SC-203 -2005 [25899310300011992-00903-01]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. <\/p>\n
2589-93-1030-001-1992-0903-01 <\/p>\n
Se deciden por la Corte, los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por Pedro Mart\u00edn Qui\u00f1ones Machler, la c\u00f3nyuge y herederos de Pablo Enrique Bello S\u00e1nchez, y los sucesores de Pablo Emilio Riveros Cubillos, contra la sentencia que el 18 de diciembre de 2000 se profiri\u00f3 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso de pertenencia incoado por Mar\u00eda Rivas de Boada, Ana Mar\u00eda, Ricardo Ju\u00e1n y Rafael Eduardo Boada Rivas, contra los herederos indeterminados de Ignacia y Nicol\u00e1s S\u00e1nchez, Lucinio y Antonio Jos\u00e9 S\u00e1nchez Nava, y las dem\u00e1s personas que creyesen tener derecho sobre el bien pretendido, proceso al cual fueron vinculados los recurrentes, y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En demanda que fue objeto de posterior reforma (fls. 193 al 206 y 405 al 414 c. 1), Mar\u00eda Rivas de Boada, Ana Mar\u00eda Ricardo Juan y Rafael Boada Rivas, demandaron a Mar\u00eda Ignacia y Nicol\u00e1s S\u00e1nchez, Lucinio y Antonio Jos\u00e9 S\u00e1nchez Nava, para que se declarara que les pertenece, por haberlo adquirido \u00abpor prescripci\u00f3n ordinaria adquisitiva del dominio\u00bb, y en subsidio, por prescripci\u00f3n extraordinaria, el predio rural situado en la fracci\u00f3n El Morti\u00f1o, jurisdicci\u00f3n del Municipio de Cogua, cuya cabida aproximada es de 35 fanegadas con 9.000 varas cuadradas, actualmente denominado \u00abAguaclara\u00bb, comprendido dentro de los linderos que se especifican, y para que se ordenara la inscripci\u00f3n del fallo que as\u00ed lo declare en el registro inmobiliario. <\/p>\n
2. Las pretensiones formuladas f\u00e1cticamente se apoyaron en los hechos que a continuaci\u00f3n se resumen: <\/p>\n
2.1. Desde el 15 de diciembre de 1970, Ricardo Boada Samper y su esposa, entraron en posesi\u00f3n del inmueble objeto de la declaraci\u00f3n de pertenencia. Fallecido el primero el 15 de agosto de 1978, y tramitado el proceso de sucesi\u00f3n respectivo, se adjudic\u00f3 a los demandantes, en su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sobreviviente y herederos, la posesi\u00f3n que ejerciera sobre el citado predio. <\/p>\n
2.2. Desde que entr\u00f3 en posesi\u00f3n del precitado bien, Ricardo Boada Samper se comport\u00f3 como su due\u00f1o, realiz\u00f3 las obras que se detallan, pag\u00f3 los impuestos, y lo ocup\u00f3 con su familia hasta el d\u00eda de su deceso, sin reconocer dominio ajeno. <\/p>\n
2.3. Tras su fallecimiento, los demandantes siguieron posey\u00e9ndolo ininterrumpidamente, p\u00fablica, pac\u00edfica y tranquilamente. Han sembrado pastos, restaurado cercas, arreglado vallados, limpiado potreros, criado y cebado ganado, construido abrevaderos y saladeros, cancelado impuestos, etc., sin el consentimiento de nadie, y agregan a su posesi\u00f3n, la ejercida por Ricardo Boada Samper, que sumadas entre s\u00ed superan el lapso legalmente exigido para adquirir su dominio por el modo invocado. <\/p>\n
3. El curador designado a los demandados determinados y a todas las personas que creyeren tener derechos sobre la finca pretendida, respondi\u00f3 la demanda sin oponerse ni coadyuvar lo pretendido, manifestando estarse a lo que se resolviere, previa comprobaci\u00f3n de los hechos en los cuales fue sustentada. <\/p>\n
4. Celebrada la audiencia prevista por el art\u00edculo 45 del decreto 2303 de 1989, se dispuso integrar el contradictorio, por pasiva, con los herederos indeterminados de Maria Ignacia S\u00e1nchez, Lucinio, Antonio Jos\u00e9, y Nicol\u00e1s S\u00e1nchez Nava, la c\u00f3nyuge y herederos conocidos de Pablo Enrique Bello S\u00e1nchez, se\u00f1ores Mar\u00eda del Carmen Urbina de Bello, Hern\u00e1n de Jes\u00fas, Rafael Enrique, y Jorge Efra\u00edn Bello Urbina, Bertha Ligia Bello de Rozo, Pablo Ernesto Bello Urbina Daniel Bello Urbina. Los herederos determinados de Pablo Emilio Riveros Cubillos, se\u00f1ores Pablo Antonio, Manuel Fernando Riveros S\u00e1nchez, Nohora Stella Riveros de Alfaro, Luis Jorge y Alvaro Riveros S\u00e1nchez, y con la Congregaci\u00f3n Colombiana de Santa Catalina de Sena, Inocencia Jim\u00e9nez de Bello y Carlos Alberto Camargo Navarro. <\/p>\n
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Pedro Mart\u00edn Qui\u00f1ones Machler, la c\u00f3nyuge y los herederos de Pablo Enrique Bello y los sucesores de Pablo Emilio Riveros Cubillos, en su respuesta a la demanda rechazaron las pretensiones. El primero propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abcarencia de causa\u00bb, fundada en que los demandantes no tienen justo t\u00edtulo que los autorice para ganar el dominio de los inmuebles a los que se contrae el litigio, por prescripci\u00f3n ordinaria, y no los han pose\u00eddo durante el tiempo requerido para hacerse a la propiedad de ellos en cualquiera de las especies del modo invocado; \u00abineficacia de la supuesta posesi\u00f3n\u00bb, puesto que dicen derivarla de Ricardo Boada Samper, quien la obtuvo del albacea con tenencia de bienes dentro de la sucesi\u00f3n de Rafael S\u00e1nchez Nava, quien s\u00f3lo era tenedor de ellos, y \u00abpleito pendiente\u00bb, por haberse formulado amparo posesorio por Pablo Emilio Riveros y otros contra los demandantes, que se encuentra en tr\u00e1mite. <\/p>\n
La c\u00f3nyuge y los herederos de Pablo Enrique Bello, adujeron a t\u00edtulo de excepci\u00f3n, la \u00abmala fe de los demandantes y en consecuencia imposibilidad de obtener sentencia favorable\u00bb, porque los demandantes se opusieron infructuosamente a la diligencia de entrega practicada dentro del sucesorio de S\u00e1nchez Nava, por lo que la totalidad de los bienes objeto de ella se entregaron al apoderado de las personas a quienes se adjudicaron, y pese a ello se han sustra\u00eddo al retiro de sus animales y muebles, sin demandar la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n por las v\u00edas legales, conducta que demuestra la mala fe con la que han obrado, que los inhabilita para adquirir el dominio de tales bienes por el modo invocado; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n para demandar\u00bb, porque la acci\u00f3n incoada se otorga al poseedor de buena fe. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se pronunciaron sobre la demanda los curadores designados a los herederos indeterminados de Mar\u00eda Ignacia S\u00e1nchez, Lucinio S\u00e1nchez Nava, Antonio Jos\u00e9 S\u00e1nchez Nava, Nicol\u00e1s S\u00e1nchez Nava e Inocencia Jim\u00e9nez de Bello, con oposici\u00f3n a las pretensiones deducidas por los demandantes. <\/p>\n
Los sucesores de Pablo Enrique Bello S\u00e1nchez formularon adem\u00e1s demanda de reconvenci\u00f3n contra los demandantes, para que se declarara que pertenece a la comunidad integrada por la Congregaci\u00f3n Colombiana de Dominicas Terciarias de Santa Catalina de Sena, los sucesores de Pablo Enrique Bello S\u00e1nchez y Pablo Emilio Riveros Cubillos, Inocencia Jim\u00e9nez de Bello y Carlos Alberto Camargo Navarro, la posesi\u00f3n sobre el bien pretendido por los reconvenidos, que hace parte de los predios denominados Alcaparro Grande, El Morti\u00f1o y Alcaparro Peque\u00f1o o Chico, identificados como se indica y en consecuencia para que se ordene a los demandados que restituyan a la comunidad, en los proporciones que se especifican respecto de cada uno de sus integrantes, la posesi\u00f3n que sobre ellos ejercen, con sus frutos. <\/p>\n
Como sustento f\u00e1ctico de lo pretendido, expusieron que por comisi\u00f3n del Juez Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, otorgada dentro del proceso de sucesi\u00f3n de Rafael S\u00e1nchez Nava, el Juez Promiscuo Municipal de Cogua (Cundinamarca) inici\u00f3 la entrega de los bienes que all\u00ed se adjudicaron, a la cual se opusieron los demandados, invocando su condici\u00f3n de poseedores de tales bienes. Que rechazada la oposici\u00f3n y resueltos los recursos interpuestos por su mandatario judicial, se entregaron real y materialmente a Pedro Mart\u00edn Qui\u00f1ones Machler, quien los recibi\u00f3 y les concedi\u00f3 plazo para retirar los muebles y semovientes que en ellos se encontraban, t\u00e9rmino que acept\u00f3 su apoderado judicial, pero concluy\u00f3 sin que as\u00ed lo hicieren. Que desde ese momento perdieron la posesi\u00f3n que afirmaron ostentar, y como permanecieron indebidamente en los inmuebles, sin recuperarla por v\u00edas legales, \u00abse convirtieron en poseedores de mala fe\u00bb. Que los comuneros de los fundos de los cuales forman parte los que se pretenden \u00abreivindicar\u00bb, se hallaban en situaci\u00f3n de poder ganar su dominio por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Pedro Mart\u00edn Qui\u00f1ones Machler tambi\u00e9n demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n a los originales demandantes, para que se declarase que, como sucesor del adjudicatario Pablo Emilio Riveros Cubillos, es continuador de la posesi\u00f3n que sobre los inmuebles El Morti\u00f1o, El Alcaparro Peque\u00f1o o Alcaparro Chico, o simplemente Alcaparro, ejerci\u00f3 hasta su muerte Rafael S\u00e1nchez Nava, y que en consecuencia tiene el derecho para alegar, aprovechar y acumular la posesi\u00f3n detentada, desde el fallecimiento de S\u00e1nchez Nava, por conducto del albacea, Guillermo S\u00e1nchez Cabrera. Pidi\u00f3 tambi\u00e9n que se declarara que los demandados tienen de mala fe la finca por ellos denominada La Aguaclara, integrada por parte de los fundos Alcaparro Grande o Alcaparro y Alcaparro Chico o Alcaparro, y por la totalidad de El Morti\u00f1o, que son algunos de aquellos a los cuales se refieren los anteriores pedimentos, y que por esa causa carecen del derecho para exigir indemnizaci\u00f3n por expensas necesarias; por \u00faltimo, que se les condenara a restituirle los mencionados fundos, con frutos, y a pagarle los perjuicios ocasionados, y que se ordenara la cancelaci\u00f3n de todo gravamen y medida cautelar que sobre ellos pesare. <\/p>\n
Para sustentar f\u00e1cticamente tales pretensiones, expuso que Rafael S\u00e1nchez Nava posey\u00f3 por m\u00e1s de veinte a\u00f1os y hasta su muerte, los predios que se relacionan; que dentro de su causa mortuoria le fueron entregados real y materialmente al albacea, y dentro de ella se reconoci\u00f3 como interesado a Pablo Emilio Riveros Cubillos, de cuyos derechos es sucesor, en parte, por hab\u00e9rselos adjudicado en pago de un cr\u00e9dito; que el apoderado de Ricardo Boada, se opuso al secuestro de tales, alegando que estaban en poder del albacea. Que el dominio y\/o la posesi\u00f3n del causante sobre ellos se denunci\u00f3 en el activo sucesoral, con la aquiescencia de todos los interesados, entre ellos los demandados y en la partici\u00f3n se adjudic\u00f3, en com\u00fan y proindiviso a las personas y en las proporciones que se detallan, la posesi\u00f3n del causante sobre el Alcaparro Grande o Alcaparro, El Morti\u00f1o y Alcaparro Chico o Alcaparro. Que por ministerio del art\u00edculo 783 del C\u00f3digo Civil, los adjudicatarios tuvieron la posesi\u00f3n de la herencia desde el \u00f3bito del causante, y los sucesores de aqu\u00e9llos la han pose\u00eddo desde sus respectivos decesos. Que fallecido el albacea, se orden\u00f3 entregar los bienes adjudicados y en la diligencia respectiva los demandados, quienes fueron parte en el sucesorio, pretendieron oponerse a la entrega del globo conformado por parte de los fundos Alcaparro Grande o Alcaparro y Alcaparro Chico o Alcaparro, y por la totalidad de El Morti\u00f1o, alegando estar en posesi\u00f3n de \u00e9l, y rechazada su oposici\u00f3n se le entreg\u00f3 al reconviniente, quien les concedi\u00f3 un plazo para desocuparlo, que pese a aceptar no acataron, por lo que, desde su expiraci\u00f3n, usurpan la posesi\u00f3n de los asignatarios y sus causahabientes. Que en el contrato que aducen como prueba consta que esos bienes pertenecen a la sucesi\u00f3n de S\u00e1nchez Nava, y deb\u00edan ser rematados. Que entorpecieron la culminaci\u00f3n de la diligencia para prolongar su ileg\u00edtima estad\u00eda en ellos, y esa conducta los inhabilita, en los t\u00e9rminos de la ley 201 e 1959, para usucapirlos. Que por la entrega de ellos al demandante se interrumpi\u00f3 cualquier relaci\u00f3n de hecho que tuvieren con los mismos predios. <\/p>\n
La parte demandada en reconvenci\u00f3n se opuso a las pretensiones de los reconvinientes, y frente a las de Qui\u00f1ones Machler formul\u00f3 las excepciones llamadas \u201cfalta de causa para demandar\u201d, porque su t\u00edtulo no ha sido registrado y por tanto no es due\u00f1o de los bienes que pretende reivindicar; \u201cprescripci\u00f3n\u201d, porque en sentencia pronunciada por el Juez Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, se decret\u00f3 la prescripci\u00f3n del interdicto posesorio mediante el cual se le reclam\u00f3 la restituci\u00f3n de los bienes en litigio; \u201ccosa juzgada\u201d, porque la decisi\u00f3n adoptada en el tr\u00e1mite adelantado con el apuntado fin, se encuentra debidamente ejecutoriada, y \u201cprescripci\u00f3n extraordinaria\u201d, porque ha pose\u00eddo los predios cuya restituci\u00f3n se depreca, quieta, ininterrumpida, pac\u00edfica y p\u00fablicamente por m\u00e1s de veinte a\u00f1os. <\/p>\n
5. La primera instancia se ultim\u00f3 con sentencia que declar\u00f3 el dominio de los demandantes sobre los inmuebles pretendidos, con fundamento en la prescripci\u00f3n extraordinaria invocada subsidiariamente, desestimando las excepciones que frente a ella se adujeron por Pedro Mart\u00edn Qui\u00f1ones Machler, la c\u00f3nyuge y sucesores de Pablo Enrique Bello Urbina; neg\u00f3 las pretensiones incoadas en las demandas de reconvenci\u00f3n presentadas por \u00e9stos, acogi\u00f3 las excepciones de \u00abfalta de causa para demandar\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, propuestas por los reconvenidos, y desestim\u00f3 sus otras defensas, decisi\u00f3n que apelaron Qui\u00f1ones Machler, la c\u00f3nyuge y los herederos de Bello Urbina, lo mismo que los sucesores de Pablo Emilio Riveros, y se confirm\u00f3 por el superior en el pronunciamiento objeto del recurso de casaci\u00f3n que asimismo interpusieron. <\/p>\n
6. Tramitada en debida forma la impugnaci\u00f3n extraordinaria, se decide en este pronunciamiento. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tras la rese\u00f1a procesal del caso, constat\u00f3 el ad-quem que la declaraci\u00f3n de pertenencia se fundamenta principalmente en la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio de naturaleza ordinaria, y subsidiariamernte en la extraordinaria, y enunciados los presupuestos estructurales de una y otra, indag\u00f3 por su concurrencia en el caso. <\/p>\n
Examinados con ese objetivo, los elementos de prueba incorporados al proceso, infiri\u00f3: <\/p>\n
a) Que Rafael S\u00e1nchez Nava otorg\u00f3 testamento cerrado el 27 de enero de 1966 en Zipaquir\u00e1, acto en el que dispuso que con el producto de la venta en p\u00fablica subasta del potrero \u201cconocido como el Morti\u00f1o junto con el potrero El Alcaparro, y la casa paterna con su huerta, y otro potrero denominado tambi\u00e9n El Alcaparro\u201d, se solventaran los gastos que all\u00ed se detallan, y al remanente, si lo hubiere, se le diera la destinaci\u00f3n que indic\u00f3, cuyo sobrante, de existir, deb\u00eda repartirse, en partes iguales, entre el colegio del Rosario de Cogua, Pablo Bello, Inocencia Jim\u00e9nez de Bello y Pablo Emilio Riveros Cubillos. <\/p>\n
b) Que el testador no era propietario, sino poseedor de los referidos bienes, y por ende no era viable rematarlos para cumplir sus disposiciones. <\/p>\n
c) Que Guillermo S\u00e1nchez Cabrera, albacea con tenencia de bienes y heredero del causante, en forma imperfecta acat\u00f3 su voluntad, pues prometi\u00f3 en venta parte del Alcaparro Grande y del Alcaparro Chico a Ricardo Boada Samper, destinando su precio al pago de los gastos de la mortuoria. <\/p>\n
d) Que en las partidas cuarta a sexta del inventario de bienes realizado en el proceso de sucesi\u00f3n de S\u00e1nchez Nava, se relacion\u00f3 la posesi\u00f3n que ejerc\u00eda sobre los inmuebles en cuesti\u00f3n, proceso al cual concurrieron los demandantes para hacer valer los derechos que les correspond\u00edan como herederos de Ricardo Boada Samper, cesionario de Alvaro S\u00e1nchez. Que los mencionados bienes se adjudicaron a los herederos de Pablo Emilio Riveros, Pablo Enrique Bello e Inocencia Jim\u00e9nez de Bello, y al cesionario de \u00e9sta, Carlos Alberto Camargo Navarro, pero como el causante no era propietario de ellos, la partici\u00f3n no se inscribi\u00f3, por lo que \u201clos adjudicatarios no obtuvieron t\u00edtulo que los acreditara como due\u00f1os\u201d. <\/p>\n
e) Que Ricardo Boada Samper entr\u00f3 en posesi\u00f3n de los predios en diciembre de 1970, y desde entonces se comport\u00f3 como due\u00f1o de ellos. Que los demandados no desconocen los actos posesorios ejecutados por el promitente comprador y sus sucesores, puesto que \u201capart\u00e1ndose de los hechos puramente materiales, cuestionan la juridicidad de la negociaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
f) Que Boada Samper fue reconocido como cesionario de los derechos herenciales de Alvaro S\u00e1nchez Cabrera, radicados en el predio Las Navetas, dentro del proceso de sucesi\u00f3n de S\u00e1nchez Nava, y ni \u00e9l ni sus sucesores \u201cse comportaron como terceros poseedores\u201d, quiz\u00e1 asumiendo que S\u00e1nchez Cabrera \u201cera un legatario y sus derechos reca\u00edan sobre un bien espec\u00edfico de la herencia y no sobre la universalidad de los derechos sucesorales del difunto Rafael S\u00e1nchez Nava\u201d. <\/p>\n
g) Que as\u00ed los demandantes se hubieran opuesto, sin \u00e9xito, a la diligencia de entrega realizada en el mes de noviembre de 1983 dentro del sucesorio de S\u00e1nchez Nava, no puede afirmarse que hubiesen sido vencidos \u201cen su calidad de poseedores\u201d, pues si en esa diligencia, por mandato del art\u00edculo 599 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ninguna oposici\u00f3n era atendible, por cuanto \u201cse supone que trat\u00e1ndose de la entrega que debe hacer el albacea de los bienes que administra no le es permitido alegar ning\u00fan derecho en su favor, precisamente por ser apenas un tenedor de tales bienes\u201d su posesi\u00f3n \u201cno fue discutida en aquella oportunidad y no puede afirmarse o negarse que se prob\u00f3\u201d, conservando la oportunidad de controvertirla en proceso separado. Que un \u00e1mbito tan restringido como el de la diligencia que rige la apuntada preceptiva, \u201cno puede ser escenario propicio para debatir la trascendencia de la posesi\u00f3n encaminada a obtener el dominio por usurpaci\u00f3n\u201d, dado que \u201cla relaci\u00f3n all\u00ed debatida es la del albacea con tenencia de bienes frente a los asignatarios y no frente a terceros, de all\u00ed que no se admitan oposiciones\u201d, y por lo tanto \u201cla posesi\u00f3n exclusiva, ininterrumpida p\u00fablica y de buena fe ejercida por la familia Boada sobre los predios materia del proceso, debe ser valorada frente al acervo probatorio que se recaudo en este proceso\u201d. <\/p>\n
En ese contexto, se\u00f1al\u00f3 que si la posesi\u00f3n de la familia Boada Rivas sobre la finca Agua Clara, conformada por parte de los predios Alcaparro Grande y Alcaparro Chico y la totalidad del fundo El Morti\u00f1o, est\u00e1 cabalmente comprobada, tales bienes est\u00e1n en el comercio y fueron debidamente identificados, la pretensi\u00f3n est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
Sobre las excepciones propuestas por los demandados, que en su criterio buscan enervar \u201cla eficacia de la posesi\u00f3n alegada\u201d, porque los prescribientes no solicitaron la exclusi\u00f3n del inmueble pretendido de la sucesi\u00f3n de Rafael S\u00e1nchez Nava, no iniciaron proceso separado con ese fin, \u201cam\u00e9n de la conducta asumida por el apoderado de los Boada Rivas en la cuestionada diligencia de entrega\u201d, quien se \u201ccomprometi\u00f3 a que sus poderdantes entregaran el predio, dentro del plazo fijado por el apoderado de los herederos que pretend\u00edan la entrega\u201d, adjudicatario a la vez, de parte de los bienes en litigio\u201d, acot\u00f3 que \u201caunque en la continuaci\u00f3n de la antedicha diligencia aqu\u00e9l declar\u00f3 haber recibido los predios, la mentada entrega material y f\u00edsica no ocurri\u00f3\u00bb, porque \u00ablos se\u00f1ores Boada Rivas continuaron en pleno ejercicio de su posesi\u00f3n; es decir, no acataron lo ofrecido por su apoderado, desconocieron su calidad de apoderado, haciendo caso omiso de la orden del juzgado y de la aceptaci\u00f3n que \u00e9ste hab\u00eda hecho\u201d, conducta que, dijo, as\u00ed pueda reputarse de mala fe, carece de significaci\u00f3n, porque \u201cla ley no la exige para los poseedores que pretenden usucapir en forma extraordinaria\u201d. <\/p>\n
Definido lo atinente a la demanda original, se ocup\u00f3 de los libelos de mutua petici\u00f3n, anticipando su fracaso, por estar destinados a \u201crecuperar una posesi\u00f3n nunca ejercida\u201d. <\/p>\n
Explic\u00f3, a ese respecto, que el primero de los presupuestos exigidos por el art\u00edculo 972 del C\u00f3digo Civil para la viabilidad de las acciones posesorias, que es la calidad de poseedor de quien la ejercita, puesto que legalmente est\u00e1n encaminadas a conservar o recuperar la posesi\u00f3n sobre bienes ra\u00edces o derechos reales constituidos sobre ellos, no se da en el caso, ya que \u201cninguno de los reconvinientes han (sic) ejercido f\u00edsicamente la posesi\u00f3n de los bienes en litigio\u201d, y que la posesi\u00f3n legal por ellos invocada no es la que se tutela con tales acciones. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 974 del mismo ordenamiento, s\u00f3lo est\u00e1 legitimado para incoar una acci\u00f3n de esa naturaleza, quien ha estado en posesi\u00f3n tranquila y no interrumpida durante un a\u00f1o, supuesto que no se configura y ni siquiera fue alegado. Que tampoco puede invocarse la \u201creivindicaci\u00f3n posesoria consagrada en el art\u00edculo 951 del C.C.\u201d, porque los demandantes no son poseedores regulares, ni est\u00e1n en v\u00edas de usucapir los bienes pretendidos, porque solamente son adjudicatarios de la posesi\u00f3n sobre un inmueble entregado por el albacea con tenencia de bienes, a un tercero, Ricardo Boada Samper, y su t\u00edtulo, por tanto, \u201cno es mejor y ni siquiera igual para obtener que se le (sic) restablezca una posesi\u00f3n nunca detentada\u201d. <\/p>\n
Sobre la identificaci\u00f3n del fundo Aguas Claras, controvertida por los demandados, porque no concuerda con la que corresponde, seg\u00fan los certificados de tradici\u00f3n, a los fundos El Morti\u00f1o, Alcaparro Grande y Alcaparro Chico, observ\u00f3 que en el curso del proceso se estableci\u00f3 que Boada Samper y sus sucesores poseen materialmente \u201cun inmueble plenamente alinderado y determinado, por su ubicaci\u00f3n, linderos y cabida; compuesto por tres lotes distintos, como son la totalidad del Morti\u00f1o, parte del Alcaparro grande y parte del Alcaparro Chico\u201d. <\/p>\n
LOS RECURSOS DE CASACION <\/p>\n
Recurrieron en casaci\u00f3n Pedro Mart\u00edn Qui\u00f1ones Machler; la c\u00f3nyuge y los herederos de Pablo Enrique Bello S\u00e1nchez, junto con Alvaro, Manuel Fernando, Pablo Antonio y Luis Jorge Riveros S\u00e1nchez y Nohora Stella Riveros de Alfaro en su condici\u00f3n de herederos de Pablo Riveros; y otros herederos de Pablo Emilio Riveros Cubillos, recursos sobre los cuales se decidir\u00e1 en el siguiente orden. En primer lugar sobre los cargos primero y segundo de la demanda presentada por Pedro Mart\u00edn Qui\u00f1ones Machler, conjuntamente, por denunciar errores de procedimiento frente a lo decidido en relaci\u00f3n con la demanda principal. A continuaci\u00f3n sobre el primer cargo de la demanda de la c\u00f3nyuge y herederos de Pablo Enrique Bello S\u00e1nchez y otros, y sobre el segundo cargo de la demanda de los herederos de Pablo Emilio Riveros Cubillos, por su alcance totalizador frente al mismo libelo y por la identidad de la acusaci\u00f3n que en ellos se plantea. Finalmente sobre el cuarto cargo de la demanda de Qui\u00f1ones Machler y sobre el primer cargo de la de los herederos de Riveros Cubillos, por estar dirigidos contra lo resuelto en relaci\u00f3n con las demandas reconvenci\u00f3n por ellos formuladas. <\/p>\n
DEMANDA DE PEDRO MART\u00cdN QUI\u00d1ONES MACHLER <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal segunda de casaci\u00f3n, se impugna la sentencia del Tribunal, por no estar en consonancia con la causa invocada en la demanda. <\/p>\n
En abono de su tesis, sostiene el recurrente que la declaraci\u00f3n de dominio suplicada por los demandantes, no tuvo venero en la prescripci\u00f3n extraordinaria, que sirve de apoyo a la resoluci\u00f3n enjuiciada, prescripci\u00f3n de cuya invocaci\u00f3n no da cuenta el libelo inicial, como tampoco el escrito mediante el cual se reform\u00f3, en el cual adem\u00e1s de las s\u00faplicas inicialmente elevadas s\u00f3lo se peticion\u00f3 declarar que los demandantes suman a su posesi\u00f3n la ejercida por quienes les precedieron en ella, se\u00f1ores Ricardo Boada Samper, Guillermo S\u00e1nchez Cabrera y Rafael S\u00e1nchez Nava. <\/p>\n
Explica que el art\u00edculo 2527 del C\u00f3digo Civil consagra las modalidades que puede revestir el citado modo de adquisici\u00f3n del derecho de propiedad, y los presupuestos en los que est\u00e1n llamadas a actuar, de suerte que si la declaraci\u00f3n de pertenencia se apoya en una de ellas, no puede tener basamento en otra, sin caer en disonancia, por extra petita, como aqu\u00ed ocurri\u00f3, \u00abal partir de una causa diferente a la invocada en la demanda\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
A la luz de la misma causal, se tilda de incongruente el fallo de segundo grado, por haberse sentenciado en \u00e9l sobre objeto no pedido en la demanda. <\/p>\n
Expl\u00edcase a ese respecto, que mientras en la demanda se solicit\u00f3 declarar la propiedad en relaci\u00f3n con un predio rural situado en la fracci\u00f3n de El Morti\u00f1o, jurisdicci\u00f3n del Municipio de Cogua, caracterizado como se especifica, en el fallo de primer grado, confirmado por el ad-quem, se declar\u00f3 el dominio de los demandantes sobre el fundo denominado El Morti\u00f1o, y parte de las fincas denominadas Alcaparro Grande y Alcaparro Chico, sin que pueda entenderse que la pretensi\u00f3n postulada se relacione v\u00e1lidamente con los nombrados predios, decisi\u00f3n que por lo tanto ahija el juzgamiento \u00absobre objeto material jur\u00eddicamente distinto del pretendido en la demanda lo cual da origen a la causal de casaci\u00f3n invocada en el encabezamiento de este cargo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se desaprueba en los dos cargos el ejercicio del poder decisorio del juzgador, por considerar que rebas\u00f3 los lindes dentro de los cuales est\u00e1 llamado a operar, que bueno es recordar, est\u00e1n demarcados por las peticiones oportunamente deducidas por los litigantes, limitante que desde luego deja a salvo las facultades que le asisten ex officio en la apuntada materia, defecto que en el primer cargo se hace derivar de su apartamiento de la causa invocada en la demanda, y en el segundo, del objeto del petitum. <\/p>\n
Como una imputaci\u00f3n de esa laya, obliga a confrontar los extremos de los cuales se predica el desacoplamiento que estructura el error en el cual se engasta el motivo de casaci\u00f3n alegado, desde ya puede anticiparse la sinraz\u00f3n de tales quejas, porque del anunciado cotejo brota indubitable que el vicio imputado al fallo no existe. <\/p>\n
En cuanto toca con la causa de pedir, porque aunque sea verdad que en la primigenia demanda la declaraci\u00f3n de propiedad se respald\u00f3 en la \u00abprescripci\u00f3n ordinaria adquisitiva del dominio\u00bb, de la cual dijeron aprovecharse los demandantes, y en el escrito reformatorio del citado libelo, al que se alude por el censor, s\u00f3lo modificaron el petitum con la solicitud por \u00e9l subrayada, pasa por alto que esa reforma fue sustituida por la que obra a fls. 394 al 398 c. 1, que adicion\u00f3 las s\u00faplicas deducidas en el libelo inicial con la pretensi\u00f3n subsidiaria de pertenencia por el modo de la \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria de dominio\u00bb, consignada asimismo en el escrito en el que finalmente se integr\u00f3 con la primitiva demanda (fls. 405 al 414 c. 1), y se someti\u00f3 al tr\u00e1mite de rigor -art\u00edculo 89- 4 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, luego si la declaraci\u00f3n de dominio al abrigo de la usucapi\u00f3n extraordinaria se reclam\u00f3 en oportunidad propicia para esos fines, no puede decirse que el Tribunal excedi\u00f3 sus facultades jurisdiccionales al sentenciar de ese modo. <\/p>\n
Respecto del objeto de la pretensi\u00f3n, en raz\u00f3n a que aunque en la demanda se vincul\u00f3 la declaraci\u00f3n suplicada al inmueble situado en la Fracci\u00f3n de El Morti\u00f1o, en jurisdicci\u00f3n del Municipio de Cogua, Departamento de Cundinamarca, actualmente denominado Agua Clara, y en la sentencia de primer grado, prohijada en la sentencia atacada, recay\u00f3 sobre \u00ab\u2026la totalidad del predio denominado El Morti\u00f1o con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 176-0019515; parte del predio denominado Alcaparro Grande, con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 176-0019519 y parte del predio denominado Alcaparro Chico, con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 176-0011707, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la localidad\u00bb, ninguna disconformidad existe en la realidad, puesto que al reformarse el inicial libelo expresamente se manifest\u00f3 (hecho octavo) que \u00abel inmueble descrito al inicio de \u00e9sta demanda, y sobre el cual se solicita la declaraci\u00f3n de Dominio, por Prescripci\u00f3n Extraordinaria, a favor de mis mandantes, est\u00e1 identificado ante la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos con las siguientes matr\u00edculas Inmobiliarias: a) ALCAPARRO GRANDE \u2026 b) EL MORTI\u00d1O \u2026 y c) ALCAPARRO\u2026\u00bb, atestaci\u00f3n que sin duda establece su identidad, en cuento permite determinar que el inmueble descrito en las pretensiones est\u00e1 conformado por los que en el se\u00f1alado hecho se nombran, lo que descarta el error que por su disparidad se quiso estructurar. <\/p>\n
Objeci\u00f3n que por lo dem\u00e1s sorprende, puesto que la integraci\u00f3n del fundo hoy llamado Agua Clara, por parte de los denominados Alcaparro Grande y Alcaparro Chico y por la totalidad de la finca El Morti\u00f1o, no ha sido puesta en tela de juicio, tanto m\u00e1s cuando el propio recurrente en la pretensi\u00f3n tercera en su demanda de mutua petici\u00f3n expresamente suplic\u00f3 declarar \u00abque los contrademandados MAR\u00cdA D\u00cdAZ DE BOADA, RICARDO JUAN BOADA RIVAS, RAFAEL EDUARDO BOADA RIVAS, y ANA MAR\u00cdA BOADA RIVAS, detentan de mala fe el globo de terreno por ellos ahora denominado \u00abLA AGUACLARA\u00bb o \u00abAGUACLARA\u00bb, integrado por parte del predio ALCAPARRO GRANDE, o ALCAPARRO; parte del predio ALCAPARRO CHICO o ALCAPARRO y por la totalidad del predio El Morti\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2. Los cargos, en consecuencia, no tienen \u00e9xito. <\/p>\n
PRIMER CARGO DE LA DEMANDA DE LA C\u00d3NYUGE Y HEREDEROS DETERMINADOS DE PABLO ELADIO ENRIQUE BELLO Y ALGUNOS CAUSAHABIENTES DE PABLO RIVEROS Y SEGUNDO CARGO DE LA DE OTROS SUCESORES DE \u00c9STE \u00daLTIMO. <\/p>\n
Con respaldo en la causal primera, se le endilga a la sentencia atacada la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 2512, 2518, 2521, 2522, 2531-3, 2232, 768, 769, 771, 772, 774, 778, 782, 791, 972, 974, 982 del C\u00f3digo Civil y 1\u00ba de la Ley 50 de 1936, debido a los errores de hecho cometidos por el sentenciador en la estimaci\u00f3n de las siguientes pruebas: <\/p>\n
1. La diligencia de entrega practicada por el Juez Promiscuo de Cogua, comisionado para el efecto por el Juez Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, dentro del proceso de sucesi\u00f3n de Rafael S\u00e1nchez Nava, a la que se dio inicio el 28 de noviembre de 1983 y prosigui\u00f3 el 7 de diciembre siguiente, en la que tras rechazar la oposici\u00f3n formulada por los aqu\u00ed demandantes, el citado funcionario procedi\u00f3 a \u201chacer entrega real y material de los bienes objeto de esta diligencia al doctor Pedro Mart\u00edn Qui\u00f1\u00f3nez Machler (\u2026) haci\u00e9ndole saber a las personas que ocupan los predios entregados que deben desocupar los mismos y retirar los semovientes y bienes muebles que se hallen en dichos predios, en un plazo no mayor de quince d\u00edas a partir del d\u00eda de hoy\u201d, Qui\u00f1\u00f3nez Machler dio por recibidos los mismos predios, autorizando a los propietarios de los muebles y semovientes que en ellos se encontraban, para que los retirasen en el plazo otorgado, mientras que el apoderado de los opositores ofreci\u00f3 \u201ca nombre de mis representados poseedores de los bienes cuya entrega se ha ordenado (\u2026)la colaboraci\u00f3n pertinente para el cumplimiento de lo resuelto por este despacho y acepto el plazo que all\u00ed se ha concedido, a favor de mis representados para dar cumplimiento a lo mencionado\u201d, en tanto que el superior, al decidir el recurso de apelaci\u00f3n que interpusiera contra la decisi\u00f3n de rechazar la oposici\u00f3n, la confirm\u00f3, anotando que ello \u201cno significa de manera alguna que a los interesados se cierre el camino de la juridicidad para alegar o defender los presuntos derechos que se vean afectados; sin embargo, otros tendr\u00e1n que ser los senderos procesales a recorrer y las acciones a impetrar ante la jurisdicci\u00f3n civil, diferentes eso s\u00ed a los que hasta ahora se han debatido en el sub-lite\u201d. <\/p>\n
Agrega el censor que en diligencia llevada a cabo el 30 de noviembre de 1993, para dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, la autoridad que la practic\u00f3 concluy\u00f3 que los inmuebles objeto de ella hab\u00edan sido entregados al doctor Qui\u00f1\u00f3nez Machler en la actuaci\u00f3n cumplida el 7 de diciembre de 1983, restando \u00fanicamente darla por terminada. Que en esa misma ocasi\u00f3n, el procurador judicial de uno de los demandantes, al pronunciarse sobre el recurso de reposici\u00f3n propuesto por aqu\u00e9l, sostuvo que \u201cnadie puede excusarlo a \u00e9l mismo, ni subsanarle el hecho de haber recibido el mismo inmueble y de haberlo dejado perder en sus manos, \u2026, de ninguna manera ordena que la juez entregue nuevamente\u201d. <\/p>\n
Para concretar el error facti in iudicando que se le imputa al sentenciador, expresa el recurrente que del acta de la referida diligencia se desprende que \u201cla entrega f\u00edsica si existi\u00f3 por cuanto el comisionado puso a disposici\u00f3n e instal\u00f3 en los predios a entregar al mandatario de los interesados, quien en su primer acto concede el plazo all\u00ed mencionado\u201d. Que \u201cla conducta asumida por los hoy demandantes en no acatar lo ofrecido por su apoderado desconociendo su calidad y haciendo caso omiso de la orden del juzgado y de la aceptaci\u00f3n que \u00e9ste hab\u00eda hecho no prueba que no existi\u00f3 entrega f\u00edsica sino por el contrario RATIFICA el contenido objetivo, literal y real de la misma, o sea, que LA ENTREGA SE HAB\u00cdA EFECTUADO\u201d y con su ofrecimiento, el mandatario judicial de los demandantes no estaba disponiendo de sus derechos, sino cumpliendo con su deber para con la administraci\u00f3n de justicia, de colaborar con la entrega efectuada. <\/p>\n
Agrega que la entrega de los inmuebles la ratific\u00f3 el funcionario que puso t\u00e9rmino a la diligencia, el 30 de noviembre de 1993, acatando la orden impartida en la acci\u00f3n de amparo atr\u00e1s referenciada. <\/p>\n
Al arribar a una conclusi\u00f3n contraria, prosigue el recurrente, el fallador \u201cle otorg\u00f3 continuidad a la supuesta posesi\u00f3n ejercida por los demandantes como causahabientes de su esposo y padre RICARDO BOADA SAMPER desde 1971 para as\u00ed computarle los veinte a\u00f1os de prescripci\u00f3n extraordinaria a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u201d, aplicando indebidamente el art\u00edculo 2521 del C\u00f3digo Civil, puesto que la posesi\u00f3n presuntamente ejercida por ellos se interrumpi\u00f3, lo mismo que los art\u00edculos 2532 ibidem y la ley 50 de 1936, porque al presentarse la demanda no se hab\u00eda cumplido el plazo de la prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Agrega que al vencerse el plazo otorgado por quien recibi\u00f3 los inmuebles de los que hacen parte los que se pretenden usucapir, \u201ctiene la categor\u00eda de tenedores en nombre de aquel\u201d. Insiste en que a partir de ese momento \u201cla estancia de los hoy demandantes adquiri\u00f3 la categor\u00eda de POSEEDORES DE MALA FE a que se refiere el numeral 3\u00ba del Art. 2531 del C.C. indebidamente aplicado por el Honorable Tribunal de Cundinamarca al considerar que por tratarse de prescripci\u00f3n extraordinaria carec\u00eda de significado tal calificaci\u00f3n\u201d, porque como explica, el mismo art\u00edculo indica \u201cque la existencia de t\u00edtulo de mera tenencia como es este caso, la entrega y el plazo otorgado (\u2026) conlleva a que los demandantes hubieren demostrado que su posesi\u00f3n haya sido ejercida sin violencia\u201d, por lo que, siendo su posesi\u00f3n de mala fe, y violenta, por \u201cla renuencia f\u00edsica a la desocupaci\u00f3n de lo ocupado\u201d no pueden alegar en su favor la prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
2. Los testimonios de Teresa Bernal de S\u00e1nchez, Jos\u00e9 Antonio Medina Capador Mesa, Antonio Jos\u00e9 Botero Cuervo, Alvaro Enrique Vivas Reina, Francisco de Paula Fern\u00e1ndez Lafaurie, Jes\u00fas Contreras Contreras, Mar\u00eda Teresa Mart\u00ednez Samper, Juan Antonio Alberto Boada Samper, Mar\u00eda Elisa Posse de Mart\u00ednez, Humberto S\u00e1nchez Verano, Luis Alberto Garz\u00f3n Duarte, Samuel Casta\u00f1eda, Juan Manuel Lora Araoz, Mar\u00eda Josefa Cort\u00e9s Garz\u00f3n, Luis Alberto Cort\u00e9s Garz\u00f3n, y Jos\u00e9 Antonio Jim\u00e9nez L\u00f3pez, de los cuales extrajo el fallador la prueba de la posesi\u00f3n ejercida por los demandantes sobre los bienes pretendidos, dado que \u00abcon el contenido claro, fiel y objetivo de la prueba documental – diligencia de entrega -, se desvirt\u00faa de manera manifiesta y evidente la convicci\u00f3n derivada de ellos.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La declaraci\u00f3n de dominio pronunciada en favor de los demandantes con fundamento en la prescripci\u00f3n adquisitiva de car\u00e1cter extraordinario, pretende desquiciarse en el cargo con la comprobaci\u00f3n de la ausencia de uno de sus elementos estructurales, como es el ejercicio de la posesi\u00f3n por el tiempo legalmente exigido para consolidarla, objetivo en pos del cual se argumenta que su situaci\u00f3n posesoria se interrumpi\u00f3 con la entrega de los bienes cuyo dominio dicen haber adquirido, a las personas a quienes se adjudic\u00f3, en la causa mortuoria de Rafael S\u00e1nchez Nava, la posesi\u00f3n que sobre ellos ten\u00eda el citado causante, hecho que el Tribunal no habr\u00eda captado por fuerza de la equivocada ponderaci\u00f3n del acta levantada a prop\u00f3sito de la diligencia en la que se llev\u00f3 a cabo. <\/p>\n
En esa l\u00ednea de pensamiento, se pasa por alto que para el fallador, con las decisiones adoptadas en la antedicha diligencia no se afect\u00f3 la situaci\u00f3n de los poseedores, porque como explic\u00f3, en ese escenario no era admisible ning\u00fan tipo de oposici\u00f3n, por disponerlo as\u00ed la regla legal bajo cuyo imperio se adelant\u00f3 -art\u00edculo 599 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil- en atenci\u00f3n a que \u00abla relaci\u00f3n all\u00ed debatida es la del albacea con tenencia de bienes frente los asignatarios y no frente a terceros\u00bb, y por consiguiente su calidad de poseedores no se discuti\u00f3, no se prob\u00f3, y \u00abrealmente no puede afirmarse que la familia Boada Rivas, hubiese sido vencida en su calidad de poseedores, porque la diligencia no permit\u00eda hacer esas consideraciones\u00bb, de ah\u00ed que considerara que pese a ser rechazada de plano la oposici\u00f3n que formularon, les qued\u00f3 la oportunidad de controvertir su posesi\u00f3n \u00aben proceso separado\u00bb, y que por tanto la posesi\u00f3n exclusiva, ininterrumpida p\u00fablica y de buena fe por ellos ejercida sobre los predios materia del proceso, deb\u00eda ser valorada frente al acervo probatorio recaudado en este tr\u00e1mite, proposici\u00f3n con la que en definitiva descart\u00f3 la interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n por la que se aboga en el cargo, y frente a la cual ninguna inconformidad se expresa, omisi\u00f3n que la deja enhiesta como pilar de su juicio a ese respecto <\/p>\n
Bien vistas las cosas, ni siquiera fue atinado el recurrente al fustigar al Tribunal por la pretendida inadvertencia de la entrega material de los predios que se habr\u00eda producido en la mencionada diligencia, y en la que se habr\u00eda gestado el fen\u00f3meno alegado, porque todas las situaciones que en su parecer se ignoraron, fueron debidamente constatadas por el sentenciador, quien extrajo, eso s\u00ed, una conclusi\u00f3n distinta de la que proclama el cargo. As\u00ed, verific\u00f3 que el apoderado de las personas a quienes se adjudic\u00f3, dentro del proceso de sucesi\u00f3n de Rafael S\u00e1nchez Nava, la posesi\u00f3n de los bienes dentro de los cuales se comprende el que es objeto del pleito, quien tambi\u00e9n es adjudicatario de parte ellos, \u00abdeclar\u00f3 haber recibido los predios\u00bb, de los que el juez comisionado dijo hacerle entrega real y material, y que el apoderado judicial de los opositores \u00abse comprometi\u00f3 a que sus poderdantes entregaran el predio, dentro del plazo fijado por el apoderado de los herederos que pretend\u00edan la entrega, Pedro Mart\u00edn Qui\u00f1ones Machler, a la vez adjudicatario de parte de los bienes en litigio\u00bb, pese a lo cual infiri\u00f3 que \u00abla mentada entrega material y f\u00edsica no ocurri\u00f3\u00bb, porque \u00ablos se\u00f1ores Boada Rivas continuaron en pleno ejercicio de su posesi\u00f3n; es decir, no acataron lo ofrecido por su apoderado, desconocieron su calidad de apoderado, haciendo caso omiso de la orden del juzgado y de la aceptaci\u00f3n que \u00e9ste hab\u00eda hecho\u00bb, y aunque reconoci\u00f3 que esa conducta pod\u00eda ser tildada de mala fe, estim\u00f3 que no obstaba la invocaci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria. <\/p>\n
De cara a ese planteamiento, que reconoce, de igual manera, la continuidad de la posesi\u00f3n de los prescribientes, el recurrente tan s\u00f3lo sienta una posici\u00f3n contraria, al expresar que las circunstancias aducidas por el sentenciador no revelan \u00abque no existi\u00f3 entrega f\u00edsica sino por el contrario RATIFICA el contenido objetivo, literal y real de la misma, o sea, que LA ENTREGA SE HAB\u00cdA EFECTUADO\u00bb, pero nada explica para justificar esa postura, carga que no puede considerarse agotada con una simple confrontaci\u00f3n de pareceres, porque en ese enfrentamiento de criterios s\u00f3lo puede salir ganancioso el del juzgador, por estar amparado por la presunci\u00f3n de acierto, falencia que de todas maneras lo torna inviable el ataque. <\/p>\n
DEMANDA DE PEDRO MART\u00cdN QUI\u00d1ONES MACHLER <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desbordamiento del poder jurisdiccional que se denuncia en el cargo, no tiene su g\u00e9nesis en la consideraci\u00f3n de argumentos defensivos no propuestos, o inoportunamente aducidos, sino en la resoluci\u00f3n sobre excepciones planteadas en oportunidad propicia y temporalmente sin tacha, pero formalmente inid\u00f3neas, seg\u00fan el parecer del recurrente, por no estar incorporadas en el escrito con el cual se dio respuesta al libelo frente al cual se opusieron, informalidad que as\u00ed haya tenido lugar, no tiene las consecuencias que la censura le asigna, para sustraer de la materia litigiosa los medios exceptivos sobre los cuales gravita, sencillamente porque legalmente no han sido previstas, y subsiguientemente no podr\u00edan desgajarse sin grave afrenta a los derechos de defensa y debido proceso de su proponente, quien ver\u00eda mermadas sus herramientas defensivas, si por el prurito de sacralizar las formas, cuya teleolog\u00eda, no hay que olvidar, es la preservaci\u00f3n de los derechos subjetivos de los contendientes y no su privaci\u00f3n, se les diese la prevalencia insinuada, sin m\u00e1s, en hip\u00f3tesis que, huelga anotar, para nada compromete las garant\u00edas procesales del reclamante, puesto que la anomal\u00eda subrayada no se erigi\u00f3 en obst\u00e1culo para que frente a tales defensas hiciese los pronunciamientos que juzg\u00f3 procedentes. <\/p>\n
Acusaci\u00f3n que por lo tanto no est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
DEMANDA DE LOS HEREDEROS DE PABLO EMILIO RIVEROS CUBILLOS <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n se le imputa a la sentencia de instancia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 946 del C\u00f3digo Civil, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, y de los art\u00edculos 947, 950, 952, 961, 962, 963 y 964 del mismo cuerpo legal, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n del cargo, sostiene la censura que para desestimar la pretensi\u00f3n reivindicatoria por ellos deducida, el ad-quem se apoy\u00f3 en la fundamentaci\u00f3n de la que se sirvi\u00f3 el sentenciador de primer grado para darle curso a la pertenencia incoada en la demanda inicial. <\/p>\n
Explica que seg\u00fan el entendimiento atribuido por el ad-quem al art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, \u00abpara que alguien sea due\u00f1o de un inmueble y pueda en tal calidad reivindicarlo es necesario que todos, absolutamente todos sus antecesores en la propiedad hayan sido verdaderos due\u00f1os\u00bb, porque en virtud del principio conforme al cual nadie puede transferir otros derechos de los que ostenta, si alguno de los tradentes no era titular del dominio, el reivindicador carece de tal derecho, que es el que lo habilita para exigir del poseedor la restituci\u00f3n de la cosa, entendimiento con el cual desconoce que seg\u00fan doctrina de la Corte en punto a la inteligencia de dicha preceptiva, para probar el antedicho derecho no est\u00e1 obligado el reivindicante a comprobar el dominio de sus antecesores, porque se trata de una contenci\u00f3n que s\u00f3lo compromete a quienes se enfrentan como partes en el proceso, y por lo tanto basta con que el t\u00edtulo del reivindicador sea anterior y mejor al que ostenta quien est\u00e1 en posesi\u00f3n del bien que se reivindica, para que el sentenciador haga prevalecer su t\u00edtulo, posesi\u00f3n que apoya en precedentes que citan lo pertinente. <\/p>\n
Dentro de ese contexto, prosigue el recurrente, al entender el sentenciador que la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria est\u00e1 sujeta a que quien la incoa demuestre el dominio en todas las personas que le antecedieron en la titularidad del referido derecho, incurri\u00f3 en el error de hermen\u00e9utica por el cual se le enjuicia, puesto que jurisprudencialmente se tiene decantado al interpretar dicha preceptiva es \u00abque el t\u00edtulo del demandante prevalece sobre el del poseedor demandado en cuanto sea mejor que el de \u00e9ste.\u00bb. <\/p>\n
Sostiene, por \u00faltimo, que al negar la reivindicaci\u00f3n, no s\u00f3lo se desconoci\u00f3 la preceptiva legal que confiere tal acci\u00f3n al propietario, lo mismo que las disposiciones que reglan dicha acci\u00f3n cuando se entabla contra un poseedor de mala fe, ya que prevaleciendo el t\u00edtulo de dominio de los recurrentes sobre la posesi\u00f3n de lo iniciales demandantes, deb\u00eda decretarse la reivindicaci\u00f3n con todas sus consecuencias. <\/p>\n
Solicita en consecuencia que se case la sentencia recurrida, para que la Corte, en sede de instancia, decrete la reivindicaci\u00f3n impetrada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acusaci\u00f3n que se desarrolla en el cargo, gira alrededor de una premisa b\u00e1sica: que el tribunal desestim\u00f3 la \u00abreivindicaci\u00f3n\u00bb impetrada por la c\u00f3nyuge y los herederos de Pablo Enrique Bello S\u00e1nchez en beneficio de la comunidad conformada por la Congregaci\u00f3n Colombiana de Dominicas Terciarias de Santa Catalina de Sena, los sucesores de Pablo Enrique Bello S\u00e1nchez y Pablo Emilio Riveros Cubillos, Inocencia Jim\u00e9nez de Bello y Carlos Alberto Camargo Navarro, y a tono con ella se argumenta que violent\u00f3 el sentido de la norma que dota de tal acci\u00f3n al propietario de una cosa singular pose\u00edda por otro, en orden a que pueda recuperarla -art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil-, en cuanto entendi\u00f3 que adem\u00e1s de la prueba del dominio que lo legitima para incoarla, deb\u00eda comprobar el de sus antecesores, error de discernimiento que lo habr\u00eda llevado a negar la pretensi\u00f3n reivindicatoria por ellos deducida, sin otorgarle a su t\u00edtulo de propiedad, la prevalencia que le corresponde, frente a la posesi\u00f3n alegada por los iniciales demandantes. <\/p>\n
Sin embargo, la inexactitud de esa premisa no resiste ning\u00fan an\u00e1lisis. Basta evocar el juicio del fallador sobre las demandas de reconvenci\u00f3n, para constatar que tuvo por deducida en ellas una acci\u00f3n posesoria, llamada a fracasar por la ausencia de su primordial presupuesto, constitutivo, como precis\u00f3, por \u00abla posesi\u00f3n del actor\u00bb. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que en ese sentido argument\u00f3 que las demandas de reconvenci\u00f3n, a trav\u00e9s de las cuales buscaba recuperarse una posesi\u00f3n nunca ejercida, no pod\u00edan fructificar \u00abporque los presupuestos para su prosperidad est\u00e1n se\u00f1alados en los art\u00edculos 972 y siguientes del C\u00f3digo Civil\u00bb, que bueno es recordar, est\u00e1n destinados a reglamentar \u00ablas acciones posesorias\u00bb, sobre las que, a vuelta de enunciar su objeto -conservar o recuperar la posesi\u00f3n de bienes ra\u00edces o derechos reales constituidos sobre ellos-, resalt\u00f3 que el primer requisito para su viabilidad era la comprobaci\u00f3n de \u00abla calidad de poseedor del actor\u00bb, condici\u00f3n cuya ausencia en los reconvinientes fue lo que result\u00f3 decisivo, a la saz\u00f3n, para el rechazo de su reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, si el sentenciador en momento alguno tuvo por instaurada la acci\u00f3n dominical que la censura subraya, y por ese motivo, no hizo obrar para la definici\u00f3n de la controversia en dichos libelos propuesta, las normas que la gobiernan, mal pudo equivocarse al fijar su sentido y alcance, al aplicarse a identificar sus presupuestos, de modo que si de lo que se trata, en verdad, es de atribuirle al sentenciador un juicio que no emiti\u00f3 y sobre esa imputaci\u00f3n edificar la acusaci\u00f3n, todo el esfuerzo del recurrente por demostrar que es equivocado, resulta est\u00e9ril, porque si ninguna incidencia tuvo en el fallo, de \u00e9l no puede advenir su abrogaci\u00f3n. <\/p>\n
A decir verdad, la propuesta que trae el cargo, lo que plantea es una discrepancia en punto a la acci\u00f3n incoada en la demanda de mutua petici\u00f3n formulada por los recurrentes, terreno en el que si algo pudiera reproch\u00e1rsele al Tribunal, ser\u00eda la interpretaci\u00f3n del referido libelo, materia que por estar reservada a la v\u00eda indirecta, no puede ser abordada por la Corte dentro del marco en el que la acusaci\u00f3n fue propuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. No prospera, por consiguiente, el cargo. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2000 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso de pertenencia promovido por Mar\u00eda Rivas de Boada, Ana Mar\u00eda, Ricardo Ju\u00e1n y Rafael Eduardo Boada Rivas, frente a los herederos indeterminados de Ignacia y Nicol\u00e1s S\u00e1nchez, Lucinio y Antonio Jos\u00e9 S\u00e1nchez Nava, y las dem\u00e1s personas que creyesen tener derecho sobre el bien pretendido, al cual fueron vinculados los recurrentes, y otros. <\/p>\n
Costas del recurso a cargo de los recurrentes. T\u00e1sense oportunamente. <\/p>\n
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
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SC-203 -2005 [25899310300011992-00903-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83037","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83037\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}