SC-209-2005 [1100131030211995-09714-01]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., doce de agosto de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Exp. No. 11001-31-03-021-1995-09714-01 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la \u2018Sociedad C\u00e1rdenas Barrero Ltda.\u2019 contra la sentencia de 27 de diciembre de 2000, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que clausur\u00f3 el proceso ordinario promovido por Camilo Alberto Ortega Pizano contra la sociedad recurrente, Gregorio C\u00e1rdenas Roncancio, Gilma Barrero de C\u00e1rdenas, Zolia Stella Pacheco Ulloa y Luis Eduardo Clavijo Moreno. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda que abri\u00f3 el proceso se pidi\u00f3 declarar que los demandados son solidaria y civilmente responsables por los da\u00f1os ocasionados con la construcci\u00f3n del edificio de la diagonal 60A No. 22-00\/04 de esta ciudad, aleda\u00f1o a la propiedad del demandante; del mismo modo, se solicit\u00f3 condenar a los demandados a resarcir el da\u00f1o emergente y el lucro cesante, conforme a la estimaci\u00f3n pericial que habr\u00eda de hacerse en el proceso. <\/p>\n
2. Como causa petendi, el demandante argument\u00f3 que su inmueble, ubicado en la diagonal 60A No. 22-10\/14, se vio afectado con la construcci\u00f3n del edificio contiguo, de seis pisos de altura y un s\u00f3tano, levantado con intervenci\u00f3n de la arquitecta proyectista Zolia Stella Pacheco Ulloa y del ingeniero calculista Luis Eduardo Clavijo Moreno, bien asentado sobre los terrenos propiedad de la Sociedad C\u00e1rdenas Barrero Ltda., cuyos socios son Gregorio C\u00e1rdenas Roncancio y Gilma Barrero de C\u00e1rdenas. Seg\u00fan relat\u00f3 el demandante, la edificaci\u00f3n de su propiedad vio modificado su equilibrio estructural y perdi\u00f3 estabilidad a ra\u00edz del asentimiento del edificio nuevo levantado por los demandados en la diagonal 60A No. 22-00\/04, lo que gener\u00f3 el deterior\u00f3 definitivo de aquel, a tal punto, que hoy debe ser demolida y construida nuevamente. <\/p>\n
Como secuela de lo sucedido, en abril de 1994 se vio obligado a abandonar su casa, hoy reside en una alquilada, adem\u00e1s de que respecto de la casa abandonada debi\u00f3 seguir pagando los servicios p\u00fablicos y la vigilancia. <\/p>\n
3. Los demandados se opusieron a la prosperidad de las pretensiones, dijeron ignorar los hechos alegados por el demandante y se atuvieron a lo que fuera demostrado en el proceso. <\/p>\n
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4. El a quo hall\u00f3 configurada la responsabilidad de los demandados, en consecuencia los conden\u00f3 a pagar las siguientes sumas de dinero: a) $39\u2019488.524,86 por concepto de da\u00f1o emergente representado en los c\u00e1nones de arrendamiento que se vio obligado a cubrir el demandante, m\u00e1s $4\u2019437.280,51 correspondientes a la actualizaci\u00f3n del anterior monto hasta la fecha de la sentencia de primer grado, hasta un total de $44\u2019371.280,51; b) $5\u2019198.131 por los salarios que el demandante pag\u00f3 con motivo de la vigilancia del predio; c) $1\u2019035.012.oo correspondientes a los servicios p\u00fablicos pagados por el demandante; y d) $47\u2019443.333 valor de las reparaciones a efectuar al inmueble de la diagonal 60A No. 22-10\/14. <\/p>\n
5. Los demandados apelaron la sentencia, en lo de su cargo la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 modific\u00f3 parcialmente el fallo de primer grado, absolvi\u00f3 a los demandados Zolia Stella Pacheco Ulloa, Luis Eduardo Clavijo Moreno, Gregorio C\u00e1rdenas Roncancio y a Gilma Barrero de C\u00e1rdenas, tambi\u00e9n redujo las condenas impuestas a la Sociedad C\u00e1rdenas Barrera Ltda., cuya condena ratific\u00f3. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El Tribunal, con fundamento en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil y bajo el entendido de que la construcci\u00f3n de edificios es una actividad peligrosa, dio por establecida la responsabilidad civil cuya declaraci\u00f3n se solicit\u00f3 en la demanda, s\u00f3lo que se abstuvo de extenderla a los demandados Zolia Stella Pacheco Ulloa y Luis Eduardo Clavijo Moreno, arquitecta proyectista e ingeniero calculista respectivamente, pues seg\u00fan anot\u00f3, no se demostr\u00f3 que los da\u00f1os padecidos por el demandante fueran producto del indebido c\u00e1lculo, proyecci\u00f3n o planeaci\u00f3n del edificio. <\/p>\n
2. El Tribunal exoner\u00f3 a Gregorio C\u00e1rdenas Roncancio y a Gilma Barrero de C\u00e1rdenas, socios de la \u2018Sociedad C\u00e1rdenas Barrero Ltda.\u2019, al amparo del argumento de que esta \u00faltima era una persona jur\u00eddica diferente de sus integrantes, a quienes por ende no se comunicaba la responsabilidad originada a ra\u00edz de la construcci\u00f3n levantada en el predio de la diagonal 60A No. 22-00\/04. <\/p>\n
3. En cuanto a las indemnizaciones reclamadas, el Tribunal revoc\u00f3 las condenas relativas al pago de servicios p\u00fablicos y celadur\u00eda que dijo haber hecho el demandante, la primera porque consider\u00f3 que exist\u00edan mecanismos para evitar el cobro de los cargos fijos que pudieron gravar con exceso al propietario del inmueble, y la segunda, porque no fueron probados los gastos hechos por concepto de vigilancia. <\/p>\n
4. Para el Tribunal, en \u00faltimas, s\u00f3lo result\u00f3 de recibo la condena contra la \u2018Sociedad C\u00e1rdenas Barrero Ltda.\u2019 por la suma de $39\u2019488.524,86 \u201cpor concepto de los c\u00e1nones de arrendamiento que ha tenido que sufragar -el demandante- al no poder habitar su inmueble\u201d, suma que orden\u00f3 indexar \u201cdesde su causaci\u00f3n, hasta el d\u00eda en que se verifique su pago, conforme al \u00edndice de Precios al Consumidor m\u00e1s una tasa de inter\u00e9s del 6% anual\u201d, a lo cual se agregaron $47\u2019443.333,00 que representa \u201cel costo de las reparaciones del inmueble de propiedad del actor\u201d. <\/p>\n
El casacionista formul\u00f3 dos cargos contra la sentencia del Tribunal, con arraigo en las causales cuarta y segunda del art\u00edculo 368 del C. de P. C. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de quebrantar el principio de la no reformatio in pejus contemplado en el art\u00edculo 357 del C. de P. C., pues aunque el demandante no apel\u00f3, con lo cual consinti\u00f3 el sentido del fallo de primera instancia, el ad quem impuso a la demandada, recurrente en solitario, condenas adicionales por concepto de indexaci\u00f3n e intereses legales sobre los c\u00e1nones de arrendamiento reclamados en la demanda, situaci\u00f3n que hizo \u201cm\u00e1s gravosa a la parte demandada apelante, si se tiene en cuenta que en el momento en que se interpuso el recurso de casaci\u00f3n, – tales condenas- ascend\u00edan a las sumas de $19.013.708.88 y $7.974.805.00, respectivamente \u201c. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La demandada en el proceso y ahora demandante en casaci\u00f3n, plante\u00f3 n\u00edtidamente que el Tribunal al desatar la apelaci\u00f3n que ella -y s\u00f3lo ella- interpuso contra la sentencia del a quo, impuso dos condenas adicionales que no fueron contempladas por el juzgado de primera instancia. <\/p>\n
En primer lugar el Tribunal orden\u00f3 indexar la suma de $39\u2019488.524,86 correspondientes a la condena relativa a \u201clos c\u00e1nones de arrendamiento que ha tenido que sufragar -el demandante- al no poder habitar su inmueble… desde su causaci\u00f3n hasta el d\u00eda en que se verifique su pago\u2026\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s el ad quem incorpor\u00f3 como condena en segunda instancia, el pago de los intereses legales a la tasa del 6% anual calculados sobre el monto de los arrendamientos que hubo de pagar la demandante, pese a que nada ello hab\u00eda sido ordenado por el juez de primera instancia, y tampoco formaba parte de la demanda introductoria del proceso. <\/p>\n
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2. En lo que concierne a la condena al pago de intereses que hizo el Tribunal, necesario es evocar que la sentencia de primer grado no se pronunci\u00f3 sobre esa prestaci\u00f3n, de modo que si s\u00f3lo apel\u00f3 la demandada en el intento de reducir las condenas que le fueron impuestas, es manifiesto que el Tribunal estaba constre\u00f1ido a examinar apenas lo que fue desfavorable a aquella, de lo cual se sigue, sin m\u00e1s, que no pod\u00eda ser agravada la situaci\u00f3n de la \u00fanica apelante, bajo el entendido de que el recurso se tramit\u00f3 en su exclusivo beneficio ya que a su antagonista ning\u00fan enojo le caus\u00f3 la sentencia, pues nada objet\u00f3 de ella. <\/p>\n
Baste lo anterior para reconocer que el cargo, en este preciso aspecto est\u00e1 llamado a prosperar, como quiera que el fallo de segunda instancia fue m\u00e1s all\u00e1 de los lindes que le traz\u00f3 el recurso solitario de la demandada, pues el Tribunal termin\u00f3 por condenar a la Sociedad C\u00e1rdenas Barrero Ltda. al pago de intereses del 6% anual, sobre una de las indemnizaciones efectivamente reconocidas, sin percatar que ello no fue materia del recurso de alzada. Adem\u00e1s, los intereses legales no eran una cuesti\u00f3n de forzoso abordamiento para el ad quem, como para entender que su poder de decisi\u00f3n lo autorizaba a emprender el an\u00e1lisis de esa materia. <\/p>\n
No sobra a\u00f1adir que esta condena al pago de intereses tampoco fue pedida en el escrito inaugural del proceso, por lo que su reconocimiento oficioso tambi\u00e9n har\u00eda el fallo incongruente en la modalidad de extra petita -como tambi\u00e9n plante\u00f3 el recurrente en otro cargo-, en tanto que el simple parang\u00f3n entre lo pedido en la demanda y lo otorgado por el Tribunal, deja ver que al demandante se le reconoci\u00f3 un plus que no fue objeto de las manifestaciones de voluntad plasmadas en las pretensiones, lo cual, como ya se dijo, impone la casaci\u00f3n parcial de la sentencia de segunda instancia para eliminar de la parte resolutiva el rubro relativo a los intereses. <\/p>\n
3. Recu\u00e9rdese ahora que el juez de primera instancia conden\u00f3 a pagar la suma de $39\u2019488.524,86 \u201ccorrespondientes a las sumas pagadas por el demandante por concepto de arrendamiento de su actual sitio de vivienda\u201d, a lo cual a\u00f1adi\u00f3 que esa cifra deb\u00eda ser actualizada hasta el \u201cmomento de dictar sentencia, lo que arroja un total de $43.371.280,51\u201d. <\/p>\n
Por su parte, el Tribunal orden\u00f3 indexar los mismos $39\u2019488.524,86, pero \u201chasta el d\u00eda en que se verifique su pago, conforme al Indice de Precios al Consumidor\u201d (el remarcado no es del original). <\/p>\n
3.1. A juicio de la Corte, el ad quem con este pronunciamiento no incurri\u00f3 en el defecto que se\u00f1al\u00f3 la censura en este cargo, pues aunque aparentemente la sentencia desfavorece al apelante \u00fanico, al llevar hasta el d\u00eda del pago la aplicaci\u00f3n de los factores de correcci\u00f3n monetaria -cuando el juzgado los limit\u00f3 temporalmente hasta el momento de su sentencia-, tal proceder est\u00e1 legalmente justificado. <\/p>\n
En efecto, a pesar de los l\u00edmites que pesan sobre el ad quem a la luz del art\u00edculo 357 del C. P. de C., distinta es la situaci\u00f3n a la hora de aplicar el art\u00edculo 307 del mismo compendio, con sujeci\u00f3n al cual \u201cla condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se har\u00e1 en la sentencia por cantidad y valor determinado\u201d (subraya la Sala), luego de lo cual la misma norma dispuso que el juez deb\u00eda decretar de oficio las pruebas necesarias \u201cpara extender la condena en concreto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, aun cuando la parte beneficiada con ella no hubiese apelado\u201d. <\/p>\n
S\u00edguese de ello que el conjunto de potestades y restricciones impuestas al juez de segundo grado surgen, principalmente, de la conjugaci\u00f3n de los art\u00edculos 357 y 307 del C. de P. C. en cuya virtud la parte beneficiada con una condena susceptible de actualizaci\u00f3n, sin necesidad de apelar la sentencia, puede contar con que el ordenamiento procesal impone al juez la obligaci\u00f3n de extender la condena m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites dispuestos por el a quo, con el imperativo de que, para tal efecto, sean decretadas pruebas de oficio si ellas fueren necesarias. <\/p>\n
Y hay m\u00e1s todav\u00eda, pues conforme al art\u00edculo 308 del C. de P. C. \u201cla actualizaci\u00f3n de las condenas a pagar sumas de dinero con reajuste monetario, en el lapso comprendido entre la fecha de la sentencia definitiva y el d\u00eda del pago, se har\u00e1 en el proceso ejecutivo que se adelante para su cobro\u201d, lo que viene a significar sin duda, que los l\u00edmites temporales que para la correcci\u00f3n monetaria se trazan en las sentencias de primera o de segunda instancia no son inamovibles, pues los textos legales antes citados, esto es, los art\u00edculos 307 y 308 del C. de P. C., perentoriamente mandan hacer la actualizaci\u00f3n debida, incluso m\u00e1s all\u00e1 de las precisiones que al respecto se hubieren hecho en los fallos de instancia. <\/p>\n
3.2. Como consecuencia de lo antes expuesto se deduce que en el presente caso no hubo el desav\u00edo que se denuncia en el cargo, pues no desbord\u00f3 el ad quem la esfera de sus competencias cuando dispuso la actualizaci\u00f3n de la condena m\u00e1s all\u00e1 de lo previsto por el a quo, en la medida en que tal proceder hall\u00e1base autorizado por el art\u00edculo 308 enantes citado. Dicho en otros t\u00e9rminos, el Tribunal no otra cosa hizo que extender, con arreglo a la ley, el hito final hasta el cual se actualizar\u00eda una de las condenas impuestas desde la primera instancia, y ello, de suyo, no desbordaba su poder de decisi\u00f3n, ya que nada sustancial a\u00f1adi\u00f3 a la sentencia del a quo, pues s\u00f3lo propendi\u00f3 porque las obligaciones a cargo de la demandada se liquidaran a futuro en valores reales, como tambi\u00e9n hizo el fallo otrora apelado, aunque \u00e9ste con un criterio m\u00e1s reducido. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la prosperidad del cargo por transgresi\u00f3n del principio de prohibici\u00f3n de reformatio in pejus, s\u00f3lo comprender\u00e1 el reclamo por los intereses moratorios, a\u00f1adidos intempestivamente por el Tribunal sin atender que ellos nunca fueron materia de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
El censor acus\u00f3 la sentencia del Tribunal por incongruente, toda vez que \u201cse pronunci\u00f3 sobre pretensiones que no fueron formuladas por el demandante\u201d, en la medida en que \u201cse conden\u00f3 a la sociedad CARDENAS Y BARRERO LTDA. a pagar al demandante una indexaci\u00f3n o correcci\u00f3n monetaria y unos intereses legales, que no fueron objeto de la demanda\u201d, con lo cual se violaron los art\u00edculos 304 y 305 que proh\u00edben al juzgador proveer un fallo extra petita. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Como de anta\u00f1o es sabido, en atenci\u00f3n al car\u00e1cter dispositivo que gobierna los procesos civiles, l\u00edmites y controles han sido previstos por el ordenamiento con el fin de ajustar la actividad judicial al querer de las partes, a quienes debe garantizarse, no s\u00f3lo el derecho a acceder a la justicia como forma democr\u00e1tica de resolver las controversias, sino que, adem\u00e1s, han de tener la seguridad de que la contienda procesal se resolver\u00e1 con sujeci\u00f3n estricta a los aspectos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos que ellas mismas pusieron oportunamente en conocimiento del juez. <\/p>\n
A la postre, en cuanto concierne a esta especialidad del derecho, son las partes quienes est\u00e1n en posesi\u00f3n de todos los elementos de juicio necesarios para estimar la dimensi\u00f3n del agravio que padecen, con el fin de que sobre esa premisa limitante intervenga el \u00f3rgano jurisdiccional, a quien le est\u00e1 vedado por tanto, sustituir a la v\u00edctima en la definici\u00f3n de los contornos a los que ha de circunscribirse el reclamo y por tanto ce\u00f1irse la sentencia, salvo que la ley expresamente abra un espacio a la oficiosidad. No en vano se ha dicho que \u201cel juez halla sometida su actividad a variados l\u00edmites de diferente entidad y naturaleza\u2026 Al fin y al cabo, la tarea judicial es reglada y, por contera, limitada, no s\u00f3lo por obra de la ley, sino tambi\u00e9n con arreglo al pedimento de las partes, concretamente del actor, art\u00edfice se\u00f1ero del marco dentro del cual, \u2018a posteriori\u2019, deber\u00e1 el fallador inscribir su resoluci\u00f3n\u201d (Sent. Cas. Civ. de 4 de septiembre de 2000, Exp. No. 5602). <\/p>\n
Justamente, el principio de congruencia constituye un verdadero l\u00edmite de competencia para la funci\u00f3n decisoria del juez, al propender porque cuando se desate un conflicto, el fallo definitorio no se pronuncie sobre m\u00e1s (ultra petita), menos (m\u00ednima petita) o algo diferente (extra petita) de lo que fue reclamado por las partes, en tanto ello adem\u00e1s de representar un proceder inconsulto y desmedido, podr\u00eda aparejar la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa de los demandados, quienes a pesar de avenirse a los derroteros que demarca la discusi\u00f3n dial\u00e9ctica ventilada en el juicio, se hallar\u00edan ante un decisi\u00f3n definitoria sorpresiva que, por su mismo car\u00e1cter subit\u00e1neo e intempestivo, no pudieron controvertir. En otros t\u00e9rminos, por mandato del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u201cLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u201d, precepto que impone al juez, seg\u00fan la jurisprudencia de la Corte, \u00abuna actividad de conducta al decidir el proceso que, en s\u00edntesis, puede expresarse diciendo, que el fallo con que se finiquite un conflicto judicial, de un lado, debe comprender y desatar la totalidad de los extremos que integran la litis y, de otro, no puede superar en nada los l\u00edmites que de esos mismos extremos se desprendan\u201d (sent. cas. civ. de 18 de octubre de 2001, Exp. No. 5932). <\/p>\n
De modo general, el principio de congruencia no impide que en determinados eventos el juez al emitir sus pronunciamientos expresamente entre en terrenos que no han sido abordados por los contendientes, pues razones hay de equidad que autorizan un mayo compromiso judicial en la labor de disipar la incertidumbre de los derechos en litigio, responsabilidad de orden superior que se ha de satisfacer con el auxilio de ciertas potestades oficiosas consignadas en la ley, que hacen posible que las providencias jurisdiccionales se ajusten en un todo a fines esenciales del proceso, en especial para lograr la realizaci\u00f3n del derecho sustancial, desider\u00e1tum que debe servir de horizonte a la actividad judicial. De hecho, la rigidez del principio de congruencia se lenifica expresamente, cuando se permite al juez declarar motu proprio excepciones que halle probadas de oficio, conforme prescribe el art\u00edculo 306 del C. de P. C. <\/p>\n
2. Adem\u00e1s de los citados instrumentos, que ampl\u00edan el espacio de la controversia, resulta pertinente a\u00f1adir que hay tambi\u00e9n casos en los cuales existen pretensiones que viven impl\u00edcitamente en el \u00e1mbito de las s\u00faplicas de la demanda, mirada en su contexto. Acontece as\u00ed con la correcci\u00f3n monetaria, pues choca a la raz\u00f3n entender que la parte que clama por la reparaci\u00f3n de un da\u00f1o quiere un dinero envilecido por el deterioro del signo monetario, propio de econom\u00edas como la nuestra, entendimiento que no consulta los postulados de la equidad, en tanto que para reparar el perjuicio que afecta a la v\u00edctima, no basta con el pago expresado en t\u00e9rminos nominales. <\/p>\n
En torno al punto de la indexaci\u00f3n, la Corte ha puesto de relieve que un a\u00f1adido como ese no representa una nueva pretensi\u00f3n del demandante, sino que corresponde precisamente a un aspecto impl\u00edcito de la s\u00faplica resarcitoria, cuyo fin no es otro que hacer que el quantum del da\u00f1o a reparar -que se determina en moneda corriente- no se vea disminuido en perjuicio del demandante por las oscilaciones de una econom\u00eda inestable. As\u00ed, dijo esta Corporaci\u00f3n que \u201c\u2026el pago no ser\u00e1 completo, \u2018especialmente respecto de deudores morosos de obligaciones de dinero, cuando \u00e9stos pagan con moneda desvalorizada, o sea, sin la consiguiente correcci\u00f3n monetaria, pues en tal evento se trata de un pago ilusorio e incompleto, como acertadamente lo sostienen la doctrina y la jurisprudencia, no s\u00f3lo nacional sino for\u00e1nea, la cual insiste en que si la obligaci\u00f3n no es pagada oportunamente, se impone reajustarla, para representar el valor adeudado, porque esa es la \u00fanica forma de cumplir con el requisito de la integridad del pago\u2019 (se subraya; cas. civ. de 30 de marzo de 1984, CLXXVI, p\u00e1g. 136. Vid: Sents. de 24 de abril de 1979, CLIX, p\u00e1g. 107; de 15 de septiembre de 1983, CLXXII, p\u00e1g. 198; de 19 de marzo de 1986, CLXXXIV, p\u00e1g. 24; de 12 de agosto de 1988, CXCII, p\u00e1g. 71 y de 24 de enero de 1990, CC, p\u00e1g. 20)\u2026 <\/p>\n
\u2026admitir que \u2018el pago de obligaciones dinerarias, en \u00e9poca de depreciaci\u00f3n monetaria, debe hacerlo el deudor de acuerdo con el correspondiente ajuste\u2019, tiene el laudable prop\u00f3sito de procurar \u2018que no se produzca el rompimiento del equilibrio de las relaciones contractuales\u2019, as\u00ed como evitar que \u2018no se enriquezca de manera injusta una de las partes de la relaci\u00f3n sustancial a costa de la otra\u2019 (cas. civ. de febrero 21 de 1984, CLXXVI, p\u00e1g. 33), lo que pone de manifiesto, memorando diciente y lozana doctrina \u2013de rectificaci\u00f3n- de la Sala, que esta \u2018recomposici\u00f3n econ\u00f3mica lo \u00fanico que busca, en reconocimiento a los principios universales de equidad e igualdad de la justicia a los que de manera reiterada alude la jurisprudencia al tratar el tema de la llamada \u2018correcci\u00f3n monetaria\u2019 (G.J, Ts. CLXXXIV, p\u00e1g. 25, y CC P\u00e1g. 20), es atenuar las secuelas nocivas del impacto inflacionario sobre una deuda pecuniaria sin agregarle por lo tanto, a esta \u00faltima, nada equiparable a una sanci\u00f3n o un resarcimiento (cas. civ. de 8 de junio de 1999; exp: 5127)\u2019, lo que quiere significar que \u2018el fundamento de la correcci\u00f3n monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un da\u00f1o emergente, sino en obedecimiento, ins\u00edstese, a principios m\u00e1s elevados como el de la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservaci\u00f3n de la reciprocidad en los contratos bilaterales\u2019, ya que \u2018la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intr\u00ednseca del da\u00f1o, sino su cuant\u00eda\u2019 (se subraya; cas. civ. de 9 de septiembre de 1999; exp. 5005; Vid: cas. civ. de 28 de junio de 2000; exp: 5348). Al fin y al cabo, como bien se ha corroborado por la doctrina especializada, \u2018No estamos aqu\u00ed frente a un problema de responsabilidad civil sino que, por el contrario, nos hallamos en la \u00f3rbita del derecho monetario, en donde la indexaci\u00f3n se produce en raz\u00f3n de haber perdido la moneda poder adquisitivo. \u00a1S\u00f3lo eso, y nada m\u00e1s que eso\u2019 1\u201d (sent. Cas. Civ. de 19 de noviembre de 2001, Exp. No. 6094). <\/p>\n
3. Lo anterior viene al caso, precisamente porque la censura acus\u00f3 que el Tribunal orden\u00f3 indexar la suma de $39\u2019488.524,86 correspondientes a la condena relativa a \u201clos c\u00e1nones de arrendamiento que ha tenido que sufragar \u2013el demandante- al no poder habitar su inmueble… desde su causaci\u00f3n hasta el d\u00eda en que se verifique su pago\u2026\u201d, pronunciamiento que en verdad no constituye una forma de inconsonancia, sino que representa un desarrollo razonable del principio de equidad en cuya virtud, dicha actualizaci\u00f3n monetaria bien puede ser extra\u00edda de los elementos de comunicaci\u00f3n con los cuales el demandante transmite el reclamo en pos de lograr que sea cubierto a plenitud el pago de la obligaci\u00f3n indemnizatoria nacida de la responsabilidad civil extracontractual. <\/p>\n
Con arreglo a lo dicho, la orden del Tribunal en cuanto expres\u00f3 la condena en t\u00e9rminos reales, en principio no significa acceder inconsultamente a una pretensi\u00f3n ajena a los lindes de la demanda, sino que, se repite, representa juzgar un factor inherente a la pretensi\u00f3n, que por fuerza de la equidad -esto es, de la justicia del caso concreto- pod\u00eda ser abordado por los jueces que atendieron el caso, sin caer en el defecto de incongruencia que se acusa. <\/p>\n
4. En lo que toca con la acusaci\u00f3n de incongruencia que se hiciera a la sentencia del Tribunal, porque reconoci\u00f3 en segundo grado un monto por concepto de intereses, reclamaci\u00f3n esta in\u00e9dita en la demanda y en la sentencia de primer grado, no es del caso ocuparse de ello ahora, pues por obra de la prosperidad parcial del primer cargo ha desaparecido totalmente dicha condenaci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo dicho precedentemente no prospera el cargo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia de 27 de diciembre de 2000, proferida por la Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario promovido por Camilo Alberto Ortega Pizano contra la recurrente, Gregorio C\u00e1rdenas Roncancio, Gilma Barrero de C\u00e1rdenas, Zolia Stella Pacheco Ulloa y Luis Eduardo Clavijo Moreno, para suprimir la condena al pago de intereses de mora del 6% anual all\u00ed contenida. <\/p>\n
En consecuencia, el numeral 2\u00ba de la sentencia del Tribunal quedar\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n
\u201c2.- Se condena a la sociedad demandada CARDENAS Y BARRERO LTDA., al pago del da\u00f1o emergente padecido por el demandante en la suma de $39\u2019488.524,86 por concepto de c\u00e1nones de arrendamiento que ha tenido que pagar al no poder habitar su inmueble, la que ha de ser indexada desde su causaci\u00f3n, hasta el d\u00eda en que se verifique su pago, conforme a al \u00cdndice de Precios al Consumidor, y la suma de $47\u00b4443.333.oo por el costo de las reparaciones del inmueble de propiedad del actor, ubicado en la diagonal 60A No. 22-10\/14 de esta ciudad\u201d. <\/p>\n
Los pronunciamientos de la sentencia de segunda instancia contenidos en sus numerales 1\u00ba, 3\u00ba, 4\u00ba y 5\u00ba, quedan inc\u00f3lumes. <\/p>\n
Sin costas en el recurso habida cuenta de su prosperidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
1 Luis Moisset De Espan\u00e9s; Ram\u00f3n Daniel Pizarro y Carlos Gustavo Vallespinos. Inflaci\u00f3n y Actualizaci\u00f3n Monetaria. Buenos Aires. Ed. Universidad. 1981. P\u00e1g. 116. <\/p>\n
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SC-209-2005 [1100131030211995-09714-01] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente EDGARDO VILLAMIL PORTILLA Bogot\u00e1 D. C., doce de agosto de dos mil cinco Ref. Exp. No. 11001-31-03-021-1995-09714-01 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la \u2018Sociedad C\u00e1rdenas Barrero Ltda.\u2019 contra la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83042","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83042"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83042\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}