SC-205-2005 [7691]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil cinco (2005). <\/p>\n
Ref. Expediente No.7691 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 1998, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por JOSE JUAN DUQUE CARDONA contra la FUNDACION ALFONSO JARAMILLO. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor pide que se le declare propietario del 50% del nombre comercial denominado \u201cColegio Alfonso Jaramillo\u201d y, en consecuencia, se determine que tiene plena capacidad jur\u00eddica para disponer del mismo y percibir los beneficios que de \u00e9l se deriven junto con su good will desde el 13 de mayo de 1987, hasta cuando lo transfiera legalmente; solicita, tambi\u00e9n, que se ordene al Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional y a la Secretaria de Educaci\u00f3n del Distrito Capital de Bogot\u00e1 inscribir tales decisiones en los archivos y registros del mencionado Colegio. Reclama, as\u00ed mismo, que se condene a la parte demandada a pagarle la suma de $150.000.000.oo o la cantidad que resulte probada, por concepto del \u201cproducido, de la rentabilidad, del good will, del rendimiento\u201d y los perjuicios irrogados por el uso indebido y abusivo de ese nombre desde la fecha antes citada, al igual que se fije fecha y hora para llevar a cabo la diligencia en que se le ponga en posesi\u00f3n del derecho reclamado y se estipule que en el futuro tiene derecho a intervenir en el manejo de las cuentas corrientes bancarias y en el giro de las actividades de la fundaci\u00f3n demandada. <\/p>\n
2. Afirm\u00f3, para sustentar sus pretensiones, que el derecho de dominio del nombre \u201cColegio Alfonso Jaramillo\u201d le fue adjudicado en la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad \u201cAlfonso Jaramillo y Compa\u00f1\u00eda Limitada\u201d, contenida en la escritura p\u00fablica No.233 del 17 de enero de 1994, cuyo registro gestion\u00f3 ante la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 y las autoridades de educaci\u00f3n del orden nacional y distrital, pero \u00e9stas \u00faltimas no la registraron porque con anterioridad la demandada fue inscrita como due\u00f1a de dicho nombre, vali\u00e9ndose para tal efecto de la escritura p\u00fablica No.2195 del 26 de octubre de 1983, en la que la sociedad liquidada le enajen\u00f3 \u00fanicamente los terrenos e instalaciones donde funciona el establecimiento educativo, pero sin incluir su good will. <\/p>\n
Desde el 13 de marzo de 1987, el aludido nombre y su good will han sido utilizados por la demandada, en forma abusiva, pues lo ha hecho sin el consentimiento del actor y sin reconocerle suma alguna, irrog\u00e1ndole perjuicios de \u201corden econ\u00f3mico, moral y financiero\u201d. <\/p>\n
3. La relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal se trab\u00f3 directamente con el representante legal de la entidad demandada, quien se opuso a las pretensiones. Luego de tramitada la primera instancia, el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 puso fin a ella mediante sentencia absolutoria, la que apelada fue confirmada por el juzgador ad quem, mediante la decisi\u00f3n ahora recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Luego de hacer algunas consideraciones de car\u00e1cter general alrededor de las personas jur\u00eddicas, particularmente de las fundaciones y de las sociedades comerciales, con el anunciado prop\u00f3sito de establecer las diferencias existentes entre una y otras, el nombre de las primeras, la raz\u00f3n social y el denominado good will, que respald\u00f3 con la cita de las disposiciones legales pertinentes, se identific\u00f3 inicialmente con la consideraci\u00f3n del juzgador de primer grado seg\u00fan la cual la denominaci\u00f3n de un colegio no tiene el car\u00e1cter de \u201cnombre comercial\u201d, ni las instituciones educativas son establecimientos de comercio, pero precis\u00f3 que discrepaba de aqu\u00e9l en cuanto a que tuvo ese razonamiento como suficiente motivo para desestimar las pretensiones de la demanda, que se apoyaron en el nombre comercial, para no incurrir en decisi\u00f3n incongruente por extrapetita, posici\u00f3n que critica por corresponder a una \u00f3ptica estrecha, con la que, dijo, se incumpli\u00f3 el deber de interpretar integralmente la demanda. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, entr\u00f3 en el fondo de la cuesti\u00f3n, encontrando probada la afirmaci\u00f3n del demandado seg\u00fan la cual el negocio jur\u00eddico de enajenaci\u00f3n del colegio le permiti\u00f3 adquirir no s\u00f3lo su infraestructura sino la instituci\u00f3n misma, parecer que sustent\u00f3 en los t\u00e9rminos de la promesa que lo antecedi\u00f3 y los testimonios de Santiago Miguel Jaramillo, Manuel Alvaro Carre\u00f1o Boshell, quien en ese acto intervino como representante de la demandada, y Guiomar Romelia Jaramillo Betancourt; para complementar esa elucidaci\u00f3n resalt\u00f3 que las licencias de funcionamiento del plantel de 1950 y 1952 perdieron vigencia en 1985 y 1989, respectivamente, de modo que al iniciarse este proceso no estaban vigentes, no pudiendo producir ning\u00fan efecto jur\u00eddico \u201cam\u00e9n de que tal como se dijo, lleg\u00f3 la Sala a la conclusi\u00f3n de que la compraventa celebrada incluy\u00f3 al colegio como instituci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
El censor apoyado en la causal primera de casaci\u00f3n formula cinco cargos a la sentencia impugnada, los cuales agrup\u00f3 en la demanda seg\u00fan la v\u00eda por la cual los perfil\u00f3, as\u00ed relacion\u00f3 dos de ellos en el ac\u00e1pite que denomin\u00f3 \u201cviolaci\u00f3n directa de normas sustanciales de derecho\u201d y los restantes en el que llam\u00f3 \u201cviolaciones indirectas\u201d. No obstante esa presentaci\u00f3n, la Sala los rese\u00f1ar\u00e1 numer\u00e1ndolos en el orden en que fueron propuestos prescindiendo de la anotada clasificaci\u00f3n y los despachar\u00e1 conjuntamente por adolecer de defectos de t\u00e9cnica que le son comunes. <\/p>\n
1. Cargo Primero <\/p>\n
Alega el recurrente que el fallo viola directamente los art\u00edculos 653 inc. 3\u00ba , 669, 673, 740, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 749, 761, 1857, 1868 y 1884 del C\u00f3digo Civil; 28 ord.9, 229, 247, 249 y 765 del C\u00f3digo de Comercio; 73 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo, 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a causa de haberlos inaplicado. <\/p>\n
Al desarrollar la acusaci\u00f3n expone que los indicados preceptos se refieren al derecho de dominio, al debido proceso para adquirirlo y transmitirlo, \u201ca la obligatoria individualizaci\u00f3n de los bienes y derechos objeto de negociaci\u00f3n, de tal manera que se identifiquen y determinen para que no se preste a interpretaciones o conclusiones equ\u00edvocas o equivocadas que tiendan a involucrar bienes y derechos QUE NO corresponden a la transacci\u00f3n, contra la voluntaria, expresa y objetividad del legislador\u201d. <\/p>\n
El sentenciador inaplic\u00f3 las mencionadas normas en desmedro de los derechos que garantizan, \u201ccomo son los de propiedad y posesi\u00f3n, tanto subjetivos, materiales y administrativos, as\u00ed como sus maneras y formas \u00fanicas de traspasarlos\u201d. Esa omisi\u00f3n condujo a que la parte resolutiva del fallo censurado sea contraria al derecho reclamado. <\/p>\n
2. Cargo Segundo <\/p>\n
Ac\u00fasase en \u00e9l la sentencia impugnada de vulnerar directamente, por indebida aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 309, 583 num. 4\u00ba y 516 del C\u00f3digo de Comercio, 633 del C\u00f3digo Civil y 138 de la Ley 115 de 1994, toda vez que no corresponden al objeto del litigio, el que versa sobre el derecho de propiedad del Colegio Alfonso Jaramillo y \u201clas inherentes licencias de funcionamiento\u201d, en cuanto se relacionan con temas \u201cinconducentes al caso y al objeto de la controversia\u201d. <\/p>\n
El impugnante para demostrar la aludida acusaci\u00f3n se\u00f1ala que el art\u00edculo 633 del C\u00f3digo Civil regula la existencia de las personas jur\u00eddicas, aspecto que no es materia de discusi\u00f3n en relaci\u00f3n con la demandada, \u201cpor lo cual al no existir cuestionamiento y aplicarse la norma indicada, lo hace indebidamente, violando las sustanciales que son pertinentes y que fueron inaplicadas en el cargo anterior\u201d; Igual situaci\u00f3n acontece con el 309 del C\u00f3digo de Comercio que consagra la exclusi\u00f3n de la raz\u00f3n social en caso de enajenaci\u00f3n del establecimiento de comercio, categor\u00eda jur\u00eddica que no tiene la Fundaci\u00f3n demandada ni el Colegio, \u201cpor lo cual la disposici\u00f3n indicada no puede aplicarse en el litigio por cuanto al efectuarse, conlleva su APLICACI\u00d3N INDEBIDA que viola directamente las normas sustanciales relacionadas con el derecho de propiedad, su tradici\u00f3n, su posesi\u00f3n etc…\u201d <\/p>\n
En cuanto toca con los art\u00edculos 516-1 y 583-4 del C\u00f3digo de Comercio, que se contraen al nombre comercial en relaci\u00f3n con el empresario, dice que est\u00e1n \u201cp\u00e9simamente utilizados\u201d en vista de la imposibilidad jur\u00eddica de atribuir la categor\u00eda indicada al Colegio, a la Fundaci\u00f3n, y al demandante \u201cpara formar imaginariamente una relaci\u00f3n que por precaria se traduce en APLICACI\u00d3N INDEBIDA, conllevando la violaci\u00f3n de normas sustanciales que determin\u00e9 en el cargo anterior…\u201d <\/p>\n
\u201cEl art\u00edculo 318 de la Ley 115 de 1994 (sic) se\u00f1ala que define el concepto de establecimiento o instituci\u00f3n educativa\u201d, guardando silencio acerca de su propiedad, tradici\u00f3n y posesi\u00f3n, materias objeto del debate \u201cpor lo cual al traerlo el Tribunal en su sentencia como medio legal inapropiado, viola directamente normas sustantivas de derecho por APLICACI\u00d3N INDEBIDA, como son las se\u00f1aladas en el cargo anterior…\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cargo Tercero <\/p>\n
<\/p>\n
En su desarrollo y en cuanto toca con las resoluciones primeramente citadas, sostiene el recurrente que se expidieron sin observar el debido proceso dentro del tr\u00e1mite administrativo surtido en el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, puesto que ni el demandante ni la sociedad Alfonso Jaramillo y C\u00eda. Ltda. tuvieron audiencia, tampoco solicitaron la expedici\u00f3n de las resoluciones aludidas; as\u00ed, tales actos administrativos se obtuvieron a sus espaldas por petici\u00f3n unilateral de la fundaci\u00f3n demandada, lo que determina infracci\u00f3n del art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y la nulidad de pleno derecho consagrada en el art\u00edculo 29-5 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que imped\u00eda reconocerles valor probatorio, am\u00e9n que el impugnante no prest\u00f3 su consentimiento para que se revocaran las resoluciones 2315 de 1950 y 1025 de 1952 \u201ccontentivas de sus derechos de propiedad sobre las licencias de funcionamiento y el nombre del Colegio Alfonso Jaramillo\u201d, lo que refuerza la ilegalidad de las aqu\u00ed cuestionadas, por lo que las primeras conservan validez de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 73 del C\u00f3digo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
Como el Tribunal acogi\u00f3 los censurados actos administrativos como prueba eficiente para desconocer los derechos del actor consagrados en las Resoluciones Nos.2315 de 1951 y 1025 de 1952, rest\u00e1ndole a \u00e9stas vigencia y validez, \u201cincurri\u00f3 en error de derecho en su apreciaci\u00f3n por carecer de los presupuestos legales y procedimentales exigidos por el art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cargo Cuarto <\/p>\n
Se denuncian errores de hecho y de derecho determinantes de la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 664, 669, 673, 740, 741, 742, 745, 761, 762, 1867 inc. 2\u00ba y 1884 del C\u00f3digo Civil; art\u00edculos 28-9, 229 y 247 del C\u00f3digo de Comercio; 174, 175, 176, 185, 187, 195, 198, 200, 203, 211, 217, 218, 227, 228, 233, 237, 240, 241, 247, 250, 251, 252, 253, 262, 264, 265, 268, 271, 276, 277, 280, 283, 288, 289 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Sin especificar los ataques originados en uno y otro tipo de error, expresa el casacionista lo siguiente: <\/p>\n
El Tribunal desatendi\u00f3 las pruebas documentales demostrativas del dominio y tradici\u00f3n de los derechos sustanciales reclamados en el proceso, y por ello viol\u00f3 indirectamente la ley sustancial que protege el derecho de propiedad del recurrente sobre el nombre y la licencia de funcionamiento del colegio. Tales pruebas fueron el acta de liquidaci\u00f3n de la sociedad Alfonso Jaramillo y C\u00eda Ltda. del 13 de mayo de 1987, inscrita en la C\u00e1mara de Comercio (fls. 85 a 87), protocolizada mediante escritura No.233 otorgada el 17 de enero de 1994 en la Notar\u00eda 1\u00aa de Bogot\u00e1 (fls. 14 a 17); \u201cnota aut\u00e9ntica\u201d visible a folios 52 y 53 aportada por la demandada; constancias oficiales de los folios 79 y 80 ; y las obrantes en el cuaderno dos, a saber: \u201cdocumento\u201d de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Distrito del 24 de febrero de 1995 ( fl. 53 ), y nota de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n de 12 de marzo de 1984 (fl 278), demostrativas de que JOSE JUAN DUQUE CARDONA es el propietario de los derechos sobre el Colegio Alfonso Jaramillo y su licencia de funcionamiento en proporci\u00f3n del 50%. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con cada una de esas probanzas hizo las siguientes puntualizaciones: <\/p>\n
4.1 La nota de la secretar\u00eda de educaci\u00f3n del 12 de marzo de 1984 expresa que el multicitado plantel es de propiedad de la Sociedad \u201cAlfonso Jaramilo y C\u00eda. Ltda\u201d y que esa dependencia posee copias de las resoluciones Nos.2315 de 1950 y 1025 de 1952, aprobatorias de los estudios primarios y secundarios. <\/p>\n
4.2 El Ministerio de Educaci\u00f3n, en el escrito del 26 de noviembre de 1986 ( F. 79, C. 1), con apoyo en la escritura No.2196 del 26 de octubre de 1983, otorgada en la Notar\u00eda 17, expresa que la fundaci\u00f3n adquiri\u00f3 terrenos, edificaciones, muebles y enseres, sin que aparezcan incluidos los derechos de propiedad relacionados con las licencias de funcionamiento y que la administraci\u00f3n del colegio, no su propiedad, la ejerce la fundaci\u00f3n. <\/p>\n
4.3 El documento visible a folios 52 y 53 del cuaderno No.1, refleja que s\u00f3lo se transfirieron a la fundaci\u00f3n los derechos que en proporci\u00f3n del 50% adquirieron los adjudicatarios Santiago y Guiomar Jaramillo, \u201cdejando expresamente en claro que el otro 50% de tales derechos son de propiedad de Jos\u00e9 Juan Duque Cardona y que \u00e9ste LOS OFRECIO EN PRIMER TERMINO a la Fundaci\u00f3n a TITULO ONEROSO sin que hubiera sido aceptada la oferta por LA FUNDACION y que adem\u00e1s, los hermanos Jaramillo NO PODIAN DISPONER ni dispusieron de derechos ajenos a tal punto que expresaron que se podr\u00edan negociar posteriormente con su titular y propietario Jos\u00e9 Juan Duque C.\u201d <\/p>\n
4.4 La certificaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Distrito del 24 de febrero de 1995 ( F. 53, cuad.2 ), da cuenta de que inicialmente la propiedad del plantel educativo era de la referida sociedad, la que vari\u00f3 seg\u00fan anotaci\u00f3n del 30 de octubre de 1987 en la que figura el 50% a nombre de Jos\u00e9 Juan Duque Cardona, el 25% en cabeza de Guiomar Jaramillo y el excedente a nombre de Santiago Jaramillo. <\/p>\n
Apunta el censor, as\u00ed mismo, de una parte, que a los folios 206 y 207 del cuaderno No.2 obra nota del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional del 28 de julio de 1988, en la que se expresa que investigados los antecedentes del colegio, aparecen las partes como propietarios en las proporciones antes indicadas, y de otra, que en escrito del 24 de septiembre de 1985, los representantes de la sociedad hicieron oferta a la fundaci\u00f3n de las licencias de funcionamiento, propuesta que no tuvo respuesta \u201cpero SI LA CERTEZA de que la propietaria de ellos era la SOCIEDAD…\u201d <\/p>\n
4.5 El recurrente le atribuye error al Tribunal por haber ignorado la prueba pericial obrante a los folios 579 a 581, 583 y 584, y 611 a 614 del cuaderno dos, mediante la cual se justipreci\u00f3 el derecho de propiedad y el rendimiento originado en la administraci\u00f3n del Colegio, afirmando que esto dio lugar a la violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales. <\/p>\n
El censor, a continuaci\u00f3n, afirma que el Tribunal tambi\u00e9n incurri\u00f3 en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la promesa de compraventa y de la escritura No.2195 otorgada el 26 de octubre de 1983 en la Notar\u00eda 17 de Bogot\u00e1, ya que infiri\u00f3 de ellos que se vendi\u00f3 el colegio como instituci\u00f3n incluyendo el nombre, cuando en realidad tales documentos antes que reflejar una \u201cventa global\u201d se refieren a bienes perfectamente determinados e individualizados, infringiendo los art\u00edculos 1867 inc. 2\u00ba y 1884 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Del mismo modo denuncia que el sentenciador incurri\u00f3 en el aludido yerro al apreciar los testimonios de Juan Manuel Carre\u00f1o, Santiago Jaramillo y Guiomar Jaramillo, para cuya demostraci\u00f3n dice el recurrente que aquellos narraron que para ponerle fin a las disputas surgidas entre los integrantes de la sociedad Jaramillo y C\u00eda. Ltda. se decidi\u00f3 la venta del colegio, \u201cpero que como el planteamiento a la determinaci\u00f3n final de venderlo no prosper\u00f3 respecto de los derechos adjudicados a Jos\u00e9 Juan Duque Cardona, concluyen expresando, sin lugar a duda, que el colegio no se ofreci\u00f3 en venta por la sociedad a la fundaci\u00f3n por lo cual no aparece relacionado en la escritura\u201d, y que inquiridos acerca de este particular respondieron los testigos que se aten\u00edan a lo que rezaba la escritura, de manera que, como \u00e9sta \u201cno los incluye, forzosamente tiene que concluirse QUE NO se vendieron, ….y sin embargo el Tribunal le dio a las respuestas una valoraci\u00f3n totalmente contraria no s\u00f3lo a las pruebas comentadas sino tambi\u00e9n a las expresas y claras normas sustanciales, viol\u00e1ndolas indirectamente por equivocada apreciaci\u00f3n de la prueba…\u201d <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cargo Quinto <\/p>\n
El censor acusa el fallo impugnado de violar indirectamente las normas citadas en el anterior cargo, por indebida apreciaci\u00f3n de las Resoluciones Nos.15077 de 1985 y 01626 de 1989, que hace consistir en que a pesar de ser \u201cintrascendentes\u201d para el recurrente, el Tribunal no vio que al quedar sin efecto la primera de ellas por virtud de lo resuelto en la segunda, revivi\u00f3 la No.2315 de 8 de noviembre de 1950, \u201cque conlleva el derecho de propiedad de Jos\u00e9 Juan Duque Cardona sobre el Colegio Alfonso Jaramillo y sus (sic.) Licencia de Funcionamiento\u201d, no obstante lo cual estim\u00f3 que \u00e9sta no estaba vigente. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El sentenciador consider\u00f3 que la compraventa celebrada por la fundaci\u00f3n demandada \u201cincluy\u00f3 al colegio como instituci\u00f3n\u201d, lo que dedujo del contrato de promesa que antecedi\u00f3 a esa negociaci\u00f3n y de los testimonios de Santiago Miguel Jaramillo, Guiomar Romelia Jaramillo Betancourt y Manuel Alvaro Carre\u00f1o Boshell, am\u00e9n que encontr\u00f3 que tal conclusi\u00f3n la corroboraba el hecho de que las licencias de funcionamiento del plantel Nos.2315 de 1950 y 1025 de 1952 perdieron vigencia a partir de las Resoluciones Nos.15077 del 13 de septiembre de 1985 y 001626 del 14 de junio de 1989, respectivamente, por lo que carec\u00edan de vigor cuando se inici\u00f3 el proceso y, obviamente, no produc\u00edan efecto jur\u00eddico alguno. <\/p>\n
<\/p>\n
Como, en ajustada s\u00edntesis, esos razonamientos constituyen el pilar en que se edific\u00f3 el fallo impugnado, resulta patente que el censor para aniquilarlo, necesariamente ten\u00eda que encaminar su labor a combatirlos, para luego si proponer la interpretaci\u00f3n normativa o la apreciaci\u00f3n probatoria que considerara aplicable al litigio, tarea que no aparece cumplida en los cargos objeto de decisi\u00f3n. <\/p>\n
2. El recurrente en los dos primeros cargos rese\u00f1ados se limit\u00f3 a poner de presente los predicados de las normas por cuya supuesta violaci\u00f3n se queja, para resaltar que las referidas en el cargo primero no fueron aplicadas al caso controvertido, en desmedro de los derechos de propiedad y posesi\u00f3n que ellas garantizan, y que las relacionadas en el cargo segundo, en su parecer, no regulaban el asunto en discusi\u00f3n, el que versa sobre el derecho de propiedad del Colegio Alfonso Jaramillo y las \u201cinherentes licencias de funcionamiento\u201d; tr\u00e1tase, como palmariamente se observa, de unas lac\u00f3nicas alegaciones que no contienen una acusaci\u00f3n concreta contra el fallo cuestionado, y mucho menos enderezada a refutar las conclusiones sustanciales o probatorias que lo sustentan. <\/p>\n
En esas condiciones, los parcos e insubstanciales planteamientos esbozados en los aludidos cargos resultan extra\u00f1os al discurso argumentativo de la sentencia, a cuyo rebatimiento debi\u00f3 aplicarse la censura con miras a derribar la decisi\u00f3n recurrida, motivo por el cual contin\u00faan en pi\u00e9 los soportes en que ella est\u00e1 cimentada. <\/p>\n
3. El censor en el tercer cargo le enrostra al sentenciador la comisi\u00f3n de error de derecho al haberle reconocido valor probatorio a las Resoluciones Nos.15077 y 001626 del 13 de septiembre de 1985 y 14 de junio de 1989, respectivamente, pese a las irregularidades en que se incurri\u00f3 en su expedici\u00f3n y que en su concepto imped\u00edan apreciarlas. Refiri\u00f3 en el punto que las normas de estirpe probatoria quebrantadas fueron los art\u00edculos 174, 175, 176, 185 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, junto con el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. No obstante, no precis\u00f3 el recurrente, con la explicitud que en punto es de rigor, de qu\u00e9 manera viol\u00f3 el juzgador ad quem los rese\u00f1ados preceptos, e, inclusive no se detuvo a reparar si realmente exist\u00eda alguna relaci\u00f3n entre el contenido normativo de dichas disposiciones con la alegaci\u00f3n que expone en la censura. <\/p>\n
En efecto, no se\u00f1al\u00f3 el recurrente c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n de las rese\u00f1adas reglas de derecho probatorio, habida cuenta que se conform\u00f3 con se\u00f1alar que como los actos administrativos cuestionados se expidieron sin su audiencia, se quebrantaron la norma constitucional en cita y el art\u00edculo 185 del ordenamiento procesal, sin preocuparse por explicar porqu\u00e9 raz\u00f3n las inferencias que el Tribunal asent\u00f3 en torno a dichas resoluciones infringieron las aludidas reglas que gobiernan, de un lado, lo concerniente con la prueba trasladada y, del otro, la exclusi\u00f3n de la prueba il\u00edcita, aspectos sobre los cuales no se pronuncia la censura, ni de su mera enunciaci\u00f3n aflora la relaci\u00f3n que puedan guardar con la apreciaci\u00f3n que de ellos hizo el sentenciador. <\/p>\n
<\/p>\n
La verdad es que pareciera que lo que el impugnante quiere poner de presente es la supuesta ilegalidad de los mentados actos administrativos, alegaci\u00f3n que, como es patente, esta fuera del \u00e1mbito de discusi\u00f3n en este litigio, m\u00e1xime cuando la presunci\u00f3n de legalidad que los ampara no aparece en \u00e9l desvirtuada. <\/p>\n
Las referidas decisiones administrativas tambi\u00e9n fueron objeto de censura en el cargo quinto, en el que se acusa al juzgador de no haber visto que al quedar sin efecto la Resoluci\u00f3n No.15077 de 1985 por virtud de lo resuelto en la No.001626 de 1989, recobr\u00f3 vigencia el acto administrativo No.2315 de 1950 que, en su entender, le confiere el derecho de dominio reclamado. Empero, en esa queja no se precisa la clase de yerro, de hecho o de derecho, en que presuntamente incurri\u00f3 el fallador al contemplar y evaluar las pruebas en cuesti\u00f3n, ni tampoco aflora de la exposici\u00f3n en ella contenida. <\/p>\n
En todo caso, si se entendiese que el recurrente recrimina al sentenciador por haber cometido un error f\u00e1ctico, lo cierto es que omiti\u00f3 poner al descubierto la divergencia que en su sentir existe entre el contenido de los documentos censurados y la consideraci\u00f3n que de los mismos efect\u00fao el Tribunal, en aras de evidenciar el yerro denunciado y cumplir de esta manera con su demostraci\u00f3n. <\/p>\n
En el cargo cuarto se rebate la consideraci\u00f3n del sentenciador seg\u00fan la cual la compraventa celebrada por la fundaci\u00f3n demandada \u201cincluy\u00f3 al colegio como instituci\u00f3n\u201d y los medios de convicci\u00f3n que lo llevaron a esa deducci\u00f3n. Tr\u00e1tase, seg\u00fan lo advierte la Sala, de una impugnaci\u00f3n de orden f\u00e1ctico, conforme emerge de los planteamientos en \u00e9l desarrollados, motivo por el cual no le bastaba al casacionista individualizar los medios de convicci\u00f3n censurados y referir su propia percepci\u00f3n de los mismos, sino que era necesario confrontar su contenido con las conclusiones que sobre el particular expuso el fallador, para de esta manera poner de presente la manifiesta disparidad existente entre ambos y su trascendencia en la decisi\u00f3n, requerimientos estos que pas\u00f3 por alto. <\/p>\n
De todas maneras, como ya se dijera, al lado de esta inferencia asent\u00f3 el fallador que como las resoluciones Nos.2315 de 1950 y 1025 de 1952 fueron derogadas, hab\u00eda expirado su efecto jur\u00eddico. Y como quiera que esa elucidaci\u00f3n permanece inc\u00f3lume, habida cuenta que los cargos tercero y cuarto, en los que se formularon recriminaciones a esa conclusi\u00f3n se frustraron ante las deficiencias t\u00e9cnicas en las que incurri\u00f3 el recurrente en su presentaci\u00f3n, ella contin\u00faa cimentando el fallo; por supuesto que conforme a esa motivaci\u00f3n, para el juzgador ad quem el derecho reclamado no exist\u00eda en cabeza del actor para la \u00e9poca en que se inici\u00f3 el litigio, reflexi\u00f3n que por s\u00ed sola es suficiente para mantener el fallo cuyo quebranto se persigue, de suerte que bajo el panorama expuesto, la acusaci\u00f3n en estudio resulta inane para aniquilarlo. <\/p>\n
<\/p>\n
Resultan, entonces, las consideraciones precedentes suficientes para colegir que los cargos aqu\u00ed formulados no se abren paso. <\/p>\n
V. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, NO CASA la sentencia proferida el 9 de diciembre de 1998 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en este proceso ordinario de JOSE JUAN DUQUE CARDONA, contra la FUNDACION ALFONSO JARAMILLO. <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE, Y EN SU OPORTUNIDAD DEVU\u00c9LVASE A LA CORPORACI\u00d3N DE ORIGEN. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-205-2005 [7691] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil cinco (2005). Ref. Expediente No.7691 Dec\u00eddese el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83039","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83039\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}