escritura 1323 de octubre 5 de 1961 (fl. 24 Cdo. Ppal.), por medio de la cual Bernardo Chavez Iriarte vendi\u00f3 a Justina Urriola Cera. <\/p>\n
4. En esas condiciones, no se ajusta a la realidad la versi\u00f3n dada por el recurrente y pierde piso, por ende, la segunda parte de la censura cuando aduce que este error f\u00e1ctico en el que incurri\u00f3 el tribunal, \u201cprovino de otro error, pero en este caso de derecho\u201d, con el argumento de que una cosa es mencionar que el tradente adquiri\u00f3 el bien desde 1971 y otra muy diferente es que esa afirmaci\u00f3n se demuestre, lo cual no ocurri\u00f3 porque no obra en autos la escritura que as\u00ed lo pruebe. Pero, su argumento se viene abajo porque est\u00e1 demostrado que, la escritura p\u00fablica 1664 del 27 de diciembre de 1971, s\u00ed obra en el proceso, luego no incurri\u00f3 el tribunal en el yerro se\u00f1alado. <\/p>\n
5. Finalmente, si como se dijo l\u00edneas atr\u00e1s, la prueba de dominio del demandante data por sus antecesores desde 1961, y est\u00e1 acreditada as\u00ed en el proceso, resulta inane el esfuerzo dial\u00e9ctico que hace el recurrente para demostrar que la posesi\u00f3n del demandado viene desde 1965, por lo que en ese orden de ideas era superfluo que el sentenciador se ocupara de la prueba aportada sobre el particular, de donde es dable concluir que el tribunal no incurri\u00f3 tampoco en los errores denunciados por el censor. <\/p>\n
6. En consecuencia, el cargo segundo no prospera. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada en el proceso arriba referido. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n son de cargo del recurrente y ser\u00e1n tasadas en oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase <\/p>\n
<\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-201-2005 [7128] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1 D. C., cinco (5) de agosto de dos mil cinco (2005). Referencia: Expediente No. 7128 Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83035","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83035","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83035"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83035\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83035"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83035"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83035"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}