SC-210-2005 [7903]<\/p>\n
<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce de agosto de dos mil cinco <\/p>\n
Ref. Expediente No. 7903 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada Nacional Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales de Colombia S.A., absorbida por Aseguradora Colseguros S.A., contra la sentencia de 1\u00ba de septiembre de 1999 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, ep\u00edlogo en segunda instancia del proceso ordinario que Dar\u00edo de Jes\u00fas Ayala G\u00f3mez promovi\u00f3 contra la aqu\u00ed recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretendi\u00f3se en la demanda que La Nacional Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales de Colombia S.A. fuera condenada a asumir la indemnizaci\u00f3n correspondiente al siniestro amparado por la p\u00f3liza No. 26001117, por las siguientes sumas de dinero: la cantidad de $120.000.000 debidamente \u201cactualizados\u201d desde el 18 de marzo de 1996, por concepto de valor asegurado; $100.000.000 por lucro cesante desde la ocurrencia del siniestro, hasta el d\u00eda de presentaci\u00f3n de la demanda y 1.000 gramos oro por concepto de perjuicios morales. <\/p>\n
2. Como premisa f\u00e1ctica de las pretensiones el demandante narr\u00f3 los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. Mediante p\u00f3liza No. 26001117, la \u201cfundaci\u00f3n Fes\u201d tom\u00f3 en su propio beneficio un seguro que amparaba al entonces deudor, Dar\u00edo de Jes\u00fas Ayala, ante el riesgo de hurto del remolcador de placas TNC 824 y el trailer n\u00famero R23374, veh\u00edculos que soportaban un gravamen prendario a favor de la entidad financiera que tom\u00f3 el seguro. <\/p>\n
2.2. La cobertura del contrato se inici\u00f3 el 23 de marzo de 1995, se extendi\u00f3 hasta el mismo d\u00eda de 1998; cubr\u00eda un valor asegurado de $120.000.000 y un deducible del 20%. <\/p>\n
2.3. El 18 de marzo de 1996 los bienes asegurados fueron hurtados, oportunamente el demandante dio aviso del siniestro a la aseguradora, esta objet\u00f3 la reclamaci\u00f3n pretextando mala fe del asegurado y falta de comprobaci\u00f3n del derecho al pago del siniestro. <\/p>\n
3. Conocida la existencia del proceso, la demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, como excepci\u00f3n propuso falta de legitimidad en la causa, incumplimiento del contrato, ausencia de buena fe e inexistencia formal del contrato de seguro. En cuanto a los hechos, admiti\u00f3 la expedici\u00f3n y vigencia de la p\u00f3liza, el amparo, la suma asegurada, la ocurrencia del siniestro, su aviso y acept\u00f3 haber hecho la objeci\u00f3n. <\/p>\n
4. La sentencia de primera instancia acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda, conden\u00f3 a la demandada a pagar $96.000.000, m\u00e1s los intereses a la m\u00e1xima tasa moratoria vigente desde el 29 de junio de 1996, neg\u00f3 la indexaci\u00f3n pedida y declar\u00f3 impr\u00f3speras las excepciones propuestas. Ambas partes apelaron el fallo, en respuesta el tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, salvo en lo referente a los intereses moratorios, petici\u00f3n esta que all\u00ed naufrag\u00f3. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. En la definici\u00f3n de los contornos de la relaci\u00f3n sustancial alegada en el proceso y el origen de la obligaci\u00f3n reclamada, el Tribunal encontr\u00f3 probado tanto el contrato de seguro de da\u00f1os en la modalidad de \u201cseguro por cuenta\u201d, como el siniestro, resultado que fue fruto del an\u00e1lisis de las siguientes pruebas: <\/p>\n
1.1. La contestaci\u00f3n de la demanda, porque en ella la Nacional de Seguros admiti\u00f3 el contrato, a ello el tribunal sum\u00f3 la prueba documental consistente en un certificado que seg\u00fan el Tribunal, \u201ces prueba formal del contrato de seguro aqu\u00ed debatido, pues el mismo se refiere a la p\u00f3liza 26001117 y se\u00f1ala las condiciones particulares de dicho contrato, am\u00e9n de que las condiciones generales de ese contrato est\u00e1n insertas en el documento que obra a folios 41 a 59 del cuaderno n\u00famero 3\u201d. <\/p>\n
1.2. La denuncia presentada por Nelson Dar\u00edo Alvarez Londo\u00f1o el 18 de marzo de 1996, en el municipio de Planeta Rica, que a juicio del Tribunal acredita la ocurrencia del siniestro. <\/p>\n
2. El juzgador de segundo grado estim\u00f3 que la indemnizaci\u00f3n \u201cse debe pagar al asegurado Dar\u00edo Ayala G\u00f3mez\u201d, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1042 del C\u00f3digo de Comercio, con apoyo en la regla 3.6 de las condiciones generales de la p\u00f3liza, en atenci\u00f3n a que la relaci\u00f3n contractual ata\u00f1e a un seguro por cuenta, pues al haberse satisfecho el cr\u00e9dito que representaba el inter\u00e9s de la ‘Fundaci\u00f3n Fes’ en el contrato, el demandante preserv\u00f3 legitimaci\u00f3n para reclamar la indemnizaci\u00f3n derivada del seguro. <\/p>\n
3. Dijo el Tribunal que el propietario de los veh\u00edculos, Dar\u00edo Ayala G\u00f3mez, cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de \u201centregar a la aseguradora la Nacional de Seguros el t\u00edtulo o \u2018tarjeta de propiedad\u2019\u201d, con lo cual logr\u00f3 que aquella sociedad \u201cfuera inscrita ante las respectivas autoridades del Tr\u00e1nsito y Transporte como propietaria y se expidieran las tarjetas de propiedad de los mencionados veh\u00edculos (fl 25 cdno. # 1)\u201d, todo a la luz de los art\u00edculos 740, 742, 743 y 749 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 53 de 1989. <\/p>\n
Como la demandada plante\u00f3 la alegaci\u00f3n de invalidez de la tradici\u00f3n derivada de la adquisici\u00f3n ileg\u00edtima de los veh\u00edculos, record\u00f3 el sentenciador de segunda instancia que \u201cen este caso la estipulaci\u00f3n seg\u00fan la cual la aseguradora, en caso de p\u00e9rdida total, pagar\u00e1 la indemnizaci\u00f3n una vez le sea entregada \u2018la tarjeta de propiedad del veh\u00edculo a su nombre\u2019 significa que por acuerdo de las partes se incorpor\u00f3 en el contrato de seguro el abandono de los veh\u00edculos asegurados, con ocasi\u00f3n del siniestro. Este abandono produce el efecto de subrogar a la aseguradora, en cuyo favor se produce, en los derechos del asegurado sobre tales veh\u00edculos, de los cuales aquella podr\u00e1 tomar posesi\u00f3n (C. de Comercio, art. 1742 y 1745). Entre estos derechos se incluye el correlativo a la obligaci\u00f3n de saneamiento por evicci\u00f3n (C.C., arts. 1843 y 1894; y C. de Co., arts. 2\u00ba y 940 en concordancia con el 1670 del C.C.)\u201d, seg\u00fan dijo el Tribunal. <\/p>\n
4. En punto de la buena fe, dedujo el sentenciador de segundo grado que \u201cacreditado como se encuentra por el asegurado Dar\u00edo Ayala G\u00f3mez el derecho a la indemnizaci\u00f3n que surge de la p\u00f3liza n\u00famero 26001117, no puede la aseguradora Nacional de Seguros justificar el no pago de esa indemnizaci\u00f3n, alegando inexistencia de buena fe en aqu\u00e9l, pues no es justo ni equitativo que, habi\u00e9ndose suscrito dicha p\u00f3liza, cuya expedici\u00f3n supone que fue precedida de la previa comprobaci\u00f3n de la legalidad o regularidad de los sistemas de identificaci\u00f3n y del dominio de los referidos veh\u00edculos por parte de asegurado Dar\u00edo Ayala G\u00f3mez, se cobre por tiempo prolongado la respectiva prima o precio del seguro, y cuando se eleva la reclamaci\u00f3n por la ocurrencia del siniestro, reh\u00fase la aseguradora cubrir la indemnizaci\u00f3n aduciendo que \u2018los documentos que acreditan la compra del veh\u00edculo y su entrada al pa\u00eds, as\u00ed como los sistemas de identificaci\u00f3n del automotor adolecen de ilegalidad\u2019, razones estas que bien pudo aducir para no expedir la p\u00f3liza\u201d. <\/p>\n
6. Frente al inter\u00e9s asegurable, concluy\u00f3 el Tribunal que la licitud y el car\u00e1cter patrimonial predicables del concepto, concurren a favor de Dar\u00edo de Jes\u00fas Ayala G\u00f3mez, por lo cual la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado genera el derecho a la indemnizaci\u00f3n, pues aquel \u201calcanz\u00f3 a establecer una relaci\u00f3n patrimonial l\u00edcita frente a los veh\u00edculos por \u00e9l comprados al se\u00f1or Edgar Hincapi\u00e9 Gil (fls. 28 y 29 del cdno No. 1) y luego asegurados por la Fundaci\u00f3n \u2018Fes\u2019 en La Nacional de Seguros (fl. 4 del cdno. No. 1)\u201d, adem\u00e1s porque no fue desvirtuada la presunci\u00f3n de buena fe contemplada en el art\u00edculo 768 del C\u00f3digo Civil, pues ning\u00fan medio demuestra que el adquirente \u201chubiera conocido o pudiera conocer el fraude o vicio a que alude la aseguradora demandada [alteraci\u00f3n de los sistemas de identificaci\u00f3n y presunta falsedad de las facturas de compra del adquirente inicial], que perturba la legalidad de la adquisici\u00f3n del se\u00f1or Edgar Hincapi\u00e9, precedente a la adquisici\u00f3n del se\u00f1or Dar\u00edo de Jes\u00fas Ayala G\u00f3mez\u201d. <\/p>\n
7. Sostuvo la corporaci\u00f3n sentenciadora que la aseguradora no hab\u00eda \u201cmanifestado su voluntad de sustituir la prestaci\u00f3n pecuniaria por la reposici\u00f3n de los veh\u00edculos asegurados, quedando entonces a cargo de aquella la obligaci\u00f3n de satisfacer la indemnizaci\u00f3n en dinero\u201d, sin los intereses moratorios porque \u201cno fueron reclamados en la demanda\u201d, y sin indexaci\u00f3n pues \u201cversa sobre una deuda de dinero y no sobre una deuda de valor\u201d. <\/p>\n
8. El Tribunal neg\u00f3 la indemnizaci\u00f3n por lucro cesante y el perjuicio moral, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1088 del C\u00f3digo de Comercio, la primera porque las partes nada pactaron al respecto y la segunda en raz\u00f3n a que \u201cla ley ha querido circunscribir la funci\u00f3n indemnizatoria del seguro de da\u00f1os, como es el que ocupa la atenci\u00f3n de esta providencia, al da\u00f1o emergente y al lucro cesante, es este \u00faltimo mediante acuerdo expreso\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Dos cargos formul\u00f3 el recurrente contra la sentencia de segunda instancia, el inaugural por la v\u00eda directa y el segundo por la v\u00eda indirecta por errores de hecho y derecho. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la censura la vulneraci\u00f3n del art\u00edculo 1061 \u201cpor interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, error jur\u00eddico que dio lugar a violar, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 740, 768, 1501, 1502, 1511, 1518 inciso 3\u00ba, 1519, 1523, 1524, 1546, 1602, 1603, 1605, 1609, 1618, 1622, 1740, 1741 inciso 1\u00ba, 1742 y 1746 del C\u00f3digo Civil; y art\u00edculos 2, 822, 871, 897, 899 numeral 2\u00b0, y a infringir el art\u00edculo 1080 (hoy art\u00edculo 83 de la ley 45 de 1990) del C\u00f3digo de Comercio, y el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 44 de la citada Ley, por aplicaci\u00f3n indebida\u201d. <\/p>\n
La censura expuso que el sentenciador de segundo grado asimil\u00f3 \u201cla figura de la garant\u00eda a la de la exclusi\u00f3n, confusi\u00f3n que radica en no diferenciar las hip\u00f3tesis de los art\u00edculos 1061 (garant\u00eda) y 1056 (exclusi\u00f3n)\u201d. Con apoyo en cita de doctrina extranjera, afirm\u00f3 que la garant\u00eda es \u201cuna cl\u00e1usula del contrato de seguros en virtud de la cual se prescribe, como condici\u00f3n de responsabilidad del asegurador, la existencia u ocurrencia de un hecho que afecte el riesgo\u201d en tanto que la exclusi\u00f3n, en su criterio, \u201ces la estipulaci\u00f3n expresa del asegurador de no hacerse cargo de alguno o algunos riesgos espec\u00edficos, con fundamento en la capacidad de opci\u00f3n que le confiere la ley (art. 1056 del C. de Co.)\u201d. Como consecuencia de la confusi\u00f3n se\u00f1alada, el censor estim\u00f3 que el Tribunal hizo una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1061 citado, al declarar \u201cla ineficacia de la cl\u00e1usula de garant\u00eda de la procedencia regular y leg\u00edtima del automotor, que se hab\u00eda pactado en el seguro del caso sub judice\u00bb, porque tal estipulaci\u00f3n no era de \u2018exclusi\u00f3n\u2019 y por lo tanto no deber\u00eda haber obrado impresa en la car\u00e1tula de la p\u00f3liza, sino \u2018en la p\u00f3liza o en los documentos accesorios a ella\u2019. <\/p>\n
El recurrente argument\u00f3 que el Tribunal dej\u00f3 de aplicar \u201clos art\u00edculos 1502, numerales 3 y 4, 1508 tercer inciso, 1518 y 1523 del C.C., relativos a la nulidad absoluta determinada por el objeto y causa il\u00edcitos\u201d, dijo que el traspaso del veh\u00edculo asegurado hecho a favor de la compa\u00f1\u00eda de seguros result\u00f3 il\u00edcito, porque \u201cproven\u00eda de una operaci\u00f3n fraudulenta\u201d y en estas condiciones \u201cno puede exig\u00edrsele a la aseguradora que, por su parte, cumpla con la obligaci\u00f3n bilateral de pagar la indemnizaci\u00f3n pactada en el contrato de seguro\u201d. <\/p>\n
Para el censor, el incumplimiento del asegurado facultaba a la aseguradora para \u201csolicitar la resoluci\u00f3n de contrato y abstenerse de cumplirlo y, si lo juzgara conveniente, proponer contra el beneficiario las excepciones que existieren contra el tomador o el asegurado, y a \u00e9ste las que hubiere podido proponer contra el tomador, como lo describe el art\u00edculo 1044 del C\u00f3digo de Comercio, asimismo violado por falta de aplicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. Dijo el casacionista que la sentencia viol\u00f3 en forma directa las normas sustanciales, es decir que hubo \u00aberror jur\u00eddico que dio lugar a violar\u00bb las disposiciones que en el resumen del cargo se enuncian. <\/p>\n
No obstante que el recurrente dijo que era innecesario explicar el concepto de violaci\u00f3n, finalmente intent\u00f3 hacerlo, tras lo cual concluy\u00f3 que \u00abpor venir encarrilado por la v\u00eda directa, me desentiendo por ahora de rebatir las conclusiones f\u00e1cticas del sentenciador\u00bb (destacado original). Y m\u00e1s adelante, en el desarrollo del cargo, el impugnante plante\u00f3 que \u00abel sentenciador reconoce el hecho protuberante consistente en la falsedad de la factura de compra del veh\u00edculo en el exterior, visible a folio 68 del cuaderno 1, cuesti\u00f3n de hecho sobre la cual no se debate en este cargo por la v\u00eda directa\u00bb (resalta la Corte). <\/p>\n
Pero si alguna duda subsistiera sobre lo que se propuso el recurrente, sus afirmaciones sobre existencia de \u00abprotuberantes errores iuris in iudicando\u00bb, seguidas de la denuncia de que \u00abel sentenciador incurri\u00f3, por la v\u00eda directa en la violaci\u00f3n de las normas sustanciales\u00bb (folio 18 cdno. de la Corte), permiten esclarecer la inequ\u00edvoca voluntad del recurrente de plantear el cargo por la v\u00eda directa, pues no se trata de un simple error de nominaci\u00f3n, sino de un claro y deliberado prop\u00f3sito del casacionista de excluir del debate el aspecto probatorio. <\/p>\n
Como muestra lo que acaba de copiarse, el casacionista que ofreci\u00f3 dirigir su ataque por la v\u00eda directa, descendi\u00f3 a los hechos del proceso, impropiedad en la cual reincidi\u00f3 m\u00e1s adelante cuando propuso que la cl\u00e1usula contractual fuente de la controversia debi\u00f3 ser interpretada de una manera determinada y acus\u00f3 porque \u00abesta confusi\u00f3n condujo al ad quem a sostener que como dicha cl\u00e1usula era de ‘exclusi\u00f3n’ deber\u00eda haber obrado impresa en la car\u00e1tula de la p\u00f3liza, cosa que no ocurri\u00f3, por lo cual le rest\u00f3 eficacia, desconociendo su verdadera naturaleza de garant\u00eda\u00bb (folio 36, cdno. de la Corte). <\/p>\n
2. Pero excluyendo el reproche t\u00e9cnico anterior, y aceptando que la disputa que se plante\u00f3 en el cargo es de naturaleza estrictamente jur\u00eddica, en cuanto se reprocha al juzgador de segundo grado porque hizo una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 1061 citado, al declarar \u201cla ineficacia de la cl\u00e1usula de garant\u00eda de la procedencia regular y leg\u00edtima del automotor, que se hab\u00eda pactado en el seguro del caso sub judice\u00bb, bajo el argumento de que no aparec\u00eda en la portada de la p\u00f3liza, porque a juicio del censor tal pacto no es una \u2018exclusi\u00f3n\u2019 sino una \u2018garant\u00eda\u2019; baste con recordar que en el pasado, ante una previsi\u00f3n contractual semejante, la Corte dedujo, como lo hizo el Tribunal en la sentencia ahora cuestionada, que se trataba de una verdadera exclusi\u00f3n. As\u00ed, la disposici\u00f3n glosada entonces dec\u00eda: \u201cCuando el veh\u00edculo haya sido ingresado al pa\u00eds de contrabando, o no est\u00e9 matriculado de acuerdo con las normas de tr\u00e1nsito o haya sido objeto material de un il\u00edcito contra el patrimonio de las personas, antes de asegurarse, sean estas circunstancias conocidas o no previamente por el tomador, asegurado o beneficiario sin importar que estos hayan participado o no en tales hechos\u201d, la deducci\u00f3n que llev\u00f3 a la Sala a calificar la cl\u00e1usula como exclusi\u00f3n estuvo precedida en aquella oportunidad de los siguientes argumentos: \u00abprimero, que justamente obrando de buena fe las partes, y ante la imposibilidad de comprobar previamente ninguna de ellas la preexistencia de un hecho il\u00edcito en el cual haya estado involucrado el veh\u00edculo asegurado, previeron, con incidencia en el alcance de las obligaciones de la aseguradora y en la limitaci\u00f3n de los derechos del asegurado, que de haber ocurrido un hecho de tal naturaleza se exclu\u00eda cualquiera de los amparos contratados, incluyendo, claro est\u00e1, el hurto; segundo, que en esos t\u00e9rminos convinieron en una exclusi\u00f3n fundada en un hecho del pasado de car\u00e1cter objetivo que, por serlo, no admite, en l\u00ednea de principio, ning\u00fan reproche que hacer a las partes contratantes: tercero, que por consiguiente, la cl\u00e1usula no denota ni falta de probidad ni deslealtad alguna: particularmente desde el punto de vista de la aseguradora, constituye una mera expresi\u00f3n del ejercicio leg\u00edtimo de su derecho a delimitar los riesgos, como lo permite el art\u00edculo 1056 del C. de Comercio\u00bb (sent. cas. civ. de 21 de mayo de 2002, Exp. No. 7288). <\/p>\n
En el caso de ahora, el texto de la cl\u00e1usula que ha de ser elucidada reza: \u00abEl seguro contenido en la presente p\u00f3liza se otorga con base en la manifestaci\u00f3n de garant\u00eda que hace el tomador a la Compa\u00f1\u00eda, de que el veh\u00edculo asegurado ingres\u00f3 legalmente al pa\u00eds y su matr\u00edcula oficial actual es leg\u00edtima, por lo tanto, en caso de ingreso al pa\u00eds del veh\u00edculo o su posesi\u00f3n y tenencia resulten ilegales o se compruebe que su matr\u00edcula es fraudulenta independientemente de que el tomador asegurado conozca o no estos hechos, la Compa\u00f1\u00eda dar\u00e1 aplicaci\u00f3n al Art\u00edculo 1\u2026 (ilegible) del C\u00f3digo de comercio\u00bb. <\/p>\n
S\u00edguese de lo anterior que el error jur\u00eddico que se endilga al Tribunal no existi\u00f3 y que por lo mismo el cargo no puede prosperar. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Denunci\u00f3 la censura el fallo de segunda instancia \u201cpor manifiestos errores de hecho en la valoraci\u00f3n de la demanda y del material probatorio, que condujeron a la vulneraci\u00f3n de las siguientes normas sustanciales: Art\u00edculos 740, 768, 1502, 1511, 1518, inciso 3\u00ba, 1523, 1524, 1546, 1602, 1603, 1605, 1609, 1618 y 1622 del C\u00f3digo Civil; y art\u00edculos 2\u00b0, 822, 871, 897, 899 numeral 2, 1078 inciso 2\u00b0, del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n; el art\u00edculo 1080 (hoy art\u00edculo 83 de la Ley 45 de 1990) del mismo C\u00f3digo, y numeral 3\u00ba del art\u00edculo 44 de la mencionada Ley, por aplicaci\u00f3n indebida; y el art\u00edculo 1061 del C. de Co. por error de derecho\u201d. <\/p>\n
El primer reparo que formul\u00f3 el recurrente consiste en que el sentenciador de segundo grado pas\u00f3 \u201cpor alto el hecho grave de que la factura de compra del veh\u00edculo en el exterior, visible a folio 68 del Cuaderno 1\u00b0, no corresponde a la realidad, o sea no es aut\u00e9ntica, como lo demuestran, entre otros documentos, las cartas del Gerente de FRUEHAUF, Mike Bierman, del 25 de abril de 1996, cuya traducci\u00f3n obra a fol. 69 ib.\u201d. <\/p>\n
Igualmente el casacionista endilg\u00f3 al Tribunal un segundo yerro por pretermitir la prueba que demuestra \u201cque el objeto material del seguro tiene procedencia ilegal\u201d, en especial los documentos obrantes a folios 73 y 74 del cuaderno 1\u00ba, es decir, el informe de la SIJIN (oficio 1281) y la nota interna DAYC. MD 0259 del 8 de mayo de 1996, con lo cual concluye la censura \u201cel seguro as\u00ed conformado carece de validez\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n denunci\u00f3 el censor que el sentenciador de segundo grado admiti\u00f3 como \u201ct\u00edtulo y modo de la tradici\u00f3n un documento ap\u00f3crifo\u201d, por haberse originado en un fraude, y explic\u00f3 que el yerro se deduce de \u201csuponer que si se transfiere la tarjeta de propiedad se est\u00e1 realizando una entrega o tradici\u00f3n formal y real del veh\u00edculo asegurado\u201d, sobre la base de que \u201cninguna persona sensata y de buena fe\u201d aceptar\u00eda una tarjeta de propiedad como la entregada a la aseguradora demandada \u201cpor provenir de un il\u00edcito que impide convertirse en propietario del veh\u00edculo robado y cuya procedencia, antes del robo, era il\u00edcita\u201d. <\/p>\n
Formul\u00f3 como un error de derecho que el juzgador de segunda instancia hubiera equivocado el manejo de los \u201ct\u00e9rminos de derecho de la prueba consistente en que la cl\u00e1usula de garant\u00eda que trae la p\u00f3liza es confundida por el ad quem con una cl\u00e1usula de exclusi\u00f3n\u201d con lo cual, a juicio del recurrente, se vulner\u00f3 el art\u00edculo 1061 del C\u00f3digo de Comercio y los art\u00edculos 3\u00ba y 44 de la Ley 45 de 1990. La equivocaci\u00f3n consisti\u00f3, seg\u00fan la censura, en que la estipulaci\u00f3n no corresponde a una exclusi\u00f3n y por lo tanto no deb\u00eda constar en la primera p\u00e1gina de la p\u00f3liza, al haberle negado el alcance probatorio a tal pacto y exigir que estuviera presente en la p\u00e1gina inicial, incurri\u00f3 el sentenciador en el error denunciado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
El cargo pretende la ruptura del fallo del Tribunal, con fundamento en que la factura de compra del veh\u00edculo no es aut\u00e9ntica, a lo cual suma las falencias en el sistema de identificaci\u00f3n del veh\u00edculo, lo que convierte, seg\u00fan el censor, en il\u00edcito el objeto, con obvia repercusi\u00f3n en la validez del contrato de seguro, adem\u00e1s de que hace inid\u00f3neo el \u00abtraspaso\u00bb hecho para cumplir con el requisito exigido por la aseguradora, tras lo cual cierra diciendo que la cl\u00e1usula de \u00abgarant\u00eda\u00bb no ten\u00eda necesariamente que constar en la car\u00e1tula de la p\u00f3liza. <\/p>\n
Juzga la Corte que si la queja en casaci\u00f3n est\u00e1 estructurada de tal manera, el resultado del reproche a las pruebas denunciadas no alcanza para lograr el cometido del censor como pronto se deduce. <\/p>\n
1. Se acus\u00f3 que hubo falsedad en la factura INV 2003255, y para acreditarla se trajo el documento que obra a folio 72, que el cargo denunci\u00f3 como pretermitido, tal probanza, que hipot\u00e9ticamente mostrar\u00eda la falsedad denunciada, adolece de serias deficiencias de orden jur\u00eddico y material, en este \u00faltimo aspecto n\u00f3tese que resulta casi ilegible, y en lo formal no cumple con los requisitos del art\u00edculo 260 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, adem\u00e1s, el texto del documento fue presuntamente trasladado al castellano tomado del contenido de un fax, pero sin reparar en que no es posible determinar con certeza su origen en tanto carece de autenticidad, a lo cual se a\u00f1ade que en su cuerpo no muestra de modo inequ\u00edvoco la falsedad de la factura de importaci\u00f3n. Ante la duda, el a quo decret\u00f3 el testimonio de Mike Bierman, presunto suscriptor del documento (folio 84 cdno. 1\u00ba), sin que tal prueba fuera practicada, a pesar de haberse retirado la orden judicial para su tr\u00e1mite, como consta a folio 85 del cuaderno 1\u00ba. <\/p>\n
2. Tambi\u00e9n se ocup\u00f3 la censura del informe rendido por las autoridades de la SIJIN, (fl. 73 cdno. 1\u00ba) al requerimiento privado que realiz\u00f3 una firma ajena al litigio, pero examinado tal escrito no fundamenta sus conclusiones en cuanto al \u00abdibujo y morfolog\u00eda\u00bb de las improntas, pues apenas afirm\u00f3 que el \u00abcar\u00e1cter d\u00e9cimo o sea la letra U, indica el a\u00f1o de fabricaci\u00f3n; pero la letra U no aparece asignada para ning\u00fan a\u00f1o\u00bb; las dos circunstancias descritas no permiten, sin m\u00e1s, dar al traste con la sentencia de segunda instancia, porque adem\u00e1s de faltar las explicaciones necesarias sobre la incidencia del dato en la decisi\u00f3n, el documento comentado no puede tenerse como informe t\u00e9cnico por no haber sido solicitado por el juzgado de acuerdo con los lineamientos del art\u00edculo 243 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ni puede calificarse de pericia, pues la solicitud, el decreto, la idoneidad comprobada de los expertos, la fundamentaci\u00f3n y la contradicci\u00f3n que corresponde hacer a las partes, son elementos que refulgen por su ausencia. <\/p>\n
Emerge de lo dicho, que si no fue posible establecer la fals\u00eda de lo atestado en la factura, que en su oportunidad fue base suficiente de la importaci\u00f3n, como tampoco fue acreditado el origen il\u00edcito de los bienes objeto del amparo, viene claro que la deducci\u00f3n probatoria del Tribunal en este punto, no estructura el yerro denunciado, menos en la dimensi\u00f3n que se exige en casaci\u00f3n para acabar con la sentencia. <\/p>\n
3. Sobre el denominado \u00abtraspaso\u00bb, juzga la Corte que la conclusi\u00f3n probatoria del ad quem tampoco resulta contraevidente, pues el sentenciador de segundo grado parti\u00f3 de la base de considerar que el veh\u00edculo era de procedencia l\u00edcita, luego de lo cual tuvo por cumplidas las exigencias de la aseguradora acerca del registro, pues as\u00ed lo muestran -dijo- los documentos aportados por el demandante que no fueron disputados por la demandada, vale decir, copia de las respectivas licencias de tr\u00e1nsito de los veh\u00edculos que aparecen a folio 25 del cuaderno 1\u00ba, en que figura \u00abLa Nacional de Seguros Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales de Colombia\u00bb como \u00faltima inscrita, documentos p\u00fablicos que, sin discutir su alcance sustancial, conservan pleno valor probatorio. <\/p>\n
Ahora bien, el juzgador de segunda instancia observ\u00f3 las probanzas antes referidas, sin exigir solemnidades diferentes a las expuestas, porque despu\u00e9s de echar de menos la prueba ata\u00f1edera a la ilicitud del objeto, cavil\u00f3 sobre el cumplimiento de la obligaci\u00f3n del asegurado de \u00abentregar a la aseguradora la Nacional de Seguros\u2026 ‘la tarjeta de propiedad'\u00bb, conducta que entendi\u00f3 cumplida porque el interesado logr\u00f3 \u00abque la Nacional de Seguros fuera inscrita ante las respectivas autoridades del Tr\u00e1nsito y Transporte como propietaria y se le expidiera las tarjetas de propiedad de los mencionados veh\u00edculos\u00bb, para de ah\u00ed reconocer la validez del requisito y concluir que la alegaci\u00f3n de la aseguradora sobre la adquisici\u00f3n \u00abileg\u00edtima\u00bb, apenas recuerda, seg\u00fan el ad quem, \u00abla existencia de la obligaci\u00f3n de saneamiento por evicci\u00f3n, que no es obligaci\u00f3n impuesta en dicha p\u00f3liza para efectos de la indemnizaci\u00f3n reclamada\u00bb (fl. 15 cdno. de 2\u00aa instancia). <\/p>\n
Entonces, si el Tribunal sostuvo que m\u00e1s all\u00e1 de los efectos del traspaso, en cuanto a la tradici\u00f3n sin vicios de derecho, resultaba suficiente la inscripci\u00f3n del nuevo propietario ante las autoridades de tr\u00e1nsito, con prescindencia de las condiciones en que se realiz\u00f3, el cargo no alcanza \u00e9xito porque efectivamente los documentos aportados al proceso permiten concluir razonablemente que la obligaci\u00f3n del asegurado fue cabalmente cumplida. Para reforzar lo anterior, basta contemplar la contestaci\u00f3n de la demanda (folio 76 cdno. 1), en que la demandada manifest\u00f3: \u00aben el caso ‘sub judice’ el se\u00f1or Ayala si bien realiz\u00f3 traspasos ante las autoridades del tr\u00e1nsito, no podr\u00e1 transferir, as\u00ed mismo a la aseguradora la propiedad leg\u00edtima del veh\u00edculo y su goce en cuanto este es de adquisici\u00f3n ileg\u00edtima\u00bb. Por consiguiente, si no fue probada cabalmente la adquisici\u00f3n fraudulenta e ileg\u00edtima de los bienes, ninguna incidencia podr\u00eda tener sobre la tradici\u00f3n que el juzgador de segundo grado dijo quedaba enhiesta, seg\u00fan como \u00e9l concibi\u00f3 que se cumpl\u00eda la tradici\u00f3n de los veh\u00edculos automotores, conclusi\u00f3n esta que escapa a la tem\u00e1tica del recurso. <\/p>\n
En suma, en lo formal se mantiene la presunci\u00f3n de legalidad para las matr\u00edculas hechas ante las autoridades administrativas (oficina de tr\u00e1nsito de Bello Antioquia – para el tractocami\u00f3n -, folio 25 cdno. 1\u00ba y el Ministerio de Transporte Regional Antioquia y Choc\u00f3 – para el remolque – folio 61 cdno. 1\u00ba), as\u00ed como para los tr\u00e1mites antecedentes sobre ingreso al pa\u00eds y pago de impuestos de importaci\u00f3n (folios 63, 64, 65 y 66). No desvirtuada la presunci\u00f3n de legalidad, ni tachados los documentos soporte de esos actos oficiales, si de adulteraci\u00f3n material se trataba, todo permite deducir que no se avista por parte alguna el error de hecho, menos con las dimensiones exigidas en casaci\u00f3n para que prospere la censura a la sentencia del Tribunal, porque en ausencia de pruebas inequ\u00edvocas que determinaran la ocurrencia de actos ilegales en la importaci\u00f3n del veh\u00edculo, la deducci\u00f3n probatoria del Tribunal no resulta ser contraevidente. <\/p>\n
En un episodio judicial que guarda con este bastante semejanza, la Corte, para demostrar que la importaci\u00f3n de un automotor al pa\u00eds era ilegal, exigi\u00f3 algo m\u00e1s que simples conjeturas, a este prop\u00f3sito dijo: \u201cbien mirado el planteo, lo \u00fanico que logra descubrirse en \u00e9l es un mero discurso hipot\u00e9tico del censor, que si bien pudiera tenerse en mente como una probabilidad a la hora de averiguar cu\u00e1n legales pudieron ser esos tr\u00e1mites previos al proceso de importaci\u00f3n del tractocami\u00f3n del pa\u00eds vecino, justamente por ello es que no alcanza la virtualidad necesaria para imponerse como conclusi\u00f3n \u00fanica, o al menos con una convicci\u00f3n infinitamente mayor, como para demoler la apreciaci\u00f3n probatoria combatida, que, como viene de decirse, encuentra fundamento en una presunci\u00f3n que el sentenciador deriv\u00f3 de otros medios probativos tambi\u00e9n arrimados al litigio, cual resultan si\u00e9ndolo aquellos que comprueban que el automotor fue matriculado en Colombia y que su propietario es el demandante; lo que, conforme al criterio -no confutado- del juzgador, descarta la posibilidad de que sea un bien ingresado al pa\u00eds de contrabando. <\/p>\n
En verdad, si lo que se ensaya en casaci\u00f3n es el derribamiento de las presunciones de acierto y veracidad que consigo trae el pronunciamiento del sentenciador, muy poco es, para tachar a otro de contraevidente, hacer unos reparos probatorios como los levantados en los cargos, y mayormente, sembrando dudas acerca de la consistencia del criterio expuesto por el juzgador, pues, como con frecuencia lo ha relievado la Corte, ‘las simples conjeturas, aunque acompa\u00f1adas de alguna raz\u00f3n, no son bastantes a la casaci\u00f3n, terreno en el que es preciso armarse de razones pot\u00edsimas. (…) en casaci\u00f3n no se triunfa con s\u00f3lo sembrar dudas, sino sobre la certeza del desprop\u00f3sito en que haya incidido el sentenciador de instancia’ (Cas. Civ. sent. de 27 de marzo de 2003, exp. 7537). <\/p>\n
As\u00ed que todo lo que viene de decirse, pone de presente que no se avista por parte alguna el error de hecho que con las dimensiones exigidas por la ley (art\u00edculos 368 y 374 del estatuto procesal) le atribuye la censura a la sentencia del tribunal, porque, parafraseando lo dicho por la Corporaci\u00f3n en otra oportunidad, aun en el evento de que surgieran dudas a trav\u00e9s del nuevo examen de las pruebas, es bien claro que el recurso extraordinario no podr\u00eda fundarse en base tan deleznable como el estado dubitativo para decretar el quiebre de la sentencia objeto de acusaci\u00f3n (G.J. t. LXXXIII, p\u00e1gs. 176 y 177)\u201d (Sent. Cas. Civ. de 10 de junio de 2004, Exp. No. 1416). <\/p>\n
4. En cuanto al error de derecho denunciado, consistente en que, seg\u00fan el censor, la cl\u00e1usula era v\u00e1lida por no corresponder a una exclusi\u00f3n sino a una garant\u00eda, baste reeditar lo que al resolver el cargo anterior se dijo, a lo cual ahora se suma que la acusaci\u00f3n naufraga, pues de haberse cometido tal yerro, en verdad as\u00ed no ocurri\u00f3, \u00e9l resultar\u00eda intrascendente, porque ausente la demostraci\u00f3n de la ilicitud de la procedencia de los veh\u00edculos asegurados, la discordia sobre la eficacia de la cl\u00e1usula contractual ser\u00eda inane, porque a falta del fundamento de hecho, la falsedad de la importaci\u00f3n, ll\u00e1mese a la cl\u00e1usula exclusi\u00f3n o d\u00edgasele garant\u00eda, el resultado ser\u00eda semejante, pues sin la prueba de la irregularidad del ingreso al pa\u00eds de los rodantes, resulta est\u00e9ril la fijaci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica de la disposici\u00f3n glosada, ya que si se la tomara como garant\u00eda, as\u00ed pide el casacionista, y se la dejara vigente en el elenco de compromisos contractuales, la conclusi\u00f3n ser\u00eda la misma, porque no hay prueba de la importaci\u00f3n ilegal. <\/p>\n
En correspondencia con lo expuesto el fracaso del cargo es evidente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 1\u00ba de septiembre de 1999 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, ep\u00edlogo de la segunda instancia del proceso ordinario que Dar\u00edo de Jes\u00fas Ayala G\u00f3mez promovi\u00f3 contra La Nacional Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales de Colombia S.A. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso a la parte recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y vuelva al Tribunal remitente. <\/p>\n
<\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
<\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
C\u00c9SAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC-210-2005 [7903] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Magistrado Ponente: Bogot\u00e1 D.C., doce de agosto de dos mil cinco Ref. Expediente No. 7903 Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandada Nacional Compa\u00f1\u00eda de Seguros Generales de Colombia S.A., absorbida por Aseguradora Colseguros […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83043","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83043","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83043"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83043\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83043"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83043"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83043"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}