SC-207-2005 [7367]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., once de agosto de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Expediente No. 7367 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 3 de julio de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, como ep\u00edlogo de los procesos ordinarios acumulados promovidos contra el Distrito Tur\u00edstico y Cultural de Cartagena de Indias, por Jos\u00e9 Antonio, Luc\u00eda Rosa y Mar\u00eda del Rosario Martelo Mart\u00ednez; Ram\u00f3n, Yolanda, Javier, Luis Carlos y Gloria Isabel Paz Delgado; Dionisio, Cecilia y Jorge V\u00e9lez Martelo; Doris, Augusto Bartolom\u00e9, Leticia Eugenia, Fernando Arturo y Ernesto Carlos Martelo Mart\u00ednez; Rodolfo Martelo Jim\u00e9nez; Jaime, Alberto, Reynaldo Enrique, Mireya, Gabriel Leopoldo, Roberto Antonio y Claudia Patricia Borda Martelo y Josefina De la Espriella de G\u00f3mez Naar. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, Jos\u00e9 Antonio, Luc\u00eda Rosa y Mar\u00eda del Rosario Martelo Mart\u00ednez, en calidad de herederos de Jos\u00e9 Antonio Martelo Jim\u00e9nez; Ram\u00f3n, Yolanda, Javier Ignacio y Luis Carlos Paz Delgado, como herederos de Gloria Delgado de Paz; y Dionisio, Cecilia y Jorge V\u00e9lez Martelo, herederos de Teresa del Pilar Martelo de Mess\u00edas, antes de V\u00e9lez, presentaron demanda contra el Distrito Tur\u00edstico y Cultural de Cartagena de Indias. Durante el tr\u00e1mite fue reconocida como litisconsorte de los demandantes Josefina De la Espriella de G\u00f3mez Naar, en su condici\u00f3n de propietaria del 50% del inmueble litigado. <\/p>\n
Las pretensiones persegu\u00edan las siguientes declaraciones y condenas: <\/p>\n
1.1. Que pertenece a cada una de las sucesiones il\u00edquidas de los se\u00f1ores Jos\u00e9 Antonio Martelo Jim\u00e9nez, Gloria Delgado de Paz y Teresa del Pilar Martelo de Mess\u00edas, una (1) cuota proindivisa de las seis (6) en que se ha dividido el cincuenta por ciento (50%) del derecho de propiedad de un lote de terreno ubicado en el Barrio de Manga, Sector Inal\u00e1mbrico, Cuarta Avenida, Calle 29, marcado con los n\u00fameros 29-30 y 29-31 de la actual nomenclatura urbana de Cartagena, con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 060-0005635, cuyos linderos y especificaciones aparecen en la demanda. <\/p>\n
1.2. Que como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n, se condene a la demandada a restituir a favor de la comunidad formada por las herederos de Jos\u00e9 Antonio Martelo Jim\u00e9nez, Gloria Delgado de Paz, Teresa del Pilar Martelo de Mess\u00edas y a Josefina De la Espriella de G\u00f3mez Naar, el bien inmueble se\u00f1alado en la demanda, con las cosas que forman parte del predio. <\/p>\n
1.4. Que la parte demandante no est\u00e1 obligada a indemnizar las expensas necesarias a que se refiere el art\u00edculo 965 del C.C., porque el demandado es poseedor de mala fe. <\/p>\n
1.5. Que se ordene la cancelaci\u00f3n de cualquier gravamen establecido sobre el inmueble materia de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Por otro lado, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, demandaron Jaime, Alberto, Reynaldo, Mireya, Gabriel Leopoldo, Roberto Antonio y Claudia Patricia Borda Martelo en calidad de herederos de Anita Martelo de Borda; Doris, Augusto Bartolom\u00e9, Leticia Eugenia, Fernando Arturo, y Ernesto Carlos Martelo Mart\u00ednez, herederos de Ernesto Carlos Martelo Jim\u00e9nez; tambi\u00e9n demand\u00f3 Rodolfo Martelo Jim\u00e9nez en su condici\u00f3n de heredero de Rosa Amelia Jim\u00e9nez de Delgado (antes de Martelo), pero como falleci\u00f3 durante el curso del proceso lo sucedieron Gonzalo Javier y Rodolfo Le\u00f3n Martelo Jim\u00e9nez. El demandado en este caso fue igualmente el Distrito Tur\u00edstico y Cultural de Cartagena. <\/p>\n
Los demandantes solicitaron en esta oportunidad que se diera abrigo a las siguientes pretensiones: <\/p>\n
2.1. Que pertenece a las sucesiones il\u00edquidas de Ernesto Carlos Martelo Jim\u00e9nez, Anita Martelo de Borda, y a Rodolfo Martelo Jim\u00e9nez, sendas cuotas de las seis (6) en que se encuentra dividido el 50% del derecho de propiedad del lote de terreno ubicado en la ciudad de Cartagena, Barrio de Manga, Sector Inal\u00e1mbrico o Cuarta Avenida, Calle 29, marcado con los n\u00fameros 29-30 y 29-31 de la actual nomenclatura urbana de Cartagena, con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 060-0005635, cuyos linderos y especificaciones se\u00f1alan en la demanda. <\/p>\n
2.2. Que como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n se condene al municipio de Cartagena a restituir a los demandantes, en su condici\u00f3n de sucesores de los \u00abcond\u00f3minos\u00bb fallecidos, el bien inmueble descrito en la pretensi\u00f3n principal, con todo lo que \u00e9l comprende. <\/p>\n
2.3. Se condene al demandado a pagar a los demandantes los frutos naturales y civiles en proporci\u00f3n al derecho que les corresponde sobre el lote de terreno mencionado y se califique su posesi\u00f3n como de mala fe, por lo mismo sin derecho a las indemnizaciones o expensas a que se refiere el art\u00edculo 965 del C.C. <\/p>\n
3. Para sustentar las pretensiones, las demandas acumuladas presentaron un cuadro de hechos com\u00fan que se condensa enseguida. <\/p>\n
3.1. Los demandantes afirman que su propiedad se encuentra respaldada por los siguientes t\u00edtulos que en orden hist\u00f3rico se relacionan: <\/p>\n
a. Dionisio Jim\u00e9nez G\u00f3mez obtuvo la propiedad por compra que hizo a Manuel G\u00f3mez C\u00e1sseres y Ana Grave de G\u00f3mez, seg\u00fan aparece en la escritura p\u00fablica No. 05 del 9 de enero de 1904, debidamente registrada. Consta en el instrumento la venta de la Isla de Manga, situada en los extremos de la ciudad al sur y hacia la derecha, saliendo por el Camell\u00f3n de nombre Paseo de Heredia, con una extensi\u00f3n de 90.000 cabuyas, aunque de este predio de mayor extensi\u00f3n s\u00f3lo se vendi\u00f3 a Jim\u00e9nez G\u00f3mez lo que qued\u00f3 despu\u00e9s de vender varios lotes a diferentes personas, seg\u00fan la relaci\u00f3n que aparece en la citada escritura. <\/p>\n
b. Teresa Pi\u00f1eres viuda de Jim\u00e9nez adquiri\u00f3 las dos (2) cuotas, de un total de cuatro (4) en que se dividi\u00f3 la propiedad indivisa, en la sucesi\u00f3n de su esposo Dionisio Jim\u00e9nez G\u00f3mez, tal como aparece en el proceso sucesoral protocolizado mediante la Escritura P\u00fablica No. 647 del 20 de septiembre de 1915, inscrita en el Registro de Instrumentos P\u00fablicos el d\u00eda 27 siguiente; las otras dos (2) cuotas fueron asignadas equitativamente a sus hijas Rosa Amelia Jim\u00e9nez de Martelo y Mar\u00eda Teresa Jim\u00e9nez de De la Espriella. <\/p>\n
c. Con la muerte de Teresa Pi\u00f1eres viuda de Jim\u00e9nez, cada una de sus hijas, Rosa Amelia Jim\u00e9nez de Delgado (antes de Martelo) y Mar\u00eda Teresa Jim\u00e9nez de De la Espriella adquiri\u00f3 el 50% del citado bien, correspondientes a dos de las cuatro acciones en que aparece dividida \u201cla porci\u00f3n indivisa de los terrenos de la Isla de Manga, en la parte en que no se han verificado demarcaciones o ventas a extra\u00f1os, de acuerdo con el mapa del mismo barrio e Isla\u201d, como consta en el proceso de sucesi\u00f3n protocolizado en la Escritura P\u00fablica No. 687 de 29 de septiembre de 1942 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Cartagena. <\/p>\n
d. Rosa Amelia Jim\u00e9nez de Delgado (antes de Martelo) muri\u00f3; la sucesi\u00f3n termin\u00f3 mediante sentencia de 1\u00ba de diciembre de 1976, que se protocoliz\u00f3 en la escritura p\u00fablica No. 859 del 14 de junio de 1977 de la Notar\u00eda 2\u00aa de Cartagena, all\u00ed heredaron su cuota en la propiedad: Jos\u00e9 Antonio Martelo Jim\u00e9nez, Teresa Martelo de Mess\u00edas, Anita Martelo de Borda, Ernesto Martelo Jim\u00e9nez, Rodolfo Martelo Jim\u00e9nez y Gloria Delgado de Paz, quienes vienen a ser causantes de algunos de los intervinientes en los procesos acumulados. <\/p>\n
e. Al fallecer Mar\u00eda Teresa Jim\u00e9nez de De la Espriella, la mitad del predio que a ella correspond\u00eda, fue heredado por Josefina De la Espriella de G\u00f3mez Naar, seg\u00fan Escritura P\u00fablica No. 1309 de 1968. <\/p>\n
f. A partir de la comparecencia al proceso de la litisconsorte de los demandantes, Josefina De la Espriella de G\u00f3mez Naar, se adjuntaron t\u00edtulos anteriores a los indicados en la demanda, que dan cuenta de los antecedentes que tuvo la adquisici\u00f3n de la propiedad del inmueble por parte de Anna Grave de G\u00f3mez (antes de Romero), quien adquiri\u00f3 de Federico Romero por escrituras p\u00fablicas 112 del 23 de junio de 1888, 256 y 257 de 21 y 24 de septiembre de 1888, parte por sucesi\u00f3n y otra por testamento; Federico Romero hab\u00eda adquirido de Ram\u00f3n Benedetti y Juana de Jes\u00fas Egues de Benedetti, por remate protocolizado en escritura p\u00fablica 022 de 24 de enero de 1880 de la Notar\u00eda Principal de Cartagena. <\/p>\n
3.2. Los herederos de la sucesi\u00f3n de Rosa Amelia Jim\u00e9nez de Delgado, jam\u00e1s tuvieron materialmente el inmueble porque su apoderado nunca les hizo entrega del mismo, ni rindi\u00f3 las cuentas, a pesar de lo cual el proceso de sucesi\u00f3n termin\u00f3 con sentencia de 1\u00ba de diciembre de 1976, \u00e9poca que coincide con el otorgamiento de la escritura No. 2817 de 30 de diciembre de 1976 en la que el Municipio de Cartagena celebr\u00f3 un comodato a favor de la Zona Franca Industrial y Comercial de esta ciudad. <\/p>\n
4. El demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones de ambas demandas, dijo no constarle los hechos constitutivos de la causa petendi, neg\u00f3 que el municipio fuera el poseedor del predio porque pese a la concesi\u00f3n del comodato a la Zona Franca, no ha ejecutado actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el inmueble; finalmente formul\u00f3 la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
5. El Juzgado 4\u00ba Civil del Circuito de Cartagena dispuso la acumulaci\u00f3n de los procesos, mediante providencia de 21 de abril de 1993. Luego del tr\u00e1mite de la instancia, declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas por el demandado, a quien declar\u00f3 poseedor de buena fe, reconoci\u00f3 a favor de los demandantes, el dominio pleno y absoluto del inmueble reivindicado, dispuso la restituci\u00f3n del bien a la comunidad de \u00e9stos y conden\u00f3 al demandado al pago de $2.312\u2019862.000.oo por concepto de los frutos dejados de percibir. <\/p>\n
6. La parte demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n, y en lo de su cargo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena revoc\u00f3 la sentencia apelada, desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas de ambas instancias a la parte demandante. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA <\/p>\n
El Tribunal reprodujo las exigencias para el \u00e9xito de la acci\u00f3n de dominio o reivindicatoria ejercitada por los demandantes, de la cual dijo deben acreditarse cuatro condiciones: Que el demandante es due\u00f1o del bien; posesi\u00f3n material en el demandado; cosa singular reivindicable o cuota parte de ella; y finalmente identidad entre la cosa que pretende el demandante y aquella que es pose\u00edda por el demandado. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que los dos primeros presupuestos determinan la legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva, efectu\u00f3 despu\u00e9s el estudio de los t\u00edtulos presentados por los demandantes a fin de demostrar la propiedad sobre el inmueble, para lo cual consult\u00f3 las copias aut\u00e9nticas de las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 5 de 9 de enero de 1904, 647 de 20 de septiembre de 1915, 687 de 29 de septiembre de 1942, 1309 de 30 de agosto de 1968, todas de la Notar\u00eda 1\u00aa de Cartagena y 859 de 14 de junio de 1977 de la Notar\u00eda 2\u00aa de la misma ciudad. <\/p>\n
Sobre los t\u00edtulos aportados, precis\u00f3 que la escritura p\u00fablica No. 5 de 9 de enero de 1904 contiene la venta de Anna Grave de G\u00f3mez Casseres a Dionisio Jim\u00e9nez G\u00f3mez, que se refiere gen\u00e9ricamente a la Isla de Manga; la No. 647 de 1915 que ata\u00f1e a la adjudicaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n del anterior adquirente a su esposa Teresa Pi\u00f1eres viuda de Jim\u00e9nez y a sus hijas Rosa Amelia Jim\u00e9nez de Delgado y Mar\u00eda Teresa Jim\u00e9nez de De la Espriella, mediante la cual el bien se\u00f1alado en la escritura anterior se fraccion\u00f3 en cuatro (4) partes indivisas, dos (2) para la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y una (1) m\u00e1s para cada herederas; la escritura No. 687 de 1942 que contiene la adjudicaci\u00f3n sucesoral de Teresa Pi\u00f1eres viuda de Jim\u00e9nez a sus dos hijas, quedando \u00e9stas con la totalidad del bien, seg\u00fan un mapa que si bien se anunci\u00f3, no se alleg\u00f3 al instrumento; que en la escritura No. 1309 de 1968 se protocoliz\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del 50% del inmueble de propiedad de Mar\u00eda Teresa Jim\u00e9nez de De la Espriella a su hija adoptiva Josefina De la Espriella de G\u00f3mez Naar, donde se determin\u00f3 un predio por linderos y ubicado en la calle 29 del Barrio de Manga; que la escritura 859 de 1977 se refiere a la adjudicaci\u00f3n en la mortuoria de Rosa Amelia Jim\u00e9nez de Delgado (antes de Martelo) a sus herederos Jos\u00e9 Antonio, Rodolfo, Anita, Ernesto Carlos, Teresa del Pilar Martelo Jim\u00e9nez y Gloria Delgado de Paz, sobre el otro 50% del inmueble situado en el Sector Inal\u00e1mbrico o 4\u00aa Avenida del Barrio de Manga, del cual igualmente se se\u00f1alan los linderos. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que no obstante los hechos de la demanda se limitaron a esta tradici\u00f3n, posteriormente, Josefina De la Espriella de G\u00f3mez Naar, quien intervino como litisconsorte del demandante, agreg\u00f3 otros t\u00edtulos y el certificado de tradici\u00f3n respectivo, los que fueron tenidos como prueba; con ellos se acredit\u00f3 como antecedente m\u00e1s remoto de la propiedad particular sobre la Isla de Manga, la escritura p\u00fablica No. 022 de 24 de enero de 1880 de la Notar\u00eda P\u00fablica Principal de la Provincia de Cartagena, mediante la cual se solemniz\u00f3 la adquisici\u00f3n que hizo Federico Romero de los terrenos de la Isla de Manga mediante p\u00fablica subasta. <\/p>\n
Consider\u00f3 el sentenciador de segunda instancia que \u00abexiste identidad entre los terrenos que pretenden reivindicar los actores y los determinados por el Gobierno Nacional mediante Decreto 502 del 15 de marzo de 1976, como integrantes de la Zona Franca, Industrial y Comercial de Cartagena\u00bb, dado que \u201cla extensi\u00f3n superficiaria del bien y los linderos naturales comunes, como tambi\u00e9n la inspecci\u00f3n judicial y los dict\u00e1menes periciales, junto con el informe del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, producidos respecto del bien, as\u00ed lo corroboran\u201d. Destac\u00f3 igualmente que seg\u00fan el dictamen de los peritos navales ocean\u00f3grafos, presentado con fundamento en una investigaci\u00f3n de campo y despu\u00e9s de estudiar los hechos y los antecedentes existentes en la DIMAR, se concluye que \u201ctoda el \u00e1rea en una extensi\u00f3n de 5.1 hect\u00e1reas que se encuentra localizada contigua a la Cuarta Avenida y hacia la Isla de las Quintas se encuentra definida como terreno de bajamar, donde existieron antes del relleno extensos bosques de mangle, que a\u00fan se encuentran en descomposici\u00f3n, tal como lo demuestran los estudios de suelos que se analizaron. Por lo tanto el \u00e1rea anteriormente descrita se encuentra en su totalidad bajo la jurisdicci\u00f3n de la Autoridad Mar\u00edtima – Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima (Dimar), y adem\u00e1s definida en su totalidad como bien de uso p\u00fablico, por ser terrenos de bajamar\u201d, por ello, esta \u00faltima entidad desde el 22 de diciembre de 1983, mediante Resoluci\u00f3n No. 913, otorg\u00f3 la concesi\u00f3n a la Zona Franca de Cartagena para que efectuara rellenos y construcciones en el \u00e1rea, por ser un inmueble bajo su jurisdicci\u00f3n, el que adem\u00e1s, se consider\u00f3 no susceptible de apropiaci\u00f3n por particulares por tener caracter\u00edsticas de tierras de bajamar, constituidas por ende en bienes de uso p\u00fablico. <\/p>\n
Dijo el Tribunal que estas conclusiones t\u00e9cnicas emitidas por peritos, conduc\u00edan al estudio detenido de los t\u00edtulos de propiedad de los demandantes, referentes a una parte de 5.1 hect\u00e1reas de la Isla de Manga, para poder establecer si los actores demostraron el dominio pleno y exclusivo sobre los terrenos reclamados, y con fundamento en la distinci\u00f3n de las tres clases de bienes, hecha por un tratadista nacional, de uso p\u00fablico, fiscales o patrimoniales y los adjudicables, y lo se\u00f1alado por otro doctrinante, seg\u00fan el cual no se pueden confundir los bienes de uso p\u00fablico con los bald\u00edos, ya que aquellos por tratarse de bienes cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, no pueden ser adjudicados a un particular, como s\u00ed los bienes bald\u00edos pues su dominio pertenece a la Naci\u00f3n. <\/p>\n
Dentro de los bald\u00edos reservados, dijo el juzgador de segundo grado, se encuentran las islas, las playas y las costas des\u00e9rticas, entre otros; para el caso en estudio concit\u00f3 especial inter\u00e9s del Tribunal, lo que tiene que ver con las islas, dado que los demandantes presentaron t\u00edtulos de propiedad privada sobre una parte de la Isla de Manga en la que funciona la Zona Franca Industrial y Comercial de Cartagena, por lo que, a juicio del Tribunal, era preciso desvirtuar la presunci\u00f3n legal de dominio que existi\u00f3 en favor de la Naci\u00f3n hasta la vigencia de la Ley 137 de 1959, pues esta norma hizo posible que los terrenos bald\u00edos urbanos pasaran al Municipio, hoy Distrito de Cartagena. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el Tribunal que seg\u00fan la jurisprudencia del Consejo de Estado, el reconocimiento de que las tierras bald\u00edas pertenecen al Estado no viene de la Constituci\u00f3n de 1886, sino que es el producto de arraigada observancia de las pr\u00e1cticas tra\u00eddas de Espa\u00f1a, como se observa de la historia legislativa del r\u00e9gimen de bald\u00edos, en la cual se encuentra la primera ley agraria, expedida por el Libertador en octubre de 1821, que dispuso el registro de las propiedades rurales dentro de los cuatro a\u00f1os siguientes a su vigencia en las oficinas de cada provincia, pues en caso de no hacerlo los predios se reincorporar\u00edan al dominio de la Rep\u00fablica, si ellas hab\u00edan sido adquiridas por \u00abmerced o composici\u00f3n\u00bb, o si lo hab\u00edan sido por compra u otros t\u00edtulos, el Gobierno deb\u00eda practicar los registros a expensas de los propietarios. Posteriormente, en los Estados Unidos de Colombia se expidi\u00f3 la Ley 106 de 1873 o C\u00f3digo Fiscal en el que se reservaron para la Uni\u00f3n las islas y las costas, \u201ca menos que los particulares que alegaran propiedad privada sobre ellas adujeran t\u00edtulo traslaticio de dominio antecedente a la promulgaci\u00f3n de ese C\u00f3digo\u201d. <\/p>\n
El C\u00f3digo Civil de la Uni\u00f3n expedido en 1873, continu\u00f3 el juez de segunda instancia, determin\u00f3 que las tierras con t\u00edtulos de propiedad a favor de particulares anteriores a su promulgaci\u00f3n, no estar\u00edan dentro de las reservadas al patrimonio nacional, reglamentaci\u00f3n que no vari\u00f3 cuando se adopt\u00f3 como C\u00f3digo Civil de la Rep\u00fablica dicho cuerpo normativo en 1887, es decir, que el particular que pretendiera demostrar que una isla nunca fue propiedad de la Naci\u00f3n, tendr\u00eda que aportar la titulaci\u00f3n privada anterior a 1873, para as\u00ed acreditar que esa porci\u00f3n territorial sali\u00f3 del patrimonio nacional antes de esa fecha. <\/p>\n
Consider\u00f3 el Tribunal que en 1912 se expidi\u00f3 el nuevo C\u00f3digo Fiscal que reform\u00f3 el de 1873, pero conserv\u00f3 una situaci\u00f3n similar a la existente, dado que \u00fanicamente el particular que probara una tradici\u00f3n de dominio sobre las playas o islas anterior a 1873, podr\u00eda desvirtuar la presunci\u00f3n de dominio existente en favor del Estado, \u00abpermiti\u00e9ndose adem\u00e1s, como lo dice la norma, esgrimir t\u00edtulos originarios\u00bb. <\/p>\n
El juzgador de segundo grado afirm\u00f3 que la Ley 200 de 1936 estableci\u00f3 la presunci\u00f3n de bald\u00edos para los predios r\u00fasticos que \u00abno vienen siendo explotados y pose\u00eddos por particulares (cual acontece en el asunto materia de este proceso)\u00bb, presunci\u00f3n legal que puede desvirtuarse con la exhibici\u00f3n del t\u00edtulo originario expedido por el Estado y que no haya perdido su eficacia legal, o con t\u00edtulos inscritos otorgados antes de la expedici\u00f3n de dicha ley, en los que consten tradiciones de dominio que comprendan un lapso no menor al t\u00e9rmino que se\u00f1alan las leyes para la prescripci\u00f3n extraordinaria, pero que esto \u00faltimo no es \u00abaplicable respecto de terrenos que no sean adjudicables, est\u00e9n reservados, o destinados para cualquier servicio o uso p\u00fablico\u201d. <\/p>\n
Concluy\u00f3 el Tribunal que los t\u00edtulos de propiedad esgrimidos por los demandantes, aunque debidamente registrados, no pueden oponerse al Estado para acreditar que los inmuebles reclamados fueron de propiedad exclusiva de sus causantes (alegando por ejemplo que salieron del patrimonio nacional antes de la vigencia de la Ley 106 de 1873), dado que, ni en la demanda, ni en la intervenci\u00f3n litisconsorcial se plantearon hechos relativos a la tradici\u00f3n anteriores a 1880, fecha de la \u00faltima escritura aportada, en la que no se indica la forma como adquirieron los vendedores la heredad. Acot\u00f3 que los t\u00edtulos aportados \u00abtampoco alcanzan eficacia frente al Estado a la luz de la Ley 200 de 1936\u00bb, dado que la posibilidad en ella se\u00f1alada no puede aplicarse respecto de terrenos que est\u00e9n destinados para cualquier servicio o uso p\u00fablico, como \u00abocurre en este caso\u00bb. <\/p>\n
Luego, el Tribunal estudi\u00f3 la naturaleza de las zonas francas, industriales y comerciales, que es la propia del establecimiento p\u00fablico, pues tienen a su cargo un servicio p\u00fablico. Por lo tanto, los terrenos indispensables para el establecimiento de esa actividad son de utilidad p\u00fablica; estim\u00f3 que su patrimonio est\u00e1 compuesto por los derechos de propiedad o usufructo sobre las tierras que la Naci\u00f3n le ceda o entregue con fundamento en la ley, raz\u00f3n que tuvo el Gobierno Nacional para ordenar, mediante el Decreto 502 de 15 de marzo de 1976, que una porci\u00f3n de los terrenos de la Isla de Manga, que corresponden a los hoy reclamados por los demandantes, formaran parte integrante de la Zona Franca Industrial y Comercial de Cartagena, los que, con apoyo en la concesi\u00f3n otorgada por la DIMAR, fueron rellenados a fin de levantar el complejo industrial y comercial, como se estableci\u00f3 en el proceso por la inspecci\u00f3n judicial practicada y los dict\u00e1menes periciales rendidos. Seg\u00fan el ad quem el decreto antes citado se encuentra vigente, pues no se sabe que haya sido anulado o suspendido para desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad que lo acompa\u00f1a, por lo que no puede aplicarse, con respecto a dicha norma, la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad a que se refiere el art\u00edculo 4\u00ba de la Carta Pol\u00edtica de 1991, como hizo erradamente el a quo. <\/p>\n
Asimismo, la Ley 160 de 1994, derogatoria de la Ley 135 de 1961, estableci\u00f3 algo similar a lo se\u00f1alado en la Ley 200 de 1936 referente a que no opera la titulaci\u00f3n m\u00ednima de 20 a\u00f1os si se trata de terrenos no adjudicables o que est\u00e9n reservados o destinados para cualquier servicio o uso p\u00fablico y aclar\u00f3 que ante esa realidad, dado el destino p\u00fablico que tiene actualmente el terreno, podr\u00eda recurrirse al art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 200 de 1936, pero en ese caso los t\u00edtulos traslaticios de dominio tendr\u00edan que remontarse hasta antes del 11 de octubre de 1821, cuando se expidi\u00f3 la Ley Agraria del Libertador, lo que incrementa las razones del fracaso de las pretensiones, argumentos que apoy\u00f3 en cita de un fallo de esta Corporaci\u00f3n del a\u00f1o 1939, referente a la prueba de la propiedad territorial mediante el t\u00edtulo originario o los t\u00edtulos traslaticios anteriores a 1821. <\/p>\n
Concluy\u00f3 el Tribunal que los t\u00edtulos aducidos por los demandantes \u00abal no ser originarios ni expedidos por el Estado (verbigracia adjudicaci\u00f3n), ni alcanzar el lapso de tradici\u00f3n de la propiedad de que trata la legislaci\u00f3n aplicable, no son oponibles a ese Estado, concretizado para este asunto en el Municipio de Cartagena, resultando, en consecuencia, que la presunci\u00f3n legal de pertenencia del inmueble a la esfera estatal no ha resultado desvirtuada; atendi\u00e9ndose que la prueba documental solemne no puede ser reemplazada por otros medios, verbigracia la confesi\u00f3n ficta del alcalde municipal (hoy distrital)\u00bb (Resaltado original), todo lo cual le llev\u00f3 a revocar la sentencia de primera instancia, para en su lugar desestimar las pretensiones, mediante la sentencia que hoy es objeto del recurso de casaci\u00f3n que decide la Corte. <\/p>\n
<\/p>\n
LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Los demandantes en los dos procesos acumulados presentaron sendas demandas de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La primera, formulada por Jaime, Alberto, Reinaldo Enrique, Mireya, Gabriel Leopoldo, Roberto Antonio y Claudia Patricia Borda Martelo; Doris, Augusto Bartolom\u00e9, Leticia Eugenia, Fernando Arturo y Ernesto Carlos Martelo Mart\u00ednez; Rodolfo Martelo Jim\u00e9nez (sustituido por sus herederos Javier Gonzalo y Rodolfo Le\u00f3n Martelo Jim\u00e9nez) y Josefina De la Espriella De G\u00f3mez Naar, contiene dos cargos, ambos con fundamento en la causal 1\u00aa del art\u00edculo 368 del C. de P.C. <\/p>\n
La segunda demanda presentada por el apoderado de Ram\u00f3n, Yolanda, Javier, Luis Carlos y Gloria Isabel Paz Delgado; Jos\u00e9 Antonio, Lucia Rosa y Mar\u00eda del Rosario Martelo Mart\u00ednez; Dionisio, Cecilia y Jorge V\u00e9lez Martelo, formula cuatro cargos, todos con fundamento en la causal 1\u00aa de casaci\u00f3n, los que se estudiar\u00e1n en el orden propuesto, salvo las acusaciones correspondientes al segundo cargo de ambas demandas, que se despachar\u00e1n en forma simult\u00e1nea por ser comunes los argumentos que sirven de fundamento a su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
DEMANDA PRESENTADA POR LOS HEREDEROS DE ANITA MARTELO DE BORDA, ERNESTO CARLOS MARTELO JIM\u00c9NEZ Y RODOLFO MARTELO JIM\u00c9NEZ, Y JOSEFINA DE LA ESPRIELLA DE G\u00d3MEZ NAAR <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
<\/p>\n
Se acusa la sentencia por violaci\u00f3n directa de normas de derecho sustancial, como consecuencia de la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 200 de 1936; 762 inciso segundo, 946, 948, 949 y 950 del C.C. y 2\u00ba de la Ley 137 de 1959; y por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 2\u00ba, 3\u00ba, inciso segundo, y 4\u00ba, inciso segundo, literal c) de la Ley 200 de 1936; 6\u00ba de la Ley 160 de 1873, 45 de la Ley 110 de 1912 y 48 de la Ley 160 de 1994. <\/p>\n
El recurrente censur\u00f3 al Tribunal, porque en el camino de juzgar la acreditaci\u00f3n del \u00abdominio pleno y exclusivo\u00bb sobre el bien, aplic\u00f3 los art\u00edculos \u00ab2\u00ba, 3\u00ba inciso segundo, y 4\u00ba de la Ley 200 de 1936 y la Ley 106 de 1873, sin citar el art\u00edculo de esta ley que aplic\u00f3\u00bb, e impuso como requisito para la prosperidad de la acci\u00f3n la exhibici\u00f3n de los \u00abt\u00edtulos de propiedad anteriores a la promulgaci\u00f3n del C\u00f3digo Fiscal de 1873, para demostrar que el bien sali\u00f3 del patrimonio del Estado antes de esa fecha\u00bb, por presumirlo legalmente bald\u00edo, cuando tales normas fueron \u00abestablecidas para desvirtuar la presunci\u00f3n de dominio a favor del Estado en el caso de predios rurales\u00bb (subrayas originales) y el bien objeto del litigio es un \u00abinmueble urbano\u00bb, como lo reconoci\u00f3 el propio Tribunal cuando dio \u00abpleno valor a la cesi\u00f3n que, de los bald\u00edos urbanos, hace la Naci\u00f3n al Municipio mediante la ley 137 de 1959, era imperativo aplicar el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 200\u00bb, y no los art\u00edculos 2\u00ba, 3\u00ba y 4\u00ba ib\u00eddem por expreso mandato legal. <\/p>\n
El cargo realiz\u00f3 una aproximaci\u00f3n sobre las normas expedidas desde la Rep\u00fablica, para perfilar el r\u00e9gimen de los bald\u00edos urbanos y la forma de probar su propiedad frente al Estado, e incluy\u00f3 en tal prop\u00f3sito la sentencia de 1\u00ba de diciembre de 1939, de la Sala de Negocios Generales de la Corte, en la que, seg\u00fan el censor, esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 que esos registros inmobiliarios no se conservaron y posiblemente la disposici\u00f3n legal que los orden\u00f3 se qued\u00f3 en el papel por las dificultades de orden fiscal que atravesaba la Rep\u00fablica en el momento de expedici\u00f3n de la ley 11 de octubre de 1821. <\/p>\n
El recurrente expuso que la Ley de 8 de abril de 1824, orden\u00f3 la venta de todos los terrenos de propiedad del Estado, incluidas las islas y terrenos de bajamar, con el objetivo de financiar la guerra, al decir del censor, los bald\u00edos se convirtieron en bienes que pod\u00edan \u00abser utilizados y aprovechados por los particulares\u00bb, situaci\u00f3n que no cambi\u00f3 ante la expedici\u00f3n de la \u00abley 160 (sic) de 1873 o C\u00f3digo Fiscal\u00bb, el C\u00f3digo Civil, la Constituci\u00f3n Nacional de 1886, las Leyes 57 de 1887, 110 de 1912 y 200 de 1936. <\/p>\n
Agreg\u00f3: \u00abel inmueble que se pretende reivindicar tiene el car\u00e1cter de urbano, como bien lo acepta la sentencia al darle pleno valor a la cesi\u00f3n que, de los bald\u00edos urbanos, hace la Naci\u00f3n al Municipio mediante la ley 137 de 1959, era imperativo aplicar el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 200, y no, por expresa disposici\u00f3n de \u00e9ste, los art\u00edculos 2\u00ba, 3\u00ba, y 4 ib\u00eddem, como indebidamente lo hizo el sentenciador, lo que lo llev\u00f3 a concluir de la manera como lo hizo\u00bb (resaltado original del cargo). <\/p>\n
Despu\u00e9s de rese\u00f1ar la tradici\u00f3n del inmueble, reiter\u00f3 el recurrente que los t\u00edtulos de los demandantes no son injustos, ni nulos, ni falsificados, sino que est\u00e1n avalados por sentencias judiciales, elevadas a escrituras p\u00fablicas que han sido debidamente registradas en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente, el cual se encuentra vigente, t\u00edtulos que tienen pleno m\u00e9rito probatorio contra todos, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 43 del Decreto 1250 de 1970 y 7\u00ba de la Ley 200 de 1936. Fue en tal virtud, dice el casacionista, que los actores impetraron la acci\u00f3n reivindicatoria en contra del Municipio de Cartagena como poseedor del inmueble, a fin de que fuera condenado a restituir el predio. Para este prop\u00f3sito \u00fanicamente era necesario aportar los t\u00edtulos inscritos otorgados con anterioridad a la Ley 200 de 1936, en los que constaran tradiciones del dominio por un lapso no inferior al se\u00f1alado en la ley para la prescripci\u00f3n extraordinaria, requisito cumplido en exceso, por cuanto obran en el proceso t\u00edtulos que acreditan la tradici\u00f3n desde 1880. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el inmueble est\u00e1 destinado a un servicio p\u00fablico, lo que hace imposible la restituci\u00f3n deprecada, pero como el art\u00edculo 955 del C.C. consagra la acci\u00f3n reivindicatoria ficta o por equivalencia, ha dicho la Corte, tal sustituto del reintegro puede ser aplicado de manera anal\u00f3gica en casos como el presente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
El cargo que formul\u00f3 el recurrente ata\u00f1e a la presunta confusi\u00f3n del Tribunal acerca de la naturaleza del inmueble cuya reivindicaci\u00f3n se solicit\u00f3, y parte de la base de que las normas denunciadas como indebidamente aplicadas, lo fueron porque aquel con desacierto atribuy\u00f3 la condici\u00f3n de rural al bien, cuando en realidad es urbano. <\/p>\n
Por su parte la sentencia impugnada adopt\u00f3 como premisa central que la totalidad del lote disputado correspond\u00eda a los denominados terrenos de bajamar, para lo cual tom\u00f3 como soporte el indiscutido dictamen pericial (folios 3 a 87 del cuaderno de pruebas de oficio) practicado por expertos navales en oceanograf\u00eda f\u00edsica designados durante el tr\u00e1mite del proceso. Y aunque luego haya desviado la l\u00ednea argumental hacia otros aspectos, como que el inmueble hac\u00eda parte de una isla, que como bald\u00edo reservado era propiedad de la Naci\u00f3n, o la destinaci\u00f3n ulterior del predio a un servicio p\u00fablico, como lo son las zonas francas, es lo cierto que sentado el fundamento capital, el desarrollo de la providencia recurrida lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que los t\u00edtulos allegados resultaban insuficientes para disputarle al Estado la propiedad del terreno, con lo cual fracasaron las pretensiones de los demandantes. <\/p>\n
Es irrebatible entonces que el compromiso del Tribunal respecto a que los terrenos son de bajamar excluye radicalmente la aplicaci\u00f3n de la Ley 200 de 1936 al caso litigado y hace por lo mismo innecesaria una consideraci\u00f3n alrededor de la naturaleza del predio objeto del proceso, especialmente en lo que ata\u00f1e a la dicotom\u00eda sobre su car\u00e1cter rural o urbano, porque ninguna conclusi\u00f3n a la que se llegara al respecto tendr\u00eda la virtud para enfrentar la sentencia con probabilidad de causar su ruptura. Es claro que para el momento en que inici\u00f3 el proceso los terrenos hac\u00edan parte de la ciudad de Cartagena, luego son urbanos, pero que lo sean no excluye esa otra caracter\u00edstica esencial para el Tribunal seg\u00fan la cual son los litigados terrenos de bajamar, los que ubicados dentro de los l\u00edmites de las poblaciones o fuera de ellas lo verdaderamente fundamental es la condici\u00f3n anotada. <\/p>\n
De lo anterior corusca que la discusi\u00f3n acerca de la naturaleza rural o urbana del predio respecto del cual se demand\u00f3 la reivindicaci\u00f3n resulta inane, si es que de por medio est\u00e1 ese concepto capital de la sentencia recurrida, seg\u00fan el cual -se insiste- el lote que pretenden los demandantes, corresponde a la categor\u00eda de terreno de bajamar con abstracci\u00f3n de cualquier otro calificativo que pudiere d\u00e1rsele, pues sin m\u00e1s, por ese solo car\u00e1cter, pertenecen a la Naci\u00f3n por ser bien de uso p\u00fablico por naturaleza. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, observa la Corte que la referencia que hizo el Tribunal a la Ley 200 de 1936, es apenas un agregado del razonamiento basilar del juzgador de segundo grado, seg\u00fan el cual, \u00abesos t\u00edtulos de propiedad privada tampoco (subraya la Corte) alcanzan eficacia frente al Estado a la luz de la normas citadas de la Ley 200 de 1936, las cuales hablan de suficiencia de la prueba escrituraria, debidamente registrada, durante un t\u00e9rmino igual al establecido por las leyes para la operancia de la prescripci\u00f3n extraordinaria (20 a\u00f1os), porque como lo determina el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 3\u00ba de la referida Ley, esa posibilidad ‘no es aplicable respecto de terrenos que no sean adjudicables, est\u00e9n reservados, o destinados para cualquier servicio o uso p\u00fablico’, como acontece en el caso analizado\u2026\u00bb, (resaltados originales) para luego proseguir con el abanico de razones por las cuales las zonas francas industriales y comerciales, tienen la naturaleza jur\u00eddica de establecimiento p\u00fablico y son de utilidad p\u00fablica, de donde lleg\u00f3 a otras dos conclusiones: la conformidad del Decreto 502 del 15 de marzo de 1976 con la Constituci\u00f3n, en contrav\u00eda de lo expuesto por el a quo, y que los terrenos que pretenden los demandantes \u00abfueron rellenados para el levantamiento del necesario complejo industrial y comercial, cual se estableci\u00f3 en estos autos con la inspecci\u00f3n judicial y los dict\u00e1menes recayentes sobre el inmueble\u00bb. La aplicaci\u00f3n de la Ley 200 de 1936, en particular de los art\u00edculos 3\u00ba y 4\u00ba, llev\u00f3 al Tribunal a declarar que \u00aben este caso los t\u00edtulos traslaticios de dominio, a la luz del literal c. de la norma, tendr\u00edan que remontarse a una fecha anterior a la del 11 de octubre de 1821 (Ley Agraria expedida por el Libertador Sim\u00f3n Bol\u00edvar) fracasando a\u00fan m\u00e1s lo pretendido por los actores\u00bb (subraya la Corte). <\/p>\n
Entonces, el Tribunal concluy\u00f3 que \u00ablos t\u00edtulos aducidos por los demandantes, al no ser originarios ni expedidos por el Estado (verbigracia adjudicaci\u00f3n), ni alcanzar el lapso de tradici\u00f3n de la propiedad privada de que trata la legislaci\u00f3n aplicable, no son aplicables a ese Estado, concretizado (sic) para este asunto en el Municipio de Cartagena, resultando, en consecuencia, que la presunci\u00f3n legal de pertenencia del inmueble a la esfera estatal no ha resultado desvirtuada\u00bb (Resaltado original). <\/p>\n
No obstante, y como consecuencia de la dispersi\u00f3n de los argumentos proferidos por el Tribunal, considera oportuno la Corte hacer una coda que pretende dejar en claro la situaci\u00f3n del predio que constituyera la materia del presente litigio. A este prop\u00f3sito referir\u00e1 algunas premisas que hacen de los terrenos de bajamar bienes de uso p\u00fablico, extra\u00eddos por tanto del tr\u00e1fico comercial, y por fuera de posibilidades de ser apropiados por los particulares. <\/p>\n
Los terrenos de bajamar son aquellas porciones de tierra cubierta cuando hay pleamar y que quedan descubiertas cuando la marea baja1 son bienes de uso p\u00fablico y por tanto los particulares no pueden alegar triunfalmente dominio sobre ellos, porque su naturaleza misma lo impide, como ha sido constante en las legislaciones extranjeras y nacionales, pasadas y presentes, incluida nuestra tradici\u00f3n desde antes de la Rep\u00fablica. En Colombia, son adem\u00e1s bienes imprescriptibles como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil y ocasi\u00f3n tuvo de reafirmarlo esta Sala en oportunidad pr\u00f3xima pasada.2 <\/p>\n
Sobre la naturaleza y r\u00e9gimen de los bienes de uso p\u00fablico se pronunci\u00f3 esta Corporaci\u00f3n3, que tras reconocer las varias teor\u00edas que al respecto se han concebido, advirti\u00f3 que la m\u00e1s generalizada subordina jur\u00eddicamente esos bienes a \u00abla potestad del Estado o de otras entidades p\u00fablicas como son entre nosotros, los departamentos y los municipios. Empero esta vinculaci\u00f3n no se asimila al dominio civil, sino que se mira como un nexo, entre lo p\u00fablico y lo privado, con caracter\u00edsticas propias, que somete los bienes en cuesti\u00f3n a la titularidad del Estado, pero que, m\u00e1s que prerrogativas o facultades de aprovechamiento de los mismos, le impone a \u00e9ste funciones de custodia, defensa y administraci\u00f3n. Tal es, en l\u00edneas generales, el sentido de las expresiones ‘dominio eminente’ y ‘dominio sui generis’ empleados para designar esta figura jur\u00eddica y distinguirla de la propiedad civil o com\u00fan\u00bb. En cuanto ata\u00f1e a las diferencias entre la propiedad ejercida por Estado sobre los bienes de uso p\u00fablico y la que ostentan los particulares frente a los propios, dijo esta Corporaci\u00f3n \u00absostienen distinguidos expositores de derecho que en los bienes de dominio p\u00fablico no tiene el Estado lo que propiamente se llama propiedad, ya que analizados los elementos de que esta se compone, se encuentra, el usus no es del Estado los que, pertenece a todos lo habitantes del pa\u00eds; el fructus no existe, en tesis general, y el abusus tampoco existe en relaci\u00f3n con tales bienes por su condici\u00f3n de inalienables, vale decir, sustra\u00eddos del comercio, no susceptibles de propiedad privada. En esos bienes, observa Dem\u00f3filo del Buen, el Estado no tiene, hablando con propiedad, sino un derecho de administraci\u00f3n o gesti\u00f3n en unos casos, y en otros una funci\u00f3n de polic\u00eda para que no se entorpezca y se coordine el uso com\u00fan: en todo caso el dominio del Estado sobre los bienes de uso p\u00fablico, es un dominio sui g\u00e9neris\u00bb.4 <\/p>\n
Entonces, el debate planteado en el cargo sobre si el predio es rural o urbano es realmente intrascendente, pues el argumento arrasador de que esas tierras no son susceptibles de apropiaci\u00f3n privada, acaba con toda controversia al respecto. De otro lado, el hecho de que el predio hoy sea parte de una ciudad, no excluye la evidencia incontestable de que en realidad se trata de un ‘predio’ antes intermitentemente sumergido en el mar, que s\u00f3lo existe como terreno estable por la mano del hombre. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los se\u00f1alamientos del cargo devienen est\u00e9riles porque ninguna trascendencia pudo tener el car\u00e1cter rural o urbano del inmueble pretendido, ni la ley 200 de 1936 est\u00e1 llamada a dirimir la contienda, por tratarse de terrenos de bajamar, lo que imped\u00eda que cualquier t\u00edtulo, incluidos aquellos a que dice relaci\u00f3n la norma citada como originarios con total eficacia legal o reflejaran tradiciones superiores al t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, pudiera invocarse en contra el dominio del Estado sobre tales porciones de la zona adyacente al mar. <\/p>\n
Por lo dicho, el cargo fracasa. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO DE AMBAS DEMANDAS <\/p>\n
Segundo Cargo de la demanda presentada por los herederos de Anita Martelo de Borda, Ernesto Carlos Martelo Jim\u00e9nez y Rodolfo Martelo Jim\u00e9nez, y Josefina De la Espriella de G\u00f3mez Naar <\/p>\n
Acus\u00f3 la recurrente la sentencia por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial a consecuencia de la indebida aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 3\u00ba inciso segundo y 4\u00ba inciso segundo literal c) de la Ley 200 de 1936, y de la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 7\u00ba de la Ley 200 de 1936, 2\u00ba de la Ley 137 de 1959 y 762, 766, 946, 950 y 952 del C.C., por error de derecho en la apreciaci\u00f3n de los t\u00edtulos de propiedad aportados por los demandantes, y por violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 174, 179, 180, 251, 252, 253 y 254 del C. de P.C. <\/p>\n
Manifest\u00f3 la casacionista que teniendo en cuenta lo establecido en los art\u00edculos 762 del C.C., 3\u00ba de la Ley 137 de 1959 y 7\u00ba de la Ley 200 de 1936, as\u00ed como la sentencia de la Corte de 13 de marzo de 1939, incurri\u00f3 el Tribunal en el error se\u00f1alado por no apreciar las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 22 de 24 de enero de 1880 de la Notar\u00eda P\u00fablica Principal de Cartagena, 5\u00aa del 9 de enero de 1904 de la Notar\u00eda 1\u00aa Principal de Cartagena, 647 del 2 de septiembre de 1915 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Cartagena, 859 del 14 de junio de 1976 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Cartagena, 859 del 14 de junio de 1977 de la Notar\u00eda 2\u00aa de Cartagena, como t\u00edtulos suficientes de dominio de los demandantes, cuando seg\u00fan las normas citadas, a quien alega el dominio de un predio urbano reputado como bald\u00edo y cedido a un municipio en virtud de la Ley 137 de 1959, le basta presentar t\u00edtulos anteriores a 1916 que no sean contrarrestados por otros que demuestren mejor derecho del municipio, puesto que la presunci\u00f3n de dominio establecida en el art\u00edculo 762 del C.C., en armon\u00eda con el 3\u00ba de dicha ley, desaparece frente a un t\u00edtulo de propiedad anterior que la desvirt\u00fae, seg\u00fan el art\u00edculo 7\u00ba de la citada Ley 200 de 1936. <\/p>\n
La censura reiter\u00f3 que el ad quem, viol\u00f3 de manera indirecta los art\u00edculos enunciados, e incurri\u00f3 en evidente error de derecho, porque si los demandantes presentaron t\u00edtulos de propiedad que se remontan hasta 1880, no ten\u00eda por qu\u00e9 exigir los anteriores a ese a\u00f1o, dado que el municipio de Cartagena, con excepci\u00f3n de la presunci\u00f3n de dominio en la que ampara su posesi\u00f3n (Ley 137 de 1959) no present\u00f3 ning\u00fan t\u00edtulo que demostrara igual o mejor derecho, \u00fanico caso en el que ser\u00eda procedente analizar los t\u00edtulos de una y otra parte a fin de constatar cu\u00e1les ten\u00edan preferencia. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que por este mismo motivo, los demandantes no estaban obligados a presentar t\u00edtulos anteriores a 1873, antecedentes de la propiedad de Ram\u00f3n Benedetti y Juana de Dios Egues de Benedetti, a pesar de lo cual el Tribunal consider\u00f3 como insuficientes las credenciales de propiedad allegadas al proceso, con lo cual incurri\u00f3 en la equivocaci\u00f3n de derecho se\u00f1alada. <\/p>\n
Segundo cargo de la demanda presentada por Jos\u00e9 Antonio, Luc\u00eda Rosa y Mar\u00eda del Rosario Martelo Mart\u00ednez; Ram\u00f3n, Yolanda, Javier, Luis Carlos y Gloria Isabel Paz Delgado; Dionisio, Cecilia y Jorge V\u00e9lez Martelo. <\/p>\n
El censor acus\u00f3 la sentencia por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial a consecuencia del error de derecho en que incurri\u00f3 el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de la prueba documental allegada para justificar la propiedad de los demandantes, en cuanto la estim\u00f3 incompleta por falta del t\u00edtulo originario o de uno inscrito con anterioridad al 26 de mayo de 1873 y sin fuerza frente al Estado para desvirtuar la presunci\u00f3n de bald\u00edos de los terrenos en disputa, y por ende del dominio de la Naci\u00f3n. Las normas violadas son: por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 13 y 14 de la Ley 11 de 1821; 44 y 45 del C\u00f3digo Fiscal (Ley 110 de 1912) y de los correspondientes de la Ley 106 de 1873; 675 y 684 del C.C. de 1887 y de los correspondientes del C.C. de la Uni\u00f3n de 1873; 1\u00ba de la Ley 57 de 1887; 2\u00ba, 3\u00ba inc. 2\u00ba de la Ley 200 de 1936; 1\u00ba y 7\u00ba de la Ley 137 de 1959; 48 de la Ley 160 de 1994; Ley 47 de 1981 y Decreto 502 de 1976, en cuanto por estas se determin\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica de las zonas francas industriales y comerciales del pa\u00eds. Por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 3\u00ba inc. 1\u00ba in fine, Inc. 1\u00ba y 2\u00ba literales b. y c. del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 200 de 1936; 2\u00ba, 3\u00ba in fine, 4\u00ba, 5\u00ba, 7\u00ba de la Ley 137 de 1959; 669, 673, 740, 742, 743, 745, 762, 765, 946, 947, 949, 950, 952, 961, 962, 963, 964, 966, 1008 incisos primero y segundo, 1010, 1012, 1013, 1849 y 1857 del C.C., en cuanto deneg\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
El casacionista reproch\u00f3 al Tribunal por haber considerado que los t\u00edtulos allegados carec\u00edan de la fuerza suficiente para acreditar el derecho de propiedad invocado por los demandantes y por exigir la que denomin\u00f3 \u00abprueba diab\u00f3lica\u00bb u originaria del dominio. Precis\u00f3 que con ese razonamiento el ad quem incurri\u00f3 en error de derecho al requerir una prueba que la ley no exige, sino que por el contrario, rechaza. <\/p>\n
En criterio del censor, el Tribunal desconoci\u00f3 una titulaci\u00f3n que se remonta hasta 1880, la que de acuerdo con la Ley 200 de 1936, es prueba suficiente de la propiedad particular porque son t\u00edtulos inscritos otorgados entre particulares antes de la vigencia de dicha ley, con una antelaci\u00f3n superior a veinte a\u00f1os, como lo se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en sentencia de 10 de mayo de 1939; seg\u00fan el casacionista, aquella ley nunca exigi\u00f3 la prueba diab\u00f3lica del dominio y si la reivindicaci\u00f3n se intenta frente a un colono, s\u00ed debe acreditarse una titulaci\u00f3n que anteceda a 1821, pero en los dem\u00e1s casos, para destruir la presunci\u00f3n de propiedad a favor del Estado, los t\u00edtulos presentados, necesarios para acreditar que un terreno no es bald\u00edo, deben comprender un per\u00edodo apenas de veinte a\u00f1os, anteriores a la Ley 200 de 1936. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que la Corte tambi\u00e9n ha reconocido que la ley promulgada en octubre de 1821, a la cual se refiere el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 200 de 1936 en su literal c., se qued\u00f3 apenas escrita porque las oficinas donde deb\u00eda efectuarse el registro de las propiedades rurales, nunca fueron creadas, por lo que no es posible, dice, despu\u00e9s de m\u00e1s de un siglo de expedida esa norma, hacer recaer la sanci\u00f3n de reincorporar al dominio de la Rep\u00fablica las tierras adquiridas por merced o composici\u00f3n, y menos las obtenidas por compras sucesivas u otros t\u00edtulos, respecto de los cuales \u00fanicamente se dispon\u00eda que el registro se har\u00eda por el gobierno a expensas de los propietarios. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el recurrente que tambi\u00e9n ha dicho la Corte que el t\u00edtulo originario no es solamente el documento que consagra la merced, venta, composici\u00f3n o adjudicaci\u00f3n de las tierras, sino el hecho jur\u00eddico que conforme a las legislaciones Espa\u00f1ola o Colombiana, origina el dominio privado de las tierras realengas y bald\u00edas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
Como se desprende de la descripci\u00f3n de los cargos, estas censuras comparten el mismo cuestionamiento a la sentencia impugnada, consistente en que el Tribunal no tuvo en cuenta los t\u00edtulos allegados y exigi\u00f3 otros de mayor antig\u00fcedad, para comprobar el elemento propiedad como supuesto de la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
La controversia, como se dej\u00f3 sentado a prop\u00f3sito del primer cargo, gira en torno a la invocaci\u00f3n de t\u00edtulos particulares sobre bienes que corresponden a terrenos de bajamar y de su idoneidad para disputarle con \u00e9xito el dominio de tales predios al Estado, que ostenta esa forma sui generis de propiedad que se dej\u00f3 establecida en el despacho precedente. <\/p>\n
En efecto, el dilema que exige ser resuelto para decidir la denuncia elevada contra la sentencia del Tribunal, podr\u00eda ser del siguiente talante: \u00bfpueden existir t\u00edtulos con los cuales los particulares disputen exitosamente la propiedad del Estado sobre terrenos de bajamar? y la respuesta a este interrogante es negativa, porque en l\u00ednea de principio rector, ninguna posibilidad de apropiaci\u00f3n privada es posible entrat\u00e1ndose de las zonas adyacentes al lecho marino, por m\u00e1s antiguos que sean los t\u00edtulos invocados. <\/p>\n
Con el fin de demostrar la anterior conclusi\u00f3n, corresponde a la Corte hacer una digresi\u00f3n sobre la propiedad de los terrenos originalmente conquistados por la Corona espa\u00f1ola, pero que fueron dejados deliberadamente excluidos de propiedad particular por ser de uso p\u00fablico, para distanciarlos de los denominados bienes de realengo, que posteriormente fueron los bald\u00edos de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Como lo han recordado algunos fallos de la Corte, antes de 1873, momento en que se expidieron los c\u00f3digos nacionales, estaba en vigencia la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola de conformidad con lo previsto por el art\u00edculo 188 de la Constituci\u00f3n Nacional promulgada el 6 de octubre de 1821. Seg\u00fan esa legislaci\u00f3n, el se\u00f1or\u00edo dominical de las tierras de Indias hab\u00eda pasado como secuela \u00abnatural\u00bb del descubrimiento a la Corona Espa\u00f1ola, que dispon\u00eda de ellas y hac\u00eda merced libremente, salvo la reserva de aquello que \u00abpareciere necesario para plazas, ejidos, propios, pastos y bald\u00edos de los lugares y concejos que est\u00e1n poblados, as\u00ed por lo que toca al estado preferente en que se hallan, como al porvenir, y al aumento que puedan tener\u00bb (Recopilaci\u00f3n de Indias, Libro 4\u00ba t\u00edtulo 12)5. Tal regulaci\u00f3n enumera porciones de territorio que se consideraran importantes para el uso p\u00fablico, coherente con el reconocimiento de que a\u00fan antes de cualquier norma que lo disponga, la naturaleza de ciertas zonas impone vedas a la propiedad particular. <\/p>\n
Las normas espa\u00f1olas continuaron en vigencia a\u00fan bien entrada la Rep\u00fablica6, luego para esta \u00e9poca es claro que los bienes de uso p\u00fablico no eran susceptibles de apropiaci\u00f3n particular, como s\u00ed lo pod\u00edan ser los dem\u00e1s bienes que, se reitera, constituyeron los predios realengos y que llegada la Rep\u00fablica se denominaron bald\u00edos, sobre los cuales, salvo los reservados, los particulares obten\u00edan el derecho de dominio mediante distintas instituciones que conviene precisar, para dejar sentado cu\u00e1les fueron los bienes que resultaban adjudicables por la Corona a los particulares, as\u00ed como las formas de adquirirlos, para diferenciarlos de los de uso p\u00fablico cuya condici\u00f3n rechazaba la propiedad particular. <\/p>\n
Y para este prop\u00f3sito sirve preguntarse, como lo hizo en su oportunidad la Corte7 \u00ab\u00bfc\u00f3mo se conced\u00edan antes [en tiempos de la colonia] las tierras bald\u00edas? El Estado las otorgaba por merced, remate, venta, o por el sistema de composici\u00f3n. Los tres primeros eran m\u00e9todos seg\u00fan los cuales el monarca espa\u00f1ol, por s\u00ed, o por medio de sus delegados, enajenaba directamente a los particulares las tierras de sus dominios. La composici\u00f3n consist\u00eda en que se exig\u00eda a los particulares que poseyeran tierras, la exhibici\u00f3n de los t\u00edtulos en cuya virtud pose\u00eda; si un t\u00edtulo era suficiente se confirmaba la posesi\u00f3n; si se estimaba insuficiente hab\u00eda que pagar un derecho de composici\u00f3n moderado, de acuerdo con el valor de la tierra, a fin de obtener la confirmaci\u00f3n y evitar que la tierra se reincorporase al patrimonio fiscal. La composici\u00f3n, en \u00faltimo t\u00e9rmino era decidida por el propio Rey, quien despu\u00e9s deleg\u00f3 esta facultad en los virreyes o presidentes de las audiencias de las respectivas colonias. Las tierras concedidas por los sistemas antedichos sal\u00edan del patrimonio de la Corona e ingresaban al dominio privado de la persona beneficiada. La propiedad de tales tierras que no hab\u00eda sido objeto de tales enajenaciones constitu\u00edan una regal\u00eda de la Corona, regal\u00eda que con la emancipaci\u00f3n de las colonias espa\u00f1olas, heredaron naturalmente las nuevas nacionalidades\u00bb (Lo destacado es original). <\/p>\n
A las mismas conclusiones se llega, si se analiza, como lo hizo la Corte8, la normatividad espa\u00f1ola al respecto, desde las capitulaciones que la Corona celebr\u00f3 con los descubridores, que comprend\u00edan privilegios dominicales de distinta naturaleza y grado, las C\u00e9dulas Reales, las Leyes de Recopilaci\u00f3n de Indias, as\u00ed como las denominadas C\u00e9dulas del Pardo y San Ildefonso, de donde puede inferirse que la tradici\u00f3n entre particulares no representaba necesariamente un reconocimiento de la propiedad frente a los bienes realengos, menos a\u00fan si estos \u00faltimos fueron reservados en su oportunidad para la nueva organizaci\u00f3n pol\u00edtica. <\/p>\n
Llegado el momento de la Rep\u00fablica, se expidi\u00f3 la Ley 11 de octubre de 1821, que consagr\u00f3 esencialmente tres aspectos importantes: aboli\u00f3, en su art\u00edculo 3\u00ba, el m\u00e9todo de composici\u00f3n que fue establecido por las C\u00e9dulas de El Pardo en 1591; restableci\u00f3 la venta de tierras bald\u00edas, que hab\u00eda suprimido la C\u00e9dula de San Ildefonso; determin\u00f3 que en las ventas de tierra fueran preferidos quienes al expedirse la Ley de 1821 se hallaban en posesi\u00f3n de tierras bald\u00edas con casas y labranzas en ellas, pero sin t\u00edtulo de propiedad, (art\u00edculo 4\u00ba); y orden\u00f3 que los poseedores de tierras bald\u00edas de tiempo inmemorial o a pretexto de una justa prescripci\u00f3n, deb\u00edan concurrir a sacar sus t\u00edtulos de propiedad (art\u00edculos 5\u00ba).9 <\/p>\n
La Ley 11 de 1821 se expidi\u00f3 para regular la enajenaci\u00f3n de tierras bald\u00edas por parte del Estado10 y en ella se prev\u00e9 que \u00abpodr\u00e1n enajenarse en los sucesivo\u2026 las tierras bald\u00edas que no han sido concedidas a persona alguna\u00bb, sobre la anterior previsi\u00f3n, dijo la Corte: \u00abesta expresi\u00f3n pleon\u00e1stica de la ley, corre pareja con la otra expresi\u00f3n impropia del art\u00edculo 5\u00ba, en cuanto en \u00e9l se dice que las tierras respecto de las cuales no se sacaren los t\u00edtulos de propiedad volver\u00edan al dominio de la Rep\u00fablica. Si eran bald\u00edas, y estas seg\u00fan la propia ley eran las no concedidas a persona alguna, es por dem\u00e1s notoria la impropiedad del texto, a la luz de la misma ley, cuando dice que algunas tierras bald\u00edas volv\u00edan a la Rep\u00fablica\u00bb.11 <\/p>\n
En la misma providencia, en cuanto a los art\u00edculos 13 y 14 de la ley mencionada, conceptu\u00f3 la Corte: \u00aben fallo dictado por esta Sala el 25 de octubre de 1940 expres\u00f3 su parecer de que los art\u00edculos 13 y 14 de la ley de 1821 no autorizan para deducir de ellos conclusi\u00f3n alguna tocante con la propiedad particular de las tierras, o m\u00e1s propiamente, que de esas disposiciones no puede inferirse que el legislador reconociese en raz\u00f3n de las mismas, la existencia de dominio privado sobre tierras bald\u00edas por parte de las personas a que esas normas aluden\u2026 el art\u00edculo 14 contiene dos partes principales: la una en que se determina qu\u00e9 ha de ocurrir con la tierras adquiridas por merced o composici\u00f3n cuando sus propietarios no hacen el registro; y la otra, en que se dispone lo que ocurre con la tierras adquiridas por compras sucesivas u otros t\u00edtulos, si los propietarios no las registran. La primera parte del art\u00edculo es categ\u00f3rico al disponer que en la hip\u00f3tesis que ella contempla las tierras se incorporan al dominio de la Rep\u00fablica. Es una medida de severidad que se ha explicado diciendo que all\u00ed se consign\u00f3 por nuestros pr\u00f3ceres y primeros legisladores un procedimiento dirigido a corregir los excesos de prodigalidad en el patrimonio com\u00fan que ven\u00edan cometiendo los dirigentes espa\u00f1oles en el tiempo inmediato al nacimiento de la Rep\u00fablica. La segunda parte del art\u00edculo no est\u00e1 inspirada en aquel criterio de represalia, porque ella no se refiere a d\u00e1divas o regalos de tierras hechas en mercedes y composiciones, sino a adquisiciones que ten\u00edan otro origen, a lo menos en el mismo tiempo pr\u00f3ximo al nacimiento de la nueva nacionalidad.\u00bb <\/p>\n
Como se vi\u00f3, la Ley 11 de 1821 regulaba la enajenaci\u00f3n de bald\u00edos y ordenaba un registro de las tierras que aparec\u00edan en poder de los particulares. Los que registraban sus propiedades quedaban como titulares del derecho de dominio, a condici\u00f3n de que presentaran los documentos id\u00f3neos para as\u00ed acreditarlo. La ley no previ\u00f3 la clasificaci\u00f3n de los t\u00edtulos, sino su simple registro, es claro que no hay base en ella para deducir que cuando sus textos mencionan a los propietarios, se\u00f1alaron a personas que ten\u00edan un dominio perfecto, valedero en relaci\u00f3n con otros y tambi\u00e9n frente al Estado, por tanto no implicaba, a juicio de la Corte12 \u00abun reconocimiento por el Estado de la calidad de particulares o de dominio privado de las tierras que como tales se registraran\u2026 los art\u00edculos 13 y 14 de la ley de 1821 apenas se refieren a un empadronamiento de la propiedad rural para fines puramente estad\u00edsticos, sin consecuencia para la calificaci\u00f3n del dominio privado\u00bb 13. As\u00ed lo entendieron, dedujo la Corte en la oportunidad citada con anterioridad, los legisladores del a\u00f1o 1821, como se establece del acta de la sesi\u00f3n del 29 de abril de esa anualidad, pues el registro no ten\u00eda otro objeto que el \u00abempadronamiento de la propiedad rural\u00bb, era, como lo dijeron aquellos legisladores, \u00abpara formar una estad\u00edstica\u00bb 14. <\/p>\n
Por consiguiente, concluy\u00f3 la Corte, a pesar de que \u00abse respetaron las titulaciones, y a\u00fan m\u00e1s, los derechos que seg\u00fan ellas ten\u00edan los particulares, mas esto se hizo con un fin inmediato y transitorio; no con el mediato, permanente y definitivo del reconocimiento del dominio privado\u2026 ese respeto a las titulaciones entonces existentes, en manera alguna signific\u00f3 el saneamiento autom\u00e1tico y por obra de la misma ley, de los t\u00edtulos de particulares que no fuesen v\u00e1lidos legalmente para acreditar su dominio frente al Estado. En cada caso y por las autoridades correspondientes, se decidir\u00eda acerca de la eficacia de un t\u00edtulo para comprobar que una propiedad particular emanada de la Naci\u00f3n, por haberse \u00e9sta desprendido de ella, en virtud de uno de los medios reconocidos en la pertinente legislaci\u00f3n\u00bb.15 <\/p>\n
Entonces, las disposiciones de la Ley de 11 de octubre de 1821 no constituyen mandatos de saneamiento de la propiedad particular basada en t\u00edtulos traslaticios de dominio anteriores a esa fecha, en especial, si estos se encontraban en tradiciones entre particulares como lo asever\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: \u00abel examen que de la ley de 11 de octubre 1821, se ha hecho en sus disposiciones capitales, acredita que tal ley en s\u00ed misma considerada, ning\u00fan derecho de propiedad privada otorg\u00f3 o reconoci\u00f3 sobre los bald\u00edos ocupados por t\u00edtulos de adquisici\u00f3n corridos solamente entre particulares\u00bb.16 <\/p>\n
La Corte en sentencia del 25 de octubre de 194017, rectific\u00f3 la tesis sostenida en providencia anterior18 en que afirm\u00f3 que las tierras realengas con tradiciones particulares anteriores a 1821 pod\u00edan considerarse como enajenadas por la Rep\u00fablica en virtud del literal \u201cc\u201d del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 200 de 1936. Manifest\u00f3 adem\u00e1s en esa correcci\u00f3n doctrinaria, que \u201cni la premisa ni la conclusi\u00f3n son aceptables despu\u00e9s de una atenta consideraci\u00f3n del ordenamiento del Congreso de C\u00facuta y de fijar el alcance de la ley de tierras… De las disposiciones transcritas y de otras de la misma ley, salta a la vista que se quiso obligar a todos los propietarios y poseedores de tierras del Estado, sin ninguna excepci\u00f3n, a presentar ante las respectivas autoridades los t\u00edtulos de propiedad con que estaban poseyendo. La Naci\u00f3n pon\u00edase as\u00ed en capacidad de conocer y determinar cu\u00e1les eran las tierras de que se hab\u00eda desprendido. Las oficinas de agrimensura se crearon para empadronar todas las propiedades rurales de todos los colombianos y extranjeros residentes en la Rep\u00fablica. Los que no hicieran el empadronamiento quedaban sometidos a la p\u00e9rdida de sus derechos\u2026 desgraciadamente parece que por falta de recursos las oficinas de agrimensura no pudieron organizarse, pues revisada toda la colecci\u00f3n de leyes y decretos correspondientes a los subsiguientes a\u00f1os de la Gran Colombia, no existe ninguna disposici\u00f3n que vuelva a referirse a ellas. La ley, pues, no pudo tener cumplimiento en cuanto al registro. Por tanto, sobre los particulares tampoco pudo pesar la obligaci\u00f3n de realizar lo que la ley ordenaba en esa materia. El sentido de la ley es de rigor contra todos los poseedores de tierras tituladas o no tituladas\u2026 Por consiguiente, parece notorio que el pensamiento que domin\u00f3 en la redacci\u00f3n del art\u00edculo primero, (de la ley de 1821) fue el de comprender bajo el concepto de bald\u00edos enajenables todas las tierras que se hab\u00edan reputado como de la regal\u00eda de la Corona espa\u00f1ola, es decir, las que no hab\u00edan sido materia de enajenaciones directas por venta, merced o composici\u00f3n, etc. o que habi\u00e9ndolo sido, hab\u00edan vuelto al dominio p\u00fablico, conforme a la legislaci\u00f3n anterior\u2026 tales bald\u00edos siguieron perteneciendo a la rep\u00fablica…\u201d. <\/p>\n
En aquella oportunidad, tambi\u00e9n acot\u00f3 la Corte que \u201c…. la Ley 200 de 1936, en ninguna de sus expresiones alude siquiera a la mencionada ley de 1821, para pensarse que hace de ella una interpretaci\u00f3n. Tampoco la hace la ley 200 en ninguno de sus ordenamientos, pues el aparte c) de su art\u00edculo 4\u00ba, al referirse a la ley de 1821, simplemente se\u00f1ala un modo para acreditar propiedad privada territorial, an\u00e1logo a los de las letras a) y b), o sea el t\u00edtulo originario y a otra prueba plena de haber salido el terreno del Estado. Se trata, en los tres casos, de documentos distintos que producen unos mismos efectos, para los fines previstos en la ley de tierras. Pero de la identidad de esos efectos no se deduce la igualdad de aquellos documentos, y que sean, por tanto, iguales el t\u00edtulo originario del Estado y el t\u00edtulo traslaticio entre particulares anterior a 1821. La ley dio determinados efectos a documentos diferentes, pero no igual\u00f3 esos documentos. Tales documentos son los t\u00edtulos anteriores a 1821 y los emanados del Estado; aptos unos y otros para demostrar que, en la hip\u00f3tesis de la ley 200, las tierras con esos documentos se reputaban de propiedad particular, pero no se declara que esas tierras hab\u00edan salido del Estado antes de 1821″. <\/p>\n
Y respecto a los bienes de uso p\u00fablico, adem\u00e1s de lo ya expresado, el siguiente recuento resulta suficiente para concluir, en principio, que ni en el pasado remoto, ni en el reciente, ni ahora, los bienes destinados a la condici\u00f3n citada, entre los cuales figuran los de bajamar, pueden ser tomados como de propiedad particular. <\/p>\n
Como dijo la Corte,19 en esta materia no hace falta consagraci\u00f3n legislativa para establecer la condici\u00f3n de los bienes de uso p\u00fablico, pues en el caso de los terrenos de bajamar o de la bajamar, lo son \u00abpor naturaleza, y, por lo mismo, casi que sobra que acto alguno lo ratifique, pues as\u00ed emana de su especial condici\u00f3n de pertenecer a las playas del mar, al litoral o a las costas. Ese car\u00e1cter com\u00fan o de uso p\u00fablico de los terrenos de bajamar, por cierto, no es nuevo en la tradici\u00f3n jur\u00eddica, pues desde antiguo se ha venido decantando el reconocimiento de tan especial calidad. <\/p>\n
Remem\u00f3rase que en las ‘Instituciones’ de Justiniano d\u00edjose que conforme al derecho natural, dentro de las ‘cosas comunes a todos’ se halla ‘el mar y sus costas’ (Et quidem naturali jure comuni sunt omnium haec: … et mare et per hoc littora maris…; libro segundo, t\u00edtulo I, numeral 3); ‘la costa del mar se extiende hasta donde alcanza el flujo del mar en el invierno’ (ib\u00eddem, numeral 3), y el uso del mar y sus costas ‘es p\u00fablico y de derecho de gentes’, ‘mas la propiedad de dichas costas puede decirse que no es de nadie’ (numeral 5). De parecida forma estaba consagrado en ‘las siete partidas’ del antiguo derecho espa\u00f1ol, pues entre ‘las cosas que comunalmente pertenescen a todas las criaturas’ se incluye ‘el mar et su ribera’, lo que se complement\u00f3 con la siguiente previsi\u00f3n: ‘En la ribera de la mar todo home puede facer casa o caba\u00f1a a que se acoja cada que quisiere, et puede hi facer otro edificio qualquier de que se aproveche de manera que por \u00e9l non se embargue el uso comunal de la gente… Et todo aquel logar es llamado ribera de la mar quanto se cubre del agua della quanto mas cresce en todo el a\u00f1o, quier en tiempo de invierno o de verano’. (partida tercera, t\u00edtulo 28, leyes III y IV). <\/p>\n
Como en el pa\u00eds rigi\u00f3 el derecho espa\u00f1ol durante la colonia, el tema no ha sido ajeno, y, antes bien, se ha reiterado luego de la independencia. As\u00ed, una de las fuentes m\u00e1s pr\u00f3ximas al derecho colombiano est\u00e1 en el c\u00f3digo civil de Andr\u00e9s Bello, que tambi\u00e9n rige en Chile, cuyo art\u00edculo 589 incluye al ‘mar adyacente y sus playas’ como ‘bienes nacionales de uso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos’, y precisa en el 594 que ‘se entiende por playa del mar la extensi\u00f3n de tierra que las olas ba\u00f1an y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las m\u00e1s altas mareas’. <\/p>\n
Y aunque las normas relacionadas con el mar y sus playas no fueron incluidas en el c\u00f3digo civil de Colombia, acaso pudiera explicarse la omisi\u00f3n en que la materia ya era m\u00e1s propia del derecho p\u00fablico, o la circunstancia especial de que la ley 84 de 1873 lo adopt\u00f3 para la Naci\u00f3n tomando como modelo el que reg\u00eda en algunos de los extinguidos estados federales del pa\u00eds que no pose\u00edan territorio mar\u00edtimo, en especial el de Santander. Posteriormente fue ratificado como estatuto civil nacional por la ley 57 de 1887. El c\u00f3digo menciona las ‘playas’ en el art\u00edculo 679, y sin duda con el indicado car\u00e1cter de uso p\u00fablico, como que proh\u00edbe las construcciones en dichas zonas, salvo autorizaciones especiales. <\/p>\n
Con todo, aquella conclusi\u00f3n en torno de los terrenos de la bajamar no se resiente en nada, porque desde la perspectiva natural ya indicada, as\u00ed como la pertenencia del asunto al derecho p\u00fablico interno e internacional, cumple deducir que no es necesaria una consagraci\u00f3n normativa especial para que dichas zonas se hubiesen tenido como bienes de uso p\u00fablico en otros tiempos, o se les considere del mismo talante en \u00e9pocas contempor\u00e1neas. Varias reglas actuales as\u00ed lo contemplan, verbi gratia, el art\u00edculo 5 de la ley 9 de 1989 que los incluye como parte del espacio p\u00fablico. A su turno, el decreto 2324 de 1984 define los ‘terrenos de bajamar’ como ‘los que se encuentran cubiertos por la m\u00e1xima marea y quedan descubiertos cuando \u00e9sta baja’ (art. 167, ordinal 4).\u00bb <\/p>\n
Adem\u00e1s de la legislaci\u00f3n nacional mencionada, otras normas excluyeron los bienes de uso p\u00fablico de la apropiaci\u00f3n particular y reafirmaron su car\u00e1cter de dominio nacional, entre ellas vale destacar la Ley de 30 de marzo de 1843, que dispuso la posibilidad de vender tierras bald\u00edas con expresa proscripci\u00f3n de las afectas a un uso p\u00fablico, para lo cual estableci\u00f3: \u00abLas tierras bald\u00edas que a juicio del Poder Ejecutivo no sean necesarias para alg\u00fan uso p\u00fablico, podr\u00e1n enajenarse por dinero o por vales de la deuda exterior o de la deuda interior\u00bb, luego los terrenos en general pod\u00edan venderse a los particulares y ser leg\u00edtimamente de estos, a condici\u00f3n de que no pertenecieran a la categor\u00eda de \u00abbienes de uso p\u00fablico\u00bb. Especial menci\u00f3n recibe la Ley de 23 de mayo de 1858, que dej\u00f3 en vigencia las \u00abordenanzas generales de la Armada de 1793\u00bb en materia de puertos y astilleros, para lo cual autoriz\u00f3 al Ejecutivo con el fin de efectuar la adquisici\u00f3n por compra o expropiaci\u00f3n de los predios necesarios para llevar a cabo obras de muelles, arsenales correspondientes a la isla de Taboga, de los cuales entendi\u00f3 que \u00absiendo propiedad nacional la parte de terreno que ba\u00f1a el mar en sus m\u00e1s altas mareas, dicha parte no deber\u00e1 tomarse en cuenta para la evaluaci\u00f3n del \u00e1rea que se compre\u00bb, con lo cual ratific\u00f3 desde anta\u00f1o, la condici\u00f3n de uso p\u00fablico de los bienes pertenecientes a la bajamar. <\/p>\n
La Ley 15 de 1876 (19 de abril), art\u00edculo \u00fanico, autoriz\u00f3 al \u00abPoder Ejecutivo para que pueda conceder licencias para levantar edificios sobre la bajamar de todos los puntos de la costa; pero cuando las conceda exijir\u00e1 de los solicitantes que los construyan den el mejor frente a la mar, i, si lo cree necesario, la fabricaci\u00f3n de terraplenes\u00bb. Asimismo, el Decreto 964 de 1901 (1\u00ba de agosto), por el cual se reform\u00f3 el n\u00famero 160 de 20 de febrero de 1894, que reglament\u00f3 la ley anteriormente citada, dispuso un sistema de concesi\u00f3n temporal sobre tales predios, y ratific\u00f3 que los mismos pertenec\u00edan a la Naci\u00f3n, cuando en su art\u00edculo 8\u00ba determin\u00f3: \u00abAl expirar los veinte a\u00f1os, por los cuales se concede el permiso, volver\u00e1 el lote, con los edificios que contenga, al dominio pleno de la Naci\u00f3n conforme a lo dispuestos en el art\u00edculo 682 del C\u00f3digo Civil\u00bb. Luego si durante el siglo diecinueve y principios del veinte, los particulares tuvieron alg\u00fan derecho sobre terrenos de la bajamar, fueron de car\u00e1cter eminentemente transitorio, lo que nuevamente excluye el derecho de propiedad de alg\u00fan bien de uso p\u00fablico en cabeza de tales individuos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n la jurisprudencia de esta Sala, en multitud de providencias, ense\u00f1a que \u00ablos bienes de uso p\u00fablico del Estado son inalienables e imprescriptibles\u00bb (sent. cas. civ. de 22 de marzo de 1995, Exp. No. 4482) y se encuentran sometidos \u00aba una singular, pero innegable, potestad estatal que excluye la propiedad privada sobre ellos, ya sea porque, como piensan algunos, tal poder configura un ‘dominio eminente’, traducido en meras facultades de polic\u00eda administrativa que apenas le conceden a su titular las facultades de guarda y vigilancia, sin estructurar, en todo caso, un derecho de propiedad en sentido estricto, o ya, como piensan otros, como un genuino derecho p\u00fablico de propiedad cuyo ejercicio puede diferir en varios aspectos del modo como los particulares despliegan su poder sobre los bienes, pero sin ser sustancialmente distintos\u00bb (sent. cas. civ. de 29 de julio de 1999, Exp. No. 5074, cfme. sentencias de 30 de enero de 1900, G.J. T. XV, 22; 15 de abril de 1926, G.J. T. XXXII, 262; 16 de septiembre de 1930, G.J. T. XXXVI, 319; 29 de septiembre de 1940 G.J. T. L, 253; 12 de noviembre de 1941, G.J. T. LII, 514; 5 de febrero de 1958, G.J. T. LXXXVII, 340; 28 de marzo de 1958, G.J. T. LXXXVII, 515; 28 de julio de 1987, T. CLXXXVIII, 2p, 83). <\/p>\n
Viene como corolario de todo lo expuesto, que si en el presente proceso estuvo indiscutiblemente comprobado mediante experticia no controvertida, que el lote correspond\u00eda a terrenos de bajamar habilitados por la mano del hombre, los t\u00edtulos de propiedad enarbolados por los demandantes, por antiguos que fueran, jam\u00e1s tendr\u00edan la aptitud para disputar con \u00e9xito la propiedad del Estado sobre los terrenos cuya reivindicaci\u00f3n se solicit\u00f3, como tinosamente declar\u00f3 el Tribunal en la providencia censurada. <\/p>\n
Todos los razonamientos expresados conducen al fracaso de los cargos estudiados. <\/p>\n
DEMANDA PRESENTADA POR JOS\u00c9 ANTONIO, LUCIA ROSA y MAR\u00cdA DEL ROSARIO MARTELO MART\u00cdNEZ; RAM\u00d3N, YOLANDA, JAVIER, LUIS CARLOS y GLORIA ISABEL PAZ DELGADO; DIONISIO, CECILIA y JORGE V\u00c9LEZ MARTELO. <\/p>\n
Despachado conjuntamente el segundo cargo, corresponde ahora la atenci\u00f3n al primero, tercero y cuarto de esta demanda. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal 1\u00aa de casaci\u00f3n el recurrente acusa la sentencia de ser directamente violatoria de normas de derecho sustancial por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 13 y 14 de la Ley 11 de 1821; 44 y 45 del C\u00f3digo Fiscal (Ley 110 de 1912) y de los correspondientes de la Ley 106 de 1873; 675 y 684 del C.C. de 1887 y del C.C. de la Uni\u00f3n de 1873; 1\u00ba de la Ley 57 de 1887; 2\u00ba, 3\u00ba inciso segundo de la Ley 200 de 1936; 1\u00ba y 7\u00ba de la Ley 137 de 1959; 48 de la Ley 160 de 1994; Ley 47 de 1981 y Decreto 502 de 1976, en cuanto por estos \u00faltimos se determin\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica de las zonas francas industriales y comerciales del pa\u00eds; y por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 3\u00ba inc. 1\u00ba in fine, 4\u00ba incs. 1\u00ba y 2\u00ba literales b. y c. de la Ley 200 de 1936; 1\u00ba de la Ley 50 de 1936; 2\u00ba, 3\u00ba in fine, 4\u00ba, 5\u00ba, 7\u00ba de la Ley 137 de 1959; 669, 673, 740, 742, 743, 745, 762, 765, 946, 947, 949, 950, 952, 961, 962, 963, 964, 966, 1008 incisos 1\u00ba y 2\u00ba, 1010, 1012, 1013, 1849 y 1857 del C.C., en cuanto deneg\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
El censor, despu\u00e9s de exponer en qu\u00e9 consiste la aplicaci\u00f3n indebida de una ley y las diversas formas como se deroga una norma, hizo un resumen de lo que ha sido la legislaci\u00f3n colombiana en materia de bald\u00edos, para lo cual comenz\u00f3 por la Ley 11 de octubre de 1821, la que, como se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en sentencias de 1\u00ba de diciembre de 1939 y 12 de abril de 1940, se qued\u00f3 escrita por las dificultades fiscales que atravesaba la Rep\u00fablica. Se\u00f1al\u00f3 que, durante el r\u00e9gimen federalista se expidi\u00f3 en 1873, el C\u00f3digo Civil en cuyos art\u00edculos 675 y 684 se determinaron como bienes de la Uni\u00f3n los que carec\u00edan de otro due\u00f1o y se encontraban dentro de sus l\u00edmites, pero respetando los derechos que sobre r\u00edos, lagos e islas, hubiesen adquirido los particulares. A su vez el C\u00f3digo Fiscal, Ley 106 de 1873, si bien reserv\u00f3 para la Uni\u00f3n las islas y las costas, mantuvo la salvedad anotada para los particulares que adujeran t\u00edtulo traslaticio de dominio antecedente a la promulgaci\u00f3n de la citada ley. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el recurrente que los c\u00f3digos Civil y Fiscal fueron sustituidos por el de 1886, el primero, y por la Ley 112 de 1912 el segundo, unificando la legislaci\u00f3n positiva nacional, por disposici\u00f3n de la Ley 57 de 1887, es decir, que aquellas normas quedaron abolidas expresamente, como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 2683 del C\u00f3digo Civil de 1886, por lo que no pueden aplicarse actualmente. Estas normas, a su vez, fueron derogadas en lo referente a la regulaci\u00f3n de bald\u00edos por la Ley 200 de 1936, disposici\u00f3n que contiene ostensibles diferencias con las leyes anteriores, por cuanto sent\u00f3 una presunci\u00f3n negativa de bald\u00edos y estableci\u00f3 que se puede desvirtuar tal presunci\u00f3n con la demostraci\u00f3n de t\u00edtulos inscritos, le otorg\u00f3 efecto a la prescripci\u00f3n adquisitiva, que la legislaci\u00f3n precedente le negaba, dio, tanto a la posesi\u00f3n inscrita, como a la material, eficacia para trasladar el dominio del Estado a los particulares, cre\u00f3 nuevos medios de prueba de la propiedad, otorg\u00e1ndole plena validez frente al Estado y a falta de un t\u00edtulo originario expedido por \u00e9ste, a la posesi\u00f3n inscrita precedente, estableci\u00f3 los procedimientos para la adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos sin las restricciones que tra\u00eda el C\u00f3digo Fiscal, y precis\u00f3 los efectos y alcances de la decisi\u00f3n administrativa sobre el particular. Es decir, esta ley de tierras reglament\u00f3 totalmente la materia sobre bald\u00edos y trajo disposiciones antag\u00f3nicas con las anteriores, de donde es preciso concluir que el C\u00f3digo Fiscal de 1912 y las dem\u00e1s leyes que regulaban la materia de bald\u00edos, promulgadas antes de 1937, perdieron eficacia jur\u00eddica y hoy no es posible aplicarlas para solucionar litigios surgidos con posterioridad, porque sencillamente est\u00e1n derogadas. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 el recurrente, con la conclusi\u00f3n de que esa indebida aplicaci\u00f3n de las normas se\u00f1aladas, trajo como consecuencia la inaplicaci\u00f3n de otras que han debido hacerse actuar en la litis, como son el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 3\u00ba de la Ley 200 de 1936 y el inciso 1\u00ba, literales b y c del art\u00edculo 4\u00ba de la misma norma. Estos errores del juzgador lo llevaron a desestimar las pretensiones de la demanda reivindicatoria incoada por los actores. <\/p>\n
La inconformidad del casacionista consiste en que el Tribunal hizo regir en el caso presente disposiciones derogadas, lo cual no resulta cierto a ojos de la Corte, pues las normas citadas por la Corporaci\u00f3n censurada corresponden a aquellas vigentes al momento en que se expidieron o formaron los actos jur\u00eddicos que intentaron combatir el dominio del Estado sobre el inmueble objeto del proceso. <\/p>\n
Sin embargo, tampoco es cierto que los preceptos denunciados hayan sido el motivo del fracaso de las pretensiones, porque el juzgador de segunda instancia adem\u00e1s de haber estudiado los t\u00edtulos con fundamento en las normas que mencion\u00f3 a lo largo de la sentencia, dedujo la derrota de aquellas pero como fruto de la condici\u00f3n de uso p\u00fablico que se adscribi\u00f3 al inmueble, luego ninguna disposici\u00f3n de las enunciadas en el cargo podr\u00eda resultar vulnerada porque aquellas que por aplicaci\u00f3n indebida se denuncian, ata\u00f1en a la regulaci\u00f3n sobre bald\u00edos reservados y relegan la consideraci\u00f3n que cabalmente constituye el fundamento del fallo: que el inmueble es y ha sido siempre de uso p\u00fablico y por lo tanto sin posibilidad de ser apropiado por los particulares, por m\u00e1s antiguos que sean los t\u00edtulos que aquellos ostenten. <\/p>\n
Luego el recuento legislativo que realiz\u00f3 el Tribunal sobre los terrenos bald\u00edos reservados, sirvi\u00f3 al prop\u00f3sito de analizar las normas que fueron invocadas por las partes, pero con la claridad de que ninguna de ellas permitir\u00eda acreditar el requisito de dominio que el juzgador de segundo grado exigi\u00f3 para la prosperidad de la pretensi\u00f3n reivindicatoria. Adem\u00e1s, si los t\u00edtulos esgrimidos por los demandantes datan de 1880 y si el meridiano de la controversia est\u00e1 alrededor de saber si tales t\u00edtulos son id\u00f3neos o no para encararlos con \u00e9xito al Estado, entonces las normas llamadas a ser aplicadas son las que gobernaban al momento de producirse tales hechos jur\u00eddicos -formaci\u00f3n de los t\u00edtulos- porque con ellas el juzgador trata de proveer sobre los antecedentes hist\u00f3ricos de la disputa y no otras que vinieron despu\u00e9s como sugiere el recurrente. <\/p>\n
Desde los ordenamientos impuestos por los colonizadores, hasta los preceptos expedidos en el marco de la Rep\u00fablica, como son las Leyes de 11 de octubre de 1821, 106 de 1873, art\u00edculos 675 y 684 del C\u00f3digo Civil de 1873, 57 de 1887, 110 de 1912 y finalmente la Ley 200 de 1936, reflejan el trasunto legislativo que consider\u00f3 la providencia impugnada, normas que si bien regularon el aspecto de la adquisici\u00f3n de los bienes bald\u00edos reservados, seg\u00fan el Tribunal, finalmente este juzg\u00f3 innecesaria su aplicaci\u00f3n, en presencia de la categor\u00eda de bienes objeto de la pendencia, de uso p\u00fablico, circunstancia de donde vino realmente el fracaso de las pretensiones. <\/p>\n
De otro lado, no puede admitirse, como plante\u00f3 el recurrente, que la Ley 200 de 1936 tuvo como efecto borrar la existencia de toda la reglamentaci\u00f3n sobre bald\u00edos anterior a ella, como si el legislador de ese a\u00f1o hubiera empezado su labor\u00edo ex nihilo, pues la evoluci\u00f3n legislativa no implica una ruptura con el pasado sino m\u00e1s bien una continuidad, que se remonta en materia de t\u00edtulos, a la \u00e9poca de la colonia, como tuvo ocasi\u00f3n de afirmarlo la Corte en los pronunciamientos antes copiados. No es entonces la Ley 200 de 1936, ni el \u00fanico, ni el primer referente a ser tenido en cuenta cuando del an\u00e1lisis de credenciales de dominio se trata, ni es cierto que la derogatoria de las leyes pret\u00e9ritas impida juzgar frente a ellas el proceso de evoluci\u00f3n de los t\u00edtulos de propiedad. Otra cosa ser\u00eda promulgar el irrespeto por las situaciones jur\u00eddicas que fueron reguladas y hasta decididas en virtud de una norma que para ese momento resultaba vigente y aplicable, pero que luego fue derogada, o sus supuestos f\u00e1cticos regidos de manera diferente, pues esta nueva disposici\u00f3n no podr\u00eda desconocer la situaci\u00f3n creada con anterioridad a su vigencia. <\/p>\n
En el presente caso, la brega se situ\u00f3 en saber si los t\u00edtulos aportados por los demandantes eran aptos para demostrar la propiedad del inmueble pretendido; pues bien, para esos efectos el sentenciador de segundo grado, luego de identificar y caracterizar la naturaleza del inmueble, procedi\u00f3 a analizar los t\u00edtulos a partir de las normas que gobernaban el desprendimiento del Estado sobre zonas adyacentes al mar, para concluir que los allegados no muestran una propiedad oponible frente al Estado. Este discurrir que denuncia el censor, a juicio de la Corte, aparece asistido de raz\u00f3n y por tanto el ataque est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
No estar\u00eda dem\u00e1s a\u00f1adir que as\u00ed la raz\u00f3n asistiera al recurrente en la forma de ver los efectos de la Ley 200 de 1936, y no es as\u00ed, el desenlace ser\u00eda igual, pues cuanto se predica de bald\u00edos no es aplicable a terrenos de bajamar que, como ya se dijo tienen su propia reglamentaci\u00f3n. <\/p>\n
Fracasa as\u00ed el cargo. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
El recurrente acus\u00f3 la sentencia de segunda instancia por ser indirectamente violatoria de la ley sustancial a consecuencia de errores evidentes de hecho al pretermitir y no considerar en su fallo las pruebas que obran en el proceso, las que indican claramente que desde antes de 1880 el predio objeto de reivindicaci\u00f3n ven\u00eda siendo pose\u00eddo por particulares y que por lo tanto no pod\u00eda tenerse como bald\u00edo y en tal car\u00e1cter, de propiedad de la Naci\u00f3n con fundamento en la Ley 137 de 1959 y el Decreto 502 de 1976. Las infracciones denunciadas son: por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 13 y 14 de la Ley 11 de 1821; 44 y 45 del C\u00f3digo Fiscal (Ley 110 de 1912) y de los correspondientes de la Ley 106 de 1873; 675 y 684 del C.C. de 1887 y de los correspondientes del C.C. de la Uni\u00f3n de 1873; 1\u00ba de la Ley 57 de 1887; 2\u00ba, 3\u00ba inciso segundo de la Ley 200 de 1936; 1\u00ba y 7\u00ba de la Ley 137 de 1959; 48 de la Ley 160 de 1994; Ley 47 de 1981 y Decreto 502 de 1976, en cuanto por estas se determin\u00f3 la naturaleza jur\u00eddica de las zonas francas industriales y comerciales del pa\u00eds. Por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 3\u00ba inciso primero in fine, 4\u00ba incisos 1\u00ba y 2\u00ba literales b. y c. de la Ley 200 de 1936; 1\u00ba de la Ley 50 de 1936; 2\u00ba, 3\u00ba in fine, 4\u00ba, 5\u00ba, 7\u00ba de la Ley 137 de 1959; 669, 673, 740, 742, 743, 745, 762, 765, 946, 947, 949, 950, 952, 961, 962, 963, 964, 966, 1008 incisos 1\u00ba y 2\u00ba, 1010, 1012, 1013, 1849 y 1857 del C.C., en cuanto deneg\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
Consider\u00f3 el censor que la Ley 200 de 1936 en su art\u00edculo 1\u00ba consagr\u00f3 una presunci\u00f3n negativa en cuanto previ\u00f3 que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los fundos pose\u00eddos por particulares, posesi\u00f3n que consiste en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo por hechos positivos propios de due\u00f1o, como lo ha entendido y sostenido esta Corporaci\u00f3n en varias providencias, pues el art\u00edculo 1\u00ba citado reform\u00f3 la presunci\u00f3n tradicional de dominio establecida por los art\u00edculos 675 del C.C. y 44 del C.F., y facilit\u00f3 al actor la obtenci\u00f3n de la sentencia declarativa en su favor, con la \u00fanica exigencia de demostrar posesi\u00f3n en los t\u00e9rminos de ley, correspondi\u00e9ndole al Estado acreditar, a fin de enervar los efectos de la acci\u00f3n petitoria, que el bien no hab\u00eda salido nunca de su patrimonio, porque sobre \u00e9l recaer\u00eda la carga de la prueba en contrario. <\/p>\n
El error de hecho denunciado consisti\u00f3 en la falta de apreciaci\u00f3n de las escrituras y otros documentos allegados, lo que condujo al Tribunal a resolver adversamente las s\u00faplicas de la demanda, pues concluy\u00f3 que los demandantes no demostraron la propiedad sobre el bien materia del litigio, no obstante haber presentado t\u00edtulos que se remontan a 1880. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el recurrente que si bien el Tribunal mencion\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 22 de 24 de enero de 1880 de la Notar\u00eda P\u00fablica Principal de Cartagena, en la que se protocoliz\u00f3 la diligencia de remate de los terrenos de la Isla de Manga por parte de Federico Romero, no observ\u00f3 que los anteriores propietarios de ese inmueble, Ram\u00f3n Benedetti y Juana de Benedetti, demandados en el proceso ejecutivo en que se llev\u00f3 a cabo la subasta de los bienes, eran poseedores materiales, por lo que no se le puede atribuir la presunci\u00f3n legal de ser bald\u00edo, dado que esos terrenos salieron del patrimonio del Estado desde antes de esa \u00e9poca. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el sentenciador de segundo grado tampoco consider\u00f3 en su sentencia, las escrituras n\u00fameros 112 de 23 de abril de 1888 y 257 de 24 de septiembre de 1888 de la misma Notar\u00eda, en la que se protocolizaron los tr\u00e1mites correspondientes a las diligencias de apertura, publicaci\u00f3n y posterior adjudicaci\u00f3n de los bienes que en vida correspond\u00edan a Federico Romero, hasta poner en posesi\u00f3n de sus bienes a la \u00fanica y universal heredera, Anna Grave de Romero. <\/p>\n
Expuso el recurrente que el sentenciador de segunda instancia tampoco advirti\u00f3 que en la escritura p\u00fablica No. 05 de 9 de enero de 1904 de la Notar\u00eda 1\u00aa de Cartagena, Anna Grave, antes de Romero, despu\u00e9s de G\u00f3mez C\u00e1sseres, y su segundo esposo, Manuel G\u00f3mez C\u00e1sseres, vendieron a Dionisio Jim\u00e9nez la isla denominada Manga de 90.000 cabullas de extensi\u00f3n, que corresponde al terreno otrora adquirido por Federico Romero, y que en su contexto se expresa que los tradentes estaban en posesi\u00f3n material de ese fundo, del que hicieron entrega real y efectiva al comprador, quien manifest\u00f3 a su vez recibirlo a satisfacci\u00f3n, lo cual lleva a creer que desde tiempo atr\u00e1s, los terrenos estaban siendo pose\u00eddos por particulares. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente el Tribunal, en criterio del casacionista, tampoco vio que en la escritura p\u00fablica No. 647 del 20 de septiembre de 1915 de la misma Notar\u00eda 1\u00aa, mediante la cual se protocoliz\u00f3 el juicio de sucesi\u00f3n de Dionisio Jim\u00e9nez, se inventari\u00f3 y adjudic\u00f3 a sus sucesores, en cuotas definidas, el inmueble comprado en 1904 a los c\u00f3nyuges G\u00f3mez C\u00e1sseres, sobre el que hab\u00eda detentado desde entonces la posesi\u00f3n; igualmente no apreci\u00f3 que los causahabientes de aqu\u00e9l, posteriormente lo transmitieron mortis causa, como lo indican las escrituras 687 de 29 de septiembre de 1942, 1309 de 30 de agosto de 1968 y 859 de 14 de junio de 1977. <\/p>\n
Otro error de hecho en que incurri\u00f3 el ad quem, seg\u00fan el inconforme, consisti\u00f3 en que no observ\u00f3 el certificado del Registrador de Cartagena, folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 060-0005635, expedido el 18 de enero de 1995, en el que se alude al remate efectuado por Federico Romero, la compraventa entre Anna Grave de Romero y Dionisio Jim\u00e9nez, la sucesi\u00f3n de \u00e9ste y la de sus sucesores en el dominio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
De entrada debe advertirse que el fundamento de la sentencia no se halla tanto en la ausencia de posesi\u00f3n de los demandantes, sino en la falta de idoneidad de sus t\u00edtulos para enfrentar la propiedad del Estado sobre los terrenos cuya reivindicaci\u00f3n se solicit\u00f3. El asunto referente a la posesi\u00f3n resulta por lo menos accesorio, pues a\u00fan si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que los demandantes acreditaron con las pruebas documentales que sus causantes ostentaban la posesi\u00f3n, esto nada les valdr\u00eda ante la ausencia de t\u00edtulos con aptitud frente al Estado, de donde vino el fracaso de las pretensiones, por tratarse el predio en disputa, de uno que forma parte de los bienes de uso p\u00fablico, cuyo naturaleza y r\u00e9gimen jur\u00eddico imposibilita su adquisici\u00f3n por los particulares, como se expres\u00f3 en su oportunidad. <\/p>\n
Entonces la posesi\u00f3n de los demandantes no fue el elemento que ech\u00f3 de menos el Tribunal, como s\u00ed los t\u00edtulos con capacidad para disputarle auspiciosamente la propiedad de este tipo de bienes al Estado. Adem\u00e1s, decir que por los errores en la apreciaci\u00f3n de los documentos que daban cuenta de la posesi\u00f3n referida, el juzgador resolvi\u00f3 negativamente la reivindicaci\u00f3n, no consulta el verdadero sentido del fallo, porque si de lo que se trata es de demostrar que la posesi\u00f3n para esa \u00e9poca hac\u00eda desvirtuar la condici\u00f3n de bald\u00edo del predio, cuando su verdadera naturaleza era la de ser de uso p\u00fablico, se estar\u00eda emplazando al ad quem a tener en cuenta una coyuntura legislativa que no gobernaba esos acontecimientos. <\/p>\n
De la misma recensi\u00f3n de la sentencia de segundo grado se deduce que la relaci\u00f3n material de los demandantes con el predio no marcaba el norte de la decisi\u00f3n, porque dentro de los elementos reconocidos por el juzgador para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria, jam\u00e1s examin\u00f3 la posesi\u00f3n ejercida por los demandantes. <\/p>\n
El sentido de la sentencia recurrida es muy otro, como se\u00f1alado qued\u00f3, y ajena a este caso resulta la prueba de la posesi\u00f3n como fen\u00f3meno material, pues fue la ausencia de demostraci\u00f3n del derecho de propiedad, lo que llev\u00f3 al rev\u00e9s de las pretensiones, luego el cargo formulado aunque prosperase, no causar\u00eda la ruptura de la sentencia. Por lo dem\u00e1s, trat\u00e1ndose de terrenos que apenas aparecieron como tales en la d\u00e9cada del 70, a ra\u00edz de los rellenos autorizados por el Municipio de Cartagena, sobre la zona de bajamar, no se ve c\u00f3mo pod\u00edan ser pose\u00eddos por alguien para el a\u00f1o de 1936, en que se expidi\u00f3 la Ley 200, que el cargo denuncia fue inaplicada. <\/p>\n
De otro lado, el ataque expuesto sobre la falta de apreciaci\u00f3n del folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 060-0005635, expedido el 18 de enero de 1995 por el Registrador de instrumentos p\u00fablicos de Cartagena, tampoco existi\u00f3, porque a ese prop\u00f3sito el propio Tribunal dijo que \u00ablos t\u00edtulos de propiedad esgrimidos por los demandantes en estos autos, debidamente registrados, no tienen fuerza frente al Estado\u00bb (subraya la Corte). Es del caso inquirir entonces, \u00bfc\u00f3mo podr\u00eda concluirse la inutilidad del registro de los t\u00edtulos sino fuera observando precisamente el folio allegado?. Est\u00e1 claro entonces, que hay obrepci\u00f3n en el cargo, pues el Tribunal s\u00ed apreci\u00f3 el documento aportado por la litisconsorte de los demandantes, lo que descarta la ocurrencia del yerro achacado en esta censura. <\/p>\n
El cargo no prospera. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
<\/p>\n
Explic\u00f3 el censor que, como ha sostenido esta Corporaci\u00f3n en numerosas sentencias, algunas de las cuales cit\u00f3, es un deber del juzgador de instancia decretar pruebas de oficio cuando lo considere necesario y \u00fatil para verificar los hechos aducidos, atribuci\u00f3n que debe ejercitar no solamente dentro de los t\u00e9rminos probatorios, sino por fuera de los mismos, antes de decidir; agreg\u00f3 que la Corte acompa\u00f1a la tesis de que si los demandantes no alegaron una tradici\u00f3n anterior a 1873, porque lo consideraron innecesario, pese a lo cual el Tribunal s\u00ed estim\u00f3 que se requer\u00edan t\u00edtulos anteriores para reivindicar, corresponder\u00eda en tal caso al juez, como deber ineludible, decretar la prueba de oficio, a fin de que, una vez incorporada y controvertida legalmente en el proceso, pudiera apreciarla y adoptar una decisi\u00f3n conforme a la realidad probatoria de los hechos, dado que no hay ning\u00fan fundamento para considerar in\u00fatil dicha prueba, ni para estimarla extra\u00f1a a lo alegado por las partes, por el contrario, es necesaria para precaver una decisi\u00f3n absurda y contraria a la realidad. <\/p>\n
Manifest\u00f3 el recurrente que si el Tribunal consider\u00f3 en su sentencia que las pretensiones de la demanda no pod\u00edan prosperar, porque los demandantes no demostraron que los terrenos que pretenden reivindicar salieron del dominio del Estado antes de la promulgaci\u00f3n de la Ley 106 de 1873, pues solamente allegaron t\u00edtulos que datan de 1880, y si no incorpor\u00f3 oficiosamente los t\u00edtulos faltantes porque estim\u00f3 que ni en las demandas, ni en la intervenci\u00f3n litisconsorcial \u201cse plantearon hechos de tradici\u00f3n anteriores a 1.880, que hubieran dado lugar a la prueba ex officio\u201d, con ello incurri\u00f3 en error de derecho, por violaci\u00f3n del art\u00edculo 179 del C. de P. C., que impone al juzgador como deber ineludible decretar de oficio las pruebas necesarias para verificar los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Anot\u00f3 que si bien es cierto los demandantes no alegaron expresamente hechos referentes a tradiciones anteriores a 1880, porque no lo consideraron indispensable para justificar el derecho de dominio sobre el bien, s\u00ed lo plantearon impl\u00edcitamente en las demandas y dem\u00e1s alegaciones, porque en las acciones de reivindicaci\u00f3n, el dominio pleno del bien pretendido en restituci\u00f3n, en s\u00ed mismo considerado, es parte integrante del objeto jur\u00eddico pretendido y de su causa para pedir. <\/p>\n
Dijo el censor que el Tribunal tambi\u00e9n quebrant\u00f3 el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 305 ib. seg\u00fan el cual el juez al fallar deber\u00e1 tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial objeto del litigio, ocurrido despu\u00e9s de presentada la demanda, si aparece probado y alegado por la parte interesada o la ley permita considerarlo de oficio. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 el recurrente manifestando que la denuncia se encamin\u00f3 por la v\u00eda de derecho y no de hecho, con fundamento en sentencias de esta Sala que cit\u00f3, por cuanto la falencia radic\u00f3 en que el Tribunal a pesar de haber visto la realidad probatoria existente en el proceso, la consider\u00f3 insuficiente, no acudi\u00f3 a practicar oficiosamente otras evidencias que completaban o corroboraban la prueba documental aportada, al estimar, de manera equivocada, que ese punto no hab\u00eda sido planteado en las alegaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
No se discute la facultad-deber con que cuenta el juzgador para decretar pruebas de oficio, asumida jurisprudencialmente luego de superar la visi\u00f3n privatista del proceso civil, que supon\u00eda una conducta pasiva del juez y un beneficio e inter\u00e9s exclusivo de los particulares. Esta evoluci\u00f3n auspici\u00f3 que el proceso se convirtiera en una actividad del Estado enderezada a la realizaci\u00f3n del Derecho, mediante la expedici\u00f3n de sentencias acordes con la legalidad, la justicia y la verdad. <\/p>\n
Pero ese desarrollo, no implica la total discrecionalidad en la labor de pesquisa probatoria, pues tanto las reglas del procedimiento como el entendimiento jurisprudencial que de ellas se ha hecho, enmarcan y limitan tal proceder. De un lado, el art\u00edculo 37 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, prescribe que el juez debe \u201c… Emplear los poderes que este C\u00f3digo le concede en materia de pruebas, siempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias\u201d, y el art\u00edculo 179 ibidem consagr\u00f3 la autorizaci\u00f3n para el ejercicio de tal prerrogativa, para lo que tambi\u00e9n dispuso la misi\u00f3n del juez de verificar los hechos afirmados por las partes. Por otro lado, sobre el decreto oficioso de pruebas, esta Corporaci\u00f3n tiene sentado que \u201cs\u00f3lo le corresponde al mencionado funcionario juzgador, juez o magistrado, determinar previamente a la decisi\u00f3n del decreto de oficio de pruebas, cu\u00e1les son las alegaciones de las partes y los hechos relacionados con \u00e9stas, as\u00ed como cu\u00e1les de estos hechos requieren de su verificaci\u00f3n o prueba y cu\u00e1les estima o considera \u00fatiles para tal efecto. De all\u00ed que si bien no se trata de una mera discrecionalidad del juzgador la atribuci\u00f3n para decretar o no decretar de oficio una prueba, sino de un deber edificado sobre el juicio y conclusi\u00f3n razonable del juzgador, no es menos cierto que s\u00f3lo a \u00e9l le compete hacer dicho an\u00e1lisis y adoptar la decisi\u00f3n que estime pertinente de decretar o no la prueba de oficio (art\u00edculo 179, inc. 2\u00ba C\u00f3digo de Procedimiento Civil) o simplemente abstenerse de hacerlo (pues, s\u00f3lo depende de su iniciativa). Por ello resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez, en uso de sus atribuciones, se abstiene de decretar pruebas de oficio y, por consiguiente, no procede a darle valoraci\u00f3n a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada al proceso\u201d (sent. cas. civ. de 12 de septiembre de 1994). <\/p>\n
La tendencia de los precedentes indica que la omisi\u00f3n en el decreto y pr\u00e1ctica oficiosa de pruebas puede dar pie a un error de derecho cuando tal decreto \u00absea exigido forzosamente por la ley o que ‘con posterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda … sobrevenga un hecho que de manera esencial y notoria altere o extinga la pretensi\u00f3n inicial’ o que ‘se aduzca o aporte, aunque sea inoportunamente, la prueba id\u00f3nea de dicho hecho que no ha sido incorporada legalmente al proceso’ (G.J. t. CCXXI, pag. 481), entre otros supuestos\u00bb (sent. cas. civ. de 26 de julio de 2004 exp. No. 7273). <\/p>\n
Para el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el casacionista ve un error de derecho porque el Tribunal dej\u00f3 de decretar una prueba de oficio en la b\u00fasqueda de los t\u00edtulos del predio a reivindicar anteriores a 1880. No obstante, se observa que el juzgador de segundo grado deliber\u00f3 expresamente sobre la posible pr\u00e1ctica de esa prueba oficiosa para luego desestimarla, bajo el argumento de que en la escritura No. 22 de 1880 no hay noticia del t\u00edtulo antecedente o \u00absobre la forma en que adquirieron los c\u00f3nyuges RAM\u00d3N BENEDETTI y JUANA DE DIOS EGUES DE BENEDETTI a fin de que el Tribunal hubiera incorporado oficiosamente el t\u00edtulo o los t\u00edtulos faltantes; am\u00e9n de que en las demandas y en la intervenci\u00f3n litisconsorcial activa no se plantearon hechos de tradici\u00f3n anteriores a 1880\u00bb. <\/p>\n
Sin tener evidencia sobre la existencia real de esos t\u00edtulos antecedentes, pero con la certeza de que ninguno de los que pudieran aportarse tendr\u00edan la suficiencia de competir con la propiedad del Estado sobre los terrenos de bajamar, el intento de endilgar error de derecho al Tribunal por la omisi\u00f3n en su actividad inquisitiva pierde importancia, pues si se hubiera desplegado el labor\u00edo implorado y se hubieran allegado otros actos jur\u00eddicos, de m\u00e1s antig\u00fcedad que los aportados por los demandantes, la conclusi\u00f3n seguir\u00eda siendo la misma, que por la naturaleza del predio en disputa, ninguna propiedad privada cabr\u00eda en ellos. <\/p>\n
Por consiguiente, el cargo se frustra. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida en este proceso el 3 de julio de 1998 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
Cond\u00e9nase a los demandantes recurrentes al pago de las costas causadas en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
1 Decreto 2324 de 1984, art\u00edculo 167 Num. 4\u00ba. Publicado en el Diario Oficial del 1 de noviembre de 1984. <\/p>\n
2 Sent. cas. civ. 1 de febrero de 2000. Exp. No. G.J. CCLXIV. <\/p>\n
3 Sent. cas. civ. 19 de junio de 1968. G.J. CXXIV, pag 206. <\/p>\n
4 Sala de Negocios Generales de 26 de septiembre de 1940. G.J. Tomo L pag. 254. <\/p>\n
5 Sentencia cas. civ. 8 de abril de 1960. G.J. T. XCII, pag. 783. <\/p>\n
6 En sentencia de 15 de diciembre de 1962, dijo la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia: \u00abAs\u00ed, no obstante la terminaci\u00f3n del dominio espa\u00f1ol en los territorios que hoy forman la Rep\u00fablica de Colombia, las leyes de Espa\u00f1a no dejaron completamente de regir en ellos sino cuando vino a abolirlas el art\u00edculo 15 de la ley 153 de 1887\u00bb G.J. T. C, pag. 756. <\/p>\n
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Negocios Generales, sentencia de 25 de octubre de 1940. G.J. Tomo L, pag. 283. <\/p>\n
8 Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 5 de agosto de 1942. G.J. No. LIII, pag. 809 y ss. <\/p>\n
9 G.J. No. LIII, pag. 905. <\/p>\n
10 Como lo recopil\u00f3 el Consejo de Estado en sentencia de 9 de diciembre de 1984, Exp. No. 2545, la normatividad sobre adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos a particulares, durante el siglo XIX, la complementaron los decretos de 18 de junio de 1823, 1 de mayo de 1826, 1 de febrero de 1830, 16 de marzo de 1832, Leyes de 5 de mayo de 1834, de 30 de marzo de 1843 y Decreto de 17 de junio de 1844. Ley 61 de 24 de junio de 1874, Ley 48 de 28 de agosto de 1882. <\/p>\n
11 G.J. T. LIII, pag. 908. <\/p>\n
12 G.J. tomo LIII, pag. 911. <\/p>\n
13 Tampoco tuvo la facultad de calificar o expedir t\u00edtulos constitutivos de dominio la propiedad, la Oficina de Estad\u00edstica Nacional a que se refer\u00eda el art\u00edculo 877 y siguientes de la Ley 106 de 1873, como lo sentenci\u00f3 la Corte en providencia de 29 de marzo de 1941. G.J. T. LI, pag. 739. <\/p>\n
14 En el mismo sentido, sentencia de 25 de octubre de 1940, G.J. T. L pag. 282. <\/p>\n
15 G.J. tomo LIII, pag. 915. <\/p>\n
16 G.J. Tomo L. pag. 285. <\/p>\n
17 G.J. T. L pags. 282 y 283. <\/p>\n
18 Sentencia de 13 de marzo de 1939, en que se dijo: \u00abHay mucha analog\u00eda entre el t\u00edtulo emanado del Estado y el anterior al 11 de octubre de 1821, en lo que se refiere a la prueba de la existencia de la propiedad territorial, pues sus efectos son id\u00e9nticos respecto a la comprobaci\u00f3n del dominio y a sus resultados en frente a los derechos de los colonos\u2026 el art\u00edculo 4\u00ba (de la Ley 200 de 1936) que se comenta da base para estimar que son uno mismo el t\u00edtulo originario y el t\u00edtulo emanado del Estado\u2026trat\u00e1ndose especialmente del t\u00edtulo anterior al 11 de octubre de 1821\u2026 dice que en el punto de que se trata es prueba admisible para acreditar la propiedad privada, no s\u00f3lo el t\u00edtulo originario sino uno traslaticio de dominio entre particulares, anterior al 11 de octubre de 1821, con fundamento en que la ley expedida en esa fecha, que es la primera entre las de la Rep\u00fablica que da normas sobre bald\u00edos, consagr\u00f3 precisamente como principio de legislaci\u00f3n, para separarlos de la propiedad particular, el respeto a las titulaciones existentes entonces\u00bb. G.J. Tomo XLVIII, pag. 109. <\/p>\n
19 Sent. Cas. Civ. de 7 de junio de 2005 Exp. No. 19980138901. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-207-2005 [7367] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D. C., once de agosto de dos mil cinco Ref. Expediente No. 7367 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 3 de julio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83040","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83040","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83040"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83040\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83040"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83040"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83040"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}