SC-211-2005 [4948]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil cinco (2005) <\/p>\n
Referencia: Exp. 4948 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Amantina Castro N\u00fa\u00f1ez respecto de la sentencia proferida el 27 de marzo de 2000 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en el proceso ordinario por ella promovido contra Gloria Molina de Paba y personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La demandante pidi\u00f3 que se declarara que ella hab\u00eda adquirido por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria el derecho de dominio sobre el inmueble distinguido con los n\u00fameros 15-46 de la carrera 6\u00aa de la ciudad de Valledupar cuyos linderos y caracter\u00edsticas principales fueron se\u00f1alados en el libelo. <\/p>\n
Afirm\u00f3 para tal efecto que entr\u00f3 en posesi\u00f3n del referido bien ra\u00edz desde el a\u00f1o de 1975; que construy\u00f3 en \u00e9l varias mejoras; que la se\u00f1ora Molina de Paba figura como propietaria inscrita en la Oficina de Registro, pero en \u2018falsa tradici\u00f3n\u2019; que aquella junto a Ana Rosa Castro Trespalacios, promovi\u00f3 en su contra un proceso abreviado en procura de la restituci\u00f3n del mismo inmueble que culmin\u00f3 con una sentencia denegatoria de las pretensiones, providencia que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
2. Los demandados se opusieron a las s\u00faplicas de la demanda; negaron unos hechos y respecto de los dem\u00e1s manifestaron estarse a lo que se demostrara. La se\u00f1ora Molina de Paba formul\u00f3 las excepciones perentorias que denomin\u00f3 \u201cimprescriptibilidad del bien disputado por ser ejidal y, por tanto, propiedad del Municipio de Valledupar\u201d, y \u201cfalta de titularidad para demandar\u201d. <\/p>\n
3. Igualmente, present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, pretendiendo que se declarara que ella era titular del dominio pleno del inmueble cuya pertenencia se persegu\u00eda; que se condenara a su contrademandada, quien lo ocupaba a restitu\u00edrselo con todas sus anexidades y los frutos civiles y naturales que pudo producir, para lo cual deb\u00eda considerarse su posesi\u00f3n como de mala fe; que se declarara que la poseedora no ten\u00eda derecho a las expensas necesarias para la conservaci\u00f3n del bien; que se dispusiera el registro de la sentencia que decretara la reivindicaci\u00f3n, y que se condenara en costas a su contraparte. <\/p>\n
En subsidio, respecto de estas \u00faltimas pretensiones consecuenciales, pidi\u00f3 que, de ser considerada la poseedora de buena fe, se compensaran las mejoras que lograra acreditar con los frutos producidos por el predio desde que ella tom\u00f3 posesi\u00f3n de \u00e9l, y que, de no pagar los frutos, se le condenara al resarcimiento de los perjuicios compensatorios y moratorios correspondientes. <\/p>\n
4. La reconviniente afirm\u00f3 como fundamentos f\u00e1cticos de sus s\u00faplicas, los que as\u00ed se resumen: <\/p>\n
a. Mediante escritura p\u00fablica 193 de octubre 21 de 1957, otorgada ante la Notar\u00eda \u00danica de La Paz, la se\u00f1ora Ana Rosa Castro Trespalacios, adquiri\u00f3 el inmueble materia de controversia, que luego vendi\u00f3 a la se\u00f1ora Molina de Paba seg\u00fan consta en escritura p\u00fablica 1972 de 17 de noviembre de 1980 de la Notar\u00eda Primera de Valledupar, inscrita en la respectiva Oficina de Registro en el folio de matr\u00edcula 190-0013327, instrumento p\u00fablico en el que, adicionalmente, se constituy\u00f3 un usufructo vitalicio en favor de la vendedora. <\/p>\n
b. La se\u00f1ora Castro Trespalacios muri\u00f3 en Valledupar el 1\u00b0 de abril de 1996, extingui\u00e9ndose as\u00ed el aludido usufructo, pero la compradora todav\u00eda no ha adquirido la posesi\u00f3n del predio por cuanto la se\u00f1ora Castro N\u00fa\u00f1ez, quien ingres\u00f3 a \u00e9l en el a\u00f1o de 1975, para hacer compa\u00f1\u00eda y cuidar de Ana Rosa Castro Trespalacios y una hermana suya (personas de avanzada edad), no se lo ha permitido, pues lo detenta contra su consentimiento y sin contar con t\u00edtulo alguno. <\/p>\n
5. La demandada en reconvenci\u00f3n se opuso a la demanda reivindicatoria; aleg\u00f3 como excepciones de m\u00e9rito, la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues en su sentir, \u00e9sta la ten\u00eda el municipio de Valledupar, propietario del predio, as\u00ed como la de cosa juzgada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal delanteramente precis\u00f3 que la revisi\u00f3n de la sentencia apelada se circunscrib\u00eda al examen de dos aspectos mencionados por el apelante, a saber: que deb\u00eda prosperar la acci\u00f3n reivindicatoria por encontrarse acreditados sus requisitos de procedibilidad y que ha debido condenarse a la demandante a pagar las costas de la instancia por ser temeraria la demanda de pertenencia. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 a continuaci\u00f3n que la acci\u00f3n reivindicatoria es la que tiene el due\u00f1o de una cosa singular, de que no est\u00e1 en posesi\u00f3n, para que el poseedor de ella sea condenado a restitu\u00edrsela, y que su \u00e9xito se encontraba subordinado a la demostraci\u00f3n de los siguientes elementos: derecho de dominio en el actor, posesi\u00f3n material en el demandado, cosa singular reivindicable e identidad entre la cosa que se pretende reivindicar y la pose\u00edda por el demandado <\/p>\n
Adujo que la demandante en reconvenci\u00f3n, con base en las escrituras p\u00fablicas registradas, que en copia anex\u00f3 con el libelo, acredit\u00f3 la condici\u00f3n de propietaria del bien en disputa; agreg\u00f3 que la posesi\u00f3n de la contrademandada se prob\u00f3 con su propia confesi\u00f3n, pues en la demanda principal admiti\u00f3 ostentarla por un t\u00e9rmino superior a los 20 a\u00f1os, prueba con la que tambi\u00e9n consider\u00f3 demostrada la identidad del predio. Finalmente, expres\u00f3 que tampoco exist\u00eda duda en cuanto a que el bien a reivindicar era una cosa singular, pues as\u00ed lo establec\u00eda la demanda principal, la de reconvenci\u00f3n y la inspecci\u00f3n judicial practicada en el curso del proceso. <\/p>\n
Respecto de la excepci\u00f3n de cosa juzgada, asegur\u00f3 el ad quem que no pod\u00eda prosperar por falta de identidad de causa petendi, porque en el proceso previo de restituci\u00f3n se atribuy\u00f3 la tenencia del predio a Amantina Castro, mientras que en el juicio reivindicatorio se le endilg\u00f3 posesi\u00f3n sobre el mismo inmueble. <\/p>\n
Estim\u00f3, por \u00faltimo, que no hab\u00eda lugar a reconocer prestaciones mutuas porque se propiciar\u00eda \u2018un enriquecimiento injusto\u2019 en favor de la reconviniente, \u201ccuando parejamente no se pude disponer pagarle a esta parte (sic) las mejoras que posiblemente ha constituido por no conocerse cu\u00e1les han sido as\u00ed como su valor (sic)\u201d (fl. 22 cdno. Tribunal) <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Contiene tres cargos, todos elevados con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. En raz\u00f3n de su prosperidad, s\u00f3lo ser\u00e1 despachado el primero de ellos. <\/p>\n
Primer Cargo <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de segundo grado de ser violatoria de los art\u00edculos 673, 740, 745, 749, 752, 756 y 1633 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; 668, 946, 947, 950, 952, 961 y 962 ibidem, por aplicaci\u00f3n indebida, a causa de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas con infracci\u00f3n de los art\u00edculos 177, 187, 253, 256, 264 y 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como el 7\u00ba, 43 y 52 del Decreto Ley 1250 de 1970. <\/p>\n
Como yerros de tal naturaleza y trascendencia, denunci\u00f3 el casacionista, luego de destacar los elementos de la pretensi\u00f3n de dominio y de centrar su ataque en el aspecto concerniente a la titularidad del derecho de dominio que sobre el bien reclamado incumb\u00eda acreditar al reivindicante, los siguientes: <\/p>\n
a. Que el ad quem encontr\u00f3 acreditado el derecho de dominio en cabeza de la se\u00f1ora Molina de Paba con apoyo en la escritura p\u00fablica 1972 de noviembre 17 de 1980, inscrita en el folio de matr\u00edcula correspondiente al predio en disputa, sin haber lugar a ello, pues la anotaci\u00f3n se hizo en la \u201ccolumna sexta (6\u00aa), destinada a la falsa tradici\u00f3n, por no ser la tradente titular del dominio, y no se efectu\u00f3 en la columna primera (1\u00aa), destinada a los \u2018t\u00edtulos que conlleven modos de adquisici\u00f3n\u2019 de acuerdo con o dispuesto en el art. 7\u00ba del Decreto Ley 1250 de 1970, en concordancia con lo establecido en el art. 52 del mismo, que exige la indicaci\u00f3n del t\u00edtulo antecedente de adquisici\u00f3n del derecho, y con fundamento en el contenido de la Cl\u00e1usula Cuarta (4\u00aa) del contrato, en virtud del cual \u2018el bien que vende lo hubo seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica 193 de oct. 21 de 1957\u2019…\u201d (fl. 14 Cdno Corte). <\/p>\n
Acot\u00f3 que acorde con el texto de la escritura p\u00fablica 193 de octubre 21 de 1957, \u201csu \u00fanico objeto consiste en que \u2018la se\u00f1orita Ana Rosa Castro Trespalacios protocoliza una informaci\u00f3n de testigos rendida ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Valledupar, para comprobar la existencia de una casa construida de paredes de ladrillos con techo de zinc […]\u201d, observ\u00e1ndose que \u201cel mismo documento aparece inscrito con la anotaci\u00f3n 01 del 14 de noviembre de 1957 en el referido folio de matr\u00edcula inmobiliaria y que \u00e9ste no contiene complementaci\u00f3n alguna de la tradici\u00f3n\u201d (fl. 14 ib.). <\/p>\n
En estos t\u00e9rminos -prosigui\u00f3 el casacionista-, result\u00f3 manifiesto que no hubo tradici\u00f3n del derecho de dominio objeto del contrato de compraventa instrumentado con la escritura p\u00fablica 1972 de 1980, y que, por tanto, incurri\u00f3 en error el Tribunal al hallar probado que la propiedad del predio la ten\u00eda la reivindicante, infringiendo de ese modo las disposiciones ya referidas del Decreto 1250 de 1970, al igual que los art\u00edculos 177, 187, 264 y 265 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
b. Agreg\u00f3 que aun \u2018en el supuesto de que hubiera existido tradici\u00f3n real o verdadera\u2019 y por tanto la compradora \u2018hubiera adquirido el derecho de dominio\u2019, subsistir\u00eda el error indicado, porque la se\u00f1ora Castro N\u00fa\u00f1ez comenz\u00f3 su posesi\u00f3n en 1975, mientras que el t\u00edtulo de su contraparte ser\u00eda posterior y por tanto, no desvirt\u00faa la presunci\u00f3n de dominio que cobija a la demandante principal. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 el censor que la posesi\u00f3n en comento fue probada con los testimonios rendidos por Ana Castro de Ruiz, Rafael Arturo Montero Castro, Rodolfo Montero Crespo, Rafael Guillermo Castro Socarr\u00e1s y Doris Mar\u00eda Castro de Villaz\u00f3n, y que la vulneraci\u00f3n de las normas probatorias ya indicadas llev\u00f3 al Tribunal a infringir las disposiciones del C\u00f3digo Civil se\u00f1aladas en el encabezamiento del cargo, por los conceptos all\u00ed indicados. <\/p>\n
Finalmente, afirm\u00f3 que los denunciados yerros de derecho, determinaron la decisi\u00f3n estimatoria de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, dado que, de no haber tenido ocurrencia, otro hubiera sido el sentido del fallo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El objeto y prop\u00f3sito de la acci\u00f3n reivindicatoria, tan \u00edntimamente ligada como est\u00e1 al derecho de dominio, no puede ser otro que obtener la restituci\u00f3n de un bien de quien, sin ser due\u00f1o, est\u00e9 posey\u00e9ndolo. <\/p>\n
El ejercicio de la referida acci\u00f3n, como es sabido, se encuentra condicionado a la reuni\u00f3n de ciertos requisitos de los que depende su \u00e9xito, entre ellos, la plena demostraci\u00f3n del derecho de propiedad en cabeza del actor sobre la cosa que pretende reivindicar mediante un t\u00edtulo justo, leg\u00edtimo, eficaz y de mejor condici\u00f3n y origen, y por ello, preferente, que el que ostente el demandado. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha precisado esta Sala \u201cla prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria, conforme lo ha se\u00f1alado una y otra vez esta Corporaci\u00f3n, se encuentra sujeta a la concurrencia o convergencia de los siguientes elementos: a) que el actor tenga el derecho de dominio sobre la cosa que persigue; b) que el demandado tenga la calidad jur\u00eddica de poseedor; c) que se trate de cosa singular o cuota determinada proindiviso de aquella; y, d) que el bien objeto de la controversia sea el mismo que posee el demandado\u201d (cas. civ. 20 de junio de 2001, Exp. 6069). <\/p>\n
2. La cuesti\u00f3n principal que se plantea en el cargo sub examine es si la demandante en reconvenci\u00f3n tiene o no derecho a reivindicar el inmueble respecto del cual se inici\u00f3 el correspondiente juicio de pertenencia y a este efecto, importa decidir si el Tribunal cometi\u00f3 el error que denuncia el casacionista por considerar que ella era propietaria del inmueble y dictar en su favor la sentencia estimatoria de las s\u00faplicas, pues si como antes se acot\u00f3, la viabilidad de la pretensi\u00f3n reivindicatoria est\u00e1 supeditada, inicialmente, a la demostraci\u00f3n de la titularidad del derecho de dominio en cabeza del pretenso reivindicante, con relaci\u00f3n al bien en disputa, mientras \u00e9sto no ocurra, prevalecer\u00e1 -en favor del poseedor-, la presunci\u00f3n legal de dominio que consagra el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Dicho de otra manera, el reivindicador debe probar el derecho de propiedad que invoca, mediante los respectivos t\u00edtulos de propiedad y correspondiente folio de registro inmobiliario donde aparezcan inscritos estos (arts. 43 y 54 del D. 1250 de 1970). <\/p>\n
3. Ahora bien, con prescindencia de que el recurrente nominalmente hubiere imputado al Tribunal la comisi\u00f3n de un error de derecho, que la Corte -interpretando fiel y arm\u00f3nicamente el libelo casacional con el prop\u00f3sito de no sacrificar el derecho sustancial- entiende que es en rigor de hecho, pues, en casaci\u00f3n, se ha se\u00f1alado, que los cargos o motivos no se toman por su mero r\u00f3tulo sino por lo que en realidad son y, en este caso, la cr\u00edtica del censor se hace consistir, b\u00e1sicamente, en que seg\u00fan las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 193 de 1957 y 1972 de 1980 y el certificado de tradici\u00f3n y libertad n\u00famero 190-0013327 \u201cno hubo tradici\u00f3n del derecho de dominio objeto del contrato de compraventa…y por consiguiente no hubo adquisici\u00f3n de dicho derecho por parte de la compradora Gloria Molina de Paba\u201d, pero que \u201cen forma sorprendente el Tribunal consider\u00f3 lo contrario\u201d, para la Sala, ciertamente, el ad quem incurri\u00f3 en error f\u00e1ctico al dar por establecido con apoyo en los documentos antes se\u00f1alados que la se\u00f1ora Gloria Molina de Paba era la propietaria del inmueble materia del presente proceso, hecho que no aparece demostrado a trav\u00e9s de las pruebas antes referidas. <\/p>\n
En efecto en la escritura p\u00fablica 193 de 1957 se hizo constar que \u201ccompareci\u00f3 personalmente la se\u00f1orita ANA ROSA CASTRO TRESPALACIOS…a quien personalmente conozco y me entreg\u00f3 para su protocolizaci\u00f3n y custodia en los libros de esa Circuito, a mi cargo, un pliego contentivo de una informaci\u00f3n de testigos rendida ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Valledupar y con la cual comprueba la existencia que tiene adquirida en una casa\u201d (fl. 42 cdno 2), sin que se hubiere hecho indicaci\u00f3n espec\u00edfica acerca de \u2018la procedencia inmediata de dominio\u2026 mediante la cita del t\u00edtulo antecedente, con los datos de su registro\u2019, ni se\u00f1alado el \u2018modo\u2019 en virtud del cual la se\u00f1ora Ana Rosa Castro pudo haber justificado su derecho real. Por el contrario, lejos de aludir alg\u00fan t\u00edtulo traslaticio o constitutivo de dominio. <\/p>\n
En s\u00edntesis, la escritura 193 de 1957 tuvo su utilidad y raz\u00f3n de ser, en la protocolizaci\u00f3n de unas declaraciones extrajudiciales procedentes de terceros, quienes afirmaron que la se\u00f1ora Castro edific\u00f3 algunas mejoras sobre el predio en cuesti\u00f3n, resultando, en esos t\u00e9rminos, insuficiente para los fines propuestos por la entonces supuesta propietaria, quien no cit\u00f3 \u2013ni pod\u00eda hacerlo- la fuente original o traslaticia del derecho real que posteriormente dijo enajenar a la demandante en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Esa deficiencia se extiende y afecta necesariamente al negocio jur\u00eddico instrumentado mediante la escritura p\u00fablica 1972 de 1980, a trav\u00e9s de la cual la se\u00f1ora Ana Rosa Castro vendi\u00f3 el mismo predio a la se\u00f1ora Gloria Molina de Paba, documento en el que se expres\u00f3 sobre el punto de que se viene tratando, que la vendedora \u2018hubo\u2019 el predio seg\u00fan consta en la escritura 193 de 1957, que como acaba de precisarse, no recogi\u00f3 t\u00edtulo de dominio de ninguna naturaleza, lo que explica que este segundo acto escriturario hubiere sido inscrito en el certificado de tradici\u00f3n y libertad en la columna correspondiente a la \u2018falsa tradici\u00f3n\u2019, donde se inscriben los documentos en los que no opera, en realidad, tradici\u00f3n de derecho real alguno, de lo cual deviene que el referido t\u00edtulo , en s\u00ed, no se acomoda a la preceptiva del art\u00edculo 756 del C\u00f3digo Civil, circunstancia que, adicionalmente, desvirt\u00faa el supuesto de hecho contenido en el art\u00edculo 950 ib\u00eddem, lo cual, de manera definitiva, ha debido cerrar el paso a la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
Si como lo ha puntualizado esta Corporaci\u00f3n, el juez incurre en error de hecho cuando \u201chubiere supuesto prueba inexistente en los autos o ignorado la que s\u00ed existe en ellos, o adulterado la objetividad de esa agreg\u00e1ndole algo que le es extra\u00f1o o cercenando su real contenido\u201d (CXXX, 152, CCXXV, 37 y CCXXXIV, 200, entre varios), es evidente que el Tribunal incurri\u00f3 en el yerro denunciado, toda vez que tuvo por demostrado el derecho de dominio en cabeza de la se\u00f1ora Gloria Molina de Paba, con fundamento en unos documentos que en puridad no lo acreditan y consecuentemente, viol\u00f3 las normas sustanciales denunciadas por la recurrente. <\/p>\n
El error es adem\u00e1s trascendente si se tiene en cuenta, como lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n que \u201cuno de los elementos estructurales de la acci\u00f3n [reivindicatoria, se aclara] es el derecho de dominio como atributo patrimonial de quien funge como demandante, quien por lo dem\u00e1s corre con la carga de su demostraci\u00f3n\u201d (cas. civ. 30 de julio de 2001, Exp. 5672), que \u201cuna pretensi\u00f3n de tal \u00edndole, en su n\u00facleo gira alrededor de la situaci\u00f3n que establece el Art. 762 de la misma codificaci\u00f3n, que consagra la presunci\u00f3n legal de dominio a favor del poseedor, cuya destrucci\u00f3n \u00fanicamente puede darse en presencia de un t\u00edtulo de propiedad, claro, preciso y ajustado a las exigencias de ley, que por ser anterior, en cuanto ata\u00f1e a su registro, tenga la virtud de contrarrestar la posesi\u00f3n material del demandado\u201d (Se subraya, CCLXI, Vol. II, 1119), y por ello \u201ccuando el actor en reivindicaci\u00f3n acude, am\u00e9n del suyo propio, a otros t\u00edtulos que en el pasado legitimaron a quienes le precedieron, est\u00e1 resuelto a demostrar que su derecho no surgi\u00f3 a la hora de nona sino que una secuencia articulada lo torna s\u00f3lido y vigoroso, en el entendido de que tambi\u00e9n los anteriores adquirentes tuvieron en verdad el derecho que transmitieron. Al fin, ese es el verdadero y genuino sentido de la palabra tradici\u00f3n, vale decir, que una labor de enlace revela lo armonioso que se muestran el pasado y el presente. Es obvio que para hurgar el pasado con dicha teleolog\u00eda, se imponga, adem\u00e1s con necesidad absoluta, el allegamiento de los t\u00edtulos contentivos de los negocios jur\u00eddicos mismos, para ver de establecer su contenido, sus alcances, efectos, reservas por las que hayan pasado los contratantes, circunstancias estas que bien pueden incidir en la condici\u00f3n verus domino en los eslabones de la cadena; y bien es verdad que son cosas todas que ni se barruntan con su sola referencia en el certificado del registrador\u201d (Se subraya, CCLXI. Vol. II, 1357), luego, en el presente asunto, ante la falta de prueba del derecho de dominio de la reconviniente, se impon\u00eda desestimar las s\u00faplicas de esta, pero el ad quem termin\u00f3 suponiendo la prueba, y le abri\u00f3 paso a la pretensi\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
En consecuencia, prospera el cargo. <\/p>\n
LA SENTENCIA SUSTITUTIVA. <\/p>\n
1. Dada la prosperidad del cargo primero que implica el quiebre de la sentencia proferida por el H. Tribunal, la Corte procede a continuaci\u00f3n a dictar la providencia sustitutiva, para lo cual observa que se encuentran reunidos, a cabalidad, los presupuestos procesales, no existiendo de otra parte causal de nulidad que afecte la validez de lo actuado. <\/p>\n
2. Precisa la Sala que su pronunciamiento ha de circunscribirse, exclusivamente, a la demanda de reconvenci\u00f3n, debido a que la decisi\u00f3n desestimatoria de las s\u00faplicas del libelo principal no fue materia de impugnaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria, para lo cual se remite a las consideraciones realizadas al acoger el primero de los cargos formulados contra la sentencia del Tribunal, en el que se determin\u00f3 que las pretensiones de la se\u00f1ora Gloria Molina de Paba no estaban llamadas a prosperar, por no haberse acreditado su calidad de titular del derecho de dominio sobre el inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, la no demostraci\u00f3n de este primer requisito de la pretensi\u00f3n de dominio impide su prosperidad, y hace innecesario adentrarse en el estudio de los dem\u00e1s requisitos exigidos para la prosperidad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
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Por tal raz\u00f3n, habr\u00e1 de confirmarse la sentencia de primer grado en cuanto deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n y, correlativamente, se condenar\u00e1 en costas de la segunda instancia, a quien diera lugar a ella (art. 392 del C. de P. C.). <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar el 27 de marzo de 2000, en el proceso ordinario promovido por Amantina Castro N\u00fa\u00f1ez contra Gloria Molina de Paba y personas indeterminadas, y en sede de segunda instancia <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Confirmar, en cuanto concierne al despacho adverso de la pretensi\u00f3n reivindicatoria, la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar. <\/p>\n
Costas de la segunda instancia a cargo de la demandante en reconvenci\u00f3n, \u00fanica apelante. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n dada la prosperidad del recurso. <\/p>\n
<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
EDGARDO VILLAMIL PORTILLA <\/p>\n
MANUEL ISIDRO ARDILA VEL\u00c1SQUEZ <\/p>\n
JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
CESAR JULIO VALENCIA COPETE <\/p>\n
<\/p>\n
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SC-211-2005 [4948] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Magistrado Ponente CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil cinco (2005) Referencia: Exp. 4948 Dec\u00eddese el recurso de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[86],"tags":[],"class_list":["post-83044","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-86"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83044","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83044"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83044\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83044"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83044"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83044"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}