SC-204-2005 [7604]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Expediente Nro. 7604 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la actora contra la sentencia dictada el 13 de octubre de 1998, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario de pertenencia de OLIMPIA PINTO DE MONTERO frente a MARCO ANTONIO MARTINEZ CASTELLANOS y personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El 9 de abril de 1988, le fue repartida al Juzgado Primero Civil del Circuito de esta capital, la demanda inicial del proceso en la que la referida accionante pidi\u00f3 que se le declarara propietaria del inmueble situado en la carrera 67 No. 12 A – 54 de Bogot\u00e1, por haberlo adquirido por el modo de la usucapi\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
2. A tales pedimentos, sirvieron de sustento las afirmaciones de hecho que as\u00ed se compendian: <\/p>\n
El demandado MARTINEZ CASTELLANOS ha promovido, sin \u00e9xito, varios procesos en contra de la actora, afirmando en uno de ellos, contrariamente a la verdad, que \u00e9sta convino, por escrito, un contrato de arrendamiento con su tradente, el extinto JOSE AGUSTIN ROMERO ROMERO, a quien se\u00f1al\u00f3 como anterior adquirente del mismo inmueble, en virtud del negocio jur\u00eddico de compraventa celebrado con SOFIA BOCANEGRA, solemnizada mediante la escritura 4224 del 24 de noviembre de 1961, de la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En el proceso de entrega del tradente al adquirente tramitado a instancias del demandado en el Juzgado 20 Civil Municipal de Bogot\u00e1, pero anulado en segunda instancia, la aqu\u00ed demandante hizo valer su condici\u00f3n de tercero poseedor. En dicha actuaci\u00f3n se recibi\u00f3 un dictamen de grafolog\u00eda, procedente del Instituto de Medicina Legal, cuya copia se anex\u00f3 a la demanda primigenia, en el que se concluy\u00f3 que la se\u00f1ora Pinto de Montero no firm\u00f3 el documento que en aquella actuaci\u00f3n se arrim\u00f3 como prueba del mencionado contrato de arrendamiento. <\/p>\n
3. El curador ad litem de las personas indeterminadas, al darle respuesta al libelo, dijo que no aceptaba ninguno de los hechos, ni las pretensiones en \u00e9l contenidas y que se aten\u00eda a lo probado. <\/p>\n
El se\u00f1or MARTINEZ CASTELLANOS, por su parte, manifest\u00f3 que se opon\u00eda a las pretensiones; neg\u00f3 unos hechos y acept\u00f3 otros. Acept\u00f3 como cierto el referente a la nulidad del proceso de entrega, pero expuso que la actora no pod\u00eda prevalerse de una actuaci\u00f3n que fue declarada nula, am\u00e9n que previamente se tramit\u00f3 un proceso de restituci\u00f3n de tenencia en el que -cuestionada la autenticidad del documento contentivo de los t\u00e9rminos del contrato de arrendamiento- la tacha fue desestimada mediante sentencia que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
Propuso las excepciones de \u201cpleito pendiente\u201d, por existir proceso reivindicatorio en curso en el Juzgado 19 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tramitado por iniciativa suya contra la aqu\u00ed demandante. <\/p>\n
Tambi\u00e9n el prenombrado demandado formul\u00f3 la \u201cexcepci\u00f3n\u201d de \u201ccarencia del derecho alegado\u201d, por no haber pose\u00eddo la se\u00f1ora Pinto de Montero durante m\u00e1s de veinte a\u00f1os el predio en disputa. Anot\u00f3 al respecto que la mencionada fue demandada en una primera oportunidad por JOSE AGUSTIN ROMERO ROMERO, en un proceso abreviado de lanzamiento adelantado ante el Juzgado 18 Civil Municipal de esta misma ciudad y que la sentencia ejecutoriada del 2 de agosto de 1974 -aunque adversa a las pretensiones all\u00ed incoadas por el arrendador- desestim\u00f3 la tacha de falsedad que aqu\u00e9lla formul\u00f3 contra el documento que como prueba del aducido contrato de arrendamiento en tal actuaci\u00f3n se aport\u00f3. <\/p>\n
Este \u00faltimo antecedente lo tom\u00f3 como base el excepcionante para sostener que, adem\u00e1s de que la autenticidad de esa prueba no pod\u00eda discutirse en otro proceso, como lo declararon los juzgados que conocieron de uno nuevo de la misma \u00edndole, fallado definitivamente el 25 de junio de 1978, \u201cla jurisdicci\u00f3n civil reconoci\u00f3 su car\u00e1cter de arrendador al se\u00f1or JOSE AGUSTIN ROMERO ROMERO, y su car\u00e1cter de arrendataria a MARIA OLIMPIA PINTO\u201d, y \u201cno fue por falta de derecho de arrendador que se perdieron las acciones de lanzamiento instauradas, sino por haber sido en los dos casos, invocada una causal de lanzamiento no erigida como tal por el legislador\u201d. As\u00ed las cosas, hasta el a\u00f1o de 1978, la demandante \u201csegu\u00eda\u201d en su calidad de arrendataria, condici\u00f3n reconocida por \u201cla justicia ordinaria\u201d, la que posteriormente mut\u00f3, pues asumi\u00f3 una posesi\u00f3n de mala fe sobre el mismo predio. <\/p>\n
4. Abierta a pruebas la actuaci\u00f3n, mediante auto del 13 de marzo de 1995, entre las documentales decretadas a instancia del demandado, fueron incorporadas al proceso, en copias aut\u00e9nticas expedidas por los Juzgados 18 y 15 Civiles Municipales de Bogot\u00e1, el precitado documento privado, alusivo al contrato de arrendamiento celebrado, seg\u00fan all\u00ed reza, el 31 de diciembre de 1971; las sentencias de primera instancia proferidas el 2 de agosto de 1974 y el 25 de marzo de 1977, respectivamente, en los juicios de restituci\u00f3n de tenencia adelantados, en su orden, por los se\u00f1ores Romero Romero y Mart\u00ednez Castellanos contra la se\u00f1ora Pinto de Montero, y la de segunda instancia proferida en el \u00faltimo por el Juzgado 14 Civil del Circuito, el 6 de junio de 1978. <\/p>\n
5. El juez a quo dict\u00f3 sentencia desestimatoria de las pretensiones, la que fue apelada por la actora y confirmada por su superior, mediante el fallo recurrido en casaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Luego de asentar algunas reflexiones en torno a los presupuestos de prosperidad de la demanda intentada, pas\u00f3 el fallador a examinar el aspecto referente al requisito de la posesi\u00f3n, el que no hall\u00f3 acreditado en cabeza de la actora desde 1962, como \u00e9sta lo afirm\u00f3 en la demanda. <\/p>\n
Sostuvo ese parecer apoyado, primeramente, en la prueba documental trasladada del proceso de restituci\u00f3n de tenencia seguido contra la se\u00f1ora Pinto de Montero en el Juzgado 18 Civil Municipal de Bogot\u00e1, de la cual destac\u00f3 el \u201ccontrato de arrendamiento suscrito entre las partes anotadas el 31 de diciembre de 1971\u201d, en el que figura como arrendataria la aqu\u00ed demandante. Agreg\u00f3 que en la sentencia proferida en esa actuaci\u00f3n (datada el 2 de agosto de 1974), se concluy\u00f3, a partir de las declaraciones recibidas a las personas que como testigos instrumentales aparecen firmando dicho documento, que qued\u00f3 plenamente establecido que el mismo \u201cefectivamente fue suscrito por Olimpia Pinto de Montero de manera espont\u00e1nea luego de que, las partes se pusieran de acuerdo en el valor del canon de arrendamiento\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que \u201cdescarta totalmente ese funcionario (el Juez 18 Civil Municipal de Bogot\u00e1 ) la tacha de falsedad alegada por la inquilina, por no haber sido \u00e9sta demostrada y por consiguiente condena en multa a su proponente\u201d. <\/p>\n
Despu\u00e9s, el Tribunal ech\u00f3 mano de las copias de las sentencias de ambas instancias, dictadas, en su orden, el 25 de marzo de 1977 y el 25 de junio de 1978, en el proceso de restituci\u00f3n seguido contra la se\u00f1ora Pinto de Montero en el Juzgado 15 Civil Municipal de Bogot\u00e1, para resaltar que -acerca de la autenticidad del documento contentivo de los t\u00e9rminos del contrato de arrendamiento-, el juez a quo se remiti\u00f3 a lo decidido en el proceso anterior por el Juzgado 18 Civil Municipal, aseverando que por haber sido resuelta all\u00ed negativamente la tacha de falsedad, \u00e9sta no pod\u00eda volver a proponerse, y que en consecuencia aqu\u00e9l era aut\u00e9ntico. Agreg\u00f3 que el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, como sentenciador de segunda instancia, consider\u00f3 que \u201cel adquirente ten\u00eda pleno conocimiento de la existencia de dicho contrato de arrendamiento, celebrado con anterioridad a la compraventa que efectuara el 26 de junio de 1972, ya que para el 2 de agosto de 1974, el tradente es vencido seg\u00fan sentencia del Juzgado 18 Civil Municipal, en donde adem\u00e1s se neg\u00f3 la tacha de falsedad propuesta contra el documento contentivo del contrato de arrendamiento base de esa acci\u00f3n, quedando as\u00ed con todo su valor jur\u00eddico\u201d. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la demandante, \u201cpara el a\u00f1o de 1978 estaba en condici\u00f3n de arrendataria del predio que hoy pretende adquirir\u201d y que as\u00ed se aceptara el hecho de que en la actualidad ella es la poseedora del inmueble, habr\u00eda de tenerse por cierto que la respectiva interversi\u00f3n del t\u00edtulo, de tenedora a poseedora, tuvo ocurrencia posterior al a\u00f1o de 1978. <\/p>\n
Destac\u00f3 seguidamente el fallador la ausencia de prueba de esa conversi\u00f3n, en vista de que a los testigos LIGIA BEATRIZ GOMEZ DE PATI\u00d1O, GERMAN VALLEJO, AURA ALICIA MILLAN y BERNARDINA TORRES -quienes aseveraron que conoc\u00edan a la actora desde m\u00e1s de 20 atr\u00e1s y que les constaba que \u00e9sta hab\u00eda tenido la posesi\u00f3n del predio en disputa, en forma pac\u00edfica e ininterrumpida-, no se les inquiri\u00f3 acerca de la manera como la actora \u201ctrastoc\u00f3 la calidad jur\u00eddica inicial de tenedora por la de poseedora\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que \u201csi en gracia de discusi\u00f3n se tomara la fecha del contrato de arrendamiento 31 de diciembre de 1971, tenemos que el tiempo exigido legalmente para usucapir de manera extraordinaria (20 a\u00f1os), a la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda (abril de 1988), a\u00fan no hab\u00eda transcurrido. Precis\u00f3 que si la comentada posesi\u00f3n databa desde el a\u00f1o de 1962, como lo afirm\u00f3 la demandante, la misma \u201cfue interrumpida de manera natural al tomar (la actora) en arrendamiento el bien de manos de su propietario\u201d, y que conforme al art\u00edculo 777 del C\u00f3digo Civil, \u201cel simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesi\u00f3n, entonces, no puede predicarse que la demandante ostente la calidad de poseedora\u201d. <\/p>\n
4. El Tribunal desestim\u00f3 la prueba de grafolog\u00eda practicada el 24 de junio de 1986, en la que se coligi\u00f3 la falsedad de la firma atribuida a la se\u00f1ora Olimpia Pinto de Montero respecto del documento privado en menci\u00f3n, en vista de que \u201cresult\u00f3 extempor\u00e1nea conforme a los t\u00e9rminos que para la tacha de falsedad y cotejo establece el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que indica las precisas oportunidades dentro de las cuales procede la aportaci\u00f3n de pruebas por parte de quien tiene el deber de probar\u201d, el que en este caso incumb\u00eda a quien formul\u00f3 la tacha. <\/p>\n
Por \u00faltimo, reiter\u00f3 que \u201ccon anterioridad a este documento, exist\u00edan pronunciamientos judiciales en los que se hab\u00eda cuestionado la autenticidad del contrato de arrendamiento, que culminaron declar\u00e1ndolo aut\u00e9ntico. Las decisiones judiciales en tal sentido alcanzaron firmeza e hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por lo tanto no resulta procedente un nuevo debate o cuestionamiento al respecto, pues de ser as\u00ed, se estar\u00eda vulnerando el principio de la cosa juzgada y de la obligatoriedad de las sentencias ejecutoriadas\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Con base en la causal primera, un s\u00f3lo cargo formul\u00f3 el recurrente por la v\u00eda indirecta. Adujo que el sentenciador transgredi\u00f3 los art\u00edculos 762, 764, 768, 775, 780, 2512, 2518, 2522 y 2531 a 2534 del C\u00f3digo Civil y los art\u00edculos 177, 185, 268, 332 y 407 del C. de P. C., a causa de m\u00faltiples y evidentes errores de hecho de tipo probatorio, seg\u00fan a continuaci\u00f3n se relaciona: <\/p>\n
1. Al apreciar la sentencia que dict\u00f3 el Juzgado 18 Civil Municipal de Bogot\u00e1 en el referenciado proceso de restituci\u00f3n, el juez ad quem incurri\u00f3 en protuberante error de hecho, pues dio por demostrada la existencia del prenombrado contrato de arrendamiento, que no fue aportado a este proceso, lo mismo que una inexistente interrupci\u00f3n natural de la posesi\u00f3n, originada en una circunstancia ajena a las que pueden ofrecer ese efecto, acorde con el art\u00edculo 2523 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
<\/p>\n
El Tribunal err\u00f3 \u201cen forma ostensible y trascendente al suponer con el medio probatorio atr\u00e1s indicado, que hubo una interrupci\u00f3n en el ejercicio de la posesi\u00f3n que la demandante ha ejercido desde 1962\u201d, y que \u201cni el supuesto contrato, que la demandante considera esp\u00fareo y as\u00ed lo demostr\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n mediante examen grafol\u00f3gico, ni la sentencia dictada por el Juzgado 18 Civil Municipal, demuestran la interrupci\u00f3n a que alude el ad quem\u201d. <\/p>\n
El yerro \u201cf\u00e1ctico fundamental\u201d, prosigui\u00f3, consisti\u00f3 en que el juzgador tuvo por probada, sin estarlo, la nombrada interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, sin percatarse de que la demandante \u201cno ha sido despojada del uso y goce del inmueble; que el referido contrato de arrendamiento no condujo a esa situaci\u00f3n y que el mismo fue desconocido desde la contestaci\u00f3n de la demanda que se promoviera en contra de Olimpia Pinto de Montero\u201d. <\/p>\n
Si el juzgador hubiese \u201cestimado en su realidad demostrativa las piezas se\u00f1aladas, hubiera concluido que la decisi\u00f3n tomada por el Juzgado 18 Civil Municipal no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u201d. Luego de dispensar esta afirmaci\u00f3n, el censor reprodujo, sin citarlo, ni ofrecer comentario alguno, el texto del art\u00edculo 332 del C. de P. C. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el precitado error es trascendente porque, al no haber interrupci\u00f3n natural de la posesi\u00f3n, ni tener efectos de cosa juzgada en este proceso lo decidido por el Juzgado 18 Civil Municipal, dado que all\u00ed no actuaron como partes las mismas personas que en \u00e9ste, \u201cni se trat\u00f3 del mismo objeto, ni la misma causa, por cuanto son hechos distintos y otros los motivos para pedir\u201d, se ten\u00eda que tales aspectos incidieron en el fallo cuestionado a tal punto que llevaron al Tribunal a confirmar la sentencia dictada por el juzgado a quo, pues, de no haber incurrido en ese error, las pretensiones de la demandante habr\u00edan sido atendidas. <\/p>\n
2. Se doli\u00f3 tambi\u00e9n del error f\u00e1ctico en el que habr\u00edan incurrido el juzgador al apreciar las providencias proferidas por los Juzgados 15 Civil Municipal y 14 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, el 25 de marzo de 1977 y el 25 de junio de 1978, respectivamente. Memor\u00f3 el impugnante que el fallo recurrido en casaci\u00f3n se apoy\u00f3 en lo sostenido en las providencias aludidas, en el sentido de que en ellas se consider\u00f3 \u201cque no era posible proponer nuevamente la tacha del documento, dado que el Juzgado 18 lo hab\u00eda declarado aut\u00e9ntico\u201d y que, partiendo de esa premisa, el Tribunal sostuvo que la actora no pod\u00eda reputarse como poseedora pac\u00edfica y tranquila desde 1962, por haber sido demandada primero en \u201clanzamiento\u201d y luego en un juicio \u201cordinario\u201d que curs\u00f3 en el Juzgado 15 Civil Municipal, en los que se \u201cratifica la calidad de inquilina y \u201cse dio plena validez al contrato de arrendamiento, documento que anteriormente hab\u00eda superado el tr\u00e1mite de la tacha de falsedad\u201d, lo que llevaba a concluir que en a\u00f1o de 1978 la actora detentaba el predio en disputa, en su condici\u00f3n de arrendataria. <\/p>\n
De la resumida percepci\u00f3n del Tribunal dijo el censor, textualmente, que era \u201ca todas luces supuesta y errada, no se deriva de la prueba que invocan (sic). Suponen esos aspectos de la misma, pero ese medio no demuestra tal situaci\u00f3n\u201d. Acot\u00f3 que \u201cla contestaci\u00f3n de la demanda que curs\u00f3 en el Juzgado 18 Civil Municipal es la mejor muestra de que la demandada no ha reconocido dominio ajeno y en tal caso estaba relevada de demostrar la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenedora a poseedora\u201d, am\u00e9n que si, en gracia de discusi\u00f3n, \u201cel contrato realmente hubiera interrumpido la posesi\u00f3n, la mutaci\u00f3n respectiva datar\u00eda justamente desde la fecha en que se contest\u00f3 esa demanda … y no de la fecha que se\u00f1ala el Tribunal, es decir, la de 1978, error que lo conduce a presumir que no ha transcurrido el tiempo necesario para usucapir\u201d. <\/p>\n
Para demostrar el apuntado yerro, expuso el casacionista, apoy\u00e1ndose en jurisprudencia patria y doctrinaria for\u00e1nea, que las sentencias no acreditan los hechos en ellas admitidos por el juez que las ha proferido, de manera que la dictada en un proceso de restituci\u00f3n no es prueba de los hechos que en ella se dieron por probados en otro juicio posterior con partes distintas, los que deben demostrarse en el nuevo proceso, con \u201cmayor raz\u00f3n si se trata de un proceso de pertenencia de tr\u00e1mite ordinario\u201d. <\/p>\n
Sobre la trascendencia de ese yerro, anot\u00f3 que \u201csi el Tribunal no supone al apreciar err\u00f3neamente como lo hizo, contrariando la doctrina y la jurisprudencia, la existencia de un contrato de arrendamiento, que no se aport\u00f3 legalmente, sino que se deduce de unas providencias judiciales, no lo hubiera conducido por el sendero de exigir la mutaci\u00f3n de tenedora en poseedora, sino que conforme a lo probado en este proceso, con los medios que se\u00f1alan los elementos para usucapir de manera extraordinaria, lo hubiera conducido a la prosperidad de las pretensiones de la demanda\u201d. <\/p>\n
3. Tambi\u00e9n err\u00f3 el Tribunal en cuanto concierne al an\u00e1lisis de la prueba grafol\u00f3gica aludida precedentemente. <\/p>\n
Sostuvo que esa probanza fue recaudada dentro del proceso abreviado de entrega del tradente al adquirente, promovido por el se\u00f1or Mart\u00ednez Castellanos y trasladada a \u00e9ste de acuerdo con el art\u00edculo 185 del C. de P. C. Destac\u00f3 que el sentenciador ad quem no \u201cpod\u00eda\u201d hablar de \u201cextemporaneidad de esta prueba como si el mismo tuviera bajo su control, mando y direcci\u00f3n un proceso concluido y que en nada incide, en el objeto del debate puesto a su conocimiento. O lo que es igual, el Tribunal supone la existencia del contrato de tenencia, el mismo no fue aportado como ordena la ley (art. 268 del C. de P. C.) a este debate judicial, su existencia se quiso demostrar con lo dicho en unas providencias judiciales, que como se vio en cap\u00edtulo anterior, no es posible tener como probados los hechos que originaron las mismas\u201d. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, apunt\u00f3 que \u201ccon la desfiguraci\u00f3n del experticio (sic) rendido y bajo la suposici\u00f3n errada de una supuesta cosa juzgada, el Tribunal err\u00f3 de manera manifiesta y trascendente al considerar extempor\u00e1neo un experticio rendido por perito oficial en relaci\u00f3n con un documento que supuestamente contiene un contrato de arrendamiento que no fue invocado como t\u00edtulo por la parte demandada y con el cual se se\u00f1al\u00f3 la interrupci\u00f3n de una posesi\u00f3n que … no ha sido interrumpida y s\u00ed debidamente estructurada para usucapir\u201d. <\/p>\n
4. Para rematar, el casacionista asegur\u00f3 que el sentenciador de segundo grado, adem\u00e1s, incurri\u00f3 en error de hecho manifiesto en la apreciaci\u00f3n de los testimonios de Ligia Beatriz G\u00f3mez de Pati\u00f1o, Germ\u00e1n Vallejo, Aura Alicia Mill\u00e1n y Bernardina Torres. <\/p>\n
Record\u00f3 el inconforme la utilidad de la prueba testimonial en la labor de establecer los hechos en que se afirma la posesi\u00f3n aducida por el usucapiente y asever\u00f3 \u2013sin incursionar en el puntual contenido de esas declaraciones- que los atr\u00e1s citados dieron cabal cuenta del se\u00f1or\u00edo alegado por la parte actora, despejando cualquier duda a ese respecto, por lo que deb\u00eda tenerse por probado, \u201cque la demandante posee materialmente el inmueble desde 1962; que tal aprehensi\u00f3n la hace con \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a; que no ha sido arrendataria o inquilina de nadie\u201d. <\/p>\n
Luego de hacer cita doctrinaria en el sentido de que el actor no necesita probar que su posesi\u00f3n ha sido ininterrumpida, por tratarse de un negaci\u00f3n indefinida, agreg\u00f3 el recurrente que el Tribunal no pod\u00eda, \u201cpor ser contrario a los principios de derecho probatorio, exigir al demandante quien jam\u00e1s ha sostenido ser inquilino y mucho menos intervertido t\u00edtulo de mero tenedor a poseedor y por ese camino negar los efectos y alcances de los testimonios se\u00f1alados…\u201d <\/p>\n
A fin de demostrar el error, expuso el casacionista que el Tribunal desconoci\u00f3 el contenido real y objetivo de la referida prueba testimonial, con la que se acredit\u00f3, seg\u00fan el censor, los elementos necesarios para hacer viables sus pretensiones. Reproch\u00f3 al juzgador, tambi\u00e9n, porque habr\u00eda desconocido el valor probatorio de tales declaraciones, \u201cexigiendo un elemento ajeno a lo planteado por el libelista, quiso pronunciamiento de los testigos en relaci\u00f3n con un acto que la demandante no ha reconocido como es la supuesta calidad de tenedora que le han endilgado indebidamente a la demandante\u201d. <\/p>\n
Finalmente, anot\u00f3 el inconforme que los se\u00f1alados yerros de apreciaci\u00f3n probatoria impidieron al sentenciador examinar la presencia de los presupuestos de prosperidad de la acci\u00f3n intentada, dej\u00e1ndose sin amparo \u201clos derechos del demandante tutelados en las normas sustanciales y no aplicadas\u201d, las que fueron citadas al presentar la resumida acusaci\u00f3n. <\/p>\n
1. Observa liminarmente la Corte que la piedra de toque de la argumentaci\u00f3n del Tribunal descans\u00f3 en la atribuci\u00f3n del car\u00e1cter de tenedora y no de poseedora que le reconoci\u00f3 a la accionante, en virtud de mediar una relaci\u00f3n contractual arrendaticia constituida desde el a\u00f1o de 1971 entre ella, como arrendataria y JOSE AGUSTIN ROMERO ROMERO, como arrendador del bien materia de disputa, cuyos efectos se habr\u00edan extendido, por lo menos, hasta 1978, a\u00f1o en que el Juzgado 14 Civil del Circuito dict\u00f3 sentencia de segunda instancia dentro del proceso abreviado de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, revocando la de primera (la proferida por el Juzgado 15 Civil Municipal de Bogot\u00e1, favorable al all\u00ed demandante), pero reconociendo, en todo caso, la existencia y vigencia de la aludida relaci\u00f3n jur\u00eddica tenencial y la autenticidad del documento privado que en esa actuaci\u00f3n se aport\u00f3 para acreditar el aducido contrato de arrendamiento. <\/p>\n
Fue con soporte en la prenotada circunstancia, que el Tribunal dedujo que no se estableci\u00f3 que el se\u00f1or\u00edo aducido por la actora se hubiera configurado, sin interrupci\u00f3n, durante el t\u00e9rmino veintenario que para aquel entonces reg\u00eda, en trat\u00e1ndose de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio sobre inmuebles, de conformidad con los art\u00edculos 2531 y 2532 del C\u00f3digo Civil y 1\u00ba de la Ley 50 de 1936. Mem\u00f3rese al respecto, que la demanda con que se dio inicio a la presente actuaci\u00f3n, fue radicada el 9 de abril de 1988 y que la actora aleg\u00f3 que su posesi\u00f3n la ostent\u00f3, en forma continua, desde el a\u00f1o de 1962. <\/p>\n
Debe ponerse de presente, entonces, que el Tribunal no admiti\u00f3, al menos expresamente, que la actora hubiese probado que posey\u00f3 el bien durante el periodo comprendido entre el a\u00f1o de 1962 y la \u00e9poca en que habr\u00eda tenido lugar la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento (finales de 1971), pues al respecto solamente se\u00f1al\u00f3 que si, en gracia de discusi\u00f3n, \u201ccon anterioridad a la fecha del citado contrato, la demandante ostentaba la calidad de poseedora del bien desde 1962, como afirma, significa que esta condici\u00f3n fue interrumpida de manera natural al tomar en arrendamiento el bien de manos del propietario\u201d, sin que, a\u00f1adi\u00f3 el juzgador, ante esta circunstancia, el mero transcurso del tiempo pudiera hacer suponer que la actora mud\u00f3 su condici\u00f3n de mera tenedora (derivada de la as\u00ed deducida calidad de arrendataria), por la de se\u00f1ora y due\u00f1a del inmueble en disputa. <\/p>\n
Sin m\u00e1s, implica lo anterior, que si a pesar de las acusaciones incoadas por el censor, se mantiene inc\u00f3lume la deducida (por el Tribunal) celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento, el cargo en estudio ser\u00e1 infruct\u00edfero, resultando irrelevante, por entero, lo atinente al se\u00f1or\u00edo que pudo haber ostentado la demandante antes del advenimiento de la aludida relaci\u00f3n tenencial. Desde otra perspectiva: si la demanda incoativa se finc\u00f3 en la posesi\u00f3n que sobre el predio en cuesti\u00f3n, de manera ininterrumpida asegur\u00f3 haber esgrimido la actora, por un tiempo superior a 20 a\u00f1os (entre 1962 y 1988), y siendo que durante ese periodo (en el a\u00f1o de 1971) la demandante convino con el entonces propietario inscrito del predio, un contrato de arrendamiento sobre \u00e9ste, en comportamiento inusual de quien se dice due\u00f1o y se\u00f1or de un bien determinado, aflora sin dificultad la no configuraci\u00f3n del mencionado requisito, efecto que se dar\u00e1, por igual, en el evento en que la demandante realmente hubiera pose\u00eddo el predio entre 1962 y 1971, como en el caso contrario, pues en la primera hip\u00f3tesis se habr\u00eda verificado la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo, como en gracia de discusi\u00f3n lo concluy\u00f3 el sentenciador ad quem, y en el segundo supuesto, tal t\u00e9rmino s\u00f3lo podr\u00eda empezar a contarse, si a ello hubiera lugar, despu\u00e9s de que perdiera vigencia el contrato de arrendamiento y en tanto se demostrase debidamente la interversi\u00f3n del titulo, lo cual, por fuerza, tendr\u00eda que ser posterior a su celebraci\u00f3n, lo que en modo alguno posibilitar\u00eda los 20 a\u00f1os que exige la ley, si se tiene en cuenta, adem\u00e1s, que la demanda de pertenencia fue radicada en el a\u00f1o de 1988. <\/p>\n
2. Se impone precisar, seguidamente, que la prueba de aquella relaci\u00f3n de tenencia no la vio el Tribunal, como sin acierto lo afirm\u00f3 el recurrente, en la sentencia que dict\u00f3 el Juzgado 18 Civil Municipal de Bogot\u00e1 (por la que deneg\u00f3 la implorada restituci\u00f3n y se desestim\u00f3 expresamente la tacha de falsedad all\u00ed propuesta por la se\u00f1ora Pinto de Montero con relaci\u00f3n al documento privado que recoge el contrato de arrendamiento que ella habr\u00eda celebrado con el se\u00f1or Romero Romero), sino en el propio documento que refiere los t\u00e9rminos de ese negocio jur\u00eddico, allegado tambi\u00e9n en copia, mediante traslado de los procesos de restituci\u00f3n de tenencia en los que se hizo valer, forma de aportaci\u00f3n que para el censor no amerit\u00f3 reproche alguno. <\/p>\n
Cumple destacar, a su vez, que para deducir esa autenticidad, el sentenciador se fund\u00f3 en la prueba constituida por la mencionada sentencia, pues haciendo alusi\u00f3n a lo que en ella se dijo respecto del contenido de las declaraciones recaudadas en el proceso abreviado donde fue dictada, por quienes, como testigos instrumentales, aparecen firmando dicho escrito, encontr\u00f3 el fallador que qued\u00f3 plenamente establecido que el mismo fue firmado por la ahora demandante, y que, por lo menos, para el a\u00f1o de 1978, esta \u00faltima \u201cestaba en condici\u00f3n de arrendataria del predio que hoy pretende adquirir por el modo de prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria del dominio\u201d, aseveraci\u00f3n que estructur\u00f3, tomando como soporte adicional las sentencias proferidas por los Juzgados 15 Civil Municipal y 14 Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Es inobjetable, entonces, que fue el fracaso de la tacha de falsedad impetrada por la demandante a quien se le atribuy\u00f3 la calidad de arrendatario, lo que dio lugar a que dicho documento se tuviera como aut\u00e9ntico, lo cual, para efectos pr\u00e1cticos, es tanto como afirmar que, con la ejecutoria de la providencia que desestim\u00f3 la tacha de falsedad qued\u00f3 establecido que fue la se\u00f1ora Pinto de Montero quien lo firm\u00f3, en el a\u00f1o de 1971, en la anunciada condici\u00f3n de arrendataria. <\/p>\n
Relativamente a esa apreciaci\u00f3n, basta con repasar brevemente el texto del art\u00edculo 252 del C. de P. C., conforme al cual \u201ces aut\u00e9ntico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado\u201d, y que el documento privado es aut\u00e9ntico, entre otros casos, cuando as\u00ed se haya declarado mediante \u201cprovidencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso\u201d (num. 5), lo cual no era ajeno en el asunto que se decide, pues en la sentencia dictada por el Juzgado 18 Civil Municipal de Bogot\u00e1, se tuvo por no demostrada la tacha de falsedad que, en su condici\u00f3n de demandada, all\u00ed formul\u00f3 la se\u00f1ora Pinto de Montero (la aqu\u00ed demandante, contra quien se opuso esa prueba en el presente proceso), con miras a desvirtuar la autor\u00eda que a ella se le atribuy\u00f3. <\/p>\n
3. Puestas as\u00ed las cosas, emerge de manera incontrovertible que no tendr\u00e1 \u00e9xito el cargo impetrado por el casacionista, quien denunci\u00f3 la supuesta presencia de m\u00faltiples errores de hecho que habr\u00edan llevado al juzgador a concluir, sin haber lugar a ello, que por haber detentado la actora, como arrendataria, el predio en disputa, no se verific\u00f3 el supuesto f\u00e1ctico de uno de los requisitos de prosperidad de la demanda de declaraci\u00f3n de pertenencia por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, cabalmente, el concerniente a la prolongaci\u00f3n de la posesi\u00f3n por un periodo continuo, no inferior a 20 a\u00f1os, ello acorde con la legislaci\u00f3n vigente a la fecha de la demanda (arts. 2531 y 2532 del C\u00f3digo Civil y 1\u00ba de la Ley 50 de 1936). <\/p>\n
Si la apreciaci\u00f3n que hiciera el Tribunal del aludido contrato de arrendamiento, as\u00ed como la inferencia relativa a la autenticidad del documento que lo contiene, no aparecen enervados por la censura, la sentencia se mantiene inc\u00f3lume pues no hay que olvidar que el sentenciador, con sustento en dicho instrumento, sostuvo que la demandante mantuvo la calidad de arrendataria hasta 1978 por lo menos, sin que, adem\u00e1s, hubiese probado la interversi\u00f3n del titulo. <\/p>\n
4. Por lo dem\u00e1s, a la luz de los t\u00e9rminos en que fue esgrimida y sustentada la acusaci\u00f3n en comentario, es lo cierto que ella denota tangibles deficiencias t\u00e9cnicas en varios de los reproches que contiene y que la tornan frustr\u00e1nea, as\u00ed por ejemplo, que el recurrente no demostr\u00f3 adecuadamente los yerros de apreciaci\u00f3n probatoria que endilg\u00f3 al Tribunal, o los present\u00f3 como de hecho, cuando revest\u00edan de una naturaleza distinta, o simplemente se limit\u00f3 a ofrecer sus particulares apreciaciones de tipo f\u00e1ctico, a manera de alegaciones propias de las instancias, omitiendo el cabal acometimiento de las cargas inherentes al recurso extraordinario y marcadamente dispositivo del que se ocupa la Sala. <\/p>\n
<\/p>\n
Para demostrar esta aseveraci\u00f3n basta con reparar en los siguientes aspectos: <\/p>\n
<\/p>\n
1) El censor encontr\u00f3 que en el fallo impugnado se incurri\u00f3 en un error de hecho monumental porque, partiendo de que en sus sentencias, los Juzgados 15 Civil Municipal y 14 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u201cconsideraron que no era posible proponer nuevamente la tacha del documento, dado que el Juzgado 18 lo hab\u00eda declarado aut\u00e9ntico\u201d, el Tribunal infiri\u00f3 que ello era suficiente para apreciar que la autenticidad del documento estaba por fuera de toda duda y que era extempor\u00e1nea la aportaci\u00f3n, previo traslado, del dictamen grafol\u00f3gico aludido por el casacionista. Sin duda, los reproches que de tal forma efectu\u00f3 el casacionista son ajenos a la figura del error de hecho que tanto interesa al recurso de casaci\u00f3n, pues a trav\u00e9s de ellos no fue acusado el sentenciador de haber ignorado, supuesto o distorsionado el contenido material de las aludidas piezas procesales. <\/p>\n
2) Que el contrato de arrendamiento no se acomoda a ninguna de las circunstancias que pod\u00edan incidir en el surgimiento de una causal de interrupci\u00f3n natural del t\u00e9rmino prescriptivo, de las que prev\u00e9 el art\u00edculo 2523 del C\u00f3digo Civil, es aserto que no encierra ninguna queja de tipo probatorio, resultando, por ende extra\u00f1a a la vulneraci\u00f3n indirecta de la ley sustancial que aleg\u00f3 el casacionista. <\/p>\n
3) Que el susodicho contrato de arrendamiento careci\u00f3 de la virtud de interrumpir la posesi\u00f3n de la actora, por cuanto \u00e9sta no fue despojada del uso y goce del inmueble, es una simple apreciaci\u00f3n del casacionista, ayuna del vigor requerido para derribar tan importante y contundente apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica del Tribunal. <\/p>\n
4) Conviene precisar que de alguna forma la cr\u00edtica del casacionista parece estar efectuada a lo que \u00e9l interpreta como una inadecuada asignaci\u00f3n, por parte del juzgador, de la carga probatoria en torno al tema en comentario, inconformidad que tambi\u00e9n hab\u00eda plasmado cuando asever\u00f3 que con motivo de haber repudiado su condici\u00f3n de arrendataria, al contestar la demanda de restituci\u00f3n de la que conociera el Juzgado 18 Civil Municipal, \u201cestaba relevada de demostrar la interversi\u00f3n del t\u00edtulo de tenedora a poseedora\u201d. Estos reproches no conciernen a la apreciaci\u00f3n de la materialidad de los testimonios atr\u00e1s mencionados ni al contenido de la sentencia proferida por el precitado despacho judicial, sino a la posible vulneraci\u00f3n de normas de disciplina probatoria, v. gr., el art\u00edculo 177 del C. de P. C. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo particular, ha de insistir la Corte en que al censor le est\u00e1 vedado denunciar la infracci\u00f3n de la ley sustancial como consecuencia de un error de hecho, aduciendo razones propias del error de derecho. <\/p>\n
5. En s\u00edntesis, visto que no se estableci\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en yerros de naturaleza probatoria cuando dio por establecida judicialmente la autenticidad del documento alusivo a la relaci\u00f3n tenencial con soporte en la cual coligi\u00f3 que la actora no ostent\u00f3 la condici\u00f3n de poseedora del bien en disputa, y que de haber existido, no se acredit\u00f3 que dicha posesi\u00f3n fue ejercida por la interpelada, en forma ininterrumpida, por un t\u00e9rmino de 20 o m\u00e1s a\u00f1os, cual lo demandaba, en su momento, el \u00e9xito de la acci\u00f3n intentada por la recurrente, emerge sin dificultad el fracaso de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, NO CASA la sentencia proferida el 13 de octubre de 1998, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario promovido por OLIMPIA PINTO DE MONTERO contra MARCO ANTONIO MARTINEZ CASTELLANOS y personas indeterminadas. Costas del recurso a cargo de la parte actora. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-204-2005 [7604] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil cinco (2005). Expediente Nro. 7604 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la actora contra la sentencia dictada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83038","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83038"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83038\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}